Sentencia CP-325-13 — Registro 9151
Resumen
Se condena al imputado por el delito de Robo Agravado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Consideraron los recurrentes que se infringió el artículo 82 de la Constitución de la República, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del código procesal penal. Establecieron los reclamantes que se violentó el Derecho de Defensa del imputado al establecer el juzgador en sus valoraciones un reconocimiento supuestamente realizado por el ofendido en la posta policial donde se identifica al acusado, pero de dicha diligencia procesal no hay ningún medio de prueba que lo acredite, lo que sin duda violenta su derecho de defensa, pues si existió dicha diligencia no fue ordenada por juez competente ni estuvo presente un defensor de la confianza del imputado que avalara dicha actuación, en tal caso se ha quebrantado no solo el derecho de defensa sino que también el debido proceso, y el Juzgador ha fundamentado su fallo condenatorio en un reconocimiento que no se sabe cómo ni cuándo se efectuó. 2) El artículo 361 del código procesal penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- 3) Considera esta Sala recordar, que el Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses. El derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad[2].- En el caso subjudice denuncian los recurrentes que se le ha trasgredido el Derecho de Defensa y el Debido Proceso al imputado A. A. A. M. toda vez que el Sentenciador ha establecido darle credibilidad a un reconocimiento realizado por el ofendido y que fuese consumado en las instalaciones de la policía nacional donde supuestamente identificó al acusado como la persona que lo había asaltado, el problema se suscita en que no existen pruebas para fundamentar su razonamiento, pues no aparece dentro del legajo probatorio que dicha diligencia se haya efectuado dentro de las formalidades que exige la ley. Vemos con suma sorpresa que el ofendido C. Á. P. y el policía R. M. M. no se presentaron a declarar en el debate, y por tanto lo que se hizo fue la incorporación mediante lectura de las declaraciones tomadas a estos testigos de la audiencia inicial, que bajo ningún punto tiene la misma validez que las pruebas desarrolladas en el juicio y aquellas practicadas bajo la modalidad de prueba anticipada. No existiendo más pruebas que las documentales consistentes en las declaraciones testificales del ofendido y de un policía, además de un informe investigativo, un acta de registro personal y un acta de decomiso que no fueron ratificados por los agentes que las llevaron a cabo. 4) Esta Sala ha establecido como línea jurisprudencial, que en efecto las declaraciones de los testigos rendidas en etapas anteriores pueden ser incorporadas como prueba documental al debate en virtud que el artículo 311 numeral 2 del código procesal penal así lo permite, pero dichas probanzas para que adquieran la validez, credibilidad y certeza necesarias deben contar con pruebas corroborativas que respalden sus resultados, es decir otros medios de pruebas evacuados en cumplimiento de los procedimientos legales adecuados, pero en el caso de autos con lo que se cuenta es con prueba documental (informe investigativo, acta de registro personal y acta de decomiso) que al no ser ratificada por los agentes de policías que las realizaron, pierden la legalidad procesal para el cual fueron presentadas. Para este Tribunal de Casación en efecto se han quebrantado no solo el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, sino que además la llamada “Presunción de Inocencia”, que constituye una exigencia lógica del principio de jurisdiccionalidad en el cual, si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. La Constitución de la República afirma positivamente la inocencia del acusado en tanto se no pruebe convincentemente su culpabilidad, y en la misma línea se orienta el código procesal penal. La posición del imputado en el proceso penal se encuentra, de este modo, reforzada porque, frente a la neutralidad que se mantiene en el proceso de derecho privado (el juzgador ha de considerar los hechos respectivamente alegados por las partes contrapuesto como datos a probar cumplidamente por aquella que los afirma), el juzgador penal (y también el instructor) ha de partir, como hipótesis de trabajo, de la inocencia de dicho imputado, de modo que, en caso de que la parte acusadora no acredite cumplidamente su acusación contra aquel, la inocencia interinamente afirmada se convertirá, por efecto de la irrevocabilidad del juicio jurisdiccional, en verdad definitiva. En tal sentido esta Sala de lo Penal es del criterio que la prueba aportada al debate no resulta suficiente para concluir en certeza positiva de culpabilidad para el imputado A. A. A. M., pues a lo sumo la prueba evacuada llega a meras sospechas que por sí sola no alcanza a quebrantar el Estado de Inocencia que goza el acusado, en tal sentido con dichas valoraciones y estimaciones el Sentenciador infringió las referidas garantías constitucionales, por lo que es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación y decretar una nueva sentencia en donde se absuelva de toda responsabilidad al imputado. Este Supremo Tribunal no se pronuncia respecto de los otros motivos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, toda vez que ha prosperado el motivo por infracción de precepto constitucional presentado por la defensa privada del acusado A. A. A. M.. V."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Consideraron los recurrentes que se infringió el artículo 82 de la Constitución de la República, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del código procesal penal. Establecieron los reclamantes que se violentó el Derecho de Defensa del imputado al establecer el juzgador en sus valoraciones un reconocimiento supuestamente realizado por el ofendido en la posta policial donde se identifica al acusado, pero de dicha diligencia procesal no hay ningún medio de prueba que lo acredite, lo que sin duda violenta su derecho de defensa, pues si existió dicha diligencia no fue ordenada por juez competente ni estuvo presente un defensor de la confianza del imputado que avalara dicha actuación, en tal caso se ha quebrantado no solo el derecho de defensa sino que también el debido proceso, y el Juzgador ha fundamentado su fallo condenatorio en un reconocimiento que no se sabe cómo ni cuándo se efectuó. 2) El artículo 361 del código procesal penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- 3) Considera esta Sala recordar, que el Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses. El derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad[2].- En el caso subjudice denuncian los recurrentes que se le ha trasgredido el Derecho de Defensa y el Debido Proceso al imputado A. A. A. M. toda vez que el Sentenciador ha establecido darle credibilidad a un reconocimiento realizado por el ofendido y que fuese consumado en las instalaciones de la policía nacional donde supuestamente identificó al acusado como la persona que lo había asaltado, el problema se suscita en que no existen pruebas para fundamentar su razonamiento, pues no aparece dentro del legajo probatorio que dicha diligencia se haya efectuado dentro de las formalidades que exige la ley. Vemos con suma sorpresa que el ofendido C. Á. P. y el policía R. M. M. no se presentaron a declarar en el debate, y por tanto lo que se hizo fue la incorporación mediante lectura de las declaraciones tomadas a estos testigos de la audiencia inicial, que bajo ningún punto tiene la misma validez que las pruebas desarrolladas en el juicio y aquellas practicadas bajo la modalidad de prueba anticipada. No existiendo más pruebas que las documentales consistentes en las declaraciones testificales del ofendido y de un policía, además de un informe investigativo, un acta de registro personal y un acta de decomiso que no fueron ratificados por los agentes que las llevaron a cabo. 4) Esta Sala ha establecido como línea jurisprudencial, que en efecto las declaraciones de los testigos rendidas en etapas anteriores pueden ser incorporadas como prueba documental al debate en virtud que el artículo 311 numeral 2 del código procesal penal así lo permite, pero dichas probanzas para que adquieran la validez, credibilidad y certeza necesarias deben contar con pruebas corroborativas que respalden sus resultados, es decir otros medios de pruebas evacuados en cumplimiento de los procedimientos legales adecuados, pero en el caso de autos con lo que se cuenta es con prueba documental (informe investigativo, acta de registro personal y acta de decomiso) que al no ser ratificada por los agentes de policías que las realizaron, pierden la legalidad procesal para el cual fueron presentadas. Para este Tribunal de Casación en efecto se han quebrantado no solo el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, sino que además la llamada “Presunción de Inocencia”, que constituye una exigencia lógica del principio de jurisdiccionalidad en el cual, si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. La Constitución de la República afirma positivamente la inocencia del acusado en tanto se no pruebe convincentemente su culpabilidad, y en la misma línea se orienta el código procesal penal. La posición del imputado en el proceso penal se encuentra, de este modo, reforzada porque, frente a la neutralidad que se mantiene en el proceso de derecho privado (el juzgador ha de considerar los hechos respectivamente alegados por las partes contrapuesto como datos a probar cumplidamente por aquella que los afirma), el juzgador penal (y también el instructor) ha de partir, como hipótesis de trabajo, de la inocencia de dicho imputado, de modo que, en caso de que la parte acusadora no acredite cumplidamente su acusación contra aquel, la inocencia interinamente afirmada se convertirá, por efecto de la irrevocabilidad del juicio jurisdiccional, en verdad definitiva. En tal sentido esta Sala de lo Penal es del criterio que la prueba aportada al debate no resulta suficiente para concluir en certeza positiva de culpabilidad para el imputado A. A. A. M., pues a lo sumo la prueba evacuada llega a meras sospechas que por sí sola no alcanza a quebrantar el Estado de Inocencia que goza el acusado, en tal sentido con dichas valoraciones y estimaciones el Sentenciador infringió las referidas garantías constitucionales, por lo que es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación y decretar una nueva sentencia en donde se absuelva de toda responsabilidad al imputado. Este Supremo Tribunal no se pronuncia respecto de los otros motivos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, toda vez que ha prosperado el motivo por infracción de precepto constitucional presentado por la defensa privada del acusado A. A. A. M.. V."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 325-2013 por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor A. A. A. M., como autor responsable del delito de Robo Agravado, en perjuicio del señor C. A. P., a la pena de seis (6) años ocho (8) meses de reclusión. Segundo: Absolvió al imputado A. A. A. M. del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de tipo Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: Condenó al acusado A. A. A. M. a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario.- Cuarto: Declaró la responsabilidad civil del condenado A. A. A. M., no procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional y por infracción de ley, los Abogados Y. I. R. G. y D. E. L. actuando en su condición de Defensores Privados del señor A. A. A. M.- Son partes: La abogada Y. I. R. G. en su calidad antes indicada como recurrente y el abogado S. C. A. en su condición de representante del Ministerio Público como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: A eso de las doce con treinta minutos del mediodía, del veintinueve de junio del año dos mil diez, C. A. P., se conducía en su motocicleta hacia el municipio de La Unión, departamento de Olancho, antes del desvío que conduce para El Potrero, en una zona despoblada fue interceptado por A. A. A. M., obligándolo a que entregara el dinero que portaba producto de los cobros realizados como empleado de una agencia y sus pertenencias personales. SEGUNDO: A. A. A. M., fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente para su enjuiciamiento, acreditándose en juicio su responsabilidad.” III. RECURSO DE CASACIÓN A) “Los recurrentes, abogados Y. I. R. G. y D. E. L., formalizaron su recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional y por infracción de ley de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: “Que la declaración de hechos probados no es clara y terminante”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El Tribunal recurrido al fallar la presente causa estableció como hechos probados los siguientes: PRIMERO: A eso de las doce con treinta minutos del mediodía, del veintinueve de junio del año dos mil diez, C. A. P., se conducía en su motocicleta hacia el municipio de La Unión, departamento de Olancho, antes del desvío que conduce para El Potrero, en una zona despoblada fue interceptado por A. A. A. M., obligándolo a que entregara el dinero que portaba producto de los cobros realizados como empleado de una agencia y sus pertenencias personales. SEGUNDO: A. A. A. M., fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente para su enjuiciamiento, acreditándose en juicio su responsabilidad. Según L. Z./F. ENTRALGO «la declaración de los hechos probados son la base para que el juzgador aplique el presupuesto de hecho, ya que son esos acontecimientos que estructura el juzgador partiendo del análisis de las pruebas las que determinan la consecuencia jurídica y en consecuencia la absolución o condena del imputado», es decir que esta narración de los hechos probados realizada por el ente juzgador debe necesariamente establecer lo que para el tribunal quedo acreditado en juicio después de practicada la prueba. En el caso subjudice a nuestro patrocinado se le viene acusando por un delito donde el objeto material son bienes muebles, y el bien jurídico protegido es la PROPIEDAD, la conducta típica es el apoderamiento mediante violencia, ahora bien, el tribunal sentenciador de forma expresa tiene que establecer esos tres elementos en su declaración de hechos probados, con el bien jurídico necesita mencionar porque dicho bien jurídico fue lesionado, relacionando ese extremo con el sujeto pasivo, es decir el propietario de esos bienes. Debe señalar cuál es el objeto material sobre el que recae la conducta típica, no basta con que señale de forma escueta pertenencias personales, ya que pertenencias personales puede ser cualquier cosa (como por ejemplo un vehículo automotor, documentos, hasta bienes inmuebles o edificaciones) tiene que señalar cada uno de los bienes objeto del desapoderamiento, y por ultimo de manera precisa cual es la conducta típica y que por lo tanto se determina el tipo penal. En el presente caso existen una serie de inconsistencias en esa declaración de hechos probados, y no es posible que sin determinar de forma clara y terminante esos extremos se imponga una sentencia condenatoria, dejando de manera abierta, irresponsable y desproporcionadamente sin ningún valor la teoría del delito, que al final es la que fundamenta y estructura el Derecho penal. Los extremos antes mencionados deben señalarse, ya que al no definirse la sentencia se vuelve imprecisa, oscura e incoherente, porque no es posible que sin establecerse esa claridad y precisión, se relacione posteriormente una valoración entre los hechos probados y la valoración que se le brinda a la prueba. Resulta necesario acotar que simplemente referirse a pertenencias personales, como lo ha hecho irresponsablemente el tribunal sentenciador, en ningún momento está cumpliendo con la obligación legal de establecer los hechos probados, pues si las sentencias se hicieran con esa simple mención se estaría como se hace ahora fallando o dictado sentencias de manera arbitraria y contraria a los Derechos de los imputados. B) Continúan manifestando los recurrentes, Abogados Y. I. R. G. y D. E. L., en su Recurso de casación por quebrantamiento de forma, “SEGUNDO MOTIVO: “Que la sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El artículo 198 del Código Procesal penal señala “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código”. Y el articulo 338 regla cuarta numeral 2 refiere “Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio. . .”. Como se puede observar nuestra legislación procesal ya ha establecido por un lado cual es la finalidad de la prueba y por otro que al momento de fallar el tribunal sentenciador debe basarse única y exclusivamente en las pruebas propuestas y evacuadas en juicio. Ahora bien, en el caso hoy analizado el Ministerio Fiscal en ningún momento presento pruebas que acreditaran cual fue el objeto material de la acción, señala pertenencias, pero pertenencias puede ser cualquier cosa eso en ningún momento salva o subsana el error, pero es que además tampoco acredita quien es el supuesto propietario, ya nuestra legislación civil establece como acreditar la propiedad, la posesión e incluso nos dice que es la mera tenencia, por lo que cuando se presume la comisión de un delito contra la propiedad no solo debe señalarse cuál es ese bien, sino también acreditar quien es el propietario, ya que de lo contrario faltaría algún elemento que integra el tipo objetivo de un tipo penal, teniendo como consecuencia que una conducta sea atípica. En el presente caso no es que el tribunal señale expresamente una prueba no incorporada legalmente al juicio, sino que al momento de valorar la prueba da por acreditado el objeto material de la acción, el bien jurídico protegido y el sujeto pasivo, siendo esto completamente contradictorio, ya que el o los objetos materiales en ningún momento fueron ni puestos a la orden del tribunal, ni tampoco se acredito de quien eran, si bien es cierto el requerimiento fiscal menciona que dichos bienes son propiedad del señor C. A. P., lo cierto es que no acredita con ningún medio de prueba válidamente objetivo ese extremo, por el contrario este mismo señala que el referido señor trabaja para una comercial de la ciudad de San Pedro Sula; supuesta propietaria de los bienes. Si el tribunal sentenciador no hubiera valorado esos tres elementos que integran el tipo objetivo su conclusión hubiera sido otra, por lo que esa valoración a una prueba inexistente es la que tiene como resultado una sentencia condenatoria, por lo que debe ser valorada objetivamente y dictar un fallo apegado a Derecho y a la verdad procesal o mejor dicho lo que en juicio se logro acreditar. Pero aparte de ello Honorables magistrados, el tribunal sentenciador hace mención en forma reiterada sobre un reconocimiento hecho por el señor A. P., reconocimiento que no se sabe donde fue hecho ni como se hizo, pues del bagaje de la prueba aportada y evacuada, no existe ningún medio de prueba que indique esos extremos, por lo que lo único que puede entender esta parte actora es que eso también constituye una valoración sobre prueba no propuesta ni evacuada en juicio”. C) Los recurrentes, Abogados Y. I. R. G. y D. E. L. formalizaron su recurso de casación por infracción de ley de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. TERCER MOTIVO: “Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 217 del Código penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El artículo 217 del Código Penal establece: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos...”. El título VII de nuestro Código Penal, establece los delitos contra la propiedad, para entender y darle sentido a este término es necesario valorar el Código civil, que es en todo caso el que establece los criterios objetivos para establecer que es la propiedad. Según el 613 de la referida norma civil “se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario”. En el caso en mención hay que establecer si se dan todos y cada uno de los presupuestos que subsumen la conducta de apoderamiento en el tipo penal de robo, es muy sabido que los tipos penales conforme a la teoría del delito está compuesta por elementos objetivos y subjetivos, estos aspectos son los que se deben valorar para subsumir una conducta en un tipo penal, pues bien en el caso del robo entre los elementos objetivos tenemos el objeto material, la conducta típica, los sujetos, el bien jurídico protegido entre otros. Nosotros nos dedicaremos a analizar el bien jurídico, en gran medida, porque tal como lo establece el artículo 2-C del Código penal “No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley”. MIR PUIG entiende que el bien jurídico debe ser analizado desde dos perspectivas, por un lado político-criminalmente analizando lo que merece ser protegido por el Derecho penal, y por otro dogmáticamente como objeto efectivamente protegido por la norma penal. Bajo esa premisa se puede establecer que el bien jurídico protegido en el delito de robo es la propiedad, en consecuencia en este tipo de conductas se debe acreditar mediante medios de prueba indubitados quien es el propietario del bien mueble del que se han apoderado, al no existir ningún medio de prueba que acredite dicho extremo, no puede hablarse primero que existe un apoderamiento de bienes muebles ajenos ni mucho menos que la conducta este atacando el bien jurídico propiedad, como hasta ahora se ha pretendido. Pero además, el tribunal sentenciador debe individualizar o mejor dicho establecer cuál es el objeto material sobre el que recae la conducta, es decir si es dinero que cantidad y si son otros bienes cuáles son esos bienes, no basta con que haga una referencia vaga sobre los mismos, por el contrario siendo que el delito en cuestión es de apoderamiento de bienes se tienen que reflejar dichos bienes en calidad y cantidad. Estos elementos integradores del tipo objetivo no pueden ser desvalorados por el juzgador, ya que son ellos los que dan vida al tipo penal, y al no hacerlo el tribunal erróneamente primero establece un tipo penal que no existe, ya que no podemos decir que existe un delito si en el no concurren todos los elementos de su tipificación legal, y segundo genera una conducta típica que tampoco existe por los motivos antes enunciados. Ahora no contentos con esta apreciación equivocada, el tribunal en su valoración jurídica hace mención a un elemento tendencial, es decir tal como consta en la sentencia en su considerando segundo de su fundamentación jurídica dice: “tenga como finalidad la intención de lucrarse de los mismos…” este aspecto vulnera y patenta la irresponsabilidad del tribunal, ya que ese elemento subjetivo no lo ampara nuestra norma penal. Ya que en ningún momento el artículo 217 menciona que la intención del apoderamiento es o sea el lucro, distinto el caso de la legislación española, u otras que puedan requerir de ese elemento subjetivo, por lo que la interpretación equivocada es más que evidente. INTERPRETACIÓN QUE SE PRETENDE: Al no haberse observado la existencia de los elementos objetivos del tipo penal de robo agravado, se debe entender dicha interpretación errónea, estableciendo que la conducta supuestamente desaprobada es atípica, por no existir en el caso apreciado todos los elementos que integran el tipo penal de robo, en consecuencia se debe absolver al imputado por aplicación indebida. D) Los recurrentes, Abogados Y. I. R. G. y D. E. L. formalizaron su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. CUARTO MOTIVO: “Infracción de precepto constitucional”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras establece: “El derecho de defensa es inviolable...”. En el presente caso el tribunal sentenciador menciona en su numeral primero de la valoración de la prueba: “El ofendido lo identifico plenamente como la persona que lo había asaltado. . . este argumento es muchas veces utilizado por el juzgador, ello para sustentar su sentencia condenatoria por el delito de robo agravado, y aunque fue absuelto por el otro delito del que mi patrocinado venía siendo acusado, no es menos cierto que la condena ha sido basada violentando los derechos constitucionales de mi mandante, como lo es el debido proceso y el de defensa. Esta apreciación se obtiene del análisis de la misma sentencia, ya que según lo establece el juzgador, a mi patrocinado una vez que ha sido detenido por la Policía Nacional del municipio de El Rosario, la supuesta víctima se persono ante esta dependencia y sin ninguna orden judicial, sin contar con su defensor ni practicarse adecuadamente la policía realizo una diligencia de prueba que se conoce como reconocimiento en rueda, salvo que en el caso particular, ni se respetaron los derechos de mi patrocinado ni fue ordenado por autoridad competente, violentándose sus derechos, y especialmente su derecho de defensa y al debido proceso. Este medio de prueba es desconocido por esta defensa, ya que ni se conoce judicialmente su práctica, ni mucho menos fue presentado como un medio de prueba con todas las formalidades, simplemente es un extremo que el juzgador valora como prueba, pero sin haberse llevado a cabo, es decir irrespetando el debido proceso. La ley establece que desde el momento que una persona es aprehendida desde ese momento se le tienen que respetar íntegramente sus derechos, y para practicar cualquier diligencia judicial, esta deberá llevarse a cabo en presencia de las partes, con ciertas formalidades y respetando los derechos del encausado, so pena de nulidad, y sin perjuicio de las responsabilidades que su infractor pueda recibir. Ahora bien, en el caso sub judice no solo no hubo deducción de responsabilidad para el infractor, sino que el tribunal haciendo uso de su legitimo derecho de fallar, valoro pruebas que de manera flagrante estaban violentando los derechos de mi patrocinado, violación que acarrea serios daños tanto a mi cliente, como a la seguridad jurídica que el Estado debe observar y mantener. Este hecho no hace más que consagrar las irregularidades que se han presentado en este proceso, irregularidades que han sido avaladas indirectamente por el sentenciador, y que dañan seriamente la integridad del Estado y sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, violentar el debido proceso y el derecho de defensa es una acción intolerante, y esta debe ser enmendada y corregida, restituyendo los derechos de mi cliente y estableciendo que todas las pruebas que sean consecuencia de ese hecho deben ser tenidos como inexistentes bajo la teoría del manzano dañado. Es decir que los frutos que se desprenden de ese árbol se deben declarar nulos e ilícitos, dictando una sentencia apegada a derecho y en apego irrestricto a los Derechos de mi cliente, absolviendo de una sentencia viciada y por un tribunal viciado. SE PROPONEN MEDIOS DE PRUEBA PARA QUE SEAN EVACUADOS EN LA SUSTENTACION DE RECURSO ANTE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Medio de prueba denominado cinta de audio magnetofónico, consistente en la o las cintas donde obran todo lo actuado durante la sustentación del debate o juicio oral y público, el cual obra en poder del Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA En vista que los recurrentes han denunciado la violación a Garantías Constitucionales protegidas por nuestra Carta Magna y en virtud de esa Supremacía Constitucional, se procede a resolver en primer término el presente recurso de casación. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Único Motivo 1) Consideraron los recurrentes que se infringió el artículo 82 de la Constitución de la República, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del código procesal penal. Establecieron los reclamantes que se violentó el Derecho de Defensa del imputado al establecer el juzgador en sus valoraciones un reconocimiento supuestamente realizado por el ofendido en la posta policial donde se identifica al acusado, pero de dicha diligencia procesal no hay ningún medio de prueba que lo acredite, lo que sin duda violenta su derecho de defensa, pues si existió dicha diligencia no fue ordenada por juez competente ni estuvo presente un defensor de la confianza del imputado que avalara dicha actuación, en tal caso se ha quebrantado no solo el derecho de defensa sino que también el debido proceso, y el Juzgador ha fundamentado su fallo condenatorio en un reconocimiento que no se sabe cómo ni cuándo se efectuó. 2) El artículo 361 del código procesal penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- 3) Considera esta Sala recordar, que el Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses. El derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad[2].- En el caso subjudice denuncian los recurrentes que se le ha trasgredido el Derecho de Defensa y el Debido Proceso al imputado A. A. A. M. toda vez que el Sentenciador ha establecido darle credibilidad a un reconocimiento realizado por el ofendido y que fuese consumado en las instalaciones de la policía nacional donde supuestamente identificó al acusado como la persona que lo había asaltado, el problema se suscita en que no existen pruebas para fundamentar su razonamiento, pues no aparece dentro del legajo probatorio que dicha diligencia se haya efectuado dentro de las formalidades que exige la ley. Vemos con suma sorpresa que el ofendido C. Á. P. y el policía R. M. M. no se presentaron a declarar en el debate, y por tanto lo que se hizo fue la incorporación mediante lectura de las declaraciones tomadas a estos testigos de la audiencia inicial, que bajo ningún punto tiene la misma validez que las pruebas desarrolladas en el juicio y aquellas practicadas bajo la modalidad de prueba anticipada. No existiendo más pruebas que las documentales consistentes en las declaraciones testificales del ofendido y de un policía, además de un informe investigativo, un acta de registro personal y un acta de decomiso que no fueron ratificados por los agentes que las llevaron a cabo. 4) Esta Sala ha establecido como línea jurisprudencial, que en efecto las declaraciones de los testigos rendidas en etapas anteriores pueden ser incorporadas como prueba documental al debate en virtud que el artículo 311 numeral 2 del código procesal penal así lo permite, pero dichas probanzas para que adquieran la validez, credibilidad y certeza necesarias deben contar con pruebas corroborativas que respalden sus resultados, es decir otros medios de pruebas evacuados en cumplimiento de los procedimientos legales adecuados, pero en el caso de autos con lo que se cuenta es con prueba documental (informe investigativo, acta de registro personal y acta de decomiso) que al no ser ratificada por los agentes de policías que las realizaron, pierden la legalidad procesal para el cual fueron presentadas. Para este Tribunal de Casación en efecto se han quebrantado no solo el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, sino que además la llamada “Presunción de Inocencia”, que constituye una exigencia lógica del principio de jurisdiccionalidad en el cual, si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. La Constitución de la República afirma positivamente la inocencia del acusado en tanto se no pruebe convincentemente su culpabilidad, y en la misma línea se orienta el código procesal penal. La posición del imputado en el proceso penal se encuentra, de este modo, reforzada porque, frente a la neutralidad que se mantiene en el proceso de derecho privado (el juzgador ha de considerar los hechos respectivamente alegados por las partes contrapuesto como datos a probar cumplidamente por aquella que los afirma), el juzgador penal (y también el instructor) ha de partir, como hipótesis de trabajo, de la inocencia de dicho imputado, de modo que, en caso de que la parte acusadora no acredite cumplidamente su acusación contra aquel, la inocencia interinamente afirmada se convertirá, por efecto de la irrevocabilidad del juicio jurisdiccional, en verdad definitiva. En tal sentido esta Sala de lo Penal es del criterio que la prueba aportada al debate no resulta suficiente para concluir en certeza positiva de culpabilidad para el imputado A. A. A. M., pues a lo sumo la prueba evacuada llega a meras sospechas que por sí sola no alcanza a quebrantar el Estado de Inocencia que goza el acusado, en tal sentido con dichas valoraciones y estimaciones el Sentenciador infringió las referidas garantías constitucionales, por lo que es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación y decretar una nueva sentencia en donde se absuelva de toda responsabilidad al imputado. Este Supremo Tribunal no se pronuncia respecto de los otros motivos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, toda vez que ha prosperado el motivo por infracción de precepto constitucional presentado por la defensa privada del acusado A. A. A. M.. V. DECISIÓN En virtud de los argumentos vertidos es procedente declarar con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional con los efectos legales que ello conlleva. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre de la República de Honduras y por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 359, 361, 369, 372 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declarar con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo, interpuesto por los abogados Y I. R. G. y D. E. L. en su condición de Defensores Privados del señor A. A. A. M., contra la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil doce pronunciada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho con sede en la ciudad de Juticalpa. Segundo: Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: Se absuelve de toda Responsabilidad Penal al señora A. A. A. M., por el delito de Robo Agravado, en perjuicio del señor C. A. P.; en consecuencia de lo anterior, revóquese toda medida cautelar dictada en contra del acusado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. Redactó el Magistrado Bustillo Romero. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-325-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid Sentencia de Casación Penal N° 47-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio del 2013