Sentencia CP-324-13 — Registro 9150
Resumen
Se declara la nulidad de la sentencia emitida por el Tribunal de sentencia que absuelve a la imputada por el delito de falsificación de documentos públicos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Expresó el recurrente que el Tribunal A-quo incurrió en trasgresión a las reglas de la sana crítica al momento de razonar la prueba, consignando como norma que le permite la presentación del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que la prueba aportada en el debate permite establecer la participación directa, dolosa e innegable de la imputada F. C. R. E. en el delito de falsificación de documentos públicos, consistente en la elaboración de una segunda inscripción a favor del menor L. E. R. E. en el Registro Nacional de las Personas. Al momento del debate se incorporó la inscripción número 00063 de fecha 17 de julio de 2007 del menor L. E. R. E. en la que aparece únicamente con el apellido de su madre; pero igualmente se incorporó la inscripción número 00061 del 11 de junio del 2008 en el cual se registra nuevamente al menor pero con el nombre de L. E. E. R. es decir se incluye el nombre de su padre el señor M. A. E. sin que exista alguna sentencia u orden de autoridad competente. Estableció que la valoración que el juzgador hiciera de esta prueba carece de evidente derivación, procedimiento lógico del pensamiento que forma parte de las reglas de la sana crítica. Se evacuó además las siguientes pruebas: a) Testifical del señor M. A. E. quien es el padre biológico del menor, pero que manifestó que nunca prestó su tarjeta de identidad para que inscribieran a su vástago; b) Documental consistente en certificación de acuerdo N° 041-2005 de nombramiento de F. C. R. E. como Registradora Civil Municipal del municipio de Virginia al municipio de Mapulaca, ambos en el departamento de Lempira; dos hojas de inscripción número 00061 y 00063, la primera a nombre del menor L. E. R. E. pero en la segunda inscripción fue nombrado como L. E. E. R. ; certificación de nacimiento de la señora F. C. R. E. y M. N. R. E. comunicación girada por el registrador nacional en la cual se cancela la segunda inscripción del menor debido a la forma irregular en que se efectuó. Expresa el reclamante que el Tribunal sentenciador en su mayoría expresó argumentos contrarios a las reglas de la sana crítica como ser: que en relación a la declaración del señor M. A. E. estableció que su testimonio estaba en contradicción con la prueba de descargo, es decir con la deposición de la señora M. N. R. E. y con la prueba de ADN que no lo excluye como padre biológico de L. E. R. E. por lo que es evidente que mintió en su declaración. Respecto a la prueba documental expresó que le merece entera credibilidad pues resulta objetivamente confiable dado que se trata de varios documentos públicos, pero en el numeral decimoprimero señaló: “…los acusadores han dicho, que la acusada hizo todo un documento público (Nueva inscripción) que no causó perjuicio…: ahora vemos que la acusada hizo un nuevo documento público que constituye una segunda inscripción, sí, alteró el anterior registro, no, se mantiene tal como se hizo, resultó perjuicio, no, porque no es delito y diremos por qué en seguida…” 2) La jurisprudencia de esta Sala de lo Penal ha establecido, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el código procesal penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el a-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: a) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. ii) No contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen. iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. b) Derivación, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los señalamientos del recurrente, este supremo Tribunal debe examinar los raciocinios que esgrimió el juzgador para valorar el legajo probatorio y determinar con ello si dichas reglas fueron incumplidas o por el contrario fueron observadas y empleadas en sus razonamientos. En el acápite “Valoración de la Prueba” numeral uno, el juzgador razona la prueba documental consistente en la certificación de acuerdo número 041-2005 mediante la cual se nombra a la imputada F. C. R. E. como Registradora Civil Municipal de Virginia y Mapulaca ambas en el departamento de Lempira; documento que le merece credibilidad, de igual forma para acreditar su nombramiento como tal, los sentenciadores tienen como soporte la hoja de inscripción autenticada número 00061 del 11 de junio de 2008 en la cual consta la firma de la acusada y mediante la cual la señora M. N. R. E. compareció a inscribir a su menor hijo de nombre L.E.E. R. documento que para los sentenciadores no les hace dudar de su información pues es de naturaleza pública, afirman además que en dicha hoja de inscripción no se hace constar que haya comparecido el señor M. A. E. sino solo la señora M. N. R. consecuentemente dan por probado que solo ella compareció a inscribir a su menor hijo con el nombre de L. E. E.R. En este primer apartado observa esta Sala de lo Penal, que el juzgador efectúa un proceso mental erróneo y contrario a la regla lógica en su principio de no contradicción, pues primero afirma que no dudan de la información que contiene la hoja de inscripción número 00061 pues es de naturaleza pública, pero posteriormente en el numeral cinco del mismo apartado, razona una constancia enviada por el Registro Nacional de las personas en la que se establece que la referida inscripción (N°00061) fue cancelada por haberse efectuado de manera dudosa; por lo que, si esa certificación de inscripción fue cancelada, es lógico que la información en ella contenida no es verdadera, es decir la información contenida en la hoja de inscripción número 00061 del 11 de junio del 2008 no es correcta según lo razona más adelante el propio juzgador, por lo que efectúa un proceso intelectivo equivocado y contrario a las reglas del recto entendimiento humano. 4) En el numeral dos del mismo apartado valoración probatoria, el a-quo razona la declaración de la señora M. N. R. E. quien en defensa de su hermana la acusada F. C. R. E. estableció que ella tuvo una relación con el señor M. A. E. producto de la cual nació el niño L. E. R. E. a quien en principio inscribió solo como hijo suyo ya que había perdido comunicación con el señor E. al llegar a Tegucigalpa a realizar estudios volvió a encontrarse con el señor M. A. E. quien le dijo que quería que el niño llevara su apellido, que le ayudaría en su manutención, que se encargaría de anular la primera inscripción y que se llevara su cedula para que lo inscribiera, hasta le sugirió un nombre, por lo que así lo hizo la declarante y se presentó al Registro Civil Municipal de Mapulaca y presentó los documentos necesarios a la registradora incluyendo la cédula del señor E. Al regresar a Tegucigalpa le devolvió la tarjeta de identidad, una sola vez le ayudó a su hijo y con el tiempo se volvió a interrumpir la comunicación y como no le ayudaba lo demandó por alimentos, se canceló la segunda inscripción y ahora se niega reconocer a su hijo a pesar que hay una prueba de ADN que confirma su paternidad. El Tribunal sentenciador razona esta declaración diciendo que no encuentran en su testimonio ambivalencias o discordancias, salvo con la declaración rendida por el señor M. A. E. a quien no le concede credibilidad; afirma el a-quo que es tal la veracidad del testimonio de la señora M. N. que no niega las dos inscripciones hechas a su hijo; afirman que para el registrador civil municipal debe prevalecer el interés superior del niño, como ser que tenga un nombre, el apellido de su padre biológico y de su madre. Estos razonamientos efectuados por el sentenciador, violentan sin duda la lógica en su principio de razón suficiente, en primera instancia afirma que el testimonio de M. N. R. E., hermana de la acusada, no presenta ambivalencia excepto con lo manifestado por el señor M. A. E. sobre este particular considera esta Sala de lo Penal que el razonamiento del juzgador es falto de suspicacia, pues resulta lógico que al presentarse el señor M. A. E. como testigo de la acusación y la señora M. N. como testigo de la defensa, sus declaraciones serán contradictorias pues precisamente es parte de los puntos que se discutirán y dilucidarán en el juicio, corresponde al sentenciador establecer cuál testimonio le parece creíble y porqué, pero no parece coherente darle credibilidad a un testigo de la defensa por el solo hecho que el testigo de la acusación declaró de manera contraria. De igual forma establece el juzgador que en la labor de los registradores civiles debe prevalecer el interés superior del niño, esto sin duda alguna es desconocer la investidura para lo cual fueron nombrados tales funcionarios públicos, pues ellos son ministros de fe y por tanto deben salvaguardar la fe pública y por ende la seguridad jurídica; no es posible que se esté justificando el actuar de la acusada al permitir una doble inscripción de nacimiento para el menor L. E. R. E. , pues existen otros mecanismos legales ya establecidos en nuestra legislación a través de los cuales se puede conseguir que dicho menor sea reconocido por su padre y que éste se haga responsable de su paternidad. Por tanto el interés primordial que debe salvaguardar un registrador civil es la fe pública y la seguridad jurídica como partes integrantes de un democrático Estado de derecho. 5) En el numeral seis (6) el juzgador razona la declaración del señor M. A. E. padre biológico del menor L. E. R. E. según la prueba de serología forense (ADN); ya nos hemos referido a ciertos argumentos del sentenciador, pero en este numeral llama poderosamente la atención que el a-quo estableció “… que ha mantenido el Tribunal Supremo, que el testigo que miente en parte, miente en todo.” Dicha aseveración en la cual se tiene como referencia a esta Sala de lo Penal, ha sido erróneamente interpretada por el a-quo, pues la línea jurisprudencial de la Sala ha considerado al respecto: “Que para la valoración del testimonio han de analizarse elementos de carácter objetivo y subjetivo. El examen objetivo del declarante sirve fundamentalmente para percatarse de la existencia y funcionamiento de sus sentidos, de este modo, el funcionario encargado de recibir el testimonio debe procurar establecer no sólo la existencia sino las condiciones de funcionamiento de los sentidos del testigo, tanto al momento de realizarse la percepción como cuando rinde la declaración. Dentro del examen objetivo del testigo conviene precisar si al momento de la percepción de los hechos o al transmitirlos estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga que pueda producir trastornos intelectuales pasajeros o permanentes. En lo que concierne al análisis de los elementos subjetivos del testimonio, el mismo comporta el estudio de la forma en que el testigo percibió los hechos, de su capacidad para conservarlos en el memoria, de las facilidades que posea para la evocación de sus recuerdos y finalmente de la manera como puede y quiere transmitirlos al Juzgador encargado de la recepción de la prueba. Es importante señalar que al momento de valorar si una persona ha faltado o no a la verdad es necesario distinguir dos conceptos que aunque puedan parecer equivalentes presentan grandes diferencias: la sinceridad y la veracidad. Un testigo es sincero cuando narra lo que él percibió o creyó percibir, independientemente de si esos hechos por él transmitidos tuvieron o no real ocurrencia en la forma como él los aprehendió. Lo que importa para que exista sinceridad no es que el relato coincida exactamente con la forma como los hechos ocurrieron, sino que el testigo los relate convencido de que realmente acaecieron en la forma como él los transmite. Por el contrario, un testigo es veraz (Y su testimonio verídico) cuando la narración que hace de los hechos coincide exactamente con la forma en que aquellos realmente ocurrieron. En consecuencia, cuando el declarante no sea veraz, su inexactitud puede deberse a simples errores o a mentiras dichas bien sea en forma voluntaria o de manera incontrolada debido a problemas sicológicos (Vid. R. A., YESID, en La Prueba Testimonial, Ediciones “R. E. Abogados Ltda.”, Bogotá, 1988, Págs. 164-165).[1] Todo Tribunal de la República que desee hacer referencia a la doctrina jurisprudencial de la honorable Corte Suprema de Justicia en cualquier materia, debe enunciar no solo el criterio o argumento vertido por la Sala, sino que además debe ser específico al señalar los números de las sentencias en donde se haya extraído tal argumento jurídico, pues al no hacerlo, tal criterio se convierte en simples apreciaciones particulares del a-quo que está juzgando la causa, tal como ocurre en el caso bajo examen. 6) En el numeral siete (7) de la valoración probatoria, refiere el juzgador en sus últimas líneas, que en primer lugar la acusación imputa una acción a la acusada que no considera delito pero además establece que no se ha probado que se le haya causado un perjuicio a la fe pública, pues pedir alimentos a través de una demanda a alguien que se refuta como padre, no lleva implícito causar un perjuicio precisamente porque el Estado protege al que está por nacer, con mucha más razón al ya nacido y probado científicamente quien es el padre y le da reserva que es reembolso de cantidades por si el demandado obtiene la absolución. Observa esta Sala de lo Penal que el sentenciador en primer lugar es contradictorio, pues refiere acertadamente que el bien jurídico protegido en el delito de falsificación de documentos públicos es la “Fe Pública” y no el señor M. A. E. pero más adelante establece que se le da una reserva al mencionado señor, el reembolso de las cantidades por si el demandado obtiene absolución (refiriéndose a la demanda de alimentos que se había interpuesto contra el señor E. por lo que considera que no existió perjuicio alguno, en este otro razonamiento entonces si toma como ofendido al señor M. A. E. contradiciéndose en sus apreciaciones. Otra situación que establece el juez a-quo es que no existió perjuicio para la fe pública pues expresó que pedir alimentos a través de una demanda a alguien que se refuta como padre, no lleva implícito causar un perjuicio precisamente para el Estado, pues éste protege a los menores; sobre este particular esta Sala de lo Penal ya se había referido, pero consideramos importante recalcar que no es posible justificar una acción lícita (demanda de alimentos) con un documento ilícito (segunda inscripción de nacimiento) y si bien el Estado resguarda a los menores de edad, también cuenta con los mecanismos legales para ofrecer tal protección, pero el justificar la elaboración de una segunda inscripción de nacimiento para dar paso a una demanda de alimentos, es desconocer los alcances y estamentos que conforman el debido proceso en nuestro sistema judicial; en consecuencia, el bien jurídico que se protege con el delito de falsificación de documentos es en efecto la fe pública, que no es más que la confianza de la sociedad en el valor probatorio de los documentos o en su valor constitutivo, el razonamiento del sentenciador debe ir enfocado en establecer si al extenderse una segunda inscripción de nacimiento de un mismo menor, se está poniendo en precario la confianza en las instituciones estatales encargadas de dichos trámites y por ende la seguridad jurídica. 7) Otros argumentos contrarios a la lógica en su principio de derivación y que expresó el juzgador se encuentra en el numeral once (11) de la sentencia recurrida, al afirmar que la segunda inscripción en la cual se nombra al menor como L. E. E. R. , estableciéndose el nombre y apellido de su padre, es un documento genuino y que también sigue siendo veraz pues la información que allí se recoge es totalmente cierta; tal conclusión es contradictorio con el documento extendido por el Registro Nacional de las personas, mediante el cual anuló la segunda inscripción por efectuarse de forma irregular, es decir, porque no se siguió con los procedimientos legales que la ley establece; por tanto, esa segunda inscripción es falsa, no por el hecho de que la información contenida tenga cierto grado de veracidad, sino que el procedimiento efectuado para llevar a cabo tal documento se realizó al margen de la ley, pues ya se cuenta con los procedimientos legales para que se reconozca la paternidad de un menor; errando en su apreciación el juzgador al establecer que dicha inscripción es veraz, pues el órgano del Estado encargado del registro de todas las personas nacidas en Honduras, ha dictaminado que dicha inscripción es nula. De igual forma en ese mismo apartado numeral 11, el Tribunal a-quo estableció que la posición de la parte acusadora era que la imputada F. C. R. E. falsificó documentos públicos teniendo como base lo estipulado en el artículo 120 de la Ley del Registro Nacional de la Personas en relación con el artículo 284 del Código Penal, de tales instrumentos consideró el juzgador que los acusadores realizaron una interpretación errónea de dichas figuras penales, pues consideró que el artículo 120 antes citado se refiere únicamente a los casos en donde dicha información tenga por objeto proporcionarse o enviarse al Tribunal Supremo Electoral pues razonó la ley del Registro Nacional como una ley penal en blanco en lo que respecta a la pena y no los supuestos que enmarca el artículo 284 del referido Código Penal. En este apartado el sentenciador nuevamente incurre en una interpretación errónea del artículo 120 de la Ley del Registro Nacional de las Personas en relación con el artículo 284 del Código Penal, pues hace referencia a que todos los supuestos contenidos en el artículo 120 son con el objeto de enviar la información al Tribunal Supremo Electoral, lo cual es incorrecto pues la mencionada norma refiere: “FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. La alteración o falsificación de las inscripciones y resoluciones relativas al estado civil, de los documentos oficiales de identificación de la persona natural y de las certificaciones de los mismos, así como de la información registral, que se proporcione al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cualquiera sea la base de datos, constituyen delito de falsificación de documentos públicos y se sancionara conforme lo que determina el Código Penal.” (Lo subrayado es nuestro) Este artículo claramente establece varios supuestos de falsificación de documentos, mismos que a continuación enumeramos: a) La alteración o falsificación de las inscripciones; b) La alteración o falsificación de las resoluciones relativas al estado civil; c) La alteración o falsificación de los documentos oficiales de identificación de la persona natural; d) La alteración o falsificación de las certificaciones de los mismos; e) Así como de la información registral, que se proporcione al Tribunal
Supremo Electoral (TSE), cualquiera sea la base de datos. El sentenciador erróneamente interpreta esta norma estableciendo que todos los supuestos que refiere el artículo son para proporcionar información registral al Tribunal Supremo Electoral, pero el legislador al momento de redactar dicha norma incluyó la palabra “así como” que es una locución conjuntiva con valor comparativo que significa ‘de la misma forma que’; en tal sentido el legislador lo que reguló en dicha normativa son todos los supuestos antes enumerados y aparte de todos ellos incluyó también la información proporcionada al Tribunal Supremo Electoral; por lo que, para esta Sala se hace evidente el error del juez sentenciador al efectuar un análisis del tipo penal por el cual es acusada la imputada. 8) En el resto de la sentencia el Tribunal sentenciador se enfoca en resaltar más el hecho de que el señor M. A. E. es el padre biológico del menor L. E. R. E. y por tanto posee derechos como a la manutención, al apellido etc.; perdiendo el enfoque principal por el cual fue requerido para juzgar, es decir, determinar si la señora F. C. R. E. es o no responsable del delito de falsificación de documentos públicos al haber permitido una segunda inscripción de nacimiento del menor L. E. mediante mecanismos irregulares. Todas estas inconsistencias hacen que los razonamientos del sentenciador se hayan conformado fuera de los lineamientos que manda las reglas de la sana crítica, en tal sentido es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación, anular el debate y la sentencia que se profirió y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral con togados distintos a los que participaron. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República en sus dos motivos, toda vez que ha prosperado la impugnación presentada por el Ministerio Público con los efectos legales que eso conlleva"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Expresó el recurrente que el Tribunal A-quo incurrió en trasgresión a las reglas de la sana crítica al momento de razonar la prueba, consignando como norma que le permite la presentación del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que la prueba aportada en el debate permite establecer la participación directa, dolosa e innegable de la imputada F. C. R. E. en el delito de falsificación de documentos públicos, consistente en la elaboración de una segunda inscripción a favor del menor L. E. R. E. en el Registro Nacional de las Personas. Al momento del debate se incorporó la inscripción número 00063 de fecha 17 de julio de 2007 del menor L. E. R. E. en la que aparece únicamente con el apellido de su madre; pero igualmente se incorporó la inscripción número 00061 del 11 de junio del 2008 en el cual se registra nuevamente al menor pero con el nombre de L. E. E. R. es decir se incluye el nombre de su padre el señor M. A. E. sin que exista alguna sentencia u orden de autoridad competente. Estableció que la valoración que el juzgador hiciera de esta prueba carece de evidente derivación, procedimiento lógico del pensamiento que forma parte de las reglas de la sana crítica. Se evacuó además las siguientes pruebas: a) Testifical del señor M. A. E. quien es el padre biológico del menor, pero que manifestó que nunca prestó su tarjeta de identidad para que inscribieran a su vástago; b) Documental consistente en certificación de acuerdo N° 041-2005 de nombramiento de F. C. R. E. como Registradora Civil Municipal del municipio de Virginia al municipio de Mapulaca, ambos en el departamento de Lempira; dos hojas de inscripción número 00061 y 00063, la primera a nombre del menor L. E. R. E. pero en la segunda inscripción fue nombrado como L. E. E. R. ; certificación de nacimiento de la señora F. C. R. E. y M. N. R. E. comunicación girada por el registrador nacional en la cual se cancela la segunda inscripción del menor debido a la forma irregular en que se efectuó. Expresa el reclamante que el Tribunal sentenciador en su mayoría expresó argumentos contrarios a las reglas de la sana crítica como ser: que en relación a la declaración del señor M. A. E. estableció que su testimonio estaba en contradicción con la prueba de descargo, es decir con la deposición de la señora M. N. R. E. y con la prueba de ADN que no lo excluye como padre biológico de L. E. R. E. por lo que es evidente que mintió en su declaración. Respecto a la prueba documental expresó que le merece entera credibilidad pues resulta objetivamente confiable dado que se trata de varios documentos públicos, pero en el numeral decimoprimero señaló: “…los acusadores han dicho, que la acusada hizo todo un documento público (Nueva inscripción) que no causó perjuicio…: ahora vemos que la acusada hizo un nuevo documento público que constituye una segunda inscripción, sí, alteró el anterior registro, no, se mantiene tal como se hizo, resultó perjuicio, no, porque no es delito y diremos por qué en seguida…” 2) La jurisprudencia de esta Sala de lo Penal ha establecido, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el código procesal penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el a-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: a) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. ii) No contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen. iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. b) Derivación, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los señalamientos del recurrente, este supremo Tribunal debe examinar los raciocinios que esgrimió el juzgador para valorar el legajo probatorio y determinar con ello si dichas reglas fueron incumplidas o por el contrario fueron observadas y empleadas en sus razonamientos. En el acápite “Valoración de la Prueba” numeral uno, el juzgador razona la prueba documental consistente en la certificación de acuerdo número 041-2005 mediante la cual se nombra a la imputada F. C. R. E. como Registradora Civil Municipal de Virginia y Mapulaca ambas en el departamento de Lempira; documento que le merece credibilidad, de igual forma para acreditar su nombramiento como tal, los sentenciadores tienen como soporte la hoja de inscripción autenticada número 00061 del 11 de junio de 2008 en la cual consta la firma de la acusada y mediante la cual la señora M. N. R. E. compareció a inscribir a su menor hijo de nombre L.E.E. R. documento que para los sentenciadores no les hace dudar de su información pues es de naturaleza pública, afirman además que en dicha hoja de inscripción no se hace constar que haya comparecido el señor M. A. E. sino solo la señora M. N. R. consecuentemente dan por probado que solo ella compareció a inscribir a su menor hijo con el nombre de L. E. E.R. En este primer apartado observa esta Sala de lo Penal, que el juzgador efectúa un proceso mental erróneo y contrario a la regla lógica en su principio de no contradicción, pues primero afirma que no dudan de la información que contiene la hoja de inscripción número 00061 pues es de naturaleza pública, pero posteriormente en el numeral cinco del mismo apartado, razona una constancia enviada por el Registro Nacional de las personas en la que se establece que la referida inscripción (N°00061) fue cancelada por haberse efectuado de manera dudosa; por lo que, si esa certificación de inscripción fue cancelada, es lógico que la información en ella contenida no es verdadera, es decir la información contenida en la hoja de inscripción número 00061 del 11 de junio del 2008 no es correcta según lo razona más adelante el propio juzgador, por lo que efectúa un proceso intelectivo equivocado y contrario a las reglas del recto entendimiento humano. 4) En el numeral dos del mismo apartado valoración probatoria, el a-quo razona la declaración de la señora M. N. R. E. quien en defensa de su hermana la acusada F. C. R. E. estableció que ella tuvo una relación con el señor M. A. E. producto de la cual nació el niño L. E. R. E. a quien en principio inscribió solo como hijo suyo ya que había perdido comunicación con el señor E. al llegar a Tegucigalpa a realizar estudios volvió a encontrarse con el señor M. A. E. quien le dijo que quería que el niño llevara su apellido, que le ayudaría en su manutención, que se encargaría de anular la primera inscripción y que se llevara su cedula para que lo inscribiera, hasta le sugirió un nombre, por lo que así lo hizo la declarante y se presentó al Registro Civil Municipal de Mapulaca y presentó los documentos necesarios a la registradora incluyendo la cédula del señor E. Al regresar a Tegucigalpa le devolvió la tarjeta de identidad, una sola vez le ayudó a su hijo y con el tiempo se volvió a interrumpir la comunicación y como no le ayudaba lo demandó por alimentos, se canceló la segunda inscripción y ahora se niega reconocer a su hijo a pesar que hay una prueba de ADN que confirma su paternidad. El Tribunal sentenciador razona esta declaración diciendo que no encuentran en su testimonio ambivalencias o discordancias, salvo con la declaración rendida por el señor M. A. E. a quien no le concede credibilidad; afirma el a-quo que es tal la veracidad del testimonio de la señora M. N. que no niega las dos inscripciones hechas a su hijo; afirman que para el registrador civil municipal debe prevalecer el interés superior del niño, como ser que tenga un nombre, el apellido de su padre biológico y de su madre. Estos razonamientos efectuados por el sentenciador, violentan sin duda la lógica en su principio de razón suficiente, en primera instancia afirma que el testimonio de M. N. R. E., hermana de la acusada, no presenta ambivalencia excepto con lo manifestado por el señor M. A. E. sobre este particular considera esta Sala de lo Penal que el razonamiento del juzgador es falto de suspicacia, pues resulta lógico que al presentarse el señor M. A. E. como testigo de la acusación y la señora M. N. como testigo de la defensa, sus declaraciones serán contradictorias pues precisamente es parte de los puntos que se discutirán y dilucidarán en el juicio, corresponde al sentenciador establecer cuál testimonio le parece creíble y porqué, pero no parece coherente darle credibilidad a un testigo de la defensa por el solo hecho que el testigo de la acusación declaró de manera contraria. De igual forma establece el juzgador que en la labor de los registradores civiles debe prevalecer el interés superior del niño, esto sin duda alguna es desconocer la investidura para lo cual fueron nombrados tales funcionarios públicos, pues ellos son ministros de fe y por tanto deben salvaguardar la fe pública y por ende la seguridad jurídica; no es posible que se esté justificando el actuar de la acusada al permitir una doble inscripción de nacimiento para el menor L. E. R. E. , pues existen otros mecanismos legales ya establecidos en nuestra legislación a través de los cuales se puede conseguir que dicho menor sea reconocido por su padre y que éste se haga responsable de su paternidad. Por tanto el interés primordial que debe salvaguardar un registrador civil es la fe pública y la seguridad jurídica como partes integrantes de un democrático Estado de derecho. 5) En el numeral seis (6) el juzgador razona la declaración del señor M. A. E. padre biológico del menor L. E. R. E. según la prueba de serología forense (ADN); ya nos hemos referido a ciertos argumentos del sentenciador, pero en este numeral llama poderosamente la atención que el a-quo estableció “… que ha mantenido el Tribunal Supremo, que el testigo que miente en parte, miente en todo.” Dicha aseveración en la cual se tiene como referencia a esta Sala de lo Penal, ha sido erróneamente interpretada por el a-quo, pues la línea jurisprudencial de la Sala ha considerado al respecto: “Que para la valoración del testimonio han de analizarse elementos de carácter objetivo y subjetivo. El examen objetivo del declarante sirve fundamentalmente para percatarse de la existencia y funcionamiento de sus sentidos, de este modo, el funcionario encargado de recibir el testimonio debe procurar establecer no sólo la existencia sino las condiciones de funcionamiento de los sentidos del testigo, tanto al momento de realizarse la percepción como cuando rinde la declaración. Dentro del examen objetivo del testigo conviene precisar si al momento de la percepción de los hechos o al transmitirlos estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga que pueda producir trastornos intelectuales pasajeros o permanentes. En lo que concierne al análisis de los elementos subjetivos del testimonio, el mismo comporta el estudio de la forma en que el testigo percibió los hechos, de su capacidad para conservarlos en el memoria, de las facilidades que posea para la evocación de sus recuerdos y finalmente de la manera como puede y quiere transmitirlos al Juzgador encargado de la recepción de la prueba. Es importante señalar que al momento de valorar si una persona ha faltado o no a la verdad es necesario distinguir dos conceptos que aunque puedan parecer equivalentes presentan grandes diferencias: la sinceridad y la veracidad. Un testigo es sincero cuando narra lo que él percibió o creyó percibir, independientemente de si esos hechos por él transmitidos tuvieron o no real ocurrencia en la forma como él los aprehendió. Lo que importa para que exista sinceridad no es que el relato coincida exactamente con la forma como los hechos ocurrieron, sino que el testigo los relate convencido de que realmente acaecieron en la forma como él los transmite. Por el contrario, un testigo es veraz (Y su testimonio verídico) cuando la narración que hace de los hechos coincide exactamente con la forma en que aquellos realmente ocurrieron. En consecuencia, cuando el declarante no sea veraz, su inexactitud puede deberse a simples errores o a mentiras dichas bien sea en forma voluntaria o de manera incontrolada debido a problemas sicológicos (Vid. R. A., YESID, en La Prueba Testimonial, Ediciones “R. E. Abogados Ltda.”, Bogotá, 1988, Págs. 164-165).[1] Todo Tribunal de la República que desee hacer referencia a la doctrina jurisprudencial de la honorable Corte Suprema de Justicia en cualquier materia, debe enunciar no solo el criterio o argumento vertido por la Sala, sino que además debe ser específico al señalar los números de las sentencias en donde se haya extraído tal argumento jurídico, pues al no hacerlo, tal criterio se convierte en simples apreciaciones particulares del a-quo que está juzgando la causa, tal como ocurre en el caso bajo examen. 6) En el numeral siete (7) de la valoración probatoria, refiere el juzgador en sus últimas líneas, que en primer lugar la acusación imputa una acción a la acusada que no considera delito pero además establece que no se ha probado que se le haya causado un perjuicio a la fe pública, pues pedir alimentos a través de una demanda a alguien que se refuta como padre, no lleva implícito causar un perjuicio precisamente porque el Estado protege al que está por nacer, con mucha más razón al ya nacido y probado científicamente quien es el padre y le da reserva que es reembolso de cantidades por si el demandado obtiene la absolución. Observa esta Sala de lo Penal que el sentenciador en primer lugar es contradictorio, pues refiere acertadamente que el bien jurídico protegido en el delito de falsificación de documentos públicos es la “Fe Pública” y no el señor M. A. E. pero más adelante establece que se le da una reserva al mencionado señor, el reembolso de las cantidades por si el demandado obtiene absolución (refiriéndose a la demanda de alimentos que se había interpuesto contra el señor E. por lo que considera que no existió perjuicio alguno, en este otro razonamiento entonces si toma como ofendido al señor M. A. E. contradiciéndose en sus apreciaciones. Otra situación que establece el juez a-quo es que no existió perjuicio para la fe pública pues expresó que pedir alimentos a través de una demanda a alguien que se refuta como padre, no lleva implícito causar un perjuicio precisamente para el Estado, pues éste protege a los menores; sobre este particular esta Sala de lo Penal ya se había referido, pero consideramos importante recalcar que no es posible justificar una acción lícita (demanda de alimentos) con un documento ilícito (segunda inscripción de nacimiento) y si bien el Estado resguarda a los menores de edad, también cuenta con los mecanismos legales para ofrecer tal protección, pero el justificar la elaboración de una segunda inscripción de nacimiento para dar paso a una demanda de alimentos, es desconocer los alcances y estamentos que conforman el debido proceso en nuestro sistema judicial; en consecuencia, el bien jurídico que se protege con el delito de falsificación de documentos es en efecto la fe pública, que no es más que la confianza de la sociedad en el valor probatorio de los documentos o en su valor constitutivo, el razonamiento del sentenciador debe ir enfocado en establecer si al extenderse una segunda inscripción de nacimiento de un mismo menor, se está poniendo en precario la confianza en las instituciones estatales encargadas de dichos trámites y por ende la seguridad jurídica. 7) Otros argumentos contrarios a la lógica en su principio de derivación y que expresó el juzgador se encuentra en el numeral once (11) de la sentencia recurrida, al afirmar que la segunda inscripción en la cual se nombra al menor como L. E. E. R. , estableciéndose el nombre y apellido de su padre, es un documento genuino y que también sigue siendo veraz pues la información que allí se recoge es totalmente cierta; tal conclusión es contradictorio con el documento extendido por el Registro Nacional de las personas, mediante el cual anuló la segunda inscripción por efectuarse de forma irregular, es decir, porque no se siguió con los procedimientos legales que la ley establece; por tanto, esa segunda inscripción es falsa, no por el hecho de que la información contenida tenga cierto grado de veracidad, sino que el procedimiento efectuado para llevar a cabo tal documento se realizó al margen de la ley, pues ya se cuenta con los procedimientos legales para que se reconozca la paternidad de un menor; errando en su apreciación el juzgador al establecer que dicha inscripción es veraz, pues el órgano del Estado encargado del registro de todas las personas nacidas en Honduras, ha dictaminado que dicha inscripción es nula. De igual forma en ese mismo apartado numeral 11, el Tribunal a-quo estableció que la posición de la parte acusadora era que la imputada F. C. R. E. falsificó documentos públicos teniendo como base lo estipulado en el artículo 120 de la Ley del Registro Nacional de la Personas en relación con el artículo 284 del Código Penal, de tales instrumentos consideró el juzgador que los acusadores realizaron una interpretación errónea de dichas figuras penales, pues consideró que el artículo 120 antes citado se refiere únicamente a los casos en donde dicha información tenga por objeto proporcionarse o enviarse al Tribunal Supremo Electoral pues razonó la ley del Registro Nacional como una ley penal en blanco en lo que respecta a la pena y no los supuestos que enmarca el artículo 284 del referido Código Penal. En este apartado el sentenciador nuevamente incurre en una interpretación errónea del artículo 120 de la Ley del Registro Nacional de las Personas en relación con el artículo 284 del Código Penal, pues hace referencia a que todos los supuestos contenidos en el artículo 120 son con el objeto de enviar la información al Tribunal Supremo Electoral, lo cual es incorrecto pues la mencionada norma refiere: “FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. La alteración o falsificación de las inscripciones y resoluciones relativas al estado civil, de los documentos oficiales de identificación de la persona natural y de las certificaciones de los mismos, así como de la información registral, que se proporcione al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cualquiera sea la base de datos, constituyen delito de falsificación de documentos públicos y se sancionara conforme lo que determina el Código Penal.” (Lo subrayado es nuestro) Este artículo claramente establece varios supuestos de falsificación de documentos, mismos que a continuación enumeramos: a) La alteración o falsificación de las inscripciones; b) La alteración o falsificación de las resoluciones relativas al estado civil; c) La alteración o falsificación de los documentos oficiales de identificación de la persona natural; d) La alteración o falsificación de las certificaciones de los mismos; e) Así como de la información registral, que se proporcione al Tribunal
Supremo Electoral (TSE), cualquiera sea la base de datos. El sentenciador erróneamente interpreta esta norma estableciendo que todos los supuestos que refiere el artículo son para proporcionar información registral al Tribunal Supremo Electoral, pero el legislador al momento de redactar dicha norma incluyó la palabra “así como” que es una locución conjuntiva con valor comparativo que significa ‘de la misma forma que’; en tal sentido el legislador lo que reguló en dicha normativa son todos los supuestos antes enumerados y aparte de todos ellos incluyó también la información proporcionada al Tribunal Supremo Electoral; por lo que, para esta Sala se hace evidente el error del juez sentenciador al efectuar un análisis del tipo penal por el cual es acusada la imputada. 8) En el resto de la sentencia el Tribunal sentenciador se enfoca en resaltar más el hecho de que el señor M. A. E. es el padre biológico del menor L. E. R. E. y por tanto posee derechos como a la manutención, al apellido etc.; perdiendo el enfoque principal por el cual fue requerido para juzgar, es decir, determinar si la señora F. C. R. E. es o no responsable del delito de falsificación de documentos públicos al haber permitido una segunda inscripción de nacimiento del menor L. E. mediante mecanismos irregulares. Todas estas inconsistencias hacen que los razonamientos del sentenciador se hayan conformado fuera de los lineamientos que manda las reglas de la sana crítica, en tal sentido es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación, anular el debate y la sentencia que se profirió y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral con togados distintos a los que participaron. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República en sus dos motivos, toda vez que ha prosperado la impugnación presentada por el Ministerio Público con los efectos legales que eso conlleva"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados José Olivo R.Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en losrecursos de casación SP 324-2013 por quebrantamiento de forma, interpuestos contra la sentencia de fecha dieciséis de julio del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, mediante la cual absolvió a la señora F. C. R. E. del delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la fe pública. Asimismo no procede la condena en costas, ni la responsabilidad civil de la señora F. C. R. Interpusieron los recursos de casación por quebrantamiento de forma, el abogado F. R. F. Actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público y el abogado D. E. S. actuando en su condición de procurador judicial de la Procuraduría General de la República. Son Partes: el abogado S. C. A. en su condición de representante del Ministerio Público y el abogado D. E. S. en su calidad de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República; ambos como recurrentes y el abogado V. R. C. S. en su condición de defensor privado de la imputada como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “UNO. La señora F. C. R. E. fue nombrada como Registradora Civil Municipal del municipio de Mapulaca, Lempira en fecha tres de marzo del año dos mil cinco, según acuerdo 041-2005 del Registro Nacional de las Personas, a partir del dieciséis de marzo del año dos mil cinco y para la fecha miércoles once de junio del año dos mil ocho, era quien se desempeñaba como Registradora Civil Municipal del referido municipio. DOS.- En Mapulaca, departamento de Lempira, el día miércoles once de junio del año dos mil ocho, ante el Registro Civil de ese término municipal, compareció la señora M. N. R. E. a inscribir a su menor hijo con el nombre de L. E. E. R. cuando fungía como Registradora civil de ese municipio la señora F. C. R. E. RECURSO DE CASACIÓN Recurrente Numero 1 A) El recurrente, abogado F. R. F. formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO DE CASACIÓN INVOCADO: “Inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo de Casación: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, esto en razón que de la prueba evacuada en juicio se permite establecer la participación directa dolosa e innegable de la imputada en la comisión del delito de Falsificación de Documentos Públicos, consistentes en la elaboración de una segunda inscripción a favor del menor L. E. R. E. en el Registro Nacional de las Personas. Consta en el registro del debate que el ente acusador incorporó la inscripción número 00063 de fecha 17 de julio de 2007 del menor L. E. R. E. en la que aparece únicamente con los apellidos de su madre, M. N. R. E. de igual forma incorporó la inscripción número 00061 de 11 de junio de 2008, mediante la cual se registra nuevamente al menor L. E. R. E. pero en esta ocasión aparece bajo el nombre de L. E. E. R. ya que se incluye en esta nueva inscripción al padre del menor, el señor M. A. E., sin que existiese alguna sentencia u orden de autoridad competente que permitiese cambiar la primera inscripción. Pero la valoración de la prueba realizada por el juzgador, carece evidentemente de Derivación, procedimiento lógico del pensamiento que forma parte de las Reglas de la Sana Crítica. La inobservancia de la sana crítica que hoy se reprocha trasciende más allá de la valoración que se hace de la declaración del M. A. E. para determinar la responsabilidad penal en que ha incurrido la acusada. En el presente proceso y con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio la prueba de cargo que se describe a continuación: 1) Prueba testifical El testigo M. A. E., quien en lo conducente, declaró: “Me doy cuenta de los hechos en el año dos mil ocho por parte del receptor del Juzgado de Familia de Tegucigalpa Departamento de F. Morazán, cuando me notifican una demanda de alimentos interpuesta por la señora M. N. R. E. , es cuando yo procedo al Ministerio Público a interponer la denuncia por el hecho de que han hecho la inscripción de un menor acreditándolo como hijo mío debido a las investigaciones y que quedó acreditado tanto en el expediente de la Fiscalía Contra la Corrupción y tanto en el expediente del Juzgado de Letras de Familia de Tegucigalpa, se pudo comprobar que el menor ya tenía una primera inscripción por parte de la madre que dicho sea de paso la señora registradora del municipio de Mapulaca departamento de Lempira es tía del mismo, con mucho más razón procedí a entablar también la denuncia correspondiente por la vía administrativa al Registro Nacional de las Personas donde se evacuaron todos los medios de prueba, audiencias de descargo, donde se comprobó fehacientemente la existencia tanto de la primera inscripción a nombre de L. E. R. E. y posteriormente de la inscripción de L. E. E. R. en el cual aparezco como padre del mismo argumentando según pude observar en las audiencias que tuvimos, que la madre del menor argumenta. . . que mi persona le entregó la tarjeta de identidad para que realizara una inscripción en el municipio de Mapulaca departamento de Lempira, siendo totalmente falso a los hechos... también quiero manifestar que en la orden ciento treinta y uno cincuenta y cinco del Registro Nacional de las Personas del directorio específicamente se me retiró mi tarjeta de identidad lo cual quedó fehacientemente comprobado ante el Ministerio Público.. .a la vez quiero manifestar que en la primera inscripción que le hacen al menor ustedes pueden ver incluso la falta de veracidad de los hechos que es otro de los delitos cometidos también que manifiesta que nació a las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana y cuando aparece mi persona como supuesto padre del menor aparece que nació a las cinco y treinta de la mañana...” 2) Prueba Documental: De igual manera el ente acusador allegó a la plataforma fáctica: a) Certificación de Acuerdo número 041-2005 del Registro Nacional de las Personas sobre el nombramiento de la señora F. C. R. emitido por el Secretario General del Registro Nacional de las Personas, Abogado F. F. A.C. en fecha 24 de Febrero de 2011, para el traslado de la señora F. E. como Registradora Civil Municipal del Municipio de Virginia al Municipio de Mapulaca, ambos del departamento de Lempira. Con esta certificación se ha logrado acreditar el cargo que la acusada ostentaba al momento de la ocurrencia de los hechos. b) Hoja de inscripción 00063 de fecha 17 de Julio de 2007 y Hoja de inscripción 00061 de fecha 11 de Junio de 2008. A la primera de éstas inscripciones, a nombre de L. E. R. E. con número 00063 ubicada a Folio 97, Tomo 0035 del año 2007, se le asignó el número de identidad XXXXXXXXXXX; a la segunda inscripción a nombre de L. E. E. R., con número 0061, ubicada a Folio 28, Tomo 37 del año 2008, le fue asignado el número de identidad XXXXXXXXX. Esta documentación acredita que el menor L. E. R. E. fue inscrito en dos ocasiones diferentes, con dos números desiguales de identidad, estableciéndose horas de nacimiento diferentes (4:45 am y 5:30 am) y con apellidos distintos. Ambos documentos fueron emitidos en el Registro Civil Municipal de Mapulaca, Lempira durante el tiempo en que la acusada fungía como Registradora Civil Municipal de dicha localidad. c) Certificación de nacimiento de la señora F. C. R. E. y Certificación de nacimiento de la señora M. N. R. E. Documentación que acredita que tanto la Registradora Civil Municipal de Mapulaca, Lempira, como la madre del niño L. E. R, E. a quien se le realizó en dos ocasiones las dos inscripciones de nacimiento en el Registro Nacional de las Personas, son hermanas y como consecuencia la acusada F. R. es tía del menor antes referido. d) Comunicación girada por el Registro Nacional de las Personas al Registro Local del Municipio de Mapulaca, Lempira; Elemento probatorio mediante la cual se acreditó que la segunda inscripción de nacimiento a nombre de L.E. E. R. fue cancelada debido a la forma irregular en que se realizó la misma. El Juzgador, en su mayoría, al momento de valorar la prueba del testigo M. A. E. señala: “Para estos Jueces el testigo de cargo M. A. E. es totalmente inverosímil pues no solo se desdice a él mismo, sino que entra en clara contradicción con la prueba de descargo como ser la declaración de M. N. R. E. y como si fuera poco increpa la prueba de ADN que no lo excluye como padre biológico de L. E. R. E. Es evidente que M. A. E. ha mentido en toda su declaración.- Respecto a la prueba documental que anteriormente fue descrita, el Tribunal la valora de la manera siguiente: Al Acuerdo de Nombramiento número 041-2005 el Juzgador señala que “le merece entera credibilidad, pues resulta objetivamente confiable, dado que se trata de un documento público”; en relación a la inscripción de nacimiento que se hizo por segunda ocasión en fecha 11 de Junio de 2008 y que fuera cancelada por el Registro Nacional de las Personas debido a las irregularidades de dicha inscripción, el Tribunal refiere que “no existe motivo para dudar de su información, pues es de naturaleza pública y no nos queda otra que dar por cierto lo que en él se dice, véase que en la referida hoja de inscripción, no se hace constar que haya comparecido el señor M. A. E., sino solo la señora M. N. R. igual valoración hace de la inscripción realizada en fecha 16 de Julio de 2007 señalando que “dicho documento es de entera credibilidad”; a las certificaciones de nacimiento de la acusada F. C. R. E. y de su hermana M. N. R. E. refiere “a fin de acreditarse el parentesco entre la acusada y la señora M. N. R. E. y el menor L. E. E. R. ahora L. E. R. E. El Ministerio Público produjo en el acto del debate las certificaciones de nacimiento de ambas, las cuales por tratarse de documentos públicos no dudamos de su contenido, consecuentemente se ha establecido la pretensión por la cual se propuso esta prueba”, el Juzgador también manifiesta no dudar del contenido de la Comunicación girada por el Registro Nacional de las Personas al Registro Local del Municipio de Mapulaca, Lempira. Como se puede observar el Juzgador le otorga valor probatorio a la prueba documental propuesta, pero no así, a la prueba testifical de cargo, es así que en el apartado de la valoración probatoria en el numeral decimoprimero, señala lo siguiente: “los acusadores han dicho, que la acusada hizo todo un documento público (nueva inscripción) que no causó perjuicio...; ahora veamos, la acusada hizo un nuevo documento público que constituye una segunda inscripción, sí, alteró el anterior Registro, no, se mantiene tal como se hizo, resultado perjuicio, no, porque no es delito y diremos porque, enseguida...”. Según el razonamiento de la mayoría de los sentenciadores, no procede la declaración de responsabilidad de la imputada porque no se demostró la existencia del delito y menos que se haya determinado la responsabilidad penal de una supuesta conducta reprochable por la ley penal. Este proceso de valoración probatoria, es el que produce el vicio denunciado, ya que el proceso de derivación debió desarrollarse de la manera siguiente: 1. Con las respectivas hojas de inscripción de nacimiento efectuadas en Julio de 2007 y en Junio de 2008 a nombre de L. E. R. E. y L. E. E. R. respectivamente, quedó evidenciado que las mismas se realizaron durante la gestión de la acusada F. C. R. E. como Registradora Civil Municipal de Mapulaca, Lempira. 2. También se probó el parentesco de consanguinidad de la Registradora Civil (ahora imputada) con la persona que se estaba inscribiendo; para probar éste último extremo se acompañó las certificaciones de nacimiento de la acusada F. C. R. E. y la de la madre del niño L. R. E. la señora M. N. R. E. es decir, quedó demostrado que la encausada además de tener un interés particular en el asunto (inscripciones) también tenía pleno conocimiento de la existencia de la primera inscripción, en vista que ella misma la realizó. 3. Con la Comunicación girada por el Registro Nacional de las Personas al Registro Local del Municipio de Mapulaca, Lempira se estableció que al realizarse la investigación procedente, esta dependencia estatal constató la irregularidad de dichas actuaciones por parte de la Registradora Civil Municipal y procedió a cancelar la segunda inscripción de nacimiento, misma que había servido de base para la interposición de una demanda de alimentos en contra del señor M. A. E. extremos que quedaron acreditados y probados con el Punto de Acta de fecha 9 de Julio de 2009; y la Constancia del Juzgado de Letras de Familia. 4. Con la declaración del señor M. A. E. se extrae que éste en ningún momento dio su consentimiento para la inscripción del menor L. E. R. E. pese a ser el padre biológico del niño, ya que como él lo refirió, no hay sentencia firme que lo obligue a reconocer la paternidad de niño. Las normas del Principio o Ley de Derivación, de conformidad con la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, permiten alcanzar una conclusión diferente de la lograda por el honorable Tribunal de Sentencia. El fallo se encuentra viciado en virtud de que el proceso de valoración se inició a partir de una premisa falaz, que involuntariamente fijó de manera errónea la mayoría del honorable Tribunal de Sentencia, según se observa del Numeral Cuarto de la Fundamentación Jurídica de la sentencia definitiva. Esa premisa presupone que la prueba de cargo practicada no tiene la virtualidad necesaria para demostrar que efectivamente la acusada haya participado en una conducta que reúna los requisitos del delito por el que fue acusada. En cambio, el Ministerio Público señala que aun y cuando a criterio del Tribunal la declaración del testigo de cargo, M. A. E. no tiene valor probatorio, la prueba documental incorporada resulta más que suficiente para dictar un fallo condenatorio, esto en virtud de que de la prueba aportada al juicio demuestra que F. C. R. E. inscribió por segunda ocasión, sin que ninguna autoridad competente se lo ordenara, a su sobrino L. E. R. E., bajo el nombre de L. E. E. R. , con el objetivo que su hermana, M. N. R. E. pudiera demandar por alimentos al señor M. A. E. , sin necesidad de demandarlo previamente para el reconocimiento de su paternidad, conducta que además de constituir un ilícito penal, también vulnera los dispuesto en el Artículo 43 de la Ley del Registro Nacional de las Personas que establece: “Expediente de Vida. El expediente de vida de la persona natural se inicia, con la inscripción original de nacimiento o de naturalización y finaliza con la inscripción de su fallecimiento. En el mismo, so consignarán en forma extractada, las anotaciones relativas a los actos de su vida, desde que nace hasta que fallece, tales como: ... 13) Rectificaciones de datos en las inscripciones... 16) Cualquier otro acto que afecte el estado civil o capacidad legal de las personas naturales” y lo contemplado en el artículo 23: “Registradores Civiles: Los Registradores Civiles son ministros de fe pública encargados de inscribir, en su respectiva área geográfica poblacional y para fines jurídicos y estadísticos, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas naturales. Estarán sujetos a las limitaciones, prohibiciones y sanciones que establecen esta Ley y sus Reglamentos y cumplirán, además, funciones auxiliares de identificación y estadística de dichas personas”. Artículo 27 numeral 14: “Atribuciones de los Registradores: Son atribuciones y obligaciones del Registrador Civil:... La potestad u obligatoriedad de extender constancias negativas de la no inscripción de hechos y actos como nacimiento, y cualquier otro fuere el caso, cuando le fuere requerido por los interesados” (Lo resaltado con negrita no corresponde al documento original). Nuestro razonamiento, es compartido por el Juez Disidente, quien expresó en el numeral segundo de su voto particular que: “La señora registradora del municipio de Mapulaca, Lempira, a sabiendas que la ley establece que a todas las personas se le puede inscribir su nacimiento una sola vez y como consecuencia de eso, solamente tiene que contar con un expediente de vida, ella aun y cuando conocía que el menor ya estaba inscrito, le abrió otro expediente de vida a su sobrino, L. E. R. E. convirtiendo este segundo expediente en un documento apócrifo, por tanto en resumen, al inscribir en dos veces el nacimiento del menor, con eso accionar se cumple el requisito objetivo del tipo penal;... este segundo elemento subjetivo, concurre en el supuesto enjuiciado, ya que la señora registradora tenía como finalidad realizar la acción de confeccionar una segunda inscripción de nacimiento para su sobrino el menor L. E. R. E. a sabiendas que la misma era ilegal ya que existía, una inscripción anterior, que fue hecha por ella misma, y esto con la clara intención de ayudar a su hermana la señora M. N. R. E. a poder incoar una demanda de alimentos en contra de la persona, que ella considera tiene el deber de proporcionar alimentos a su hilo siendo esta persona el señor M. A. E. perfeccionado así el delito de Falsificación de Documentos Públicos”. En virtud de lo anterior, consideramos que la apreciación probatoria realizada por el sentenciador infringe la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión, que no ha habido pruebas suficientes para condenar a la imputada, y por tanto no se ha podido enervar el estado de inocencia de la acusada y tampoco fue suficiente para determinar que la conducta por la cual se ha traído a juicio a la señora F. C. R. E. constituya delito, razonamiento que no compartimos, tal y como lo hemos venido explicando, debido a que se hizo una apreciación errónea de la prueba de cargo al haberla analizado de forma individual y no en conjunto, llegando como consecuencia a una conclusión equivocada; ya que es más que evidente que se logró acreditar sin lugar a dudas la participación de la acusada F. C. R. en el hecho tipificado como delito de Falsificación de Documentos Públicos. En consecuencia y en este orden de resultados de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador apreció de forma errónea el contenido de las mismas, ya que prueba documental así como el testimonio son congruentes, precisos y claros, los que constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, además de que esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conducen toda ella a la inexorable conclusión de que la imputada sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciada; por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que: La enjuiciada F. C. R. E. procedió en fecha 11 de Junio del año 2008 a inscribir a su sobrino L. E. R. E. por segunda ocasión (siendo que éste ya había sido inscrito el año anterior con el número de Identidad OOOOOOOOOOO), con nombre diferente (L. E. E. R. ) y diferente número de IDENTIDAD (en ésta segunda ocasión le asignó el número OOOOOOOOOOOO), también agregó al documento nombre del padre y procedió además a cambiar otros datos de menor relevancia como por ejemplo la hora de nacimiento, habiendo creado de ésta manera una nueva Hoja de Vida, la cual como ya lo explicamos, es única para cada persona, pero esto lo realizó con la finalidad de que el padre de su sobrino pudiese ser “demandado por alimentos”; constituyendo este hecho el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. Es de hacer notar Honorable Sala, que la discusión no debe centrarse, como erróneamente lo hizo el Juzgador, en la demanda que por la obligación de alimentos le fuera interpuesta al señor M. A. E., ya que no es esta circunstancia la que constituye el perjuicio como producto o resultado del delito de Falsificación de Documentos Públicos, es irrelevante si el padre del niño niega su paternidad o no, o si está anuente a dar los alimentos a los que sabemos está obligado, lo trascendente es que la acusada elaboró de forma ilegal, una inscripción de nacimiento falsa y esto lo hizo aún antes de que existiera una prueba de ADN entre su sobrino y el padre de éste, irrespetando lo que la Ley expresamente establece como lo procedente en estos casos. DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA PARTE RECURRENTE PARA SUBSANAR EL VICIO INVOCADO. No se realizó ninguna, porque el vicio causado y reprochado ocurre hasta el momento de la emisión de la sentencia definitiva, por lo que corresponde únicamente la interposición del recurso de casación, como se hace en éste momento, y el cual deberá ser conocido, tras seguir con el procedimiento que la Ley dicta, por la honorable Sala Penal de la ilustre Corte Suprema de Justicia, para que dicte su fallo de conformidad con la pretensión recursiva formalizada por el Ministerio Público. LO QUE SE SOLICITA. Se ordene el Reenvío del Expediente, para que celebrándose nueva audiencia de juzgamiento, se juzgue y declare la responsabilidad penal incurrida por la imputada, F. C. R. E. por estar plenamente demostrada su participación en la comisión del delito de Falsificación de Documentos Públicos.”. Recurrente Numero 2 A) El recurrente abogado D. E. S. formalizó su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la siguiente forma: “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Que en la Sentencia de los Hechos que estimó Probados el Tribunal su declaración no es clara ni terminante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362 párrafo uno (1) del Código Procesal Penal. Explicamos el motivo de la siguiente manera: Para demostrar la infracción que estamos alegando, tenemos que partir de los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador, Veamos entonces, cuales son los hechos que el Tribunal de Sentencia declaro probados y que la sentencia recurrida adolece de vicios: UNO: La señora F. C. R. E. fue nombrada como Registradora Civil Municipal del municipio de Mapulaca, Lempira en fecha tres de marzo del año dos mil cinco, según acuerdo 041-2005 del Registro Nacional de las Personas, a partir del dieciséis de marzo del año dos mil cinco y para la fecha once de junio del año dos mil ocho, era quien se desempeñaba como Registradora Civil Municipal del referido municipio. DOS: En Mapulaca, departamento de Lempira el día miércoles once de junio del año dos mil ocho, ante el Registro Civil de ese término municipal, compareció la señora M. N. R. E. a inscribir a su menor hijo con el nombre de L. E. E. R., cuando fungía como registradora civil de ese municipio la señora F. C. R. E. Si partimos de estos hechos, así declarados probados, es indiscutible que de los mismos resulta que evidentemente existió una omisión grave por parte de los juzgadores, pues los hechos declarados probados no son claros, ni precisos, ni coherentes, ni terminantes con lo ocurrido en el debate del juicio oral y público pues se probó además: UNO: Que previamente en fecha 16 de Julio del 2007, la señora M. N. R. E. compareció a inscribir a su menor hijo con el nombre de L. E. R. E. ante la Registradora Civil Municipal de Mapulaca, Lempira F. C. R. E. quien además es hermana de la compareciente y tía del menor.- DOS: Que con la Certificación de la segunda inscripción de Nacimiento del menor L. E. E. R. la señora M. N. R. E. promovió Demanda de Alimentos en contra del señor M. A. E. en los Juzgados de Familia de F. Morazán. Siendo que los hechos probados son la base sobre lo que se construye la Sentencia Penal, este es un proceso lógico de construcción de la verdad pero que evidentemente debe de partir de los hechos que se consideran ciertos y para ello contar solo con las pruebas que se hayan practicado válidamente en el juicio, y en el presente caso los jueces que votaron por mayoría en el apartado TRES de la Valoración de la prueba argumentan estos hechos que no se pronunciaron en el apartado de hechos declarados probados, como ser que la Señora F. C. R. E. siendo Registradora Civil de Mapulaca, Lempira inscribió dos veces al menor hijo de su hermana M. N. R. E. y para ello trajo a juicio prueba documental autenticada consistente en la hoja de registro que corresponde al folio 97 según inscripción número 00063 de fecha lunes dieciséis de Julio del 2007, dicho documento es de entera credibilidad y efectivamente se establece con ello que el niño L. E. E. R. ya había sido inscrito antes con el nombre de L. E. R.E. Si esta declaración se hubiera establecido como hecho probado definitivamente esto validaría entablar un Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, con lo cual se omitiría realizar nuevamente este juicio y solo se casaría la Sentencia declarando a lugar dicho recurso emitiendo la correspondiente Sentencia Condenatoria, pero Como el vicio ha ocurrido en el Acto que se dictó Sentencia definitiva no se pudo subsanar la irregularidad en que se hace consistir este Primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. Seguros estamos que la Honorable Corte Suprema de Justicia va admitir el presente Motivo de Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y va a anular la sentencia recurrida, pero en el remoto caso que esto no suceda permítanos también invocar el siguiente Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma: B) Continúa manifestando el recurrente abogado D. E. S. en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. SEGUNDO MOTIVO: La incongruencia entre la Sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: Estimamos que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. La explicación del motivo es la que a continuación expongo: Es importante señalar Honorables Magistrados, en mi condición de representante Legal del Estado delegada, en base a lo establecido en el artículo 228 Constitucional y 17 numeral 1 del Código Procesal Penal en el alegato de apertura a juicio AMPLIÉ LA ACUSACIÓN en contra de la acusada F. C. R. E. por el delito de Abuso de Autoridad en concurso real con el de Falsificación de Documentos Públicos, en base a la prueba ya admitida preliminarmente por el Tribunal de Sentencia en la cual no se partía de hechos nuevos que generara la evacuación de otras pruebas desconocida por la defensa sino de la misma dinámica del delito que como funcionaria pública se le estaba deduciendo a la registradora Civil del municipio de Mapulaca, Lempira F. C. R. E. al falsear la verdad en la narración de los hechos en una segunda inscripción de nacimiento hecha al margen de la ley a favor de su menor sobrino L. E. R. E. hijo de su hermana M. N. R. E. constituyendo esa acción como Falsificación de Documentos Públicos, precisamente en uso del derecho de petición consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República y en relación al artículo 321 del Código Procesal Penal, que establece: Que si durante el juicio se tiene noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio que no hayan sido mencionados en la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito, el fiscal o el acusador privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate, inexplicablemente en una grave omisión los jueces que por mayoría votaron la sentencia hoy recurrida en el apartado TRECE de la valoración de la prueba hacen una pequeña relación de mi pretensión; Veamos entonces su valoración: “Aunque ya lo dijimos en el fallo, vale la pena señalar que no es posible que el acusador modifique o amplié la acusación en las conclusiones; y, nos ha señalado que tal situación solo cabe antes de la apertura del debate, por lo que se ha mandado a que las partes lo haga en el momento incidental de acuerdo al artículo 320 del código procesal penal, el presente caso, fue precisamente lo contrario lo que hizo el representante del Estado, el abogado S. ; dejando así en total indefensión a la señora R. E., pues no se ha defendido por ese nuevo tipo penal, como es el Abuso de Autoridad, pues amplio por ese delito en concurso real con el delito de Falsificación de Documentos Públicos; como es natural en el fallo se le denegó esa pretensión” (Lo subrayado y en negrita es nuestro) Pero solo es de observar Honorables magistrados que en la parte dispositiva de la Sentencia hoy recurrida, en ningún momento se pronunciaron referente a nuestra pretensión causando un vicio a la sentencia que ahora es objeto de este recurso, pues ya muy claro el artículo 337 del Código Procesal Penal establece : La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación o en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas.- El silencio u omisión de los Jueces que por mayoría votaron una Sentencia Absolutoria, nos limitó poder hacer uso de los recursos que nos franquea la ley; Como el vicio ha ocurrido en el Acto que se dictó Sentencia Definitiva no se pudo subsanar la irregularidad en que se hace consistir este segundo motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. C) Continúa manifestando el recurrente abogado D. E. S. en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. TERCER MOTIVO: Que en la Sentencia que se recurre el Tribunal de Sentencia no valoro la prueba en observancia de las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Estimamos que este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. La explicación del motivo es la que a continuación expongo: Es de todos sabido que la base fundamental de las sentencias definitivas en materia Penal, se constituye la declaración de los hechos probados, es sobre los hechos que el Tribunal de Sentencia declara acreditados en el juicio, es que se construye todo el edificio del juicio, pero más sin embargo veamos entonces cual es el fáctum de la sentencia que estamos recurriendo: El Tribunal de Sentencia en base a los hechos declarados Probados PROCEDIO A LA VALORÁCION DE LA PRUEBA en forma expresa lo siguiente: “UNO:.. También nos sirve de Soporte para el hecho número Uno declarado como probado, la inscripción debidamente autenticada que corresponde al folio 28, inscripción número 00061 del once de junio del año 2008, en la que consta que F. C. R. E. sin lugar a dudas era la registradora Civil del municipio de Mapulaca cuando M. N. R. E. compareció a inscribir a su menor hijo L. E. E. R.-Del documento que analizamos en este apartado, no existe motivo para dudar de su información, pues es de naturaleza pública y no nos queda otra que dar por cierto lo que en él se dice; Véase, que en la referida hoja de inscripción, no se hace constar que haya comparecido el señor M. A. E., sino solo la señora M. N. R. E. DOS.. TRES: Ha sido tesis de la Acusación Pública a la cual se ha unido el representante del Estado, que la señora F. C. R. E., siendo Registradora Civil de Mapulaca, Lempira inscribió dos veces al menor hijo de su hermana M. N. R. E. y para ello trajo a juicio prueba documental autenticada consistente en la hoja de registro que corresponde al folio 97 según inscripción número 00063 de fecha lunes dieciséis de Julio del 2007, dicho documento es de entera credibilidad y efectivamente se establece con ello que el niño L. E. E. R. ya había sido inscrito antes con el nombre de L. E. R. E. CUATRO: A fin de acreditar el parentesco entre la acusada y la señora M. N. R. E. y el menor L. E. E. R. ahora L. E. R. E. el Ministerio Público produjo en el acto del debate las certificaciones de nacimiento de ambas, las cuales por tratarse de documentos públicos no dudamos de su contenido, consecuentemente se ha establecido la pretensión por la cual se produjo esta prueba. . . .CINCO: Con el fin de establecer que se ha cancelado la segunda inscripción de fecha 11 de junio del 2008 del Registro Nacional de Las Personas oficina Mapulca, Lempira correspondiente al niño L. E B. R. , el Ministerio Público trajo al debate prueba documental consistente en una comunicación girada por el Registro Nacional de las Personas al Registro local del municipio de Mapulaca, Lempira y firmada por el Secretario General, de esa institución, Abogado F. F. A. D.; así como también se evacuó una constancia con la que se establece que la referida inscripción se ha cancelado; tales documentos son de carácter público, por eso no dudamos de su contenido, además de haber sido controversia entre las partes, por lo tanto sea establecido la pretensión por la cual se propuso esta prueba, como ser que se ha cancelado dicha inscripción”... Es evidente que los Jueces que votaron por mayoría a favor de absolver a la Imputada F. C. R. E. no valoraron en su conjunto y en forma armónica toda la prueba producida en el debate más sin embargo solo con la prueba valorada en los apartados descritos anteriormente era más que suficiente para emitir un fallo de condena pues evidentemente y tal como lo razono en su voto particular del Juez disidente sus colegas hicieron caso omiso de un dato muy simple pero de gran importancia, y es el hecho que la persona que facilito los datos para hacer la inscripción al margen de la ley, es la madre del menor y ella es la señora M. N. R. E. hermana de la Registradora F. C. R. E. tía del menor L. E. R. E. , funcionaria del Registro Civil de Mapulaca, que en fecha dieciséis de Julio del dos mil siete ya había registrado la inscripción del nacimiento del menor ya mencionado, como puede ser entonces que siendo hermana de la madre y tía del menor, ella no supiera con precisión meridiana la realidad de la ilicitud del acto que ella estaba realizando, ya que ella como la persona que realizo las dos inscripciones tenia pleno conocimiento como funcionaria Ministra de Fe Pública por el imperio de la ley y como familia por consanguinidad de la persona que le proporciono la información, ya sabía que existía una primera inscripción violentando los artículos: 29 de la Ley del Registro Nacional de las Personas que establecen en el numeral 7 que le prohíben a los registradores hacer anotaciones que modifiquen el estado civil de una persona sin el respaldo de la documentación correspondiente y del articulo número 41 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, que el expediente de vida se anotaran todos los actos relacionados con la vida de una persona y que la inscripción de nacimiento es única, y para agravar la situación de ilegalidad de esta segunda inscripción, además en la nueva inscripción se estaba incluyendo el nombre de M. A. E. , como padre del menor sin estar el presente en el momento de la inscripción, y sin contar con su beneplácito para hacer la nueva inscripción, y para ilustrar esta situación traemos a discusión lo que reza, el artículo 56 de la Ley del Registro Nacional de las Personas que literalmente dice que las inscripciones de nacimientos que no se practiquen personalmente por los padres podrán ser impugnados por ellos, por lo cual con esto se pone de manifiesto que si es necesario la presencia o autorización de ambos padres para hacer una inscripción de nacimiento. Es importante Honorables Magistrados señalar que los jueces que votaron por mayoría erróneamente interpretaron el artículo 120 de la Ley del Registro Nacional de las Personas pues a su criterio esta calificación de delito de Falsificación de Documentos públicos se trata de una conducta penal especial, cuya especialidad, no solo se da porque esta incrustada en una ley que no es penal sino administrativa, sino que para que se perfeccione el delito, es necesario que estos supuestos de conducta reprochable sean con el objeto de remitirlos al Tribunal Supremo Electoral; es así que si cualquiera de esas conductas se dieren y no fueren para ese fin, sencillamente no constituyen delito Y es por ello que no somos ajenos a que no se haya desp1egado una conducta por parte de la señora F. C. R. E. estando ésta como Registradora Civil del Municipio de Mapulaca, Lempira, pero esta conducta al no tener como fin él envió (TSE) tal y como lo hemos explicado no constituye delito, convirtiéndose en su accionar en una conducta atípica. (Lo Subrayado es nuestro). El artículo 120 antes relacionado fue interpretado en forma errónea por los jueces que votaron por mayoría la Sentencia hoy recurrida pues éste comprende varios supuestos o acciones para incurrir en una conducta típica contraria a la ley penal, como lo es el delito de Falsificación de Documentos públicos, veamos: 1) Alteración o falsificación de las inscripciones; 2) Alteración o falsificación de Resoluciones relativas al estado civil; 3) Alteración o falsificación de los documentos oficiales de identificación de la persona natural y de las certificaciones de los mismos; 4) Alteración o falsificación de la información registral, que se proporciona al Tribunal Supremo Electoral cualquiera que sea la base de datos.- Este último supuesto es en el que erróneamente se ofuscaron los juzgadores omitiendo los otros supuestos que entran en conflicto con la ley penal pues evidentemente este artículo taxativamente nos remite que se sancionara conforme lo que determina el Código Penal. Estos Jueces reconocen que la acusada F. C. R. E. desplegó una conducta contraria a la ley al falsificar una segunda inscripción de su menor sobrino L. E. R. E. por L. E. E. R. , pero según ellos no constituye delito pues al no tener como fin esa conducta él envió de dichos documentos al Tribunal Supremo Electoral; apreciación como reitero errónea de la ley que pudo ser objeto de Casación por Infracción de Ley si los hechos que declararon Probados se hubieran redactado de forma clara, coherente, lógica y terminante, pero más sin embargo en el Voto particular del juez disidente éste es claro, coherente y terminante al valorar la prueba evacuada conforme a la sana critica, a las máximas de las experiencia del razonamiento lógico, la psicología, y sobre todo las máximas de la experiencia, así como al interpretar el Artículo 120 Ley del Registro Nacional de las Personas, pues manifiesta que conforme a esta ley especial para cometer el delito de Falsificación de Documentos Públicos, únicamente se necesita que se altere una inscripción de nacimiento ya existente o se haga una nueva inscripción con información falsa para que se configure este delito.- En iguales condiciones regula nuestro código penal vigente el delito de Falsificación de Documentos Públicos en el artículo número 284 y que establece: Será sancionado con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo en parte un documento público falso o altere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1) 2)Suponiendo en un acto la intervención de personas que no lo han tenido. 3) 4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos....5)... 6)....7)....8)....9)... En el caso concreto vemos que el tipo penal se cumple o se perfecciona porque concurren los requisitos siguientes: El primero que consiste en el elemento objetivo del tipo penal que radica por un lado, en hacer un documento falso, situación se corrobora en el presente caso ya que la señora Registradora del municipio de Mapulaca, Lempira, a sabiendas que la ley establece que a todas las personas se les puede inscribir su nacimiento una sola vez y como consecuencia de eso, solamente tiene que contar con un expediente de vida, ella aun y cuando conocía que el menor ya estaba inscrito, le
Abrió otro expediente de vida a su sobrino, L. E. R. , convirtiendo este segundo expediente en un documento apócrifo, por lo tanto en resumen, al inscribir en dos veces el nacimiento del menor, con ese accionar se cumple el requisito objetivo del tipo penal. El segundo requisito que es de índole subjetivo, concurre en el supuesto enjuiciado, ya que la imputada en su condición de Registradora Civil actuó con la finalidad de confeccionar una segunda inscripción de nacimiento para su sobrino L. E. R. E. a sabiendas que esto era ilegal ya que existía una inscripción anterior que fue hecha por ella misma, y esto con la intención de ayudar a su hermana la señora M. N. R. E., a poder incoar una demanda de alimentos en contra M. A. E., persona que ella considera tiene el deber de proporcionar alimentos a su hijo, situación está conectada en forma directa con la tramitación y posterior emisión de la tarjeta de identidad del señor M. A. E. con esto se configura el dolo con que se actuó y sobretodo el perjuicio patrimonial y moral ocasionado al señor M. A. E. por la demanda de alimentos que se le promovió en el Juzgado de Familia de F. Morazán, pues se acredito en juicio la existencia de dicho proceso que fue declarado sin lugar y además se acredito que la señora M. N. R. E. promovió demanda de Reconocimiento Forzoso de Paternidad contra el señor M. A. E. la cual fue declarada caducada la instancia y archivado el expediente; Pero evidentemente si la señora M. N. R. E. si tenía convicción de que el señor M. A. E. Era el padre de su menor hijo porque no continúo con el proceso judicial incoado sino que busco la salida más fácil y con el concurso de su hermana F. C. R. E. procedieron a falsificar una segunda inscripción de nacimiento del menor L. E. R. E. por L. E. E. R. suponiendo el reconocimiento de hijo del señor M. A. E. Sin su consentimiento, documento que tramitado únicamente para demandar por Alimentos al referido ciudadano, omitir el castigo de dicha conducta penal sería entrar a la ingobernabilidad en la cual cualquier ciudadano que se sienta afectado por cualquier circunstancia puede hacerse justicia por su propia mano irrespetando la ley y sin observar los procedimientos legales establecidas en las mismas. Por todo lo anteriormente relacionado los jueces del Tribunal sentenciador que votaron por mayoría no valoraron correctamente dicha prueba conforme a las reglas de la sana critica, para formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y en aplicación del razonamiento lógicos y las máximas de las experiencias, De lo antes expuesto resulta que el no haberse valorado la prueba en su conjunto conforme a las Reglas de la sana Crítica con lo cual se configura plenamente el motivo de Casación en la forma que se está alegando, procede en consecuencia, que en la sentencia que habrá de dictar la Honorable Corte Suprema de Justicia se anule el fallo recurrido y se ordene asimismo la devolución de sus antecedentes al Tribunal de su Procedencia para que se sustancie un nuevo juicio con jueces distintos a los que conocieron el presente juicio. Como el vicio ha ocurrido en el Acto que se dictó Sentencia Definitiva no se pudo subsanar la irregularidad en que se hace consistir este Tercer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurrente Número 1 Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, único motivo. 1) Expresó el recurrente que el Tribunal A-quo incurrió en trasgresión a las reglas de la sana crítica al momento de razonar la prueba, consignando como norma que le permite la presentación del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que la prueba aportada en el debate permite establecer la participación directa, dolosa e innegable de la imputada F. C. R. E. en el delito de falsificación de documentos públicos, consistente en la elaboración de una segunda inscripción a favor del menor L. E. R. E. en el Registro Nacional de las Personas. Al momento del debate se incorporó la inscripción número 00063 de fecha 17 de julio de 2007 del menor L. E. R. E. en la que aparece únicamente con el apellido de su madre; pero igualmente se incorporó la inscripción número 00061 del 11 de junio del 2008 en el cual se registra nuevamente al menor pero con el nombre de L. E. E. R. es decir se incluye el nombre de su padre el señor M. A. E. sin que exista alguna sentencia u orden de autoridad competente. Estableció que la valoración que el juzgador hiciera de esta prueba carece de evidente derivación, procedimiento lógico del pensamiento que forma parte de las reglas de la sana crítica. Se evacuó además las siguientes pruebas: a) Testifical del señor M. A. E. quien es el padre biológico del menor, pero que manifestó que nunca prestó su tarjeta de identidad para que inscribieran a su vástago; b) Documental consistente en certificación de acuerdo N° 041-2005 de nombramiento de F. C. R. E. como Registradora Civil Municipal del municipio de Virginia al municipio de Mapulaca, ambos en el departamento de Lempira; dos hojas de inscripción número 00061 y 00063, la primera a nombre del menor L. E. R. E. pero en la segunda inscripción fue nombrado como L. E. E. R. ; certificación de nacimiento de la señora F. C. R. E. y M. N. R. E. comunicación girada por el registrador nacional en la cual se cancela la segunda inscripción del menor debido a la forma irregular en que se efectuó. Expresa el reclamante que el Tribunal sentenciador en su mayoría expresó argumentos contrarios a las reglas de la sana crítica como ser: que en relación a la declaración del señor M. A. E. estableció que su testimonio estaba en contradicción con la prueba de descargo, es decir con la deposición de la señora M. N. R. E. y con la prueba de ADN que no lo excluye como padre biológico de L. E. R. E. por lo que es evidente que mintió en su declaración. Respecto a la prueba documental expresó que le merece entera credibilidad pues resulta objetivamente confiable dado que se trata de varios documentos públicos, pero en el numeral decimoprimero señaló: “…los acusadores han dicho, que la acusada hizo todo un documento público (Nueva inscripción) que no causó perjuicio…: ahora vemos que la acusada hizo un nuevo documento público que constituye una segunda inscripción, sí, alteró el anterior registro, no, se mantiene tal como se hizo, resultó perjuicio, no, porque no es delito y diremos por qué en seguida…” 2) La jurisprudencia de esta Sala de lo Penal ha establecido, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el código procesal penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el a-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: a) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. ii) No contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen. iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. b) Derivación, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los señalamientos del recurrente, este supremo Tribunal debe examinar los raciocinios que esgrimió el juzgador para valorar el legajo probatorio y determinar con ello si dichas reglas fueron incumplidas o por el contrario fueron observadas y empleadas en sus razonamientos. En el acápite “Valoración de la Prueba” numeral uno, el juzgador razona la prueba documental consistente en la certificación de acuerdo número 041-2005 mediante la cual se nombra a la imputada F. C. R. E. como Registradora Civil Municipal de Virginia y Mapulaca ambas en el departamento de Lempira; documento que le merece credibilidad, de igual forma para acreditar su nombramiento como tal, los sentenciadores tienen como soporte la hoja de inscripción autenticada número 00061 del 11 de junio de 2008 en la cual consta la firma de la acusada y mediante la cual la señora M. N. R. E. compareció a inscribir a su menor hijo de nombre L.E.E. R. documento que para los sentenciadores no les hace dudar de su información pues es de naturaleza pública, afirman además que en dicha hoja de inscripción no se hace constar que haya comparecido el señor M. A. E. sino solo la señora M. N. R. consecuentemente dan por probado que solo ella compareció a inscribir a su menor hijo con el nombre de L. E. E.R. En este primer apartado observa esta Sala de lo Penal, que el juzgador efectúa un proceso mental erróneo y contrario a la regla lógica en su principio de no contradicción, pues primero afirma que no dudan de la información que contiene la hoja de inscripción número 00061 pues es de naturaleza pública, pero posteriormente en el numeral cinco del mismo apartado, razona una constancia enviada por el Registro Nacional de las personas en la que se establece que la referida inscripción (N°00061) fue cancelada por haberse efectuado de manera dudosa; por lo que, si esa certificación de inscripción fue cancelada, es lógico que la información en ella contenida no es verdadera, es decir la información contenida en la hoja de inscripción número 00061 del 11 de junio del 2008 no es correcta según lo razona más adelante el propio juzgador, por lo que efectúa un proceso intelectivo equivocado y contrario a las reglas del recto entendimiento humano. 4) En el numeral dos del mismo apartado valoración probatoria, el a-quo razona la declaración de la señora M. N. R. E. quien en defensa de su hermana la acusada F. C. R. E. estableció que ella tuvo una relación con el señor M. A. E. producto de la cual nació el niño L. E. R. E. a quien en principio inscribió solo como hijo suyo ya que había perdido comunicación con el señor E. al llegar a Tegucigalpa a realizar estudios volvió a encontrarse con el señor M. A. E. quien le dijo que quería que el niño llevara su apellido, que le ayudaría en su manutención, que se encargaría de anular la primera inscripción y que se llevara su cedula para que lo inscribiera, hasta le sugirió un nombre, por lo que así lo hizo la declarante y se presentó al Registro Civil Municipal de Mapulaca y presentó los documentos necesarios a la registradora incluyendo la cédula del señor E. Al regresar a Tegucigalpa le devolvió la tarjeta de identidad, una sola vez le ayudó a su hijo y con el tiempo se volvió a interrumpir la comunicación y como no le ayudaba lo demandó por alimentos, se canceló la segunda inscripción y ahora se niega reconocer a su hijo a pesar que hay una prueba de ADN que confirma su paternidad. El Tribunal sentenciador razona esta declaración diciendo que no encuentran en su testimonio ambivalencias o discordancias, salvo con la declaración rendida por el señor M. A. E. a quien no le concede credibilidad; afirma el a-quo que es tal la veracidad del testimonio de la señora M. N. que no niega las dos inscripciones hechas a su hijo; afirman que para el registrador civil municipal debe prevalecer el interés superior del niño, como ser que tenga un nombre, el apellido de su padre biológico y de su madre. Estos razonamientos efectuados por el sentenciador, violentan sin duda la lógica en su principio de razón suficiente, en primera instancia afirma que el testimonio de M. N. R. E., hermana de la acusada, no presenta ambivalencia excepto con lo manifestado por el señor M. A. E. sobre este particular considera esta Sala de lo Penal que el razonamiento del juzgador es falto de suspicacia, pues resulta lógico que al presentarse el señor M. A. E. como testigo de la acusación y la señora M. N. como testigo de la defensa, sus declaraciones serán contradictorias pues precisamente es parte de los puntos que se discutirán y dilucidarán en el juicio, corresponde al sentenciador establecer cuál testimonio le parece creíble y porqué, pero no parece coherente darle credibilidad a un testigo de la defensa por el solo hecho que el testigo de la acusación declaró de manera contraria. De igual forma establece el juzgador que en la labor de los registradores civiles debe prevalecer el interés superior del niño, esto sin duda alguna es desconocer la investidura para lo cual fueron nombrados tales funcionarios públicos, pues ellos son ministros de fe y por tanto deben salvaguardar la fe pública y por ende la seguridad jurídica; no es posible que se esté justificando el actuar de la acusada al permitir una doble inscripción de nacimiento para el menor L. E. R. E. , pues existen otros mecanismos legales ya establecidos en nuestra legislación a través de los cuales se puede conseguir que dicho menor sea reconocido por su padre y que éste se haga responsable de su paternidad. Por tanto el interés primordial que debe salvaguardar un registrador civil es la fe pública y la seguridad jurídica como partes integrantes de un democrático Estado de derecho. 5) En el numeral seis (6) el juzgador razona la declaración del señor M. A. E. padre biológico del menor L. E. R. E. según la prueba de serología forense (ADN); ya nos hemos referido a ciertos argumentos del sentenciador, pero en este numeral llama poderosamente la atención que el a-quo estableció “… que ha mantenido el Tribunal Supremo, que el testigo que miente en parte, miente en todo.” Dicha aseveración en la cual se tiene como referencia a esta Sala de lo Penal, ha sido erróneamente interpretada por el a-quo, pues la línea jurisprudencial de la Sala ha considerado al respecto: “Que para la valoración del testimonio han de analizarse elementos de carácter objetivo y subjetivo. El examen objetivo del declarante sirve fundamentalmente para percatarse de la existencia y funcionamiento de sus sentidos, de este modo, el funcionario encargado de recibir el testimonio debe procurar establecer no sólo la existencia sino las condiciones de funcionamiento de los sentidos del testigo, tanto al momento de realizarse la percepción como cuando rinde la declaración. Dentro del examen objetivo del testigo conviene precisar si al momento de la percepción de los hechos o al transmitirlos estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga que pueda producir trastornos intelectuales pasajeros o permanentes. En lo que concierne al análisis de los elementos subjetivos del testimonio, el mismo comporta el estudio de la forma en que el testigo percibió los hechos, de su capacidad para conservarlos en el memoria, de las facilidades que posea para la evocación de sus recuerdos y finalmente de la manera como puede y quiere transmitirlos al Juzgador encargado de la recepción de la prueba. Es importante señalar que al momento de valorar si una persona ha faltado o no a la verdad es necesario distinguir dos conceptos que aunque puedan parecer equivalentes presentan grandes diferencias: la sinceridad y la veracidad. Un testigo es sincero cuando narra lo que él percibió o creyó percibir, independientemente de si esos hechos por él transmitidos tuvieron o no real ocurrencia en la forma como él los aprehendió. Lo que importa para que exista sinceridad no es que el relato coincida exactamente con la forma como los hechos ocurrieron, sino que el testigo los relate convencido de que realmente acaecieron en la forma como él los transmite. Por el contrario, un testigo es veraz (Y su testimonio verídico) cuando la narración que hace de los hechos coincide exactamente con la forma en que aquellos realmente ocurrieron. En consecuencia, cuando el declarante no sea veraz, su inexactitud puede deberse a simples errores o a mentiras dichas bien sea en forma voluntaria o de manera incontrolada debido a problemas sicológicos (Vid. R. A., YESID, en La Prueba Testimonial, Ediciones “R. E. Abogados Ltda.”, Bogotá, 1988, Págs. 164-165).[1] Todo Tribunal de la República que desee hacer referencia a la doctrina jurisprudencial de la honorable Corte Suprema de Justicia en cualquier materia, debe enunciar no solo el criterio o argumento vertido por la Sala, sino que además debe ser específico al señalar los números de las sentencias en donde se haya extraído tal argumento jurídico, pues al no hacerlo, tal criterio se convierte en simples apreciaciones particulares del a-quo que está juzgando la causa, tal como ocurre en el caso bajo examen. 6) En el numeral siete (7) de la valoración probatoria, refiere el juzgador en sus últimas líneas, que en primer lugar la acusación imputa una acción a la acusada que no considera delito pero además establece que no se ha probado que se le haya causado un perjuicio a la fe pública, pues pedir alimentos a través de una demanda a alguien que se refuta como padre, no lleva implícito causar un perjuicio precisamente porque el Estado protege al que está por nacer, con mucha más razón al ya nacido y probado científicamente quien es el padre y le da reserva que es reembolso de cantidades por si el demandado obtiene la absolución. Observa esta Sala de lo Penal que el sentenciador en primer lugar es contradictorio, pues refiere acertadamente que el bien jurídico protegido en el delito de falsificación de documentos públicos es la “Fe Pública” y no el señor M. A. E. pero más adelante establece que se le da una reserva al mencionado señor, el reembolso de las cantidades por si el demandado obtiene absolución (refiriéndose a la demanda de alimentos que se había interpuesto contra el señor E. por lo que considera que no existió perjuicio alguno, en este otro razonamiento entonces si toma como ofendido al señor M. A. E. contradiciéndose en sus apreciaciones. Otra situación que establece el juez a-quo es que no existió perjuicio para la fe pública pues expresó que pedir alimentos a través de una demanda a alguien que se refuta como padre, no lleva implícito causar un perjuicio precisamente para el Estado, pues éste protege a los menores; sobre este particular esta Sala de lo Penal ya se había referido, pero consideramos importante recalcar que no es posible justificar una acción lícita (demanda de alimentos) con un documento ilícito (segunda inscripción de nacimiento) y si bien el Estado resguarda a los menores de edad, también cuenta con los mecanismos legales para ofrecer tal protección, pero el justificar la elaboración de una segunda inscripción de nacimiento para dar paso a una demanda de alimentos, es desconocer los alcances y estamentos que conforman el debido proceso en nuestro sistema judicial; en consecuencia, el bien jurídico que se protege con el delito de falsificación de documentos es en efecto la fe pública, que no es más que la confianza de la sociedad en el valor probatorio de los documentos o en su valor constitutivo, el razonamiento del sentenciador debe ir enfocado en establecer si al extenderse una segunda inscripción de nacimiento de un mismo menor, se está poniendo en precario la confianza en las instituciones estatales encargadas de dichos trámites y por ende la seguridad jurídica. 7) Otros argumentos contrarios a la lógica en su principio de derivación y que expresó el juzgador se encuentra en el numeral once (11) de la sentencia recurrida, al afirmar que la segunda inscripción en la cual se nombra al menor como L. E. E. R. , estableciéndose el nombre y apellido de su padre, es un documento genuino y que también sigue siendo veraz pues la información que allí se recoge es totalmente cierta; tal conclusión es contradictorio con el documento extendido por el Registro Nacional de las personas, mediante el cual anuló la segunda inscripción por efectuarse de forma irregular, es decir, porque no se siguió con los procedimientos legales que la ley establece; por tanto, esa segunda inscripción es falsa, no por el hecho de que la información contenida tenga cierto grado de veracidad, sino que el procedimiento efectuado para llevar a cabo tal documento se realizó al margen de la ley, pues ya se cuenta con los procedimientos legales para que se reconozca la paternidad de un menor; errando en su apreciación el juzgador al establecer que dicha inscripción es veraz, pues el órgano del Estado encargado del registro de todas las personas nacidas en Honduras, ha dictaminado que dicha inscripción es nula. De igual forma en ese mismo apartado numeral 11, el Tribunal a-quo estableció que la posición de la parte acusadora era que la imputada F. C. R. E. falsificó documentos públicos teniendo como base lo estipulado en el artículo 120 de la Ley del Registro Nacional de la Personas en relación con el artículo 284 del Código Penal, de tales instrumentos consideró el juzgador que los acusadores realizaron una interpretación errónea de dichas figuras penales, pues consideró que el artículo 120 antes citado se refiere únicamente a los casos en donde dicha información tenga por objeto proporcionarse o enviarse al Tribunal Supremo Electoral pues razonó la ley del Registro Nacional como una ley penal en blanco en lo que respecta a la pena y no los supuestos que enmarca el artículo 284 del referido Código Penal. En este apartado el sentenciador nuevamente incurre en una interpretación errónea del artículo 120 de la Ley del Registro Nacional de las Personas en relación con el artículo 284 del Código Penal, pues hace referencia a que todos los supuestos contenidos en el artículo 120 son con el objeto de enviar la información al Tribunal Supremo Electoral, lo cual es incorrecto pues la mencionada norma refiere: “FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. La alteración o falsificación de las inscripciones y resoluciones relativas al estado civil, de los documentos oficiales de identificación de la persona natural y de las certificaciones de los mismos, así como de la información registral, que se proporcione al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cualquiera sea la base de datos, constituyen delito de falsificación de documentos públicos y se sancionara conforme lo que determina el Código Penal.” (Lo subrayado es nuestro) Este artículo claramente establece varios supuestos de falsificación de documentos, mismos que a continuación enumeramos: a) La alteración o falsificación de las inscripciones; b) La alteración o falsificación de las resoluciones relativas al estado civil; c) La alteración o falsificación de los documentos oficiales de identificación de la persona natural; d) La alteración o falsificación de las certificaciones de los mismos; e) Así como de la información registral, que se proporcione al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cualquiera sea la base de datos. El sentenciador erróneamente interpreta esta norma estableciendo que todos los supuestos que refiere el artículo son para proporcionar información registral al Tribunal Supremo Electoral, pero el legislador al momento de redactar dicha norma incluyó la palabra “así como” que es una locución conjuntiva con valor comparativo que significa ‘de la misma forma que’; en tal sentido el legislador lo que reguló en dicha normativa son todos los supuestos antes enumerados y aparte de todos ellos incluyó también la información proporcionada al Tribunal Supremo Electoral; por lo que, para esta Sala se hace evidente el error del juez sentenciador al efectuar un análisis del tipo penal por el cual es acusada la imputada. 8) En el resto de la sentencia el Tribunal sentenciador se enfoca en resaltar más el hecho de que el señor M. A. E. es el padre biológico del menor L. E. R. E. y por tanto posee derechos como a la manutención, al apellido etc.; perdiendo el enfoque principal por el cual fue requerido para juzgar, es decir, determinar si la señora F. C. R. E. es o no responsable del delito de falsificación de documentos públicos al haber permitido una segunda inscripción de nacimiento del menor L. E. mediante mecanismos irregulares. Todas estas inconsistencias hacen que los razonamientos del sentenciador se hayan conformado fuera de los lineamientos que manda las reglas de la sana crítica, en tal sentido es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación, anular el debate y la sentencia que se profirió y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral con togados distintos a los que participaron. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República en sus dos motivos, toda vez que ha prosperado la impugnación presentada por el Ministerio Público con los efectos legales que eso conlleva. V. DECISIÓN Se declara con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362.2 y 369 del Código Procesal Penal; 120 de la Ley del Registro Nacional de las Personas en relación al 284 del Código Penal. FALLA: Primero: Declarando CON LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por el abogado F. R. F. , en su condición de fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra la señora F. C. R. E. a quien se le sigue proceso por el delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública. SEGUNDO: Casa la sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira. Y MANDA: I. Que se repita el debate con un tribunal integrado por jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II. Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO R. VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.-Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-324-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 255-2009 dictada por esta Sala de lo Penal en fecha 15 de mayo del 2012