Sentencia CP-323-13 — Registro 9148
Resumen
Se absuelve al imputado por el delito de amenazas y se condena como responsable del delito de usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta sala de lo penal es del criterio que para la interpretación correcta del precepto de carácter adjetivo que relaciona el recurrente en la exposición del motivo de casación es necesario considerar su contenido en todo su contexto, así podemos verificar que el Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Artículo 54. Jurisdicción penal. Corresponderá a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los órganos de la jurisdicción penal tendrán, con exclusividad, la potestad pública para conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias. La jurisdicción en materia penal será improrrogable y comprenderá: 1) El conocimiento de los delitos y faltas cometidos en el territorio nacional, salvo lo establecido por el Código Penal, por este Código y por las normas del Derecho Internacional vigentes en la República; y, 2) El conocimiento de los delitos cometidos en el extranjero en los casos que el Código Penal señala. El órgano jurisdiccional competente, para conocer de un delito o falta, lo será también para resolver las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del proceso, aunque no pertenezcan al orden penal, siempre que tales cuestiones se encuentren tan íntimamente ligadas al hecho punible, que sea racionalmente imposible su separación. La resolución de tales incidentes, sin embargo, producirá efectos únicamente en materia penal y se fundará en los preceptos legales correspondientes. No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, sólo podrán ser resueltas por los tribunales civiles”. También debemos partir para el análisis de la cuestión planteada por el recurrente, que en el esfuerzo de interpretación de las leyes en general, resultan de utilidad las reglas del método lógico-sistemático consignadas en el artículo 19 del Código Civil donde se prevé que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”. Así las cosas, cabe preguntarse si en todos los procesos criminales incoados ante los órganos jurisdiccionales del orden penal por el delito de usurpación y en los que se presenta un litigio o controversia sobre el derecho de propiedad, el juez de lo penal está impedido de seguir conociendo del proceso y por ende deberá estarse al pronunciamiento que puedan emitir los tribunales del orden civil, quienes en virtud del principio dispositivo solamente actúan a instancia de parte, pese a que por otro lado, el artículo 227 del Código Penal vigente, contentivo del tipo penal de usurpación, expresa que “…tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce del caso ordenará el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”. 3. A criterio de esta sala, una interpretación sistemática de las normas antes relacionadas nos conduce a contestar a la interrogante planteada de manera negativa: no todos los casos en que al incoarse un proceso por usurpación de un bien inmueble se alegue la propiedad por ambas partes, es decir por el acusador y los imputados, el juez de lo penal se ve impedido de seguir conociendo normalmente del proceso para actuar como un mero espectador y estarse a lo que eventualmente puedan resolver los tribunales del orden civil. A criterio de esta sala, es necesario que la cuestión incidental extrapenal sea de tal complejidad y de gran dificultad para su resolución, que la especialización propia de dichos tribunales en razón de la materia sustraiga el conocimiento del conflicto a los órganos jurisdiccionales del orden penal. De este modo, en aquellos casos en que la pretensión de dominio de los meros ocupantes de hecho recientemente instalados en un predio, se contrapone frente al reclamo del anterior poseedor quien tiene un título inscrito desde hace varios años, podemos afirmar que el conflicto intersubjetivo planteado en tales términos puede ser conocido por la jurisdicción penal al interponerse el requerimiento fiscal o en su caso la querella por el delito de usurpación, por ser la determinación de la propiedad como elemento extrapenal del tipo, una cuestión que no reviste una gran complejidad. Y es que en este sentido, el carácter no devolutivo de las cuestiones incidentales extrapenales, es una regla de general observancia. Ello resulta de lo dispuesto en el artículo 54 del CPP, cuando expresa que corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas, y que los órganos que la componen tienen con exclusividad, la potestad pública para conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias, añadiendo que el órgano jurisdiccional competente, para conocer de un delito o falta, lo será también para resolver las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del proceso, aunque no pertenezcan al orden penal, siempre que tales cuestiones se encuentren tan íntimamente ligadas al hecho punible, que sea racionalmente imposible su separación. En el caso que ahora nos ocupa es importante señalar que de conformidad a lo prescrito por el artículo 46 del CPP, la excepción de incompetencia podrá interponerse oralmente tan pronto como lleguen al conocimiento del interesado, sin embargo, un examen detenido de los antecedentes revela que la misma no fue planteada en la fase de saneamiento previa a la audiencia de Proposición de medios de prueba, al haber precluido el término sin haber hecho uso del mismo las partes procesales (Folio No. 45). Siendo opuesta formalmente por la defensa en la fase de saneamiento (durante la audiencia de juicio oral y público) celebrada ante el Tribunal de Sentencia, órgano jurisdiccional que la declaró sin lugar (Folios No. 196 al 200, respectivamente, de la pieza de la etapa de juicio). Por otro lado cabe señalar que a la afirmación de competencia efectuada por el Tribunal de Sentencia, al pronunciarse sobre la excepción opuesta por la parte querellada, sustentó su desición en que tratándose de “…la incompetencia de tribunal para conocer de este asunto, el articulo 47 ya establece el momento procesal oportuno para poderlo promover o interponer ya que este artículo le limita el tiempo de interposición de esta excepción y es precisamente en la audiencia inicial o entendiéndose en el presente caso como una acción privada que sería en el primer momento en que las partes tienen contacto ya con el proceso y sería en el momento que el tribunal requiere a las partes para que se pronuncien sobre excepciones o nulidades que sería el momento oportuno para promover la incompetencia del tribunal, si se debió promover en este término, a esta altura estaríamos ya en un término precluido” (Folio No. 197). 4. De la lectura del hecho declarado probado se desprende que el acusado R. A. Irrumpió en dos ocasiones en la propiedad de los señores R. O. H. R. y la señora M. C. L. T., la primera con auxilio de sus hijos quienes portaban arma de fuego y la segunda vez con apoyo de personas con uniforme militar, expropiándoles violentamente de la posesión de un terreno donde tienen adherido en mejoras un barracón de madera y tres casas de habitación. Asimismo, el A Quo consideró la existencia de una serie de documentos y hechos derivados de la prueba, como ser el título inscrito y los antecedentes registrales del inmueble, con el cual se acreditó el derecho que tiene el señor O. R. H. R. y la señora M. C. L. T., elementos que concatenados y analizados en su conjunto nos permiten afirmar que el Tribunal de Sentencia, al afirmar su competencia y continuar con el trámite normal del proceso para juzgar la conducta del encartado acusado por la comisión de un delito de usurpación, contaba con los suficientes elementos de juicio para apreciar la razonable probabilidad en aquel momento de que se encontraba frente a la comisión de un hecho tipificado como delito y no ante un mero conflicto de naturaleza civil y por ende sin que la determinación del derecho de propiedad como elemento extrapenal del tipo se presentara como una cuestión incidental de tal complejidad que requiriese necesaria e inevitablemente que el órgano jurisdiccional penal dejase de conocer la controversia planteada para ceder su resolución por impulso de las partes y por los trámites propios del procedimiento civil a los tribunales de ese orden. 5. A criterio de esta Sala, la afirmación de competencia declarada por el tribunal A Quo, no ha quebrantado los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, relativos a la proclamación del estado de inocencia, juicio previo y de la garantía genérica del debido proceso, conforme a la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es por un juez o tribunal competente con las garantías, derechos y formalidades que la ley prevé. Es así como esta sala de lo penal considera que una lectura detenida y un análisis de la sentencia atacada en esta sede, no revela una infracción de los precitados artículos de nuestra norma constitucional. Por las razones anteriormente expuestas, el motivo que por infracción de precepto constitucional ha invocado la recurrente, debe ser desestimado. En cuanto al recurso de casación por infracción de ley sustantiva, en su primer motivo por haberse inobservado por parte del órgano sentenciador los preceptos sustantivos establecidos en los artículos 2C y 2D del Código Penal; y precepto constitucional en su segundo motivo por haberse inobservado por parte del órgano sentenciador el precepto sustantivo establecido en el artículo 11 del Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...."esta sala de lo penal observa que en el presente caso, los dos motivos de casación por infracción de ley sustantiva invocado por el recurrente carecen de claridad y precisión por cuanto el recurrente no ha fundamentado de conformidad a derecho su pretensión recursiva, ni ha determinado si el vicio de la sentencia recurrida se encuentra enmarcado en falta de aplicación, aplicación indebida o en una interpretación errónea, en su aplicación (Art. 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal). La defectuosa técnica de casación utilizada por el recurrente hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que éste pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta sala observa que el hecho declarado probado por el juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa legalmente incorporada al juicio, con la que el A Quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la efectiva participación del acusado R. A. en un delito de usurpación, en perjuicio de R. O. H. L. y M. C. L. Turcios. Por lo expuesto esta Sala de lo Penal, declara sin lugar los dos motivos de casación invocados por el recurrente...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintiocho días de julio de dos mil dieciséis. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 323-2013 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de junio del dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor R. A., del delito de amenazas, en perjuicio de los señores R. O. H. L. y M. C. L. Turcios.- 2) Condenando al señor R. A. como autor responsable del delito de usurpación en perjuicio de los señores R. O. H. L. y M. C. L. Turcios a la pena de tres (03) años de reclusión; más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- 3) Téngase por ejecutado por la Policía Nacional el desalojo del terreno referido en contra del acusado R. A.. 4) Declarando la responsabilidad civil al señor R. A. por el delito que es condenado.- 5) No procedió condenar en costas al señor R. A..- 6) No procedió el comiso.- Interpuso el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, la Abogada N. L. Q., actuando en su condición de Apoderada Legal del señor R.A. Son partes: El Abogado R. A. H. en su condición de Apoderado Legal del Señor R. A. como recurrente y el Abogado C. M. C. G. en su calidad de apoderado legal de los señores R. O. H. L. y M. C. L. T., como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO.- El día sábado catorce de enero del año dos mil doce, en el sector de Los Ranchos del municipio de Belén departamento de Lempira, el señor R. O. H. R. y M. C. L. T. fueron expropiados violentamente por el señor R. A. con auxilio de sus hijos quienes portaban arma de fuego, de la posesión de un terreno donde tienen adherido en mejoras un barracón de madera y tres casas de habitación. SEGUNDO.- En la misma fecha y ante solicitud de los ofendidos la Dirección Nacional de Investigación Criminal y el Ministerio Público de Gracias, Lempira, el señor R. O. H. R. y la señora M. C. L. T., fueron reintegrados en la posesión del inmueble del cual habían sido expropiados por el señor R. A. e hijos.- TERCERO.- En fecha jueves cinco de julio del mismo año, en el lugar ya indicado el señor R. A. con apoyo de personas con uniforme militar, mediante el mismo proceder privó por segunda ocasión al señor R. O. H. R. y M. C. L. T., de la posesión del terreno y sus mejoras en mención.- CUARTO.- El señor R. A., desde el día jueves cinco de julio del año dos mil doce, tomó posesión mediante violencia del terreno y las mejoras antes descritas, propiedad del señor R. O. H. R. y la señora M. C. L. T. e hijas”. III. RECURSO DE CASACIÓN “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ÚNICO DE CASACIÓN POR VIOLACIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Por haberse inobservado por parte del órgano sentenciador los preceptos constitucionales números 89,90 y 94 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 1 y 2 del mismo código. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO.- Resulta que abierta que fue la audiencia para el juicio oral y público, la defensa solicitó la observancia del artículo 54 del Código Procesal Penal, a fin de que fuera un juez civil, y no penal el que conociera previamente de los hechos que se le atribuyen al señor R. A., puesto que el inmueble en litigio está comprendido dentro el terreno proindiviso llamados Los Ranchos, en el cual mi representado también es condueño, según la documentación del tracto sucesivo que se había presentado y la transmisión de herencia desde su abuelo en 1946, hasta ser declarado heredero en el 2004. Debemos señalar que para afirmar nuestro criterio, respecto a nuestra solicitud señalamos a los Juzgadores la Jurisprudencia que al respecto ha sentado tan alto Tribunal a través de la sala de lo penal, como ser las sentencias de casación número 3177-3 del 28 de abril del año 2007, sentencia número 5207 del 16 de octubre del 2007, sentencia SP 369-2009 del 9 de junio del 2011. SEGUNDO.- Al no haberse observado el sentenciador el artículo 54 de nuestra ley adjetiva y la Jurisprudencia que está obligado a observar de acuerdo al artículo 19 del Código procesal Penal, se vuelve incompetente por razón de la materia, pues debió abstenerse de conocer aunque el conocimiento de incompetencia le llegara en tiempo inadecuado y de haber seguido conociendo tal y como lo hizo, debió absolver por incompetente. TERCERO.- Es por lo anterior, que la parte recurrente es del firme criterio, que el Tribunal de Sentencia de Gracias Lempira, dictó fallo condenatorio contra mi representado don R. A. sin estar legitimado, pues se colocó en calidad de incompetente violentado con ello los 89,90 y 94 de la Constitución de la República, los que por economía los rotulamos en un solo motivo, pues están íntimamente ligados, pues los tres preceptos exigen la competencia que debe ostentar el órgano jurisdiccional para sus actuaciones y es precisamente de lo que carecía el Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira para resolver por la vía penal el asunto atribuido al señor R. A. y olvido el principio de intervención mínima del derecho penal, que tiene plena cabida en el artículo 54 del código procesal penal y como también violentó los artículos 1 y 2 de nuestra ley procesal, pues sentenció a mi representado no teniendo competencia para ello apartándose de los principio establecidos en la Constitución de la República, lo que ya he mencionado. CUARTO.- Preceptos constitucionales violentados dentro de los derechos individuales los siguientes “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que se le haya impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente”. A tan altos purpurados de la justicia de país, les digo; que mi representado don R. A., fue juzgado por un Tribunal penal incompetente; se le declaró su responsabilidad penal a la cual no estoy de acuerdo por lo que ya he dicho, por un tribunal de sentencia penal incompetente y se le impuso una pena de tres años de reclusión (03) por un tribunal penal incompetente, pues el órgano sentenciador, al no apreciar la norma procedimental artículo 54 se colocó en estado de incompetencia para conocer de la causa y con ello se llevó de encuentro precisamente la formalidad que requiere dicho artículo y que no es otro cosa que abstenerse de conocer y dirimir la causa a la competencia civil, el Juzgado Unificado de Gracias Lempira. Con ello también se le ha conculcado a mi representado el derecho individual que le garantiza la Constitución de la República de ser Juzgado por un Juez o Tribunal Competente y la garantía del Debido Proceso.” “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NÚMERO UNO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA MOTIVO UNO: Por haberse inobservado los artículos 2-C y 2-D párrafo primero del código penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 2-C Y 2-D del Código Penal EXPOSICIÓN DEL. MOTIVO: PRIMERO.- Principio de lesividad violentado e incrustado en el artículo 2-C del código penal que se desarrolla de la siguiente manera: “No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal”. Una vez realizado el estudio pormenorizado de la sentencia recaída en contra de mi representado encontramos, que el Tribunal de Sentencia de Gracias Lempira, al haber declarado culpable del delito de Usurpación al señor R. A., aplicó una pena de tres años de reclusión, que a todas luces dados los hechos declarados probados de la sentencia, resultan infringidos los preceptos de carácter sustantivo contemplados en el código penal en sus artículos 2-C y 2-O párrafo primero del Código Penal, consecuentemente no es proporcional a la gravedad de los hechos realizados por don R. A., pues en principio no se subsume su acción en el tipo penal de usurpación tipificado en el artículo 227 del Código Penal. El sentenciador para la aplicación de la normativa penal de usurpación, antes debió observar: los artículos 2-C y 2-D del mismo código penal; y no está decirlo porque viene por añadidura la observancia de la normativa procedimental del artículo 54 de la ley adjetiva. Es así que de manera indiscutible la sentencia de condena dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias Lempira viola de manera directa la norma sustantiva el artículo 2-C y 2-D del Código penal, por haber impuesto una pena que de acuerdo a los Hechos declarados probados no corresponden a la acción penal de usurpación comprendida en el artículo 227 del código penal; dicho de otra manera el sentenciador desconoció de manera total el principio de subsunción, pues de acuerdo a los hechos declarados probados y la prueba evacuada en juicio aportada por nuestra parte, no se subsume el accionar de mi cliente en la normativa penal erróneamente aplicada por el Juzgador como lo es artículo 227 de la ley Sustantiva. SEGUNDO.- Como ya se lo dejé ver a los Jueces del Tribunal de Sentencias de Gracias Lempira, nuevamente señalo a tan alto Tribunal de Casación, que la acción que se le atribuye al señor R. A. por la que se le ha traído a juicio, no está protegido por la ley penal y si por la ley civil, puesto que no existe dolo y solo cuando este se dé podrá tener aplicación el artículo 227 del código penal; ¿Y porque no hay dolo?, por la documentación presentada en juicio en la cual sustenta el derecho mi representado. Y es que precisamente por lo anterior, el sentenciador antes de aplicar el artículo 227 del código penal debió aplicar los artículos 2-C y 2-O, pues estos hacen inaplicable el articulado anterior y por añadidura también el artículo 54 del código procesal penal pone coto a la aplicación el 227 del código que se invoca. Diremos; que para saber si en efecto se ha puesto en peligro efectivo un bien jurídicamente protegido por la ley penal, a efecto de lidiar con las maquinaciones fraudulentas de quien hace uso del órgano jurisdiccional penal, el legislador fue iluminado al incluir en el Código Procesal Penal el artículo 54 como alivio al artículo 2-C Y 2-D del Código Penal y así concederle al acusado por el delito de usurpación un salvo conducto enviándolo primero a la Jurisdicción Civil y es ésto último lo que no le importó al Tribunal de sentencia de Gracias Lempira. Honorables magistrados, he incluido como precepto sustantivo violentado y que debió observarse al artículo 2-D del código penal, puesto que las penas y medidas de seguridad, solo se impondrán cuando sean necesarias y en forma proporcional a la gravedad de los hechos realizados; y como verán, la pena de tres años de reclusión no es necesaria, por no estar protegido por la ley penal el accionar atribuido a mi representado, pero si por la ley civil, como tampoco es tan grave ese accionar que tenga que ser protegido por la ley penal. Debo de señalar también que al tener don R. A. documentos que sustenta su derecho en el terreno proindiviso Los Ranchos, su acción no constituye delito, consecuentemente, no se le pudo imponer pena alguna. TERCERO.- Si bien dentro de los motivos de casación por quebrantamiento de forma no figura la inobservancia del artículo 54 del Código Procesal, no se puede obviar que esta normativa adjetiva está íntimamente ligada a la normativa sustantiva del artículo 2-C del código penal; es así tal y como lo he dicho, que el artículo 54 de nuestra ley adjetiva nace a la vida jurídica como el camino para observar el 2-C del código penal y es por ello que teniendo como base este último artículo en acompañamiento con el anterior hacemos valer este recurso de casación como de fondo. De la Jurisdicción penal: artículo 54 del Código Penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los órganos de la jurisdicción penal tendrán, con exclusividad, la potestad pública para conocer de los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias. La jurisdicción penal será improrrogable y comprenderá: 1) El conocimiento de los delitos y faltas cometidos en el territorio nacional, salvo lo establecido por el código penal, por este código y por las normas de derecho internacional vigentes en la República; y, 2) El conocimiento de los delitos cometidos en el extranjero en los casos que el código penal señala. El órgano jurisdiccional competente, para conocer de un delito o falta, o será también para resolver las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del proceso, aunque no pertenezcan al orden penal, siempre que tales cuestiones se encuentren íntimamente ligadas al hecho punible, que sea racionalmente imposible su separación. La resolución de tales incidentes, sin embargo producirá efectos únicamente en materia penal y se fundaran en los preceptos legales correspondientes. No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles. De la normativa señalada, rescatamos entre otras cosas, que por regla general, la jurisdicción de los órganos encargados de la justicia penal, es para resolver las conductas humanas que estén señaladas por la ley penal como faltas y delitos, así como también conocerán de aquellas cuestiones incidentales que se encuentren íntimamente ligadas al asunto penal, que se haga imposible su separación; pero el legislador en la misma normativa, excluyó del conocimiento penal las tres conductas que ya hemos señalado y da su conocimiento al ámbito civil (el derecho de propiedad en el caso de usurpación) . Y es que lo anterior es así, cuando en el proceso penal resulte que tanto supuesta víctima como aparente imputado amparen su derecho al inmueble en litigio, en documentos auténticos o indubitados de posesión, pues son estos los que hacen desaparecer el dolo y si no hay dolo no hay delito, consecuentemente la sentencia debe ser absolutoria. Como podemos ver de acuerdo a la documentación evacuada por ambas partes, los dos contendientes afirman tener derecho sobre un inmueble proindiviso, cuyas colindancias son las del título, no las de las acciones porque estas jurídicamente no existen, (comunidad de bienes), con mucha más razón entonces el Juzgador debió absolver, pues nos preguntamos ¿Cómo pudo el sentenciador determinar la porción de terreno en el titulo Los Ranchas que se ha supuestamente usurpado?, pues esto debió dejarlo claro para determinar los hechos probados, así las cosas el sentenciador, con la declaración de hechos probados no ha declarado absolutamente nada, pues la usurpación como tal no es compleja, pero si cuando el inmueble que sufre la acción humana está en régimen de comunidad de bienes, tal y como es el caso, acción humana que solo podría ser amparada una vez que haya cesado la comunidad y se haya partido la misma. El Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira, aplica una pena que no resulta proporcional a la gravedad de los hechos realizados, en vista, de que la acción ejecutada por el imputado R. A. no se subsume en el tipo penal descrito como delito de Usurpación en la ley penal vigente. EXPLICACION AL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. Primero, estableceremos que antes de entrar en el estudio y resolución del motivo de casación por infracción de ley, conviene mencionar que ocurre—en la praxis judicial—como se demuestra en el presente caso, que con relativa frecuencia los órganos jurisdiccionales, ordenan someter al proceso penal a determinadas personas cuando de los hechos imputados resulta obvio que determinados “actos humanos” no gozan de las cualidades para ser estimados como delitos como delitos de acuerdo con la ley penal vigente, si no que esos actos humanos son propios de ser resueltos mediante procedimientos diferentes a la materia penal, por tratarse de cuestiones extrapenales, que en esencia, excluyen la determinación de elemento objetivo del delito lo que, a su vez, puede trascender al elemento subjetivo lo que acarrea como consecuencia lógica, que sin el concurso de estos dos elementos primordiales para la configuración de un determinado tipo penal, no se puede ni se debe estimar la existencia del delito, ni mucho menos se debe imponer una pena. Por ello en previsión de tales situaciones para intentar resolver los problemas que se pueden plantear en tales casos el legislador mediante la promulgación del Código Procesal Penal a través del artículo 54 párrafo último estableció las reglas siguientes: “JURISDICCION PENAL. Corresponderá a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los órganos de la jurisdicción pena tendrán, con exclusividad, la potestad publica para conocer los casos penales, resolverlos y ejecutar su sentencia. La jurisdicción en materia penal será improrrogable y comprenderá: 1. El conocimiento de los delitos y faltas cometidos en el Territorio Nacional, salvo lo establecido por el código penal, por este código y por las Norma del derecho Internacional vigentes en la Republica; y. 2. El conocimiento de lo delitos cometidos en el Extranjero en los casos que el código penal señala. El órgano jurisdiccional competente, como ser de un delito o falta, lo será también para resolver las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del proceso, aunque no pertenezcan al orden penal, siempre que tales cuestiones se encuentren íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación. La resolución de tales incidentes, sin embargo, producirá efectos únicamente en materia penal y se fundara en los preceptos legales correspondientes. No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del Estado civil de las personas al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra solo podrán resueltas por los Tribunales Civiles..”. De dicho precepto procesal se dice: entre otras cosas, que por regla general, la Jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales Hondureños encargados de la justicia penal, se extiende a resolver o conocer todos aquellos actos humanos que constituye delitos o falta penal, para el solo efecto de su represión o castigo, pero a su vez también, conocerán aquellas cuestiones incidentales que se encuentren intrínsecamente ligadas al asunto penal, que haga imposible su separación, por lo que a partir de esta genérica declaración debe reflexionarse que sin embargo, el propio legislador en el párrafo ultimo del artículo citado de la ley procesal, excluye de la jurisdicción penal tres clase de esas cuestiones incidentales, a saber. A) Las referentes a determinación del estado civil de las personas es decir la valides de un matrimonio o a la supresión del estado civil cuya resolución remite, inexorablemente, a la jurisdicción civil, de manera que la resolución que emita la Jurisdicción civil será vinculante para los Jueces de lo penal que se hallen conociendo de una causa criminal. B) Las demás cuestiones extra penales relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, que solo pueden ser resueltas por los Tribunales Civiles, o que es lo mismo que para determinar la culpabilidad o la inocencia, se requiere como los requisitos sine quanon, que exista una resolución dictada por el órgano competente de Jurisdicción Civil y por último; C) Las cuestiones referentes al derecho de propiedad en el caso de Usurpación de un inmueble o de cualquier otro derecho real, que solo podrán ser resueltas por la Jurisdicción penal cuando tales derechos aparezcan fundados en un título auténtico o actos indubitados de posesión que ya se hayan dilucidado en la Jurisdicción Civil. En ese orden de ideas, la imposición clara y precisa que fija el Legislador en la normativa citada, remite a la Jurisdicción civil que corresponda la resolución de las cuestiones extra penales y si bien concede a la jurisdicción de lo penal, en atención a la autonomía de la misma y del propio Derecho Penal, la facultad de resolver las cuestiones extrapenales determinantes de la inocencia y la culpabilidad, es para aquello supuesto en las que tales cuestiones aparezcan establecidos en el proceso penal con absoluta claridad, es decir, que ya se haya ya establecido en la materia civil, el estado civil de las personas, fijado la naturaleza fraudulenta de la quiebra o acreditado ante la jurisdicción civil que los derechos sobre un bien inmueble o derecho real aparecen fundados en un titulo autentico o actos indubitados de posesión. Por lo tanto; si nos remitimos a la sentencia recurrida observamos sin mayor esfuerzo alguno en este último caso el imputado R. A., es condenado bajo la penumbra de no haberse establecido donde se ubicaba el derecho el derecho de acción de los querellantes que nunca se demostró. Consecuentemente con lo textualmente relatado, el Tribunal de Sentencia no debió aplicar pena alguna al imputado, ya que el Tribunal de Sentencia, dejó de aplicar lo dispuesto en el artículo 2-C de Código Penal, que establece: “No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal” Es decir, el supuesto que se contempla en el artículo. 2-C del Código Penal, obliga a los jueces de sentencia que de ningún modo alguno, imponga una pena cuando la acción descrita e los hechos probados, no arroje luces que de esa misma acción u omisión humana puede subsumirse en delito, por lo que en el caso de duda o falta de claridad acerca de la cuestión extrapenal relativa al derecho de propiedad en el caso de usurpación de un inmueble o de cualquier otro derecho real donde no aparezcan acreditados fehacientemente tales derechos como fundamentos en un título autentico o actos indubitados de posesión, la Jurisdicción de lo penal abra de dictar Sentencia absolutoria, fundada en el precepto penal dejado de aplicar. Esta problemática de falta de aplicación del precepto panal relativo al artículo 2-C del Código Penal y Su relación a delito de usurpación a la que se refiere el artículo 227, capítulo IV del título VII de libro II del Código Penal no ofrece especial dificultad cuando la usurpación haya sido de la totalidad o parte importante de un bien inmueble o derecho real, pero adquiere especial complejidad cuando la supuesta usurpación, en el que el querellante ha sido declarado heredero de su difunto abuelo y teniendo en trámite herencia de su difunto hijo L. A. A. P., se le condene como usurpador violentando disposiciones del código civil donde los querellantes afirman que obtuvieron por donación entre vivos hecha a sus menores hijos tales inmuebles, debe de cumplirse lo contenido en el artículo 1308 del código civil, no valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces, si no es otorgada por escritura pública. Tampoco valdrá sin este requisito la remisión de una deuda de la misma especie de bienes. Y si en donación a menores debió comparecer el Ministerio Publico como garante de los bienes de los menores debiendo haberlos representado en Juicio, y por lo tanto brillaron por su ausencia en conclusión lo actuado provoca la Nulidad alegada en su momento, pero la falta de consentimiento de los Juzgadores dieron por valido tal situación. INTERPRETACION QUE SE PRETENDE: No obstante que no se está de acuerdo con la condena impuesta va que debió ser absolutoria, que cero para alegar este Motivo De Casación Por Infracción De Ley se debe obligadamente por cuestión procedimental, respetar la integridad y santidad de la sentencia recurrida y en vista de que la misma se comete el error in Indicando al no tener en cuenta esta situación que ha sido debidamente invocada, donde se ha demostrado idóneamente que la acción humana ejecutada por el señor R. A. no se subsume como delito de usurpación que fija la ley penal, incluso por llegar a ese error al no haberse agotado lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Procesal, resulta indiscutible que ese fallo viola de manera directa la Norma Sustantiva contenida en el artículo 2-C del Código Penal, por haberle impuesto una pena narrando hechos probados que no corresponden al delito de Usurpación que establece la Ley Penal vigente en su artículo 227, por lo que dicha Sentencia ha sido dictada fuera del marco del Principio de Legalidad establecido en la Ley Penal y Constitucional, consecuentemente, para concluir a efecto de establecer que la Jurisprudencia Hondureña ya ha señalado fehacientemente la nulidad de las Sentencias que infringen la Ley Sustantiva con este tipo de errores, me permito citar la siguiente sentencia de casación en base a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal. “cuando se alega FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, esta infracción se da cuando frente a una situación fáctica perfectamente determinada, el Juzgador no observa o ignora un precepto legal sustancial que concretamente regula la situación planteada. es decir omite aplicarla...” (SENTENCIA 28/04/205, RECURSO DE CASACION No.3177-03). “. . .El A quo en su sentencia no incurrió en la violación que se cuestiona, ya que ese vicio se da “cuando a una situación fáctica perfectamente determinada, el juzgador no observa e ignora un precepto legal sustantivo que concretamente regula la situación planteada, es decir omite aplicarlo:” (SENTENCIA 16/10/2007 ingreso en este Tribunal No.52-07). “… Como lo ha venido reiterando esta sala de lo Penal, “la falta de aplicación de la Ley” como infracción, debe resultar necesariamente a partir de los hechos declarados probados, cuando los Jueces omiten la Ley aplicable a la causa que se falla, o se pasa por alto la existencia de una Ley que regula la cuestión jurídica que se debate, o en forma deliberada se resiste a aplicarla...” (SENTENCIA 09/06/2011 de Casación No.SP-369-2009). EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NÚMERO DOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA MOTIVO DOS: Por haberse inobservado los artículos 11 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 11 del Código Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: No todos los actos humanos son catalogados como delitos por el legislador en la ley penal sustantiva, pues en su mayoría los actos humanos que de alguna manera ofenden los derechos de las demás personas se resuelven con procedimientos diferentes a la ley penal, generalmente en el ámbito civil y es aquí donde el Estado a través del órgano legislativo hace uso del principio de intervención mínima del derecho y en el caso que nos ocupa en principio de acuerdo al artículo 54 del Código procesal penal despenaliza la acción de usurpación y lo manda al conocimiento de la jurisdicción civil. Con ello; lo que quiero decir es que al haber apreciado el tribunal sentenciador el accionar de mi representado como delito de usurpación, aún y cuando el artículo 2-C del código penal y por añadidura el 54 del código procesal penal se lo prohíbe, creó una nueva figura delictiva, violentado así el artículo 11 del Código Penal, atribuyéndose funciones que solo el órgano legislativo ostenta constitucionalmente. Es por ello, que la decisión tomada por Tribunal de Sentencia resulta equivocada como resultado de la inobservancia de precepto constitucional y norma de carácter sustantivo; como recurrente soy del firme criterio que se violentó en todos sus alcances los preceptos constitucionales 89,90 y 94, así como también los artículos 2-C, 2-D y 11 del Código penal, lo que el sentenciador debió observar antes de la aplicación del artículo 227 del Código Penal. Finalmente, hago patente ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional, a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a esta defensa y causa agravios mi defendido; no obstante hacemos la advertencia que nuestros alegatos los hicimos ver en el debate; sin embargo por la prohibición de recurrir en el juicio oral y público solo nos quedó el protesto para hacerlo valer en el presente recurso que lo que precisamente hemos hecho”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA 1. La normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto constitucional como motivo de casación, las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el Derecho Penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc. o bien aquellas vinculadas con principios del Derecho Penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal etc. 2. Esta sala de lo penal es del criterio que para la interpretación correcta del precepto de carácter adjetivo que relaciona el recurrente en la exposición del motivo de casación es necesario considerar su contenido en todo su contexto, así podemos verificar que el Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Artículo 54. Jurisdicción penal. Corresponderá a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los órganos de la jurisdicción penal tendrán, con exclusividad, la potestad pública para conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias. La jurisdicción en materia penal será improrrogable y comprenderá: 1) El conocimiento de los delitos y faltas cometidos en el territorio nacional, salvo lo establecido por el Código Penal, por este Código y por las normas del Derecho Internacional vigentes en la República; y, 2) El conocimiento de los delitos cometidos en el extranjero en los casos que el Código Penal señala. El órgano jurisdiccional competente, para conocer de un delito o falta, lo será también para resolver las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del proceso, aunque no pertenezcan al orden penal, siempre que tales cuestiones se encuentren tan íntimamente ligadas al hecho punible, que sea racionalmente imposible su separación. La resolución de tales incidentes, sin embargo, producirá efectos únicamente en materia penal y se fundará en los preceptos legales correspondientes. No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, sólo podrán ser resueltas por los tribunales civiles”. También debemos partir para el análisis de la cuestión planteada por el recurrente, que en el esfuerzo de interpretación de las leyes en general, resultan de utilidad las reglas del método lógico-sistemático consignadas en el artículo 19 del Código Civil donde se prevé que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”. Así las cosas, cabe preguntarse si en todos los procesos criminales incoados ante los órganos jurisdiccionales del orden penal por el delito de usurpación y en los que se presenta un litigio o controversia sobre el derecho de propiedad, el juez de lo penal está impedido de seguir conociendo del proceso y por ende deberá estarse al pronunciamiento que puedan emitir los tribunales del orden civil, quienes en virtud del principio dispositivo solamente actúan a instancia de parte, pese a que por otro lado, el artículo 227 del Código Penal vigente, contentivo del tipo penal de usurpación, expresa que “…tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce del caso ordenará el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”. 3. A criterio de esta sala, una interpretación sistemática de las normas antes relacionadas nos conduce a contestar a la interrogante planteada de manera negativa: no todos los casos en que al incoarse un proceso por usurpación de un bien inmueble se alegue la propiedad por ambas partes, es decir por el acusador y los imputados, el juez de lo penal se ve impedido de seguir conociendo normalmente del proceso para actuar como un mero espectador y estarse a lo que eventualmente puedan resolver los tribunales del orden civil. A criterio de esta sala, es necesario que la cuestión incidental extrapenal sea de tal complejidad y de gran dificultad para su resolución, que la especialización propia de dichos tribunales en razón de la materia sustraiga el conocimiento del conflicto a los órganos jurisdiccionales del orden penal. De este modo, en aquellos casos en que la pretensión de dominio de los meros ocupantes de hecho recientemente instalados en un predio, se contrapone frente al reclamo del anterior poseedor quien tiene un título inscrito desde hace varios años, podemos afirmar que el conflicto intersubjetivo planteado en tales términos puede ser conocido por la jurisdicción penal al interponerse el requerimiento fiscal o en su caso la querella por el delito de usurpación, por ser la determinación de la propiedad como elemento extrapenal del tipo, una cuestión que no reviste una gran complejidad. Y es que en este sentido, el carácter no devolutivo de las cuestiones incidentales extrapenales, es una regla de general observancia. Ello resulta de lo dispuesto en el artículo 54 del CPP, cuando expresa que corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas, y que los órganos que la componen tienen con exclusividad, la potestad pública para conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias, añadiendo que el órgano jurisdiccional competente, para conocer de un delito o falta, lo será también para resolver las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del proceso, aunque no pertenezcan al orden penal, siempre que tales cuestiones se encuentren tan íntimamente ligadas al hecho punible, que sea racionalmente imposible su separación. En el caso que ahora nos ocupa es importante señalar que de conformidad a lo prescrito por el artículo 46 del CPP, la excepción de incompetencia podrá interponerse oralmente tan pronto como lleguen al conocimiento del interesado, sin embargo, un examen detenido de los antecedentes revela que la misma no fue planteada en la fase de saneamiento previa a la audiencia de Proposición de medios de prueba, al haber precluido el término sin haber hecho uso del mismo las partes procesales (Folio No. 45). Siendo opuesta formalmente por la defensa en la fase de saneamiento (durante la audiencia de juicio oral y público) celebrada ante el Tribunal de Sentencia, órgano jurisdiccional que la declaró sin lugar (Folios No. 196 al 200, respectivamente, de la pieza de la etapa de juicio). Por otro lado cabe señalar que a la afirmación de competencia efectuada por el Tribunal de Sentencia, al pronunciarse sobre la excepción opuesta por la parte querellada, sustentó su desición en que tratándose de “…la incompetencia de tribunal para conocer de este asunto, el articulo 47 ya establece el momento procesal oportuno para poderlo promover o interponer ya que este artículo le limita el tiempo de interposición de esta excepción y es precisamente en la audiencia inicial o entendiéndose en el presente caso como una acción privada que sería en el primer momento en que las partes tienen contacto ya con el proceso y sería en el momento que el tribunal requiere a las partes para que se pronuncien sobre excepciones o nulidades que sería el momento oportuno para promover la incompetencia del tribunal, si se debió promover en este término, a esta altura estaríamos ya en un término precluido” (Folio No. 197). 4. De la lectura del hecho declarado probado se desprende que el acusado R. A. Irrumpió en dos ocasiones en la propiedad de los señores R. O. H. R. y la señora M. C. L. T., la primera con auxilio de sus hijos quienes portaban arma de fuego y la segunda vez con apoyo de personas con uniforme militar, expropiándoles violentamente de la posesión de un terreno donde tienen adherido en mejoras un barracón de madera y tres casas de habitación. Asimismo, el A Quo consideró la existencia de una serie de documentos y hechos derivados de la prueba, como ser el título inscrito y los antecedentes registrales del inmueble, con el cual se acreditó el derecho que tiene el señor O. R. H. R. y la señora M. C. L. T., elementos que concatenados y analizados en su conjunto nos permiten afirmar que el Tribunal de Sentencia, al afirmar su competencia y continuar con el trámite normal del proceso para juzgar la conducta del encartado acusado por la comisión de un delito de usurpación, contaba con los suficientes elementos de juicio para apreciar la razonable probabilidad en aquel momento de que se encontraba frente a la comisión de un hecho tipificado como delito y no ante un mero conflicto de naturaleza civil y por ende sin que la determinación del derecho de propiedad como elemento extrapenal del tipo se presentara como una cuestión incidental de tal complejidad que requiriese necesaria e inevitablemente que el órgano jurisdiccional penal dejase de conocer la controversia planteada para ceder su resolución por impulso de las partes y por los trámites propios del procedimiento civil a los tribunales de ese orden. 5. A criterio de esta Sala, la afirmación de competencia declarada por el tribunal A Quo, no ha quebrantado los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, relativos a la proclamación del estado de inocencia, juicio previo y de la garantía genérica del debido proceso, conforme a la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es por un juez o tribunal competente con las garantías, derechos y formalidades que la ley prevé. Es así como esta sala de lo penal considera que una lectura detenida y un análisis de la sentencia atacada en esta sede, no revela una infracción de los precitados artículos de nuestra norma constitucional. Por las razones anteriormente expuestas, el motivo que por infracción de precepto constitucional ha invocado la recurrente, debe ser desestimado. En cuanto al recurso de casación por infracción de ley sustantiva, en su primer motivo por haberse inobservado por parte del órgano sentenciador los preceptos sustantivos establecidos en los artículos 2C y 2D del Código Penal; y precepto constitucional en su segundo motivo por haberse inobservado por parte del órgano sentenciador el precepto sustantivo establecido en el artículo 11 del Código Penal, esta sala de lo penal observa que en el presente caso, los dos motivos de casación por infracción de ley sustantiva invocado por el recurrente carecen de claridad y precisión por cuanto el recurrente no ha fundamentado de conformidad a derecho su pretensión recursiva, ni ha determinado si el vicio de la sentencia recurrida se encuentra enmarcado en falta de aplicación, aplicación indebida o en una interpretación errónea, en su aplicación (Art. 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal). La defectuosa técnica de casación utilizada por el recurrente hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que éste pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta sala observa que el hecho declarado probado por el juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa legalmente incorporada al juicio, con la que el A Quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la efectiva participación del acusado R. A. en un delito de usurpación, en perjuicio de R. O. H. L. y M. C. L. Turcios. Por lo expuesto esta Sala de lo Penal, declara sin lugar los dos motivos de casación invocados por el recurrente. V. DECISIÓN VI. Ante los razonamientos ampliamente expuestos y fundamentados por este tribunal de casación, es procedente desestimar los motivos formulados por la defensa del encausado R. A.. VII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de precepto constitucional en su único motivo y el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuestos por el apoderado legal del señor R. A. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-323-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
19