Sentencia CP-322-13 — Registro 6435
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de negacion de asistencia familiar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1)Refirió el recurrente que el juzgador incurrió en inobservancia a las reglas de la sana crítica, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. Explicó la censora que el tribunal A-quo incurrió en violación a las reglas del recto entendimiento humano, específicamente la lógica en su postulado de la derivación, pues la conclusión a la que arribó el sentenciador para condenar al señor J. F. V. M. no provienen de elementos suficientes para deducir la responsabilidad del imputado en el delito de negación de asistencia familiar. Expresó además que los hechos probados no son terminantes, pues si bien es cierto como elemento objetivo se establece que el acusado fue requerido en legal y debida forma, quedó comprobado que el imputado no actuó sin justa causa, es decir no existe el elemento subjetivo como ser el dolo, pues el problema se suscita en que el acusado fue obligado a dar una pensión alimenticia demasiado alta, pues se acreditó que su salario mensual no alcanzaba a cubrir las cuotas establecidas y a pesar de sus limitaciones económicas en ciertos momentos ayudó a sus menores hijas. 2) Esta Sala ha reiterado en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen. c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Para esta Sala de lo Penal se hace evidente la inadecuada técnica recursiva de la recurrente, pues si bien señala como motivo de casación la infracción a las reglas de las sana crítica y considera la lógica de la derivación como norma quebrantada, al momento de desarrollar su recurso establece que los hechos probados no son terminantes y que no se han acreditado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de “Negación de asistencia familiar”, argumentos que son propios de otros motivos de casación en la forma y de otras especies del recurso de casación, pues lo correcto era que señalara los razonamientos del juzgador en los cuales se quebrantó las reglas del recto entendimiento humano, lo cual no realizó y vuelve su impugnación falta de claridad y precisión. Sin embargo, en observancia del derecho de defensa que regula nuestra Constitución de la República y del derecho a recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este tribunal de casación en aras del control de convencionalidad ha procedido a revisar los juicios de valor del juez A-quo y puede concluir que las pruebas fueron valoradas de forma conjunta y armónica, expresando el juzgador razonamientos coherentes y derivados, y aplicando en cada uno de ellos las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. V.- DECISIÓN Luego de los fundamentos vertidos es procedente desestimar el presente recurso de casación
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de junio del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 322-2013 por QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de agosto del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual condenó al señor J. F. V. M., como autor del delito de NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR, en perjuicio de las menores L. I. V. E. y Z. X. V. E. a la pena de un (01) año de reclusión por cada perjudicada haciendo un total de dos años (02) de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Asimismo se le declaró la responsabilidad civil al señor J. F. V. M., por los daños y perjuicios ocasionados, no procede condenar en costas al acusado J. F. V. M..- Se le suspende condicionalmente la ejecución de la pena al señor J. F. V. M., por un período de prueba de cinco (5) años, quien queda entendido de las consecuencias que obtendría, en caso de incurrir en alguna de las causas establecidas en el artículo 74 del Código Penal.- Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la abogada S. E. U. P., actuando en su condición de Defensora Pública del señor J. F. V. M.; quien sustituyó el poder en el también defensor público M. R. A. con las facultades conferidas. SON PARTES: el Abogado M. R. A. en su condición antes indicada como RECURRENTE y el Abogado S. C. A., en su calidad de representante del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRIDA. II.- HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El señor J. F. V. M., es padre de los menores de edad Z. X. V. E. Y I. V. E., de dieciocho y veinte años respectivamente, siendo hijas también de la señora E. E.. S.: En fecha nueve de marzo del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras de Familia Departamental de Lempira, dictó sentencia definitiva en la demanda ordinaria de alimentos promovida por la señora E. E., contra J. F. V. M., a quien se le condenó a pagar la cantidad de ochocientos Lempiras (Lps.800) mensuales a cada una de las entonces adolescentes Z. X. V. E. y L. I. V. E..- TERCERO.- J. F. V. M., en fecha ocho de octubre del mismo año fue requerido en legal y debida forma para que dentro del término de doce horas hiciera efectiva las cantidades de dinero decretadas a favor de sus menores hijas Z. X. V. E. y L. V.E., lo cual no cumplió.”III.- RECURSO DE CASACIÓN “La recurrente, Abogada S. E. U. P., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Sentenciador en la Valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinente y útiles, para haber determinado la acción del imputado y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes; Pues resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a J. F. V. M.o no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto e injustificado a proporcionar Asistencia Familiar a sus dos menores hijas en el caso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autor por el delito de “NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR” por parte de mi defendido, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados son imprecisos y no suficientes. SEGUNDO Honorables Magistrados si observamos los Hechos Probados no son terminantes, si bien es cierto como primer elemento objetivo del tipo penal se manifiesta que mi representado efectivamente fue requerido en legal y debida forma para que dentro del término de doce horas hiciera efectiva las cantidades de dinero decretadas a favor de sus menores hijas Z. X. V. E. y L. I. V. E., pero tampoco es menos cierto que como segundo elemento subjetivo del tipo Penal haya quedado establecido en los mismos que mi representado J. F. V. haya actuado sin justa causa, tal y como lo establece el artículo 177 del Código Penal Vigente.- Sabemos que el elemento subjetivo que se penaliza es el incumplimiento de deberes alimenticios por parte de los padres respecto a los hijos menores de edad, pero no es el incumplimiento de sus deberes en sí, sino que este incumplimiento sea “sin causa justificada” pues ello es lo que constituye el dolo en el autor, lo cual en el caso que nos ocupa no ha concurrido, en vista que la Defensa Pública logró en juicio desacreditar la versión del Ministerio Público, de que si el acusado en un momento dado dejo de cumplir con sus deberes de padre tal y como lo estableció el Juzgado de Familia, fue con causa justificada en vista que mi representado J. B. V. en el año 2006 rompió relación de pareja con su esposa en ese entonces la señora E. E., por lo que tuvo que irse para la ciudad de Gracias Lempira prácticamente sin nada, dejándole a su esposa e hijos todo lo que poseía, es decir la casa de habitación donde vivían, así como las propiedades que poseían, teniendo que buscar un empleo para pagar renta donde vivir, pagar sus alimentos, pagar el aseo de su ropa, etc., es decir que todo lo que hizo en su vida con su esposa lo dejó en la Aldea de Azacualpa Montaña de Erandique, Lempira, quedándose la señora E. E. con todos los bienes muebles e inmuebles, asimismo con uno de sus hijos mayores de nombre E. O. quien ya se había graduado de Maestro de Educación quien también le ayudaba a su madre E. a trabajar en las dos propiedades de aproximadamente doce (12) hectáreas de extensión superficial cultivadas de café, cuya cosecha era aprovechada por la señora . E. y sus hijos, pudiéndose observar que prácticamente todo le quedo a la esposa e hijos de mi representado, considerando que mi representado J. F. V. consiguió trabajo en la Municipalidad de Gracias, Lempira como jornalero con un sueldo de novecientos Lempiras semanales, es decir mil ochocientos quincenales, tres mil seiscientos al mes, por lo que si tomamos en cuenta lo que en aquel momento le impuso el Juzgado de Familia que eran ochocientos lempiras por cada hijo, es decir por tres hijos menores eran dos mil cuatrocientos lempiras, observándose a todas luces que se le estaba grabando todo su sueldo, siendo así de donde iba a subsistir sino le quedaba nada, es por eso que decimos que existía causa justificada para no poder cumplir con su obligación de padre, sumado a esto que mi representado J. F. V. es una persona de más de sesenta y dos (62) años de edad, quien además manifestó en su declaración en juicio oral tener problemas de salud tanto así que los trabajos que realizaba en la Alcaldía como jornalero no eran trabajos pesados porque padece de la columna vertebral, es decir que estamos hablando de un mayor adulto o como también se le conoce una persona de la tercera edad que goza de la protección de la ley integral de protección al adulto mayor, beneficiario de varios derechos, entre ellos que teniendo hijos mayores que trabajan le provean de ayuda económica en procura que su padre tenga una vida digna, sino mas bien se le está queriendo llevar injustamente a la cárcel por no poder cumplir con una obligación que no puede sobrellevar por las razones antes señaladas. TERCERO: Honorables Magistrados dicho lo anterior podemos observar que mi representado el señor J. F. V. a pesar de sus limitaciones económicas en un momento determinado ayudaba a una de sus hijas menores L.L. E. quien en lectura autorizada se pudo escuchar el relato de la misma al decir que era su padre el que en ese momento la tenía en Gracias, que era él quien le daba sus estudios, como sus alimentos y que ella era la encargada de pasar la mitad de cuatro mil quinientos lempiras que le dio en una oportunidad su padre para con su menor hermana que estaba en Erandique, Lempira, teniéndose que regresar L.I. a su casa con su madre porque salió embarazada y quien tuvo a su bebe, y aún así a pesar de todo mi representado también le cubría los gastos para dicho recién nacido, es decir para con su nieto. Dicho lo anterior se puede inferir como causa justificada la imposibilidad de poder cumplir a cabalidad con esa excesiva pensión alimenticia que le fuera impuesta por el Juzgado de Familia, en virtud que su salario era poco; más sin embargo la señora E. e. quien es poseedora de todos los bienes muebles e inmuebles forjados con mi representado por más de veintitrés años que estuvieron casados, incluyéndose poseer además las ganancias que obtendría de la venta del producto de café que se cultivaba en dichas propiedades, pudiéndose colegir que la misma si tenía alimentos para su subsistencia y para la de sus menores hijos tal y como lo manda el Código de Familia; y no solamente para eso pues la misma señora E. le sobraba el dinero para cubrir los gastos por honorarios de un abogado privado para incoarle demandas a mi representado, siendo realistas y conscientes podemos observar que quien está en un estado de insolvencia es mi representado y no la señora E. E. por las razones antes señaladas, quedando acreditado con esto no existir dolo por parte de J. F. V. para haber sido condenado por Negación de Asistencia Familiar, pues consideramos que se acreditó en juicio que el mismo no puede dar más de lo que les ha dado, porque lo que ahora tiene no le alcanza para dar más que en la medida que lo ha hecho, es decir de acuerdo a su capacidad económica: por lo que aquí encontramos desvalor de la acción en vista que si observamos la situación económica de mi representado, no puede existir dolo al no poderse cumplir por causa justificada una orden emanada por Juez competente, por lo que toda responsabilidad pasa a depender de la intención del sujeto, ésto es, se convierte en algo exclusivamente subjetivo. Por todo lo anterior somos del parecer que el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador no está ajustado a derecho, ya que el Ministerio Público no logró acreditar sin lugar a dudas que mi representado el señor J. F. V. sin causa justificada incurriera en el delito de Negación de Asistencia Familiar, en virtud que con la prueba valorada por el A-quo no reviste el carácter de esencia o definitiva para acreditar la responsabilidad penal del mismo en el ilícito que se imputa, el cual no resulta suficientemente apto para producir un convencimiento cierto sobre el hecho que erróneamente ha sido descrito en los hechos probados. CUARTO Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mi representado J. F. V. M. en negarse dolosamente en dar Asistencia Familiar a sus menores hijas; por todo ello los testigos de cargo no fueron determinantes, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y además que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Negación de Asistencia Familiar a mi representado J. F. V. M., por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas no existir causa justificada para que mi representado J. F. V. pudiera cumplir con la obligación que se requería de él, y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de las pruebas aportadas, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado existir dolo por parte del imputado J. F. V. en el hecho. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1)Refirió el recurrente que el juzgador incurrió en inobservancia a las reglas de la sana crítica, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. Explicó la censora que el tribunal A-quo incurrió en violación a las reglas del recto entendimiento humano, específicamente la lógica en su postulado de la derivación, pues la conclusión a la que arribó el sentenciador para condenar al señor J. F. V. M. no provienen de elementos suficientes para deducir la responsabilidad del imputado en el delito de negación de asistencia familiar. Expresó además que los hechos probados no son terminantes, pues si bien es cierto como elemento objetivo se establece que el acusado fue requerido en legal y debida forma, quedó comprobado que el imputado no actuó sin justa causa, es decir no existe el elemento subjetivo como ser el dolo, pues el problema se suscita en que el acusado fue obligado a dar una pensión alimenticia demasiado alta, pues se acreditó que su salario mensual no alcanzaba a cubrir las cuotas establecidas y a pesar de sus limitaciones económicas en ciertos momentos ayudó a sus menores hijas. 2) Esta Sala ha reiterado en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen. c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Para esta Sala de lo Penal se hace evidente la inadecuada técnica recursiva de la recurrente, pues si bien señala como motivo de casación la infracción a las reglas de las sana crítica y considera la lógica de la derivación como norma quebrantada, al momento de desarrollar su recurso establece que los hechos probados no son terminantes y que no se han acreditado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de “Negación de asistencia familiar”, argumentos que son propios de otros motivos de casación en la forma y de otras especies del recurso de casación, pues lo correcto era que señalara los razonamientos del juzgador en los cuales se quebrantó las reglas del recto entendimiento humano, lo cual no realizó y vuelve su impugnación falta de claridad y precisión. Sin embargo, en observancia del derecho de defensa que regula nuestra Constitución de la República y del derecho a recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este tribunal de casación en aras del control de convencionalidad ha procedido a revisar los juicios de valor del juez A-quo y puede concluir que las pruebas fueron valoradas de forma conjunta y armónica, expresando el juzgador razonamientos coherentes y derivados, y aplicando en cada uno de ellos las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. V.- DECISIÓN Luego de los fundamentos vertidos es procedente desestimar el presente recurso de casación. VI.- RESOLUCIÓN.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado todos de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 359, 360, 362 numeral 3, y 369 del Código Procesal Penal, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por la Abogada S. E. U. P. en su condición de Defensora Pública del señor J. F. V. M. a quien se le condenó por el delito de NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de L. I. V. E. y Z. X. V. E.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha quince de junio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-322-2013.
LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL