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Sentencia CP-321-14 — Registro 6434

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por falsificacion de documentos privados.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."UNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurrente 1. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. 1) Manifestó la recurrente que el tribunal sentenciador inobservó las reglas de la sana crítica al momento de valorar las pruebas, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que la sentencia impugnada contiene un vicio grave que atenta contra las reglas del correcto entendimiento humano, pues con la prueba evacuada en juicio se permite concluir la participación dolosa del imputado en el delito de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos, pero la valoración que hiciera el A-quo carece de la regla lógica de la derivación, las pruebas que se evacuaron y que fueron erróneamente razonadas fueron: a) Informe UAF-15-2010ratificada por el testigo G. L. y con lo cual se acreditó la alteración de las facturas a nombre de Jardines Tropical y que el acusado J. L. R. presentaba como originales; b) La declaración del testigo J. M. E., gerente de Jardines Tropicales; c)Deposición de J.N. B. B. quien realizó la auditoria a IHCAFE; d) Acuerdo de nombramiento del imputado J. L. R. S. como asistente administrativo de IHCAFE, informe de liquidación de fondos de IHCAFE. El juzgador por mayoría estableció que no se reúne los elementos objetivos del tipo penal de malversación de caudales públicos, al quedar plenamente establecido que el ahora acusado no ostentaba ningún cargo o función de carácter público, misma suerte tiene la acusación por el delito de falsificación de documentos públicos, pues según el acuerdo 213-00 del 22 de diciembre del 2000 el IHCAFE es un organismo privado, no estatal, por tanto dicha institución no tiene las facultades de entidad pública sino privada. Para el recurrente dichos juicios de valor trasgreden las lógica en su postulado de derivación, pues con el acuerdo de nombramiento del imputado J. L. R. como asistente administrativo de IHCAFE y conforme al concepto que nos da la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo primero: es funcionario público todo aquel oficial gubernamental o servidor público en aquellas entidades que han sido designadas o electas para desempeñar actividades o funciones a nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; el imputado ostenta el cargo de funcionario público. 2) Esta sala ha reiterado en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen. c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los cuestionamientos de la recurrente, este tribunal de casación deviene en la obligación de revisar los juicios de valor que utilizó el juzgador para valorar la prueba allegada al debate y determinar con ello, si aplicó de forma correcta las reglas de la sana crítica o por el contrario fueron desligadas de sus razonamientos. El sentenciador al razonar la prueba estableció que no era posible condenar al acusado J. L. R. S. de los delitos de Malversación de caudales públicos y Falsificación de documentos públicos, pues en relación al primer ilícito no ostentaba la categoría de funcionario público, tal como lo exigen los elementos objetivos del artículo 370 del Código Penal, pues el IHCAFE fue constituido como un organismo privado, no estatal y en cuando a la falsificación, al ser el IHCAFE una institución privada, los documentos, facturas y recibos que extiende tiene igual condición, por tanto tampoco cumple con lo estipulado en el artículo 284 del Código Penal que exige se constituya el documento falsificado como público. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los argumentos del sentenciador para valorar el legajo probatorio fueron conformados respetando las reglas del correcto entendimiento humano, pues los raciocinios del juzgador fueron derivados de la prueba denominada acuerdo legislativo N° 213-00 del 22 de diciembre del 2000 mediante el cual se crea el IHCAFE y en su artículo 1 es claro en establecer que es un organismo privado, no estatal, en ese sentido ninguno de los empleados y funcionarios que ahí laboran, ostentan el cargo de funcionarios públicos. La Convención Interamericana sobre Corrupción define como: Funcionario público, Oficial Gubernamental o Servidor público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, en su artículo 2 lo define de una manera más amplia: Funcionario público se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte. Observamos por tanto que en todos los supuestos para catalogar a una persona como funcionario público debe tener alguna relación con el Estado, debe ser servidor público o laborar en una de las instituciones del Estado, de igual forma aquellos casos en donde una institución privada maneja fondos del gobierno, también en esos casos puede catalogarse como funcionario público a la persona que maneje dichos fondos, pero en el caso de autos no se probó que el IHCAFE administrara fondos del Estado pues según su constitución es una institución privada no estatal, en ese sentido los razonamientos del juzgador para absolver al acusado de los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos fueron correctos y derivados del resultado probatorio, verificándose que en todo momento el A-quo aplicó las reglas de la sana crítica para la conformación de sus valoraciones; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. 1)Denunció la reclamante la violación a los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, consignando como norma autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó la impetrante que el juzgador quebrantó gravemente el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso, lo que puede verificarse en los numerales primero, segundo y tercero de la valoración probatoria pues el juzgador valora la intervención en juicio de los señores G. L., J. M. E. y J. N. B., quienes aparecen como testigos, pero los dos primeros en la audiencia de juicio ratifican dos informes por ellos elaborados que son la base que utiliza el sentenciador para condenar al imputado por falsificación de documentos privados sin haber realizado pruebas periciales calígrafas que lo confirmen, pues para la elaboración de dichos informes no se siguieron las normas procesales previstas en la ley. 2)En reiterados fallos ha establecido esta Sala de lo Penal, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, sabedores que por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al iuspuniendi. El Código Procesal Penal de Honduras, señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo, la señalización de la infracción. Lo anterior no debe significar que será suficiente únicamente la cita de la norma constitucional vulnerada, sino que el recurrente deberá sujetarse a las reglas básicas de preparación del recurso, citadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal hondureño, es decir señalar de forma concreta la norma constitucional violentada, la manera en que dicha infracción ocurrió, indicando como el vicio ha repercutido en su perjuicio. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa procesal penal establece la infracción de precepto constitucional como motivo de casación, las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio; en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta vía recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso por infracción de precepto constitucional, es velar por el cumplimiento del principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias[1]. 3) En vista de los argumentos de la censora, que refiere la violación a derechos y garantías protegidos por nuestra Constitución de la República, como ser el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso, advierte este tribunal de casación inadecuada técnica recursiva, pues si bien señala la violación de derechos del imputado por la valoración del tribunal de algunos informes contables, no fue capaz en señalar de manera puntal cual norma procesal no observó el sentenciador para aceptar dichos medios probatorios y que se tradujo en violación del debido proceso y demás derechos constitucionales. Ahora bien, observa esta sala que la recurrente no cumple con uno de los requisitos del artículo 363 del Código Procesal Penal, referente al reclamo que se haya realizado en su oportunidad para evitar que se evacuaran dichos medios probatorios, pues vemos a folio 268 del expediente judicial el acta de la audiencia de proposición de pruebas celebrada el 17 de enero del 2012, en donde el Ministerio Público presentó dos informes contables realizados por personas que laboran en IHCAFE y de la empresa Jardines Tropicales, pero al momento de cederle la palabra a la defensa del acusado para que se opusiera a dichos medios probatorios, éste manifestó que no tenía ninguna réplica; de igual forma a folio 283 encontR. el acta de debate o juicio oral, en cuyos incidentes el fiscal del Ministerio Público solicitó la incorporación de una auditoria de IHCAFE, al cederle la palabra a la defensa objetó el medio de prueba fundamentando que era desproporcional, pero no argumentó que su oposición se debía a que dicho medio probatorio violara derechos y garantías constitucionales del acusado, por tanto al no realizar el reclamo oportuno consintió tácitamente el acto y por lo cual no puede alegarlo ahora como motivo de casación, pues cuando tuvo la oportunidad procesal para expresar sus razones para oponerse guardó silencio, en tal sentido consideR. procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Ante los argumentos vertidos por esta Sala de lo Penal, es procedente declarar no ha lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional, interpuestos por los recurrentes 1 y 2..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del dos mil dieciséis, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados José Olivio R. Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el recurso de casación SP 321-2014 por quebrantamiento de forma y por infracción de precepto constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de abril del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor J. L. R. S. del delito de Malversación de Caudales Públicos Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Administración Pública. SEGUNDO: Condenó al señor J. L. R. S. como autor responsable del delito de Falsificación de Documentos Privados, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de un (1) año seis (6) meses de reclusión. TERCERO: Se declaró la responsabilidad civil del condenado señor J. L. R. S. de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del acto delictivo.- CUARTO: No procedió condenar en costas al acusado J. L. R. S.. QUINTO: Se decretó por cumplir con todos los requisitos la suspensión condicional de la ejecución de la pena, a favor del señor J. L. R. S.. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de precepto constitucional, la abogada E. R. V. actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público y la abogada O. F.. A. en su condición de defensora pública del señor J. L. R. S., quien sustituyó el poder en el abogado M. R. A. con las facultades conferidas. SON PARTES: la abogada I. A. F. en su condición de representante del Ministerio Público, como recurrente/recurrida; el abogado M. R. A. en su calidad de defensor público del imputado como recurrente/recurrido y el abogado D. E. S.. en su condición de procurador judicial de la Procuraduría General de la República. II. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: En el mes de diciembre del año dos mil cinco, el señor J. L. R. S.., es nombrado mediante contrato como asistente administrativo de la entidad privada denominada Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).- SEGUNDO: En el mes de octubre del año dos mil nueve, mediante auditoría interna del IHCAFE, es detectada la existencia de varias facturas falsas a nombre de la empresa Jardines Tropicales que prestaba los servicios de jardinería, mismas que fueron elaboradas por el señor J. L. R. S., y con ellas justificó la emisión de cheques a nombre de Jardines Tropicales, J. M. E. y G. F. Palacios, para pagar esas obligaciones inexistentes, cobrando el mismo J. L. R. los cheques referidos y en ocasiones utilizando a otras personas.” RECURSO DE CASACIÓN Recurrente N°1 La recurrente, Abogada E. R. V., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO DE CASACIÓN INVOCADO: “Inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba.” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo de Casación: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, esto en razón que de la prueba evacuada en juicio se permite establecer la participación directa, dolosa e innegable del imputado en la comisión de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos Públicos, consistentes en la elaboración de facturas falsas para justificar la emisión de cheques a nombre de Jardines Tropicales que el mismo cobró y en ocasiones utilizando a otras personas. Consta en el registro del debate que el ente acusador incorporó los medios probatorios conducentes a constatar las acciones realizadas por el acusado J. L. R. S. pero la valoración de la prueba realizada por el juzgador, carece evidentemente de la regla lógica de Derivación, procedimiento lógico del pensamiento que forma parte de las Reglas de la Sana Crítica. En el presente proceso y con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio la prueba de cargo que se describe a continuación: 1) INFORME UAF-15-2010, que fue ratificado en juicio por el testigo G. L. y a través del cual se constató la alteración de las facturas a nombre de jardines Tropical y que el acusado J. L. R. presentaba como originales sin que la empresa referida realizara dichos trabajos. Los pagos directos a los dueños de dicha empresa de jardinería y los cobros por otras personas diferentes a las que se les había girado los cheques. Asimismo pagos realizados a otros proveedores que no realizaron servicios y cheques a nombre de empleados por concepto de viáticos, sin que a éstos se les pagara dinero alguno, verificándose que en algunos casos el conserje realizaba la diligencia de cobro de algunos cheques; así como que, entre los beneficiarios de esos cheques aparecían los nombres de J. M. .E., G. F. P. y otros empleados en concepto de viáticos sin que fueran recibidos por ellos. 2) Testigo J. M. E., Gerente de Jardines Tropicales, quien ratificó el Informe de su empresa y en la parte conducente de su declaración manifestó: “Estuvimos haciendo trabajos de mantenimiento para lhcafe, en y posteriormente la empresa nos envió un listado de facturas y después de hacer la revisión establecimos que algunas de esas facturas no existían en nuestros archivos...” Al interrogatorio respondió: “P.- Le presentaron a usted las facturas que estableció en su informe? R- Si, y en ese momento se estableció que algunas no fueron realizadas por la empresa que represento. P.- Cómo confirmó esta situación? R.- Eso fue de acuerdo al registro de facturas que llevamos en los archivos de la empresa. P.- Existen diferencias entre las facturas que le mostraron en su momento? R.- Algunas facturas estaban a nombre de jardines tropicales, pero la firma con la que cobraron no era la mía... P.- Cómo se enviaron los cobros al Ihcafe en cuanto a los servicios prestados? R.- Se usaban dos procedimientos; el primero se llevaba la factura y se esperaba el pago de la misma, posteriormente se enviaba escaneada la factura a la oficina para el procedimiento de pago. P.- A quién le remitían las facturas? R- A la oficina administrativa que estaba a cargo del señor J. L. R.. P. Qué documentos soportaban los trabajos que realizaban? R.- La factura” El testigo también agregó que Jardines Tropicales tiene sus cuentas de banco por lo que no había necesidad de emitir cheques a su nombre como persona natural, que él en ningún momento solicitó la emisión de cheques a nombre propio, ni a nombre de ninguno de sus socios. 3) Testigo J. N. B. B., quien realizó la auditoria a Ihcafe y en su declaración y respuestas al interrogatorio, refirió que: “realizamos una revisión en las instalaciones de Ihcafe y encontR. varias anomalías en cuanto a algunas facturas y después de realizar las investigaciones nos percatamos que las anomalías se encontraban en las facturas a nombre de Jardines Tropicales... Se revisaron las conciliaciones bancarias, ingresos por cuentas y cheques que se generan para gastos y pagos a proveedores... Detectamos que existían pagos por medio de caja chica a proveedores y las facturas no existían en el estado de cuenta del proveedor, esto se estableció con el detalle de cuenta que se le adeudaba a Jardines Tropicales y esta cantidad era menor a la que se había pagado. En ese momento los fondos los manejaba el señor J. L. R. S., se concluyó que él como administrador cobró los cheques por medio del cheque que el banco reenvía en la conciliación bancaria con el estado de cuenta. En el reverso de ese documento estaba el nombre del administrador y además su número de identidad; además se verificó que las facturas se emitieron y que los números no concordaban con los números de cuenta del proveedor”. 4) Acuerdo de nombramiento de J. L. R. S. como Asistente Administrativo de Ihcafe. 5) Informe de Liquidación de Fondos de Ihcafe, realizado por el departamento de Auditoría Interna de dicha institución. 6) Copia Certificada de la documentación extendida por Jardines Tropicales. El Juzgador, en su mayoría, al momento de valorar la prueba de cargo consideró que el Ministerio Público, con los medios de prueba introducidos y evacuados válidamente, ha sido capaz de proporcionar la prueba que a criterio del Tribunal, es considerada suficiente para declarar culpable al señor J. L. R. S. del delito de Falsificación de Documentos Privados, no así por los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos Públicos por los que ha sido llamado a juicio, emitiendo una condena por un año seis meses de reclusión. Respecto a la pretensión acusatoria del Ministerio Publico el sentenciador señaló: “...en la presente causa no se reúnen los elementos objetivos del tipo penal de malversación de caudales públicos, al quedar plenamente establecido que el ahora acusado no ostentaba ningún cargo o función de carácter público. . . quedando acreditado que la presente acusación no cumple con el elemento objetivo del delito de malversación de caudales públicos... Misma suerte tiene la acusación por el delito de Falsificación de Documentos Públicos.., siendo que el acusado no ostentaba ningún cargo de carácter público. . .por tanto no se cumple con el elemento objetivo en este tipo penal” (Numerales Quinto y Sexto de la Fundamentación Jurídica de la Sentencia). Según el razonamiento de la mayoría de los sentenciadores, no procede la declaración de responsabilidad del imputado porque con la prueba allegada al proceso no se demostró la existencia de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos Públicos por no haberse probado la concurrencia del elemento objetivo de dichos tipos penales. Este proceso de valoración probatoria, es el que produce el vicio denunciado, ya que el iter lógico se produce de la manera siguiente: 1. INFORME UAF-15-2010, ratificado G. L., Informe de Liquidación de Fondos de Ihcafe, realizado por el departamento de Auditoría Interna de dicha institución, Informe y demás documentación extendida por Jardines Tropicales, declaración de los Testigos J. M. E., Gerente de Jardines Tropicales y J. N. B. B. (Auditoria a Ihcafe), medios de prueba con los que se constató y logró probar que: a) El acusado J. L. R. presentaba como originales facturas alteradas a nombre de Jardines Tropicales. b) El enjuiciado simulaba pagos directos a los dueños de dicha empresa de jardinería y emitía los cheques correspondientes para el pago de dichas obligaciones falsas. c) Realizaba el mismo los cobros de los cheques y a veces utilizaba otras personas para ello. d) Emitía y cobraba cheques a nombre de empleados por concepto de viáticos, sin que a estos empleados se les pagara dinero alguno. e) El acusado logró incrementar su patrimonio hasta un monto de 101,842.50 Lempiras. 2. Con el respectivo Acuerdo de Nombramiento de J. L. R. como asistente administrativo de Ihcafe se demostró que el mismo era empleado de la Institución referida, que si bien es cierto de acuerdo a la reformas de la Ley Orgánica de dicho Instituto, en el artículo uno (01), es referida como un organismo privado, no estatal, no es menos cierto que ese mismo artículo se le delegan funciones administrativas y de servicio público, lo que acorde a la Convención Interamericana Contra la Corrupción en su artículo primero, en la cual incluye como “funcionario público”, “oficial gubernamental” o “Servidor público” a aquellas entidades que han sido designadas o electas para desempeñar actividades o funciones a nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos, tal y como es el caso de Ihcafe. Las normas del Principio o Ley de Derivación, de conformidad con la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, permiten alcanzar una conclusión diferente de la lograda por el honorable Tribunal de Sentencia. El fallo se encuentra viciado en virtud de que el proceso de valoración se inició a partir de una premisa falaz, que involuntariamente fijó de manera errónea la mayoría del honorable Tribunal de Sentencia, esa premisa presupone que la prueba de cargo practicada no tiene la virtualidad necesaria para demostrar que efectivamente el acusado haya participado en una conducta que reúna los requisitos de los delitos por los cuales fue acusado. En virtud de lo anterior, conside R. que la apreciación probatoria realizada por el sentenciador infringe la regla lógica de la derivación integrada por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión, que no ha habido pruebas suficientes para determinar que la conducta por la cual se ha traído a juicio al señor J. L. R. S. constituya los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos Públicos, razonamiento alejado del recto entendimiento humano y que, tal y como lo hemos venido explicando, debido a que se hizo una apreciación de esa naturaleza de la prueba de cargo, llegando como consecuencia a una conclusión equivocada; que pasa definitivamente tanto por el núcleo de la tipicidad objetiva como lo es la apropiación de un caudal o peculio que forma parte del patrimonio de una institución pública, consecuentemente administrado por un funcionario también público y que consecuentemente, provoca que los documentos alterados, sin lugar a dudas, también ostenten la condición de ser emanados por órgano estatal y por ello ser públicos ya que es más que evidente que se logró acreditar sin lugar a dudas la participación del acusado J. L. R, S. en los hechos tipificados como delitos de Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos Públicos. En consecuencia y en este orden de resultados de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador apreció de forma errónea el contenido de las mismas, ya que prueba documental así como los testimonios son congruentes, precisos y claros, los que constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, además de que esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró los hechos delictivos por los cuales fue enjuiciado; por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de carao, se vulneró. Como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que: El enjuiciado J. L. R. S.., nombrado como Asistente Administrativo de IHCAFE, procedió a alterar facturas a nombre de Jardines Tropicales, simulando pagos directos a los dueños de dicha empresa de jardinería y emitiendo los respectivos cheques que posteriormente cobraba por el mismo o utilizando a otras personas, asimismo emitía y cobraba cheques a nombre de empleados por concepto de viáticos, sin que a estos empleados se les pagara dinero alguno logrando incrementar su patrimonio hasta un monto de 101,842.50 Lempiras constituyendo éstos hechos los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA PARTE RECURRENTE PARA SUBSANAR EL VICIO INVOCADO No se realizó ninguna, porque el vicio causado y reprochado ocurre hasta el momento de la emisión de la sentencia definitiva, por lo que corresponde únicamente la interposición del recurso de casación, como se hace en éste momento, y el cual deberá ser conocido, tras seguir con el procedimiento que la Ley dicta, por la honorable Sala Penal de la ilustre Corte Suprema de Justicia, para que dicte su fallo de conformidad con la pretensión recursiva formalizada por el Ministerio Público. LO QUE SE SOLICITA Se ordene el reenvío del Expediente, para que celebrándose nueva audiencia de juzgamiento, se juzgue y declare la responsabilidad penal incurrida por el imputado, J. L. R. S., por estar plenamente demostrada su participación en la comisión de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos Públicos”. Recurrente N°2 La recurrente la Abogada O. F.. A., formalizó su recurso de casación por INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, de la siguiente manera: “INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.MOTIVO ÚNICO: La infracción por parte del juzgador de lo dispuesto en los Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Los derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso constituyen los principales resguardos judiciales e implican la oportunidad de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable que le permitan hacer valer sus razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar la prueba contraria, solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables. Con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar condenas injustas. SEGUNDO: En el juicio oral y público en el que fue Juzgado el señor J. L. R. S., el ente acusador para acreditar la imputación en contra de dicho señor ofreció, como principal medio de prueba, las declaraciones de los señores G. L. J. M. E. y J. N. B. B.. TERCERO: El vicio denunciado puede observarse en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del apartado VALORACIÓN DE LA PRUEBA del fallo recurrido, en donde el Juzgador valora la intervención en el juicio de los señores G. L., J. M. E. y J. N. B. B., en dichos apartados se describe que comparecen como testigos, pero los dos primeros, en la audiencia de juicio oral, ratifican sendos informes por ellos elaborados y el último confirma el contenido de los mencionados informes. CUARTO: Es en la valoración de las declaraciones de los señores G. L., J. M. E. y J. N. B. B. en donde el Juzgador viola flagrantemente los derechos fundamentales de defensa, presunción de inocencia y del debido proceso en perjuicio del señor J. L. R. S., pues apoya su fallo condenatorio en dicha prueba a pesar que la misma no fue producida conforme las normas procesales previstas con carácter imperativo por el Código Procesal Penal, infracción constitucional que se hace patente cuando el Juzgador les atribuye la calidad de prueba testifical al trabajo realizado por los señores G. L. y J. M. E., pero de su contenido se advierte que no se trata de una prueba testifical propiamente dicha sino que materialmente es el resultado de privadas investigaciones contables cuyos propósitos, normalmente, están orientados a constatar si se cumplen o no los resguardos de control interno y detectar posibles irregularidades o fraudes en perjuicio de las empresas, verificaciones que se hacen de manera privada, fuera del proceso, sin intervención de las partes ni control judicial, por lo que cualquier acto doloso o negligente que se detecte en tales indagaciones, puede servir para denunciar ante las autoridades competentes la presunta comisión de un delito, pero no para sustentar un fallo condenatorio como sucede en la presente causa, en el que con las declaraciones de los señores G. L., J. M. E. y J. N. B. B. el Juzgador da por acreditada una presunta falsificación de documentos privados por parte del señor J. L. R. S., sin que se hayan hecho trabajos periciales calígrafos para determinar la autoría de las firmas estampadas en los documentos privados tildados como falsos. QUINTO: Aceptamos que nuestro sistema procesal penal acoge el principio de libertad probatoria, por lo que es admitido el uso de todo medio de prueba que pueda servir a los fines del proceso y que resulten confiable, sin embargo, esa libertad probatoria tiene límites y de ahí que un medio de prueba que implique el resultado de trabajos técnicos, científicos o artísticos deben ser realizados por quienes posean conocimientos idóneos para ello y que en su producción se observen las formas previstas en las normas procesales, límites que no fueron observados en a presente causa en la que, el fallo condenatorio, se sustenta en pruebas con el nombre de testificales, pero que en su contenido y alcances son de verdaderas pericias, sin embargo, en su práctica no se observaron las normas previstas para ello por el Código Procesal Penal. SEXTO: En las condiciones antes referidas la decisión del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso de los que goza el imputado, porque lo declarado probado en el fallo impugnado, carece de un adecuado respaldo probatorio ya que, como antes se dijo, en la práctica de la prueba referida al trabajo realizado por los señores G. L., J. M. E. y J. N. B. .no se observaron las normas procesales previstas para ese tipo de labor probatoria, imposibilitando con ello el ejercicio de un verdadero contradictorio sobre la referida prueba por parte del imputado y su defensa. PRETENSIÓN IMPUGNATIVA Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso y sin desarrollar una rigurosa valoración probatoria se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad del fallo impugnado y en su lugar dictar la resolución que en derecho corresponda”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurrente

  1. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. 1) Manifestó la recurrente que el tribunal sentenciador inobservó las reglas de la sana crítica al momento de valorar las pruebas, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que la sentencia impugnada contiene un vicio grave que atenta contra las reglas del correcto entendimiento humano, pues con la prueba evacuada en juicio se permite concluir la participación dolosa del imputado en el delito de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos, pero la valoración que hiciera el A-quo carece de la regla lógica de la derivación, las pruebas que se evacuaron y que fueron erróneamente razonadas fueron: a) Informe UAF-15-2010ratificada por el testigo G. L. y con lo cual se acreditó la alteración de las facturas a nombre de Jardines Tropical y que el acusado J. L. R. presentaba como originales; b) La declaración del testigo J. M. E., gerente de Jardines Tropicales; c)Deposición de J.N. B. B. quien realizó la auditoria a IHCAFE; d) Acuerdo de nombramiento del imputado J. L. R. S. como asistente administrativo de IHCAFE, informe de liquidación de fondos de IHCAFE. El juzgador por mayoría estableció que no se reúne los elementos objetivos del tipo penal de malversación de caudales públicos, al quedar plenamente establecido que el ahora acusado no ostentaba ningún cargo o función de carácter público, misma suerte tiene la acusación por el delito de falsificación de documentos públicos, pues según el acuerdo 213-00 del 22 de diciembre del 2000 el IHCAFE es un organismo privado, no estatal, por tanto dicha institución no tiene las facultades de entidad pública sino privada. Para el recurrente dichos juicios de valor trasgreden las lógica en su postulado de derivación, pues con el acuerdo de nombramiento del imputado J. L. R. como asistente administrativo de IHCAFE y conforme al concepto que nos da la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo primero: es funcionario público todo aquel oficial gubernamental o servidor público en aquellas entidades que han sido designadas o electas para desempeñar actividades o funciones a nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; el imputado ostenta el cargo de funcionario público. 2) Esta sala ha reiterado en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre sí se anulen. c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los cuestionamientos de la recurrente, este tribunal de casación deviene en la obligación de revisar los juicios de valor que utilizó el juzgador para valorar la prueba allegada al debate y determinar con ello, si aplicó de forma correcta las reglas de la sana crítica o por el contrario fueron desligadas de sus razonamientos. El sentenciador al razonar la prueba estableció que no era posible condenar al acusado J. L. R. S. de los delitos de Malversación de caudales públicos y Falsificación de documentos públicos, pues en relación al primer ilícito no ostentaba la categoría de funcionario público, tal como lo exigen los elementos objetivos del artículo 370 del Código Penal, pues el IHCAFE fue constituido como un organismo privado, no estatal y en cuando a la falsificación, al ser el IHCAFE una institución privada, los documentos, facturas y recibos que extiende tiene igual condición, por tanto tampoco cumple con lo estipulado en el artículo 284 del Código Penal que exige se constituya el documento falsificado como público. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los argumentos del sentenciador para valorar el legajo probatorio fueron conformados respetando las reglas del correcto entendimiento humano, pues los raciocinios del juzgador fueron derivados de la prueba denominada acuerdo legislativo N° 213-00 del 22 de diciembre del 2000 mediante el cual se crea el IHCAFE y en su artículo 1 es claro en establecer que es un organismo privado, no estatal, en ese sentido ninguno de los empleados y funcionarios que ahí laboran, ostentan el cargo de funcionarios públicos. La Convención Interamericana sobre Corrupción define como: Funcionario público, Oficial Gubernamental o Servidor público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, en su artículo 2 lo define de una manera más amplia: Funcionario público se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte. Observamos por tanto que en todos los supuestos para catalogar a una persona como funcionario público debe tener alguna relación con el Estado, debe ser servidor público o laborar en una de las instituciones del Estado, de igual forma aquellos casos en donde una institución privada maneja fondos del gobierno, también en esos casos puede catalogarse como funcionario público a la persona que maneje dichos fondos, pero en el caso de autos no se probó que el IHCAFE administrara fondos del Estado pues según su constitución es una institución privada no estatal, en ese sentido los razonamientos del juzgador para absolver al acusado de los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos fueron correctos y derivados del resultado probatorio, verificándose que en todo momento el A-quo aplicó las reglas de la sana crítica para la conformación de sus valoraciones; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Recurrente
  2. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. 1)Denunció la reclamante la violación a los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, consignando como norma autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó la impetrante que el juzgador quebrantó gravemente el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso, lo que puede verificarse en los numerales primero, segundo y tercero de la valoración probatoria pues el juzgador valora la intervención en juicio de los señores G. L., J. M. E. y J. N. B., quienes aparecen como testigos, pero los dos primeros en la audiencia de juicio ratifican dos informes por ellos elaborados que son la base que utiliza el sentenciador para condenar al imputado por falsificación de documentos privados sin haber realizado pruebas periciales calígrafas que lo confirmen, pues para la elaboración de dichos informes no se siguieron las normas procesales previstas en la ley. 2)En reiterados fallos ha establecido esta Sala de lo Penal, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, sabedores que por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al iuspuniendi. El Código Procesal Penal de Honduras, señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo, la señalización de la infracción. Lo anterior no debe significar que será suficiente únicamente la cita de la norma constitucional vulnerada, sino que el recurrente deberá sujetarse a las reglas básicas de preparación del recurso, citadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal hondureño, es decir señalar de forma concreta la norma constitucional violentada, la manera en que dicha infracción ocurrió, indicando como el vicio ha repercutido en su perjuicio. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa procesal penal establece la infracción de precepto constitucional como motivo de casación, las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio; en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta vía recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso por infracción de precepto constitucional, es velar por el cumplimiento del principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias[1]. 3) En vista de los argumentos de la censora, que refiere la violación a derechos y garantías protegidos por nuestra Constitución de la República, como ser el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso, advierte este tribunal de casación inadecuada técnica recursiva, pues si bien señala la violación de derechos del imputado por la valoración del tribunal de algunos informes contables, no fue capaz en señalar de manera puntal cual norma procesal no observó el sentenciador para aceptar dichos medios probatorios y que se tradujo en violación del debido proceso y demás derechos constitucionales. Ahora bien, observa esta sala que la recurrente no cumple con uno de los requisitos del artículo 363 del Código Procesal Penal, referente al reclamo que se haya realizado en su oportunidad para evitar que se evacuaran dichos medios probatorios, pues vemos a folio 268 del expediente judicial el acta de la audiencia de proposición de pruebas celebrada el 17 de enero del 2012, en donde el Ministerio Público presentó dos informes contables realizados por personas que laboran en IHCAFE y de la empresa Jardines Tropicales, pero al momento de cederle la palabra a la defensa del acusado para que se opusiera a dichos medios probatorios, éste manifestó que no tenía ninguna réplica; de igual forma a folio 283 encontR. el acta de debate o juicio oral, en cuyos incidentes el fiscal del Ministerio Público solicitó la incorporación de una auditoria de IHCAFE, al cederle la palabra a la defensa objetó el medio de prueba fundamentando que era desproporcional, pero no argumentó que su oposición se debía a que dicho medio probatorio violara derechos y garantías constitucionales del acusado, por tanto al no realizar el reclamo oportuno consintió tácitamente el acto y por lo cual no puede alegarlo ahora como motivo de casación, pues cuando tuvo la oportunidad procesal para expresar sus razones para oponerse guardó silencio, en tal sentido consideR. procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Ante los argumentos vertidos por esta Sala de lo Penal, es procedente declarar no ha lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional, interpuestos por los recurrentes 1 y 2. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1)de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 361, 363 y 369del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por la abogada E. R. V. en su condición de representante del Ministerio Público en la causa instruida contra J. L. R. S. a quien se le condenó por el delito de falsificación de documentos privados en perjuicio de la fe pública. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la abogada O. F.. A., en su condición de defensora pública del acusado J. L. R. S. a quien se le condenó por el delito de falsificación de documentos privados en perjuicio de la fe pública. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO R. VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-321-2014.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ SECRETARIA GENERAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP– 139-2011, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 24 de Enero del 2013