Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-318-12 — Registro 6432

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados pot tráfico ilicito de drogas y a los dos primeros por portación ilegal de arma comercial.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.." Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa delos procesados L.A, S.C. y S. E. E. L.. Precepto autorizante: artículo 362. 1) y 3) del Código Procesal Penal. El recurso de casación en su único motivo, carece de claridad y precisión. En consecuencia, esta Sala de lo Penal se pronuncia en base a las consideraciones siguientes: del principio de debida técnica se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso, los cuales “constituyen los mínimos requerimientos que debe contener el recurso de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[1]. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos. El principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el impetrante. 1)En opinión de esta Sala de lo Penal, los argumentos del recurrente no logran exponerse con claridad, al desarrollar en un solo planteamiento dos vicios de casación por quebrantamiento de forma preceptuados en el artículo 362. 1) y 3) del Código Procesal Penal, vicios que son completamente diferentes y que debieron ser desarrollados en forma separada por el censor. Producto de la indebida técnica casacional, por una parte, el recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el tribunal declara probados no sea clara y terminantes o que sea contradictoria”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. La no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca el impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (que falte la declaración de hechos).El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en sí, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos. En el caso subjudice esta sala nota que los hechos declarados probados han sido enumerados en forma clara, precisa, terminante y coherente de manera que no ha lugar al motivo invocado, por cuanto la falta de claridad, precisión o terminancia, así como la contradicción que refiere la norma debe darse en el relato mismo de los hechos probados en su relación interna, no en relación de los hechos con la valoración de las pruebas de las cuales se han colegido, ya que la redacción del relato de hechos que considere probados es facultad del tribunal sentenciador con la responsabilidad consiguiente y no es preciso que en ese relato se recojan todos los pormenores y circunstancias que las partes estimen precisos, aunque se trate de extremos fácticos debidamente acreditados, en la forma que estime oportuna y en la medida que sea necesaria para permitir su calificación jurídica, por lo que por las razones indicadas no procede este motivo de casación. 2) Por otra parte, producto de la indebida técnica casacional, no puede colegirse qué reglas específicas de la sana crítica supone infringidas de tal modo que se haya demostrado el yerro del juzgador. Antes bien, este tribunal de casación, aprecia que el ejercicio intelectivo aportado por el tribunal de instancia resulta suficientemente razonado y dotado de las inferencias de los medios de pruebas objetivamente confiables que fueron evacuados durante el desarrollo del debate; el razonamiento empleado por el tribunal de sentencia para llegar a las conclusiones que fijó en la sentencia, está basado en una serie de declaraciones testificales, periciales y documentos, que apreciados en su conjunto justifican el sentido del fallo pronunciado. Desprendiéndose de las valoraciones realizadas por el A quo que los procesados L.A, S.C. y S. E. L., utilizaron la aeronave cuyo registro y propiedad en la Dirección General de Aeronáutica Civil aparece a nombre de S. E. E. L., para introducir 439,241.78 gramos de cocaína a territorio hondureño, de forma deliberada, consiente y voluntaria desde Panamá en una cantidad que no es apta para consumo personal inmediato sino para ser distribuida y comercializada en Honduras, quedando acreditado con la prueba evacuada en juicio la participación de los acusados en los hechos por los cuales fueron condenados. Y aún si pudiera cuestionarse tales argumentos, al no especificar con claridad y precisión el impetrante las reglas de la sana crítica que estima infringidas, limita el examen del tribunal de casación. En consecuencia se estima que el razonamiento utilizado por el tribunal a-quo satisface las exigencias de las reglas de la sana crítica, que inducen a considerar como apropiadas las conclusiones a las cuales llegó el tribunal de instancia. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"II. Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo, por aplicación indebida del artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, interpuesto por la defensa delos procesados L.A, S.C. y S. E. E. L.. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el tribunal de casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el tribunal de sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el tribunal de casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley.. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta sala de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al tribunal de casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del tribunal de casación. El precepto penal y legal citado como infringido por aplicación indebida textualmente dice: “Artículo 18: El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de Lempiras”. Como se puede apreciar en los hechos probados, el tribunal sentenciador deja establecido que los señores L.A, S.C. y S. E. L., utilizaron la aeronave cuyo registro y propiedad en la Dirección General de Aeronáutica Civil aparece a nombre de S. E. E. L., para introducir 439,241.78 gramos de cocaína a territorio hondureño, de forma deliberada, consiente y voluntaria desde Panamá en una cantidad que no es apta para consumo personal inmediato sino para ser distribuida y comercializada en Honduras. Es así como el hecho probado contiene la narración, porque la prueba así lo precisa, de un acontecimiento que debe ser subsumido en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas, la acción que realizaron los imputados, ante la ausencia de un tercero a quien deba de entregársele la droga, constituye un tráfico de drogas. El artículo 5 numeral 34 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, establece que se considera tráfico ilícito el acto de transportar droga, actividad que indiscutiblemente era la efectuada por los procesados al momento de su detención. Vale aclarar que el transportar no se sanciona de manera más benigna en nuestra legislación, ya que esta actividad, en la lógica del conjunto normativo, constituye una modalidad de traficar, debemos de lograr delimitar dicha actividad estrictamente de transporte, con la de facilitación de transporte, siendo trascendente señalar, a titulo ilustrativo, que esa frontera entre los referidos tipos penales lo constituye la existencia de un tercero, que sería el factor determinante en la ecuación del tipo penal de facilitación, ya que sería a favor de éste en el cual redundaría la actividad de facilitar el medio de transporte; delimitado los tipos penales se muestra claro que la acción de transportar, ante la ausencia de un tercero a quien se le esté facilitando medio de transporte, cae en el ámbito del tráfico de drogas.. Las exigencias del tipo penal que sanciona el tráfico de drogas concurren en el cuadro fáctico, por un lado los sindicados se encontraban en posesión de la droga, ya que la misma se encontraba dentro de la esfera de su dominio al ser transportada en el vehículo aéreo que conducía y por otro lado, encontramos la forma en que está dispuesta la droga, en paquetes que facilitan su manipulación (evidenciando la venta en gran escala y no al menudeo, como se ha acostumbrado a exigir), asimismo la cantidad de la droga supera considerablemente la estimada para consumo personal inmediato, dejando claro que la droga no tiene otro destino que su venta. Evidentemente la droga podía ser comercializada en el interior del país con otra persona. En el tráfico de cualquier mercadería lícita, como por ejemplo las verduras, una persona compra el producto al agricultor, quien lo traslada a las ciudades y se la vende a un comerciante, quien la comercia con el consumidor final, en algunas ocasiones el comerciante puede comprar el mismo producto a varios agricultores con la finalidad de exportarlas y será en un país extranjero donde se consuma el bien agrícola; todas esas etapas en el proceso son actos de tráfico, no solo el acto mercantil en el cual el distribuidor le vende al consumidor final es tráfico, lo es desde la primera relación entre el productor y el distribuidor, las mismas consideraciones aplican en la narcoactividad, por lo que el no poder concluir que se fuese a sacar esa droga del país no significa que solamente es transporte, máxime cuando las circunstancias como la disposición de la droga, la ausencia de un tercero a quien se le facilite el transporte y la cantidad de la droga, no permiten más que concluir que los procesados actuaban con ánimo de tráfico. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado por el delito de tráfico de drogas a los imputados, no ha producido la infracción del precepto penal contenido en el artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."III. Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Segundo motivo, por falta de aplicación del artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, interpuesto por la defensa de los procesados L.A, S.C. y S. E. E. L.. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece en lo conducente lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare…….los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas”. Por su parte, el artículo 18 de la misma ley penal especial prevé que: “el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”; señalando en el artículo 5 numeral 34 que para los efectos de la presente ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: tráfico Ilícito: todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas. Una lectura detenida de los preceptos legales antes indicados pone en evidencia que la controversia esencial planteada en el presente recurso se entabla entre la posición del juzgador de instancia que ha condenado a los imputados por la comisión del delito de tráfico de drogas (artículo 18), y la del censor, cuando sostiene que del relato fáctico se desprende que los encartados deben ser sancionados con la pena prevista para la facilitación del medio de transporte para el tráfico de drogas (artículo 22), entre cuyas modalidades se comprende la acción de transporte de drogas, al tenor de la definición que proporciona el artículo 5 numeral 34 de la ley penal especial en referencia. Huelga decir que amén de un tratamiento punitivo sumamente severo, la técnica utilizada por el legislador hondureño en la tipificación de los delitos relativos al tráfico de drogas es poco afortunada, ya que al definir el tráfico de drogas (artículo 5 numeral 34) , hace referencia a verbos típicos, como son los de producir, fabricar, tener en depósito, transportar, que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la construcción de otros tipos penales contenidos en la misma ley y que son merecedores de menor pena, así tenemos: el cultivo de plantas estupefacientes, que tiene asignado una pena de nueve a doce años de reclusión, (artículo 16); la fabricación de drogas, castigada con una pena de nueve a doce años de reclusión (artículo 17); la facilitación intencional del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de drogas sancionado con una pena de seis a nueve años de reclusión (artículo 22), lo que en apariencia provoca un solapamiento de las conductas punibles, es decir, los mismos hechos típicos descritos en varios preceptos a los que no obstante se les estaría asignando penas distintas. En el artículo 5 numeral 34 es evidente que la cantidad de verbos descriptivos que contiene, obedece al interés del legislador por cubrir de la mejor forma posible todo el elenco de actividades que estima pueden configurar el complejo de conductas preordenadas al tráfico de drogas que usualmente son realizadas por distintas personas que intervienen a lo largo del proceso, lo que en modo alguno excluye que no puedan ser progresiva o simultáneamente realizadas por una misma persona. Esta es una actividad compleja, porque la comercialización, venta o suministro, requieren de un producto terminado, es decir, de un proceso de obtención de la materia prima de la droga, de su purificación, industrialización y finalmente su distribución, para llegar al objetivo final que es poder traficar con ella. Planteado lo anterior es pertinente que tratemos de dilucidar si al referirnos al transporte de drogas (artículo 5 numeral 34 y a la facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas (artículo 22), estamos hablando de la misma conducta y por ende sancionada con igual pena, o por el contrario se trata de hechos punibles diferentes y merecedores de distintas sanciones. Como lo explica ACALE S., “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató[2].” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga”[3]. Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…”[4]. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”[5]. De los conceptos lingüísticos antes relacionados como de los extraídos de la realidad criminológica propia del fenómeno que globalmente se conoce como tráfico ilícito de drogas, esta sala es del criterio que la conducta delos imputados, no se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que haya realizado la acción de facilitar a otro individuo, el medio de transporte, es decir, proporcionar el vehículo aéreo en el que se transportaba una importante cantidad de cocaína según arroja el dictamen toxicológico, sino que asumieron la tarea de alto riesgo como era la de transportar por si mismos la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta sala, que el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el legislador hondureño ha considerado merecedora de menor pena. El transporte de la droga incautada, realizado por los encartados, es decir, por si mismos, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal, del tráfico ilícito de drogas[6], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 numeral 34 de la ley penal especial tantas veces referida[7], todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al transporte de drogas preordenado al tráfico como un tipo autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como tráfico ilícito de drogas. Por lo anteriormente expuesto se declara sin lugar el presente motivo por infracción de ley formulado por la defensa de los procesados.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ en su condición de coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el recurso de casación SP 318-2012 por quebrantamiento de forma en su único motivo e infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por el apoderado legal de los señores L.A, S.C. Y S. E. E. L. contra la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Valle, mediante la cual condenó a los señores L.A, S.C. Y S. E. E. L., como autores del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DELA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS de reclusión y al señor L.A, S.C., como autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (03) AÑOS de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la condena, además, se declara la responsabilidad civil de los condenados a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No procede a condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Son partes: los abogados J. M. A. Á. y B. A. G. M. en su condición de defensores en forma conjunta delos señores L.A, S.C. Y S. E E. L. como recurrente, y la abogada I. A. F. en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrido. II.- HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El 20 de Marzo, del año 2009, los señores L.A, S.C. y S E. E.L.., pilotos aviadores de nacionalidad hondureña realizaron un vuelo en una avioneta CESSNA AIRCRAFT, modelo T 210N, color blanco, franjas rojo y azul, código HR-AVG, propiedad del señor S. E.E. L., con destino a la ciudad de Panamá y a la Isla de Contadora, llevando como pasajeros a tres ciudadanos, habiendo obtenido la autorización correspondiente de las autoridades de Aeronáutica Civil, en el aeropuerto “Villeda Morales” de la ciudad de San Pedro Sula, para efectuar dicho vuelo. SEGUNDO: Los Señores L.A, S.C. y S E. E.L.., luego de hacer escala en el aeropuerto Marcos A. Gelaberten ciudad Panamá, continuaron viaje a la Isla de Contadora, para dejar a los pasajeros, permaneciendo en esa localidad de donde partieron en la madrugada del 23 de Marzo, del año 2009, con dirección al aeropuerto de Toncontin, en la ciudad de Tegucigalpa, haciendo una escala técnica en el sitio conocido como BOCA DEL TORO, en territorio Panameño. TERCERO: Ese mismo día 23 de Marzo del año dos mil nueve, en territorio Panameño, los Señores L. A. S. Y S. E. L., sobrecargaron la aeronave CESSNA con once maletines color negro y uno color azul, marca airliner conteniendo 451 paquetes sellados con polvo blanco, después de lo cual emprendieron vuelo de regreso, aprovechando la autorización de las autoridades panameñas para retomar a territorio hondureño. CUARTO: Debido a la sobrecarga de la avioneta CESSNA, así como a las condiciones climáticas, como ser la dirección del viento en su viaje de regreso, la nave se quedó sin combustible en pleno vuelo, obligando a sus pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en la pista de aterrizaje ubicada en el barrio “Brisas del aeropuerto” en la ciudad de Choluteca, resultando dañada la aeronave al derrapar y salirse de la pista. QUINTO: La autoridad competente ordenó la detención de los señores L. A. S. Y S E. E.L.., habiendo sometido el contenido de los maletines encontrados en el interior de la avioneta a un análisis toxicológico, el cual determinó que el polvo blanco corresponde a clorhidrato de cocaína, con un peso neto de cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y uno punto setenta y ocho gramos, (439,241.78 grs.) Cantidad que no es apta para el consumo inmediato. SEXTO: El piloto aviador L. A. S. al momento de salir de la aeronave accidentada hizo entrega a un policía motorizado de una arma de fuego calibre 9 milímetros marca Pietro Berettaserie BER 111922Z, con cargador metálico conteniendo diecisiete proyectiles la que fue entregada a la Policía de Investigación siguiendo la respectiva cadena de custodia.” III.- RECURSO DE CASACIÓN 1. “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: “MOTIVO DE RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El presente motivo se encuentra enmarcado en el ARTÍCULO 362 Numeral 1 y 3, que dice: EL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, PODRA INTERPONERSE CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA ADOLEZCA DE ALGUNO DE LOS VICIOS SIGUIENTES: 1.- Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2.– que carezca de motivaciones lácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. EXPLICACION DEL MOTIVO: El presente motivo de casación violenta lo establecido en los ARTICULOS, 14 párrafo tercero, 202, 337, 338 regla cuarta, Numeral 1 y 2 del código procesal penal. ARTICULO 14.- INVIOLABILIDAD DEL DERECHO DE DEFENSA. los órganos encargados de la persecución penal estarán obligados a hacer valer con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, si no también, las que lo eximan de ella, la extinga o atenúen. ARTICULO 202.- VALORACION DE LAS PRUEBAS. LA SANA CRITICA. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. ARTICULO 337.- CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CONLA ACUSACION. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos, y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. ARTICULO 338.- REQUISITOS DE LA SENTENCIA.CUARTA: SE CONSIGNARA LA FUNDAMENTACION DEL FALLO DE LA MANERA SIGUIENTE: 1.-DECLARACION DE HECHOS PROBADOS: En los párrafos separados y numerados, se harán declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que halla de dictarse. 2.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las prácticas en un juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios igualmente declarados probados. POR SU PARTE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA Y VALLE DA COMO HECHOS PROBADOS LOS SIGUIENTES. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: El presente Caso se inicia, según el Ministerio Público, Hecho ocurrido el 23 de Marzo del año 2009, cuando venían piloteando una aeronave, con procedencia de la república de Panamá, el cual se estrello el lugar llamado como “BRISAS DEL AEROPUERTO”, dicha aeronave venia cargada con doce maletines marca AIRLINER, once color negro y uno color azul, dichos maletines contenían en su interior dos paquetes, con quince paquetes, cada un de cocaína, además seis paquetes plásticos color negro, conteniendo quince paquetes cada uno, envuelto en cinta adhesiva, igual contenido se encontraba en el maletín azul, haciendo un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN KILOS DE COCAINA, extremo que se acreditó con la prueba documental, acta de inspecciones realizada por la policía en el lugar de los hechos, con la prueba testifical del señor C., quien manifestó que tardo de tres a cuatro minutos en llegar a dicho lugar y que encontró al señor L.A, S.C., quien portaba en su mano, el arma PRIETO BERETA con serie 11192Z, envuelta en un pañuelo blanco, testigos a quienes, los pilotos manifestaron haber sido objeto de un secuestro; con la declaraciones de los policías A. Y G., se acredito que ambos, llegaron a la pista de aterrizaje, donde se encontraba la avioneta minutos después del suceso, siendo los primeros agentes que se entrevistaron con los pilotos, logrando observar dentro de la avioneta varios maletines, razón por la cual solicitaron mayor apoyo policial, llegando de inmediato el continente policial y acordonaron el lugar donde se encontraba la avioneta, y proceden a bajar los maletines que se encontraban en el interior de la aeronave, constatándose que en el interior de dichos maletines se encontraba polvo blanco o cocaína.- Con las declaraciones de los policías de la DIRECCION DE LUCHA CONTRA NARCOTRAFICO LC, 068 Y 032, se constató la autenticidad y legalidad del procedimiento donde se decomiso la droga; siendo del criterio del Ministerio Público que la participación de los acusados es a título de autores del delito de tráfico de drogas, por otra parte el hecho de haberse encontrado a L.A, S.C., portando en su mano una arma de fuego sin permiso alguno, se subsume dicha acción como un delito de portación ilegal de armas de fuego, sustentados en los ARTICULOS 18 de ley sobre uso y tráfico de drogas así como el ARTICULO 5 No. 34 y el ARTICULO 332. , del Código Penal , en cuanto al delito de tráfico de drogas, para el Ministerio Público , los acusados utilizaron como fachada una empresa de transporte aéreos donde concertaban el transporte de personas y de carga de manera legal y establecían rutas de vuelo de forma legal, en el caso concreto utilizaron estos medios para cargar la avioneta con drogas desde la República de Panamá, con destino a Honduras, incurriendo en el tráfico ilícito de drogas, por otra parte, la prueba de la defensa no logró desvanecer los cargos que incoó este ente Fiscal, en vista que la existencia de una tercera persona en la avioneta que los traía secuestrados y que los obligó a aterrizar en un islote para cargar la droga no se demostró por la Defensa, incurriendo los testigos de la Defensa en contradicciones que fueron evidentes mediante el medio de prueba de reconstrucción de hechos , en cuanto al dictamen hecho por Y. D. L., no es objetivo ya que su pericia se realizo de un manual, sin tener contacto con el avión objeto del proceso; Con el medio de prueba documental consistente en el testimonio de escritura publica, presentado por la Defensa, se demostró que los acusados efectivamente eran socios de una empresa de transportes aéreos, asimismo que la aeronave y el permiso de operaciones estaba a nombre de S E. E.L.., siendo estos extremos aclarados por el mismo acusado, cuando manifestó que no era dueño de la aeronave en referencia, sin embargo toda la documentación de propiedad de la aeronave, se encontró a nombre de S E. E.L.., por todo lo antes expuesto se debe dictar sentencia condenatoria en contra de ambos acusados, fundamentándose en los ARTÍCULOS 18 relacionado con el 5 #34 de la ley Sobre Uso ilícito de drogas, el cual señala una pena de quince a veinte años de reclusión, mas una multa de 5 millones por el delito de tráfico ilícito de droga, en el caso de L.A, S.C., el Ministerio Público, solicito que al acusado se le dicte además sentencia condenatoria por el delito de portación ilegal de arma de fuego de tipo comercial, cuya pena oscila entre tres a seis años de reclusión, asimismo solicitó EL DECOMISO de los elementos o instrumentos del delito como ser LA AVIONETA, COLOR BLANCO CON FRANJAS COLOR ROJO CESSNA CON SERIE 21064340, que esta a la orden de OABI, así como el arma Pietro Beretta con serie 11122Z, con su respectivo cargador y diecisiete proyectiles y el dinero incautado a ambos acusados, en cuanto al incidente de nulidad propuesto por la Defensa debe de declararse sin lugar ya que con toda la prueba que se ha acreditado se establece que la Policía actuó en base a las facultades que le da la Ley, no se ha violentado la cadena de autenticidad de la droga y de ninguna de las otras evidencias, y no se ha violentado ningún derecho como el debido proceso. SEGUNDO: Que el 23 de marzo del año dos mil nueve con la declaración del policía J. M. C. H., en su declaración establece lo siguiente: Que no sabe nada de los hechos, que tiene conocimiento que cayo una avioneta en la pista de Choluteca y observo dos pilotos, ellos se encontraban retirados del avión , luego observó a varias personas en la pista porque estaba en construcción , miro a las dos personas y les pregunto si necesitaban ayuda le dijeron que no, manifestándole al testigo que habían sido objeto de un secuestro, manifiesta el declarante que después del accidente llego mucha gente de la que se encontraban trabajando en la pista.- El señor C. manifestó que se encontraba a una distancia de cien metros de donde quedo la avioneta accidentada, y a pie una distancia a tres minutos; Que la Policía llego de inmediato al lugar del accidente; Que al momento del accidente de la aeronave, el Testigo se encontraba con su hijo J. .M. C., M. C. y un muchacho que le dicen B., explicando el declarante, a través del pizarrón , la ubicación del lugar donde se encontraba en relación al sitio donde quedo la avioneta accidentada, agregando que de inmediato abordo su carro, y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la avioneta, y encontró a los pilotos, quienes caminaban en mal estado, la policía hablo con los pilotos y después desconoce que paso, porque se fue en su vehículo a dar un recorrido para tratar de ubicar a la persona que manifestaban los pilotos que los traía secuestrados, sin resultado alguno. TERCERO: El testigo J. J. A M., Policía preventivo, en su declaración manifestó lo siguiente: que el veintitrés de Marzo del año dos mil nueve se encontraba realizando un patrullaje de rutina con su compañero D. G. en una motocicleta, y a eso de las nueve y veintiocho minutos de la mañana, lo llamaron vía radio comunicación que fuera a la pista de aterrizaje salida a San Marcos de Colon, a verificar una avioneta que había caído, se dirigió al lugar indicado y cuando iba por la pista, a doscientos metros de la avioneta, encontró a dos personas que vestían camisa blanca pantalón negro, por lo que ellos se bajaron de la motocicleta y les preguntaron de donde venían y uno de ellos traía una pistola envuelta en una pañuelera blanca y se la entregaron, y le dijeron que ellos traían la avioneta y que los traían secuestrados con esa arma, y que la había recogido del suelo, se dirigió a la avioneta, la cual estaba con la puerta abierta, observo que venían maletas color negro, llamo a la central que le comunicaran al comandante de la jefatura departamental, que le dieran apoyo y que fueran las autoridades competentes a verificar lo que había en la avioneta, que fue en la moto a buscar al individuo que supuestamente los traía secuestrados de Panamá. CUARTO: El testigo O. D. G. E., Agente policial asignado a la jefatura numero seis, de Choluteca, en su declaración manifestó lo siguiente: Que el día veintitrés de marzo del dos mil nueve se encontraba realizando un patrullaje con J, J, A,, a eso de las nueve de la mañana en el boulevard de esta ciudad, recibieron una llamada vía radio que fueran a verificar a la pista ubicada salida a San Marcos, que había caído una avioneta, se personaron encontraron a dos personas, les preguntaron que les pasaba, les dijeron que venían secuestrados desde Panamá, y que obligatoriamente tuvieron que aterrizar en la pista, que el hombre se había dado a la fuga, los dejaron ahí(refiriéndose a los pilotos) y se fueron ( refiriéndose a su persona y a su compañero (A, M,) a la avioneta, que observaron varias maletas color negro, en el interior de la avioneta, que pidieron apoyo policial, uno de los pilotos (señalando en la sala a L.A, S.C.), entrego una arma de fuego a su compañero, describiendo las características de L.A, S.C., manifestándoles que el arma de fuego, la encontraron afuera de la avioneta, y que no tenían lesiones.” 2. SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNO. El presente motivo esta enmarcado dentro del ARTÍCULO 360, del Código Procesal Penal. ARTICULO 360.- CASACION POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra forma jurídica de carácter sustantivo que debe ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. EXPLICACION DEL MOTIVO. MOTIVO UNO. EL PRESENTE MOTIVO DE CASACION SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LA INFRACCION DE LEY POR LA APLICACION INDEBIDA Y EN PARTE DEL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, QUE DICE TEXTUALMENTE: ARTICULO 18. El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras. MOTIVO NUMERO DOS. POR LA NO APLICACION DEL ARTICULO 22 DE LA LEY DEL USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICOS QUE TEXTUALMENTE DICE: ARTICULO 22. Se le impondrá la pena se seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a titulo gratuito, para el trafico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. ARTICULO 18.- TRAFICO ILICITO DE DROGAS. “SIN PERJUICIO DE LA PENA APLICABLE AL DELITO COMETIDO EN RAZON DE EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGA LO QUE SE DIO CON LOS HECHOS PROBADOS, ES EL DELITO DE TRANSPORTE ILICITO DE DROGAS. ARTICULO 41 Y 42.- DEL CODIGO PROCESAL PENAL y en relación al ARTICULO 22.- DE LA LEY DEL USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICOS y con los hechos probados, el cumplimiento de los elementos probatorios, se ha, logrado constatar únicamente, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, la cual la DEFENSA considera, que es el tipo penal en que se enmarca la acción de mi representado, ya que concurren todos los elementos de este tipo penal, tal como se ha valorado con lo medios de pruebas aportados, en el Presente juicio. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: El presente Caso se inicia, según el Ministerio Público, Hecho ocurrido el 23 de marzo del año 2009, cuando venían piloteando una aeronave, con procedencia de la república de Panamá, el cual se estrello el lugar llamado como “BRISAS DEL AEROPUERTO”, dicha aeronave venia cargada con doce maletines marca AIRLINER, once color negro y uno color azul, dichos maletines contenían en su interior dos paquetes, con quince paquetes, cada un de cocaína, además seis paquetes plásticos color negro, conteniendo quince paquetes cada uno, envuelto en cinta adhesiva, igual contenido se encontraba en el maletín azul, haciendo un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN KILOS DE COCAINA, extremo que se acredito con la prueba documental, acta de inspecciones realizada por la policía en el lugar de los hechos, con la prueba testifical del señor C., quien manifestó que tardo de tres a cuatro minutos en llegar a dicho lugar y que encontró al señor L. A. S., quien portaba en su mano, el arma PRIETO BERETA con serie 11192Z, envuelta en un pañuelo blanco, testigos a quienes, los pilotos manifestaron haber sido objeto de un secuestro; con la declaraciones de los policías A. Y G., se acreditó que ambos, llegaron a la pista de aterrizaje, donde se encontraba la avioneta minutos después del suceso, siendo los primeros agentes que se entrevistaron con los pilotos, logrando observar dentro de la avioneta varios maletines, razón por la cual solicitaron mayor apoyo policial, llegando de inmediato el continente policial y acordonaron el lugar donde se encontraba la avioneta, y proceden a bajar los maletines que se encontraban en el interior de la aeronave, constatándose que en el interior de dichos maletines se encontraba polvo blanco o cocaína.- Con las declaraciones de los policías de la DIRECCION DE LUCHA CONTRA NARCOTRAFICO LC, 068 Y 032, se constató la autenticidad y legalidad del procedimiento donde se decomiso la droga; siendo del criterio del Ministerio Público que la participación de los acusados es a titulo de autores del delito de trafico de drogas, por otra parte el hecho de haberse encontrado a L.A, S.C., portando en su mano una arma de fuego sin permiso alguno, se subsume dicha acción como un delito de portación ilegal de armas de fuego, sustentados en los ARTICULOS 18 de ley sobre uso y tráfico de drogas así como el ARTICULO 5 No. 34 y el ARTICULO 332–B, del Código Penal, en cuanto al delito de tráfico de drogas, para el Ministerio Público, los acusados utilizaron como fachada una empresa de transporte aéreos donde concertaban el transporte de personas y de carga de manera legal y establecían rutas de vuelo de forma legal, en el caso concreto utilizaron estos medios para cargar la avioneta con drogas desde la República de panamá, con destino a Honduras, incurriendo en el tráfico ilícito de drogas, por otra parte, la prueba de la defensa no logro desvanecer los cargos que incoó en ente Fiscal, en vista que la existencia de una tercera persona en la avioneta que los traía secuestrados y que los obligo a aterrizar en un islote para cargar la droga no se demostró por la Defensa, incurriendo los testigos de la Defensa en contradicciones que fueron evidentes mediante el medio de prueba de reconstrucción de hechos, en cuanto al dictamen hecho por Y. D. L., no es objetivo ya que su pericia se realizo de un manual , sin tener contacto con el avión objeto del proceso; Con el medio de prueba documental consistente en el testimonio de escritura publica, presentado por la Defensa, se demostró que los acusados efectivamente eran socios de una empresa de transportes aéreos, asimismo que la aeronave y el permiso de operaciones estaba a nombre de S E. E.L.., siendo estos extremos aclarados por el mismo acusado, cuando manifestó que no era dueño de la aeronave en referencia, sin embargo toda la documentación de propiedad de la aeronave , se encontró a nombre de S E. E.L.., por todo lo antes expuesto se debe dictar sentencia condenatoria en contra de ambos acusados, fundamentándose en los ARTICULOS 18 relacionado con el 5 #. 34 de la ley Sobre Uso ilícito de drogas, el cual señala una pena de quince a veinte años de reclusión, mas una multa de 5 millones por el delito de trafico ilícito de droga, en el caso de L.A, S.C., el Ministerio Público, solicito que al acusado se le dicte además sentencia condenatoria por el delito de portación ilegal de arma de fuego de tipo comercial, cuya pena oscila entre tres a seis años de reclusión, asimismo solicitó EL DECOMISO de los elementos o instrumentos del delito como ser LA AVIONETA, COLOR BLANCO CON FRANJAS COLOR ROJO CESSNA CON SERIE 21064340, que esta a la orden de OABI, así como el arma Pietro Beretta con serie 11122Z, con su respectivo cargador y diecisiete proyectiles y el dinero incautado a ambos acusados, en cuanto al incidente de nulidad propuesto por la Defensa debe de declararse sin lugar ya que con toda la prueba que se ha acreditado se establece que la policía actuó en base a las facultades que le da la Ley, no se ha violentado la cadena de autenticidad de la droga y de ninguna de las otras evidencias, y no se ha violentado ningún derecho como el debido proceso. SEGUNDO: Que el 23 de Marzo del año dos mil nueve con la declaración del policía J. M. C. H., en su declaración establece lo siguiente: Que no sabe nada de los hechos, que tiene conocimiento que cayo una avioneta en la pista de Choluteca y observo dos pilotos, ellos se encontraban retirados del avión , luego observó a varias personas en la pista porque estaba en construcción , miro a las dos personas y les pregunto si necesitaban ayuda le dijeron que no, manifestándole al testigo que habían sido objeto de un secuestro, manifiesta el declarante que después del accidente llego mucha gente de la que se encontraban trabajando en la pista.- El señor C. manifestó que se encontraba a una distancia de cien metros de donde quedo la avioneta accidentada, y a pie una distancia a tres minutos ; Que la policía llego de inmediato al lugar del accidente; Que al momento del accidente de la aeronave, el Testigo se encontraba con su hijo J. M. C. M. C y un muchacho que le dicen B., explicando el declarante, a través del pizarrón , la ubicación del lugar donde se encontraba en relación al sitio donde quedo la avioneta accidentada, agregando que de inmediato abordo su carro, y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la avioneta, y encontró a los pilotos, quienes caminaban en mal estado, la policía hablo con los pilotos y después desconoce que paso, porque se fue en su vehículo a dar un recorrido para tratar de ubicar a la persona que manifestaban los pilotos que los traía secuestrados, sin resultado alguno. TERCERO: El testigo J. J. A. M., Policía preventivo, en su declaración manifestó lo siguiente: que el veintitrés de marzo del año dos mil nueve se encontraba realizando un patrullaje de rutina con su compañero D. G. en una motocicleta, y a eso de las nueve y veintiocho minutos de la mañana, lo llamaron vía radio comunicación que fuera a la pista de aterrizaje salida a San Marcos de Colon, a verificar una avioneta que había caído, se dirigió al lugar indicado y cuando iba por la pista, a doscientos metros de la avioneta, encontró a dos personas que vestían camisa blanca pantalón negro, por lo que ellos se bajaron de la motocicleta y les preguntaron de donde venían y uno de ellos traía una pistola envuelta en una pañuelera blanca y se la entregaron, y le dijeron que ellos traían la avioneta y que los traían secuestrados con esa arma, y que la había recogido del suelo, se dirigió a la avioneta, la cual estaba con la puerta abierta, observo que venían maletas color negro, llamo a la central que le comunicaran al comandante de la jefatura departamental, que le dieran apoyo y que fueran las autoridades competentes a verificar lo que había en la avioneta, que fue en la moto a buscar al individuo que supuestamente los traía secuestrados de Panamá. CUARTO: El testigo O. D. G. E., Agente policial asignado a la jefatura numero seis, de Choluteca, en su declaración manifestó lo siguiente: Que el día veintitrés de marzo del dos mil nueve se encontraba realizando un patrullaje con J. J. A., a eso de las nueve de la mañana en el boulevard de esta ciudad, recibieron una llamada vía radio que fueran a verificar a la pista ubicada salida a san marcos, que había caído una avioneta, se personaron encontraron a dos personas, les preguntaron que les pasaba, les dijeron que venían secuestrados desde Panamá, y que obligatoriamente tuvieron que aterrizar en la pista, que el hombre se había dado a la fuga, los dejaron ahí(refiriéndose a los pilotos) y se fueron refiriéndose a su persona y a su compañero (A. M.) a la avioneta, que observaron varias maletas color negro, en el interior de la avioneta, que pidieron apoyo policial, uno de los pilotos (señalando en la sala a L.A, S.C.), entregó una arma de fuego a su compañero, describiendo las características de L.A, S.C., manifestándoles que el arma de fuego, la encontraron afuera de la avioneta, y que no tenían lesiones. QUINTO: Que el Ministerio Público, solicitó la aplicación del ARTICULO 19, referente al trafico de drogas con pena de quince a veinte años de reclusión y multa de uno a cinco millones de lempiras, no obstante para que se cumpla estos presupuestos PRIMERO, se tiene que tener en posesión de la droga, disposición para su comercio, vinculación con otros narcotraficantes, probadas a través de seguimientos y vigilancias, la condiciones de riquezas, cuentas y propiedades, disposición física del instrumento de medición, para realizar los actos de comercio o venta, a los imputados no se les encontró ninguna vinculación con ningún narcotraficante, no se les encontró cuentas bancarias, ni disponibilidad de dinero en efectivo, no se capturo a ninguna persona sospechosa en el área a la cual iba dirigida la droga, por lo que el Ministerio Público no puede probar el delito de tráfico de drogas, y en cuanto a la cantidad de droga la ley de tráfico de drogas no establece cantidad entre transporte y tráfico, en el presente caso analizando el transporte efectivamente los imputados tienen una empresa legalmente establecida que se probo a través de testimonio de escritura No. 105, donde una de las finalidades de esa empresa es el transporte de cargas y personas a nivel nacional e internacional, en el documento de propiedad de la aeronave se pudo ver que el propietario es S E. E.L.., con el permiso de operación de la aeronave se probo que esta legalmente autorizada para realizar transportes aéreos nacional e internacional de cargas y pasajeros, SE PUEDE CONCLUIR QUE LOS IMPUTADOS EN SU CONDICION DE PROPIETARIO DE UNA AERONAVE PUDIERON FACILITAR EL MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR LA DROGA, PERO LOS IMPUTADOS NO SABIAN QUE SE TRATABA DE DROGA, con la declaración testifical de los agentes J. Y G. se demostró que los imputados no sabían cual era el contenido de los maletines que venían en la avioneta, con el álbum fotográfico se demostró que no se podía ver la droga, con la declaración del policía M., se demostró que el sub comisionado v. ordenó que bajaran los maletines y rompieran los mismos, sin estar autorizados LA POLICIA, para mover evidencia mucho menos para manipularla, en este caso se demostró que los imputados se trasladaron a la ciudad de Panamá, llevando tres personas, en un viaje chárter y un viaje expreso privado y que estando en Panamá al día siguiente salieron para la isla contadora donde se bajaron los dos pasajeros lo cual quedo probado en el plan de vuelo y el manifiesto; posteriormente los pilotos, fueron obligados por un tercero quien con pistola los amenazo a cargar unos maletines el cual los pilotos desconocían su contenido.- Con el vaciado telefónico se demostró que sus dos representados no tienen vinculación con Narcotraficantes; con el peritaje de Y. L., se demostró que la aeronave aterrizo de emergencia por falta de combustible; Para la defensa no es creíble la prueba consistente en una conversión por radio entre la fuerza naval de Honduras y Panamá, donde dice que el avión voló a bocas del Toro; Con la declaración del TESTIGO LC, se demostró que llego ocho horas después que cayo el avión, que encontró la evidencia fuera del avión, demostrándose la contaminación de la evidencia, EL TESTIGO 051, dice que no participo en el acta de inspección, sin embargo reconoció su firma; Con el acta de reconocimiento de droga y dictamen toxicológico ratificado por la Doctora L. P., establece que recibió once maletas y entrego once maletas y que estaban llenas, pero en el acta de incineración solo aparecen diez maletas; Se demostró que falto una maleta y esto se llama contaminación; Asimismo se demostró que el sub COMISIONADO V., manipuló evidencia, en cuanto a la portación ilegal del arma de fuego, que se acusa a L. A. S., nunca la uso ni la portó, no se hizo levantamiento de huellas dactilares en el arma, este delito no esta probado, la DEFENSA ha demostrado que sus representantes tienen la licencia para realizar actos de transporte aéreos, por lo tanto pueden transportar cargas sin conocimiento de lo que se transporta, que los dos policías dijeron que llegaron a las nueve y treinta y tres, siendo contestes con sus declaraciones al igual que señor C. la reconstrucción de hechos, de tal forma que los elementos objetivos y subjetivos del delito de trafico de droga no se han probado. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: El presente Caso se inicia, según el Ministerio Público, Hecho ocurrido el 23 de Marzo del año 2009, cuando venían piloteando una aeronave, con procedencia de la república de Panamá, el cual se estrello el lugar llamado como “BRISAS DEL AEROPUERTO”, dicha aeronave venia cargada con doce maletines marca AIRLINER, once color negro y uno color azul, dichos maletines contenían en su interior dos paquetes, con quince paquetes, cada un de cocaína, además seis paquetes plásticos color negro, conteniendo quince paquetes cada uno, envuelto en cinta adhesiva, igual contenido se encontraba en el maletín azul, haciendo un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN KILOS DE COCAINA, extremo que se acredito con la prueba documental, acta de inspecciones realizada por la policía en el lugar de los hechos, con la prueba testifical del señor C., quien manifestó que tardo de tres a cuatro minutos en llegar a dicho lugar y que encontró al señor L. A. S., quien portaba en su mano, el arma PRIETO BERETA con serie 11192Z, envuelta en un pañuelo blanco, testigos a quienes, los pilotos manifestaron haber sido objeto de un secuestro; con la declaraciones de los policías A. Y G., se acredito que ambos, llegaron a la pista de aterrizaje, donde se encontraba la avioneta minutos después del suceso, siendo los primeros agentes que se entrevistaron con los pilotos, logrando observar dentro de la avioneta varios maletines, razón por la cual solicitaron mayor apoyo policial, llegando de inmediato el continente policial y acordonaron el lugar donde se encontraba la avioneta, y proceden a bajar los maletines que se encontraban en el interior de la aeronave, constatándose que en el interior de dichos maletines se encontraba polvo blanco o cocaína.- Con las declaraciones de los policías de la DIRECCION DE LUCHA CONTRA NARCOTRAFICO LC, 068 Y 032, se constató la autenticidad y legalidad del procedimiento donde se decomiso la droga ; siendo del criterio del Ministerio Público que la participación de los acusados es a titulo de autores del delito de tráfico de drogas, por otra parte el hecho de haberse encontrado a L.A, S.C., portando en su mano una arma de fuego sin permiso alguno, se subsume dicha acción como un delito de portación ilegal de armas de fuego, sustentados en los artículos 18 de ley sobre uso y tráfico de drogas así como el ARTÍCULO 5 No. 34 y el ARTÍCULO 332 – B, del Código Penal , en cuanto al delito de trafico de drogas, para el Ministerio Público , los acusados utilizaron como fachada una empresa de transporte aéreos donde concertaban el transporte de personas y de carga de manera legal y establecían rutas de vuelo de forma legal, en el caso concreto utilizaron estos medios para cargar la avioneta con drogas desde la República de Panamá, con destino a Honduras, incurriendo en el tráfico ilícito de drogas, por otra parte, la prueba de la defensa no logro desvanecer los cargos que incoó en ente Fiscal, en vista que la existencia de una tercera persona en la avioneta que los traía secuestrados y que los obligo a aterrizar en un islote para cargar la droga no se demostró por la Defensa, incurriendo los testigos de la Defensa en contradicciones que fueron evidentes mediante el medio de prueba de reconstrucción de hechos , en cuanto al dictamen hecho por Y. .D. L., no es objetivo ya que su pericia se realizo de un manual , sin tener contacto con el avión objeto del proceso; Con el medio de prueba documental consistente en el testimonio de escritura publica, presentado por la Defensa, se demostró que los acusados efectivamente eran socios de una empresa de transportes aéreos, asimismo que la aeronave y el permiso de operaciones estaba a nombre de S E. E.L.., siendo estos extremos aclarados por el mismo acusado, cuando manifestó que no era dueño de la aeronave en referencia, sin embargo toda la documentación de propiedad de la aeronave, se encontró a nombre de S E. E.L.., por todo lo antes expuesto se debe dictar sentencia condenatoria en contra de ambos acusados, fundamentándose en los artículos 18 relacionado con el 5 #. 34 de la ley Sobre Uso ilícito de drogas, el cual señala una pena de quince a veinte años de reclusión, mas una multa de 5 millones por el delito de tráfico ilícito de droga, en el caso de L.A, S.C., el Ministerio Público, solicito que al acusado se le dicte además sentencia condenatoria por el delito de portación ilegal de arma de fuego de tipo comercial, cuya pena oscila entre tres a seis años de reclusión , asimismo solicito EL DECOMISO de los elementos o instrumentos del delito como ser LA AVIONETA, COLOR BLANCO CON FRANJAS COLOR ROJO CESSNA CON SERIE 21064340, que esta a la orden de OABI, así como el arma Pietro Bereta con serie 11122Z, con su respectivo cargador y diecisiete proyectiles y el dinero incautado a ambos acusados, en cuanto al incidente de nulidad propuesto por la Defensa debe de declararse sin lugar ya que con toda la prueba que se ha acreditado se establece que la policía actuó en base a las facultades que le da la Ley, no se ha violentado la cadena de autenticidad de la droga y de ninguna de las otras evidencias, y no se ha violentado ningún derecho como el debido proceso. SEGUNDO: Que el 23 de marzo del año dos mil nueve con la declaración del policía JM M. C. , en su declaración establece lo siguiente: Que no sabe nada de los hechos, que tiene conocimiento que cayo una avioneta en la pista de Choluteca y observo dos pilotos, ellos se encontraban retirados del avión, luego observó a varias personas en la pista porque estaba en construcción, miro a las dos personas y les pregunto si necesitaban ayuda le dijeron que no, manifestándole al testigo que habían sido objeto de un secuestro, manifiesta el declarante que después del accidente llego mucha gente de la que se encontraban trabajando en la pista.- El señor C.M manifestó que se encontraba a una distancia de cien metros de donde quedo la avioneta accidentada, y a pie una distancia a tres minutos; Que la Policía llego de inmediato al lugar del accidente; Que al momento del accidente de la aeronave, el Testigo se encontraba con su hijo J. M. C., M. C. y un muchacho que le dicen B., explicando el declarante, a través del pizarrón , la ubicación del lugar donde se encontraba en relación al sitio donde quedo la avioneta accidentada, agregando que de inmediato abordo su carro, y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la avioneta, y encontró a los pilotos, quienes caminaban en mal estado, la policía hablo con los pilotos y después desconoce que paso, porque se fue en su vehículo a dar un recorrido para tratar de ubicar a la persona que manifestaban los pilotos que los traía secuestrados, sin resultado alguno. TERCERO: El testigo J. J. A. M., Policía preventivo, en su declaración manifestó lo siguiente: que el veintitrés de marzo del año dos mil nueve se encontraba realizando un patrullaje de rutina con su compañero D. G. en una motocicleta, y a eso de las nueve y veintiocho minutos de la mañana, lo llamaron vía radio comunicación que fuera a la pista de aterrizaje salida a san marcos de colon, a verificar una avioneta que había caído, se dirigió al lugar indicado y cuando iba por la pista, a doscientos metros de la avioneta, encontró a dos personas que vestían camisa blanca pantalón negro, por lo que ellos se bajaron de la motocicleta y les preguntaron de donde venían y uno de ellos traía una pistola envuelta en una pañuelera blanca y se la entregaron, y le dijeron que ellos traían la avioneta y que los traían secuestrados con esa arma, y que la había recogido del suelo, se dirigió a la avioneta, la cual estaba con la puerta abierta, observo que venían maletas color negro, llamo a la central que le comunicaran al comandante de la jefatura departamental, que le dieran apoyo y que fueran las autoridades competentes a verificar lo que había en la avioneta, que fue en la moto a buscar al individuo que supuestamente los traía secuestrados de Panamá. CUARTO: El testigo O. D. G. E., Agente policial asignado a la jefatura numero seis, de Choluteca, en su declaración manifestó lo siguiente: Que el día veintitrés de marzo del dos mil nueve se encontraba realizando un patrullaje con J. J. A., a eso de las nueve de la mañana en el boulevard de esta ciudad, recibieron una llamada vía radio que fueran a verificar a la pista ubicada salida a san marcos, que había caído una avioneta, se personaron encontraron a dos personas, les preguntaron que les pasaba, les dijeron que venían secuestrados desde Panamá, y que obligatoriamente tuvieron que aterrizar en la pista, que el hombre se había dado a la fuga, los dejaron ahí(refiriéndose a los pilotos) y se fueron (refiriéndose a su persona y a su compañero (A. M.) a la avioneta, que observaron varias maletas color negro, en el interior de la avioneta, que pidieron apoyo policial, uno de los pilotos (señalando en la sala a L.A, S.C.), entregó una arma de fuego a su compañero, describiendo las características de L.A, S.C., manifestándoles que el arma de fuego, la encontraron afuera de la avioneta, y que no tenían lesiones. QUINTO: Que el Ministerio Público, solicitó la aplicación del ARTICULO 19, referente al trafico de drogas con pena de quince a veinte años de reclusión y multa de uno a cinco millones de lempiras, no obstante para que se cumpla estos presupuestos PRIMERO, se tiene que tener en posesión de la droga, disposición para su comercio, vinculación con otros narcotraficantes, probadas a través de seguimientos y vigilancias, la condiciones de riquezas, cuentas y propiedades, disposición física del instrumento de medición, para realizar los actos de comercio o venta, a los imputados no se les encontró ninguna vinculación con ningún narcotraficante, no se les encontró cuentas bancarias, ni disponibilidad de dinero en efectivo, no se capturo a ninguna persona sospechosa en el área a la cual iba dirigida la droga, por lo que el Ministerio Público no puede probar el delito de trafico de drogas, y en cuanto a la cantidad de droga la ley de trafico de drogas no establece cantidad entre transporte y trafico, en el presente caso analizando el transporte efectivamente los imputados tienen una empresa legalmente establecida que se probo a través de testimonio de escritura No. 105, donde una de las finalidades de esa empresa es el transporte de cargas y personas a nivel nacional e internacional, en el documento de propiedad de la aeronave se pudo ver que el propietario es S E. E.L.., con el permiso de operación de la aeronave se probo que esta legalmente autorizada para realizar transportes aéreos nacional e internacional de cargas y pasajeros, SE PUEDE CONCLUIR QUE LOS IMPUTADOS EN SU CONDICION DE PROPIETARIO DE UNA AERONAVE PUDIERON FACILITAR EL MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR LA DROGA, PERO LOS IMPUTADOS NO SABIAN QUE SE TRATABA DE DROGA, con la declaración testifical de los agentes J. Y G. se demostró que los imputados no sabían cual era el contenido de los maletines que venían en la avioneta, con el álbum fotográfico se demostró que no se podía ver la droga, con la declaración del policía M., se demostró que el sub comisionado v., ordeno que bajaran los maletines y rompieran los mismos, sin estar autorizados LA POLICÍA, para mover evidencia mucho menos para manipularla, en este caso se demostró que los imputados se trasladaron a la ciudad de Panamá, llevando tres personas, en un viaje chárter y un viaje expreso privado y que estando en Panamá al día siguiente salieron para la isla contadora donde se bajaron los dos pasajeros lo cual quedo probado en el plan de vuelo y el manifiesto; posteriormente los pilotos, fueron obligados por un tercero quien con pistola los amenazo a cargar unos maletines el cual los pilotos desconocían su contenido.- Con el vaciado telefónico se demostró que sus dos representados no tienen vinculación con Narcotraficantes; con el peritaje de Y. L., se demostró que la aeronave aterrizo de emergencia por falta de combustible; Para la defensa no es creíble la prueba consistente en una conversión por radio entre la fuerza naval de Honduras y Panamá, donde dice que el avión voló a bocas del Toro; Con la declaración del TESTIGO LC, se demostró que llego ocho horas después que cayo el avión, que encontró la evidencia fuera del avión, demostrándose la contaminación de la evidencia, EL TESTIGO 051, dice que no participo en el acta de inspección, sin embargo reconoció su firma; Con el acta de reconocimiento de droga y dictamen toxicológico ratificado por la Doctora L P., establece que recibió once maletas y entrego once maletas y que estaban llenas, pero en el acta de incineración solo aparecen diez maletas; Se demostró que falto una maleta y esto se llama contaminación; Asimismo se demostró que el sub COMISIONADO V., manipuló evidencia, en cuanto a la portación ilegal del arma de fuego, que se acusa a L. A. S., nunca la uso ni la porto, no se hizo levantamiento de huellas dactilares en el arma, este delito no esta probado, la DEFENSA ha demostrado que sus representantes tienen la licencia para realizar actos de transporte aéreos, por lo tanto pueden transportar cargas sin conocimiento de lo que se transporta, que los dos policías dijeron que llegaron a las nueve y treinta y tres, siendo contestes con sus declaraciones al igual que señor C. la reconstrucción de hechos, de tal forma que los elementos objetivos y subjetivos del delito de trafico de droga no se han probado. SEXTO: De tal manera pues el tribunal Sentenciador dictó condenatoria, en contra de mis defendidos por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS sin sujetarse al ARTÍCULO 18. DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS. El cual debe ser interpretado de manera total y no parcial como lo ha hecho el TRIBUNAL en el presente caso, ya que el tipo penal establece como requisito SINE QUANON, que previa a decretar la sentencia condenatoria debiendo probar la existencia del delito por el cual se produjo EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y LA PORTACION ILEGAL DE ARMAS, y en donde se deben considerar los elementos de este tipo penal y con los hechos probados y la valoración jurídica lo que se debe establecer claramente es el delito de TRANSPORTE ILICITO DE DROGAS, ya que la intencionalidad de los encausados era a titulo de dolo o culpa, y con los hechos probados no se dio mas que esto, existiendo sobrada jurisprudencia en esta HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EN LA SALA DE LO PENAL. DONDE USTEDES HONORABLES MAGISTRADOS TIENEN EN SU PODER INNUMERABLES FALLOS, YA QUE EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS, NO REUNE LOS REQUISITOS DE ESTE TIPO PENAL, Y SI A ESTO LE AGREGAMOS LAS VIOLACIONES QUE SE ESTABLECIERON EN EL ARTICULO 342, DEL CODIGO PROCESAL PENAL, AGREGANDO EL ARTICULO 343, DEL MISMO CUERPO LEGAL QUE DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLECIO LA SENTENCIA CONDENATORIA A LA FECHA QUE SE EMITIO LA LECTURA DELA MISMA TRANSCURRIO APROXIMADAMENTE MAS DE DIEZ MESES, EN DONDE SE DECRETO SENTENCIA CONDENATORIA, VIOLENTANDOSE ASI EL ARTICULO 8, QUE ESTABLECE LA FINALIDAD DEL PROCESO. SERA LA REALIZACION PRONTO Y EFECTIVA DE LA JUSTICIA PENAL, TAMBIEN SIENDO VIOLENTADO EL ARTICULO 12, LO QUE ES LA LEALTAD PARALA JUSTICIA, YA QUE SEGUN LAS VIOLACIONES DE ESTE CUERPO LEGAL, SE LES HA NEGADO A MIS REPRESENTADOS EL DERECHO A LA DEFENSA, POR LO QUE SE HA VIOLENTADO EL ARTICULO 2, QUE ES EL ESTADO DE INOCENCIA, YA QUE SI NO LOS HONORABLES JUECES DE ESTE TRIBUNAL DE SENTENCIA HUBIERAN ACTUADO CON ABSOLUTA RESPONSABILIDAD HACE TIEMPO MIS DEFENDIDOS HUBIERAN OBTENIDO UNA SENTENCIA JUSTA Y EQUITATIVA, YA QUE AL NO EXISTIR UNA SENTENCIA FIRME EN BASE AL ARTICULO 181, DE ESTE MISMO CUERPO LEGAL QUE LA DURACION PREVENTIVA HASTA ESTE MOMENTO HAN TRANSCURRIDO LOS TRES AÑOS SIN QUE ASTA LA VEZ SE DEMUESTRE LA CULPABILIDAD VIOLENTADO ASI EL PRINCIPIO DE INOCENCIA”.- IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa delos procesados L.A, S.C. y S. E. E. L.. Precepto autorizante: artículo 362. 1) y 3) del Código Procesal Penal. El recurso de casación en su único motivo, carece de claridad y precisión. En consecuencia, esta Sala de lo Penal se pronuncia en base a las consideraciones siguientes: del principio de debida técnica se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso, los cuales “constituyen los mínimos requerimientos que debe contener el recurso de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[1]. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos. El principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el impetrante. 1)En opinión de esta Sala de lo Penal, los argumentos del recurrente no logran exponerse con claridad, al desarrollar en un solo planteamiento dos vicios de casación por quebrantamiento de forma preceptuados en el artículo 362. 1) y 3) del Código Procesal Penal, vicios que son completamente diferentes y que debieron ser desarrollados en forma separada por el censor. Producto de la indebida técnica casacional, por una parte, el recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el tribunal declara probados no sea clara y terminantes o que sea contradictoria”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. La no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca el impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (que falte la declaración de hechos).El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en sí, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos. En el caso subjudice esta sala nota que los hechos declarados probados han sido enumerados en forma clara, precisa, terminante y coherente de manera que no ha lugar al motivo invocado, por cuanto la falta de claridad, precisión o terminancia, así como la contradicción que refiere la norma debe darse en el relato mismo de los hechos probados en su relación interna, no en relación de los hechos con la valoración de las pruebas de las cuales se han colegido, ya que la redacción del relato de hechos que considere probados es facultad del tribunal sentenciador con la responsabilidad consiguiente y no es preciso que en ese relato se recojan todos los pormenores y circunstancias que las partes estimen precisos, aunque se trate de extremos fácticos debidamente acreditados, en la forma que estime oportuna y en la medida que sea necesaria para permitir su calificación jurídica, por lo que por las razones indicadas no procede este motivo de casación. 2) Por otra parte, producto de la indebida técnica casacional, no puede colegirse qué reglas específicas de la sana crítica supone infringidas de tal modo que se haya demostrado el yerro del juzgador. Antes bien, este tribunal de casación, aprecia que el ejercicio intelectivo aportado por el tribunal de instancia resulta suficientemente razonado y dotado de las inferencias de los medios de pruebas objetivamente confiables que fueron evacuados durante el desarrollo del debate; el razonamiento empleado por el tribunal de sentencia para llegar a las conclusiones que fijó en la sentencia, está basado en una serie de declaraciones testificales, periciales y documentos, que apreciados en su conjunto justifican el sentido del fallo pronunciado. Desprendiéndose de las valoraciones realizadas por el A quo que los procesados L.A, S.C. y S. E. L., utilizaron la aeronave cuyo registro y propiedad en la Dirección General de Aeronáutica Civil aparece a nombre de S. E. E. L., para introducir 439,241.78 gramos de cocaína a territorio hondureño, de forma deliberada, consiente y voluntaria desde Panamá en una cantidad que no es apta para consumo personal inmediato sino para ser distribuida y comercializada en Honduras, quedando acreditado con la prueba evacuada en juicio la participación de los acusados en los hechos por los cuales fueron condenados. Y aún si pudiera cuestionarse tales argumentos, al no especificar con claridad y precisión el impetrante las reglas de la sana crítica que estima infringidas, limita el examen del tribunal de casación. En consecuencia se estima que el razonamiento utilizado por el tribunal a-quo satisface las exigencias de las reglas de la sana crítica, que inducen a considerar como apropiadas las conclusiones a las cuales llegó el tribunal de instancia. II. Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo, por aplicación indebida del artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, interpuesto por la defensa delos procesados L.A, S.C. y S. E. E. L.. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el tribunal de casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el tribunal de sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el tribunal de casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley.. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta sala de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al tribunal de casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del tribunal de casación. El precepto penal y legal citado como infringido por aplicación indebida textualmente dice: “Artículo 18: El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de Lempiras”. Como se puede apreciar en los hechos probados, el tribunal sentenciador deja establecido que los señores L.A, S.C. y S. E. L., utilizaron la aeronave cuyo registro y propiedad en la Dirección General de Aeronáutica Civil aparece a nombre de S. E. E. L., para introducir 439,241.78 gramos de cocaína a territorio hondureño, de forma deliberada, consiente y voluntaria desde Panamá en una cantidad que no es apta para consumo personal inmediato sino para ser distribuida y comercializada en Honduras. Es así como el hecho probado contiene la narración, porque la prueba así lo precisa, de un acontecimiento que debe ser subsumido en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas, la acción que realizaron los imputados, ante la ausencia de un tercero a quien deba de entregársele la droga, constituye un tráfico de drogas. El artículo 5 numeral 34 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, establece que se considera tráfico ilícito el acto de transportar droga, actividad que indiscutiblemente era la efectuada por los procesados al momento de su detención. Vale aclarar que el transportar no se sanciona de manera más benigna en nuestra legislación, ya que esta actividad, en la lógica del conjunto normativo, constituye una modalidad de traficar, debemos de lograr delimitar dicha actividad estrictamente de transporte, con la de facilitación de transporte, siendo trascendente señalar, a titulo ilustrativo, que esa frontera entre los referidos tipos penales lo constituye la existencia de un tercero, que sería el factor determinante en la ecuación del tipo penal de facilitación, ya que sería a favor de éste en el cual redundaría la actividad de facilitar el medio de transporte; delimitado los tipos penales se muestra claro que la acción de transportar, ante la ausencia de un tercero a quien se le esté facilitando medio de transporte, cae en el ámbito del tráfico de drogas.. Las exigencias del tipo penal que sanciona el tráfico de drogas concurren en el cuadro fáctico, por un lado los sindicados se encontraban en posesión de la droga, ya que la misma se encontraba dentro de la esfera de su dominio al ser transportada en el vehículo aéreo que conducía y por otro lado, encontramos la forma en que está dispuesta la droga, en paquetes que facilitan su manipulación (evidenciando la venta en gran escala y no al menudeo, como se ha acostumbrado a exigir), asimismo la cantidad de la droga supera considerablemente la estimada para consumo personal inmediato, dejando claro que la droga no tiene otro destino que su venta. Evidentemente la droga podía ser comercializada en el interior del país con otra persona. En el tráfico de cualquier mercadería lícita, como por ejemplo las verduras, una persona compra el producto al agricultor, quien lo traslada a las ciudades y se la vende a un comerciante, quien la comercia con el consumidor final, en algunas ocasiones el comerciante puede comprar el mismo producto a varios agricultores con la finalidad de exportarlas y será en un país extranjero donde se consuma el bien agrícola; todas esas etapas en el proceso son actos de tráfico, no solo el acto mercantil en el cual el distribuidor le vende al consumidor final es tráfico, lo es desde la primera relación entre el productor y el distribuidor, las mismas consideraciones aplican en la narcoactividad, por lo que el no poder concluir que se fuese a sacar esa droga del país no significa que solamente es transporte, máxime cuando las circunstancias como la disposición de la droga, la ausencia de un tercero a quien se le facilite el transporte y la cantidad de la droga, no permiten más que concluir que los procesados actuaban con ánimo de tráfico. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado por el delito de tráfico de drogas a los imputados, no ha producido la infracción del precepto penal contenido en el artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas.- III. Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Segundo motivo, por falta de aplicación del artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, interpuesto por la defensa de los procesados L.A, S.C. y S. E. E. L.. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece en lo conducente lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare…….los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas”. Por su parte, el artículo 18 de la misma ley penal especial prevé que: “el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”; señalando en el artículo 5 numeral 34 que para los efectos de la presente ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por: tráfico Ilícito: todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas. Una lectura detenida de los preceptos legales antes indicados pone en evidencia que la controversia esencial planteada en el presente recurso se entabla entre la posición del juzgador de instancia que ha condenado a los imputados por la comisión del delito de tráfico de drogas (artículo 18), y la del censor, cuando sostiene que del relato fáctico se desprende que los encartados deben ser sancionados con la pena prevista para la facilitación del medio de transporte para el tráfico de drogas (artículo 22), entre cuyas modalidades se comprende la acción de transporte de drogas, al tenor de la definición que proporciona el artículo 5 numeral 34 de la ley penal especial en referencia. Huelga decir que amén de un tratamiento punitivo sumamente severo, la técnica utilizada por el legislador hondureño en la tipificación de los delitos relativos al tráfico de drogas es poco afortunada, ya que al definir el tráfico de drogas (artículo 5 numeral 34) , hace referencia a verbos típicos, como son los de producir, fabricar, tener en depósito, transportar, que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la construcción de otros tipos penales contenidos en la misma ley y que son merecedores de menor pena, así tenemos: el cultivo de plantas estupefacientes, que tiene asignado una pena de nueve a doce años de reclusión, (artículo 16); la fabricación de drogas, castigada con una pena de nueve a doce años de reclusión (artículo 17); la facilitación intencional del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de drogas sancionado con una pena de seis a nueve años de reclusión (artículo 22), lo que en apariencia provoca un solapamiento de las conductas punibles, es decir, los mismos hechos típicos descritos en varios preceptos a los que no obstante se les estaría asignando penas distintas. En el artículo 5 numeral 34 es evidente que la cantidad de verbos descriptivos que contiene, obedece al interés del legislador por cubrir de la mejor forma posible todo el elenco de actividades que estima pueden configurar el complejo de conductas preordenadas al tráfico de drogas que usualmente son realizadas por distintas personas que intervienen a lo largo del proceso, lo que en modo alguno excluye que no puedan ser progresiva o simultáneamente realizadas por una misma persona. Esta es una actividad compleja, porque la comercialización, venta o suministro, requieren de un producto terminado, es decir, de un proceso de obtención de la materia prima de la droga, de su purificación, industrialización y finalmente su distribución, para llegar al objetivo final que es poder traficar con ella. Planteado lo anterior es pertinente que tratemos de dilucidar si al referirnos al transporte de drogas (artículo 5 numeral 34 y a la facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas (artículo 22), estamos hablando de la misma conducta y por ende sancionada con igual pena, o por el contrario se trata de hechos punibles diferentes y merecedores de distintas sanciones. Como lo explica ACALE S., “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató[2].” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga”[3]. Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…”[4]. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”[5]. De los conceptos lingüísticos antes relacionados como de los extraídos de la realidad criminológica propia del fenómeno que globalmente se conoce como tráfico ilícito de drogas, esta sala es del criterio que la conducta delos imputados, no se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que haya realizado la acción de facilitar a otro individuo, el medio de transporte, es decir, proporcionar el vehículo aéreo en el que se transportaba una importante cantidad de cocaína según arroja el dictamen toxicológico, sino que asumieron la tarea de alto riesgo como era la de transportar por si mismos la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta sala, que el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el legislador hondureño ha considerado merecedora de menor pena. El transporte de la droga incautada, realizado por los encartados, es decir, por si mismos, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal, del tráfico ilícito de drogas[6], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 numeral 34 de la ley penal especial tantas veces referida[7], todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al transporte de drogas preordenado al tráfico como un tipo autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como tráfico ilícito de drogas. Por lo anteriormente expuesto se declara sin lugar el presente motivo por infracción de ley formulado por la defensa de los procesados.- V.- DECISIÓN Los motivos formulados por la defensa de los encausados deben ser desestimados. VI.- RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362. 1) y 3) del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo e Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por el apoderado legal de los señores L.A, S.C. Y S. E. E. L.. Y MANDA: que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.-

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP 318-2012.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1]Pabón Gómez, Germán, De la Casación y la Revisión Penal, Ediciones Doctrina y Ley, Colombia, 2003, Pág. 144.

[2]ACALE SANCHEZ, MARIA, en Salud Pública y Drogas Tóxicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 58-59.

[3]ACALE SANCHEZ, MARIA, opcit, pág. 60.

[4]ACALE SANCHEZ, MARIA, op. Cit, pág. 60.

[5]Voz: “facilitar”, en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo I, 21ª Edición, Madrid, 1992, pág. 943.

[6] Sobre los conceptos “amplio” y “estricto” de los actos de tráfico de drogas, vid: ACALE SANCHEZ, MARIA, Op. Cit. Pág. 42 y ss. Dicha autora señala que la tipología de conductas descritas por la Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en su artículo 1 literal m) relacionado con el 3 en sus párrafos 1 y 2, corresponde a un “concepto amplio y confuso” (vid. Pág. 43). Tales preceptos tienen correspondencia con lo dispuesto en el artículo 5 No. 34) de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Honduras, de ahí la compleja labor interpretativa a la que se enfrentan los Juzgados y Tribunales de nuestro país para la delimitación y aplicación de las distintas figuras delictivas previstas en esa ley penal especial.

[7]Sentencia del 19 de septiembre de 2012 recaída en el Expediente No. 279-2010.