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Sentencia CP-312-14 — Registro 8089

Resumen

Se condeno en primera instancia por portación ilegal de armas(chimbas).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Sala estima que las armas artesanales o de fabricación cacera, tal y como entiende el A Quo “no pueden considerarse armas de guerra, por su mecanismo rudimentario, al sólo permitir un disparo a la vez, y porque dichas armas artesanales o chimbas, son de limitada capacidad lesiva, tienen una menor capacidad de almacenamiento de proyectiles que las mismas armas permitidas por el ordenamiento jurídico”. No se trata de armas que reúnan las especificaciones propias de las armas de guerra o de combate que son: de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión o de alto poder destructivo. Por lo anterior, esta Sala considera que lo procedente es declarar sin lugar el motivo de casación de infracción de ley, por falta de aplicación del Art. 332-A del Código Penal, invocado por el recurrente."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. El pleno de la sala penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, quien actúa como coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-312-2014 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha doce (12) de Mayo de dos mil Catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: CONDENANDO al Señor J. M. C. V., por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (03) AÑOS DE RECLUSION; así mismo lo condenó las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure las condenas principales.- NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado F. A. L. G., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado F. A. L. G., Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y la Abogada D. O. P. A., Defensora Pública del acusado señor J. M. C. V., como parte recurrida. II.- HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El día sábado veintisiete de abril de dos mil trece, aproximadamente a las cuatro y treinta de la tarde en la Colonia Flores de Oriente, del municipio de La Lima, Cortés, el señor J. M. C. V., fue requerido por el agente de Policía N. V., encontrándole un arma de fabricación casera, de metal, color negro, cuyo mecanismo de disparo es compatible con la munición 20 Gauge, la que se encontraba en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico, como operativo, por lo cual, procedió a su detención y a ponerlo a la orden de las autoridades correspondientes.” III.- ADMISION: El Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado F. A. L. G., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV.- RECURSO DE CASACIÓN EL RECURRENTE ABOGADO F. A. L. G., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Aquo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: UNICO: “El día sábado veintisiete de abril del dos mil trece aproximadamente a las cuatro y treinta de la tarde en la colonia Flores de Oriente, del municipio de La Lima, Cortés, el señor J. M. C. V., fue requerido por el Agente de Policía N. V., encontrándole un arma de fabricación casera, de metal, color negro, cuyo mecanismo de disparo es compatible con la munición 20 Gauge, la que se encontraba en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico, como operativo, por lo cual, procedió a su detención y a ponerlo a la orden de las autoridades correspondientes.” Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego de fabricación casera, misma que se encontraba en buen estado de funcionamiento y en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión. Sin embargo, el A quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”… De la norma supra indicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nomina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comúnmente como “chimba”, (con apariencia de rifle), independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el apartado de fundamentación jurídica cuando indica en relación al arma tipo chimba decomisada al enjuiciado”… si bien es cierto, la Ley Especial considera como un arma prohibida y que por su naturaleza no es susceptible de inscripción en el Registro balístico, ciertamente el instrumento como el decomisado, jamás puede equipararse al tipo de armas que refiere el citado artículo” (refiriéndose al 332). Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa.” CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar el porqué el tipo que se adecua al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, es así que en el citado apartado establece “Para estas juzgadoras, no es posible encuadrar la conducta del imputado en el artículo 332 A del Código Penal, pues si bien es cierto la ley especial la considera como un arma prohibida y que por su naturaleza no es susceptible su inscripción en el registro balístico, ciertamente, el instrumento como el decomisado, jamás puede equiparase al tipo de armas que refiere el mencionado artículo, pues la experiencia común nos indica que se trata de instrumentos con mecanismos rudimentarios, que únicamente permiten un disparó a la vez; inclusive, con menor capacidad de lesividad que cualquier arma de fuego permitida por nuestro ordenamiento jurídico… acción esta que se subsume en el tipo penal antes aludido por las consideraciones siguientes: a)La máxima de la experiencia nos han demostrado que las armas de fabricación casera percuten proyectiles de los que la ley de control de armas. Municiones, explosivos y otros similares considera como permitidos. b) Tal como lo expresamos en el numeral primero de este apartado, las armas artesanales no pueden considerarse armas de guerra, básicamente por su mecanismo rudimentario, ya que sólo permite un disparo a la vez, sumado a lo anterior dichas armas artesanales (chimbas), se caracterizan por que cuentan con una limitada capacidad lesiva, al grado que estos instrumentos con apariencia de arma de fuego tienen una menor capacidad de almacenamiento de proyectiles que las mismas armas permitidas por nuestro ordenamiento jurídico”. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado J. M. C. V., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” V.- RESUMEN a) Argumenta el recurrente que el A Quo incurre en Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares, en virtud que de los hechos probados resulta que al acusado J. M. C. V. fue encontrado en posesión de un arma de fabricación casera, de metal, color negro, cuyo mecanismo de disparo es compatible con la munición 20 Gauge, la que se encontraba en buen estado de funcionamiento, y el A Quo subsumió su actuar en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas Comercial, que establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Todo ello, en relación con el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, que excluye de la nomina para otorgamiento de permiso para posesión de armas de fabricación cacera denominado “chimba”, independientemente del tipo de munición que esta utilice para su percusión, por lo que considera que jamás podría ser este tipo de arma objeto de registro, ni de obtención de permiso de autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. VI.- Argumenta el recurrente que el A Quo incurre en infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal que dispone:“Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” Reprocha que para estas juzgadoras, no fue posible encuadrar la conducta del imputado en el artículo 332 A del Código Penal, por considerar que las armas artesanales no pueden considerarse armas de guerra, por su mecanismo rudimentario, al sólo permitir un disparo a la vez, y porque dichas armas artesanales o chimbas, son de limitada capacidad lesiva, tienen una menor capacidad de almacenamiento de proyectiles que las mismas armas permitidas por el ordenamiento jurídico. De los hechos fijados por el A Quo quedó plenamente acreditado que el imputado J. M. C. V., fue encontrado en posesión de un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por ser considerarla arma de guerra. VII.- FUNDAMENTACION JURIDICA 1) INFRACCIÓN DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 332-B DEL CÓDIGO PENAL El artículo 332-B del Código Penal establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería). Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: a. Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; b. Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; c. Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a.No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; b. Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. 2) INFRACCIÓN DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 332-A DEL CÓDIGO PENAL. El Delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra, se encuentra tipificado en el artículo 332-A, del Código Penal Vigente, y para la descripción de las armas de guerra la Ley Especial de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas las armas de cualquier calibre de funcionamiento automático, y las silenciadas o de alta precisión, cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y sujetas a Reglamentación especial. Del contenido de la norma, se establecen las especificaciones propias de las armas de guerra o de combate: son de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión. En cambio las armas de fabricación casera o artesanal, solo tienen la capacidad de lanzar proyectiles aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora, al ser armas distintas, el artículo 8 las regula en numerales diferentes, a igual que las demás armas estimadas como prohibidas, como lo son las armas de fuego de fantasía (bastones, lápices, maletines y otras), las que por ser prohibidas no significa que se les clasifica como armas de guerra. El delito de Portación Ilegal de Armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien Jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. El tipo o elemento objetivo de la infracción pretendida por el Ministerio Fiscal, está determinada por la conducta típica de la Portación ejecutada por cualquier persona de un arma considerada de guerra o de combate, pues según lo establece la ley especial su uso es reservado a las fuerzas Armadas y Policial Nacional, en consecuencia son consideradas armas nacionales, sujetas al régimen de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y son usadas exclusivamente para propósitos bélicos. VIII.- DECISIÓN 1) Esta Sala considera que del cuadro fáctico de la sentencia que se impugna resulta que al acusado señor J. M. C. V., al momento de los hechos “fue requerido por el agente de Policía N. V., encontrándole un arma de fabricación casera, de metal, color negro, cuyo mecanismo de disparo es compatible con la munición 20 Gauge, la que se encontraba en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico, como operativo”, por lo que el A Quo en parte dispositiva del fallo resuelve que el acusado es autor del delito Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. El artículo 332-B del Código Penal, establece: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda, armas de fuego, municiones para uso personal o deportivas...”. Esta Sala reitera que en este tipo de casos, la conducta desplegada por el acusado al que se le encontró en posesión de un arma de fabricación cacera es autor material del delito de portación de un arma de fuego de tipo comercial, que se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, por comprender que se trata de un arma de mano, de tipo defensivo, bajo poder destructivo, mecanismo simple de funcionamiento, y de calibre comercial. Por lo anterior, esta Sala considera que lo procedente es declarar sin lugar el motivo de casación de infracción de ley, por aplicación indebida del Art. 332-B del Código Penal, invocado por el recurrente. 2) Esta Sala considera que los hechos declarados probados por el A Quo no se subsumen en lo dispuesto en el artículo 332-A del Código Penal que dispone: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” Lo anterior, porque en congruencia con lo resuelto en el motivo de casación de Infracción de ley anterior, esta Sala estima que las armas artesanales o de fabricación cacera, tal y como entiende el A Quo “no pueden considerarse armas de guerra, por su mecanismo rudimentario, al sólo permitir un disparo a la vez, y porque dichas armas artesanales o chimbas, son de limitada capacidad lesiva, tienen una menor capacidad de almacenamiento de proyectiles que las mismas armas permitidas por el ordenamiento jurídico”. No se trata de armas que reúnan las especificaciones propias de las armas de guerra o de combate que son: de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión o de alto poder destructivo. Por lo anterior, esta Sala considera que lo procedente es declarar sin lugar el motivo de casación de infracción de ley, por falta de aplicación del Art. 332-A del Código Penal, invocado por el recurrente. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Artículos 332-A y 332-B y 32 del Código Penal Vigente; y 360 del Código Procesal Penal FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación de INFRACCION DE LEY, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado F. A. L. G., Fiscal del Ministerio Público.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-312-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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