Sentencia CP-309-13 — Registro 5877
Resumen
Se condenó en primer instancia al imputado por el delito de malversación de caudales públicos, en segunda instancia se confirmó el fallo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Esta Sala, considera importante recordar que la garantía genérica del Debido Proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso; dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad [4]. En el caso bajo examen podemos concluir que el Sentenciador respetó en todo momento la garantía constitucional del Debido Proceso. El Estado, para prestar los servicios públicos a que deviene obligado, requiere de un sustrato patrimonial, necesitando a su vez, de unos empleados públicos que atiendan aquellos servicios, recaudando los fondos, custodiando los caudales, haciendo los pagos y, en definitiva, administrando en su nombre la fortuna de todos. Estos funcionarios o empleados públicos tienen la obligación de fidelidad y de probidad para con la Administración que ha depositado su confianza en ellos, debiéndose prever y tipificar los abusos de esos empleados en caso de transgredir aquella relación de confianza, pero la infracción de la obligación no es el valor que el legislador quiere proteger con la tipificación de la conducta del funcionario desleal. De la simple lectura de los artículos 370 y siguientes del Código Penal, se desprende que lo que se tipifica es la infracción del deber del funcionario (Malversación Propia). Pero el delito se presenta, a la vez, como lesión de un deber y como lesión de un bien jurídico. En este caso, el valor que protege el legislador con la tipificación de las distintas conductas del funcionario que no cumple con su deber, es el erario público, además de la confianza de los ciudadanos en el manejo de los fondos destinados a los servicios que prestan los poderes públicos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha declarado, respecto de la malversación impropia del artículo 373-A del Código Penal, que el bien jurídico protegido en este delito es «la violación por el depositario del deber estricto de probidad y lealtad que dicha relación de servicio ocasional le impone el manejo de los bienes confiados» (SSTS de 21 de julio de 1987 y 16 de abril de 1990). Pero, puede también mantenerse que el bien jurídico protegido es la conservación del erario público, pues –como señala S. M.– «de una parte, la función jurídico-social que desempeña el depositario o administrador de bienes embargados, secuestrados o depositados, no difiere sustancialmente de la función pública propia de un funcionario; de otra, el derecho penal, vinculado siempre a la realidad, no tiene por qué supeditar sus conceptos a los que rigen en el orden administrativo», añadiendo que «la constitución del embargo y depósito de bienes por autoridad pública confiere al depositario para tales efectos la consideración de funcionario público y a los bienes hasta entonces de propiedad particular la condición de caudales públicos». Así pues, a través de esa doble ficción, también el bien jurídico objeto de protección es el servicio público que debe prestarse cuando la autoridad judicial o administrativa acuerdan el depósito o embargo de determinados bienes privados, participando los particulares, que ostentan la cualidad descrita en la norma, de la función pública, con las consecuencias a ella inherentes, y asimilándose los bienes privados a los caudales de aquella naturaleza. El Sujeto de la Acción, es el funcionario público que tenga una determinada relación con los caudales públicos (Malversación Propia). El concepto de funcionario, nos lo da el Artículo 2 de las Definiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: “A los efectos de la presente Convención: a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte.” Nuestro derecho interno establece en el artículo 393 del Código Penal: “Para todos los efectos de este Código, se reputará funcionario o empleado público a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público. Se reputarán también funcionarios públicos a los alcaldes y regidores municipales.” El artículo 373-A del Código Penal supone una anomalía respecto de lo anteriormente expuesto porque, en el supuesto de la malversación impropia recogido en el citado artículo, a ciertos particulares se les asimila a los funcionarios públicos, por la cualidad o condición que ostentan respecto de determinados bienes, distinguiéndose dos supuestos: a) Los encargados por cualquier concepto del manejo de fondos, rentas o efectos departamentales o municipales o que pertenezcan a una institución educativa o de beneficencia. Este supuesto genera menor problemática que el siguiente, dado que los fondos provinciales y municipales tienen un destino público, al igual que los establecimientos de instrucción o beneficencia, por lo que el particular participa de la función pública; b) Los administradores o depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por una autoridad pública aunque pertenezcan a particulares [5]. Una vez que conocemos lo que la doctrina, nuestro derecho interno y conocidos juristas internacionales establecen sobre el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICO -PROPIA E IMPROPIA- y sobre cómo determinar quién ostenta la categoría de Funcionario Público, podemos concluir que el señor J. I. I. C. fue nombrado por autoridad competente, en este caso por el Ministro de Educación, su función era administrar fondos del Estado destinados a un proyecto educacional; se determinó que desvió parte de esos recursos para su peculio personal y además, que si bien firmó un contrato por cuatro meses como Contador General de la Unidad de Gestión para la ejecución del Proyecto Calidad de la Educación, tal como lo establece la ya mencionada Convención contra la Corrupción, no importa si es un empleado permanente o temporal, lo que interesa es que estaba a cargo de manejar los caudales del estado. Por lo tanto el acusado, desde el momento que firmó el contrato para manejar fondos estatales, ostentó la categoría de Funcionario Público y por tanto se le sometió a un proceso penal con todas las garantías y derechos inherentes a su calidad de imputado, respetándose en todo momento el debido proceso, por lo que este motivo de Casación por Infracción de precepto constitucional debe ser declarado sin lugar..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
"...Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo: Consideró el impetrante que el Tribunal Sentenciador incurrió en inobservancia del artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, estableciendo como norma autorizante el mismo artículo procesal precitado. Explicó el censor que el Tribunal de Sentencia inobservó el hecho que aun siendo el imputado J. I. I. C. un contratista y no un empleado o funcionario público, no existió durante este proceso penal algún informe del ente contralor tal como lo ordena la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, estableciendo específicamente auditorias a priori y a posteriori. Denunció además el recurrente que al acusado se le consignó una cantidad determinada de dinero para realizar determinadas tareas que cumplió a cabalidad.Observa este Tribunal de Casación que el Recurrente incurre en inadecuada técnica recursiva, pues señala como motivo de casación la violación del Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, pero esta norma contiene en sí varios supuestos como ser: a) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas; b) Que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias, y c) Si en la valoración de la prueba se infringieron las reglas de la sana crítica. En una buena técnica el recurrente debe elegir cuál de los supuestos aparece en la sentencia, debe señalarlo puntualmente y establecer cómo dicho yerro perjudica en la defensa de su patrocinado, no basta con señalar puntos subjetivos o criterios personales, sino que debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 363 del Código Procesal Penal. Al no cumplir con dichos requerimientos el recurso se vuelve falto de claridad y precisión no permitiendo a esta Sala de lo Penal dar una respuesta adecuada al cuestionamiento del censor, por tanto este motivo debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, n.1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Cuestionó el denunciante que el Tribunal A-quo inobservó el artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal, consignando como precepto autorizante el mismo artículo procesal antes citado. Explicó el recurrente que el artículo 337 del Código Procesal Penal manda que debe existir congruencia de la sentencia con la acusación, en el caso que nos ocupa la Procuraduría General de la República formalizó acusación al inicio del debate, basando la conducta del acusado en el artículo 372 del Código Penal respecto a un delito culposo. El principio de congruencia, no significa que habrá de existir una equivalencia absoluta entre la sentencia y la acusación, pueden darse variantes no significativas para lo toral de la decisión que se toma; lo básico es que la sentencia condenatoria que se dicte debe surgir del juicio oral que se desarrolle y dentro de los límites acusatorios imputados, la finalidad es evitar que se condene por un hecho diferente al que fuera imputado e intimado en juicio oral, lo importante es que dichos hechos no hayan sido variados en su contenido de forma tal que de lugar a incorporar un cuadro fáctico totalmente ajeno a lo controvertido a lo largo del juicio, es por ello que el hecho de que en la formalización se estableció un lugar y en el cuadro fáctico otro distinto en cuanto a donde ocurrió el hecho imputado, esto no es suficiente para poder concluir que se acreditaron hechos distintos a los descritos en las fases previas, cuando el resto de los hechos así como la calificación a que arribó el A-quo guardan relación coherente con el delito y los hechos por los que el imputado ha venido siendo procesado por esta causa y de los cuales se debatió en juicio oral y público [6]. En el caso subjudice considera este Tribunal de Casación que se ha respetado en todo momento el principio de congruencia entre la sentencia y la posición de la partes, pues recordemos que quien estaba ejerciendo la acción penal pública en este proceso era el Ministerio Público y aunque también se escuchó la posición de la Procuraduría, los hechos nunca fueron modificados, pues desde el momento en que el ente fiscal presentó su acusación hasta el momento del debate o juicio oral, mantuvo su posición en cuanto a los hechos imputados al acusado los cuales se mantienen incólumes. En el presente caso correspondía al Juzgador determinar qué tipo penal encajaba de mejor manera con los hechos planteamos por el ente acusador y conforme a los argumentos ampliamente establecidos, dichos hechos son adecuados con el delito de malversación de caudales públicos. En consecuencia este motivo de casación debe ser desestimado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 309-2013 por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de abril del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor J. I. I. C., como autor responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, a la pena de SEIS años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor J. I. I. C. a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: No procede la condena en costas procesales ni personales al señor J. I. I. C. ni al Ministerio Público ocasionados en el juicio.- CUARTO: Se declaró la Responsabilidad Civil del condenado J. I. I. C., a favor del Estado de Honduras.- QUINTO: No procede la pena de COMISO, por no haberse aportado ninguna pieza de convicción ni de ejecución alguna.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado H. O. D. M., actuando en su condición de Defensor Privado del señor J. I. I. C..- Son partes: El Abogado H. O. D. M. actuando en su condición antes indicado como Recurrente; la Abogada I. A. F. en su condición de Representante del Ministerio Público como Recurrido, y el Abogado P. E. E. C. en su condición de Procurador Judicial del Estado, como Recurrido. II.- HECHOS PROBADOS. “PRIMERO: En fecha veintinueve de agosto del año dos mil ocho, el señor J. I. I. C. fue contratado como Contador General de la Unidad de Gestión para la ejecución del Proyecto de calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación, en el marco del Convenio de Crédito suscrito con el Banco Mundial, por un período de cuatro meses, comprendidos del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil ocho, y como consecuencia de dicho cargo, el señor J. I. I. tenía capacidad de gestión y gasto, teniendo como obligación la de hacer la liquidación e imputación contable al sistema electrónico del Siafi así como de archivar en físico o electrónico todo este procedimiento, otorgándosele un salario mensual de Cuarenta Mil (40.000.00) Lempiras Exactos. SEGUNDO: En vista de las funciones asignadas, el señor J. I. I. registró en el Proyecto antes referido, su cuenta de ahorro personal, registrada bajo el No. 21-421-002599-1 del Banco de Occidente aperturada desde el veinticuatro de mayo del año dos mil cuatro, en la cual se efectuaban depósitos de dinero para la ejecución del proyecto, atendiendo a que la toma de muestras Egra que es la prueba de campo de lectura inicial en las Escuelas Proheco, se realizaba en zonas rurales. Fue así que le fue transferida a la cuenta antes mencionada propiedad del señor J. I. I., un anticipo por la cantidad de Un Millón, Doscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Setenta y Un Lempiras con Setenta y Cinco Centavos (Lps.1,296,671.75) para la ejecución del Proyecto, el cual una vez ejecutado y finalizado debía ser liquidado a través del Sistema Siafi que utiliza el Estado de Honduras. TERCERO: En el mes de Septiembre del año dos mil ocho, el señor J. I. I. C., gestionó a su favor, un incremento de salario por la cantidad de siete mil (Lps.7.000.00) lempiras, sin la debida autorización del Ministro de Educación que se requería, beneficiándose así con dicho incremento, siendo por ello requerido por la Coordinadora del Proyecto, mediante memorándum de fecha trece de noviembre del mismo año dos mil ocho para que procediera al reintegro de dicha cantidad de dinero. CUARTO: En el mes de diciembre del año dos mil ocho el señor J. I. I. procedió a hacer una liquidación en relación al anticipo asignado por el proyecto en fecha diecisiete de noviembre del mismo año dos mil ocho efectuado en el Banco Central, presentando el respectivo comprobante de depósito No. 6901368, por el valor de Ciento Treinta y Seis Mil, Cuatrocientos Veintiocho Lempiras con Once Centavos (Lps.136,428.11) que aún se encontraba pendiente de liquidar, y al verificar que el sistema le dio satisfactoria la transacción, el señor J. realizó una transacción en el sistema Siafi reportándolo como pago, y no como devolución al Estado de Honduras, como correspondía, utilizando el F007 con su clave, lo que generó que el sistema reversara a su cuenta de ahorro personal la cantidad antes mencionada, en lugar de ser ingresado a la cuenta del Banco Central del Estado de Honduras como correspondía. QUINTO: No obstante de que el señor J. I. I. advirtió que la transacción no estaba correcta, obvió hacer las rectificaciones del caso en el sistema Siafi como procedía, permitiendo así que la cantidad de Ciento Treinta y Seis Mil, Cuatrocientos Veintiocho Lempiras con Once Centavos (Lps.136,428.11) permaneciera en su cuenta de ahorro, procediendo a retirar dicha cantidad de dinero propiedad del Proyecto, en fecha catorce de diciembre del año dos mil ocho la cual fue utilizada para gastos personales, dejando de laborar para el Proyecto en fecha dieciocho de diciembre del mismo año dos mil ocho. SEXTO: Fue así que en fecha veintinueve de Enero del año dos mil nueve, el señor J. I. I. fue requerido por el Departamento Legal de la Secretaría de Educación para que rindiera informe sobre las cantidades recibidas en su cuenta personal a través del Sistema Siafi, las cuales ascendían a la cantidad de Ciento Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Lempiras con Once Centavos (Lps.143,428.11), cantidad en la cual se encuentra comprendido el incremento salarial de Siete Mil (Lps 7.000.00) Lempiras que el señor J. I. se autorizó de manera unilateral, así como el excedente de Ciento Treinta y Seis Mil, Cuatrocientos Veintiocho Lempiras con Once Centavos (Lps.136,428.11) pendiente de liquidar. Comprometiéndose así el señor J. I. a hacer efectivo el pago a partir del mes de marzo del año dos mil nueve, para lo cual firmó diez (10) letras de cambio, sin que las mismas hayan sido hecho efectivas hasta la fecha.”III.- RECURSO DE CASACIÓN . El recurrente, Abogado H. O. D. M., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY 1.- PRIMER MOTIVO (único) Aplicación indebida del Artículo 370 del Código Penal vigente. 1a) PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en Artículo 360 del Código Procesal Penal que establece: “Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de Doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deban ser observada para la aplicación de la ley penal (…).” Ib) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal, el Artículo o disposición de carácter sustantivo, cuya aplicación es indebida es el Artículo 370 del Código Penal, en su redacción original, y que establece lo siguiente: “El funcionario o empleado público que se apropie de caudales bienes o efectos cuya administración, bienes, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años si el valor de aquellos no excede de un mil (L. 1,000.00) lempiras y de seis (6) a doce (12) años si sobrepasa de dicha cantidad, mas inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión”. El Honorable Tribunal de Sentencia, establece en su fundamentación jurídica que en los hechos probados concurren los elementos fácticos detallados en el artículo 370 del Código Penal Vigente; como Vosotros sabéis abundantemente Honorables Magistrados de la Sala Penal para que una conducta sea enmarcada como ilícita y perseguible punitivamente esta deberá estar enmarcada en tipo penal vigente y que en dicha conducta concurran todos los elementos que contiene del tipo penal que el órgano acusador invoca. Al hacer el desglose correspondiente de esos elementos fácticos, lo haremos de la manera siguiente: 1.- Que se trate de un funcionario o empleado público. 2.- Que se apropie de caudales bienes o efectos del Estado. 3.- Cuya administración, bienes, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa. Honorables Magistrados, como podéis observar en la página 37 de la sentencia de mérito específicamente en el renglón número 12 de arriba hacia abajo define al sujeto activo como elemento objetivo del delito a una persona (MI REPRESENTADO), que debe “REVESTIR EL CARÁCTER DE FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO”. Al hacer un análisis jurídico del desglose de los elementos fácticos y de los elementos objetivos del artículo 370 del Código Penal, llegamos a la conclusión jurídica que el Honorable Tribunal de Sentencia, comete un hierro procesal enorme al establecer como hecho probado que mi representado está revestido con el carácter de funcionario o empleado público, mas sin embargo a folio 17 de la Sentencia relacionada en el medio de prueba denominado DOCUMENTAL NUMERO UNO (1) consistente en un CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES número 01-2008 que se encuentra a folios número 251 y 256 del expediente de mérito celebrado entre el señor M. A. B. R. en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Educación y mi representado el señor J. I. I. C., por lo tanto, mi representado al ser un CONTRATISTA del Estado no lo convierte en FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO, en primer lugar porque estos contratos de servicios profesionales celebrados entre el Estado y personas naturales para la realización de tareas específicas son regulados por LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; en segundo lugar mi representado en ningún momento presta ninguna PROMESA LEY a la que están obligados las personas que ostentan la calidad de FUNCIONARIO PÚBLICO Y TAMPOCO ES EMPLEADO PÚBLICO en virtud que es un contratista del estado, ya que los empleados públicos se rigen por la LEY DE SERVICIO CIVIL salvo las excepciones que ya establecen que será mediante el Código del Trabajo, por lo que reitero que mi representado al no ostentar la calidad de FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO no cumple con el ELEMENTO OBJETIVO DEL DELITO EN SU CALIDAD DE SUJETO ACTIVO DEL DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Honorables Magistrados, mi representado al no ser empleado ni funcionario público lo único que firma es un CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, ya que a los empleados y funcionarios públicos les emiten ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO O ACCIONES POR CONTRATO DE CIERTO PERIODO DE TIEMPO QUE PUEDEN SER RENOVABLES, pero que no es el caso de mi representado como se puede apreciar con el contrato relacionado de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. 1c) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Al no ostentar mi representado la calidad de funcionario o empleado público como elemento subjetivo, de esta conducta que exige el artículo 370 del Código Penal, nos encontramos que la conducta delictiva y punitiva designada como malversación de caudales públicos en su libelo de sentencia condenatoria que emite el Honorable Tribunal no puede ser aplicada a mi representado ya que a falta del ELEMENTO SUBJETIVO existe también la incompatibilidad de señalamiento a mi representado que lo califica el Honorable Tribunal de Sentencia como sujeto activo del delito siempre atribuyéndole su calidad de empleado o funcionario público en clara violación a la LEY SUSTANTIVA (Código Penal) vigente en nuestro país, ya que a falta del sujeto activo como elemento objetivo del delito, dicha acción no puede ser enmarcada por el delito por el que injustamente se condena a mi patrocinado accediendo el Honorable Tribunal a la petición errónea del Ministerio Público, ya que como lo hemos acreditado de manera abundante en el acápite anterior mi representado en ningún momento en el tiempo que ocurrieron los hechos fue empleado o funcionario público ya que este era un CONTRATISTA PARTICULAR DEL ESTADO y cuya vinculación laboral con el Estado se regula por la LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.”El Recurrente H. O. D. M. formalizo su RECURSO DE CASACIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL de la siguiente manera: “1.- PRIMER MOTIVO (único) Clara violación al artículo 90 de la Constitución de la República. la) PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 361 del Código Procesal Penal que establece: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda Interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la Infracción de precepto constitucional. Ib) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. El artículo 90 de la Constitución de la REPÚBLICA establece “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Evidentemente existe un Tribunal de sentencia competente para emitir sentencia en el ámbito penal como ocurrió en el caso que nos ocupa, pero existe una desproporcionalidad total en cuanto a formalidad, en virtud que mi representado fue condenado sin existir un requisito imperativo de ser un funcionario o empleado público como la formalidad que exige el tipo penal de Malversación de caudales públicos ya que como lo reitero este era un contratista del estado mediante contrato de servicios profesionales. lc) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. La inobservancia a la formalidad exigible en el artículo 90 de nuestra Constitución de la república, que en el caso de mérito es el hecho de que mi representado NO ES NI EMPLEADO NI FUNCIONARIO PÚBLICO, y aun así fue condenado por un delito que necesariamente tiene que ser realizado por una persona que ostente la calidad de EMPLEADO O FUNCIONARIO PÚBLICO que no es el caso de mi representado el señor J. I. I. C., por lo tanto la inobservancia del Honorable Tribunal de Sentencia de dicha formalidad conlleva a la clara violación del DEBIDO PROCESO establecido en esta norma constitucional.”El Recurrente H. O. D. M. formalizo su RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: 1.- PRIMER VICIO. Clara inobservancia a lo establecido en el artículo 362 numeral tres (3) del Código Penal la) PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 362 del Código Procesal Penal que establece: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrí interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1).... 2)....3) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Ib) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO (O VICIO) DE CASACIÓN. Honorable Tribunal de Sentencia, inobservo el hecho que aun siendo mí representado UN CONTRATISTA y no un empleado o funcionario público, no existió en todo este proceso penal ningún informe del ente contralor que como lo ordena la LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS que establece en la misma que todas las actividades que tiene la participación el Estado este órgano podrá realizar AUDITORIAS A PRIORI Y A POSTERIORI, actuación esta que en el proceso penal en ningún momento se acredito por parte del ente acusador. Por otra parte Honorables Magistrados a mi representado se le consigno una suma determinada de dinero para que realizara específicamente una TAREA DETERMINADA la cual CUMPLIÓ A CABALIDAD Y DE MANERA EFICIENTE E INOBJETABLE dentro del término establecido en el contrato, extremo que quedo debidamente probado en el desarrollo del presente juicio mediante prueba documental y prueba testifical propuesta por el ente acusador, por lo tanto al hacerle la REVERSIÓN ELECTRÓNICA de manera errónea por la cantidad de CIENTO CUARENTRA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEITIOCHO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.143,428.11) por parte del Sistema electrónico denominado SIAFI, pero esta reversión de este dinero NO TENIA NINGÚN TIPO DE FINALIDAD DE EJECUCIÓN, ya que el proyecto objeto de la relación contractual YA SE HABÍA CUMPLIDO A CABALIDAD por parte de mi representado, quien incluso ya había realizado la respectiva liquidación como quedo comprobado tanto con los documentos relacionados como también con las declaraciones de las señoras M. M. L. F. quien fungía como jefa y coordinadora del Proyecto Calidad de la Educación en el año 2008 y de C. D. S. Z. quien era la coordinadora Financiera del mismo proyecto en ese tiempo, por lo que mi representado no tuvo que ser acusado por MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ya que tenían que ejecutar las LETRAS DE CAMBIO en el JUZGADO CIVIL correspondiente o someterse a las cláusulas del contrato que establece que las diferencias derivadas del mismo se ventilaran en la instancia CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. lc) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. El hecho que mi representado tenía un contrato de SERVICIOS PROFESIONALES con la secretaria de educación, el mismo contenía las cláusulas que establecían la forma de solucionar las diferencias que surgieran del mismo, por lo tanto en base a ese contrato se debieron entablar las acciones correspondientes obedeciendo lo estipulado en la LEY DE CONTRATCION DEL ESTADO, y si de esas acciones surgieren actuaciones que se enmarcasen en tipificaciones penales, estas debieron ser entabladas en contra de mi representado como una persona particular y no atribuyéndole la calidad de funcionario o empleado público. SEGUNDO VICIO Clara inobservancia a lo establecido en el artículo 362 numeral cuatro (4) del Código Penal. 2a) PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 362 del Código Procesal Penal que establece: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1).... 2).... 3).... 4) Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena. 2b) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO (O VICIO) DE CASACIÓN En toda la exposición de motivos y fundamentación jurídica por parte del Honorable Tribunal de Sentencia, en su libelo de Sentencia condenatoria no encontramos ninguna explicación jurídica que relacione la solicitud planteada por el representante del estado de Honduras el Procurador General de la República que actuaba por delegación de la defensa de los intereses del estado quien es la víctima en el que nos ocupa. 2c) Interpretación PRETENDIDA Honorables Magistrados, es deber como lo señala el artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal de consignar en su motivación de sentencia todas las cuestiones debatidas en el proceso y corno podéis observa, en ninguna de sus partes relaciona el hecho del porque es el parecer del porque para la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA dichas acciones se deben subsumir en el artículo 372 del código Penal como lo solicito el representante del Estado como titular de la acción penal como lo señala el artículo 26 del Código Procesal Penal que establece QUE CUANDO LA VÍCTIMA SEA EL ESTADO LA PROCURADURIA GENERAL DE LAREPÚBLICA EJERCERÁ LA ACCION PENAL PÚBLICA EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, por lo tanto debió el Honorable Tribunal detallar del porque no accede a la solicitud del titular de la acción penal. TERCER VICIO: Clara inobservancia a lo establecido en el artículo 362 numeral seis (6) del Código Penal. 3a) PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 362 del Código Procesal Penal que establece: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1).... 2).... 3).... 4).... 5).... 6) La incongruencia entre la sentencia yla5 pretensiones de las partes, según el artículo 377 del Código Procesal Penal. 3b) EXPLICACION DEL MOTIVO (O VICIO) DE CASACIÓN El artículo 337 del Código Procesal Penal establece que deberá existir una congruencia de la sentencia con la acusación, en el caso que nos ocupa la Procuraduría General de la República formalizo acusación al inicio del debate basando la misma en que la conducta de mi representado se subsume en lo establecido en el artículo 362 del Código Penal, posición esta que mantuvo durante todo el proceso y que en sus conclusiones lo reafirmo, igual que en la audiencia de individualización de pena, por lo que RESULTA MAS QUE EVIDENTE LA INCONGRUENCIA entre la pretensión de la PROCURADURÍA y la SENTENCIA DE MERITO. 3c) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Es claro y evidente Honorables Magistrados que tal incongruencia violenta lo establecido en el artículo 362 del Código procesal penal ya que violenta el proceso señalado para tal efecto y más aún y cuando en dicha sentencia no motiva el producto de tal incongruencia, cuando nuestros sistema adversarial acusatorio manda que tendrá que motivar todo lo relacionado o sucedido en el debate hecho que en el presente proceso no establece dicha sentencia.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. Estableció el Recurrente que el Juzgador incurrió en aplicación indebida del artículo 370 del Código Penal, consignando como norma autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el Sentenciador en la fundamentación jurídica ha establecido que concurren los elementos del tipo penal del artículo 370, lo cual es erróneo porque el imputado J. I. I. C. no ostentó nunca el cargo de Funcionario Público, pues aparece agregada a folio 251 y 256 del expediente judicial un contrato de servicios profesionales firmados por el Secretario de Educación y el acusado, lo que demuestra que nunca fue nombrado como funcionario público, sino que era un contratista; por tanto considera el reclamante que el Juez A-quo le otorgó en los hechos probados al acusado una categoría de Funcionario Público que nunca la tuvo y por tanto se violentó la ley sustantiva. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley sólo puede intentarse una Revaloración Jurídica del material fáctico descrito en la Sentencia, contenido en la formulación de Hechos Probados realizada por el Tribunal de Instancia. A esta sala, tratándose del motivo invocado por el recurrente, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de Derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la Sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Por tratarse de un Recurso donde se denuncian Infracción de Leyes Sustantivas, este Tribunal de Casación debe limitarse a analizar la Fundamentación Fáctica de la Sentencia y confrontarla con la norma penal utilizada por el Sentenciador, para luego realizar el encuadre mental de los hechos sometidos a juzgamiento y determinar con ello, si el juzgador realizó o no una adecuada interpretación del canon penal. Conveniente es señalar que los Hechos Probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado de éste. Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato; y 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión[1]” b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…[2]” y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factor de la resolución dirigido a la contradicción in términos…[3]”.El Principio de Intangibilidad de los hechos probados implica una aceptación irrefutable de los hechos probados que constituyen el marco histórico que sirve de base a la sentencia, en consecuencia, el impugnante deviene obligado a aceptar tales hechos como verdades incuestionables. Es criterio de esta Sala de lo Penal que los hechos declarados probados conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que corresponde a los hechos declarados como probados, hechos y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia, dicho esto, procede realizar el parangón entre hechos probados y norma penal sustantiva a efecto de determinar su supuesta incongruencia o su correspondencia. Analiza este Tribunal de Casación que el recurrente ha incurrido en inadecuada técnica recursiva, pues tal como lo explicamos en los párrafos anteriores, el Recurso de Casación por infracción de ley tiene como punto central de discusión los Hechos Probados y conforme al Principio de Intangibilidad (ampliamente descrito), el censor deviene en la obligación de aceptar los sucesos tal y cual los plasmó el A-quo. En base a esa Fundamentación Fáctica es que se procede a determinar si encontramos en ellos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal por el cual condenó el sentenciador, es decir si existe armonía entre la redacción de sucesos decretados probados y el delito por el cual fue condenado el imputado. El recurrente señala que el error del Juzgador se encuentra en la Fundamentación Jurídica del fallo cuando le otorga al acusado la condición de Funcionario Público, pero esta aseveración constituye parte de los hechos probados, por lo que devenimos obligados a aceptarlos según lo plasmó el A-quo, por lo que consideramos que el reproche del casacionista se enfoca en cómo el Juzgador llegó a la conclusión que el encartado era funcionario público, es decir cuestiona la valoración que hiciera el Tribunal Sentenciador, pero dicho motivo es propio de otra especie de casación, por tanto este motivo debe ser desestimado. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. Consideró el denunciante que existió transgresión al artículo 90 de la Constitución de la República, estableciendo como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Señaló el Recurrente que se ha infringido el Debido Proceso que establece que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, pues da por acreditado que el imputado J. I. I. C. fue condenado como Funcionario o Empleado Público, cuando él lo que ostentaba era el cargo de contratista de servicios profesionales, inobservando lo que ordena el artículo 370 del Código Penal para el delito de Malversación de Caudales Públicos, violentándose con ello nuestra Constitución de la República. Esta Sala, considera importante recordar que la garantía genérica del Debido Proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso; dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad[4]. En el caso bajo examen podemos concluir que el Sentenciador respetó en todo momento la garantía constitucional del Debido Proceso. El Estado, para prestar los servicios públicos a que deviene obligado, requiere de un sustrato patrimonial, necesitando a su vez, de unos empleados públicos que atiendan aquellos servicios, recaudando los fondos, custodiando los caudales, haciendo los pagos y, en definitiva, administrando en su nombre la fortuna de todos. Estos funcionarios o empleados públicos tienen la obligación de fidelidad y de probidad para con la Administración que ha depositado su confianza en ellos, debiéndose prever y tipificar los abusos de esos empleados en caso de transgredir aquella relación de confianza, pero la infracción de la obligación no es el valor que el legislador quiere proteger con la tipificación de la conducta del funcionario desleal. De la simple lectura de los artículos 370 y siguientes del Código Penal, se desprende que lo que se tipifica es la infracción del deber del funcionario (Malversación Propia). Pero el delito se presenta, a la vez, como lesión de un deber y como lesión de un bien jurídico. En este caso, el valor que protege el legislador con la tipificación de las distintas conductas del funcionario que no cumple con su deber, es el erario público, además de la confianza de los ciudadanos en el manejo de los fondos destinados a los servicios que prestan los poderes públicos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha declarado, respecto de la malversación impropia del artículo 373-A del Código Penal, que el bien jurídico protegido en este delito es «la violación por el depositario del deber estricto de probidad y lealtad que dicha relación de servicio ocasional le impone el manejo de los bienes confiados» (SSTS de 21 de julio de 1987 y 16 de abril de 1990). Pero, puede también mantenerse que el bien jurídico protegido es la conservación del erario público, pues –como señala S. M.– «de una parte, la función jurídico-social que desempeña el depositario o administrador de bienes embargados, secuestrados o depositados, no difiere sustancialmente de la función pública propia de un funcionario; de otra, el derecho penal, vinculado siempre a la realidad, no tiene por qué supeditar sus conceptos a los que rigen en el orden administrativo», añadiendo que «la constitución del embargo y depósito de bienes por autoridad pública confiere al depositario para tales efectos la consideración de funcionario público y a los bienes hasta entonces de propiedad particular la condición de caudales públicos». Así pues, a través de esa doble ficción, también el bien jurídico objeto de protección es el servicio público que debe prestarse cuando la autoridad judicial o administrativa acuerdan el depósito o embargo de determinados bienes privados, participando los particulares, que ostentan la cualidad descrita en la norma, de la función pública, con las consecuencias a ella inherentes, y asimilándose los bienes privados a los caudales de aquella naturaleza. El Sujeto de la Acción, es el funcionario público que tenga una determinada relación con los caudales públicos (Malversación Propia). El concepto de funcionario, nos lo da el Artículo 2 de las Definiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: “A los efectos de la presente Convención: a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte.” Nuestro derecho interno establece en el artículo 393 del Código Penal: “Para todos los efectos de este Código, se reputará funcionario o empleado público a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público. Se reputarán también funcionarios públicos a los alcaldes y regidores municipales.” El artículo 373-A del Código Penal supone una anomalía respecto de lo anteriormente expuesto porque, en el supuesto de la malversación impropia recogido en el citado artículo, a ciertos particulares se les asimila a los funcionarios públicos, por la cualidad o condición que ostentan respecto de determinados bienes, distinguiéndose dos supuestos: a) Los encargados por cualquier concepto del manejo de fondos, rentas o efectos departamentales o municipales o que pertenezcan a una institución educativa o de beneficencia. Este supuesto genera menor problemática que el siguiente, dado que los fondos provinciales y municipales tienen un destino público, al igual que los establecimientos de instrucción o beneficencia, por lo que el particular participa de la función pública; b) Los administradores o depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por una autoridad pública aunque pertenezcan a particulares[5]. Una vez que conocemos lo que la doctrina, nuestro derecho interno y conocidos juristas internacionales establecen sobre el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICO -PROPIA E IMPROPIA- y sobre cómo determinar quién ostenta la categoría de Funcionario Público, podemos concluir que el señor J. I. I. C. fue nombrado por autoridad competente, en este caso por el Ministro de Educación, su función era administrar fondos del Estado destinados a un proyecto educacional; se determinó que desvió parte de esos recursos para su peculio personal y además, que si bien firmó un contrato por cuatro meses como Contador General de la Unidad de Gestión para la ejecución del Proyecto Calidad de la Educación, tal como lo establece la ya mencionada Convención contra la Corrupción, no importa si es un empleado permanente o temporal, lo que interesa es que estaba a cargo de manejar los caudales del estado. Por lo tanto el acusado, desde el momento que firmó el contrato para manejar fondos estatales, ostentó la categoría de Funcionario Público y por tanto se le sometió a un proceso penal con todas las garantías y derechos inherentes a su calidad de imputado, respetándose en todo momento el debido proceso, por lo que este motivo de Casación por Infracción de precepto constitucional debe ser declarado sin lugar. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo: Consideró el impetrante que el Tribunal Sentenciador incurrió en inobservancia del artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, estableciendo como norma autorizante el mismo artículo procesal precitado. Explicó el censor que el Tribunal de Sentencia inobservó el hecho que aun siendo el imputado J. I. I. C. un contratista y no un empleado o funcionario público, no existió durante este proceso penal algún informe del ente contralor tal como lo ordena la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, estableciendo específicamente auditorias a priori y a posteriori. Denunció además el recurrente que al acusado se le consignó una cantidad determinada de dinero para realizar determinadas tareas que cumplió a cabalidad.Observa este Tribunal de Casación que el Recurrente incurre en inadecuada técnica recursiva, pues señala como motivo de casación la violación del Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, pero esta norma contiene en sí varios supuestos como ser: a) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas; b) Que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias, y c) Si en la valoración de la prueba se infringieron las reglas de la sana crítica. En una buena técnica el recurrente debe elegir cuál de los supuestos aparece en la sentencia, debe señalarlo puntualmente y establecer cómo dicho yerro perjudica en la defensa de su patrocinado, no basta con señalar puntos subjetivos o criterios personales, sino que debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 363 del Código Procesal Penal. Al no cumplir con dichos requerimientos el recurso se vuelve falto de claridad y precisión no permitiendo a esta Sala de lo Penal dar una respuesta adecuada al cuestionamiento del censor, por tanto este motivo debe ser desestimado. Segundo Motivo Expuso además el recurrente que el Juez A-quo inobservó lo establecido en el artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal, consignando como norma que le permite la interposición del recurso, el mismo artículo procesal precitado. Explicó el reclamante que en la exposición de motivos y fundamentación jurídica del fallo, no encontramos ninguna explicación jurídica que relacione la solicitud planteada por el representante del Estado, es decir el Procurador General de la República, a quien le competía ejercer la acción penal pública, por lo que el Juez A-quo no consignó todas las cuestiones debatidas en el juicio. Nuevamente el denunciante incurre en incorrecta destreza casacional, pues señala como motivo de casación el artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal que contiene varios supuestos de impugnación, no siendo específico sobre cuál es el alegado por el recurrente. Los argumentos del impetrante recaen en que el Tribunal Sentenciador no estableció en su sentencia cual fue la posición de la Procuraduría General de la República en el juicio pues considera que era éste ente estatal a quien le competía ejercer la acción penal pública. Esta Sala de lo Penal considera que si bien estas argumentaciones no encajan bajo ninguno de los supuestos del numeral 4 del artículo 362 procesal, es procedente aclarar al recurrente que tal como lo establece el artículo 25 del Código Procesal Penal, el ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público y, en los asuntos de su competencia tal acción será ejercitada por la Procuraduría General de la República, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público. En tal sentido, la Procuraduría perfectamente puede presentar en los asuntos de su competencia la acción penal pública, pero el hecho que no lo presente o no la ejerza no significa que el Ministerio Público no pueda accionarla, pues entiende esta Sala que ambos entes resultan complementarios en aquellos asuntos en donde el Estado se constituye en víctima. Por tanto no es correcta la posición del recurrente al considerar que al no ser la Procuraduría General de la República la que presentó la acción y al no consignarse cuál era su posición en el juicio, sea un yerro que merezca reproche casacional; además que en los antecedentes procesales de la Sentencia aparece un apartado en donde el Tribunal Sentenciador explica cual es la posición de la Procuraduría General de la República en el presente juicio, por lo que no es cierto que no se haya plasmado cuál era su criterio. Por las razones expuestas este motivo de casación debe ser declarado sin lugar. Tercer Motivo Cuestionó el denunciante que el Tribunal A-quo inobservó el artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal, consignando como precepto autorizante el mismo artículo procesal antes citado. Explicó el recurrente que el artículo 337 del Código Procesal Penal manda que debe existir congruencia de la sentencia con la acusación, en el caso que nos ocupa la Procuraduría General de la República formalizó acusación al inicio del debate, basando la conducta del acusado en el artículo 372 del Código Penal respecto a un delito culposo. El principio de congruencia, no significa que habrá de existir una equivalencia absoluta entre la sentencia y la acusación, pueden darse variantes no significativas para lo toral de la decisión que se toma; lo básico es que la sentencia condenatoria que se dicte debe surgir del juicio oral que se desarrolle y dentro de los límites acusatorios imputados, la finalidad es evitar que se condene por un hecho diferente al que fuera imputado e intimado en juicio oral, lo importante es que dichos hechos no hayan sido variados en su contenido de forma tal que de lugar a incorporar un cuadro fáctico totalmente ajeno a lo controvertido a lo largo del juicio, es por ello que el hecho de que en la formalización se estableció un lugar y en el cuadro fáctico otro distinto en cuanto a donde ocurrió el hecho imputado, esto no es suficiente para poder concluir que se acreditaron hechos distintos a los descritos en las fases previas, cuando el resto de los hechos así como la calificación a que arribó el A-quo guardan relación coherente con el delito y los hechos por los que el imputado ha venido siendo procesado por esta causa y de los cuales se debatió en juicio oral y público[6]. En el caso subjudice considera este Tribunal de Casación que se ha respetado en todo momento el principio de congruencia entre la sentencia y la posición de la partes, pues recordemos que quien estaba ejerciendo la acción penal pública en este proceso era el Ministerio Público y aunque también se escuchó la posición de la Procuraduría, los hechos nunca fueron modificados, pues desde el momento en que el ente fiscal presentó su acusación hasta el momento del debate o juicio oral, mantuvo su posición en cuanto a los hechos imputados al acusado los cuales se mantienen incólumes. En el presente caso correspondía al Juzgador determinar qué tipo penal encajaba de mejor manera con los hechos planteamos por el ente acusador y conforme a los argumentos ampliamente establecidos, dichos hechos son adecuados con el delito de malversación de caudales públicos. En consecuencia este motivo de casación debe ser desestimado. IV.- DECISIÓN Establecidos estos argumentos, esta Sala de lo Penal es del parecer de desestimar los recursos de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma en todos sus motivos, interpuesto por la defensa del imputado J. I. I. C.. V.-POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 337, 338, 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 370 del Código Penal; 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo interpuesto por el Abogado H. O. D. M., en su condición de Defensor Privado del imputado J. I. I. C.. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo interpuesto por el Abogado H. O. D. M., en su condición de Defensor Privado del imputado J. I. I. C.. TERCERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus Tres Motivos interpuesto por el Abogado H. O. D. M., en su condición de Defensor Privado del imputado J. I. I. C.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA PONENTE.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de Mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP309-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid Sentencias de Sala de lo Penal en los expedientes números: SP 377-2008 de fecha 15 de diciembre del 2010; SP 129-2009 de fecha 28 de octubre del 2010.
[2] Vid Sentencia de Sala de lo Penal en el expediente N°: SP 250-2009 de fecha 13 de abril del 2011.
[3] Vid Sentencia de Sala de lo Penal en el expediente N° SP 920-2009 de fecha 25 de noviembre del 2010
[4] Vid Sentencia de Casación Penal N° SP 187-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril del 2013.
[5] De Diego Diez, L. Alfredo. Manual de Derecho Penal Parte Especial. Volumen III. Agencia Española de Cooperación Internacional. Páginas 89 al 111.
[6] Vid Sentencia de Casación Penal SP 351-2008 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de noviembre del 2010.