Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-307-12 — Registro 5887

Resumen

Se condenó a los imputados en primera instancia por coautores del delito de secuestro.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo, interpuesto por el apoderado defensor de la procesada J. C. C. V., denunciando que la declaración de hechos que el tribunal declara probados no son claros y terminantes y es contradictoria. Precepto autorizante: artículo 362 No. 1) del Código Procesal Penal. 1) El recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el tribunal declara probados no es clara y terminantes o que sea contradictoria”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca la impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos) . El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado atacar y realizar su fustigación en los hechos probados en si, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos. 2) En el caso subjudice, esta Sala nota que los nueve hechos declarados probados han sido enumerados en forma clara, precisa, terminante y coherente, mediante el empleo de terminología que permite asimilar lo que el tribunal trata de referir, siendo accesible para el lector la comprensión de los términos utilizados. De manera que no ha lugar al motivo invocado, por cuanto la falta de claridad, precisión o terminancia así como la contradicción que refiere la norma debe darse en el relato mismo de los hechos probados en su relación interna, no en relación de los hechos con la valoración de las pruebas de las cuales se han colegido, ya que la redacción del relato de hechos que considere probados es facultad del tribunal sentenciador con la responsabilidad consiguiente, y no es preciso que en ese relato se recojan todos los pormenores y circunstancias que las partes estimen precisos, aunque se trate de extremos fácticos debidamente acreditados, en la forma que estime oportuna y en la medida que sea necesaria para permitir su calificación jurídica, por lo que, por las razones indicadas no procede este motivo de casación

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Recurso de casación por quebrantamiento de forma en su tercer motivo, interpuesto por el apoderado defensor del procesado W. A. G. V., denunciando que la sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. Precepto autorizante: articulo 362 No. 2) del Código Procesal Penal. El recurso de casación por quebrantamiento de forma en su tercer motivo, carece de claridad y precisión. En consecuencia, esta Sala de lo Penal se pronuncia en base a las consideraciones siguientes: 1) Del “Principio de debida técnica” se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso, los cuales “constituyen los mínimos requerimientos que debe contener el recurso de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[6]. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. El principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el impetrante. 2) En opinión de esta Sala de lo Penal, el planteamiento infringe la debida técnica casacional, al señalar el recurrente como vicio que pudiera dar lugar a la casación en la forma, que la sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, sin embargo, no establece concretamente a qué medios de prueba se refiere, solamente plantea alegatos propios de instancia, respecto a la valoración de la prueba realizada por el A-quo, que constituyen un vicio diferente, yerro que se aprecia en el recurso que conoce el tribunal de casación penal, limitando el examen del tribunal de casación. En consecuencia no procede este motivo de casación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, en su condición de coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el recurso de casación SP 307-2012 por quebrantamiento de forma en sus tres motivos, infracción de precepto constitucional en su único motivo e infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el apoderado legal de la señora J. C. C. V. y por quebrantamiento de forma en sus tres motivos, interpuesto por el apoderado legal del señor W. A. G. V., contra la sentencia de fecha quince de diciembre del dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor W. A. G. V., como coautor del delito de SECUESTRO en perjuicio de K. M. C. G., a la pena de VEINTISÉIS (26) años de reclusión y a la señora J. C. C. V. como coautora del delito de SECUESTRO en perjuicio de K. M. C. G., a la pena de VEINTICINCO (25) años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la condena y además, se le declara la responsabilidad civil del condenado a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No procede a condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Son partes: el abogado J. E. R. P. en su condición de apoderado legal de la señora J. C. C. V. como recurrente; el abogado N. O. R. en su condición de apoderado legal del señor W. A. G. V. como recurrente y el abogado S. C. A. en su calidad de representante del Ministerio Público y recurrido. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día catorce de septiembre del año dos mil diez, siendo aproximadamente las ocho de la mañana, la joven K. M. C. G. se dirigía a su trabajo en el Banco Centroamericano y transitaba conduciendo su automóvil a inmediaciones del Boulevard Juan Pablo Segundo, bajo los puentes que conducen al Supermercado La Colonia que está sobre el Boulevard Suyapa de esta ciudad de Tegucigalpa, cuando un vehículo rebasó el automóvil en que conducía K. y se colocó frente a éste, luego empezó a retroceder hasta colisionar con el vehículo de K.. Ante ello, K. se bajó de su automóvil y se dirigió al conductor que le había colisionado, quien le preguntó porqué le había impactado su vehículo, sin embargo, luego de observar ella que su vehículo no tenía mayor daño, decidió irse del lugar puesto que tenía que llegar a su trabajo y ya se le hacía tarde, así como retornó a su automóvil. SEGUNDO: Cuando K. iba a ingresar a su vehículo, fue interceptada por un hombre, quien la encañonó con un arma de fuego y le dijo que se subiera a un automóvil turismo que se había ubicado atrás del vehículo de K., ante lo cual, ésta le dijo que ella le daba lo que quisiera pero que la dejara, no obstante el hombre le indicó que no querían eso sino que el dinero de su papá. Fue así como K. se subió al vehículo como le exigió el sujeto y al ingresar observó dos hombres que tenían sus rostros cubiertos con pasamontañas, uno de ellos ubicado en el asiento trasero que fue el que agarró a K., en tanto que el otro que era W. A. G. V., quien es primo segundo de K., conducía el vehículo en cuestión, en tanto que el primer sujeto que había interceptado a la joven K. C. se llevó el vehículo de ésta, mismo que después dejó abandonado a la altura de la Villa Olímpica de esta ciudad. TERCERO: Al momento en que K. ingresó al vehículo, le colocaron una bolsa negra en la cabeza y la condujeron hacia la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, solicitándole en el trayecto que confirmara si el número de teléfono celular de su padre era 99331321, y también le preguntaron por el número teléfono celular de su madre, reconociendo K. la voz de su primo W. en ese momento, debido a unas frases que éste pronunció. CUARTO: Fue así que al llegar a la colonia Nueva Suyapa, introdujeron a K. a la segunda planta de una vivienda que en ese momento estaba desocupada, la cual pertenecía a la señora L. DE J. V. A., madre de W. A. G., en donde procedieron a colocar una venda elástica sobre los ojos de K. C. y a amarrarle de pies y manos con una venda elástica e introduciendo un trapo en su boca, dejándola sobre un colchón inflable, luego de lo cual la dejaron en el lugar y le dijeron que iban a hablar con su papá. QUINTO: Siendo aproximadamente las diez y cuarenta y cinco de la mañana de ese mismo día catorce de septiembre del dos mil diez, el señor H. V. C. C., padre de K. M. C. G., se encontraba en su finca ubicada en Olancho, cuando en ese momento recibió una llamada del teléfono celular número 99494107, en la que un hombre le decía que tenía detenida a su hija K. C. y le exigía la entrega de la cantidad de un millón cien mil lempiras para proceder a su liberación, informándole a la vez que el vehículo de su hija K. había sido dejado a inmediaciones de la Villa Olímpica. Ante ello, el señor C. C. se dirigió a Juticalpa donde comunicó la situación a su madre, esposa e hijos mayores, luego realizó averiguaciones para verificar la información recibida, comprobando que era cierto que su hija K. no había llegado a trabajar, razón por la cual se trasladó hasta Tegucigalpa y se dirigió a las oficinas del Grupo Especializado Anti Secuestros dependiente de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación del Ministerio de Seguridad, donde interpuso la denuncia correspondiente y junto con un policía hizo las gestiones correspondientes para recoger el vehículo de su hija. SEXTO: En tanto, K. permanecía amarrada cerca de la cual habían colocado una grabadora la cual tenía la radio encendida, y siendo aproximadamente las horas del mediodía del mismo catorce de septiembre, un hombre y una mujer que resultó ser J. C. C. V., quien tiene un hijo con el señor W. A. G. V., le llevaron un pollo para que almorzara, diciéndole que si no comía no la dejarían libre; luego intentaron pararla y una de las bandas del pie se le había zafado, razón por la cual procedieron sujetarle los antebrazos y las manos con cinta aislante, haciéndolo igual con las pantorrillas, tobillos y pies, dejándola inmovilizada y nuevamente la colocaron en el colchón, el cual ya no tenía aire. SÉPTIMO: En horas de la noche, nuevamente llegaron J. y el hombre al lugar donde estaba K. y le dijeron que tenía que comunicarse con su padre a quien debía decirle que ella estaba bien y que diera el dinero, siendo así como marcaron el número de teléfono del señor H. V. y K. habló con éste diciéndole lo que le habían indicado pero no logró hablar más con él. Luego de ello K. permaneció en esas condiciones hasta el día dieciséis de septiembre del años dos mil diez, tiempo en que era cuidada por J. C., quien le llevaba comida y le ponía un basurero para que hiciera sus necesidades fisiológicas. OCTAVO: En tanto esto ocurría, el señor H. V. continuó recibiendo llamadas telefónicas en las que se le solicitaba dinero para dejar libre a su hija, siendo así como H. V. logró reconocer la voz que le hablaba al teléfono que era la de W. A. G. V., puesto que éste era primo de su esposa y había habitado en la vivienda del señor H. V. durante bastante tiempo, situación que el señor H. V. comunicó a la policía. Finalmente, el día dieciséis de septiembre del año dos mil diez, en las oficinas del Grupo Especializado Anti Secuestros (GEAS), se recibió una llamada anónima, en la cual se informaba que había una casa sospechosa en la Colonia Nueva Suyapa, a la cual entraba y salía gente con comida aún cuando dicha casa estaba abandonada, siendo así como agente GEAS montaron vigilancia a dicha casa, que era precisamente la vivienda propiedad de la señora L. de J. V., y luego de una vigilancia observaron que J. C. salió de la vivienda y se introdujo a un negocio de lotería que se encontraba a la par pero que estaba en el mismo inmueble, razón por la cual se dirigieron a dicho negocio y registraron el mismo, luego de lo cual, ingresaron a la segunda planta donde se encontraba K., logrando así su liberación y reconociendo en ese momento K. que la vivienda donde se encontraba era de su tía L., y donde en varias ocasiones ella había estado años atrás, siendo comunicada la noticia de su liberación al señor H. V., quien arribó al lugar y luego K. fue llevada a un centro asistencial, en tanto que la joven J. C. fue detenida. NOVENO: Ese mismo día dieciséis de septiembre de dos mil once, en horas de la tarde, el señor W. A. G. C. se presentó a la Posta Policial ubicada en la ciudad de Talanga, Francisco Morazán, a interponer una denuncia siendo en ese momento detenido”. III. RECURSO DE CASACIÓN 1. “El Recurrente abogado J. E. R. P., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma manifiesta: “MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN; POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA; ordenado en el artículo 362, preámbulo numeral 1, del Código Procesal Penal, que lo explico de la manera siguiente: la sentencia impugnada mediante el presente recurso de casación por quebrantamiento de forma, que emitió de manera definitiva la sala cuarta del Tribunal de Sentencias de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha 15 de diciembre del año 2011, en lo referente a los hechos que el Tribunal estima probados, si bien es cierto el tribunal sentenciador los hechos probados los estima en nueve párrafos pero tal declaración no es clara y determinante en consecuencia es contradictoria y que se observa que existen términos oscuros o ambiguos que imposibilitan su comprensión gramatical o las estructuras en forma incompletas omitiendo consignar circunstancias para su apreciación completa y coherente, existe jurisprudencia en Honduras en varias sentencias y haciendo relación a lo que señala el tribunal supremo español que de importancia básica que la narración de hechos sea clara y comprensible es lo que ocurre cuando se produce incomprensión que en realidad se dice y lo que se pretendió decir como resultado de la utilización de expresiones que sean inteligibles omisión de cuestiones sustanciales o por tal carencia de supuestos fácticos que provoquen un vacío en la descripción de los hechos sean precisos por estar relacionados con la calificación jurídica y subsunción en el tipo normativamente definido, en conclusión se puede decir que la sentencia impugnada que los hechos probados no son claros y determinantes porque su narración es confusa, imprecisa, y vacilante, y que impide a perfecta comprensión de la realidad histórica debatida en el juicio, en contraposición a lo expuesto debiendo ser tajante imperativo, y categórico, en lo que se relata para que cumpla con la cualidad de ser claro y determinantes y por ende merecedores del respeto reverencial y absoluto que en casación se Le atribuye, y que señalo el párrafo sexto, de los hechos probados, y que el tribunal sentenciador utiliza la expresión en el párrafo sexto, que dice: siendo aproximadamente las horas del mediodía del mismo 14 de septiembre un hombre y una mujer que resulto ser J. C. C. V., quien tiene un hijo con el señor W. A. G. V., le llevaron un pollo para que almorzara observando este capítulo sexto no es claro y determinante por utilizar expresiones siendo aproximadamente las horas del mediodía, un hombre y una mujer que resulto ser J. C. C. V., quien tiene un hijo con el señor W. A. G. V., en consecuencia dichas expresiones no son claras ni determinantes siendo contradictorio lo expresado por utilizar términos ambiguos, como Ser horas del mediodía, como ser un hombre y una mujer, como ser J. C. C. V. por tener un hijo con W. A. G. V., en consecuencia carece la sentencia en los hechos probados falta de claridad y es contradictoria. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Que me baso en el Artículo 362 preámbulo párrafo 2, en virtud que dicha sentencia en los hechos probados se basa en elementos probatorios no incorporados legalmente en el juicio que Lo explico de La manera siguiente: en el párrafo séptimo de los hechos probados de la sentencia impugnada hace relación de elementos probatorios no incorporados legalmente en el juicio, en virtud que el señor H. V. y K. habló en fecha 16 de septiembre del año 2010. tiempo en que era cuidada por J. C. C. V. quien le llevaba comida y le ponía un basurero para que hiciera sus necesidades fisiológicas, como se puede constatar que lo declarado probado en el párrafo séptimo, de los hechos probados de la sentencia no existe ningún elemento probatorio que se haya incorporado legalmente al juicio en consecuencia se ha violentado lo que señala el artículo 362, párrafo 2, del Código Procesal Penal, lo que es causa del presente recurso por quebrantamiento de forma por contener la sentencia elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. TERCER MOTIVO DE CASACÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA; que está fundamentado en el artículo 362 preámbulo, párrafo tres del Código Procesal Penal; y que lo explico de la manera siguiente; en virtud que habiendo analizado y observado en lo referente a la valoración de la prueba por parte de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias de la ciudad de Tegucigalpa al dictar la sentencia definitiva en fecha 15 de diciembre del año 2011, no valoró la prueba en virtud que no observó las reglas de la sana crítica, ni observó, ni valoró la prueba en su conjunto como podemos señalar que existe bastante y abundantes sentencias que sirven de jurisprudencias como afirma el jurista el de la Rúa que la motivación de la sentencia para que sea completa debe de referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las conclusiones a que arriba el tribunal sobre su examen sobre la subsunción del hecho comprendido en un precepto penal, y sobre las consecuencias jurídicas que de su aplicación se derivan y en la sentencia recurrida en casación no se observa que el tribunal sentenciador haya valorado la prueba en su conjunto en virtud que en lo que se refiere a la parte tercera de la valoración de la prueba en su conjunto se encuentra el acta de registro personal, que corresponde al registro efectuado a J. C. C. V., y que obra en el folio 44 del expediente judicial a quien se le decomiso un teléfono celular color negro con gris marca: sony Ericsson S 302, con numero de sim 98466103., y que dicha acta fue ratificada por el señor E. O. R. A., y por I. Y. O. G., dicho teléfono móvil, fue decomisado y fue entregado al Ministerio Público como evidencia, y que el mismo Ministerio Público solicitó que se nombrara un perito para el vaciado del teléfono móvil que se le decomiso como evidencia a mi defendida J. C. C. V., y que fue nombrado B. . M. B. lo que se constató que mi defendida no se comunicó ninguna vez con el señor H. V., ni tampoco con el señor W. A. G. V., tampoco se constató que se haya comunicado con los números telefónicos que señalo el señor H. V. C., por tal razón dicha sentencia no fue valorada la prueba en su conjunto ni aplicando el principio de la sana crítica tal como lo señala el articulo 202, del Código Procesal Penal, que la prueba deberá ser valorada con regla a la sana crítica y es donde el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, esta prueba que rindió como perito el señor B. E. M. B., del vaciado del teléfono decomisado y puesto como evidencia en el juicio para determinar si existía participación de los hechos del secuestro o no por mi defendida y considerando que el tribunal sentenciador no valoró esta prueba y si la hubiera valorado hubiera dictado una sentencia absolutoria a favor de mi defendida”. Continúa manifestando el recurrente, Abogado J. E. R. P., en su RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL UNICO MOTIVO DE CASACION: por infracción de precepto constitucona1; que tiene su fundamento en el artículo 361, del Código Procesal Penal.- Este motivo de casación por infracción de precepto constitucional señalo que la sala cuarta del tribunal de sentencias de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia de manera definitiva en fecha 15 de diciembre del año 2011, considero que dicha sentencia se ha infringido los artículos 82, 89, 90, párrafo primero, 323, 324 y 16 de la Constitución de la Republica en relación con el articulo 25, de la Convención Americana Sobre Los Derechos Rumanos y artículos 317, y 361 del Código Procesal Penal, este motivo de casación lo explico a continuación de la manera siguiente: El articulo 22, de la Constitución de la República ha sido violentado por el Tribunal Sentenciador es decir que se ha vulnerado el derecho a la defensa que el mismo tenía como propósito en el juicio demostrar la inocencia de mi defendida J. C. C. V., y que este principio constitucional se le violentó con el hecho que el tribunal sentenciador no valoró la prueba presentarla y evacuada en el juicio oral y público a favor de mi defendida pero si valoró de manera errónea la prueba presentada por la parte acusadora la que tenia como objetivo destruir el principio de inocencia que señala la Constitución de la República y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, era de manera imposible que la defensa pudiera evitar una sentencia bajo la valoración de los hechos y las pruebas determinado por el tribunal sentenciador y prueba de ello cabo señalar que la propia parte acusadora presentó como medio de prueba al perito B. E. M. B. para que diera el dictamen en lo referente a las llamadas telefónicas y mensajitos también para determinar en la memoria del teléfono móvil número 9846-6103, lo que era una prueba para mantener y sustentar el principio de inocencia a favor de mi defendida caso de la duda debió el tribunal sentenciador aplicar el principio de indubio-pro reo que existiendo la duda en el presente juicio por no existir certeza en el mismo en lo referente a la participación de mi defendida, en el delito de secuestro, debió el tribunal sentenciador decretar mediante la sentencia de inocencia y absolverla del delito de secuestro en perjuicio de K. M. C. G.; que en lo referente al artículo 89, constitucional este principio fue violentado como se puede observar la redacción de la propia sentencia que desde antes de efectuado las partes las conclusiones el tribunal aparentemente ya tenía su fallo, es decir que desde antes ya hablan determinado la culpabilidad de J. C. C. V., violentando así el principio de inocencia a condenada sin existir certeza de su participación, si bien es cierto que el Código Procesal Penal de Honduras se refiere a que los hechos probados no son objetos de casación ni pueden ser modificados ni reformados por la Honorable Corte Suprema de Justicia pero también debemos de considerar las garantías constitucionales y procesales han sido violentado de modo que una vez acreditada la existencia de tal probanza, su valoración ya es cuestión de efusiva competencia del tribunal sentenciador y observamos en este caso que J. C. C. V., al ser condenada se le han violentado las formalidades, derechos y garantías que la ley establece como lo señala el articulo 90, párrafo primero de la Constitución de la República que me refiero que mi defendida al momento de su detención que se le hizo en su lugar de trabajo como está acreditado que ella se dedicaba a la labor del negocio de fotocopiado y como agente de venta de la lotería electrónica LOTELHSA y que con el hecho de que ella en su vida ha procreado 3 hijos con padres diferentes y su segundo hijo fue procreado con el señor W. A. G. V., y por ese hecho de haber mantenido una relación conyugal de manera extramarital y la casa donde ella tenía su negocio es propiedad de la señora L. de J. V. madre biológica de W. A. G. V., como quedó acreditado con la prueba de la defensa testifical señoras M. E. M. U., y S. D. M. G., que La señora L. de J. V. Á., tenía la llave de la propiedad en poder de una señora de nombre E., y que mi defendida fue llevada a las oficinas de la dirección de la policía especial de fronteras donde le decomisaron un teléfono móvil en cual fue puesto como una evidencia con el propósito de la parte acusadora obtener el vaciado como prueba de las comunicaciones si ese teléfono había sido utilizado para comunicarse con los secuestradores lo cual se puede constatar que mi defendida no participó en el secuestro de la joven K. M. C. G., en virtud que no existe ninguna Llamada telefónica efectuada por mi defendida a los secuestradores ni ella recibió llamadas telefónicas ni recibió mensajitos también quedó demostrado con la declaración del señor H. V. C. padre biológico de K. M. C. G., que señaló en su declaración como testigo los números de teléfonos móviles que lo habían llamado, y entre esos números no se encuentra el número de teléfono que tenía en su poder mi defendida J. C. C. V. en consecuencia no existe la certeza de la participación de mi defendida en e! supuesto secuestro porque la prueba más directa fue la del vaciado telefónico, en consecuencia a mi defendida se le está condenando por solo el hecho que su hijo segundo que ha procreado es hijo del señor W. A. G. V., y se acreditó también en el juicio que ella tiene un tercer hijo y que tiene su pareja y no tiene ninguna relación marital con W. A. G. V., en consecuencia a mi defendida se le han violentado sus derechos y garantías que la ley establece condenándole con pruebas no incorporadas en el juicio como se puede apreciar la redacción utilizadas por el tribunal sentenciador que hace relación a la prueba testifical que ellos no declararon de esa manera; que no se basa en pruebas evacuadas y presentadas en el juicio oral y público sino que por meras presunciones personales violentando así los artículos 323 y 324 de la Constitución de la República en virtud que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial y sujeto a la Ley y jamás superiores a ellas y que ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir ordenes ilegales o que impliquen la comisión de delitos lo mismo si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y subsidiariamente responsable junto con el estado y con las instituciones estatales a cuyo servicio se encuentre sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsables en los casos de culpa o dolo la responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativas y penales contra el infractor en esta sentencia; que presento este motivo de casación por infracción de preceptos constitucionales contiene una relación a pruebas no incorporadas legalmente al juicio y que la prueba incorporada legalmente en el juicio no fue valorada por el tribunal sentenciador en virtud que la misma era la que sustentaba el principio de inocencia de mi defendida como ser el dictamen pericial del perito B. E. M. B., y las declaraciones testifical de M. E. M. U. y S. D. M. G., tomando en cuenta que el artículo 16 constitucional nuestro país Honduras a través del Congreso Nacional ha aprobado varios tratados y ratificados por el Poder Ejecutivo y que estos tratados una vez aprobados vienen hacer ley interna en nuestro país entre ellos vemos la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que en su artículo 25, señala la protección judicial y en el numeral 2, letra A, señala que el estado como Honduras garantiza que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá sobre tos derechos de toda persona que interponga tal recurso y 2-C, del mismo artículo 25 el estado debe garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes por tal razón considero que los artículos constitucionales que he señalando en este motivo de casación han sido violentados por el tribunal sentenciador, porque los mismos son aplicables al proceso penal, si la sala cuarta del tribunal de sentencias de la ciudad de Tegucigalpa, hubiera observado toda la prueba en su conjunto con la sana crítica y hubieran tomado en consideración la prueba de la defensa de J. C. C. V., no me cabe duda que hubiera sido absuelta de responsabilidad penal, porque el tribunal sentenciador hizo relación de medios probatorios que no fueron incorporados en el juicio si bien es cierto que los hechos probados son intangibles que no se pueden modificar ni rectificar los mismos pero si se puede señalar mediante la norma constitucional violentada y que un funcionario judicial no está sobre de la ley, y que todos sus actos deben de estar enmarcados dentro de la ley y de la constitución”. Sigue manifestando el recurrente ABOGADO J. E. R. P., en su RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL. MOTIVO UNICO DE CASACION por infracción de ley o doctrina legal; este motivo de casación está tipificado en el artículo 360, del Código Procesal Penal, que el presente motivo de casación por infracción de ley lo explico de la manera siguiente: el Tribunal Sentenciador que me refiero a la sala cuarta del tribunal de sentencias de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, al pronunciar la sentencia definitiva en fecha 15 de diciembre del año 2011, aplicó erróneamente el artículo 192, del Código Penal vigente, y que lo explico de la manera siguiente: la infracción por interpretación errónea al articulo 192, del Código Penal consiste en que el tribunal sentenciador al fundamentar la condena por delito de secuestro y tomar como base jurídica el artículo 192 del Código Penal, en su análisis al interpretarlo le dio un sentido distinto del que verdaderamente tiene sito dicho artículo pero no le dio su significación precisa con ello aumento sus efectos y consecuencias y alteró su propia naturaleza con relación a los hechos y la prueba en relación a los mismos que fue aportada en el juicio oral y público en virtud que el artículo 192 del Código Penal reza su tipificación de la manera siguiente; será sancionado con la pena de reclusión de 20 años a privación de la libertad de por vida, aún cuando no consiguiere su propósito quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma vicie el consentimiento sustraiga, retenga, desplace, oculte, o prive de cualquier otra manera su libertad a una o más personas con cualquiera de los propósitos que señala dicho artículo en los literales en este caso habiendo preparado el juicio el tribunal de sentencias y en la audiencia del juicio oral y público, con el propósito de no violentar el principio de inmediación que este consiste que el tribunal, el fiscal, los imputados y la defensa tiene el derecho de que el proceso sea continuo y que toda la prueba debe de producirse en el juicio y que no debe violentarse el principio de concentración con el propósito que el Tribunal después de evacuar toda la prueba pueda valorarla en su conjunto aplicando la sana crítica y que el sentenciador debe de estar sujeto a la ley a la Constitución y los Tratados Internacionales que han sido ratificados por el Poder Ejecutivo en el presente juicio considero que ha existido interpretación errónea del artículo 192, con relación a los hechos y la prueba evacuada, por parte del Tribunal sentenciador en virtud que no se puede subsumir la conducta de mi defendida en dichos presupuestos porque el Tribunal no tenía la certeza de la participación de mi defendida en virtud que la única prueba que podía destruir el principio de la inocencia a su persona era la prueba del perito del vaciado de su teléfono celular que fue decomisado a su persona, y agregando que el propio H. V. C., con toda claridad señaló quien le hablaba a su persona y los números de teléfonos que el identificó y entre ellos no existe el número de teléfono móvil de mi defendida, considero entonces que el tribunal sentenciador con su interpretación al artículo ya indicado lo ha hecho de manera errónea dándole un sentido diferente a los hechos y la prueba evacuada aumentando con ellos los efectos y consecuencias de la naturaleza del juicio y que estos son contrarios a la aplicación correcta de la ley con su debida interpretación porque debemos de considerar que la ley penal sustantiva tipificada en el Código Penal cada figura debe de tener relación con los hechos que se dan en el juicio para ser aplicables al caso concreto a una persona imputada en este caso considero que interpretó erróneamente el tribunal la ley sustantiva ya indicada al caso concreto, si el Tribunal de Sentencias hubiera interpretado correctamente el resultado del fallo hubiera sido diferente porque no hay pruebas directas que señalen la participación en los hechos del secuestro a mi defendida J. C. C. V.”. 2. “El recurrente, Abogado N. O. R., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- PRIMER MOTIVO: No haber observado el Tribunal Sentenciador en la valoración de las pruebas, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 N° 1), 2), 3) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para los efectos de este motivo se citan como infringidos los siguientes Artículos del Código Procesal Penal: “Artículo 202.- Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” “Artículo 336.- Normas para la deliberación y la votación. El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica…” “Artículo 338.- Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactaran por escrito, con sujeción a las reglas siguientes:….Cuarta: Se consignara la fundamentación del fallo de la manera siguiente:… 2) Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio, y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios igualmente declarados probados.” Aquí debemos de referir al jurista JOSE 1. CAFERATA NORES, en su obra “LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL”, página 45, quien nos explica que es la sana crítica: “El sistema de libre convicción o Sana Crítica, establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige que las conclusiones a que se llegue sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye, teniendo un límite infranqueable: El respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, se caracteriza por la posibilidad que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica, principios de Psicología y la experiencia común.” Los artículos que citamos como que han sido infringidos, nos señalan el aspecto de evaluar las pruebas con la Sana Crítica, y nos enuncian además que las pruebas deben ser evaluadas en forma conjunta, esto significa que el bloque probatorio no es una evaluación de singularidades de cada testimonio o documento u otra prueba, sino que es una evaluación de un todo, un todo que tiene diversas piezas, las cuales deben de encajar, si alguna prueba presenta sinuosidades, no puede encajar en ese todo que debe ser amónico; no podemos ver a la prueba como que sólo por que ya se evacuó ella existe de forma independiente, sino que más bien es parte de un conjunto que debe de armonizarse, la falta de armonía entre las pruebas no puede servir para condenar a un Ciudadano. En la sentencia que se recurre, el Tribunal sentenciador dejó de lado las reglas de la Sana crítica, y su análisis de las pruebas no fue valorándolas en su conjunto; es evidente la serie de omisiones en que se incurrió en la sentencia, con el fin claro de solo buscar en el bloque probatorio lo perjudicial para el acusado, como ya acotamos, estas omisiones violentan el mandato procesal de evaluar las pruebas en forma conjunta y con la Sana Crítica. Debo señalar en consecuencia a esa sala mis argumentos del porqué afirmo que no se valoró la prueba en la forma procesal correcta; en la sentencia, el Tribunal que condena nos dice que la declaración Testifical del la Ofendida K. M. C. G. y la de su Padre H. V. C. C. las consideran creíbles, y que es congruente con el resto de la prueba evacuada en juicio, y que por tal razón los jueces condenadores le dan valor probatorio a la misma; creemos que el análisis del presente motivo de casación debe de partir de que la base del elenco probatorio es la declaración de los Testigos mencionados anteriormente, y en torno a sus declaraciones se desarrolla el resto del estudio de los demás medios probatorios; dicho esto tenemos que aseverar contundentemente que la valoración que hemos referido por parte de los sentenciadores dista mucho de lo que en realidad nos arrojaron las pruebas, ese alejamiento de la realidad probatoria acontece por la sencilla razón que no hicieron una valoración en conjunto y con Sana Crítica de las pruebas. En consecuencia señalaremos que aspectos de la sana crítica han sido violentados respecto a cada uno de los medios de prueba que consideramos no fueron analizados al tenor de la valoración de la prueba que ordena el Código Procesal Penal. Iniciando por la declaración de la Joven K. M. C. G., los jueces sentenciadores incumplieron respecto a este medio de prueba las normas de la lógica específicamente la de La razón suficiente, no tomaron en cuenta aplicar las normas de la Psicología y no aplicaron las leyes de la experiencia común; recordemos que la Lógica como principio del pensamiento humano es aquella que se adquiere a base de inferencias que se deducen y se demuestran de las vivencias del ser humano que nos llevan a concluir que tal o cual enunciado o juicio de valor es verdadero porque nace de la realidad de las cosas o de los hechos, la lógica tiene cuatro principios: a) De identidad, b) de Contradicción, c) de Razón suficiente y d) del tercero excluido; específicamente consideramos que el tribunal de sentencia no respeto el principio de razón suficiente, y es solo éste el que por economía procesal reproduzco, su definición nacida de varios autores como Couture, Caferata Nores, Bilding y otros; este principio nos dice que cada medio de prueba será valorado en una forma razonada y completa y lo que aporta debe de ser evaluado al tenor de lo que arrojen los demás medios de prueba, o sea que cada medio de prueba debe estar acreditado por los otros en una forma concatenada, cada prueba es un eslabón de una misma cadena, dicho de otra manera cada medio de prueba viene siendo prueba del otro y estos de aquel, implica que un medio de prueba valorado en forma aislada no acredita nada aunque goce de la confianza del juzgador; los jueces Sentenciadores que dictaron condena evaluaron el medio de prueba Testifical que es la Declaración de K.. M. C. G. en una forma tan aislada que no lograron apreciar lo que le demostraban los otros medios de prueba, que eran una serie de contradicciones; claro al evaluar el medio de prueba enfocándose con singularidad hacia el, no lograron apreciar lo que los demás medios de prueba le ofrecían, que no era más que restarle credibilidad a dicho testimonio; veamos la serie de elementos contradictorios que los jueces que se deciden por la condena no lograron valorar al no aplicar el principio de la Lógica de la razón suficiente, para alcanzar el nivel de convicción que se necesita para una sentencia condenatoria, la certeza; K. M. C. G. refiere que al momento de subirla bajo amenazas al carro donde la retienen, dice que esa voz se le parece a la voz de su primo W. A. G., aquí habría que preguntarse: ¿puede un ser humano presa del terror al momento de ser víctima de un secuestro identificar sin los conocimientos y equipos apropiados la voz de alguien?; si relacionamos este testimonio con la demás prueba presentada por la fiscalía, veremos que ésto es un supuesto, y un ardid del padre de la ofendida, pues: el médico forense R. O. B. en su dictamen 2227-10 dice: al ser preguntada la evaluada que le sucedió, ésta manifiesta: que mientras se conducía en su vehículo al Banco Centroamericano la interceptó un vehículo del que se bajo un hombre, la amenazó con pistola en mano y la subió a otro vehículo en donde estaban dos hombres encapuchados con pasamontañas, y luego la trasladaron a un lugar desconocido, niega que la hayan agredido físicamente, le ataron las manos y los pies, le vendaron sus ojos, y le pusieron una venda en su boca, todo esto sucedió hasta el día jueves 16 de septiembre del 2010., al ser repreguntada por esta defensa la Joven K. M. C. si la declaración que rendía en este tribunal era la misma que le había dado al médico forense ella manifestó que si, y yo pregunto: porqué difieren tanto estas dos versiones?, la que le dio al médico forense jamás tuvo sospechas de conocer alguna voz, también mencionó en sus dichos que cuando estuvo en cautiverio escuchó la voz de un niño que jugaba pelota y que en un momento este niño dijo VIENE MI PAPI, pero el niño jamás menciona el nombre del papi, es de hacer mención que está probado en este Tribunal que la joven imputada J. C. tiene tres hijos y mantiene una relación de pareja con el padre de su último hijo, ¿porqué no escuchó la víctima la voz de los otros dos niños?, sencillamente porque las sospechas se dan una ves que en la policía les dicen a las víctimas que han capturado a W. A. G., y que la liberación es un éxito policial, el Testimonio del oficial de Policía L. F. A., experto en investigación de secuestros y jefe de la investigación en sus dichos manifiesta: don H. C. ME MANIFESTO QUE ESA VOZ ERA CONOCIDA, al repreguntarle porqué no investigó este indicio en la investigación, éste manifestó que solo eran simples sospechas, también manifiesta este Testigo que el perito de escucha que se nombró fue el oficial E. H., al repreguntarle a éste mismo testigo si junto a Don H. C. hicieron el análisis de voz, éste manifestó que no, también manifestó que el que hizo el análisis de voz fue Don H. V. C. padre de la víctima y que éste no tiene el conocimiento sobre análisis de voz y QUE NO SE PUEDE TOMAR COMO VALEDERO EL ANALISIS HECHO POR H. V. C. PADRE DE LA OFENDIDA. la Declaración Testifical del Padre de K. M. C. G., el señor H. V. C. C., manifiesta en sus dichos que logró reconocer la voz de quien le hablaba al teléfono pidiéndole dinero a cambio de la libertad de su hija era la voz de W. A. G. puesto que este era primo de su esposa y había habitado en su vivienda, aquí cabe la misma pregunta: ¿puede un padre de familia presa del terror al momento de ser víctima de un secuestro su hija, identificar sin los conocimientos y equipos apropiados la voz de alguien?; aquí los jueces sentenciadores en primer término no razonan a cabalidad este medio de prueba, ya que en su apartado de Valoración conjunta de los medios de prueba tanto de la Fiscalía del Ministerio Público y esta defensa, dicen que ambos Testigos resultan creíbles y con valor probatorio, olvidándose los Jueces Sentenciadores que el Reconocimiento de Voz es una ciencia, la cual conlleva un procedimiento el oficial de Policía L. F. A., experto en investigación de secuestros y jefe de la investigación, en sus dichos manifiesta: don H. C. ME MANIFESTO QUE ESA VOZ ERA CONOCIDA, al repreguntarle porqué no investigó este indicio en la investigación, éste manifestó que solo eran simples sospechas, también manifiesta este Testigo que el perito de escucha que se nombró fue el oficial E. H., para ejemplo: el mismo Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, Sala Cuatro, me pida a mi que emita un dictamen médico de autopsia de x occiso, ¿puede tener valor ese Dictamen Forense emitido por mí siendo yo Abogado de los Tribunales, sin tener la experticia, ni los equipos apropiados para tal oficio?, tal como el dictamen de escucha que emitió el Testigo H. V. C. C.; en base a esto la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, condena al Joven W. A. G., CUANDO ESTA DEMOSTRADO POR TESTIGO EXPERTO EN INVESTIGACION DE SECUESTROS QUE EL SEÑOR C. C. HIZO EL DICTAMEN DE ESCUCHA Y QUE ESTE DICTAMEN NO TIENE NINGUN VALOR; y al confrontarlo con la declaración del Señor H. V. C. C. podemos deducir porque los jueces condenadores quisieron hacer a un lado su testimonio: pues esta declaración Testifical derriba el castillo de naipes que es la presente acusación, al fallar emotivamente dicho Tribunal de Sentencias, el Tribunal tenía que dejar de lado todo lo que hiciera ver mal la Declaración Testifical de la Ofendida y su Padre los Señores K. M. C. G. Y H. V. C., pues el Testimonio del oficial de Policía L. F. A., experto en investigación de secuestros y jefe de la investigación, contradice y pone en duda la credibilidad de la Ofendida y su Padre; Veamos respecto a las normas de la psicología, estas al aplicarse a los Testigos H. V. C. C. y su hija K. M. C. G. al momento de ocurrir el hecho delictuoso, es absurdo pensar que en momentos de terror y tensión extrema se pueda pensar y analizar con lucidez, sobre todo si vamos a emitir un análisis de voz, si tener la experticia, vivencia de conocimientos o mucho menos el equipo apropiado, es por esa razón que la Policía nombra a un Perito de escucha, cargo que recayó en el oficial E. . porque es lógico pensar que en ese momento las víctimas no tienen la capacidad de raciocinio o su capacidad sicológica está disminuida, pero solo a la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, basada en hechos emotivos condena al Joven W. A. G.; los jueces Sentenciadores violan las máximas de la experiencia al afirmar en la Sentencia propiamente en la Valoración Conjunta de la Prueba de descargo la cual dice: “... el tribunal considera que es muy posible que sea cierta la versión del Testigo L. S., en relación a que observó al acusado en el Instituto ese día catorce de septiembre, sin embargo, ello ocurrió alrededor de las doce del medio día, es decir, en horas posteriores a que se dio la detención de K. M., por tanto, el hecho que W. estuviera en Guaimaca alrededor de las doce del medio día, no descarta su participación en el hecho, habida cuenta que las reglas de la experiencia indican que el traslado desde Tegucigalpa hacia Guaimaca tarda alrededor de una hora y media a dos horas, por tanto, una persona puede salir a las nueve de la mañana de Tegucigalpa y dos horas después puede estar en Guaimaca, por otro lado, tampoco se puede olvidar que los hechos imputados resultan ser, por si mismos complejos y requieren la participación de varias personas...” si comparamos esta Valoración Conjunta de la Prueba de Descargo, con la Declaración del Testigo L. A. S. S., quien es subdirector del Instituto oficial Guaimaca, éste manifiesta, que W. A. G. atiende personalmente una fotocopiadora y papelería, en las instalaciones de ese centro educativo, desde el año 2009 hasta la fecha de su detención, que laboraba en un horario de lunes a viernes de 10:00 am, a 10:00 pm, y los sábados y domingos de 8:00 a 4:00 pm, manifiesta que en las fechas del 14 al 16 de septiembre del 2010, W. SE ECONTRABA EN LA CIUDAD DE GUAIMACA EN SU CENTRO DE TRABAJO, PUES A EL LE CONSTA.; declaración Testifical que contradice lo manifestado en la Sentencia por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa; el Dictamen Médico Legal con número 2227-10, dice: Historia Médico Legal: Relata la evaluada que el día catorce de septiembre del año dos mil diez, como a las ocho treinta de la mañana, mientras se conducía en su vehículo para el Banco Centroamericano, la intercepto un vehículo del que se bajó un hombre, la amenazó con pistola en mano, y la subió a otro vehículo, en donde estaban dos hombres encapuchados con pasamontañas y luego la trasladaron a un lugar desconocido, ...; si analizamos detalladamente las reglas de la Experiencia podemos decir que a las ocho con treinta minutos de la mañana del día catorce de septiembre del año dos mil once K. M. C. G., tiene contacto con los secuestradores, si tomamos en consideración que ella se baja de su vehículo, discute con quien le colisionó su carro, luego el tiempo que transcurre en subirla al vehículo de los secuestradores, además el tiempo de traslado hasta la casa donde es retenida, sin considerar que a esa hora de la mañana las colas de vehículos en Tegucigalpa, son terribles pues es hora pico, las Reglas de la Experiencia nos dirían que por lo menos se utilizaron aproximadamente Cuarenta y cinco minutos, eso significa que al llegar a la casa de detención la hora debió ser Nueve con Quince minutos de la Mañana, luego el tiempo que se tomó en sacarla del vehículo, entendiendo que no había nadie en la calle que los pudiera ver, pues si habían personas, los secuestradores debieron esperar a que esa personas se fueran, luego subirla a la segunda planta de la casa, acomodarla, amarrarla y ver que la seguridad que tenía K. M. C. G. era la apropiada, esto debió tomarles por lo menos una media más, lo que significa que si mi Poderdante participó en el Secuestro, la hora de salida de esa casa debió de ser a las Nueve y Cuarenta y Cinco Minutos de la mañana, a esto debemos tomar en consideración el tiempo que se tardaría de salir desde la Colonia Nueva Suyapa hasta la salida de la Carretera de Olancho, las Reglas de la Experiencia nos dicen que esa Colonia está aproximadamente a Treinta Minutos de la salida de Olancho esto considerando que el tráfico vehicular sea muy fluido, lo cual es imposible en Tegucigalpa, pues los congestionamientos son terribles, por lo que diríamos que W. A. G. estaría en la salida de la carretera a Olancho aproximadamente a las diez con quince minutos de esa mañana, los Jueces Sentenciadores manifiestan que desde Tegucigalpa hasta Guaimaca se puede llegar en hora y media a dos horas, eso es ahora que la Carretera a Olancho está en mejores condiciones, pero en el momento que se cometió el Delito o sea el año dos mil diez esa carretera era un desastre, el tiempo de traslado de Tegucigalpa a Guaimaca se tardaba aproximadamente tres horas y hasta más, pero sigamos con el tiempo de dos horas que afirma el Tribunal Sentenciador, W. A. G. debió estar en su trabajo en Guaimaca a las doce y quince del medio día, como se podría explicar como lo asegura el Tribunal de Sentencias que el Testigo de Descargo L. S. lo vio a las doce en punto del medio, es totalmente ilógico, pues este Testigo afirma por constarle que W. A. G. en las fechas del Catorce al Dieciséis de septiembre de ese año dos mil diez, éste se encontraba en Guaimaca, y que su horario de lunes a viernes era de Diez de la Mañana a Nueve de la Noche, por lo tanto las declaraciones de este Testigo echan al traste la teoría de participación de mi Poderdante en el Secuestro de K. M. C. G., es así como se violentan las Reglas de la Experiencia por parte de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa. Honorable Sala, en este apartado sobre la Sana crítica debemos referir que los artículos señalados como infringidos, éstos siempre remarcan la valoración conjunta de la prueba, ya analizamos que esa valoración conjunta está incluida dentro de lo que es la sana crítica sobre todo en el principio de la lógica que se llama de la razón suficiente, o sea que nuestra legislación procesal penal remarcó ese aspecto para obligar aún más a los jueces a no valorar aisladamente las pruebas, en el presente recurso he señalado las deficiencias en esos aspectos de la valoración de la prueba, esto lo señalo ya que son tan evidentes todas las incongruencias señaladas que no me explico porque no fueron vistas por las Honorables Jueces Sentenciadoras al emitir una condena. Honorable sala, siendo que las violaciones procesales señaladas en este apartado nacen de la misma sentencia, no pudieron ser impugnadas más que por el presente recurso, por ello considero que el presente motivo es de recibo, y debe de anularse la sentencia recurrida y ordenar que se desarrolle un nuevo juicio con un tribunal distinto al que realizó el debate. SEGUNDO MOTIVO: La declaración de hechos probados no cuenta con la debida precisión y es contradictoria en una de sus partes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 No. 1) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 338, regla cuarta, numeral 1) del Código Procesal Penal, que dice “ 1) Declaración de hechos probados. En párrafos numerados y separados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que ha de dictarse…” En la presente sentencia el tribunal sentenciador no fue preciso en el hecho probado: “NOVENO: Ese mismo día dieciséis de septiembre de dos mil once, en horas de la tarde, el señor W. A. G. C. se presentó a la Posta Policial ubicada en la Ciudad de Talanga, Francisco Morazán, a interponer una denuncia, siendo en ese momento”, en los siguientes aspectos: -Manifiesta que W. A. G. el dieciséis de septiembre del año dos mil once, en horas de la tarde se presentó a la Posta Policial de la Ciudad de Guaimaca, lo cual es falso, pues mi poderdante se encontraba en esa fecha en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Honorable Sala este motivo creemos que es claro que es de recibo por que las infracciones a la norma adjetiva invocada son evidentes por ser aspectos que claramente se debatieron en juicio, por lo que pedimos que el presente recurso sea declarado Con lugar por el presente motivo, se anule la sentencia recurrida, y siendo que lo que se anularía serían los hechos probados se ordene celebrar un nuevo juicio con un tribunal diferente. No se pudo interponer otro recurso contra este vicio procesal, ya que es parte de la misma sentencia, la cual solo podemos recurrir por el presente recurso. TERCER MOTIVO: La Valoración Conjunta de la Prueba de descargo en uno de sus acápites. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 No. 2) del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 338 regla cuarta, numeral 2) del Código Procesal Penal, que dice: … “1) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. En la presente sentencia el tribunal sentenciador no fue preciso en la Valoración Conjunta de las Pruebas de Descargo; pues incorpora elementos no debatidos en el presente juicio, así como situaciones que no tenían nada que ver con el conocimiento de la verdad tales como: “… en relación al supuesto robo de vehículo del que fue víctima el señor W. A. G., este Tribunal no considera creíble el mismo, ... por otra parte, tampoco resulta creíble que dos personas hayan quitado en forma violenta un vehículo y luego horas mas tarde lo dejen abandonado, tal como se ha mostrado que ocurrió en este caso con la prueba ofertada y tampoco está claro como fueron las circunstancias en que el mismo fue recuperado”., debo mencionar que en la presente causa esta defensa no tenía que anexar otro tipo de pruebas sobre el robo del vehículo de que fue objeto W. A. G., bastaba con la Declaración Testifical de los Testigos R. H. N.y W. A. G. para probar este extremo, debió ser la Fiscalía del Ministerio Público mediante el contradictorio de la prueba quien debió desvirtuar tal extremo, así mismo al Tribunal no le queda claro como fue recuperado dicho vehículo, este delito no era parte del debate, por lo que considero que el Tribunal Sentenciador incorpora elementos que nada tienen que ver el presente juicio. Honorable Sala este motivo creemos que es claro que es de recibo por que las infracciones a la norma adjetiva invocada son evidentes por ser aspectos que claramente no se debatieron en juicio, por lo que pido que el presente recurso sea declarado Con lugar por el presente motivo, se anule la sentencia recurrida, y siendo que lo que se anularía serían los hechos probados se ordene celebrar un nuevo juicio con un tribunal diferente. No se pudo interponer otro recurso contra este vicio procesal, ya que es parte de la misma sentencia, la cual sólo podemos recurrir por el presente recurso”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo, interpuesto por el apoderado defensor de la procesada J. C. C. V., denunciando que la declaración de hechos que el tribunal declara probados no son claros y terminantes y es contradictoria. Precepto autorizante: artículo 362 No. 1) del Código Procesal Penal. 1) El recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el tribunal declara probados no es clara y terminantes o que sea contradictoria”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca la impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos) . El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado atacar y realizar su fustigación en los hechos probados en si, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos. 2) En el caso subjudice, esta Sala nota que los nueve hechos declarados probados han sido enumerados en forma clara, precisa, terminante y coherente, mediante el empleo de terminología que permite asimilar lo que el tribunal trata de referir, siendo accesible para el lector la comprensión de los términos utilizados. De manera que no ha lugar al motivo invocado, por cuanto la falta de claridad, precisión o terminancia así como la contradicción que refiere la norma debe darse en el relato mismo de los hechos probados en su relación interna, no en relación de los hechos con la valoración de las pruebas de las cuales se han colegido, ya que la redacción del relato de hechos que considere probados es facultad del tribunal sentenciador con la responsabilidad consiguiente, y no es preciso que en ese relato se recojan todos los pormenores y circunstancias que las partes estimen precisos, aunque se trate de extremos fácticos debidamente acreditados, en la forma que estime oportuna y en la medida que sea necesaria para permitir su calificación jurídica, por lo que, por las razones indicadas no procede este motivo de casación. II. Recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo, interpuesto por el apoderado defensor de la procesada J. C. C. V., denunciando que la sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. Precepto autorizante: artículo 362 No. 2) del Código Procesal Penal. El recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo, carece de claridad y precisión. En consecuencia, esta Sala de lo Penal se pronuncia en base a las consideraciones siguientes: 1) Del “Principio de debida técnica” se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso, los cuales “constituyen los mínimos requerimientos que debe contener el recurso de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[1]. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. El principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el impetrante. 2) En opinión de esta Sala de lo Penal, el planteamiento infringe la debida técnica casacional, al señalar el recurrente como vicio que pudiera dar lugar a la casación en la forma, que la sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, sin embargo, no establece concretamente a que medios de prueba se refiere, solamente alega que el séptimo hecho declarado probado, no cuenta con ningún sustento probatorio, siendo tales alegatos propios de instancia y que constituyen un vicio diferente, yerro que se aprecia en el recurso que conoce el tribunal de casación penal, limitando el examen del tribunal de casación. En consecuencia no procede este motivo de casación. III. Recurso de casación por quebrantamiento de forma en su tercer motivo, interpuesto por el apoderado defensor de la procesada J. C. C. V., invoca como infringido el precepto comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, al no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. El recurso de casación en su único motivo, carece de claridad y precisión. En consecuencia, esta Sala de lo Penal se pronuncia en base a las consideraciones siguientes: 1) Del “Principio de debida técnica” se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso, los cuales “constituyen los mínimos requerimientos que debe contener el recurso de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. El principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el impetrante. 2) En opinión de esta Sala de lo Penal, los argumentos del recurrente no logran exponerse con tal claridad que permita colegirse qué reglas específicas de la sana crítica supone infringidas de tal modo que se haya demostrado el yerro del juzgador. Antes bien, este tribunal de casación, aprecia que el ejercicio intelectivo aportado por el tribunal de instancia resulta suficientemente razonado y dotado de las inferencias de los medios de pruebas objetivamente confiables que fueron evacuados durante el desarrollo del debate; el razonamiento empleado por el Tribunal de Sentencia para llegar a las conclusiones que fijó en la sentencia, está basado en una serie de declaraciones testifícales, periciales y documentos, que apreciados en su conjunto justifican el sentido del fallo pronunciado. Desprendiéndose de las valoraciones realizadas por el A-quo que los procesados participaron ejerciendo diferentes roles en la detención de la víctima y que tenían claro que dicha detención era para que el padre de ésta les diera dinero a cambio de su libertad, quedando acreditado con la prueba evacuada en juicio la participación de ambos acusados en el hecho por el cual fueron condenados. Y aún si pudiera cuestionarse tales argumentos, al no especificar con claridad y precisión el impetrante las reglas de la sana crítica que estima infringidas, limita el examen del tribunal de casación, en consecuencia se estima que el razonamiento utilizado por el tribunal A-quo satisface las exigencias de las reglas de la sana crítica, que inducen a considerar como apropiadas las conclusiones a las cuales llegó el tribunal de instancia. IV. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por el apoderado defensor de la procesada J. C. C. V., invoca como infringido los preceptos comprendidos en los artículos 82, 89, 90 párrafo primero, 323, 324 y 16 de la Constitución de la República, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. 1) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada, un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de infracción por precepto constitucional es velar por el cumplimiento del principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2) Esta Sala de lo Penal estima que el impetrante no logra exponer con la debida claridad como se produce la infracción de los artículos 82, 89, 90, 323, 324, 16 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues siendo garantías del proceso en general deviene el recurrente obligado a demostrar como se da la violación y si bien hace algunos comentarios en base a que las pruebas evacuadas no sirvieron para demostrar la culpabilidad del procesado, puntualizando aisladamente las valoraciones del tribunal, sin exponer en que consiste el error del ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador y como ello redunda en la infracción del precepto constitucional señalado; no aprecia esta sala que la vía correcta para la pretensión del recurrente sea la de la casación por infracción de precepto constitucional en tanto que viene enfatizando aspectos de valoración de la prueba sin vincularlos adecuadamente con la norma constitucional que supone infringida, limitando su libelo a alegatos propios de instancia, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. V. Recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal en su único motivo, interpuesto por el apoderado defensor de la procesada J. C. C. V., invoca aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. 1) La Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que por medio del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresponde a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 2) En el caso bajo examen, esta Sala considera que el comportamiento de los procesados descrito en los hechos declarados probados y fijados por el juzgador de instancia, se subsume en el tipo penal de secuestro. Por otra parte esta Sala observa que el recurrente reprocha la fundamentación probatoria del fallo impugnado, alegando que el tribunal no tenía certeza de la participación de su representada, reprochando el valor probatorio del juzgador a la prueba evacuada. Esta Sala reitera que por la vía de infracción de ley, que es el cauce invocado por el censor, no es procedente conocer de los alegatos fundados en defectos de forma que radican en la valoración errónea de la prueba, en tanto que los mismos han debido ser canalizados a través de un motivo de casación por quebrantamiento de forma. VI. Recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo, interpuesto por el apoderado defensor del procesado W. A. G. V., invoca como infringido el precepto comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, al no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. 1) Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[3]. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima convicción (Propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado que anteriormente que “… en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. 2) En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[4]. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[5]. Partiendo de la doctrina legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la sana crítica: A) Reglas de la experiencia común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. B) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; de la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La derivación: De este se extrae el principio de razón suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. 3) El tribunal de casación, al término de la lectura de la sentencia objeto de impugnación, en especial lo referente a la valoración descriptiva e intelectiva de los medios de prueba, determina que no es de recibo la denuncia hecha por la censor; al momento de desarrollar la valoración intelectiva, lo hace de una forma coherente, armónica y en observancia a los principios de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia, ya que en relación a la participación del señor W. A. G. V. y la señora J. C. C. V., existen diversos indicios que unidos forman prueba indiciaria que demuestra la participación de ambos acusados en el hecho, como ser: a) En el momento en que la joven K. C. era trasladada hasta la vivienda donde fue encontrada, escuchó la voz de dos sujetos que la conducían, reconociendo en ese instante la voz de su primo W., reconocimiento que resulta lógico habida cuenta la familiaridad que existe entre ambos y que éste vivió en la casa de K. durante cierto tiempo. b) En el momento de detener a K., los hechores demostraron conocer el número de teléfono del padre de ésta, es decir, que ya tenían una información a la que generalmente tienen acceso familiares y personas más íntimas, De hecho, los hermanos de K. también recibieron mensajes amenazadores y los números de teléfonos de éstos no fueron proporcionados por K., de lo que se infiere que dichos números eran conocidos por el secuestrador, por tanto, éste era una persona allegada a la familia, ya sea por amistad o familiaridad. c) Al momento de recibir las llamadas telefónicas solicitándole dinero a cambio de la libertad de su hija, el señor H. V. C. reconoció la voz de la persona que le llamaba como la de W. G., quien compartió con él en Juticalpa y a quien conocía de toda la vida, por tanto, también resulta lógico este reconocimiento puesto que aún cuando las personas traten de disimular la voz, la costumbre de escuchar la misma hace que el resto de personas reconozca la misma. d) La vivienda donde se encontraba K. pertenecía a la señora L. V., madre del señor W. G., por tanto éste tenía perfectamente acceso a dicho lugar y tenía conocimiento que la segunda planta estaba deshabitada, por tanto, contaba con suficiente oportunidad para acceder a dicho lugar, el cual resultaba propicio donde retener a K.. e) En dicha vivienda también funcionaba un negocio de fotocopiado y venta de lotería mismo que era atendido por J. C. C. quien mantuvo una relación marital con W. y con quien éste había procreado un hijo, situación que brindaba a W. la posibilidad de tener a una persona de confianza que estuviera en el lugar, persona con quien también mantenía comunicación y además tenía un negocio del mismo rubro que el que W. tenía en Guaimaca. f) J. C. fue vista cuando salía de la vivienda en que fue encontrada K. y minutos después de que ésta salió fue cuando los policías ingresaron a dicha vivienda, situación que es congruente con lo que K. narra en su deposición. También esto es congruente con el hecho de que J.. se encontraba en un lugar propicio para estar cuidando a K. y que su trabajo le permitía ir a ver como se encontraba ésta, lo cual hacía en forma esporádica durante el día, tal como la misma K. ha indicado. g) W. conocía las condiciones económicas del señor H. V. C. y los números telefónicos de la familia así como las amistades que éste tiene, por tanto ese conocimiento le permitía solicitar una cantidad de dinero que aparentemente podría haber sido manejada por la familia o sus amistades. Indicios de participación que se desprenden de la prueba evacuada durante el desarrollo del debate, apreciada y valorada por el tribunal de instancia como ser: las declaraciones de la victima K. M. C. G. (Folio No. 197 vuelto), del padre de la víctima H. V. C. C. (Folio No. 199 vuelto), las declaraciones de los agentes policiales E. O. R. A. (Folio No. 197 frente), E. A. T. V. (Folio No. 202 vuelto), y L. F. Á. G. (Folio No. 203 vuelto) quienes participaron en las diligencias de investigación y actuaciones que realizaron para lograr la liberación de K. M. C. G.; así como prueba documental consistente en acta de allanamiento, acta de inspecciones oculares, acta de diligencia policial de haber recibido una llamada anónima denunciando actos irregulares en la vivienda donde se encontraba cautiva la víctima (Folio No. 226 y 227). Derivado de lo anterior, esta Sala señala, que el tribunal de sentencia no se apartó de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba, por lo supra relacionado. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su primer motivo donde se alegó violación a las reglas de la sana crítica. VII. Recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo, interpuesto por el apoderado defensor del procesado W. A. G. V., denunciando que la declaración de hechos que el tribunal declara probados no son claros y terminantes y es contradictoria. Precepto autorizante: artículo 362 No. 1) del Código Procesal Penal. 1) El recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el tribunal declara probados no es clara y terminantes o contradictoria”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca el impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuáles son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos) . El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en sí, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos. 2) En el caso subjudice esta Sala nota que los hechos declarados probados han sido enumerados en forma clara, precisa, terminante y coherente de manera que no ha lugar al motivo invocado, por cuanto la falta de claridad, precisión o terminancia así como la contradicción que refiere la norma debe darse en el relato mismo de los hechos probados en su relación interna, no en relación de los hechos con la valoración de las pruebas de las cuales se han colegido, ya que la redacción del relato de hechos que considere probados es facultad del tribunal sentenciador con la responsabilidad consiguiente, y no es preciso que en ese relato se recojan todos los pormenores y circunstancias que las partes estimen precisos, aunque se trate de extremos fácticos debidamente acreditados, en la forma que estime oportuna y en la medida que sea necesaria para permitir su calificación jurídica. 3) Ciertamente, tal como ha alegado el censor en el noveno hecho declarado probado, el A-quo expresa: “NOVENO: Ese mismo día dieciséis de septiembre de dos mil once, en horas de la tarde, el señor W. A. G. C. se presentó a la posta policial ubicada en la ciudad de Talanga, Francisco Morazán, a interponer una denuncia siendo en ese momento detenido”. Apreciando este tribunal de casación que en dicho hecho probado establece que el procesado fue detenido en el año 2011, cuando los hechos objeto del presente proceso acaecieron en el año 2010, sin embargo, este tribunal de casación, analiza si la consignación de dicho dato numérico implica o no un error en la declaración de los hechos probados y de ser afirmativa la respuesta, si ese error implica una modificación esencial de la resolución. Es así como al advertir que el texto completo de la sentencia, así como el acta que la complementa, ha contemplado en su totalidad, al año 2010; y que en el único momento en que hace alusión a una fecha distinta se refiere, es en el noveno hecho declarado probado de la sentencia; invariablemente estaríamos ante un caso de error, que por no aislarse del contexto del resto de la resolución, no implica una modificación esencial de la sentencia. En tal virtud, corresponde declarar sin lugar el motivo invocado por el recurrente. VIII. Recurso de casación por quebrantamiento de forma en su tercer motivo, interpuesto por el apoderado defensor del procesado W. A. G. V., denunciando que la sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. Precepto autorizante: articulo 362 No. 2) del Código Procesal Penal. El recurso de casación por quebrantamiento de forma en su tercer motivo, carece de claridad y precisión. En consecuencia, esta Sala de lo Penal se pronuncia en base a las consideraciones siguientes: 1) Del “Principio de debida técnica” se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso, los cuales “constituyen los mínimos requerimientos que debe contener el recurso de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[6]. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. El principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el impetrante. 2) En opinión de esta Sala de lo Penal, el planteamiento infringe la debida técnica casacional, al señalar el recurrente como vicio que pudiera dar lugar a la casación en la forma, que la sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, sin embargo, no establece concretamente a qué medios de prueba se refiere, solamente plantea alegatos propios de instancia, respecto a la valoración de la prueba realizada por el A-quo, que constituyen un vicio diferente, yerro que se aprecia en el recurso que conoce el tribunal de casación penal, limitando el examen del tribunal de casación. En consecuencia no procede este motivo de casación. V. DECISIÓN El recurso de casación formulado por quebrantamiento de forma en sus tres motivos, infracción de precepto constitucional en su único motivo e infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el apoderado legal de la señora J. C. C. V., debe ser desestimado. El recurso de casación formulado por quebrantamiento de forma en sus tres motivos, interpuesto por el apoderado legal del señor W. A. G. V., debe ser desestimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361, 362. 1), 2) y 3) del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus tres motivos, infracción de precepto constitucional en su único motivo e infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el apoderado legal de la señora J. C. C. V.. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por quebrantamiento de forma en sus tres motivos, interpuesto por el apoderado legal del señor W. A. G. V.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-307-2012.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Pabón Gómez, Germán, de la Casación y la Revisión Penal, Ediciones Doctrina y Ley, Colombia, 2003, Pág. 144.

[2] Pabón Gómez, Germán, De la Casación y la Revisión Penal, Ediciones Doctrina y Ley, Colombia, 2003, Pág. 144.

[3] Fallo 194-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2001 y 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido el fallo 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011.

[4] Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011.

[5] Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011.

[6] Pabón Gómez, Germán, De la Casación y la Revisión Penal, Ediciones Doctrina y Ley, Colombia, 2003, Pág. 144.