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Sentencia CP-306-14 — Registro 8087

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Violación al Derecho de Propiedad Industrial (marcas).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Esta Sala considera que en el presente caso, efectivamente el A-Quo al condenar en costas a UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V. infringe el Principio Derecho de Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución. Lo anterior en virtud de que tal y como alega el recurrente, el artículo 64 del Código Penal, no es aplicable al presente caso, en virtud que el pago de costas procede únicamente en caso de sentencias condenatorias, al igual que dispone el artículo 393 del Código Procesal Penal que expresa que el Juez de Ejecución conoce de las costas, en el caso de sentencias condenatorias. No son aplicables en materia penal las reglas de condena en costas, establecidas en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, por considerar que en materia penal prevalece el principio de gratuidad de la justicia, salvo que se haya probado, y declarado que el acusador coadyuvante haya actuado con notoria mala fe, deslealtad procesal, o en denuncia falsa, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. Esta Sala estima que en el presente caso, el acusador ha tenido suficientes razones para litigar y actuar como acusador privado conjuntamente con el Ministerio Público, por considerar que se le violado un derecho subjetivo, como parte del ejercicio legítimo de un derecho de petición regulado en el artículo 80 Constitucional, y del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República. Por lo expuesto esta Sala declara con lugar el motivo de casación de infracción a Precepto Constitucional al Debido Proceso, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, invocado por el recurrente.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de noviembre del año dos mil dieciséis. El pleno de la sala penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, quien actúa como coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-306-2012 por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de febrero del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió al señor D. K., del delito de VIOLACION AL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, en perjuicio de la SOCIEDAD MERCANTIL UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V..- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado J. J. H. S., actuando en su condición de Acusador Privado en representación de la SOCIEDAD MERCANTIL UNILEVER DE CENTROAMERICA, S. A. SON PARTES: El Abogado J. J. H. S., Acusador Privado en representación de la SOCIEDAD MERCANTIL UNILEVER héroe DE CENTROAMERICA, S. A., como parte recurrente; y el Abogado M. J. A. C., como Apoderado Defensor del acusado D. K., como parte recurrida, como recurrido. II. HECHOS PROBADOS Este Tribunal declara, expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día veinticinco de Junio del dos mil ocho en la tienda de empresa denominada Importaciones Xtra propiedad de la Sociedad Mercantil “Importaciones Montecarlo, S. A. de C. V.”, ubicada en el bulevar Los Próceres avenida José Martí de la ciudad de Tegucigalpa, se exhibían en los anaqueles jabón para bebé de la marco Dove, así como otros productos etiquetados en idioma inglés de las marcas DOVE, AXE Y VASELINE, de los cuales se desconoce su fabricante así como su país de origen. Atendiendo una denuncia presentada por la Sociedad UNILEVER de Centroamérica, S. A., contra la empresa Exportaciones Xtra, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación realizaron en la fecha antes indicada, una inspección en la tienda de Importaciones Xtra donde fueron atendidos por el Gerente General señor A. F.C., una vez que constataron la existencia en el lugar de productos de las marca Dove, Axe y Vaseline procedieron a su decomiso. SEGUNDO: Las marcas de fábrica AXE ECLYSE, DOVE VASELINE CONSTANT CARE Y AXE ADRENALINE, en el año dos mil ocho, se encontraban inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial bajo los números 72516, 15.795, 25,015 y 87,482 respectivamente, a nombre de UNILEVER NV, domiciliada en el Reina de los Países Bajos. Dicha compañía en fecha catorce de Febrero de dos mil uno, otorgó a la Sociedad UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A., en ese entonces LEVER DE HONDURAS, S.A., una licencia no exclusiva para usar en el territorio nacional de la República de Honduras 203 marcas. El 28 de Septiembre de 2004 firmaron un adendum a dicho contrato en el que se incluyeron las marcas de fábrica DOVE, VASELINE CONSTANT Y AXE dentro de las marcas comprendidas en el contrato.- TERCERO: El día veinticinco de Abril de dos mil cinco, se inscribieron en la Dirección General de Sectores Productivos dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio las licencias otorgadas a UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A., como distribuidor exclusivo en todo el territorio de la República, de los productos marca DOVE fabricados por UNILEVER DE MEXICO, S. DE R.L., para los productos elaborados por UNILEVER DE ARGENTINA, S.A., con las marcas DOVE Y AXE y para la venta de los productos que fabrica CONAPCO INC., con domicilio en Estados Unidos de América, con las marcas DOVE Y VASELINE.” III. ADMISIBILIDAD El Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV. RECURSO DE CASACIÓN A. El recurrente, Abogado J. J. H. S., formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MOTIVO UNICO: Haber infringido el sentenciador el artículo 253 del Código Penal, por interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal sentenciador, ha infringido el artículo 253 del Código Penal, por haber hecho una interpretación errónea sobre el mismo. Este artículo estatuye: “Serán sancionados con las penas previstas en el artículo 248 anterior, quienes cometan alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley de Propiedad Industrial que no estén comprendidos en los artículos anteriores del presente capítulo”. Como podéis apreciar Honorable Sala Penal, este tipo penal es un tipo penal en blanco propiamente dicho, en vista que para encontrar el hecho o presupuesto, nos remite al Título VI de la Ley de Propiedad Industrial. El espíritu de este artículo, el cual debió buscar el tribunal A-quo, es proteger aquellos derechos que no están protegido en los demás tipos penales, por ejemplo, en los otros tipos penales están protegidos los derechos de los titulares de las marcas, pero no están protegido los derechos de los titulares de los derechos de los licenciatarios de las marcas. Es por ello que, fue la intención del Legislador y es la intención del artículo 253 proteger aquellos derechos que no están protegidos en esos tipos penales, expresando claramente que también deben protegerse aquellos derechos contenidos en el Título VI de la Ley de Propiedad Industrial. Y si analizamos este título vamos a encontrar que el artículo 161, regula el derecho que tienen las personas titulares de una licencia exclusiva sobre una marca, para entablar acción ante el tribunal competente, contra aquellos que infringen su derecho. Por tanto, este artículo lo que protege es el derecho que tienen los titulares sobre las licencias exclusivas de uso de las marcas, no el derecho de accionar ante los órganos competentes, en vista que este derecho subjetivo está contenido en el artículo 82 constitucional. Por tanto, la interpretación correcta de acuerdo al espíritu de la norma, que debió haberle dado el tribunal sentenciador, es que este artículo protege el derecho que ostentan los titulares de las licencias exclusivas de uso de las marcas, licencias que están reguladas en los artículos 100, 102, 103 y 104 de la Ley de Propiedad Industrial. Por lo que, si el Tribunal sentenciador, en sus hechos probados, establece que en los anaqueles de la sociedad “IMPORTACIONES MONTECARLOS, S.A DE C.V.”, se encontraron jabones para niños, de la marca DOVE, así como productos identificados con las marcas AXE Y VASELINE, el cual fue decomisado por los agente de la Dirección Nacional de Servicios Especiales y que mi representada UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A, tiene las Licencias exclusiva sobre el uso de las marcas antes mencionadas, no cabe el menor ápice de duda que el tribunal ha infringido el artículo 253 del Código Penal, al darle una interpretación errónea al manifestar que no concurre el hecho o presupuesto de este tipo penal en blanco; porque lo que regula el artículo 161 es nada más un derecho de acción, cuando lo que protege este artículo es el derecho sobre las Licencias exclusivas de una marca. Por tanto, también incurre en una interpretación errónea del artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial. Finalmente, como podéis apreciar Honorable Sala Penal, de los hechos declarados como probados, y que gozan de intangibilidad, por no poder debatirse, se infiere claramente que sí concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal 253 del Código Penal. Tampoco puede argumentar el Tribunal, que el artículo 253 mancilla el principio de legalidad penal, por ser una ley penal en blanco, cuando esta figura es utilizada en varios tipos penales de nuestro país, como en la mayoría de los países. Por todo lo anteriormente expuesto, el imputado debió ser declarado culpable de la comisión del delito de Violación de los Derechos de Propiedad Industrial continuado, en perjuicio de mi representada”. B. Continúa manifestando el Recurrente en su: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Haber incurrido el sentenciador en la falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación preceptúan: Artículo 202: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el párrafo primero del artículo 336 del mismo cuerpo legal expresa: “El tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuanta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Asimismo, el artículo 338 del mismo Código, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, según su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, porqué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la fundamentación del fallo (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoyen. Como es sabido, este sistema no tiene las reglas legales que le establezcan el valor que debe asignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la experiencia, la Psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos), y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de la identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, derivaciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2, (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a cada una de las pruebas practicadas en juicio.. .), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA, en su obra (La Casación Penal), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual El razonamiento debe estar construido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de primera instancia: 1.- En el pronunciamiento PRIMERO, del apartado sobre Valoración de la Prueba, el Tribunal A-quo, expresa que le concede credibilidad al testigo J. A. C. O., quien fue el Policía que participó en la inspección en las oficinas de la sociedad “IMPORTACIONES XTRA”, y participó en el decomisó del producto identificado con las marcas DOVE, AXE Y VASELINE. 2.- En el pronunciamiento SEGUNDO y TERCERO: Detalla todo el arsenal probatorio consistente en prueba documental presentado por el Ministerio Público y por el Acusador Privado, prueba a la cual considera como creíble y que su validez no fue cuestionada por la defensa y su contenido no fue desvirtuado por otros medios de prueba. Agrega que con las actas de inspección realizadas en las instalaciones de la empresa Importaciones Xtra, se acredita que la empresa mantenía en su tienda productos con marcas DOVE, AXE Y VASELINA, pero en la descripción de los productos se hace en el idioma inglés, lo que no permite al tribunal conoc1e qué tipo de producto se trata. Argumento que resulta contrario a las máximas se la experiencia, en vista que de todos es conocido que para conocer o identificar una marca no se necesita su traducción. Esto además denota el desconocimiento en la materia sobre cómo puede configurarse o qué cosas pueden constituir o conformar una marca. Lo que se protege es la marca, y no importa en qué producto se utilice. Lo importante es que se encontró en las instalaciones de la empresa Importaciones Xtra, producto identificado con las marcas, de las cuales mi representado tiene la Licencia Exclusiva de Uso en Honduras. También el Tribunal admite que está probado que mi representada tiene licencia exclusiva de uso de las marcas DOVE, AXE Y VASELINE. Por otra parte, empresa el Tribunal que, la factura de compra de productos identificados con la marca AXE, emitida por la empresa Importaciones Xtra, es creíble por no haber sido puesto en duda por otros medios de prueba, pero que en la misma no se consigna el país donde fueron fabricados ni el nombre del fabricante y que por tanto no es posible determinar que UNILEVER tenía la licencia exclusiva, respecto de los productos identificados con la marca AXE, lo cual resulta contradictorio y contrario a las reglas de la lógica, porque como es posible que el Tribunal por una parte da por acreditado que mi representado tiene licencia exclusiva de uso de la marca AXE, y luego sostiene que no es posible determinar que Unilever tiene una licencia exclusiva sobre la marca AXE, sólo porque no se expresa quien la fabricó y de qué país se importó, cuando lo importante es que mi representado tiene la licencia exclusiva de uso de la marca AXE, por lo que es indiferente quien la fabrique y de donde se importe, lo importante es que en Honduras, sólo mi representado puede usarla. Asimismo, con relación a los jabones identificados con la marca DOVE, sostiene el tribunal que, si bien la defensa ha admitido que los productos decomisados a su representado fueron importados de los Estado Unidos de América, el mismo tribunal sostiene que tal circunstancia no es suficiente para poder determinar que los jabones fueron fabricados por la compañía Conopco INC, domiciliada en los Estado Unidos y de la cual Unilever tenía licencia exclusiva, lo cual resulta también contradictorio y contrario a las reglas de la lógica, porque si por un lado admite que mi representado tiene la licencia exclusiva de uso en Honduras, y el propio defensor presenta las Declaraciones Únicas Aduaneras de Importación (DUA) del producto procedente de los Estado Unidos, es contradictorio que sostenga que no se puede determinar quien fabricó el producto, cuando no es ello lo que se protege, sino la marca. c- En el pronunciamiento CUARTO: referente a las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA), presentadas por la defensa, con la finalidad de probar que el producto decomisado fue importado por su cliente, procedente de los Estado Unidos de América, el tribunal no obstante, que el mismo defensor las presentó y argumentó y admitió en sus conclusiones que el producto fue importado por su cliente procedente de los Estado Unidos, el tribunal, sorprendentemente concluye en forma diferente a lo que sostiene y admite el propio defensor, expresando que con las mismas no se prueba que el producto fue importado con las DUAS, quebrantando el principio que establece que a confesión de parte relevo de pruebas. Con todo el as probatorio que se ha mencionado resulta evidente el grave vicio de apreciación de la prueba hecha por el tribunal, por la infracción de la regla de la lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente y fundada para considerar verdadera la conclusión, pues todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Como el juzgador ha restado valor probatorio a las pruebas practicadas, llegando a otras conclusiones, ha violado las reglas de la lógica de la derivación, pues ha extraído conclusiones que no guardan concordancia con el contenido de esas pruebas a que me he referido ampliamente. Por lo que se puede concluir que las conclusiones a que ha arribado el sentenciador están al margen de las reglas de la sana crítica, porque de haberse aplicado las mismas correctamente la conclusión a que hubiere llegado hubiere sido diferente, es decir, debió concluir en que si concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado, y por tanto declarar culpable al señor D. K.. Por lo que al no entenderlo así, el juzgador ha incurrido en una grave violación de las reglas del entendimiento humano, siendo imperante que vosotros Honorable Tribunal de Casación como última ratio, reviséis las pruebas que constan en el acta del debate para que comprobéis lo expuesto en el presente recurso, referente a que en la valoración de la prueba no se han esgrimido los razonamientos suficientes que soportan el peso aquilatado del contenido de la misma, con lo que se mancilla una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, en lo referente a la valoración en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba evacuada en juicio. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. C. Sigue manifestando el recurrente en su: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Haber infringido el Tribunal Sentenciador el artículo 90párrafo primero de la Constitución de la República, contentivo del Principio-Derecho al Debido Proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal A-quo, en la parte resolutiva de la sentencia, condena en costas a la Sociedad Mercantil UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. con lo cual mancilla el Principio—Derecho al Debido Proceso que el artículo 90 de la Constitución le garantiza a mi representado, por las siguientes razones: 1- El artículo 64 del Código Penal, invocado por el Tribunal, expresa con una claridad meridiana, sin que presente dificultad alguna en su interpretación literal en el caso de las sentencias condenatorias es que se debe comprender el pago de las costas. 2-El artículo 393 del Código Procesal Penal, también invocado por el Tribunal, expresa claramente que el Juez de Ejecución es el que va tramitar las costas y los demás gastos a que se refiere el Código Penal. Como podéis apreciar Honorable Sala Penal, este artículo se remite al Código Penal, y como ya expresé el Código Penal, habla de costas pero sólo en el caso de sentencias condenatorias, presupuesto que no concurre en el caso sub judice. Sólo es de leer e artículo 393 en su segundo párrafo para darse cuenta, que es congruente con el artículo 64 del Código Penal, al establecer que si los bienes del condenado no son suficientes para cubrir todas las responsabilidades de naturaleza económicas, se satisfarán en primer lugar la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios; en segundo lugar las costas procesales y personales y así sucesivamente. Por lo que sin hacer un gran esfuerzo intelectivo, se infiere que es sólo cuando el imputado ha sido condenado. 3- El Juzgador fundamenta la condena en costa del Acusador privado, en lo estatuido en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, que establece que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. La interpretación de este artículo es claro, al referirse a los procesos declarativos regulados en el mismo Código Prócesal Civil, pero no es atinente al proceso penal. Por otra parte, resulta inaudito que el Tribunal de Sentencia, exprese que las pretensiones del acusador privado fueron rechazadas, como si fue el acusador privado el que ejerció la acción penal. Ignora el tribunal que el acusador privado sólo es un coadyuvante del Ministerio Público, pero quien ejerció la acción penal, fue el Ministerio Público, por tratarse de un delito de acción pública a instancia particular, no estamos frente a una querella, donde la víctima ejerce la acción directamente. Por tanto, resulta absurdo y tirado de los cabellos, sostener que al acusador privado se le rechazaron sus pretensiones, si no fue este que ejerció la acción penal. Es importante aclarar que, lo que hizo la víctima fue ejercer el derecho de petición regulado en el artículo 80 Constitucional al presentar la denuncia ante el Ministerio Público y el derecho de acceso a la justicia que le reconoce el artículo 82 de la Constitución de la República, así como el derecho que le concede el artículo 16 del Código Procesal Penal, de constituirse como acusador privado. Por otra parte, lo que hizo la víctima fue ejercer el derecho que el artículo 268 del Código Procesal Penal, otorga a toda persona para denunciar los hechos delictivos. Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente la infracción del Principio- Derecho al Debido Proceso, por parte de tribunal de primera instancia, por no hacer un examen exhaustivos e interpretar correctamente las normas jurídicas, razón por la cual no es de sorprenderse que el Tribunal haya arribado a conclusiones equivocadas, sino no muestra la capacidad ni para interpretar los artículos concernientes a la condena de costas, cuanto más para interpretar correctamente los artículos referentes a un tema tan especialísimo como son los derechos de propiedad Industrial”. V. FUNDAMENTACION JURIDICA: 1) INFRACCION DE LEY: Esta Sala de lo Penal, reitera que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia, a diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresponde a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 2) QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. 3) INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: Esta Sala reitera que por Debido Proceso, debe entenderse, que para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de Defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1) Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida mas de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. Por su parte el derecho de defensa, es la garantía constitucional que le asiste al imputado -y a la víctima-, a fin de poder resguardar con eficacia sus derechos. En esta perspectiva amplia, los sujetos participantes del proceso penal, poseen una garantía constitucional de defensa. Sin embargo, el Ministerio Público no posee un derecho a la defensa, sino a un conjunto de facultades para que cumpla con la función persecutoria, pues el derecho de defensa adquiere significativa relevancia en el procedimiento penal, cuando está en juego la libertad del imputado. En conclusión es el derecho que asiste al imputado, que es a quien el acusador atribuye la comisión de un hecho punible, que le garantiza la asistencia técnica de un abogado defensor, la capacidad de oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y hacer valer dentro del proceso el derecho de obtener su libertad. Algunos de los Efectos que presenta el derecho de defensa, como garantía constitucional son: a) Disponer de medios para exigir el respeto y efectividad de la defensa. b) La obligación de su respeto por parte de los poderes estatales y de los demás sujetos del ordenamiento. c) El derecho de defensa hace posible que el denunciado, inculpado o acusado puedan acceder a los demás derechos y garantías procesales. (Antecedente jurisprudencial: Sentencia de Sala de lo Penal registrada bajo el número SP-372-2011). La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El Derecho de Defensa es inviolable…”, precepto que esta en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho del acusado, por intermedio de su abogado defensor, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de los derechos del acusado. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. (Antecedente jurisprudencial: SP-278-2011). VI. RESUMEN 1) INFRACCION DE LEY El A Quo ha infringido el artículo 253 del Código Penal, por interpretación errónea. El artículo 453 establece que:“Serán sancionados con las penas previstas en el artículo 248 anterior, quienes cometan alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley de Propiedad Industrial que no estén comprendidos en los artículos anteriores del presente capítulo”. Este tipo penal es una norma penal en blanco propiamente dicha, en vista que para encontrar el hecho o presupuesto, remite al Título VI de la Ley de Propiedad Industrial. Considera que el A Quo debió proteger aquellos derechos no protegidos en los demás tipos penales, pues considera que están protegidos los derechos de los titulares de las marcas, pero no los derechos contenidos en el Título VI de la Ley de Propiedad Industrial, que en el artículo 161, regula el derecho que tienen las personas titulares de una licencia exclusiva sobre una marca, licencias reguladas en los artículos 100, 102, 103 y 104 de la Ley de Propiedad Industrial. Considera que si en los hechos declarados probados se establece que en los anaqueles de la sociedad “IMPORTACIONES MONTECARLOS, S.A DE C.V.”, se encontraron jabones para niños, de la marca DOVE, así como productos identificados con las marcas AXE Y VASELINE, el cual fue decomisado por los agente de la Dirección Nacional de Servicios Especiales y que UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A, tiene las Licencias exclusiva sobre el uso de dichas marcas, entonces el A Quo tribunal ha infringido el artículo 253 del Código Penal, por considerar que el artículo 161 no solo protege el derecho de acción, sino el derecho sobre las Licencias exclusivas de una marca. Por lo que existe una errónea interpretación del artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial al concurrir los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal 253 del Código Penal. 2) QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: El A Quo incurre en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Los vicios de valoración de la prueba son los siguientes: 1) En el numeral primero de la valoración de la prueba, el A-Quo, concede credibilidad al testigo J. A. C. O., Policía que participó en la inspección en las oficinas de la sociedad “IMPORTACIONES XTRA”, y en el decomisó del producto identificado con las marcas DOVE, AXE Y VASELINE. 2) En el numeral segundo y tercero detalla toda la prueba documental del Ministerio Público y del Acusador Privado, prueba que el A Quo estima creíble cuya validez no fue cuestionada por la defensa y su contenido no desvirtuado por otros medios de prueba. Considera que con las ACTAS DE INSPECCIÓN realizadas en las instalaciones de la empresa Importaciones Xtra, se acredita que la empresa mantenía en su tienda productos con marcas DOVE, AXE Y VASELINA, pero cuestiona que el A Quo haya considerado que por estar la descripción de los productos en idioma inglés no le permite conocer el tipo de producto de que se trata. Argumento contrario a las máximas se la experiencia, por considerar que para conocer o identificar una marca no se necesita la traducción, siendo que lo importante es que dichos productos fueron encontrados en las instalaciones de la empresa Importaciones Xtra, productos con las marcas DOVE, AXE Y VASELINE sobre las que la empresa UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A, tiene la Licencia exclusiva de Uso en Honduras. Reprocha que el argumento del A Quo que considera que la factura de compra de productos con la marca AXE, emitida por Importaciones Xtra, le es creíble pero en ella no se consigna donde son fabricados, ni el nombre del fabricante y que por ello no es posible determinar que UNILEVER tenía la licencia exclusiva, e igual con los productos marca AXE, lo cual considera contradictorio y contrario a las reglas de la lógica, debido a que por una parte el A Quo da por acreditado que UNILEVER tiene licencia exclusiva de uso de la marca AXE, pero luego sostiene que no es posible determinar si Unilever tiene una licencia exclusiva sobre la marca AXE, sólo porque no se expresa quien la fabricó y de qué país se importó. Considera que también es contradictorio a las reglas de la lógica, porque por un lado admite que UNILEVER tiene la licencia exclusiva de uso en Honduras, la propia defensa presenta las Declaraciones Únicas Aduaneras de Importación (DUA) con que acredita que el producto es procedente de los Estado Unidos, por lo que es contradictorio que el A Quo sostenga que no se puede determinar quien fabricó el producto. Por lo anterior, considera que el A Quo quebranta el principio que establece que a confesión de parte relevo de pruebas e infringe la regla lógica de la derivación al restar valor probatorio a las pruebas practicadas, al extraer conclusiones que no guardan concordancia con el contenido de las pruebas de reproche, y por no haber esgrimido razonamientos suficientes que soportan el peso de las mismas. 3) INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL El A-Quo condena en costas a UNILEVER DE CENTROAMBRICA, SA DE C.V. con lo que mancilla el Principio Derecho de Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución, por las siguientes razones: 1) El artículo 64 del Código Penal, invocado por el Tribunal, expresa que el pago de costas procede en el caso de sentencias condenatorias; 2) El artículo 393 del Código Procesal Penal, invocado por el Tribunal, expresa que el Juez de Ejecución es el que conoce de las costas, pero sólo en el caso de sentencias condenatorias, presupuesto que no concurre en el caso de autos. Considera que el artículo 393 segundo párrafo del Código Procesal Penal es congruente con el artículo 64 del Código Penal, al establecer que si los bienes del condenado no son suficientes para cubrir todas las responsabilidades de naturaleza económica, se satisfarán en primer lugar la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios; en segundo lugar las costas procesales y personales y así sucesivamente. Por lo que se infiere que el pago de costas sólo es cuando el imputado ha sido condenado; 3) El A Quo fundamenta la condena en costa al Acusador privado, en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, pero se refiere a los procesos declarativos regulados en el mismo Código Procesal Civil, no al proceso penal. Estima que el A Quo desconoce que el acusador privado sólo es coadyuvante del Ministerio Público, quien ejerce la acción penal, y que la víctima lo que hizo fue solo ejercer el derecho de petición regulado en el artículo 80 Constitucional, el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República, y el derecho que le otorga el artículo 268 del Código Procesal Penal, a toda persona para denunciar los hechos delictivos, por lo que infringido el Principio Derecho al Debido Proceso. DECISIÓN 1) INFRACCION DE LEY Esta Sala de lo penal estima que en el presente caso el A Quo no ha infringido el artículo 253 del Código Penal, por interpretación errónea. El artículo 453 establece que:“Serán sancionados con las penas previstas en el artículo 248 anterior, quienes cometan alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley de Propiedad Industrial que no estén comprendidos en los artículos anteriores del presente capítulo”. Lo anterior, en virtud de considerar que el tipo penal de estudio es una norma penal en blanco propiamente dicha, por que el precepto o presupuesto de la norma lo remite al Título VI de la Ley de Propiedad Industrial. Esta Sala considera que no procede en buena técnica legislativa llenar el vacio preceptivo de una norma penal en blanco con el contenido de todo un titulo de una ley especial, en este caso de la Ley de Propiedad Industrial -que va desde el Artículo 158 al 173- sino que en todo caso tendría que mandar o remitir la norma incompleta en su parte preceptiva a una norma concreta de dicha ley.- Por otra parte el recurrente alude a que el artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial regula el derecho que tienen las personas titulares de una licencia exclusiva sobre una marca. El artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial literalmente dice: “Un licenciatario exclusivo y un licenciatario bajo licencia obligatoria o de interés público, podrá entablar acción ante el Órgano Jurisdiccional Competente que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A estos efectos, el licenciatario que no tuviese mandato del titular del derecho para actuar deberá acreditar, al iniciar su acción, haber solicitado al titular o propietario que entable la acción y que éste ha dejado transcurrir más de un (1) mes, sin hacerlo. Aun antes de transcurrido el plazo de un (1) mes, el licenciatario podrá pedir que se tomen las medidas precautorias previstas en el Artículo 164 de esta Ley. El titular del derecho objeto de la infracción podrá apersonarse en autos en cualquier tiempo. Todo licenciatario y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito en el Registro con relación al derecho infringido tendrán el derecho de apersonarse en autos en cualquier tiempo. A estos efectos, la demanda se notificará a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relación al derecho infringido”. Esta disposición faculta al Licenciatario de una Marca a acudir a los Tribunales de justicia en defensa del derecho otorgado por el titular o propietario de dicha marca establecidos en el contrato de concesión. De la Lectura de la totalidad de disposiciones del titulo VI de dicha ley se desprende que la defensa de los derechos contractuales se deberá hacer valer ante la Jurisdicción civil en demanda de los daños y perjuicios que procedieran, como resultado de la vulneración de derechos contractuales por tratarse de un derecho de naturaleza privada. Esta Sala considera que en el presente caso, si bien fue declarado probado que la Empresa Mercantil Importaciones Xtra S.A.de C.V. exhibía en sus anaqueles productos con las marcas DOVE, AXE y VASELINA y que estas marcas se encontraban inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de UNILEVER NV compañía domiciliada en Reino de los Países Bajos, dicha compañía otorgó a UNILEVER DE CENTROAMERICA,S.A. en ese entonces LEVER DE HONDURAS, S.A. una LICENCIA NO EXCLUSIVA para usar en el territorio nacional de Honduras 203 marcas y en el adendum de dicho contrato se incluyeron las marcas DOVE, AXE, CONSTANT Y VASELINA. Y que el día veinticinco de Abril de dos mil cinco, se inscribieron en la Dirección General de Sectores Productivos dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio las licencias otorgadas a UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A., como distribuidor exclusivo en todo el territorio de la República, de los productos marca DOVE fabricados por UNILEVER DE MEXICO, S. DE R.L., para los productos elaborados por UNILEVER DE ARGENTINA, S.A., con las marcas DOVE Y AXE y para la venta de los productos que fabrica CONAPCO INC., con domicilio en Estados Unidos de América, con las marcas DOVE Y VASELINE, se deriva que la licencia de marca otorgada a UNILEVER CENTROAMERICA S.A, no era exclusiva, para impedir a otros importadores a introducir legalmente al territorio nacional los mencionados productos DOVE, AXE y VASELINA, para ser exhibidos y vendidos a los consumidores nacionales, siempre que los productos no sean elaborados por UNILEVER DE MEXICO, ARGENTINA o por la fábrica CONAPCO del domicilio de los Estados Unidos de América. En el presente caso no fue declarado probado que el acusado D. K. haya introducido o importado a favor de su empresa los mencionados productos de manera ilegal al país, que se trate de productos adulterados o falsificados, tampoco que se haya probado el lugar de la fabricación o procedencia de los mismos que pruebe más allá de toda duda razonable que este ha infringido el contrato de Distribución exclusiva concedidos a favor de UNILEVER CENTROAMERICA S.A. Por otra parte esta Sala considera que el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Centroamérica, República Dominicana con los Estados Unidos de América, Decreto 10-2005, y complementado por la Ley de Implementación de dicho Tratado establecido en el Decreto 16-2006, con relación a las licencias de distribución exclusiva, dispone que esta debe de estar expresamente establecida en el contrato, por cuanto en el Anexo 11.13, sección E, numeral 2, inciso b del Tratado de Libre Comercio con respecto a Honduras, dispone que: “2. Honduras no podrá requerir a un proveedor de mercancías o servicios de otra Parte a: ….(b) ofrecer o introducir mercancías o servicios en el territorio de Honduras a través de concesionarios existentes para tales mercancías o servicios a menos que el contrato entre ellos requiera una relación de exclusividad.- Por todo ello, esta Sala desestima el motivo de casación de Infracción de ley sustantiva del artículo 253 del Código Penal, por interpretación errónea del Artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial invocados por el recurrente. 2) QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Esta Sala considera que en el presente caso el A Quo no infringe las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba consistente en la declaración del testigo J. A. C. O., Policía que participó en la inspección en las oficinas de la sociedad “IMPORTACIONES XTRA”, y que decomisó del producto identificado con las marcas DOVE, AXE Y VASELINE, ni en valor concedido a las ACTAS DE INSPECCIÓN realizadas en las instalaciones de la empresa Importaciones Xtra, por cuanto si bien se acredita que la empresa IMPORTACIONES XTRA mantenía en su tienda productos con marcas DOVE, AXE Y VASELINA, no se acreditó en juicio de forma indubitada que la empresa UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A, tenga Licencia exclusiva sobre las marcas de dichos productos en Honduras, al no consignar el lugar de su fabricación, ni el nombre del fabricante. Por lo anterior, esta Sala considera que en el presente caso, el Juzgador de instancia no ha violado la regla lógica de derivación, en virtud que ha hecho uso de razonamientos lógicos y suficientes, constituidos por inferencias deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que de estas ha determinado. Por lo anterior, considera sin lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. 3) INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Esta Sala considera que en el presente caso, efectivamente el A-Quo al condenar en costas a UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V. infringe el Principio Derecho de Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución. Lo anterior en virtud de que tal y como alega el recurrente, el artículo 64 del Código Penal, no es aplicable al presente caso, en virtud que el pago de costas procede únicamente en caso de sentencias condenatorias, al igual que dispone el artículo 393 del Código Procesal Penal que expresa que el Juez de Ejecución conoce de las costas, en el caso de sentencias condenatorias. No son aplicables en materia penal las reglas de condena en costas, establecidas en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, por considerar que en materia penal prevalece el principio de gratuidad de la justicia, salvo que se haya probado, y declarado que el acusador coadyuvante haya actuado con notoria mala fe, deslealtad procesal, o en denuncia falsa, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. Esta Sala estima que en el presente caso, el acusador ha tenido suficientes razones para litigar y actuar como acusador privado conjuntamente con el Ministerio Público, por considerar que se le violado un derecho subjetivo, como parte del ejercicio legítimo de un derecho de petición regulado en el artículo 80 Constitucional, y del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República. Por lo expuesto esta Sala declara con lugar el motivo de casación de infracción a Precepto Constitucional al Debido Proceso, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, invocado por el recurrente. VII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA, en su único motivo y de QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. J. H. S., Acusador Privado en representación de la SOCIEDAD MERCANTIL UNILEVER DE CENTROAMERICA, S. A.; 2) Declarar CON LUGAR el Recurso de Casación INFRACCIÓN DE INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. J. H. S., en su condición indicada, por las razones expuestas.- 3) Casa la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce (2014), en cuanto al numeral tercero de la parte resolutiva del fallo condena a la Sociedad Mercantil UNILEVER de CENTROAMERICA, S.A. de C.V., a pagar costas personales, procesales y gastos ocasionados en juicio, las que serían tasadas por el Juez de Ejecución, y en consecuencia resuelve no condenar en costas personales, procesales y gastos ocasionados en juicio a la Sociedad Mercantil UNILEVER de CENTROAMERICA, S.A. de C.V., por tener razones válidas para litigar.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.-JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.-RAFAEL BUSTILLO ROMERO.-MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.-MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida a solicitud del Abogado J. J. H. S., en su condición acusador privado en representación de la SOCIEDAD MERCANTIL UNILEVER DE CENTROAMERICA, S. A., en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-306-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005