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Sentencia CP-298-14 — Registro 8083

Resumen

Se condenó en primera instancia al imputado del delito de homicidio simple.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Sala es del criterio que el A Quo no ha infringido el principio de congruencia entre acusación y sentencia, en tanto que se ha condenado al imputado por el mismo delito que fue llevado a juicio, sin que se constate en la sentencia impugnada que el Juzgador haya dado por acreditados hechos que no hayan sido objeto de debate y respecto a los cuales el encartado no haya podido defenderse. Consecuentemente se declara sin lugar el motivo de Casación invocado por el recurrente. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 298-2014 por Quebrantamiento de Forma en su único motivo contra la Sentencia de fecha doce de marzo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual fallo: 1) Condenando al Señor R. J. M. F., como autor del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de J. A. F., a la pena de QUINCE (15) AÑOS de reclusión más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de la Condena.- 2) Se le declara la Responsabilidad Civil del condenado a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.– 3) No procede a condenar en Costas Procesales, Personales ni Gastos ocasionados en el juicio. - Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, la abogada N. E. F. Q., actuando en su condición de defensora del procesado R. J. M. F.. Son partes: La Abogada N. E. F. Q., actuando en su condición de defensora del procesado R. J. M. F. y como recurrente y el abogado G. H. C., actuando en su condición de representante del Ministerio Público y parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día veintidós de Diciembre de dos mil siete, aproximadamente a las diez y veinte de la noche, el señor J. A. F., llegó a bordo de un vehículo Ford Focus, color verde, a una casa de habitación ubicada en la colonia Pineda del sector de San Manuel, Cortés, con el fin de departir con ciertas amistades, con ocasión a la transmisión televisiva de un partido de futbol. Encontrándose en el mismo lugar el señor R. J. M. F., éste se aproximó a aquél y comenzó una reyerta entre ambos. SEGUNDO: El señor J. A. F. abandonó el lugar. Minutos mas tarde, el señor R. J. M. F. junto a varios amigos se dirigieron hacia el billar denominado El Tamarindo, a donde también llegó el señor J. A. F.. TERCERO: El señor F. ingresó a su vehículo en el asiento del pasajero, a la par del destinado al conductor y, el señor R. J. M. F. le encañonó con un arma de fuego apuntándole en la zona occipital de la cabeza. Después le disparó en dos ocasiones, produciéndole dos heridas en cráneo que le ocasionaron la muerte, por laceración cerebral y exsanguinación masiva. CUARTO: Al día siguiente, el cuerpo sin vida del señor J. A. F., fue descubierto por la Policía, a inmediaciones del Hospital La Lima Medical Center”. III. RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER MOTIVO: INCONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LOS FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA ACUSACIÓN. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.6 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El yerro del sentenciador que propugno, consiste en que el sentenciador, en la redacción de su hecho probado, se extralimitó de la tesis fáctica interpuesta por el acusador en el juicio oral y público. Para demostrarlo, inicio con un repaso de ambos de estos elementos, la acusación y el hecho probado. En tal orden, apunto que el acusador público sostuvo una misma versión fáctica sobre los hechos desde el auto de apertura a juicio y hasta la formulación de sus conclusiones, es decir no hubo reforma a la conducta reprochada. En apoyo a tal idea cito el acta de juicio oral y público (folio 128): “En primera instancia, se ha logrado acreditarla existencia de un delito en el cual fue privado el derecho fundamento a la vida de J. A. F. R., tomando en consideración los hechos probados siguientes: Que el sábado 22 de diciembre del dos mil siete, siendo aproximadamente las 10:20…” “…Posteriormente el occiso J. A. F. R. pasó nuevamente por el lugar en el vehículo antes descrito, dirigiéndose hacia el lugar donde se encontraban el ahora imputado junto a las personas que lo acompañaban, procediendo posteriormente a donde los encausados del occiso a abordar el vehículo, uno que era conducido por los acompañantes del encausado, conduciéndose el occiso en el del pasajero quien iba encañonado por el ahora imputado R. J. M F., quien se ubicaba en el asiento trasero por el pasajero del vehículo. Llevando el vehículo al asilo de ancianos y escuchándose posteriormente detonaciones efectuándose seguidamente el levantamiento de cadáver del ahora occiso el 23 de diciembre del 2007. Quedó plenamente probado con la declaración rendida…” Ello es la tesis fáctica que sostuvo el agente fiscal en la audiencia de debate de juicio oral y público, y de igual manera fue presentada en la formalización de cargos al inicio del debate, y también su vez en el auto de apertura a juicio. Sin embargo, el hecho probado construido por el recurrido, añade elementos torales a la descripción antedicha. Para demostrar ello cito el tramo del hecho probado de la sentencia en el cual se abonó elementos: “Tercero: El señor F. ingresó a su vehículo en el asiento del pasajero, a la par del destinado al conductor y, el señor R. J. M. F. le encañoné con un arma de fuego apuntándole en la zona occipital de la cabeza. Después le disparé en dos ocasiones, produciéndole dos heridas en cráneo que le ocasionaron la muerte, por laceración cerebral y ex-sanguinación masiva.” De lo anterior, destaco que el suceso “le disparó en dos ocasiones, produciéndole dos heridas en cráneo que le ocasionaron la muerte, por laceración cerebral y ex-sanguinación masiva” no se encuentra en la descripción fáctica de la acusación (ni en el auto de apertura a juicio, formalización de cargos, ni conclusiones). Y así se remarca la incongruencia, ya que dicho suceso no fue descrito en la acusación (menos en la contestación), al tenor del art. 337 del Código Procesal Penal. Y el motivo de tal vicio fue un intento de subsanación de oficio por parte del A QUO, de la tesis fáctica, para mejor encuadrarla al tipo penal del asesinato. Ello en tanto la descripción del acusador público sobre la conducta reprochada carecía de claridad y carácter terminante. Ello a su vez ya que tal recuento carece la descripción de un acto que represente la provocación de la muerte de la víctima por el encausado. (Como ser, disparé arma de fuego, enterró cuchillo). Y tal acto que represente la provocación de la muerte de la víctima, era el que debía subsumirse al verbo rector del homicidio, “dar muerte”. Si la descripción fáctica carece ello, existe un problema de tipicidad por falta de claridad en el hecho probado, como así lo fija la doctrina legal de vuestra Sala Penal: “Esta Sala de lo Penal observa que efectivamente, tal como esgrime el recurrente, los hechos declarados probados no son claros, ni terminantes al describir la acción ilícita reprochada a los encausados señores C. A. O. H. y D. J. M. T., que se pueda subsumir en la figura penal de Violación, tipificada y sancionada en el Artículo 140 del Código Penal. De manera sucinta se limita a describir el Juzgador, en el hecho probado segundo, que los acusados fueron encontrados por los agentes de la policía, en el lugar indicado, junto a la ofendida, la cual fue evaluada el mismo día por la Dirección de Medicina Forense, habiéndose detectado en ella lesiones localizadas en el área vaginal y anal compatibles con coito reciente. No se aprecia una clara y terminante relación causal entre la acción desplegada por los acusados y el resultado lesivo al bien jurídico protegido de la libertad sexual, por lo que partiendo desde el relato fáctico contenido en la sentencia impugnada, no es posible afirmar más allá de toda duda razonable, que los encausados sean autores o partícipes del hecho justiciable. Por lo expuesto, se declara procedente el motivo de casación invocado por el recurrente.”[1] Con tal concepto se revela que la descripción fáctica que hubo formalizado el acusador, no expresa una relación terminante entre una conducta de mi representado y la muerte de la víctima, En tal sentido, obsérvese que la descripción fáctica que hizo el acusador limita a citar los sucesos anteriores a la muerte, luego dicta que se “escucharon disparos” (dicho en término abstracto, sin atribuir autoría), y pasa de una vez al levantamiento de cadáver. El A QUO se percató de tal faltante, y que ello conllevaba que esa descripción, si el tribunal la mantenía intacta, no basta para subsumirla al tipo penal del asesinato, y generaría un vicio en la redacción de la sentencia. Entonces, el A QUO optó por evitar tal problema mediante añadir los elementos faltantes en la descripción fáctica del acusador, precisamente el relato que exprese que el encausado disparó un amia contra la humanidad de la víctima. Sin embargo, ello a su vez generó otra causa de nulidad de la sentencia, ya que el haber añadido todo un suceso (que el encausado disparó contra la víctima) no mencionado en la descripción que hubo expresado el acusador, incurro de manera diáfana incongruencia. Por tanto, con ello queda concretado el causal de nulidad propio del art. 362 numeral 6, por vicio de incongruencia en la sentencia. Más aún, la cuestión no está aún zanjada. Ya comenté que el A QUO hizo la maniobra de añadir elementos ajenos a la descripción fáctica que realizó el acusador, para encuadrar la subsunción jurídica de su resolución. Pero ello no lo hizo de manera ingenua, sino en forma intencional, por ello también en su sentencia alteró la misma descripción de las conclusiones que hubo versado el fiscal. Por tanto, en folio 136 vuelto, expresa como antecedente procesal las conclusiones del fiscal, y en sus finales cuatro reglones manifiesta “R. J. M. F. le encañonó con un arma de fuego apuntándole en la zona occipital de la cabeza. Después le disparó en dos ocasiones, produciéndole das heridas en cráneo que ocasionaron la muerte, por exsanguinación masiva…” Sencillamente es mentira que el fiscal haya expresado sus conclusiones en los términos anteriores. El acta del debate (folio 128) refleja fiel la descripción que hizo el acusador del hecho reprochado, (véase cita al inicio), y éste no concretó sobre acto alguno que provocó la muerte de la víctima por parte del encausado, como pretende relucir el A QUO. Y esa misma descripción de los hechos, sin los añadidos que hizo el A QUO, es la misma que aparece en el auto de apertura a juicio, (fol. 98). Sin embargo, me arrojo en la reproducción de la grabación audio visual de lo ocurrido en juicio oral y público (que ha sido propuesto en éste mismo escrito como medio de prueba, en el archivo nominado “tercera parte” desde el inicio y hasta el minuto tres), que es precisamente cuando el agente fiscal describe los hechos acreditados en sus conclusiones. Este medio guarda de manera fiel lo que ocurrió, y reflejará lo que aquí yo he señalado y la inconsistencia de lo dictado en la sentencia al respecto. Y con ello, quedará acrisolado que el A Quo sí ha incurrido en incongruencia, y que en intentó asolapar ello, mediante redactar en su sentencia una versión tergiversada de las conclusiones del agente fiscal. RECLAMO PREVIO: Dado que la infracción procesal ocurre hasta el acto de sentencia, que se dictó de manera escrita, no hubo oportunidad procesal de ejercer recurso previo de denuncia del acto ante el juzgador de instancia. Sólo de los órganos de los sentidos, 6) El estado de interés o atención, 7) la novedad o familiaridad con que la percibió, 8) El carácter I, esperado del suceso percibido, 9) la ubicación del testigo”[2] Y en éste punto de la ubicación del testigo, éste no es que sea meramente inverosímil, sino más bien ha sido mentiroso, ya que ofreció dos recuentos totalmente distintos sobre su ubicación: Primero dentro de su casa, y segundo a la orilla de la calle, cambio que se explica como un intento de mejorar la posibilidad que le crean haber podido ver adentro de un vehículo en marcha. Y ante ello, el tribunal guardó absoluto silencio. Es decir, el caso no es que el A QUO rindió un análisis no satisfactorio sobre la ubicación de la testigo y su importe para determinar la credibilidad, sino que me quejo porque éste punto fue totalmente obviado. Ello aún ante el énfasis que ésta defensa otorgó sobre tal aspecto, en su intervención en conclusiones. (vid. Folio 130 vuelto, reglones 15-36) Por tanto, sí el A QUO guarda el criterio que la posición del testigo, y las contradicciones en que éste incurrió para definirla, no basta para dudar de su relato, debió explicar los motivos para tal consideración. Lo que no procede en cambio, es marginar tal dato de su ecuación analítica, de tal manera que abstiene toda referencia a él, como si tal noticia no la hubiese conocido. En ello incurre el tribunal, en tanto contabilizó todo lo demás que relató el testigo, y discursó su análisis sobre toda la información que éste comunicó, más obvió completamente la inconsistencias en que cae el testigo cuando habló sobre su propia ubicación en la escena. Tal omisión de datos contenidos en prueba incorporada, quebranta la derivación en la sana crítica, ya que éste concepto exige que toda conclusión se funda en una cadena de silogismo cuyo primer eslabón es una observación de toda la prueba en su conjunto. En éste caso, el tribunal no observó todo los datos relevantes de la prueba testimonial, sino que emerge aplicó una visión marginal, aislada, ya que se suprime toda referencia a la ubicación del testigo, como si dicho punto no hubiese sido conocido por el Tribunal. Y como aclara la jurisprudencia citada de vuestra sala citada, la ubicación del testigo es de los aspectos a tomar en cuenta, por tanto valorar, al analizar la declaración testifical. Y ante ello, queda violado el principio de derivación en la sana crítica, ya que éste exige precisamente lo que se hubo omitido: Que el juez realice un ejercicio analítico que incluya todos los datos, noticias, informe, que esté contenido en la prueba evacuada. Así lo establece la publicación digital de vuestra Corte Suprema de Justicia: ¿Cuándo se considera que el tribunal a vulnerado el principio de derivación en la sana crítica? Cuando no se efectúa un contraste comparativo analítico y deductivo de la información que aporta los testigos de cargo y descargo, y aún así se dice que se basó en ellos para dictar resolución.[3] En igual condición, el que el A QUO ignore datos contenidos en la prueba, ha sido pronunciado por vuestra Sala Penal como violación de la sana crítica: “Por otro lado, también resultó ignorado el dato según el cual se encontró residuos de zacate en la zona para genital de la víctima, circunstancia que coincide con el testimonio sobre el lugar del ataque sexual”[4]. Como ya se demostró, sobre la ubicación del testigo, el A QUO no ejerció análisis alguno, ni comparativo ni deductivo, sino que su maniobra fue francamente IGNORAR el asunto. Por tanto, queda mostrada, sin duda alguna, mi tesitura que el A QUO quebrantó el principio de derivación en la sana crítica para la valoración de la prueba. RECLAMO PREVIO: Dado que la infracción procesal ocurre hasta el acto de sentencia, que se dictó de manera escrita, no hubo oportunidad procesal de ejercer recurso previo de denuncia del acto ante el juzgador de instancia. PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA. Como parte de lo ya explicado en el primer motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, existe una inconsistencia entre lo transcrito en la sentencia y lo realmente ocurrido en juicio. Ello en relación a lo descrito sobre los hechos por el agente fiscal en su alegato de conclusión, una vez evacuada la prueba. Ello ya que el recurrido, en su sentencia, abona sucesos, como si fuesen dichos por el agente fiscal, que no lo fueron, para así enmascarar la incongruencia en que ha incurrido el mismo tribunal en relación a la tesis fáctica que propuso la acusación. Ello todo en base a mi alegación de vicio procesal de incongruencia, desarrollado en el primer motivo de éste recurso. Por tanto, ofrezco como prueba en soporte de lo dicho, la reproducción audio visual del debate de éste caso, aportada aquí mediante el anexo de un disco compacto. En específico pido que se reproduzca en audiencia de evacuación de prueba, el disco compacto con la reproducción del audio/video, en su archivo llamado “debate Exp. 207-13. 07-01-14, parte 3 conclusiones”, desde el inicio y hasta el minuto tres y medio de tal, que es precisamente cuando el agente fiscal describe el hecho que estima haber sido acreditado en el juicio, en sus conclusiones. Ello en fundamento del art. 368 del código procesal penal”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA 1.- Esta Sala, en relación a la incongruencia entre la sentencia y la pretensión de las partes, al condenarse al imputado en contra la pretensión de la defensa, considera pertinente recordar que en nuestro sistema procesal penal prevalece el principio acusatorio, por el que la acción penal pública es ejercida por un sujeto procesal distinto al órgano juzgador, el que determina los hechos, individualiza a los imputados, y tiene bajo su responsabilidad la investigación del delito y la carga de prueba de la imputación. Como complemento lógico a la prohibición de que el órgano jurisdiccional pueda plantear de oficio la acusación y sostener la acción penal, la aplicación del principio acusatorio obliga al Juez a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. En este sentido, se impone la necesidad de una debida correlación entre acusación y sentencia, dejando la concreta determinación del contenido de la acusación a las partes, a fin de evitar el evidente riesgo que supondría para la imparcialidad de órgano decisor, el que se le permitiera sobrepasar los extremos de la acusación misma, lo que de hecho, vendría a suponer el sostenimiento indirecto de la pretensión penal por parte del órgano jurisdiccional. Lo anterior pone en evidencia la existencia de un determinado grado de vinculación en la persona del juez para con el elemento subjetivo (persona acusada) y objetivo (hecho punible) planteados por la acusación, que se traduce en una prohibición general, dirigida al órgano jurisdiccional de variar los elementos esenciales del objeto del proceso penal. Con respecto al elemento subjetivo, el referido principio exige que el Juez o Tribunal únicamente pueda realizar y dirigir el proceso contra la persona o personas que resulten efectivamente imputadas en la acusación. Con respecto al elemento objetivo, lo que el principio prohíbe es facultar al juzgador para incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados del escrito de calificación previsto en la acusación, lo que incidiría en el derecho de defensa del imputado ante la posibilidad de ser condenado por un nuevo hecho punible sin habérsele otorgado oportunidad procesal de oponerse al mismo mediante posibles pruebas de descargo[5]. En este sentido, el artículo 337 del Código Procesal Penal Hondureño establece que “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta ó en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de Debate, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. 2.- De este modo, el precepto legal antes mencionado establece una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En este sentido, el principio acusatorio forma parte del haz de garantías de nuestro sistema procesal, directamente vinculado con el derecho fundamental a la defensa que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, que, como es notorio, proscribe toda posible indefensión. Toda persona acusada tiene derecho a conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación a fin de no quedar sumida en una completa indefensión, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto diferente al que fue objeto de debate procesal. El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo que es incompatible con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Consecuencia de todo ello es que siempre ha de haber la debida congruencia entre la acusación y la condena, de modo que el Tribunal sentenciador no pierda su objetividad alterando de oficio los hechos o su calificación jurídica, salvo que actúe dentro del marco legal de lo pedido, en ejercicio de su facultad individualizadora. Ese derecho a ser informado de la acusación exige un conocimiento completo de los hechos de que se es acusado y de la calificación jurídica formulada por las partes acusadoras, y, a su vez, es presupuesto de la evitación de indefensión que irremisiblemente se produce cuando se dictan condenas por hechos y calificaciones de los mismos en momento en que las posibilidades de defensa ya han pasado. 3.- En el presente caso, esta Sala es del criterio que el A Quo no ha infringido el principio de congruencia entre acusación y sentencia, en tanto que se ha condenado al imputado por el mismo delito que fue llevado a juicio, sin que se constate en la sentencia impugnada que el Juzgador haya dado por acreditados hechos que no hayan sido objeto de debate y respecto a los cuales el encartado no haya podido defenderse. Consecuentemente se declara sin lugar el motivo de Casación invocado por el recurrente. V. DECISIÓN El motivo formulado por la defensa del procesado R. J. M. F. debe ser desestimado.VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362. 6 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa del procesado R. J. M. F.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-298-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; Sentencia de fecha once de junio de dos mil nueve, recaída en el recurso de casación N°. S.P. 321-07

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve, Cp. 198-2008.

[3] http://poderjudicial.gob.hn/ConsultaHN/Problemajuridico.aspxs, página del poder judicial de Honduras, consultada el primero de junio del dos mil catorce.

[4] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Sentencia del 24/08/10, en caso CPP 222-08

[5] CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, en Ensayos sobre Política Criminal, Derecho Penal y Proceso Penal, Tegucigalpa, AGM, 2004, pág. 31 y ss.