Sentencia CP-295-13 — Registro 8079
Resumen
En primera instancia se condenó a imputados del delito de secuestro y robo agravado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Esta Sala de lo Penal observa que efectivamente, tal como esgrime el recurrente, los hechos declarados probados no son claros, ni terminantes al describir las acciones ilícitas reprochadas a los encausados G. R. P. P. y M. A. M. L., que se pueda subsumir en la figura penal de Secuestro y Robo Agravado, razones suficientes para declarar con lugar el presente recurso de casación, dejando sin valor ni efecto el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio. Se hace un fuerte llamado de atención al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, “Sala Segunda” del Departamento de Cortés, para que en lo sucesivo sean más cuidadosos, ordenados y precisos en la redacción de los hechos probados conforme lo manda nuestra legislación procesal.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 362, N.1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció el censor que los hechos probados de la sentencia recurrida no son claros y terminantes, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el cuadro fáctico establece: “…que el 01 de junio del 2006 a eso de las 7:30 de la noche, el señor A. M. M., se conducía en compañía del señor J. M. D. conductor de vehículo, cuando a la altura del instituto San Vicente de Paul, fue interceptado por dos vehículos de donde se bajaron cuatro individuos, entre ellos los señores G. R. P. P. y M. A. M. L., utilizando este último su uniforme de reglamento perteneciente a la policía nacional.” El anterior relato fue calificado como delitos de Secuestro y Robo Agravado, contenidos en los artículos 192, 217, 218 y 225.3 del Código Penal, responsabilizando a los imputados. Resulta que dichos sucesos no cumplen con los requisitos de claridad, precisión y coherencia que ordena nuestra legislación procesal, pues el relato se interrumpe a mitad del último renglón de la pagina dos del fallo impugnado, dejando la descripción de los hechos probados y al propio fallo en una completa incertidumbre, sin que la narración de los mismos continúe en otra parte de la sentencia. Estableció además que si bien estos hechos probados mencionan a los imputados, no les atribuye ninguna intervención que contenga los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Secuestro y Robo Agravado por los que fueron condenados; ante tales circunstancias, si no se enmienda la sentencia recurrida implica infringir derechos fundamentales que les asisten como la presunción de inocencia y el debido proceso. 2) Esta Sala de lo Penal ante los argumentos del recurrente considera importante establecer, que los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado de éste; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y enumerados, de conformidad a la complejidad del relato; y 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan, entre otros casos, utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008) “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009) y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Ver sentencia de fecha 25 de noviembre del 2010 en el Exp 920-2009)[1]. 3) Al revisar la fundamentación fáctica de la sentencia, se hace evidente el yerro denunciado, pues el relato histórico de los hechos no es concluyente y resultó falto de claridad y coherencia. Inicia relatando el cuadro fáctico el lugar, hora y fecha en que suscitaron los hechos, luego establece que se trasladaba el señor A. M. M. en un vehículo que era conducido por el señor J. M. D., cuando a la altura de un colegio fue interceptado por dos vehículos, de los cuales se bajaron 4 hombres, entre ellos, los imputados G. R. P. P. y M. A. M. L.; éste último utilizando un uniforme policial; sucesos que quedan evidentemente inconclusos, pues no relatan las posibles acciones ilícitas cometidas por los acusados, resultado imposible encajar éstos hechos en los delitos de secuestro y robo agravado tal como lo hizo el juzgador, resultando unos hechos probados confusos e imprecisos de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conducen al lector a una conclusión precisa del hecho al momento de parangonarlo con el precepto penal aplicado. En el caso subjudice la falta de claridad viene determinada por haber incurrido el juzgador en omisiones que alteran el significado de los hechos y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los mismos; pues se produjo un relato incomprensible por su deficiente redacción, imprecisión, por incurrir en omisión de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales, lo que no permite conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, ni la lógica consecuencia para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, pues no se establece cuál fue la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Ahora bien, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectos se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, tal como ocurre en el presente caso, pues los hechos probados provocan una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” (hechos) debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. Esta Sala de lo Penal observa que efectivamente, tal como esgrime el recurrente, los hechos declarados probados no son claros, ni terminantes al describir las acciones ilícitas reprochadas a los encausados G. R. P. P. y M. A. M. L., que se pueda subsumir en la figura penal de Secuestro y Robo Agravado, razones suficientes para declarar con lugar el presente recurso de casación, dejando sin valor ni efecto el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio. Se hace un fuerte llamado de atención al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, “Sala Segunda” del Departamento de Cortés, para que en lo sucesivo sean más cuidadosos, ordenados y precisos en la redacción de los hechos probados conforme lo manda nuestra legislación procesal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de diciembre del dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recursos de Casación SP 295-2013 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando a los señores G. R. P. P. y M. A. M. L., por el delito de Secuestro, en perjuicio de A. M. M. M. a la pena de treinta (30) años de reclusión; 2) Condenando a los señores G. R. P. P. y M. A. M. Lo. por el delito de R. A., en perjuicio de la Ferretería Monterroso a la pena de seis (06) años ocho (08) meses de reclusión; mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. 4) No condenó a los encausados en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el abogado F. A. G. H., actuando en su condición de defensor público de los señores G. R. P. P. y M. A. M. L.; imputados que confirieron poder en esta instancia a favor de los abogados I. E. C. R. y J. M. A. Á. en su condición de defensores privados. Son Partes: Los Abogados I. E. C. R. y J. M. A. Á. en su condición antes indicada como recurrentes. II. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día uno de Junio del año dos mil diez, siendo aproximadamente las siete y treinta de la noche, el señor A. M. M., se conducía en compañía del señor J. M. D., conductor del vehículo, y a la altura del Instituto San Vicente de Paúl, ubicado en la colonia Trejo de esta ciudad, fue interceptado por dos vehículos, uno que se ubicó en la parte frontal y otro en la parte de atrás con los focos del carro encendido; de donde se bajaron por lo menos cuatro individuos entre ellos los señores G. R. P. P. y M. A. M. L., utilizando este último su uniforme de reglamento perteneciente a la Policía Nacional.” III. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente abogado F. A. G. H. en su condición de Defensor Público de los imputados procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la siguiente manera: INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. “MOTIVO ÚNICO: Que los HECHOS declarados probados en la sentencia recurrida no son claros y terminantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. PRIMERO: El Tribunal de juicio declaró terminantemente probados los HECHOS siguientes: “PRIMERO: El día uno de junio del año dos mil diez, siendo aproximadamente las siete y treinta de la noche, el señor A. M. M., se conducía en compañía del señor J. M. D. conductor del vehículo, y a la altura del Instituto San Vicente de Paúl, ubicado en la colonia Trejo de esta ciudad, fue interceptado por dos vehículos, uno que se ubico en la parte frontal y otro en la parte de atrás con los focos del carro encendido; de donde se bajaron por lo menos cuatro individuos entre ellos los señores G. R. P. P. y M. A. M. L., utilizando este último su uniforme de reglamento perteneciente a la Policía Nacional,” SEGUNDO: El anterior hecho probado fue calificado por el Juzgador como constitutivo de los delitos de SECUESTRO y ROBO AGRAVADO contenidos en los Artículos 192, 217, 218 y 225.3 del Código Penal, responsabilizando de los mismos, como autores directos, a los señores G. R. P. P. y M. A. M. L., sin embargo, el relato fáctico antes transcrito no cumple con los requisitos de claridad, precisión y coherencia que ordena el Código Procesal Penal en su numeral primero, regla Cuarta del Artículo trescientos treinta y ocho, porque en él se hace evidente, que el relato histórico se interrumpe a mitad del último renglón de la página dos del fallo impugnado, dejando la descripción de HECHOS PROBADOS y al propio fallo en una completa incertidumbre, sin que la narración de hechos probados continúe en otra parte del fallo impugnado, pues la página número tres se inicia con el apartado de VALORACIÓN DE LA PRUEBA y con la incompleta descripción que se hace en el hecho probado, si bien se mencionan los nombres de los imputados, pero la intervención a ellos atribuida no contiene los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de SECUESTRO Y de ROBO AGRAVADO, por lo que condenarlos en tales circunstancias implica un quebranto de forma y una infracción a fundamentales derechos que a ellos les asiste como los de presunción de inocencia y el debido proceso. TERCERO: La sentencia penal, por disposición expresa del artículo 338 del Código Procesal Penal, es un cuerpo sistemático por lo que su redacción debe respetar esos presupuestos normativos, distinguiendo, de manera clara, los aspectos fácticos de los jurídicos para permitir un apropiado control sobre ellos, por eso mismo, los elementos del tipo objetivos del delito, los grados de ejecución y los relativos a las circunstancias agravantes deben constar, en todo caso, en el apartado de hechos probados de la sentencia, sin que, válidamente, sea posible completarlos, en perjuicio del imputado, con el contenido de la fundamentación jurídica u otro apartado de la sentencia. CUARTO: Dicho lo anterior y considerando que la declaración de hechos probados constituye la base o el cimiento sobre el cual descansa la sentencia penal, y siendo que el cuadro fáctico descrito en la sentencia recurrida no reúnen los requisitos legales exigidos para ello, por lo que solicito se case el fallo impugnado y se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que la causa sea tramitada con arreglo a derecho. QUINTO: Dado que el yerro que provoca la interposición del presente recurso de casación se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de éste a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación previa.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció el censor que los hechos probados de la sentencia recurrida no son claros y terminantes, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el cuadro fáctico establece: “…que el 01 de junio del 2006 a eso de las 7:30 de la noche, el señor A. M. M., se conducía en compañía del señor J. M. D. conductor de vehículo, cuando a la altura del instituto San Vicente de Paul, fue interceptado por dos vehículos de donde se bajaron cuatro individuos, entre ellos los señores G. R. P. P. y M. A. M. L., utilizando este último su uniforme de reglamento perteneciente a la policía nacional.” El anterior relato fue calificado como delitos de Secuestro y Robo Agravado, contenidos en los artículos 192, 217, 218 y 225.3 del Código Penal, responsabilizando a los imputados. Resulta que dichos sucesos no cumplen con los requisitos de claridad, precisión y coherencia que ordena nuestra legislación procesal, pues el relato se interrumpe a mitad del último renglón de la pagina dos del fallo impugnado, dejando la descripción de los hechos probados y al propio fallo en una completa incertidumbre, sin que la narración de los mismos continúe en otra parte de la sentencia. Estableció además que si bien estos hechos probados mencionan a los imputados, no les atribuye ninguna intervención que contenga los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Secuestro y Robo Agravado por los que fueron condenados; ante tales circunstancias, si no se enmienda la sentencia recurrida implica infringir derechos fundamentales que les asisten como la presunción de inocencia y el debido proceso. 2) Esta Sala de lo Penal ante los argumentos del recurrente considera importante establecer, que los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado de éste; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y enumerados, de conformidad a la complejidad del relato; y 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan, entre otros casos, utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008) “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009) y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Ver sentencia de fecha 25 de noviembre del 2010 en el Exp 920-2009)[1]. 3) Al revisar la fundamentación fáctica de la sentencia, se hace evidente el yerro denunciado, pues el relato histórico de los hechos no es concluyente y resultó falto de claridad y coherencia. Inicia relatando el cuadro fáctico el lugar, hora y fecha en que suscitaron los hechos, luego establece que se trasladaba el señor A. M. M. en un vehículo que era conducido por el señor J. M. D., cuando a la altura de un colegio fue interceptado por dos vehículos, de los cuales se bajaron 4 hombres, entre ellos, los imputados G. R. P. P. y M. A. M. L.; éste último utilizando un uniforme policial; sucesos que quedan evidentemente inconclusos, pues no relatan las posibles acciones ilícitas cometidas por los acusados, resultado imposible encajar éstos hechos en los delitos de secuestro y robo agravado tal como lo hizo el juzgador, resultando unos hechos probados confusos e imprecisos de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conducen al lector a una conclusión precisa del hecho al momento de parangonarlo con el precepto penal aplicado. En el caso subjudice la falta de claridad viene determinada por haber incurrido el juzgador en omisiones que alteran el significado de los hechos y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los mismos; pues se produjo un relato incomprensible por su deficiente redacción, imprecisión, por incurrir en omisión de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales, lo que no permite conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, ni la lógica consecuencia para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, pues no se establece cuál fue la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Ahora bien, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectos se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, tal como ocurre en el presente caso, pues los hechos probados provocan una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” (hechos) debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. Esta Sala de lo Penal observa que efectivamente, tal como esgrime el recurrente, los hechos declarados probados no son claros, ni terminantes al describir las acciones ilícitas reprochadas a los encausados G. R. P. P. y M. A. M. L., que se pueda subsumir en la figura penal de Secuestro y Robo Agravado, razones suficientes para declarar con lugar el presente recurso de casación, dejando sin valor ni efecto el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio. Se hace un fuerte llamado de atención al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, “Sala Segunda” del Departamento de Cortés, para que en lo sucesivo sean más cuidadosos, ordenados y precisos en la redacción de los hechos probados conforme lo manda nuestra legislación procesal. V. DECISIÓN Se declara con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma por las razones ampliamente expuestas. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362.1 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declarando con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por el abogado F. A. G. H., en su condición de defensor público de los señores G. R. P. P. y M. A. M. L., a quienes se les condenó por el delito de Secuestro y Robo Agravado en perjuicio de A. M. M. M. y la Ferretería Monterroso. Segundo: Casa la sentencia. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintiocho de febrero del dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: I.- Que se repita el debate con un Tribunal integrado por jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II. Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-295-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 240-2011, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 16 de mayo del 2013)