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Sentencia CP-294-14 — Registro 7655

Resumen

En primera instancia se absolvió a la imputada por el delito de contrabando y se le condenó por el delito de violación a los deberes de los funcionarios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Primer Motivo de Casación 1) Denunciaron los recurrentes que la sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas del Título IV, estableciendo como precepto autorizante el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Expresaron los reclamantes que en la valoración de la prueba no se tomaron en cuenta elementos probatorios que fueron admitidos en la audiencia de proposición de pruebas; establecieron además, que en la página dos en su párrafo final el secretario del tribunal refirió, que no puede redactar lo ocurrido en la presente audiencia, debido a que el aparato encargado de gravar digitalmente no fue capaz de captar en formato de audio todo lo desarrollado. Los elementos probatorios no cuentan con sus actas de decomiso, violentando lo establecido en el reglamento e instructivo en materia procesal penal para el manejo de indicios y evidencia física o biológica. 2) Esta Sala de lo Penal advierte, que es notorio la inadecuada técnica recursiva de los recurrentes al momento de plantear y desarrollar su primer motivo de casación, pues refieren como motivo que el fallo se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas en el Código Procesal Penal, los censores plantean en un mismo apartado dos motivos de casación, pues uno es, que la sentencia se base en medios o elementos probatorio no incorporados lícitamente y otro que se base en elementos probatorio incorporados en violación a las normas contenidas del Título IV del libro segundo del Código Procesal Penal, inobservando lo regulado en el artículo 363 de ese mismo cuerpo legal que ordena interponer los motivos de forma separada, precisamente para evitar recursos faltos de claridad y coherencia. En el desarrollo de su motivo, los impetrantes señalan una serie de pruebas documentales, si señalar de forma clara y circunstanciada, la razón por las cuales esos medios de prueba no fueron incorporados al juicio, ya sea por su ilicitud o porque se violentaron algunas de las normas contenidas en el Título IV del libro segundo del Código Procesal Penal; pues lo que establecen al referirse a dichas pruebas documentales, son meros argumentos de instancia que no es permitido en esta etapa de casación, expresando además juicios de valor subjetivos de cómo, según su criterio, se debieron valorar dichas pruebas; volviendo su impugnación confusa, falta de claridad y coherencia siendo imposible para esta Sala de lo Penal, responder de manera adecuada a los planteamientos de los recurrentes, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Increparon los censores que el Juez A-quo inobservó las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, estableciendo como norma que le permite la interposición del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicaron los recurrentes, que la violación a las reglas del recto entendimiento humano ocurre cuando el Sentenciador estableció que fue la imputada quien pone en conocimiento la manera irregular en la que se despachó de los predios de la C.quita un contenedor; la hoy acusada puso en conocimiento a sus superiores lo ocurrido para denunciar los hechos irregulares, es por esa razona que el importador Telecom es requerido por el Estado para el pago de los impuestos; pues su deber como funcionaria fue más allá al informar la salida irregular del contenedor y el hecho de haberlo denunciado provocó que el Estado recuperara el pago de esos impuestos. Refirieron además los denunciantes a la prueba documental consistente en la declaración aduanera N° 13482, pues no llegan siquiera a documentos por carecer del elemento esencial de la escrituración inminente a todo documento original o autentico del que se pueda extraer valor probatorio objetivamente confiable, en tal sentido se ha violentado el sistema de valoración de la sana crítica, por violación de la regla lógica de la derivación y por ende del principio de razón suficiente. 2) En virtud que los recurrentes denotan una inadecuada técnica recursiva al momento de plantear y desarrollar su impugnación, considera necesario esta Sala de lo Penal que con fines académicos y para que sea utilizado en futuros recursos, se explique en qué consiste las reglas de la sana crítica y cómo son aplicadas en la Sentencia Penal. Al señalarse que se han violentando las Reglas de la Sana Crítica, es propio establecer que el artículo 362 No. 3 del código procesal penal, prevé que el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Al respecto, se ha señalado que: “…La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo; este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva… ”. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Intima Convicción (Propio del sistema de juzgamiento por jurados); Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del código procesal penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común… ” Partiendo de la doctrina legal sentada por esta Sala de lo Penal, componen la sana crítica: A.- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto, no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la Experiencia Común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. B.- Las Reglas de la Psicología: están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C.- Las Reglas de la Lógica: la lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los Principios de Identidad, Contradicción y de Tercer Excluido: i) El Principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El Principio de Contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El Principio de Tercero Excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: de este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. 3) Luego de explicar en qué consisten las reglas del recto entendimiento humano y como deben aplicarse en la valoración de las pruebas, se hace evidente no solo la inadecuada técnica recursiva del censor, sino su desconocimiento total en la aplicación de las referidas normas en la argumentación de la sentencia penal, pues no fue capaz de señalar de manera puntual cuáles fueron esos razonamientos erróneos del Sentenciador, sino que, realiza una revaloración del material probatorio, externando juicios de valor subjetivos de cómo, según su criterio, se debió valorar la prueba, pero este ejercicio mental está vedado en esta etapa casacional, pues dicha tarea compete al Juzgador quien tiene contacto con las pruebas y su desarrollo (Principio de inmediación). A pesar de las inconsistencia de los recurrentes y en respeto al Derecho de Defensa que regula nuestra Constitución de la República y del Derecho a Recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este Tribunal de Casación en aras del control de convencionalidad ha procedido a revisar los juicios de valor del Juez A-quo y puede concluir que las pruebas fueron valoradas de forma conjunta y armónica, expresando el juzgador razonamientos coherentes y derivados y aplicando en cada uno de ellos las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Tercer Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. 1) Expresaron los recurrentes que el fallo contiene motivación fáctica insuficiente y contradictoria, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicaron los impetrantes, que en la motivación primero párrafo último se establece que la imputada es quien comunicó la manera irregular en que se despachó el contenedor; contando con una copia fotostática de la póliza 13482 que tenía la firma del señor C., documentos que no eran auténtico, sino una copia en que se insertó el numero de contenedor; afirman los censores que los jueces dudaron de la autenticidad de documento de veracidad por ser una simple copia la cual no puede ser objeto de una pericia caligráfica, el Juez aseveran la no autenticidad del documento y la admiten como medio de prueba, resultando ineficaz la presunción de inocencia que establece que las prueba se practiquen con las debidas garantías. 2) En este tercer motivo de casación, nuevamente se observan los errores de los recurrentes en la técnica recursiva utilizada, pues refieren como señalamiento de su impugnación, que el Juez A-quo incurrió en motivación fáctica insuficiente y contradictoria, pero se está refiriendo a dos motivos de casación, uno respecto a la insuficiente motivación fáctica y otro a la motivación contradictoria, no cumpliendo con lo regulado en el artículo 363 de la ley procesal penal que ordena que los motivos sean presentados de forma separada. Respecto a la fundamentación de este motivos, los recurrentes efectúan una argumentación confusa e incoherente, pues no son claros en establecer cuales fueron esos razonamientos insuficientes o contradictorios. Partiendo que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumento, de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la “insuficiencia”, en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o aplicar los preceptos penales por los que resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración de la prueba cierta prueba, se omite indicar el porqué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que los testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimaría la infracción cuando se haga una referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso . A pesar de las inconsistencias que presenta el recurso, este Tribunal de Casación en aras del Derecho a Recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8.2.h) ha revisado los juicios de valor del Sentenciador y puede confirmar que sus motivaciones fueron extensas y suficientes respecto de todos los medios de prueba allegados al debate, sin denotar contradicción en sus motivaciones de hecho y de derecho, en tal sentido es procedente desestimar el presente motivo de casación

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Único Motivo 1) Señalaron los reclamantes que en el presente fallo se infringieron los artículos 6 y 90 de la Constitución de la República, estableciendo como norma autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Expresaron los censores, que se infringió la garantía procesal del “In du bio pro reo”, que se deriva del derecho fundamental de la presunción de inocencia y alcanza su máxima expresión en la valoración de la prueba; en la admisión de medios de pruebas de copias y en idioma extranjero, se violentaron los artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal, pues el Sentenciador en su numeral cuarto de la valoración establece que se evacuó una prueba documental que se encuentran en idioma inglés, violentándose el artículo 6 de la Constitución que establece que el idioma oficial es el español. Dichos documentos afirman los recurrentes, no fueron apostillados ni traducidos como lo exige el Código Procesal Civil como norma supletoria. 2) Oportuno es recordar que la Sala de lo Penal ha reiterado, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, conocido es que por su propia naturaleza, el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y, en consecuencia, necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, una serie de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley procesal, asegurándose el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al ius puniendi. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, pero el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de utilizar la vía de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación que se regulan, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos extraordinarios). Así, el Código Procesal Penal señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo indicar la infracción, pero se debe señalar concretamente la norma constitucional lesionada, y de qué manera afecta a la defensa. 3) Este Tribunal de Casación advierte la inadecuada técnica recursiva de los impetrantes al momento de desarrollar su impugnación, pues si bien señalan el artículo 90 como norma Constitucional violentada, el cual refiere al derecho al Debido Proceso, señalan igualmente el artículo 6 de la Carta Magna como norma constitucional infringida, el cual establece que en nuestro país el idioma oficial es el español. Sobre este último punto es importante señalar, que esta Sala de lo Penal ha establecido como jurisprudencia reiterada, que si bien muchos artículos de la Constitución de la República son de aplicación directa e ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no todos constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; cómo se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, sino sólo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. EL argumento de los censores se centra en que se permitió la admisión y evacuación de medios de pruebas documentales que se encontraban en el idioma inglés y que los mismos no fueron traducidos y apostillados tal como lo regula el Código Procesal Civil, sin embargo a pesar que los recurrentes no pudieron explicar de qué forma éste hecho violentó el debido proceso, esta Sala de lo Penal considera que la admisión y valoración de los medios de pruebas documentales que se encontraban en el idioma inglés, en el caso subjudice no violentan el debido proceso, pues los hechos por los cuales se acusó a la imputada K. E. C. C. y que se tipificaron como violación a los deberes de los funcionarios, no constituyen documentos de valor trascendente para darlos por acreditados, pues existen otros medios probatorios que garantizan la responsabilidad de la acusada. En ese sentido es necesario determinar si los medios de pruebas documentales cuestionados, son decisivos o no para la determinar la culpabilidad de la acusada, debiendo hacerse uso del método conocido como “Supresión Hipotética”, con el cual se verifica si una vez suprimido mentalmente dicho medio de prueba, se podría cambiar o variar la decisión final tomada por el A-quo. En el presente caso después de un detenido análisis, la Sala Penal aprecia que aún suprimiendo o sacando de la esfera de valoración las pruebas documentales valoradas por el Juzgador, no variaría el resultado o decisión final tomada por éste, ya que existen otros medios de prueba que fueron debidamente evacuados en el proceso, con lo cuales se podría llegar a la misma conclusión, no siendo las pruebas documentales cuestionadas determinantes para la sentencia emitida, pues eliminándolo “in mente” todavía existe prueba suficiente para fundamentar una condenatoria; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...". Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. 1) Denunciaron los censores la infracción de ley del precepto penal del artículo 339 del Código Procesal Penal, o una ley sustantiva que deba ser observada; consignando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Consideraron los recurrentes, que el análisis del delito de violación de los deberes de los funcionarios (Articulo 349 numeral 3 del Código Penal), la doctrina lo ha denominado como omisión propia; de conformidad con la literalidad del artículos 349 supra indicado, se deriva que para que a una persona puede imputársele el delito de violación de los deberes de los funcionarios por omisión, es necesario que el autor no ejecute un acto que debe ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. La ley sustantiva Memorándum DEI-APC-105-2013 literalmente dice que el delegado fiscal no tiene acceso al sistema SARAH; según los reclamantes, la imputada K. L. C. C. no tuvo acceso al sistema SARAH, por lo tanto no tenía la intención de querer omitir los deberes de su cargo. 2) Considera importante recordar esta Sala de lo Penal, lo que establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que dice “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados, son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación, la modificación de los hechos probados; B) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o doctrina legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de doctrina legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la doctrina legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. De allí, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 3) Ante las explicaciones arriba indicadas, se puede inferir la inadecuada técnica recursiva de los censores, pues en primer lugar consideran el Memorándum DEI-APC-105-2013 como una ley sustantiva, lo cual es erróneo pues la ley sustantiva es aquella que crea, define y regula las diferentes acciones constitutivas de delitos, un memorándum no tiene los requerimientos mínimos para ser considerado una ley. Ahora bien en aras del respeto al derecho a recurrir el fallo que regula la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en virtud del Control de Convencionalidad que deben observar todos los Tribunales de la República, ésta Sala de lo Penal ha procedido a analizar el cuadro fáctica para determinar si los mismos están conformados con claridad y coherencia, además de verificar si los mismos encajan con la norma penal utilizada por el sentenciador. Es propio señalar que el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe de conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el artículo 349 del Código Penal, el cual tipifica cinco supuestos criminosos, constituyendo Abuso de Autoridad los señalados en los numerales 2 y 5; y Violación de los Deberes de los Funcionarios los señalados en los numerales 1, 3, 4, y último párrafo. Puntualmente el delito de violación de los deberes de los funcionarios, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aun cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se produce o no algún resultado. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: Empleado o Funcionario Público, entendiéndose como tal a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de las funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, según lo prevé el artículo 393 del Código Penal; 2 Sujeto Pasivo: Lo constituye el Estado de Honduras; 3. Conducta Criminosa: a. Deber de realizar el acto, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el funcionario o empleado público este obligado a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b. Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c. Omitir, rehusar o retardar el acto obligado. 4. Verbos Rectores: Omitir, Rehusar o Retardar un acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo: a. Omitir implica dejar de realizar el acto de manera definitiva; b. Rehusarse lleva la condición no solo de omitir el acto, sino de manifestar abiertamente su negativa de realizarlo como respuesta al ser requerido para su ejecución; c. Retardar, implica adoptar una conducta omisiva durante el tiempo en que se espera se realice el acto, es decir no realizar el acto durante el plazo o termino previsto por la ley, reglamento, disposición u orden o dentro del tiempo en que aquel sería útil, sino que se espera el vencimiento de este tiempo para realizarlo posteriormente. Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe de cumplir el empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe de realizar el mismo y voluntad libre de no realizarlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del M. de atribuciones del empleado o funcionario público a determinar en cada caso concreto bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto, sin importar si existe o no resultado dañoso. 4) Ante tales explicaciones y al leer detenidamente la relación de hechos probados, se infiere que los mismos fueron conformados con claridad y precisión, se observa además los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios, pues la señora K. E. C. C., al ostentar el cargo público de Delegada Fiscal de la Dirección Ejecutiva de ingreso, sabía perfectamente cuál era el procedimiento para ordenar la salida de contenedores con mercadería, tal como lo realizó correctamente el 10 de febrero del 2009 así como lo relatan los hechos en el numeral primero; sin embargo dos días después (12 de febrero del 2009) al realizar el mismo proceso de salida de una rastra, permitió la escapatoria de un contenedor de mercancía amparada en una fotocopia de una póliza con el mismo número que ya había despachado, teniendo la obligación como funcionaria de la DEI de confirmar que los datos de la póliza, mas al tratarse de una fotocopia, fueran correctos y legales; así las cosas encontramos que los hechos probados encajan de manera perfecta y armónica en la norma penal del artículo 349 numeral 3 del código Penal utilizada por el Sentenciador, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...". Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. 1) Denunciaron los censores la infracción de ley del precepto penal del artículo 339 del Código Procesal Penal, o una ley sustantiva que deba ser observada; consignando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Consideraron los recurrentes, que el análisis del delito de violación de los deberes de los funcionarios (Articulo 349 numeral 3 del Código Penal), la doctrina lo ha denominado como omisión propia; de conformidad con la literalidad del artículos 349 supra indicado, se deriva que para que a una persona puede imputársele el delito de violación de los deberes de los funcionarios por omisión, es necesario que el autor no ejecute un acto que debe ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. La ley sustantiva Memorándum DEI-APC-105-2013 literalmente dice que el delegado fiscal no tiene acceso al sistema SARAH; según los reclamantes, la imputada K. L. C. C. no tuvo acceso al sistema SARAH, por lo tanto no tenía la intención de querer omitir los deberes de su cargo. 2) Considera importante recordar esta Sala de lo Penal, lo que establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que dice “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados, son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación, la modificación de los hechos probados; B) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o doctrina legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de doctrina legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la doctrina legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. De allí, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 3) Ante las explicaciones arriba indicadas, se puede inferir la inadecuada técnica recursiva de los censores, pues en primer lugar consideran el Memorándum DEI-APC-105-2013 como una ley sustantiva, lo cual es erróneo pues la ley sustantiva es aquella que crea, define y regula las diferentes acciones constitutivas de delitos, un memorándum no tiene los requerimientos mínimos para ser considerado una ley. Ahora bien en aras del respeto al derecho a recurrir el fallo que regula la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en virtud del Control de Convencionalidad que deben observar todos los Tribunales de la República, ésta Sala de lo Penal ha procedido a analizar el cuadro fáctica para determinar si los mismos están conformados con claridad y coherencia, además de verificar si los mismos encajan con la norma penal utilizada por el sentenciador. Es propio señalar que el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe de conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el artículo 349 del Código Penal, el cual tipifica cinco supuestos criminosos, constituyendo Abuso de Autoridad los señalados en los numerales 2 y 5; y Violación de los Deberes de los Funcionarios los señalados en los numerales 1, 3, 4, y último párrafo. Puntualmente el delito de violación de los deberes de los funcionarios, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aun cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se produce o no algún resultado. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: Empleado o Funcionario Público, entendiéndose como tal a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de las funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, según lo prevé el artículo 393 del Código Penal; 2 Sujeto Pasivo: Lo constituye el Estado de Honduras; 3. Conducta Criminosa: a. Deber de realizar el acto, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el funcionario o empleado público este obligado a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b. Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c. Omitir, rehusar o retardar el acto obligado. 4. Verbos Rectores: Omitir, Rehusar o Retardar un acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo: a. Omitir implica dejar de realizar el acto de manera definitiva; b. Rehusarse lleva la condición no solo de omitir el acto, sino de manifestar abiertamente su negativa de realizarlo como respuesta al ser requerido para su ejecución; c. Retardar, implica adoptar una conducta omisiva durante el tiempo en que se espera se realice el acto, es decir no realizar el acto durante el plazo o termino previsto por la ley, reglamento, disposición u orden o dentro del tiempo en que aquel sería útil, sino que se espera el vencimiento de este tiempo para realizarlo posteriormente. Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe de cumplir el empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe de realizar el mismo y voluntad libre de no realizarlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del M. de atribuciones del empleado o funcionario público a determinar en cada caso concreto bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto, sin importar si existe o no resultado dañoso. 4) Ante tales explicaciones y al leer detenidamente la relación de hechos probados, se infiere que los mismos fueron conformados con claridad y precisión, se observa además los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios, pues la señora K. E. C. C., al ostentar el cargo público de Delegada Fiscal de la Dirección Ejecutiva de ingreso, sabía perfectamente cuál era el procedimiento para ordenar la salida de contenedores con mercadería, tal como lo realizó correctamente el 10 de febrero del 2009 así como lo relatan los hechos en el numeral primero; sin embargo dos días después (12 de febrero del 2009) al realizar el mismo proceso de salida de una rastra, permitió la escapatoria de un contenedor de mercancía amparada en una fotocopia de una póliza con el mismo número que ya había despachado, teniendo la obligación como funcionaria de la DEI de confirmar que los datos de la póliza, mas al tratarse de una fotocopia, fueran correctos y legales; así las cosas encontramos que los hechos probados encajan de manera perfecta y armónica en la norma penal del artículo 349 numeral 3 del código Penal utilizada por el Sentenciador, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados J. Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 294-2014 por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de abril de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual: a) Condenó a K. E. C. C. como autora responsable del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de La Administración Pública, a la pena principal de Tres (03) años con seis (06) meses de reclusión, más las accesorias de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la reclusión e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; b) Absolvió a K. E. C. C. del delito de Contrabando en perjuicio de La Administración Pública. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de ley, los abogados D. A. M. F. y G. A. P. C. en su condición de Defensores Privados de K. E. C. C. Son Partes: El abogado D. A. M. F. en su calidad antes indicada como recurrente y el abogado J. A. M. V. en su condición de representante de la Procuraduría General de la República como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha diez de febrero el año dos mil nueve, con el visto bueno de la señora K. E. C. C., quien laboraba como empleada de la Dirección Ejecutiva de Ingresos en el cargo de Delegada Fiscal, con funciones exclusivas en el depósito privado de la Aduana de la Tela Railroad Company, salió el contenedor APHU-71611-0, conteniendo mercadería variada, entre ellas: DVD usados, equipos de sonido, lámparas usadas, juegos de habitación usados, etc. Consignadas e importadas a favor de M. T. P., importación que se realizó observando todos los procedimientos de la normativa aduanera y que estaba amparado en la declaración única aduanera (póliza) con número correlativo 13482 y mediante conocimiento de embarque (BL) número APLU-084252387. SEGUNDO: En fecha doce de febrero del año dos mil nueve, la señora K. E. C. C. despachó del depósito privado de la Tela Railroad Company el contenedor número SCZU-14937-8, conteniendo mercancías consistentes en: rollos de cable y accesorios para cable entre otros, consignados e importados a favor de la empresa “Servicios Telecom, S. de R.L.” amparada en al copia fotostática de al Declaración Única Aduanera o Póliza número 13482 misma que ya había sido utilizada dos días antes, póliza en la cual le fueron insertados el conocimiento de embarque número MRUBPEFPCR9009 y contenedor SCZU-14937-8 y presentando como soporte el pago del flete marítimo, el documento extendido por la Empresa Global Alliance Logistics.” III. RECURSO DE CASACIÓN A) Los recurrentes, abogados D. A. M. F. y G. A. Pacheco C., formalizaron su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la siguiente manera: “MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. 1. Que se base en medio o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas en el título IV. 2. Inobservancia de las reglas de la Sana Crítica. 3. Motivación Fáctica Insuficiente y Contradictoria. PRECEPTO AUTORIZANTE. 362. Numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo. PRIMERO: Que se base en medio o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas en el título IV. El recurrente alega, que le sentencia en la parte atinente a la valoración de la prueba tomó en cuenta elementos que fueron admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba y fueron evacuados en la audiencia de proposición de medios de prueba, los que en la evacuación de éstos fueron impugnados por esta defensa, encontrándonos con la sorpresa que al momento de dictarse la sentencia recurrida esa circunstancia no se valora y además no consta en el acta de la audiencia de Juicio Oral y Público dicha impugnación. Cabe destacar que en la página dos en su párrafo final establece literalmente “que a partir de este momento este secretario no puede redactar lo ocurrido en la presente audiencia, debido que el aparato encargado de gravar digitalmente no fue capaz de captar en formato de audio todo lo desarrollado en la sala de juicio”. Por no contar dichos elementos probatorios con sus acta de decomiso y cadenas de custodia violentando lo establecido en los artículos 19 deber de protección de la escena del delito, 20 responsabilidad de la recolección y custodia de los indicios, 21 reglas idóneas para la recolección de los indicios, numeral 2 del reglamento e instructivo en materia procesal penal, manejo de indicios y evidencia física o biológica. En cuanto a la recolección de los indicios, deben observarse las siguientes directrices: a) Obtenerlos legalmente: - orden de autoridad competente, si es necesario. -consentimiento. -pertinentes al delito en cuestión. -preferentemente recolectarlas ante la presencia de autoridades competentes. B) describirlos: -ubicación, circunstancias de su obtención. -tipo o naturaleza del indicio. -modo de identificación. -estado o condiciones en que se encuentra el indicio. C) preservarlos de manera apropiada. -emplear embaces adecuados como: pastilleros, tubos plásticos, contenedor… etc. –embalar los indicios por separado o en conjunto según la naturaleza y siempre que sea necesario y posible hacerlo, evitando todo apariencia de derrame o contaminación… -observar las medidas necesarias para mantener la autenticidad del indicio: la persona que recolecta el indicio debe colocar en el empaque correspondiente la información requerida para su identificación. -asegurar la preservación del indicio hasta su envió al almacén o al laboratorio con las muestras y la muestra patrón en caso de ser necesaria. Artículos 23. Elementos para el embalaje de indicios. El personal que realiza la recolección de indicios deberá realizar, siempre que sea posible, los siguientes elementos para su embalaje: A) Bolsas transparentes de polietileno, se utilizan para objetos pequeños que permiten su visibilidad o impidan la manipulación y contacto directo. B) Etiquetas adhesivas se utilizan para todos los objetos permitiendo la identificación de cada uno y en el caso de los embalajes en bolsas de polietileno. La etiqueta adhesiva se coloca dentro de bolsas en los objetos grandes en áreas que no dañen o modifiquen la evidencia o en las cajas de embalaje. C) Cajas de cartón resistente y de fácil manejo, para el embalaje de documentos y estos se refuerzan en el exterior con polietileno transparente. D) Bolsas de papel estraza de diferentes tamaños. E) Cinta adhesiva para sellar preferiblemente impresa. A. - Prueba documental memorándum dirigido a la sub administradora Nadia Ninoska Moreira. Honorables magistrados en el numeral segundo de la valoración de la prueba en su último párrafo de la tercera página de la sentencia. Se expresa que el mismo corre agregado a folio 174 y 175 en el cual se informa en el problema sucedido con el contenedor SCZU145937-8. El cual consta en el acta de juicio oral y público que al momento de la evacuación de la prueba se estableció que dicho medio de prueba carecía de acta de decomiso y cadena de custodia. Así como al momento de evacuar el mismo se realizó tal observación y se objetó este. B) Tercero Se evacuado la Copia de la declaración única aduanera número 13482. Que se encuentra en los folios 100 y 101. Honorables magistrados en el numeral tercero de la valoración de la prueba en su segundo párrafo se toma en consideración dicho medio de prueba violentando lo establecido en el artículo 200 del Código Procesal Penal, 220 Reglas que quedan sujetas a las cosas secuestradas. En todo caso, los objetos secuestrados serán asegurados con el sello y la firma del encargado de su custodia. Los documentos serán firmados y sellados en cada una de sus hojas. Cuando dicho objeto deban ser trasladados… se adoptarán las garantías necesarias para prevenir su extravío, sustitución o alteración. 203, siempre que fuere posible recogerán y conservarán los elementos probatorios que sean útiles para el esclarecimiento de la verdad de todo lo actuado se dejará constancia en acta, en la que se hará un detalle pormenorizado del estado de las cosas y de las personas… C) Inventario realizado por el oficial de aforo J. B. C.. Que se encuentra en el folio 120 del expediente, en el cual se desglosa… Honorables Magistrados en el considerando tercero párrafo segundo de la valoración de la prueba lo mismo sucede con dicho medio de prueba violenta lo establecido en el artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal. Relacionados 21, 22, 23, en cuanto al almacenamiento y custodia de los indicios 24 y 25. Del reglamento e instructivo en materia procesal penal, manejo de indicios y evidencia física o biológica. El artículo 22 establece: Objetivo de la recolección de indicios. Contribuir en el proceso de investigación de un hecho delictivo y en el descubrimiento de sus autores y participantes. D) Igualmente una copia de la declaración única aduanera que se encuentra agregada a folio 92 y 93.- Honorables Magistrados en el considerando tercero párrafo tercero de la valoración de la prueba lo mismo sucede con dicho medio de prueba violenta lo establecido en el artículo 200 y 203 del Código Procesal Penal. Relacionados 21, 22, 23, en cuanto al almacenamiento y custodia de los indicios 24 y 25. Del reglamento e instructivo en materia procesal penal, manejo de indicios y evidencia física o biológica. E) Original de los boletines de liquidación de fechas nueve y diez de febrero que corren agregados a folios 117 y 118.- Honorables Magistrados en el considerando tercero párrafo cuarto de la valoración de la prueba lo mismo sucede con dicho medio de prueba que violenta lo establecido en los artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal. Relacionados 21, 22, 23, en cuanto al almacenamiento y custodia de los indicios 24 y 25. Del reglamento e instructivo en materia procesal penal, manejo de indicios y evidencia física o biológica. F) Boleta de recepción o despacho que se encuentra agregada a folio 99, Honorables Magistrados en el considerando tercero párrafo quinto de la valoración de la prueba lo mismo sucede con dicho medio de prueba violenta lo establecido en el artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal. Relacionados 21, 22, 23, en cuanto al almacenamiento y custodia de los indicios 24 y 25. Del reglamento e instructivo en materia procesal penal, manejo de indicios y evidencia física o biológica. Nos hacemos estas interrogantes ¿cómo se obtuvieron estos medios de prueba? ¿Quién es el encargado de su almacenamiento? ¿Por qué los mismos no se encontraban con su respectiva acta de decomiso y cadena de custodia? G) Boleta de recepción o despacho que se encuentra agregada a folio 96. Honorables Magistrados en el considerando tercero párrafo séptimo de la valoración de la prueba lo mismo sucede con dicho medio de prueba violenta lo establecido en el artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal. Relacionados 21, 22, 23, en cuanto al almacenamiento y custodia de los indicios 24 y 25. Del reglamento e instructivo en materia procesal penal, manejo de indicios y evidencia física o biológica. Nos hacemos estas interrogantes. ¿Cumpliría el agente de la PGR que presentó esta acusación sus deberes como funcionario al recolectar dicha prueba? ¿Desconocerá el mismo las reglas que rigen para la recolección de la prueba? ¿Será este desconocimiento una omisión para el ejercicio de su cargo?, constituirá dicha omisión delito? H) Cuarto por lectura se evacuaron los siguientes documentos. Incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas en el título IV. 1.- Conocimiento de embarque o B.L número APLU: 084252387, que corre agregado a folios 108 al 115, como se le pudo haber dado lectura a estos documentos si los mismos se encuentran en idioma inglés, violentando lo establecido en el artículo 332, párrafo primero del Código Procesal Penal, relacionado con el artículo 6 de la Constitución de la República, el idioma oficial es el español. El estado protegerá su pureza. Dichos documentos no fueron apostillados ni mucho menos traducidos, de acuerdo a lo establecido en la norma supletoria del Código Procesal Civil en su artículo 277. Y violentando lo establecido en los artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal. Relacionados 21, 22, 23, en cuanto al almacenamiento y custodia de los indicios 24 y 25, todos reglamento e instructivo en materia procesal penal, manejo de indicios y evidencia física o biológica. Lo mismo ocurre con el 2.- CONOCIMIENTO DE EMBARQUE O B.L número MRUBPEFPCR090009, de la empresa Global Alliance que se encuentra agregado a folio 94 párrafo dos del considerando cuarto de la valoración de la prueba. 3.-CONOCIMIENTO DE EMBARQUE O B.L original número MRUBPEFPCR090009. Que se encuentra a folio 144, extendido por la empresa MARUBA consignado a la empresa servicios Telecom S de R. L.- 5.- FACTURA DE COMPRA NÚMERO 1950 de la empresa de cable WORD TECNOLOGIES. Dichos elementos probatorios Violenta lo establecido en el artículo 332, párrafo primero del Código Procesal Penal, relacionado con el artículo 6 de la Constitución de la República, el idioma oficial es el español. El estado protegerá su pureza. Dichos documentos no fueron apostillados ni mucho menos traducidos, de acuerdo a lo establecido en la norma supletoria del Código Procesal Civil en su artículo 277. Y violentando lo establecido en los artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal. Relacionados 21, 22, 23, en cuanto al almacenamiento y custodia de los indicios 24 y 25. Todos Del reglamento e instructivo en materia procesal penal, manejo de indicios y evidencia física o biológica. Nos hacemos las siguientes interrogantes ¿cómo puede establecer el Tribunal Honorables Magistrados de la Corte Suprema que la Prueba es fidedigna? Si esta prueba fue objeto de objeción e impugnación en la etapa de incidentes por esta defensa técnica así como al momento de su evacuación, lo que consta en acta es la etapa de incidencias no así la objeción presentada al momento de la evacuación de los medios de prueba. Ya que en la página segunda reza: partir de este momento esto secretario no pudo redactar lo ocurrido en la presente audiencia debido a que el aparato encargado de grabar digitalmente no fue capaz de captar en formato de audio todo lo desarrollado en la sala del juicio. Según el considerando cuarto de la valoración de la prueba en su párrafo último igualmente se acreditó con el B.L MRUBPEFPCR090009 tal como lo confirma la factura número 1959 de la empresa de cable Word Tecnologies. No pudieron haber realizado tal aseveración ya que dichos medios de prueba se encontraban en otro idioma distinto al español y no fueron apostillados ni traducidos para su validez legal, por lo que la valoración hecha por el tribunal de sentencia es subjetiva. 2.-Inobservancia de las reglas de la sana crítica. B) Continúan manifestando los recurrentes D. A. M. F. y G. A. Pacheco C., en su SEGUNDO MOTIVO de casación por quebrantamiento de forma. EN LA VALORACION DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. Valorando en forma conjunta armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica al observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, pues el sentenciador al momento de dictar sentencia estableció que fue la hoy imputada quien pone en conocimiento la manera irregular en la que se despachó de los previos de la C. un contenedor. La hoy acusada puso en conocimiento a sus superiores para denunciar el hecho de la salida irregular de este contenedor. Ella puso en conocimiento el ilícito y es por esta razón que el Estado requiere al importador Telecom para que realice el pago de los impuestos. Su deber como funcionaria llegó más allá ya que informa la salida irregular aún a sabiendas de las consecuencias que podría traer esto. Como consecuencia de este hecho denunciado por mi defendida el Estado recuperó el pago de esos impuestos de la mercancía que además nunca fue decomisada por el ente acusador. La sentencia, se determina que no existe en el proceso, el documento original de la tantas veces mencionada en la valoración de la prueba en su numeral tercero.- Copia de la declaración única aduanera número 13482 que obra a folios 100 y 101. -Igualmente una copia de la declaración Única aduanera 13482 que se encuentra a folios 92 y 93 por consiguiente este indicio no es tal, por no estar debidamente probado, no fue incorporado legalmente al juicio, no se trata de que el mismo aparezca en simple fotocopia ni está relacionado con alguna acta de decomiso ni mucho menos cadena de custodia porque carecen de la misma, el tema es que “el indicio es, por decirlo así el dedo que señalaba un objeto, su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario) psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Ciertamente el hecho indiciario debe estar debidamente probado, al no estarlo, como sucede en el caso de autos, no es tal, por consiguiente al valorarlo se infringen directamente las reglas de la sana crítica aceptadas universalmente en materia penal, como un límite a la arbitrariedad judicial, concretizadas en el artículo 362 #3 del Código Procesal Penal. Igualmente según aparece en el considerando tercero de la valoración de la prueba de la sentencia censurada, el Tribunal fundamenta el fallo condenatorio en las copias. Que establece literalmente: párrafo último de la valoración de la prueba en su numeral tercero. Sin embargo con la copia de la declaración única aduanera 13428… la sana crítica ordenado en el citado artículo 362 #3 del Código de procesal Penal, pues no llegan a ser ni siquiera documentos por carecer del elemento esencial de la escrituración inminente a todo documento original o auténtico del que se pueda extraer valor probatorio objetivamente confiable; que se concretiza en la violación de las reglas que gobierna el recto entendimiento humano (reglas de la sana crítica, según el artículo 362 #3 del Código Procesal Penal) y que se traducen directamente en la lesión del estado jurídico de inocencia que resguarda el artículo 89 Constitucional en relación con las otras normas de orden fundamental citadas. Como bien lo explica M. C.: “documento es la materialización de un dato, narración, dicho de forma más precisa, todo objeto que sea capaz de recoger algún dato o una declaración de voluntad o pensamiento atribuible a una persona y destinada a entrar en el tráfico jurídico”. Pues bien, el principal elemento que caracteriza un documento, es la escrituración, para que sea considerado tal, en ese sentido, una fotocopia no reúne ese elemento y por consiguiente, no se le puede considerar documento a las diferentes fotostáticas relacionadas, valoradas como prueba indiciaria, por el sentenciador para condenar, porque no son aptas para un examen pericial o los demás análisis de documentología que exige la acreditación de un delito de falsificación de documentos públicos. De esta forma el ha quebrado por completo el sistema de valoración de la sana crítica contenido en el tantas veces mencionado artículo 362 #3 del Código Procesal Penal, por violación de la regla lógica de la derivación y por ende, del principio lógico de Razón Suficiente, al dar por acreditado un hecho que en realidad no lo está, por causa de la prueba indiciaria en que se funda, que no es ni adecuada ni objetivamente confiable para demostrar que la prueba indiciaria relacionada, en consecuencia el sentenciador extrajo de esos indicios, una conclusión que no es razonable ni fundada, partiendo de la prueba en que se la apoya, infringiendo además del artículo 362 #3 relacionado, del mismo instrumento procesal citado, en lo referente al valor jurídico de la prueba documental. Al no estar acreditado el hecho con plena prueba, de la manera que se ha demostrado en este motivo, por haberse basado la decisión en elementos inadecuados, y no objetivamente confiables, nunca pudo formar el Tribunal, el grado de certeza positiva acerca de la culpabilidad de mi defendida. C) Continúan manifestando los recurrentes D. A. M. F. y G. A. P. C., en su TERCER MOTIVO de casación por quebrantamiento de forma: Motivación fáctica insuficiente y contradictoria. En su motivación primero párrafo último: establece que fue la imputada quien les comunicó la manera irregular en la que se despachó de los predios de la C. un contenedor… observándose claramente una de ellas específicamente la segunda cuyo contenedor fue despachado por C. C., era una copia fotostática del primero que ambas tenían el mismo número pero que en la ultima la firma del señor C. no era de su puño y letra si no producto de la misma copia con sustento en la copia fotostática de la póliza número 13482 que tenía la firma del señor C. documento que no era autentico si no una copia en la que se insertó el número de contenedor y número de conocimiento de embarque… Cómo ven dudaron la autenticidad del documentos o veracidad por ser una simple copia la cual no puede ser objeto de pericia calígrafa. Aseveran de la no AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO Y LO ADMITEN COMO MEDIO DE PRUEBA UNA SIMPLE COPLA. Motivación tercera de la valoración de la Prueba.- se evacuó la copia de la Declaración Única aduanera 13482. Que obra a folio 100 y 101 ¿Cómo pudieron evacuar dicho medio de prueba si dudaron de su autenticidad del mismo?- igualmente copia de la declaración única aduanera 13482, que obra a folio 92 y 93. Por otra parte la presunción de inocencia desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las prácticas no reúnen las garantías debidas el principio de in dubio pro reo pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, que ha de jugar cuando, concurrentemente aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate… este derecho posee eficacia en un doble plano: a) Opera en situaciones extra procesales...; b) Opera además y fundamentalmente en el campo procesal, con influjo en el régimen jurídico de la prueba: toda condena debe ir cuando ésta resulte suficientemente demostrada a través de pruebas válidas adecuadamente practicadas en Juicio oral y público...”.. Por su parte, para Antonio Jiménez-Blanco. La presunción de inocencia desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías debidas. Para Ricardo De Prada Sol esa, la presunción de inocencia tiene un significado múltiple, “uno primero general que hace referencia al carácter fundamental de este principio, en el sentido de que puede decirse que la presunción de inocencia, se ha convertido en el elemento básico estructurador de todo el proceso penal, eje central en torno al cual se construye el actual modelo de proceso penal y sobre el eje del resto de las garantías procesales.” D) Los recurrentes D. A. M. F. y G. A. P. C., formalizaron su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO: Infracción de Precepto Constitucional. Precepto autorizante 361 del Código Procesal Penal. Precepto objeto de infracción 6 y 90 de la Constitución de la República. Consecuencia de lo cual, infringió la garantía procesal del “In dubio pro reo”, misma que se deriva del derecho fundamental de la presunción de inocencia y que alcanza su máxima expresión en el momento de la valoración de la prueba y concretando en forma substancial en el artículo 90 Constitucional. “nadie puede ser Juzgado si no por Juez o Tribunal Competente CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE.- en relación al 361 del Código de Procedimientos Penales. Como ha dicho el Tribunal Constitucional Español, “La presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido por la ley, declara la culpabilidad del inculpado tras un proceso celebrado con todas las garantías, para que la presunción de inocencia pueda ser destruida se exige, en primer lugar, que la sentencia condenatoria, se fundamente en auténticos actos de prueba y, en secundo término, que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria, para lo que se hace necesario que su resultado se derive de una doble evidencia: respecto de la existencia del hecho punible y evidencia en relación a la participación en él del acusado. Con todo los expuesto en cuanto a la admisión de medios de pruebas copias y en idioma extranjero. Violentando lo establecido en el artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal. Relacionados 21, 22, 23, en cuanto al almacenamiento y custodia de los indicios 24 y 25. Todos Del reglamento e instructivo en materia procesal penal y 90 de la Constitución de la República. Con la admisión de los medios de Prueba. En la valoración de la prueba, los cuales fueron objetados e impugnados al momento de los incidentes y al de su evacuación. -Se evacuado la Copia de la declaración única aduanera número 13482. Que se encuentra en los folios 100 y 101.- Igualmente una copia de la declaración única aduanera que se encuentra agregada a folio 92 y 93. — Inventario realizado por el oficial J. B C que obra a folio 120 Original de Boletines de liquidación- que obra a folios 117 y 118.- Boleta de Recepción y despacho.- Que obra a folio 99- Boleta de recepción y despacho que obra a folio 96.- De esta forma en su considerando cuarto de la valoración de la prueba: LITERALMENTE DICE: por lectura se evacuaron los siguientes documentos: CONOCIMIENTO DE EMBARQUE o B.L número APLU084252387. De la empresa APL. Agregadas a folio 108-115.- CONOCIMIENTO DE EMBARQUE o B.L número MRUBPEFPCR090009 de la empresa Global Alliance que obra a folio número 94. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE o B.L número MRUBPEFPCR090009. De la empresa MARUBA que se encuentra a folio 144. FACTURA DE COMPRA NÚMERO 1950. Que obra a folio 145-147.- DICHOS MEDIOS DE PRUEBA SE ENCUENTRAN EN IDIOMA INGLES, VIOLANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.- Dichos elementos probatorios Violentan lo establecido en el artículo 332, párrafo primero del Código Procesal Penal, relacionado con el artículo 6 de la Constitución de la República, el idioma oficial es el español. El estado protegerá su pureza. Y 90 de la Constitución de la República: el que reza: Nadie puede ser Juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y Garantías que la Ley Establece. Dichos documentos no fueron apostillados ni mucho menos traducidos, de acuerdo a lo establecido en la norma supletoria del Código Procesal Civil en su artículo 277. Y violentando lo establecido en los artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal. Relacionados 21, 22 y 23, en cuanto al almacenamiento y custodia de los indicios 24, 25, 26. Todos Del reglamento e instructivo en materia procesal penal, manejo de indicios y evidencia física o biológica.- Cabe resaltar Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en el acta de Juicio Oral y Público NO CONSTA LAS DECLARACIONES de los señores J. B. C. y J. C. C. Q., ni mucho menos el Interrogatorio que esta defensa técnica les realizó, el cual dejaba entre ver las contradicciones en las declaraciones de los testigos propuestos por el ente acusador antes mencionados y que dichas declaraciones se contradicen a los establecido en el memorándum número DEI-APC-105-2013.” E) Los recurrentes D. A. M. F. y G. A. Pacheco C., formalizaron su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO PENAL U OTRA NORMA JURIDICA DE CARÁCTER SUSTANTIVA. MOTIVO: Infracción de ley se infringido un precepto penal 339, del Código Procesal Penal. O una ley sustantiva que debe ser observada para la aplicación de la ley penal. Memorándum DEI-APC-105-2013. Precepto autorizante 360 del Código Procesal Penal. Análisis en cuanto al delito de violación de los deberes de los funcionarios (Art. 349, numeral 3, del Código Penal): Tal y como lo ha establecido el Tribunal, este tipo penal se denomina por la doctrina como omisión propia o pura. En ese sentido, y siguiendo a S. Mir Puig en su texto DERECHO PENAL. PARTE GENERAL. 5 edición, página 303, en todo delito de omisión pura se describe una situación típica, en la que se omite una determinada acción, pese a que el sujeto podía haberla realizado. Siguiendo esta estructura se establece que son tres los elementos que conforman la omisión pura: a) La situación típica; b) la ausencia de una acción determinada; y, c) la capacidad de realizar esa acción. De conformidad con estos tres aspectos o elementos, es necesario realizar un análisis para determinar si la conducta de mi representado se encuadra en un delito de omisión propia y dicho análisis debe necesariamente efectuarse a la luz del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios imputado a la imputada K. E. C. C., quien no podía realizar la verificación en el sistema pues no contaba con el mismo tal como lo establece el memorando número DEI-APC-105-2013. En ese sentido, de la literalidad del Artículo 349, numeral 3, supra transcrito, se deriva que para que a una persona pueda imputársele el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios por omisión, será necesario que el autor no ejecute un acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. Cabe destacar que se trata de un delito de mera actividad que implica que se consuma con el mero dejar de hacer, con lo cual no se admite la tentativa. Además no se precisa que estas conductas ocasionen un resultado lesivo, ya que se trata de un delito de peligro abstracto. DEBE existir el dolo, es decir, el sujeto debe conocer los deberes de su cargo y Conocer Y QUERER OMITIRLOS, REHUSARSE O RETARDARLOS. En todo caso, siempre debe valorarse si el sujeto tuvo la posibilidad de cumplir el deber; pues la imposibilidad conllevaría a la atipicidad. Este juicio valorativo requiere elementos objetivos, tales como los recursos materiales y humanos de los que se disponía el sujeto para cumplir su deber.- Cabe destacar que la ley sustantiva en el memorando DEI-APC-105-2013.- en el que literalmente se establece. “EL delegado Fiscal cuenta con una oficina equipada con una computadora, impresora y libros que se llenan manualmente de entrada y salida de contenedores, ellos no tiene acceso al sistema de SARAH. - Como se establece mi defendida no Contaba con los recursos materiales y nunca tuvo acceso al sistema aduanero de ese entonces el SARAH. Y mucho menos tenía la intención de QUERER OMITIR LOS DEBERES DE SU CARGO, tal es el caso que se tiene hecho probado en el considerando primero de la valoración de la prueba párrafo penúltimo de la página cuatro de la sentencia recurrida establece literalmente: “FUE LA HOY IMPUTADA QUIEN LES COMUNICO LA MANERA IRREGULAR EN LA QUE DESPACHO DE LOS PREDIOS DE LA C.QUITA UN CONTENEDOR. Lo que conlleva a la ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA DE MI DEFENDIDA K. E. C. C.. – En aplicación de la teoría del delito, la acción ejecutada de mi defendida la señora K. E. C. C., de poner en conocimiento a sus jefes de la salida irreu1ar del contenedor SCZU145937-8, de ninguna manera es constitutiva del delito de violación a los deberes de los funcionarios, por que como lo explique anteriormente en este tipo de delitos debe existir dolo; es decir que ella debió omitir de manera premeditada sus deberes teniendo la intención de hacerlo, por lo que su acción de denunciar dichos hechos irregulares desaparece el elemento tipicidad, pues para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada uno de los elementos del correspondiente tipo penal, los objetivos y los subjetivos, es suficiente la ausencia de cualquiera de estos para que esa conducta resulte atípica y por lo tanto no constituye delito, pues solo los comportamientos antijurídicos que son típicos, pueden dar lugar a una reacción jurídico penal. Es por esta razón que la autoridad tuvo conocimiento de la defraudación causada al Estado de Honduras y consecuentemente que la empresa Telecom pagara los impuestos derivados de la salida del contenedor SCZU-145937-8. Es por esa razón que el ente acusador tiene conocimiento del hecho pues C. C. informa a Nadia Moreira Sub administradora de la Aduana. Lo cual se acredita con la Valoración de la prueba en su numeral segundo página 5 de la sentencia recurrida. En consecuencia mi defendida nunca quiso omitir los deberes de su cargo, pues informó a sus superiores. No concurre el elemento del tipo subjetivo la voluntad la intención de querer omitir sus deberes nunca la hubo. Un ejemplo claro de esto es que la sentencia recurrida de fecha quince de abril del año dos mil trece, fue notificada en fecha 25 de febrero del año dos mil catorce, pasaron diez meses después de dictada la misma para su notificación. ¿Habrán cumplido los funcionarios de ese Tribunal con los deberes que le manda la Ley? ¿Cumpliría el ente acusador los deberes de su cargo cuando omitió el procedimiento para la recolección de indicios de prueba? Honorables Magistrados en estricta aplicación de la teoría del delito para que una conducta sea típica, deben de concurrir todos los elementos del tipo penal el elemento subjetivo y el elemento objetivo, basta con la ausencia de uno de estos elementos para que la conducta sea atípica y por lo tanto no es constitutiva de delito.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Primer Motivo de Casación 1) Denunciaron los recurrentes que la sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas del Título IV, estableciendo como precepto autorizante el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Expresaron los reclamantes que en la valoración de la prueba no se tomaron en cuenta elementos probatorios que fueron admitidos en la audiencia de proposición de pruebas; establecieron además, que en la página dos en su párrafo final el secretario del tribunal refirió, que no puede redactar lo ocurrido en la presente audiencia, debido a que el aparato encargado de gravar digitalmente no fue capaz de captar en formato de audio todo lo desarrollado. Los elementos probatorios no cuentan con sus actas de decomiso, violentando lo establecido en el reglamento e instructivo en materia procesal penal para el manejo de indicios y evidencia física o biológica. 2) Esta Sala de lo Penal advierte, que es notorio la inadecuada técnica recursiva de los recurrentes al momento de plantear y desarrollar su primer motivo de casación, pues refieren como motivo que el fallo se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas en el Código Procesal Penal, los censores plantean en un mismo apartado dos motivos de casación, pues uno es, que la sentencia se base en medios o elementos probatorio no incorporados lícitamente y otro que se base en elementos probatorio incorporados en violación a las normas contenidas del Título IV del libro segundo del Código Procesal Penal, inobservando lo regulado en el artículo 363 de ese mismo cuerpo legal que ordena interponer los motivos de forma separada, precisamente para evitar recursos faltos de claridad y coherencia. En el desarrollo de su motivo, los impetrantes señalan una serie de pruebas documentales, si señalar de forma clara y circunstanciada, la razón por las cuales esos medios de prueba no fueron incorporados al juicio, ya sea por su ilicitud o porque se violentaron algunas de las normas contenidas en el Título IV del libro segundo del Código Procesal Penal; pues lo que establecen al referirse a dichas pruebas documentales, son meros argumentos de instancia que no es permitido en esta etapa de casación, expresando además juicios de valor subjetivos de cómo, según su criterio, se debieron valorar dichas pruebas; volviendo su impugnación confusa, falta de claridad y coherencia siendo imposible para esta Sala de lo Penal, responder de manera adecuada a los planteamientos de los recurrentes, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Increparon los censores que el Juez A-quo inobservó las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, estableciendo como norma que le permite la interposición del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicaron los recurrentes, que la violación a las reglas del recto entendimiento humano ocurre cuando el Sentenciador estableció que fue la imputada quien pone en conocimiento la manera irregular en la que se despachó de los predios de la C.quita un contenedor; la hoy acusada puso en conocimiento a sus superiores lo ocurrido para denunciar los hechos irregulares, es por esa razona que el importador Telecom es requerido por el Estado para el pago de los impuestos; pues su deber como funcionaria fue más allá al informar la salida irregular del contenedor y el hecho de haberlo denunciado provocó que el Estado recuperara el pago de esos impuestos. Refirieron además los denunciantes a la prueba documental consistente en la declaración aduanera N° 13482, pues no llegan siquiera a documentos por carecer del elemento esencial de la escrituración inminente a todo documento original o autentico del que se pueda extraer valor probatorio objetivamente confiable, en tal sentido se ha violentado el sistema de valoración de la sana crítica, por violación de la regla lógica de la derivación y por ende del principio de razón suficiente. 2) En virtud que los recurrentes denotan una inadecuada técnica recursiva al momento de plantear y desarrollar su impugnación, considera necesario esta Sala de lo Penal que con fines académicos y para que sea utilizado en futuros recursos, se explique en qué consiste las reglas de la sana crítica y cómo son aplicadas en la Sentencia Penal. Al señalarse que se han violentando las Reglas de la Sana Crítica, es propio establecer que el artículo 362 No. 3 del código procesal penal, prevé que el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Al respecto, se ha señalado que: “…La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo; este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…[1]”. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Intima Convicción (Propio del sistema de juzgamiento por jurados); Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del código procesal penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…[2]” Partiendo de la doctrina legal[3] sentada por esta Sala de lo Penal, componen la sana crítica: A.- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto, no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la Experiencia Común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. B.- Las Reglas de la Psicología: están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C.- Las Reglas de la Lógica: la lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los Principios de Identidad, Contradicción y de Tercer Excluido: i) El Principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El Principio de Contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El Principio de Tercero Excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: de este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. 3) Luego de explicar en qué consisten las reglas del recto entendimiento humano y como deben aplicarse en la valoración de las pruebas, se hace evidente no solo la inadecuada técnica recursiva del censor, sino su desconocimiento total en la aplicación de las referidas normas en la argumentación de la sentencia penal, pues no fue capaz de señalar de manera puntual cuáles fueron esos razonamientos erróneos del Sentenciador, sino que, realiza una revaloración del material probatorio, externando juicios de valor subjetivos de cómo, según su criterio, se debió valorar la prueba, pero este ejercicio mental está vedado en esta etapa casacional, pues dicha tarea compete al Juzgador quien tiene contacto con las pruebas y su desarrollo (Principio de inmediación). A pesar de las inconsistencia de los recurrentes y en respeto al Derecho de Defensa que regula nuestra Constitución de la República y del Derecho a Recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este Tribunal de Casación en aras del control de convencionalidad ha procedido a revisar los juicios de valor del Juez A-quo y puede concluir que las pruebas fueron valoradas de forma conjunta y armónica, expresando el juzgador razonamientos coherentes y derivados y aplicando en cada uno de ellos las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Tercer Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. 1) Expresaron los recurrentes que el fallo contiene motivación fáctica insuficiente y contradictoria, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicaron los impetrantes, que en la motivación primero párrafo último se establece que la imputada es quien comunicó la manera irregular en que se despachó el contenedor; contando con una copia fotostática de la póliza 13482 que tenía la firma del señor C., documentos que no eran auténtico, sino una copia en que se insertó el numero de contenedor; afirman los censores que los jueces dudaron de la autenticidad de documento de veracidad por ser una simple copia la cual no puede ser objeto de una pericia caligráfica, el Juez aseveran la no autenticidad del documento y la admiten como medio de prueba, resultando ineficaz la presunción de inocencia que establece que las prueba se practiquen con las debidas garantías. 2) En este tercer motivo de casación, nuevamente se observan los errores de los recurrentes en la técnica recursiva utilizada, pues refieren como señalamiento de su impugnación, que el Juez A-quo incurrió en motivación fáctica insuficiente y contradictoria, pero se está refiriendo a dos motivos de casación, uno respecto a la insuficiente motivación fáctica y otro a la motivación contradictoria, no cumpliendo con lo regulado en el artículo 363 de la ley procesal penal que ordena que los motivos sean presentados de forma separada. Respecto a la fundamentación de este motivos, los recurrentes efectúan una argumentación confusa e incoherente, pues no son claros en establecer cuales fueron esos razonamientos insuficientes o contradictorios. Partiendo que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumento, de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la “insuficiencia”, en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o aplicar los preceptos penales por los que resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración de la prueba cierta prueba, se omite indicar el porqué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que los testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimaría la infracción cuando se haga una referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso[4]. A pesar de las inconsistencias que presenta el recurso, este Tribunal de Casación en aras del Derecho a Recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8.2.h) ha revisado los juicios de valor del Sentenciador y puede confirmar que sus motivaciones fueron extensas y suficientes respecto de todos los medios de prueba allegados al debate, sin denotar contradicción en sus motivaciones de hecho y de derecho, en tal sentido es procedente desestimar el presente motivo de casación. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Único Motivo 1) Señalaron los reclamantes que en el presente fallo se infringieron los artículos 6 y 90 de la Constitución de la República, estableciendo como norma autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Expresaron los censores, que se infringió la garantía procesal del “In du bio pro reo”, que se deriva del derecho fundamental de la presunción de inocencia y alcanza su máxima expresión en la valoración de la prueba; en la admisión de medios de pruebas de copias y en idioma extranjero, se violentaron los artículos 200 y 203 del Código Procesal Penal, pues el Sentenciador en su numeral cuarto de la valoración establece que se evacuó una prueba documental que se encuentran en idioma inglés, violentándose el artículo 6 de la Constitución que establece que el idioma oficial es el español. Dichos documentos afirman los recurrentes, no fueron apostillados ni traducidos como lo exige el Código Procesal Civil como norma supletoria. 2) Oportuno es recordar que la Sala de lo Penal ha reiterado, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, conocido es que por su propia naturaleza, el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y, en consecuencia, necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, una serie de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley procesal, asegurándose el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al ius puniendi. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, pero el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de utilizar la vía de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación que se regulan, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos extraordinarios). Así, el Código Procesal Penal señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo indicar la infracción, pero se debe señalar concretamente la norma constitucional lesionada, y de qué manera afecta a la defensa. 3) Este Tribunal de Casación advierte la inadecuada técnica recursiva de los impetrantes al momento de desarrollar su impugnación, pues si bien señalan el artículo 90 como norma Constitucional violentada, el cual refiere al derecho al Debido Proceso, señalan igualmente el artículo 6 de la Carta Magna como norma constitucional infringida, el cual establece que en nuestro país el idioma oficial es el español. Sobre este último punto es importante señalar, que esta Sala de lo Penal ha establecido como jurisprudencia reiterada, que si bien muchos artículos de la Constitución de la República son de aplicación directa e ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no todos constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; cómo se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, sino sólo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. EL argumento de los censores se centra en que se permitió la admisión y evacuación de medios de pruebas documentales que se encontraban en el idioma inglés y que los mismos no fueron traducidos y apostillados tal como lo regula el Código Procesal Civil, sin embargo a pesar que los recurrentes no pudieron explicar de qué forma éste hecho violentó el debido proceso, esta Sala de lo Penal considera que la admisión y valoración de los medios de pruebas documentales que se encontraban en el idioma inglés, en el caso subjudice no violentan el debido proceso, pues los hechos por los cuales se acusó a la imputada K. E. C. C. y que se tipificaron como violación a los deberes de los funcionarios, no constituyen documentos de valor trascendente para darlos por acreditados, pues existen otros medios probatorios que garantizan la responsabilidad de la acusada. En ese sentido es necesario determinar si los medios de pruebas documentales cuestionados, son decisivos o no para la determinar la culpabilidad de la acusada, debiendo hacerse uso del método conocido como “Supresión Hipotética”, con el cual se verifica si una vez suprimido mentalmente dicho medio de prueba, se podría cambiar o variar la decisión final tomada por el A-quo. En el presente caso después de un detenido análisis, la Sala Penal aprecia que aún suprimiendo o sacando de la esfera de valoración las pruebas documentales valoradas por el Juzgador, no variaría el resultado o decisión final tomada por éste, ya que existen otros medios de prueba que fueron debidamente evacuados en el proceso, con lo cuales se podría llegar a la misma conclusión, no siendo las pruebas documentales cuestionadas determinantes para la sentencia emitida, pues eliminándolo “in mente” todavía existe prueba suficiente para fundamentar una condenatoria; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. 1) Denunciaron los censores la infracción de ley del precepto penal del artículo 339 del Código Procesal Penal, o una ley sustantiva que deba ser observada; consignando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Consideraron los recurrentes, que el análisis del delito de violación de los deberes de los funcionarios (Articulo 349 numeral 3 del Código Penal), la doctrina lo ha denominado como omisión propia; de conformidad con la literalidad del artículos 349 supra indicado, se deriva que para que a una persona puede imputársele el delito de violación de los deberes de los funcionarios por omisión, es necesario que el autor no ejecute un acto que debe ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. La ley sustantiva Memorándum DEI-APC-105-2013 literalmente dice que el delegado fiscal no tiene acceso al sistema SARAH; según los reclamantes, la imputada K. L. C. C. no tuvo acceso al sistema SARAH, por lo tanto no tenía la intención de querer omitir los deberes de su cargo. 2) Considera importante recordar esta Sala de lo Penal, lo que establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que dice “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados, son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación, la modificación de los hechos probados; B) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o doctrina legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de doctrina legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la doctrina legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. De allí, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 3) Ante las explicaciones arriba indicadas, se puede inferir la inadecuada técnica recursiva de los censores, pues en primer lugar consideran el Memorándum DEI-APC-105-2013 como una ley sustantiva, lo cual es erróneo pues la ley sustantiva es aquella que crea, define y regula las diferentes acciones constitutivas de delitos, un memorándum no tiene los requerimientos mínimos para ser considerado una ley. Ahora bien en aras del respeto al derecho a recurrir el fallo que regula la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en virtud del Control de Convencionalidad que deben observar todos los Tribunales de la República, ésta Sala de lo Penal ha procedido a analizar el cuadro fáctica para determinar si los mismos están conformados con claridad y coherencia, además de verificar si los mismos encajan con la norma penal utilizada por el sentenciador. Es propio señalar que el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe de conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el artículo 349 del Código Penal, el cual tipifica cinco supuestos criminosos, constituyendo Abuso de Autoridad los señalados en los numerales 2 y 5; y Violación de los Deberes de los Funcionarios los señalados en los numerales 1, 3, 4, y último párrafo. Puntualmente el delito de violación de los deberes de los funcionarios, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aun cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se produce o no algún resultado. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: Empleado o Funcionario Público, entendiéndose como tal a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de las funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, según lo prevé el artículo 393 del Código Penal; 2 Sujeto Pasivo: Lo constituye el Estado de Honduras; 3. Conducta Criminosa: a. Deber de realizar el acto, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el funcionario o empleado público este obligado a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b. Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c. Omitir, rehusar o retardar el acto obligado. 4. Verbos Rectores: Omitir, Rehusar o Retardar un acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo: a. Omitir implica dejar de realizar el acto de manera definitiva; b. Rehusarse lleva la condición no solo de omitir el acto, sino de manifestar abiertamente su negativa de realizarlo como respuesta al ser requerido para su ejecución; c. Retardar, implica adoptar una conducta omisiva durante el tiempo en que se espera se realice el acto, es decir no realizar el acto durante el plazo o termino previsto por la ley, reglamento, disposición u orden o dentro del tiempo en que aquel sería útil, sino que se espera el vencimiento de este tiempo para realizarlo posteriormente. Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe de cumplir el empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe de realizar el mismo y voluntad libre de no realizarlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del M. de atribuciones del empleado o funcionario público a determinar en cada caso concreto bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto, sin importar si existe o no resultado dañoso. 4) Ante tales explicaciones y al leer detenidamente la relación de hechos probados, se infiere que los mismos fueron conformados con claridad y precisión, se observa además los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios, pues la señora K. E. C. C., al ostentar el cargo público de Delegada Fiscal de la Dirección Ejecutiva de ingreso, sabía perfectamente cuál era el procedimiento para ordenar la salida de contenedores con mercadería, tal como lo realizó correctamente el 10 de febrero del 2009 así como lo relatan los hechos en el numeral primero; sin embargo dos días después (12 de febrero del 2009) al realizar el mismo proceso de salida de una rastra, permitió la escapatoria de un contenedor de mercancía amparada en una fotocopia de una póliza con el mismo número que ya había despachado, teniendo la obligación como funcionaria de la DEI de confirmar que los datos de la póliza, mas al tratarse de una fotocopia, fueran correctos y legales; así las cosas encontramos que los hechos probados encajan de manera perfecta y armónica en la norma penal del artículo 349 numeral 3 del código Penal utilizada por el Sentenciador, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Ante los amplios argumentos vertidos es procedente declarar sin lugar los recursos de casación por quebrantamientos, infracción de precepto constitucional e infracción de ley interpuestos por los recurrentes. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado todos de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 343.3 del Código Penal; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. FALLA: Primero: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su tres motivos interpuesto por los abogados D. A. M. F. y G. A. Pacheco C. en su condición de Defensores Privados de la señora K. E. C. C. Segundo: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por los abogados D. A. M. F. y G. A. P. C. en su condición de Defensores Privados de la señora K. E. C. C. Tercero: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por los abogados D. A. M. F. y G. A. P. C. en su condición de Defensores Privados de la señora K. E. C. C.- Y MANDA: Que se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Bustillo Romero. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- J. RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-294-2014.

J. RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Vid Sentencias de la Sala de lo Penal: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 360-2009 de fecha 20 de octubre del 2011, SP 385-09 de fecha 05 de Abril del 2011.

[2] Vid Sentencias de la Sala de lo Penal: SP 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 88-2009 de fecha 20 de octubre del 2011.

[3] Vid Sentencias de la Sala de lo Penal: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 242-2009 de fecha 02 de noviembre del 2011, Exp 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011.

[4] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) y otros. Agencia Española de Cooperación. Honduras, Año 2004. Páginas 598