Sentencia CP-292-14 — Registro 8078
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para El Trafico de Drogas en perjuicio de la salud pública.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido no se ha violado el derecho individual del “estado de inocencia”, consagrado en la Constitución de la República, al estar probada la responsabilidad de la procesada, al no existir vacío probatorio que imposibilite sustentar una declaración de culpabilidad; no existiendo violación a la Presunción de Inocencia, al haber existido una suficiente actividad probatoria. En consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa en su único motivo."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 292-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de abril de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual fallo: 1) condenando a S. I. M. R. como autora responsable del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de SIETE (07) AÑOS DE RECLUSION y A LA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.50,000.00), más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la Abogada S. A. C. en su condición de Defensora Pública de la señora S. I. M. R.. Son partes: La Abogada S. A. C. en su condición de Defensora Pública de la señora S. I. M. R. como recurrente. II. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: Que el día sábado doce de Enero del año dos mil trece, a eso de las nueve de la mañana, en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en el Municipio de Támara, Departamento de Francisco Morazán, se presentó la señora S. I. M. R. acompañada de dos de sus hijas menores, y al momento de ser registrada previo a su ingreso, se le encontró dentro de una mochila de niña, en forma de mariquita color rosada, rojo y negro, llevando en su interior un envoltorio con cinta aislante color negro hierba seca marihuana; con un peso neto de 200.8 gramos”. RECURSO DE CASACIÓN “CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículos 89 en relación con los artículos 1 y 90 de la misma carta magna, 8 No.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2 del Código procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 89 de la Constitución de la República que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90.- Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. Artículo 2.- Código Procesal Penal: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. Artículo 8 No.2 de las Garantías Judiciales.- Convención Americana Sobre Derechos Humanos: “… Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”. PRIMERO: Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias, quebrantando de esta forma el estado de inocencia de mi representada, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito de “Facilitación de los medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga”, por una parte queremos referirnos a la valoración de la prueba de cargo consistente en la declaración de la testigo de cargo presentada por el Ministerio Público, señora N. L. V. F., quien declaró que es Policía Penitenciaria, conoce a la imputada, porque trabajó en CEFAS, hace unos años detuvieron a una visita y le decomisaron marihuana pero no sé de quien se trataba yo me encontraba revisando mujeres pero no le encontré nada, la otra compañera F. H. supuestamente le encontró pero no se si es verdad o no; agregó la testigo que el procedimiento para realizar la revisión, ellas meten al cuarto donde revisan, palpan y normal; le palpó todo su cuerpo; ella no llevaba nada solo su vestuario; ella iba sola, entró sola donde estaba revisando, no pudo observar quienes la acompañaban. A preguntas del Tribunal dijo: Que no recuerda la fecha que revisó a la señora S., no sabe porqué no recuerda que la revisó a ella, revisó ese día mas de mil, no recuerda el nombre de las demás personas, pero no sabe porqué recuerda el nombre de la imputada. Consta también la declaración de la otra testigo de cargo F. A. H. C., quien declaró que era Policía Penitenciaria, y que trabajaba en la penitenciaría Marco Aurelio Soto, que no recuerda bien a la imputada, ella no se acuerda de ese caso, hay varios decomisos de marihuana pero no se acuerda muy bien. Agregó que se dedica a la requisa en mujeres y niños, que registran a las visitas en un cubículo, además que se acuerda de tres veces de incautaciones de productos ilícitos, es decir supuesta marihuana, que no recuerda las fechas, que no recuerda muy bien cómo han sido esas incautaciones que ha realizado y que fue hace más de un año, que tiene de trabajar como revisadora cerca de dos años, que no recuerda que documentos levantó de esas tres requisas, a la pregunta del Ministerio Público sobre qué documentos redactaba o hacía cuando encontraba supuesta marihuana, contestó que lo reportaban al encargado de requisas y él se encargaba de hacer el informe. De las declaraciones antes señaladas al valorarlas manifestó el A-quo en cuanto a N. L. V. F. que al momento de rendir su declaración en la audiencia de juicio oral y público se le observó una actitud evasiva y poco colaboradora en el sentido de no querer informar al Tribunal del conocimiento que tenía de los hechos, ya que con la inmediatez que tubo el Tribunal pudo observar que la testigo desde que entró a la Sala de Juicio, fijó su mirada en la acusada y se sonreía con ella; además sostuvo esta testigo que actualmente laboraba en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), apreciando este Tribunal por su actitud en juicio que existía entre ellas una amistad o afinidad, por lo que el Tribunal estima que ocultó información, no resultando ni creíble ni confiable; en relación a F. A. H. C., también Policía Penitenciaria de la penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, que si bien es cierto en un inicio en su declaración, muestra cierta requisiencia a dar información sobre el caso, simulando no recordar; pero sí ratificó las actas de decomiso y Secuestro, asimismo el acta de registro personal que se le practicó a la acusada cuando se le pusieron a la vista, que la testigo a preguntas del Ministerio Público dijo recordar la testigo que si hizo el decomiso de la droga, la que era transportada en una mochila, aunque la forma no la recordaba de manera que su dicho, unido a la prueba documental no ratificada por ella, más la prueba documental toxicológica consistente en el Dictamen Toxicológico de una hierba seca decomisada, dictamen que dejó establecido que la hierba seca decomisada su peso neto era de 200.8 gramos, más la evidencia traído a juicio consistente en una mochila color rosada, roja y negra, todo ello valorado de manera conjunta, resultando de manera eficaz para sustentar un fallo condenatorio. SEGUNDO: La defensa de la imputada no comparte el criterio esbozado por el Tribunal de mérito, más sin embargo al analizar la valoración del A-quo, específicamente la de las Policías Penitenciarias se colige que el Tribunal sentenciador otorga eficacia probatoria a declaraciones de testigos de cargo que no aportaron nada sobre los hechos que se le imputaban a nuestra representada, declaraciones donde la primer testigo recuerda haber realizado el registro a mi representada palpándola y que no le encontró nada, que solo revisaba una vez a las personas que llegan, manifestando que no llevaba nada.- En cuanto a la Testigo F. H. quien dijo no haber recordado sobre circunstancias que se dieron en los hechos, pero sí quedó claro que hizo tres decomisos pero no manifestó tiempos, ni circunstancias, ni a las personas a las que les decomisó, reconoce su firma en la prueba documental pero hace referencia que esas actas no las realizó ella, sostuvo que fue el Ministerio Público quien las realizó, además las actas deben realizarse en presencia de dos testigos. En cuanto a la prueba documental que se evacuó lo único que se estableció en juicio fue que la testigo F. reconoció como su firma pero que no las había hecho ella, no fue clara en su declaración de que ella hubiese sido la que decomisó la supuesta droga; asimismo, el Ministerio Público propuso como evidencia una mochila misma que en ningún momento se propuso como que contenía ropa, sumado a esto en este juicio se habló de una hierba seca supuesta droga, que nos lleva a hacernos la gran pregunta ¿Dónde estaba la hierba seca? si nunca se trajo a juicio, nunca se le puso a la orden del tribunal para poder valorarse el día del juicio, lo que nos indica que las testigos de cargo tenían razón al no saber nada del caso, asimismo que no existió dicha hierba seca (droga) considerándose de esta forma que los argumentos del Ministerio Público no reúnen los requisitos que establece la ley de tráfico y menos con la escasa prueba de cargo que se presentó para haberse podido acreditar algún tipo de delito, no acreditándose en juicio la comisión del delito que se le acusa a mi representada, ni la participación en el hecho, resultando de ello existir insuficiencia probatoria por parte del Ministerio Público, quebrantando con ello lo estipulado en las normas constitucionales y demás afines que denunciamos como infringidas, por lo que al haber el sentenciador condenado a la señora S. I. M. por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga, se vulnera las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana crítica, al no derivar el ánimo tendencial de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico ilícito de Droga con medios de prueba dudosos e inconsistentes, vulnerándose la presunción de inocencia como principio constitucional, por lo que se solicita a la sala penal absolver a mi representada por el delito que se le venía imputando, en vista de apreciarse, mas allá de toda duda razonable, que la misma tuviera en su poder ese día la hierba que no se trajo a juicio oral y público. TERCERO: Consideramos que el Tribunal sentenciador no debió darle valor probatorio a la prueba testifical de cargo por ser la misma inconsistente y dudosa, siendo que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los mas estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana crítica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba sea dudosa y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de ésta. Y como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba que da lugar a dudas no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos “VENERAR” nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. Partimos del hecho que un testimonio es una prueba lícita; una confesión es una prueba lícita; pero si aquél o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la presunción de inocencia, valorando prueba dudosa como la de las testigos de cargo, o la hierba seca (droga) que no se puso a la orden en la audiencia de juicio oral, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que no sea valorado de acuerdo a las reglas de la sana crítica, específicamente las reglas de la derivación, por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior al haber el sentenciador condenado a la señora S. I. M. R. por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA se vulnera las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en cuanto a la sana crítica, al no derivar el ánimo tendencial de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga de medios probatorios certeros y convincentes, sino mas bien de prueba dudosa. En consecuencia se vulnera la presunción de inocencia, como principio constitucional, solicitando a la Sala Penal absolver a la imputada por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga, al no poder apreciarse, más allá de toda duda razonable que mi representada sea culpable de dicho delito. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencias tomó en cuenta una prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el tribunal bajo el argumento que lo consideraba como prueba válida, para así condenar a mi representada por FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICTO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION HONDUREÑA, resolución con la cual no está de acuerdo la defensa de la indiciada, por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso”. III. FUNDAMENTACION JURIDICA 1.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2.- La misión de la Sala de lo Penal, en cuanto a la salvaguarda de los derechos individuales de “estado de inocencia y debido proceso”, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada, o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, sino que lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se aprecio la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada tal probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgado de instancia. 3.- El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese, dicho lo anterior, podemos ver en el caso examiné que, el Tribunal sentenciador deduce de forma correcta, que “…la señora S. I. M. R. acompañada de dos de sus hijas menores, se presentó a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en el Municipio de Támara, Departamento de Francisco Morazán, y al momento de ser registrada previo a su ingreso, se le encontró dentro de una mochila de niña, en forma de mariquita color rosada, rojo y negro, llevando en su interior un envoltorio con cinta aislante color negro hierba seca marihuana; con un peso neto de 200.8 gramos”. Conclusión que es producto de la prueba evacuada en el debate, consistente en la declaración testifical de la agente policial penitenciaria F. A. H. C. (Folio No. 82), quien estableció que es su firma la que figura en los documentos denominados acta de registro personal (Folio No. 12) y acta de decomiso de una mochila en cuyo interior se dio el hallazgo de 200.8 gramos de marihuana (Folio No. 11), cantidad de droga que según Dictamen toxicológico (Folio No. 16) no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, misma que transportaba la procesada S. I. M. R. en el interior de una mochila con la finalidad de ingresarla a ese recinto penitenciario. Como se aprecia el Juez A quo concluye de forma razonable, ya que funda la responsabilidad de la procesada S. I. M. R. en prueba que conecta de forma directa a la encausada con el hecho declarado probado. Evidenciándose que en la audiencia de juicio se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviese para fundar una declaración de responsabilidad de la sindicada, y dichas pruebas son suficientes para vulnerar su estado de inocencia. Es por lo anterior que esta Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido no se ha violado el derecho individual del “estado de inocencia”, consagrado en la Constitución de la República, al estar probada la responsabilidad de la procesada, al no existir vacío probatorio que imposibilite sustentar una declaración de culpabilidad; no existiendo violación a la Presunción de Inocencia, al haber existido una suficiente actividad probatoria. En consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa en su único motivo. IV. DECISIÓN El motivo formulado por la Defensora Pública de la Señora S. I. M. R. debe ser desestimado. V. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensora Pública de la Señora S. I. M. R.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-292-2014.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL
2