Sentencia CP-276-14 — Registro 8073
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado por los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa y por el delito de portación y uso ilegal de armas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente incurre en inadecuada técnica recursiva, pues si bien señala la lógica como norma violentada, no es capaz de señalar de forma concreta cuáles fueron los razonamientos incorrectos del sentenciador, pues refiere en términos generales sobre la apreciación efectuada por el A-quo de las pruebas, pero no detalla cuáles son esos argumentos contrarios a las reglas del correcto entendimiento humano. Lo que equívocamente efectúa el recurrente, es una revaloración del material probatorio evacuado durante el debate, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional, debido a la inmediación con la que cuenta el Tribunal de Instancia, al tener contacto directo con las pruebas y su desarrollo, nuestra tarea se limita a revisar los juicios de valor que utilizó el Juez, determinando que se conformaron razonamientos coherentes, lógicos y provenientes del resultado probatorio. Muchos de los planteamientos utilizados por el impetrante, constituyen meros argumentos de instancia que no son permitidos en una impugnación cómo el recurso de casación que es eminentemente técnico; este Tribunal de alzada ha revisado los raciocinios esgrimidos por el A-quo y puede concluir que los mismos están conformados de manera coherente, lógica, relacionando de manera individual y también colectiva toda la prueba evacuada y derivando de éstas la certeza necesaria para dictar un fallo condenatoria, teniendo como base de sus razonamientos los principios y lineamientos de las reglas de la sana crítica, argumentos suficientes para desestimar la presente impugnación. V. DECISIÓN Por las razones ampliamente expuestas se declara si lugar el presente recurso de casación por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de Forma."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció el recurrente la violación al artículo 90 de la Constitución de la República referente al Debido Proceso, consignando como norma autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó el reclamante que la norma que se invoca como infringida, establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; existiendo en el juicio una sola persona que identifica al imputado, el Tribunal Sentenciador para cumplir con ese Debido Proceso, debió exigir la práctica de medios de prueba como el reconocimiento en rueda , ya que no es posible que una persona herida pueda determinar con claridad la identidad de su agresor. Concluye estableciendo que la sola declaración del agraviado no hace prueba suficiente para determinar la culpabilidad del supuesto agresor, por lo que el A-quo debió exigir la realización de otro tipo de pruebas. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[1]. 3) El recurrente incurre en inadecuada técnica recursiva, pues si bien señala como norma violentada el artículo 90 de la Constitución de la República que contiene el “Debido Proceso” se encuentra huérfano de fundamentación el invocado al no señalar el impugnante el porqué considera violentada la garantía del debido proceso, cual fue el procedimiento que no se realizó conforme a esta garantía o qué actuación del Tribunal A-quo se ejecutó en inobservancia de dicha normativa constitucional. La competencia objetiva del Tribunal de Casación es definida formalmente por la ley, pero materialmente por la parte impugnante, cuando en su recurso de casación fija los motivos de su censura y señala los aspectos legales a revisar, ello no acontece en el presente caso, ya que si bien el Censor indica en su motivo la violación a la Garantía del Debido Proceso, no logra explicar con claridad qué actuación judicial generó violación a las formalidades establecidas previamente por la ley para el desarrollo del juicio penal y con ello la posibilidad de que el Tribunal de Casación pudiera extender su competencia material en dicho análisis. 4) Sin embargo en virtud del control de convencionalidad que debe observar todo Tribunal de la República conforme lo manda la Corte Interamericana de Derecho Humanos y aras del respeto al derecho a recurrir el fallo que contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2.h, esta Sala de lo Penal procede a analizar la Sentencia para determinar si existe alguna transgresión a la garantía del Debido Proceso. La garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República tiene una íntima conexión con el derecho a la defensa que reconoce el artículo 82 párrafo primero de la Carta Magna. De este modo tal garantía se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. En este sentido, debemos analizar si en el caso bajo examen, se ha vulnerado en alguna de sus vertientes la garantía del debido proceso en perjuicio del encartado. El recurrente considera violentada esta garantía pues la sola declaración del agraviado no hace prueba suficiente para determinar la culpabilidad del supuesto agresor y por tanto el Tribunal debió exigir la práctica de mas prueba; ante tales argumentos, consideramos importante recordar al recurrente que el nuevo proceso penal que entró en vigencia en el año 2002, le prohibió al Juzgador la posibilidad de solicitar práctica alguna de prueba, pues dicha función restaba su objetividad, en tal sentido son las partes encargadas de presentar y aportar todos los medios probatorios para que el Juez, una vez valoradas dichas probanzas, tome una decisión judicial respecto a los hechos que se le planteen, por tanto no es al Juez a quien le compete exigir la práctica de mas prueba, sino que son las partes las que deben instar al Juez para la presentación de todos los elementos probatorios que se valdrán para comprobar su estrategia del caso. Es criterio de esta Sala, que el reclamo formulado mediante el recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte defensora de realizar actos procesales en descargo a las imputaciones formuladas contra el acusado, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal, en una condición desventajosa en relación a su contraparte, como consecuencia de una situación material o por disposición de una ley, sin que el Tribunal procurase balancear dichas diferencias, a efecto de colocar a los litigantes en un mismo plano de oportunidad frente al proceso. Por todas las razones expuestas es procedente declarar sin lugar el presente recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 276-2014 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor W. L. M., como autor responsable de los delitos de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, a la pena de once (11) años de reclusión, en perjuicio de la señora O. G. P., y por el delito de Portación y uso ilegal de armas, a la pena de tres (3) años seis (6) meses de reclusión, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó al señor W. L. M. a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró civilmente responsable al condenado W. L. M. por los delitos de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa Portación y uso ilegal de armas. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, el abogado A. M. M. C., actuando en su condición de Defensor Privado del señor W. L. M.. Son partes: El abogado A. M. M. C. en su condición antes indicada como recurrente y la abogada R. L. C. G. en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Primero: El día siete de septiembre del año dos mil once, aproximadamente a las seis y media de la mañana en la calle principal de la Colonia San Judas de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida se conducía el señor O. G. P., en su vehículo marca Mirsubishi, tipo pickup, color morado y gris, placa PBR7846, motor 4D56-FC4860, año dos mil once, chasis MMBJNK-7400D846418; cuando es aproximado por la parte posterior del vehículo por W. L. M. y otro sujeto desconocido quienes se transportaban en una motocicleta marca Bajaj, color rojo, sin placas, modelo pulsar, motor JCGBSJ84216, chasis y vin MD2JCS2Z5AVJ00628, siendo W. L. M., quien con arma de fuego tipo pistola, color negro sin marca y sin serie, que portaba sin autorización, realizó varios disparos hacia la parte del conductor del vehículo conducido por O. G., hiriéndole en hombro izquierdo y en brazo derecho. Segundo: Al instante y a raíz de las heridas O. G. estacionó su vehículo en ese mismo sector de la calle principal de la Colonia San Judas, misma acción realizan W. M. y su acompañante, bajándose de la motocicleta ya antes descrita y W. M. se dirige a la ventana del conductor con arma en mano, por lo que O. G. al observar tal acción sacó su arma de fuego y al momento que W. le pretende disparar nuevamente, O. le disparó con su arma de fuego hiriéndolo; por lo que W. al verse herido, tiró su arma y salió corriendo del lugar dirigiéndose al hospital Atlántida de esta ciudad. Tercero: Inmediatamente O. G., salió de su carro e intentó disparar contra el otro sujeto que aún se encontraba en la motocicleta, pero éste huyó, dejando la motocicleta en ese lugar, por lo que O. es auxiliado y es llevado a la sala de emergencia del Hospital Atlántida donde es tratado clínicamente.” III. RECURSO DE CASACIÓN A) El recurrente, abogado A. M. M. C., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO. INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL NORMA INFRINGIDA. Artículo 90 de la Constitución de la República. (El Debido proceso) PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en al Artículo 361 del Código Procesal. Art. 361- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse Recurso de Casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. EXPLICACION DEL MOTIVO. La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 90 de la Constitución de la Repúblico que dice: “nadie puede ser Juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” Por su parte el Artículo 1 del Código Procesal Penal prescribe: “ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Existiendo en este juicio como única persona que identifica al imputado el Tribunal para cumplir con el precepto constitucional del debido proceso debió exigir la práctica de medios de prueba que ya la ley establece como ser la denominada Reconocimiento, en Rueda, el careo, etc., ya que no es posible que una persona que se encuentra herida pueda determinar con claridad la identidad de su agresor a menos que esté ratificada por otro medio de prueba, situación que en el juicio no se dio. Resulta Honorable Magistrados, que la sola declaración del agraviado no hace prueba suficiente para determinar la culpabilidad, del supuesto agresor y que el Tribunal debió en consecuencia exigir la realización, de otro tipo de pruebas que ya la ley establece para evitar una injusticia como la que se ha cometido en la sentencia impugnada y si estas no dan un resultado positivo a la pretensión del ente acusador, dictar un fallo absolutorio ya que queda una duda razonable sobre la identidad del victimario o los victimarios que han participado en estos hechos. El mismo ofendido así lo ha declarado y provoca la inconsistencia de su declaración al asegurar que si pudo reconocer a uno de los agresores (sin establecer el método que se usó para tal reconocimiento) y no el otro a quien le hizo tres disparos, esto no es posible. En consecuencia hay, violación al debido proceso en este juicio porque no se agotaron todas las medidas probatorias que la ley establece para el esclarecimiento de un asunto tan delicado como el que nos ocupa”. B) El recurrente, abogado A. M. M. C., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “SEGUNDÓ MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR MOTIVACIÓN FACTICA Y JURIDICA INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA Norma infringida. Artículo 141 del Código Procesal Penal: “Motivación de las Resoluciones Judiciales. Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación….La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 338 de este cuerpo legal en sus respectivos casos”. Precepto Autorizante: Artículo 362 Numeral 3) del Código Procesal Penal: “Recurso de Casación por quebrantamiento de forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:,,,3)...Que motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias. EXPLICACIÓN DE MÓTIVO: LA SENTENCIA IMPUGNADA, DICTADA el 22 de Enero del año 2014 por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, condenó al Señor W. L. M. como autor de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y PORTACION Y USO ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio del señor O. G. P. y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO a la pena principal, de ONCE Y TRES años RESPECTIVAMENTE de reclusión además a pena accesorias, adolece del vicio de Motivación Fáctica y Jurídica insuficiente, como se demuestra a continuación. 1.1. Se observa que adolece del vicio de motivación fáctica insuficiente, cuando en el Numeral primero del capítulo denominado Valoración de la Prueba, el Tribunal establece que: “Con respecto a los hechos declarados probados por parte dl Tribunal es partir de la valoración armónica individual y conjunta de los medios de prueba y la declaración rendida por el imputado en debate, para tal efecto se describen los medios de prueba que sustentan la sentencia condenatoria de mérito, esta narración constituye motivación insuficiente, en vista de que el Juzgador no establece con claridad y precisión cuál es la prueba de la defensa que llena los cuestionamientos o vacios a que se refiere en las conclusiones (ver folio 161 frente y vuelto) 1.2. También existe falta de motivación cuando el Tribunal Impugnado en su sentencia declara como prueba fehaciente concluyente la declaración de la víctima como suficiente para identificar al agresor, sin embargo admitió como prueba la constancia médica u Hoja clínica del señor W. L. M. en la que establece su hora de ingreso al hospital Atlántida y a la vez admite la denuncia del robo de su motocicleta, situación que en la sentencia no dispone en absoluto sobre esos medios de prueba (ES DECIR NO LA VALORO: NI POSITIVA NI EN FORMA NEGATIVA) por lo que no: hay motivación suficiente que indique la valoración que hizo de esos medios probatorios presentados y argumentados la defensa. Es decir no hizo motivación en que deja sin valor los medios de prueba de la defensa al menos. C) El recurrente, abogado A. M. M. C., continúa manifestando en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: TERCER MOTIVO. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. POR INOBSERVARSE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Norma Infringida. ARTÍCULO 202 del Código Procesal Penal: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción: valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Precepto Autorizante Artículo 362 Numeral 3) Párrafo In Fine del Código Procesal Penal “Recurso de Casación por quebrantamiento de forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:….3)… o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;” Explicación del Motivo: La Sentencia impugnada dictada el 22 de Enero de 2014 por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, condenó al señor W. L. M. como autor principal de los delitos de HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y DE PORTACION Y USO ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio del señor O. G. P. Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con penas de 11 y 3 años respectivamente y penas accesorias; si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son Inatacables en casación, está en cambio sujeto a control el proceso lógico por el juzgador en su razonamiento. Estimamos que la sentencia que hoy se recurre ha violentado las siguientes leyes o reglas LOGICA: La Sana Crítica según la doctrina, es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la razón y el criterio racional, puesto en juicio. Aceptado lo anterior, entendemos que la valoración de la prueba con arreglo a la sana crítica, impone al órgano jurisdiccional que dicta la sentencia aplicar los principios de la lógica en sus razonamientos, con las propias características de esta ciencia, así como las normas de la psicología y la experiencia común. Las reglas de la lógica, comprende las características de coherencia, no contradictoria e inequívoca, así como la característica de derivada, para lo cual debe responder al principio de razón suficiente. Nuestra normativa al establecer que el Juez debe valorar la prueba con arreglo a la sana crítica, indica que este no es libre de razonar a su voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. En la Sentencia impugnada, observamos que el Tribunal de Sentencia en lugar de valorar la prueba conforme a las reglas que la Ley le ordena (o sea con arreglo la sana crítica), lo hizo conforme a la libre convicción. Se demuestra que no hizo la valoración de la prueba en base a la operación lógica y por ello resulta INCOHERENTE y hasta arbitraria, como se expone a continuación. Tampoco exigió por la duda de una sola declaración provoca la realización de otros a pruebas que dieran lugar a una convicción de la verdad de como se sucedieron los hechos y quienes participaron en ellos. VIOLACION A LA LEY LOGICA DE LA CONTRADICCIÓN Consiste esta violación cuando el Juzgador en una parte de su sentencia afirma una cosa, para luego no pronunciarse ya sea en sentido afirmativo o negativo de la prueba de la defensa, es decir no la niega ni la afirma como cosa contraria o distinta En los Hechos Probados de la sentencia y a los que el Tribunal de Sentencia (Sala Primera) de La Ceiba, Departamento de Atlántida debía de haber llegado de conformidad a los criterios de la sana critica, se encuentra. PRIMERO: En la fecha del siete de septiembre del año dos mil once, a eso de las seis y treinta de la mañana, en La Colonia San Judas del a ciudad de La Ceiba, Atlántida, en su calle principal se produce un hecho sangriento en el que el señor O. G. P. su auto tipo pickup, es balaceado por dos hombres que desde una motocicleta le disparan, manifiesta que al sentirse herido y que uno de ellos se acercaba a la ventana del conductor repele el ataque e hiere a uno de los agresores y al otro lo hace huir después de dispararle por tres veces (ver declaración de ofendido). En la valoración de esta prueba, cuyo único testigo es el mismo ofendido ninguna de las otras medidas probatorias practicadas en el juicio ya sea por peritos agentes médicos etc., confirman esta versión, habiendo tenido a mano por disposición de la ley las facilidades para que su investigación llegue a confirmar con testigos presenciales la afirmación del ofendido. Lo lógico entonces era hacer las comprobaciones con los dos elementos esenciales sujetos de este juicio, el agredido y por supuesto el supuesto agresor, sin embargo a éste, no se le toma declaración alguna a pesar de que se reservaba el derecho a declarar durante el juicio sobre todo cuando fue oída la declaración de la víctima, en ese instante se debió ordenar el careo de ambos sujetos, lo que no hubiera dejado lugar a las dudas que hoy refleja la decisión del Tribunal. SEGUNDO: En la valoración de la prueba rendida por la victima, al afirmar que fue W. L. M. la persona que le disparó y que se le acercó a su ventana de conductor a seguir disparándole y que logro’ repeler hiriéndole con su arma de fuego, no se reflejó si esa misma persona correspondía a la persona que herida se encontró en el Hospital Atlántida integrado, pudiéndose haber ordenando si las balas que disparó el arma de la víctima es la que causó las heridas al señor W. L. M., ya que si es claro que las heridas que sufrió la víctima provienen del arma que andaba el agresor, agresor que no se identificó plenamente en el juicio, Es decir en este hecho intervienen dos armas de fuego, una de ellas es analizada y la que portaba la víctima no, Esa hubiera sido lógicamente la mejor forma de probar este hecho, si al analizare el arma del ofendido, coincidía conforme a balística a las heridas que sufrió el inculpado, heridas qué explicó haber sufrido cuando le fue robada su motocicleta. TERCERO: La investigación de este caso, no acreditó y fue negligente en perjuicio de los derechos del imputado, y para que el Tribunal de Sentencia no tuviera dudas en su juzgamiento, haber hecho el examen científico que permite establecer si una persona ha disparado recientemente, cuando perfectamente pudo haberle hecho dicha prueba al inculpado, cuando a este la victima estando ambos en el Hospital Atlántida, lo señal como el autor de sus heridas, al faltar esta prueba a quien se ha perjudicado es al encausado ya que se le condena única y exclusivamente con una declaración muy subjetiva de la víctima, quien si pudo alegar que identificó a W. L. M. a quien vio dice casi de reojo al acercarse a la ventana de su carro y no pudo establecer quién era la segunda persona que lo agredía cuando tuvo la oportunidad y así lo hizo de hacerle varios disparos contra la humanidad de esa otra persona a quien no recuerda como era, esto es ilógico y solamente responde a una situación confusa y comprensible de la victima pero que para la valoración judicial no debió ser prueba concluyente y existiendo esta duda razonable lo único que cabía en el fallo era declarar la absolución de mi representado. De lo antes expuesto podemos afirmar que los anteriores argumentos demuestran las Contradicciones ente la valoración de las pruebas y los hechos que considero el Tribunal probados. RECLAMO PREVIO A LA INSTANCIA Los vicios objeto del presente recurso de casación, desarrollados en sus tres motivos, por ser cometidos al estructurarse la sentencia impugnada, no existe reclamo o denuncia previa ante el Tribunal de Sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció el recurrente la violación al artículo 90 de la Constitución de la República referente al Debido Proceso, consignando como norma autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó el reclamante que la norma que se invoca como infringida, establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; existiendo en el juicio una sola persona que identifica al imputado, el Tribunal Sentenciador para cumplir con ese Debido Proceso, debió exigir la práctica de medios de prueba como el reconocimiento en rueda , ya que no es posible que una persona herida pueda determinar con claridad la identidad de su agresor. Concluye estableciendo que la sola declaración del agraviado no hace prueba suficiente para determinar la culpabilidad del supuesto agresor, por lo que el A-quo debió exigir la realización de otro tipo de pruebas. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[1]. 3) El recurrente incurre en inadecuada técnica recursiva, pues si bien señala como norma violentada el artículo 90 de la Constitución de la República que contiene el “Debido Proceso” se encuentra huérfano de fundamentación el invocado al no señalar el impugnante el porqué considera violentada la garantía del debido proceso, cual fue el procedimiento que no se realizó conforme a esta garantía o qué actuación del Tribunal A-quo se ejecutó en inobservancia de dicha normativa constitucional. La competencia objetiva del Tribunal de Casación es definida formalmente por la ley, pero materialmente por la parte impugnante, cuando en su recurso de casación fija los motivos de su censura y señala los aspectos legales a revisar, ello no acontece en el presente caso, ya que si bien el Censor indica en su motivo la violación a la Garantía del Debido Proceso, no logra explicar con claridad qué actuación judicial generó violación a las formalidades establecidas previamente por la ley para el desarrollo del juicio penal y con ello la posibilidad de que el Tribunal de Casación pudiera extender su competencia material en dicho análisis. 4) Sin embargo en virtud del control de convencionalidad que debe observar todo Tribunal de la República conforme lo manda la Corte Interamericana de Derecho Humanos y aras del respeto al derecho a recurrir el fallo que contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2.h, esta Sala de lo Penal procede a analizar la Sentencia para determinar si existe alguna transgresión a la garantía del Debido Proceso. La garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República tiene una íntima conexión con el derecho a la defensa que reconoce el artículo 82 párrafo primero de la Carta Magna. De este modo tal garantía se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. En este sentido, debemos analizar si en el caso bajo examen, se ha vulnerado en alguna de sus vertientes la garantía del debido proceso en perjuicio del encartado. El recurrente considera violentada esta garantía pues la sola declaración del agraviado no hace prueba suficiente para determinar la culpabilidad del supuesto agresor y por tanto el Tribunal debió exigir la práctica de mas prueba; ante tales argumentos, consideramos importante recordar al recurrente que el nuevo proceso penal que entró en vigencia en el año 2002, le prohibió al Juzgador la posibilidad de solicitar práctica alguna de prueba, pues dicha función restaba su objetividad, en tal sentido son las partes encargadas de presentar y aportar todos los medios probatorios para que el Juez, una vez valoradas dichas probanzas, tome una decisión judicial respecto a los hechos que se le planteen, por tanto no es al Juez a quien le compete exigir la práctica de mas prueba, sino que son las partes las que deben instar al Juez para la presentación de todos los elementos probatorios que se valdrán para comprobar su estrategia del caso. Es criterio de esta Sala, que el reclamo formulado mediante el recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte defensora de realizar actos procesales en descargo a las imputaciones formuladas contra el acusado, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal, en una condición desventajosa en relación a su contraparte, como consecuencia de una situación material o por disposición de una ley, sin que el Tribunal procurase balancear dichas diferencias, a efecto de colocar a los litigantes en un mismo plano de oportunidad frente al proceso. Por todas las razones expuestas es procedente declarar sin lugar el presente recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo 1) Alega el recurrente que existen motivaciones insuficientes y contradictorias, estableciendo como norma que le autoriza la interposición del recurso en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Establece el impugnante que en el numeral primero de la valoración probatoria el Tribunal A-quo externó: “…que los hechos probados surgieron a partir de la valoración armónica, individual y conjunta de los medios de prueba y la declaración rendida por el imputado en debate, para tal efecto se describen los medios de prueba que sustentan la sentencia condenatoria”; razonamiento que el censor considera insuficiente pues el Sentenciador no establece con claridad y precisión cuál es la prueba de la defensa que llena los cuestionamientos o vacios a que se refiere en las conclusiones. De igual señala el reclamante, que existe motivación insuficiente al momento en que el Juzgador valora la declaración de la víctima, pues la considera suficiente para identificar al agresor; sin embargo admitió las pruebas de: a) Constancia media del imputado W. L. M., b) Denuncia de la motocicleta, situación que en la sentencia no dispone en absoluto sobre esos medios de prueba. 2) Consideramos importante recordar, que la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la insuficiencia, en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos o a aplicar los preceptos penales por los que resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración de la prueba cierta prueba, se omite el indicar el porqué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que los testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimará la infracción cuando se haga una referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso. En cuanto a la motivación contradictoria, el vicio ocurriría cuando existiera una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica, o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica[2]. 3) Ante los argumentos del recurrente, este Tribunal de Casación procedió a revisar y analizar las motivaciones expresadas por el A-quo en su fallo y puede verificar que sus razonamientos son totalmente suficientes, amplios y no denota contradicción entre sus argumentos. El Juzgador expresó de manera clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho en que se basó su sentencia condenatoria, señalando además las pruebas tenidas en cuenta y las razones del valor probatorio que se les atribuyó, todo lo cual aparece en el acápite “Valoración” pagina 5, 6, 7 y 8 del fallo recurrido; por tanto al recurrente no le asiste la razón al establecer que existe motivación insuficiente y contradictoria, pues encontramos amplios y relacionados razonamientos, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. 1) Arguye el peticionario que el Juzgador incurrió en violación a las reglas de la Sana Crítica, estableciendo como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Expresó el recurrente que la sentencia recurrida violenta la lógica que comprende las características de coherencia, no contradicción e inequívoca, así como derivada para lo cual responde al principio de razón suficiente. Estableció también que en la valoración de la prueba el único testigo es el mismo ofendido, sin existir ningún otro medio probatorio que confirme su versión; al afirmar que fue W. L. M. la persona que le disparó, no se probó si esa misma persona correspondía a la persona que herida se encontró en el hospital Atlántida. Afirmó además que la investigación no acreditó y fue negligente en perjuicio de los derechos del imputado, pues para que el Tribunal no tuviera dudas en su juzgamiento, tuvo hacer hecho examen científico que permita establecer si una persona ha disparado recientemente, prueba que no le practicó al acusado. 2) Ha reiterado en vario fallos este Tribunal de Casación, que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente incurre en inadecuada técnica recursiva, pues si bien señala la lógica como norma violentada, no es capaz de señalar de forma concreta cuáles fueron los razonamientos incorrectos del sentenciador, pues refiere en términos generales sobre la apreciación efectuada por el A-quo de las pruebas, pero no detalla cuáles son esos argumentos contrarios a las reglas del correcto entendimiento humano. Lo que equívocamente efectúa el recurrente, es una revaloración del material probatorio evacuado durante el debate, ejercicio mental que está vedado en esta etapa casacional, debido a la inmediación con la que cuenta el Tribunal de Instancia, al tener contacto directo con las pruebas y su desarrollo, nuestra tarea se limita a revisar los juicios de valor que utilizó el Juez, determinando que se conformaron razonamientos coherentes, lógicos y provenientes del resultado probatorio. Muchos de los planteamientos utilizados por el impetrante, constituyen meros argumentos de instancia que no son permitidos en una impugnación cómo el recurso de casación que es eminentemente técnico; este Tribunal de alzada ha revisado los raciocinios esgrimidos por el A-quo y puede concluir que los mismos están conformados de manera coherente, lógica, relacionando de manera individual y también colectiva toda la prueba evacuada y derivando de éstas la certeza necesaria para dictar un fallo condenatoria, teniendo como base de sus razonamientos los principios y lineamientos de las reglas de la sana crítica, argumentos suficientes para desestimar la presente impugnación. V. DECISIÓN Por las razones ampliamente expuestas se declara si lugar el presente recurso de casación por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de Forma. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado todos de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. FALLA: Primero: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el abogado A. M. M. C. en su condición de Defensor Privado del señor W. L. M. a quien se le condenó del delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa y Portación y uso Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de O. G. P. y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su dos motivos interpuesto por el abogado A. M. M. C. en su condición de Defensor Privado del señor W. L. M. a quien se le condenó del delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa y Portación y uso Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de O. G. P. y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y MANDA: Que se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Bustillo Romero. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-276-2014.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Vid: Llorente Fernández de la Reguera, Ángel. “Los Recursos” Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano. LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115
[2] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras. (Manual Teórico- Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, 2004. Páginas 598 y 599