Sentencia CP-271-14 — Registro 8069
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de portación ilegal de armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Juzgador a pesar de la prueba de cargo aportada por el Ministerio Publico no ha logrado motivar de manera convincente la desvinculación del acusado O. H. V. M. con la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS que se le atribuye, no obstante haber tenido por acreditado que los testigos, quienes fungían como agentes policiales, encontraron el arma de fuego de fabricación artesanal (chimba) en la calle de tierra donde capturaron al imputado luego de darle persecución ininterrumpida, habiendo observado los testigos en referencia, cuando el imputado lanzó el arma a dicha calle de tierra, es decir, aún cuando fue acreditado que dicha arma prohibida se encontraba colocada dentro de un ámbito o esfera espacial a la que tenia libre acceso el acusado y no obstante haberse tenido debidamente acreditado que el acusado hizo uso del arma de fuego para hacer disparos al aire momentos antes de su detención. Por lo expuesto esta Sala sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y por ende sobre la culpabilidad del procesado O. H. V. M., concluye que el A Quo no ha aplicado en forma debida la regla lógica de la sana critica, de derivación en la valoración de la prueba de cargo, y que de haberlo hecho correctamente podrían haberse derivado otras conclusiones, consecuentemente se declara Ha Lugar el motivo único de casación invocado por el recurrente. V."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 319-2013 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor O. H. V. M., del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. 2) No condenando en costas al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada M. L. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son partes: la Abogada M. L. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público y recurrente. Y el Abogado M. Á. M. en su condición de apoderado legal del procesado O. H. V. M. y recurrido. II. HECHO PROBADO “UNICO: En fecha 09/07/13 siendo las siete de la noche aproximadamente, elementos de la Policía Nacional Preventiva, detuvieron a O. H. V. M. en la Aldea La Libertad Atlántida, en dicha aldea los efectivos policiales decomisaron una escopeta de fabricación artesanal con un proyectil del calibre 2Omm la cual fue puesta a disposición de las autoridades competentes junto con el detenido”. III. RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:“ EXPOSICION DEL MOTIVO. UNICO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria, lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Juzgador consideró dictar un fallo absolutorio, al estimar que la prueba de cargo resultó ser insuficiente para verificar y sostener de manera razonable que el procesado O. H. V. M, hubiese empuñado o disparado el arma de fuego de fabricación artesanal cuya portación se le atribuye, ya que no se incorporó medio de prueba que acreditase que en dicho objeto existiesen impresiones de huellas dactilares que le correspondiesen al acusado. Además expone el A quo en la sentencia, que la conclusión arribada se infiere de que las versiones sobre los hechos depuestas en el acto del juicio oral y público por los testigos de cargo N. G. C. y A. M. D. (ambos policías), son meras sospechas policiales construidas en base a presunciones de parte de los deponentes, ya que el Primer testigo, afirma haber visto al acusado tirar el arma de fuego desde una distancia de entre 2 y 5 metros; y el segundo, manifiesta haber visto lo mismo, pero desde una distancia que a su cálculo oscilaba entre 300 y 400 metros. Ambos hechos no creíbles por cuanto consideró que siendo de noche el momento en que fue detenido el acusado y ubicada el arma que se le atribuye su posesión, y dada las condiciones del lugar (carretera rural), las máximas de la experiencia le indican al Juzgador que difícilmente los faroles de la patrulla podría iluminar con claridad una distancia como la referida por los testigos que les permitiese observar lo que afirman. Al respecto cabe acotar, que si bien es cierto que los testigos supra mencionados no fueron precisos y coherentes en concretizar desde que “distancia” ellos pudieron observar cuando el ahora acusado botó el arma de fuego de fabricación artesanal al momento que visualizó la patrulla policial, pero esta inconsistencia en los testimonios, no es una razón válida para que se les reste absolutamente de valor probatorio a estas deposiciones, dado que en el resto de sus testimonios si fueron contestes en afirmar, que efectivamente vieron al acusado portando en artefacto de fabricación artesanal, casera, rifle, escopeta, o como se le denomine y que cuando éste se percató de la presencia policial se despojó de ello y procedió a lanzarlo al monte o zacate, que al ser requerido no se le encontró nada, pero que el arma fue localizada a una distancia de 4 a 5 metros del imputado, para posteriormente ser levantada como evidencia de los hechos por los cuales ahora se le acusa. Y es que algo importante que el Tribunal ha dejado de lado al momento de valorar las declaraciones testificales en comento, es el hecho, de que ambos testigos afirman que el arma, fue encontrada en el monte, cuya altura llegaba aproximadamente hasta la cintura de una persona promedio en estatura, lo cual las máximas de la experiencia nos indican, que si los deponentes no hubiesen visto la acción del acusado de tirar el arma en ese lugar, hubiese resultado imposible que ellos supieren de su existencia y por ende ubicación. Es por ello que dichos testimonios cumplen con los requisitos de credibilidad, que la propia jurisprudencia[1] ha establecido como tales para brindar valor probatorio a la prueba testifical y para ello revisamos el mismo: 1. Ausencia de incredibilidad subjetiva derivadas de las relaciones procesados —testigo, (concurrencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase a los testimonios de la aptitud para generar ese estado subjetivos de certidumbre en la convicción judicial demanda) que pudieran conducir que los deponentes construyeron una mentira en contra del reo, tal como lo afirma el Juzgador en el apartado denominado tercero de la sección de valoración de la prueba de la sentencia, dado que su presencia en el lugar que se suscitaron los hechos, tuvo como génesis una denuncia previa de ciudadanos que les manifestaron que andaba una persona armada, ocasionando problemas. 2. Verosimilitud, dado que los testimonios estuvieron rodeados de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que lo dotaron de aptitud probatoria, como ser: la real existencia del objeto de funcionamiento mecánico igual al de un arma de fuego (según lo concluye el dictamen de balística), el cual fue presentado como evidencia en el acto del debate, y que fue reconocida en Estrado por los testigos como el mismo que el acusado portaba y tiró en el monte. De igual manera se acreditó con el acta de decomiso, que pese a que el A quo no le da valor probatorio, por cuanto estimó que al momento del registro personal del acusado a él no se le encontró en posesión del objeto que se describe como decomisado, ya de las declaraciones testificales supra mencionadas, se explicó el porqué de ésta situación (el acusado al percatarse de la presencia policial, tiró el arma) y por otro lado, el acusado al momento procesal oportuno en que se le cedió la oportunidad de que declarase y que allí él pudiese desvirtuar tanto lo declarado por los testigos, como también negar la posesión del arma, y explicar bajo que circunstancias firmó el acta de decomiso, esté se abstuvo de hacerlo, de manera tal, que ambos medios de prueba no fueron controvertidos por la defensa y por ende el A quo, no podía ni debía haberle restado validez probatoria de lo que esencialmente se evacuó en el juicio. 3. Persistencia en la incriminación que ha de ser prolongada en el tiempo. Este requisito se contempla en virtud de que los testigos N. G. C. y A. M. D., han mantenido incólume (desde su primera declaración e inclusive hasta la rendida en el acto del debate) respecto a cómo se dieron los hechos y nunca su versión a sido modificada. La sumatoria de todas estas circunstancias, son suficientes, para cimentar un fallo diferente al dictado, ya que la misma Sala de lo Penal en sentencias que resuelven la casación se ha pronunciado[2] que para restar valor probatorio a testigos que difieran de sus dichos, no basta que sus inconsistencias se refieran a cuestiones periféricas no trascendentales, tal como sucede en el caso que nos ocupa por parte del Sentenciador, que lo que se cuestiona es la distancia de percepción de parte de los testigos en relación al acusado. Lo que sí potencia su invalidez es en aquellos casos, en que quien afirme un hecho (testigos de cargo) no cumpla con las condiciones físicas y mentales exigidas para este medio probatorio, es decir, que ya sea que los testigos o el acusado no hayan estado presentes en el lugar de los hechos, situación que no acontece en éste caso. Bajo estos extremos la actuación de valoración de la prueba efectuada por el Juzgador es violatoria a la Regla Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, dado que las razones expuestas para dictar un fallo absolutorio se enfocaron en circunstancias periféricas al asunto tratado, y no de lo realmente derivado de las probanzas del juicio, por cuanto si se analiza la conclusión a la cual arribó como producto del razonamiento de las declaraciones testificales en relación y que a efecto transcribimos literalmente en acápites que anteceden, de dicho razonamiento no se desprende que se absuelva porque el acusado no realizó el hecho imputado. En resumen, si el Juzgador se hubiese apegado a la observación irrestricta de las reglas integrantes de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba evacuada, tal como hemos señalado y hubiese armonizado la prueba en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho, dado que la defensa ni siquiera hizo uso de prueba de descargo que desacreditasen los extremos que refleja la prueba de cargo, respecto de que su defendido no poseyó el objeto (arma de fabricación artesanal) que efectivamente le fue decomisado, o que los hechos pudieron haber ocurrido de manera distinta que la narrada por la acusación. En consecuencia, instamos a Vosotros Honorables Magistrados que se le de la oportunidad al Ministerio Publico en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupó; haciendo la aclaración que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar, razón por la cual no se hizo reclamo anterior”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA I.- Esta Sala de lo Penal, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, en el presente caso aprecia que el Tribunal de Instancia, ha vertido motivación insuficiente e inconsistente para restar valor probatorio y credibilidad a la prueba de cargo consistente en las declaraciones de los testigos N. G. C. C. y A. M. D. (Folio No.67), prueba documental consistente en acta de decomiso de un arma de fabricación artesanal (Folio No. 64) y prueba científica consistente en Dictamen Balistico (Folio No.66). Efectivamente esta Sala aprecia que el A Quo no ha aplicado el principio de la derivación de razón suficiente en forma de inferencias lógicas deducidas de las pruebas. De la prueba de cargo aludida se deriva que aunque el acusado O. H. V. M., no fue detenido por la policía en posesión material del arma de fabricación artesanal, ésta fue encontrada en un lugar cercano y de fácil acceso para el acusado, en virtud de estar dispuesta, en un lugar aledaño bajo su potencial control y protección, de manera similar a la que ocurre con otros delitos como los de posesión de drogas ilícitas y otros objetos de ilícita tenencia. Para esta Sala basta con que se haya acreditado que el instrumento del delito ha sido encontrado en lugar cercano al ámbito espacial de protección y disponibilidad del acusado, para que el juzgador pueda concluir por razonamientos e inferencias lógicas, que el acusado ha estado en su posesión. II.- El Juzgador a pesar de la prueba de cargo aportada por el Ministerio Publico no ha logrado motivar de manera convincente la desvinculación del acusado O. H. V. M. con la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS que se le atribuye, no obstante haber tenido por acreditado que los testigos, quienes fungían como agentes policiales, encontraron el arma de fuego de fabricación artesanal (chimba) en la calle de tierra donde capturaron al imputado luego de darle persecución ininterrumpida, habiendo observado los testigos en referencia, cuando el imputado lanzó el arma a dicha calle de tierra, es decir, aún cuando fue acreditado que dicha arma prohibida se encontraba colocada dentro de un ámbito o esfera espacial a la que tenia libre acceso el acusado y no obstante haberse tenido debidamente acreditado que el acusado hizo uso del arma de fuego para hacer disparos al aire momentos antes de su detención. Por lo expuesto esta Sala sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y por ende sobre la culpabilidad del procesado O. H. V. M., concluye que el A Quo no ha aplicado en forma debida la regla lógica de la sana critica, de derivación en la valoración de la prueba de cargo, y que de haberlo hecho correctamente podrían haberse derivado otras conclusiones, consecuentemente se declara Ha Lugar el motivo único de casación invocado por el recurrente. V. DECISIÓN El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el representante el Ministerio Público debe ser estimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362. 3) del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declara Ha Lugar, el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, invocado por el Ministerio Público en consecuencia, casa la sentencia. SEGUNDO: Declara la nulidad del fallo de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida y del debate en que se pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita otro debate, con jueces diferentes a los que participaron en el anulado. 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. -NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-271-2014.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Tribunal Supremo Español STS de 05 de abril, 26 de mayo y 05 de junio de 1992, 12 de febrero y 20 de noviembre del 1996.
[2] Sentencia de fecha 26 de abril del 2006, contenida en el Exp. No.228-2005.