Sentencia CP-266-13 — Registro 5875
Resumen
En primer instancia se condenó a los imputados por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y soborno doméstico.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA RECURRENTE N°1 Por Infracción de Ley Denunció la recurrente la infracción de ley por falta de aplicación del Artículo 369 A del Código Penal, consignando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que conforme se establecieron los hechos probados, en ellos se puede observar de que no sólo se conforma el delito de Abuso de Autoridad del imputado C. E. M. B., sino que además el de Uso y Tráfico de Influencias por el cual también acusó el ente acusador. Expresó además la impetrante, que en el factum de la sentencia se advierte que en los hechos se cumple con los requisitos para conformarse el tipo penal establecido en el artículo 369 A del Código Penal como ser: Funcionario Público utilizando ese cargo para prevalecerse de sus facultades y de su jerarquía, para llamar al policía M. Á. M. C. y solicitarle que dejasen pasar a un camión sin revisar por la posta policial de Talanga; es claro para la reclamante, que el acusado C. E. M. B. pretendía conseguirle un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a un tercero, en el presente caso a A. M. o A. C.. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la Aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de Derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la Interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Ante los cuestionamientos de la recurrente, esta Sala de lo Penal analiza únicamente la fundamentación fáctica de la sentencia para luego confrontarla con la norma penal que el censor considera no se aplicó, en este caso el artículo 369 A del Código Penal referente al Tráfico de Influencias. El artículo 369-A del Código Penal dispone: El funcionario o empleado público que influya en otro funcionario o empleado público prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o empleado para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de reclusión de cuatro a siete años, más una multa de cien mil (L.100,000.00) a ciento cincuenta mil Lempiras (L.150,000.00) e inhabilitación absoluta por el doble tiempo que dure la reclusión. Si obtiene el beneficio perseguido, la reclusión será de seis a nueve años, la multa igual al doble del beneficio obtenido y la inhabilitación de cinco a ocho años. Los elementos que constituyen este delito son los siguientes: a) Que el autor sea autoridad o funcionario público. b) Que el sujeto actúe con el propósito de conseguir directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. c) Que para lograrlo influya en otra autoridad o funcionario público prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad. Al analizar los hechos probados, fácilmente se puede colegir que los elementos objetivos del tipo penal regulado en el artículo 369 A no aparecen plasmados en la fundamentación fáctica, pues si bien se establece en ellos que el imputado C. E. M. B. es funcionario público y trató de influir en uno de sus compañeros para que dejasen pasar por la posta policial un camión transportando madera sin tener los papeles legales en orden, en ellos no se establece cuál fue el provecho económico o de otra índole que el acusado M. B. tendría al efectuar tal influencia ya sea para él o para un tercero,y ese elemento objetivo no fue así establecido por los juzgadores en el cuadro fáctico. Al faltar uno de los elementos objetivos del tipo penal de Tráfico de Influencia, no es posible armonizar o adecuar los hechos probados al delito cuestionado por el recurrente, por tanto es procedente desestimar el presente recurso de casación
Legislación citada
- Código Penal, art. 369, A (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Por Quebrantamiento de Forma. Impugnó el reclamante que el sentenciador incurrió en inobservancia a las reglas de la sana crítica, consignando como norma que le permite el presente recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el razonamiento judicial de los medios probatorios no respetó las reglas del recto entendimiento humano, pues en el caso del imputado A. M. A. C., solamente uno de los tres policías que declararon, específicamente M. C. fue el que recibió la llamada telefónica advirtiéndoles que llegaría una persona a dejar un dinero a cambio que el conductor detenido fuese liberado, pero dicha información es compartida con los otros dos oficiales y por sentido común debían estar alertas y esto creó animadversión a cualquier hecho futuro. Estableció además el recurrente que resta credibilidad a los testigos el hecho de que el teléfono del imputado no aparece en las llamadas recibidas por los policías. Recordemos que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. Para la resolución de la presente impugnación es necesario que se analicen los juicios de valor que utilizó el sentenciador para razonar las pruebas allegadas al juicio, evitando la revaloración del legajo probatorio, pues este proceso mental no compete a esta etapa casacional ya que no se tiene ese contacto con el desarrollo de las pruebas a través de la inmediación que sí posee el A-quo, por tanto nuestra función radica únicamente en determinar si los raciocinios del juez sentenciador cuentan con la coherencia y derivación que mandan las reglas del recto entendimiento humano. En la presente causa el censor incurre en inadecuada técnica recursiva porque si bien señala la regla supuestamente violentada, no indica cuales fueron los razonamientos del sentenciador que se alejaron de las reglas de la sana crítica, sino que comete el error de realizar una revaloración subjetiva de cómo el juez debió razonar la prueba, ejercicio mental que tal como lo dijimos no es permitido en esta etapa casacional. Ahora bien en aras del Derecho de Defensa que establece la Constitución de la República en su artículo 82 y del Derecho a recurrir el fallo regulado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, este Tribunal de Casación puede determinar que el juzgador valoró de forma correcta, conjunta y armónica todo el listado probatorio, pues sus razonamientos se encuentran debidamente relacionados y se derivan del resultado de las probanzas, aplicando correctamente las reglas de la sana crítica, por tanto es procedente desestimar la presente impugnación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,La sentencia en el Recurso de Casación SP 266-2013 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuestos contra la sentencia de fecha veinte de agosto del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor C. E. M. B., como autor del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, a la pena de TRES (03) años de reclusión.- SEGUNDO: Condenó al señor A. M. C. A., como autor del delito de COHECHO O SOBORNO DOMÉSTICO, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA a la pena de UN (01) AÑO de reclusión.- TERCERO: Condenó a los señores C. E. M. B. y A. M. C. A. a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- QUINTO: Declaró la responsabilidad civil de los señores C. E. M. B. Y A. M. C. A., la que deberá hacerse efectiva en la fase de ejecución de la sentencia.- SEXTO: Exonerar en el pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados en el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada K. L. M. P., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público y por Quebrantamiento de Forma el Abogado O. A. C. R., actuando en su condición de Defensor Privado del señor A. M. C. A..- Son Partes: la Abogada K. L. M. P. en su condición de Representante del Ministerio Público como Recurrente y Recurrida, y el Abogado O. A. C. R. en su calidad de Defensor Privado del imputado A. M. C. A. como Recurrente. II.- HECHOS PROBADOS. “PRIMERO: Que el día lunes 20 de marzo del año dos mil seis, entre las ocho y nueve de la noche, el sub Inspector de Policía, C. E. M. B., que se desempeñaba como Oficial de Planta de la Jefatura Departamental No 8 de la Dirección General Policía Preventiva con sede en Talanga, Francisco Morazán, realizó una llamada telefónica al Policía Preventivo de Tránsito M. A. M. . en la cual le consultaba sobre las personas que prestarían servicios de tres a seis de la madrugada del día siguiente, a lo cual, el Policía de Tránsito M. C., respondió que sería su persona, por lo que el oficial M. B. le dijo que a esa hora pasaría un amigo, el que se identificaría mediante dos pitos y que el vehículo en que éste se transportaba solicitaba que fuese un vehículo al que dejaran pasar. SEGUNDO: A raíz de esta llamada, el Policía M. C. informó la situación a sus compañeros, que se encontraban en la posta de tránsito que está en la calle principal de Talanga, que conduce del departamento de Olancho a Tegucigalpa, por lo que decidieron montar un operativo, entre el Policía M. C., F. N. O. y N. S.. TERCERO: A eso de las tres de la mañana, pasó un cabezal con un contenedor blanco, en que se transportaba A. M. y al pasar, entre el puente y la gasolinera, realizó el primer pitazo y al pasar por la posta, realizó el segundo pitazo, por lo que fue identificado por los Policías M., C., O. y S., quienes se aprestaron a detenerlo, resistiéndose el conductor a ello, hasta que le mostraron las armas. CUARTO: Al detenerse el señor A. le manifestó al Policía M. A. M. C., que el oficial M. B. tenía conocimiento de lo que acontecía, mientras tanto, M. C., al ir a la partes trasera del vehículo, en su interior observó que se transportaba madera, de la cual no presentó documentación alguna, siendo detenido inmediatamente por esta acción. QUINTO: Posteriormente a las tres treinta y cinco de la mañana, el oficial M., realizó una llamada al señor M. C., en la cual se le informó lo que había acontecido con el vehículo, en esa misma madrugada se recibieron varias llamadas de una persona no identificada al teléfono del Policía C., en las cuales le notificaban que una persona le buscaría para negociar sobre la liberación del conductor y que le entregaría una encomienda. SEXTO: A eso de las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana, llegó a la posta de tránsito, una camioneta color verde, marca Isuzu, placa PBG9792, con procedencia de Tegucigalpa, conducida por A. C. quien se bajó de la misma a la posta policial y preguntó por la persona del Policía M. C., contestándole el Policía F. N. O. O., que se trataba de él, haciéndose pasar por M. C., por lo que A. C. sacó de su bolsillo diez mil Lempiras, en denominaciones de cien, y los tiró sobre el escritorio de F. O. y le dijo, que ese dinero era a cambio de la libertad del conductor del camión A. A., siendo detenido de forma inmediata.” III.- RECURSO DE CASACIÓN RECURRENTE N°1 La Recurrente, Abogada K. L. M. P., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: UNICO MOTIVO: “Infracción por falta de aplicación del artículo 369-A del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probados los hechos siguientes: PRIMERO: Que el día lunes 20 de marzo de año dos mil seis, entre las ocho y nueve de la noche, el sub inspector de Policía, C. E. M. B., que se desempeñaba como Oficial de Planta de la Jefatura Departamental No. 8 de la Dirección General de la Policía Preventiva con sede en Talanga, Francisco Morazán, realizó una llamada telefónica al Policía preventivo de tránsito M. A. M. C., en la cual le consultaba sobre las personas que prestarían servicios de tres a seis de la madrugada del día siguiente, a lo cual, el policía de tránsito M. C., respondió que sería su persona, por lo que el oficial M. B. le dijo que a esa hora pasaría un amigo, él que se identificaría mediante dos pitos y que el vehículo en que este se transportaba solicitaba que fuese un vehículo al que dejaran pasar. SEGUNDO: A raíz de esta llamada, el Policía M. C. informó la situación a sus compañeros, que se encontraban en la posta de tránsito que está ubicada en la calle principal de Talanga, que conduce del departamento de Olancho a Tegucigalpa, por lo que decidieron montar un operativo entre el policía M. C., F. N. O. y N. S.. TERCERO: A eso de las tres de la mañana, pasó un cabezal con un contenedor blanco, en que se transportaba A. M. y al pasar entre el puente y la gasolinera, realizó el primer pitazo y al pasar por la posta, realizó el segundo pitazo, por lo que fue identificado por los policías M., C., O. Y S., quienes aprestaron a detenerlo, resistiéndose el conductor a ello, hasta que le mostraron las armas. CUARTO: Al detenerse el señor A. le manifestó al Policía M. A. M. C., que el oficial M. B. tenía conocimiento de lo que acontecía, mientras tanto M. C., al ir a la parte trasera del vehículo, en su interior observó que se transportaba madera, de la cual no presentó documentación alguna, siendo detenido inmediatamente por esta acción. QUINTO: Posteriormente a las tres treinta y cinco de la mañana, el oficial M., realizó una llamada al señor M. C., en la cual se le informó lo que había acontecido con el vehículo, en esa misma madrugada se recibieron varias llamadas de una persona no identificada al teléfono del Policía C., en las cuales le notificaban que una persona le buscaría para negociar sobre la liberación del conductor y que le entregaría una encomienda. SEXTO: A eso de las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana, llegó a la posta de tránsito, una camioneta color verde, marca Isuzu, placa PBG 9792, con procedencia de Tegucigalpa, conducida por A. C., quien se bajó de la misma a la posta policial y preguntó por la persona del Policía M. C., contestándole el Policía F. N. O., que se trataba de él, haciéndose pasar por M. C., por lo que A. C. sacó de su bolsillo diez mil Lempiras, en denominaciones de cien, los tiró sobre el escritorio de F. O. y le dijo, que ese dinero era a cambio de la libertad del conductor del camión, A. A., siendo detenido de forma inmediata”. De éste cuadro fáctico, el Tribunal Sentenciador ha establecido que la conducta ejecutada por el imputado C. E. M. B., se subsume en el delito de Abuso de Autoridad, tipificado en el artículo 349 numeral 2) del Código Penal y por ello le condena por éste delito, circunstancia ésta que el Ministerio Público comparte, pero no así se encuentra conforme en razón de que no le condena por el delito de Uso y Tráfico de Influencias tipificado en el artículo 369-A de la misma norma penal en comento, por el cual este Ente también acusó al procesado y se le dictó auto de prisión por orden emanada mediante sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones , y pese a que del mismo cuadro fáctico de la sentencia impugnada y que al efecto arriba trascribimos se desprende, que los mismos hechos logran subsumirse además en el delito por el cual se le condenó, de igual manera en el delito de Uso y Tráfico de Influencias, y es por ello que reprochamos el fallo por ser evidente la concurrencia de un vicio in iudicando por infracción de ley específicamente por la falta de aplicación del artículo 369-A de nuestro Código Penal, en fundamente de lo siguiente: El artículo anunciado como no aplicado establece: “El funcionario o empleado público que influya en otro funcionario o empleado público prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o empleado para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de reclusión de cuatro (4) a siete (7) años, más una multa de cien mil (L.100,OO.00) a ciento cincuenta mil (L.]50,000.00) lempiras e inhabilitación absoluta por el doble tiempo que dure la reclusión…………”. Es así que si concatenamos el fáctum del fallo en relación con el Precepto penal supraindicado, se advierte que en los hechos que contiene el primero, se cumple el requisito especial de admisibilidad del tipo penal argüido como no aplicado, como ser, que el señor C. E. M. B., al momento de suceder los hechos cuestionados ostentaba la condición de “funcionario público” al ser Oficial de la Policía Nacional; y que utilizó esa condición de “Oficial de Policía” para prevalecerse de las facultades de su cargo y jerarquía que desempeñaba como Oficial de Planta de la Jefatura Departamental No. 8 de la Dirección General de la Policía Preventiva con sede en Talanga, Francisco Morazán, para llamar al policía preventiva M. Á. M. C., a efecto de instruirle que dejase pasar por la posta de policía de la cual él era el Oficial de Planta, un vehículo de un amigo suyo el cual identificaría por qué haría dos pitos al pasar por dicha posta; no cumpliendo con dicha instrucción el policía M. C. por estimarle sospechosa, procede a requerir el vehículo en cuestión y resultando lo que se explica en el apartado cuarto del cuadro fáctico, es decir al hallazgo de madera que era transportada en su interior, sin documentación alguna que confirmase su licitud, lo que motivo a la detención del señor A. M. conductor del vehículo, previa resistencia a los policías y quien en ese momento le manifestó al policía M. C., que el Oficial M. B. ya tenía conocimiento de lo que acontecía, configurando claramente ello, lo que el jurista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico, Vigésimo tercera edición define entre otros como: “Solución de un problema”, pues según el encausado M. B., así es la aplicabilidad de la ley al impedir el transporte ilegal de productos forestales. Es así que resulta claro de estos hechos que el Oficial C. E. M. B., pretendía conseguirle un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a un tercero, en esta caso bien era al señor A. M., o bien al señor A. C., quien también resultó condenado por el delito de Cohecho, por pretender sobornar mediante pago al policía M. Á. M. C. a cambio de la liberación del señor M., todo esto también contenido en el mismo fáctum de la sentencia sub judice. Es por ello que resulta clara la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal tipificado en el artículo 369-A del Código Penal y es en estos términos que solicitamos debe resolver esa Honorable Sala de lo Penal al declarar con lugar el presente motivo, casando la sentencia y se proceda a condenar al señor C. E. M. B. por la comisión de este ilícito, así como el confirmar el fallo en lo que respecta al delito por el cual ya había sido previamente condenado.” RECURRENTE N°2. El recurrente Abogado O. A. P. formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: No haber observado el Sentenciador, en la Valoración de la prueba, las Reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, imputados a mi representado, A. M. C. A., se desarrollaron, como prueba, las siguientes: las declaraciones de: M. Á. M. C., F. N. O. O. y N. A. S., todos ellos elementos policiales que refieren el evento que se le imputa a mi Patrocinado; además un vaciado telefónico, acta de decomiso o secuestro de vehículos, entre ellos camioneta verde, una cantidad de dinero de Lps.10,0000.00 y la copia certificada del Libro de Novedades de la Sub Estación Policial de Talanga. Como prueba de Descargo se recepcionaron las siguientes: las declaraciones de: A. Y. B. D., cliente del señor A. C., y R. C. M., empleado de mi Patrocinado. De la valoración realizada por el Tribunal Sentenciador, a los mencionados medios probatorios, se colige que el razonamiento judicial no respecto las reglas de la sana crítica, al haber inobservado aspecto de consistencia en las declaraciones de los testigos de cargo y al mismo tiempo despreciar la consistencia de los testigos de descargo. Al examen de las pruebas allegadas al proceso, especialmente aquellas que señalan participación del señor A., es decir, los tres testimonios de los policías, exponen inconsistencia que en aplicación de la lógica, especialmente de la vigencia del Principio de Razón Suficiente, que deberían de haber restado credibilidad de los mismos, esos aspectos son: Solamente una de los tres policías, M. C., recibió la llamada telefónica en la que se indicaba que llegaría una persona a entregar una cantidad de dinero a cambio de liberar a una persona detenida y entregar un camión que dicha persona conducía, dicha información es compartida con los otros dos elementos policiales, y, por aplicación de sentido común y el conocimiento básico de la Psicología, dicho evento tuvo que poner en estado de alerta a los mismos, es decir, se generó una predisposición a interpretar cualquier hecho futuro a dicha información, acomodando cualquier evento posterior a la recepción de dicha información a cumplimiento de la misma, esa programación emocional (ofrecida por el conocimiento básico de la psicología y el sentido común) es una aspecto que al ser despreciado erige el escenario necesario para conformar una vulneración a la Ley de Razón Suficiente, como explicaremos más adelante. Otro aspecto que constituye una inconsistencia que resta credibilidad a testigos de cargo es el hecho de que sostiene que una camión, que venía a gran velocidad, se detuvo porque le apuntaron a las llantas, tal y como ello lo exponen (N. A. S.), la dinámica de los hechos no respetan el sentido común, es improbable que un grupo de policías constituida por 3 personas se ubiquen en distancias tales que permitan que una vez que ha rebasado el primer hombre, el otro tenga la posibilidad de intimidar al conductor y detener el vehículo, no estimar esto es inobservar las máximas de la experiencia y pone en crisis la credibilidad de los testigos por lo que pierden consistencia y por ende no debería de utilizarse como fundamento de la sentencia. La credibilidad también se ve disminuida cuando no se logra precisar la identidad y responsabilidad en la elaboración de los documentos propios de autenticidad de las piezas de convicción que se decomisaron en relación con los eventos, la imposibilidad de poder individualizar esa responsabilidad y la posterior aparición de los documentos (actas de decomiso), así como la inconsistencia entre las horas narradas en el Libro de Novedades y las horas que ellos refieren en sus deposiciones. Un extremo que no aporta consistencia a las declaraciones que sirvieron de fundamentó a la sentencia es el hecho que, en relación con mi cliente, no existe ningún teléfono que lo vincule a las llamadas de teléfono que coordinaban la actividad ilegal que se juzga, el no observar este extremo, en una valoración conjunta, el Tribunal de Sentencia ha incurrido en otra vulneración al Principio de Razón Suficiente. Otra vulneración a las Reglas de la Sana Crítica lo constituye el desprecio que se hace de las declaraciones de la señora A. Y. B. D., que señala la actividad de mi Poderdante e indica que el día de los hechos saló de su casa muy temprano, lo que ha sido interpretado por el Tribunal de Sentencia como un aspecto que confirma su presencia en lugar de detención, y se deduce indebidamente que ello es como partícipe del lugar, esa conclusión extraída de los dichos de la testigo no son más que una vulneración a la Ley de Razón Suficiente, ya que eso no es lo que la testigo informa, la información que proporciona es usada en conjunto con las declaraciones inconsistentes de los policías y se pretende con ello darle una apariencia de verosimilidad a una aseveración que, resulta por la misma inconsistencia de la prueba, inutilizable como fundamento de la sentencia. A ello habrá que sumarie que la actividad ilícita que se juzga implica una actividad nocturna de sus participantes, y la testigo referida en ningún momento alude que el señor A. haya estado en actividad por la noche, dice que durmió en el sitio y que salió temprano, se evidencia que el señor A. corrió con tan mala suerte que fue ubicado en el momento y el lugar equivocado. Esto se evidencia más claramente cuando observamos la declaración del señor R. C. M., quien alude ser el acompañante del señor A. al momento de su detención, deposición misma que es despreciada por que, según el Tribunal de Sentencia, se opone a lo dichos por los policías, pero sucede, como ya lo hemos expuesto, que esos dichos no son consistentes y por ende no pueden servir para despreciar esta declaración, lo cual constituye una vulneración al Principio de Razón Suficiente, al no logra extraer estas conclusiones de las informaciones que se brindaron. Por otro lado, habrá que recordar lo que señalásemos al principio de este motivo, se había generado una predisposición en los elementos policiales que participaban en el operativo, que cualquiera que meridianamente reuniera los requisitos de la supuesta persona que llegase, camioneta verde, sería abordado como culpable, situación que refuerza la certeza sobre la no participación de mi cliente. El sentido común no permite concluir que los policías hayan decidido hacer un operativo para detener un camión y después suspendido cuando se les dijo que llegaría un vehículo con dinero como soborno, la misma aptitud que provocó que ellos detuvieran el camión, hubiese alimentado una decisión de dejar el operativo para detener al sobornante, no se acomoda al sentido común que lo hayan suspendido y manifiesten que estaban en la Posta cuando detuvieron a mi cliente; es evidente que lo sucedido es producto del ánimo de los policías de hacer su trabajo y la mala suerte de mi cliente de cruzar por el lugar con dinero y en una camioneta que reunía los requisitos de la esperada. Por lo anterior nos atrevemos a sostener que toda esta actividad probatoria no fue debidamente valorada, porque de haber sido así se hubiese absuelto a mi poderdante; el sentenciador, al no lograr extraer esta información de esas pruebas, incurrió en una infracción a las Reglas de la Sana Crítica. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA RECURRENTE N°1 Por Infracción de Ley Denunció la recurrente la infracción de ley por falta de aplicación del Artículo 369 A del Código Penal, consignando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que conforme se establecieron los hechos probados, en ellos se puede observar de que no sólo se conforma el delito de Abuso de Autoridad del imputado C. E. M. B., sino que además el de Uso y Tráfico de Influencias por el cual también acusó el ente acusador. Expresó además la impetrante, que en el factum de la sentencia se advierte que en los hechos se cumple con los requisitos para conformarse el tipo penal establecido en el artículo 369 A del Código Penal como ser: Funcionario Público utilizando ese cargo para prevalecerse de sus facultades y de su jerarquía, para llamar al policía M. Á. M. C. y solicitarle que dejasen pasar a un camión sin revisar por la posta policial de Talanga; es claro para la reclamante, que el acusado C. E. M. B. pretendía conseguirle un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a un tercero, en el presente caso a A. M. o A. C.. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la Aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de Derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la Interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Ante los cuestionamientos de la recurrente, esta Sala de lo Penal analiza únicamente la fundamentación fáctica de la sentencia para luego confrontarla con la norma penal que el censor considera no se aplicó, en este caso el artículo 369 A del Código Penal referente al Tráfico de Influencias. El artículo 369-A del Código Penal dispone: El funcionario o empleado público que influya en otro funcionario o empleado público prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o empleado para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de reclusión de cuatro a siete años, más una multa de cien mil (L.100,000.00) a ciento cincuenta mil Lempiras (L.150,000.00) e inhabilitación absoluta por el doble tiempo que dure la reclusión. Si obtiene el beneficio perseguido, la reclusión será de seis a nueve años, la multa igual al doble del beneficio obtenido y la inhabilitación de cinco a ocho años. Los elementos que constituyen este delito son los siguientes: a) Que el autor sea autoridad o funcionario público. b) Que el sujeto actúe con el propósito de conseguir directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. c) Que para lograrlo influya en otra autoridad o funcionario público prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad. Al analizar los hechos probados, fácilmente se puede colegir que los elementos objetivos del tipo penal regulado en el artículo 369 A no aparecen plasmados en la fundamentación fáctica, pues si bien se establece en ellos que el imputado C. E. M. B. es funcionario público y trató de influir en uno de sus compañeros para que dejasen pasar por la posta policial un camión transportando madera sin tener los papeles legales en orden, en ellos no se establece cuál fue el provecho económico o de otra índole que el acusado M. B. tendría al efectuar tal influencia ya sea para él o para un tercero,y ese elemento objetivo no fue así establecido por los juzgadores en el cuadro fáctico. Al faltar uno de los elementos objetivos del tipo penal de Tráfico de Influencia, no es posible armonizar o adecuar los hechos probados al delito cuestionado por el recurrente, por tanto es procedente desestimar el presente recurso de casación. RECURRENTE N°2: Por Quebrantamiento de Forma. Impugnó el reclamante que el sentenciador incurrió en inobservancia a las reglas de la sana crítica, consignando como norma que le permite el presente recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el razonamiento judicial de los medios probatorios no respetó las reglas del recto entendimiento humano, pues en el caso del imputado A. M. A. C., solamente uno de los tres policías que declararon, específicamente M. C. fue el que recibió la llamada telefónica advirtiéndoles que llegaría una persona a dejar un dinero a cambio que el conductor detenido fuese liberado, pero dicha información es compartida con los otros dos oficiales y por sentido común debían estar alertas y esto creó animadversión a cualquier hecho futuro. Estableció además el recurrente que resta credibilidad a los testigos el hecho de que el teléfono del imputado no aparece en las llamadas recibidas por los policías. Recordemos que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. Para la resolución de la presente impugnación es necesario que se analicen los juicios de valor que utilizó el sentenciador para razonar las pruebas allegadas al juicio, evitando la revaloración del legajo probatorio, pues este proceso mental no compete a esta etapa casacional ya que no se tiene ese contacto con el desarrollo de las pruebas a través de la inmediación que sí posee el A-quo, por tanto nuestra función radica únicamente en determinar si los raciocinios del juez sentenciador cuentan con la coherencia y derivación que mandan las reglas del recto entendimiento humano. En la presente causa el censor incurre en inadecuada técnica recursiva porque si bien señala la regla supuestamente violentada, no indica cuales fueron los razonamientos del sentenciador que se alejaron de las reglas de la sana crítica, sino que comete el error de realizar una revaloración subjetiva de cómo el juez debió razonar la prueba, ejercicio mental que tal como lo dijimos no es permitido en esta etapa casacional. Ahora bien en aras del Derecho de Defensa que establece la Constitución de la República en su artículo 82 y del Derecho a recurrir el fallo regulado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, este Tribunal de Casación puede determinar que el juzgador valoró de forma correcta, conjunta y armónica todo el listado probatorio, pues sus razonamientos se encuentran debidamente relacionados y se derivan del resultado de las probanzas, aplicando correctamente las reglas de la sana crítica, por tanto es procedente desestimar la presente impugnación. V.- DECISIÓN Ante los argumentos vertidos es procedente declarar sin lugar los Recursos de Casación interpuestos por el Ministerio Público y por la Defensa Privada. VI.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado De Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 númeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362.3, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada K. L. M., en su condición de representante del Ministerio Público en la causa instruida contra C. E. M. B. a quien se le condenó por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado O. A. C. R., en su condición de Defensor Privado del imputado A. M. A. C. a quien se le condenó por el delito de COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA PONENTE.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de Mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-266-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL