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Sentencia CP-262-13 — Registro 5856

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de violación especial. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...IV. FUNDAMENTACION JURÍDICA. Primer Motivo de Casación 1) El recurrente ha denunciado que el Juez A-quo incurrió en transgresión a las Reglas de la Sana Crítica, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el quebranto a las Reglas del correcto entendimiento humano surge al momento en que el Sentenciador realizó los juicios de valor de los siguientes medios probatorios: a) D. M. A. M., quien es la menor ofendida y contaba con 13 años de edad cuando se fue a vivir con el acusado; b) Dictamen Médico de Evaluación Física a la menor ofendida en la cual se encontró ruptura antigua de himen; c) Declaración del imputado A. G. P. quien confirmó que estaba haciendo hogar con la menor ofendida, que no sabía que ella era menor y que ignoraba que tener relaciones con una menor era delito, afirmó que la perjudicada D. se encuentra viviendo en la casa del acusado con su mamá. Para el denunciante, el Tribunal Sentenciador al razonar la prueba estableció que no existió violación, pues no existió fuerza ni intimidación y si hubo el consentimiento de la víctima, situaciones que no se tipifican en el delito; además expresó el Juzgador en la Fundamentación Jurídica, que las pruebas evacuadas llevan a concluir que no existió el delito de violación especial por existir un error de prohibición, ya que ni el imputado ni la supuesta ofendida sabían las consecuencias de los actos que estaban realizando, por inmadurez de ambos y con un claro desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico penal; razonamientos que violentan las regla de la lógica en su postulado de razón suficiente. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la Valoración de las Pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal Hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la Motivación Lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre si se anulen; c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Para resolver la presente impugnación, es necesario imbuirnos en los raciocinios que esgrimió el Sentenciador para valorar las pruebas evacuadas en el juicio y luego del análisis correspondiente determinar si en la confección de sus conjeturas utilizó correctamente las reglas de la sana crítica o por el contrario se alejó de los lineamientos que ellas disponen. Al analizar los razonamientos del Sentenciador se puede concluir que sus juicios de valor son coherentes y racionales en relación al legajo probatorio, pues si bien la ofendida D. M. A. M. estableció que por su propia voluntad se fue con el acusado para formar un hogar, este hecho no lesionó ni puso en peligro efectivo el bien jurídico protegido que es la indemnidad sexual, pues la intención del imputado A. G. P. no era dañar o lastimar a la ofendida, sino que conformar una familia, institución de la sociedad que también es protegida por nuestra Constitución de la República y por varios instrumentos de Derechos Humanos; en ese sentido el Juzgador ha efectuado un razonamiento correcto y acorde a las reglas del recto entendimiento humano. Por otro lado el Sentenciador argumentó su fallo absolutorio en la observancia de un Principio de Doctrina legal como el Error de Prohibición, mediante el cual el imputado desconoce el carácter ilícito de su actuar lo cual es contrario al Principio Legal que nadie puede alegar ignorancia de la Ley (Artículo 6 del Código Civil), por lo que el responsable de un hecho delictivo no puede invocar con éxito el desconocimiento total o parcial de las normas jurídicas. Sin embargo, ese desconocimiento podría existir por tratarse de sujetos no integrados del todo en la sociedad (grupos marginales o incluso en ciertos países, la situación de comunidades indígenas que no se encuentran integradas desde un punto de vista cultural[1]), que es el caso del señor A. G. P., quien es una persona de condición humilde, cuyo oficio es jornalero y originario de Catacamas, Departamento de Olancho, lugar geográfico de nuestro país en donde existen muchos grupos marginados y étnicos, y en donde las practicas de unirse con menores de edad son bastantes comunes debido a la cultura de esas regiones y a la costumbre que desde antaño han observado en sus familias, por tanto el desconocimiento que manifiesta el imputado, acerca de que ignoraba que vivir maritalmente con una menor era delito, es totalmente lógico debido a su poca escolaridad y falta de madurez tal como lo afirmó el Tribunal A-quo. Por tanto su razonamiento al aplicar este principio fue en correcta aplicación de la Regla Lógica de la Derivación, pues sus conclusiones se desprenden de las pruebas que corroboran sus argumentos. En ese sentido es procedente desestimar el primero motivo de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

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Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Denunció el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en motivación jurídica contradictoria, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el impetrante que en la fundamentación jurídica del fallo el sentenciador afirmó que en la presente causa se había presentado un error de prohibición ya que ni el imputado ni la ofendida sabían las consecuencias jurídicas de sus actos, pero en otro apartado de su fundamentación jurídica consideró que no se quebrantó el Estado de Inocencia del imputado por falta de pruebas, por tanto sus razonamiento son totalmente contradictorios entre si y por tanto irreconciliables. 2) Al decir que la motivación de las Sentencias debe tener como requisito la Logicidad y de forma específica la Coherencia, se refiere a que deben guardar una debida relación y concordancia, resulta que la contradicción de esos argumentos resta esa cualidad, ya que implica la existencia de juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurrirá cuando existiera una contradicción entre la Valoración Probatoria y los Hechos Probados, o entre estos y la Fundamentación Jurídica o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica. Es natural que exista control Casacional sobre la contradicción en la motivación, puesto que ello resta seguridad a la decisión que se toma por el Juzgador, al fundamentarse en argumentos o Juicios excluyentes, por lo que se dudaría de lo acertado de la decisión[2]. 3) Ante los planteamientos vertidos por el censor, analiza esta Sala de lo Penal que los argumentos del Sentenciador no se presentan como contradictorios, sino que complementarios, en tanto de que aún y cuando no existiera un error de prohibición acreditado en la presente causa, tampoco procedería la condena del acusado, pues las pruebas aportadas no son suficientes para enervar el Estado de Inocencia, y esto es así debido a que la propia ofendida y el acusado afirmaron que se fueron a vivir juntos porque querían formar una familia, es más, la ofendida aun vive en la casa de su suegra esperando que el imputado salga para conformar el hogar por el cual tomaron la decisión de unirse maritalmente, en ese sentido y tal como lo analizamos en el motivo anterior, no se cumple lo regulado en el artículo 2C del Código Penal, es decir que no se puso en peligro efectivo el bien jurídico protegido, es decir no consuma el Principio de Lesividad conocido también como Principio de Exclusiva Protección de Bienes Jurídicos y como Principio de Ofensividad, el cual proclama que las conductas tipificadas por el legislador como delito deben ser expresión de la efectiva puesta en peligro o lesión de un bien jurídico determinado. En general ha de entenderse por bien jurídico: “Todo bien, estado de cosas o unidad funcional social, de carácter ideal, proveniente de la persona o del orden social comunitario que, por estimarse valioso e indispensable para el digno, justo y responsable desarrollo del individuo o de la colectividad en democracia y libertad, está jurídico-penalmente protegido”. El Principio de Lesividad ha supuesto la evolución de una Antijuridicidad meramente formal, que estimaba conveniente para considerar delictivo un comportamiento determinado, su mera tipificación como tal por el Legislador Positivo, incluyéndolo al efecto en el Código Penal o en Leyes Penales Especiales, a una Antijuricidad Material, que se plasma en la idea de dañosidad social. Esta idea de lesividad o dañosidad social del Bien Jurídico puede enunciarse afirmando que “No hay hecho punible sin Bien Jurídico vulnerado o puesto en peligro”. Este principio, enseña Ferrajoli[3], impone a la ciencia y a la práctica jurídica, precisamente la carga de la demostración de la lesividad de la conducta. De este modo, la necesaria lesividad del resultado, cualquiera que sea la concepción que de ella tengamos. En ese orden de ideas, los argumentos a los que arribó el Sentenciador en la Fundamentación Jurídica no son contrapuestos sino que más bien complementarios, de forma tal que no sólo existía el argumento de error de prohibición para absolver al imputado, sino que además prueba insuficiente debido a que, del legajo probatorio aportado no se colige que se haya puesto en peligro efectivo ningún bien jurídico protegido que merezca un reproche penal, por tanto este segundo motivo de casación debe ser desestimado

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Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 262-2013 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la Sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al Señor A. G. P., del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la menor D. M. A. M.. 2) NO CONDENÓ al imputado A. G. P. en Costas Procesales ni Personales, ocasionados por dicho Juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado C. C. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Es parte: El Abogado S. C. A. en su condición de Representante del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRENTE. II. HECHOS PROBADOS. ÚNICO: Que en fecha Doce (12) de Marzo del año Dos Mil Doce (2012), a eso de las Doce del medio día (12:00 p.m.), la joven D. M. A. M., salió de su casa de habitación con el pretexto de traer agua donde un vecino de nombre L., y a ver que la menor se tardaba la madre de ésta señora B. A. M., decidió buscarla y observó que no se encontraba por lo que le pregunto al señor S. V., si había visto a su hija, manifestándole este que sí, que la había visto abrazándose con el señor A. G. P., y que posteriormente se la había llevado en una motocicleta, que en fecha 20 de Marzo del año 2012, la madre de la menor fue a buscarla a la casa de habitación del señor A. G. P., en el barrio San José de la ciudad de Catacamas Departamento de Olancho, pero ninguno de los dos se encontraba (Imputado y Ofendida), y que en horas de la noche del mismo día antes mencionado se presentó el hoy imputado A. G. P., en Compañía de la menor D. M. A. M., y le manifestó que desde el 12 de Marzo del año 2012, ellos estaban teniendo relación de pareja y que la misma era consentida y que la menor se había ido de su casa por tener problemas con su madre, que posteriormente fue la madre de la ofendida a interponer la denuncia ante la autoridad competente quienes capturaron al joven A. G. P., y quien tiene más de un año de estar cumpliendo la Medida Cautelar de Prisión Preventiva y durante todo este tiempo la ofendida ha convivido con la madre del imputado ya que ella manifiesta que desea continuar con la relación de pareja con el imputado ya que su suegra la trata mejor que su madre, y que quiere a su marido que lo esperaría todo el tiempo que sea necesario y que no lo visita en el centro penal porque es menor de edad y no la dejan pasar, pero que ella se ha ido con su voluntad.” III. RECURSO DE CASACIÓN. EL RECURRENTE ABOGADO C. C. A. M., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.” PRIMER MOTIVO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio inobservó al momento de valorar la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Se presentó como medio de prueba testifical la declaración de la ofendida D. M. A. M., quien declaró “Mi mamá lo fue a denunciar pero ella no sabía con quien me había ido yo, ella se dejo llevar por los vecinos que le decían que procedieran en el caso porque ella no lo conocía, pero ahora que ella se da cuenta quien es él, se ha arrepentido, ella no vino porque está enferma. A Preguntas del Ministerio Público, la testigo contesta: ¿Cuánto tiempo fueron novios con A.? C. un meses; ¿Cuánto tiempo tenias de conocerlo a él? C. cuatro meses; ¿Por qué te fuiste con el señor A.? C. Porque lo quería; ¿De quién fue la idea de irte? C. de formar un hogar; ¿para donde te fuiste? C. para la casa de él; ¿Cómo ha sido la relación con tu mamá? C. bien a veces voy a visitarla, ¿sabías que estos hechos constituyen un delito? C. en el momento no lo pensé, pero ahora sí. Se presentaron como medios de prueba documentales los siguientes: 1).- Informe investigativo remitido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal; 2) Certificación de nacimiento de la ofendida D. M. A. M., inscrita con el número 0801-1998-12195, misma que establece que nació en el Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el día uno de Junio del año 1998, hija del señor C. H. A. M. y B. Á. M. M., con esta certificación se acreditó que la menor tenia trece años cuando sucedió el hecho. 2).- Dictamen Médico de Evaluación Física: número 027-2012 realizado por la Doctora M. J. G., Perito Oficial del Ministerio Público, evaluación de fecha 21 de Marzo del año 2012, la cual en sus conclusiones establece; Área Genital VULVA: de aspecto normal, no lesiones visibles, no dolorosa no sangrante; PERINE: sin alteraciones para la edad, ni lesiones; HIMEN: con rupturas antiguas (mayor de diez días) a las 5 y 7 horas según manecillas de reloj; no escotaduras. ANO: Sin dilatación refleja menor de 20 segundos, tono esfínter rectal normal, no laceraciones, no borramiento de pliegues. 3) declaración rendida por la señora B. Á. M. M. en la audiencia inicial. Haciendo uso de su derecho de defensa contemplado en nuestro sistema jurídico, el Señor A. G. P., declaró lo siguiente: “yo nunca lo hice con una mala intención, hasta yo solo me fui a entregar a la policía ellos me fueron a buscar y no me hallaron y yo fui a la policía porque no sabía porque me nadaban buscando, yo con ella estaba haciendo hogar A PREGUNTAS DEL Ministerio Público: ¿En qué fecha se dieron esos hechos? C. 26 de Marzo; ¿En qué fecha te entregaste? C. El 26 a las seis de la tarde; ¿Vos sostuviste una relación con D.? C. Sí; ¿Cuánto tiempo? C. un mes y medio; ¿El día que ella se fue con vos dónde estabas? C en el trabajo pero ella me llamó por teléfono. ¿Para donde se fueron? C. para la casa mía; ¿sabías que d. era menor de edad? C. no; ¿lograste tener comunicación con la señora B.? C. sí, pero por teléfono; ¿Qué le dijiste? C. que estaba bien D., que no se preocupara que la tenía en mi casa. ¿Cuántos días estuviste con ella? C. como 10 días; ¿sabías que tener relaciones con una menor de 14 años constituye delito de violación? C. No; ¿Qué intenciones tenían? C: formar hogar; ¿La mamá de D. fue a buscarla? C: No; ¿A dónde ha estado viviendo D. mientras has estado en el centro penal? C: en mi casa con mi mamá. El Juzgador en la Valoración de la Prueba la Sentencia impugnada, en el apartado Segundo, párrafo número dos, expresa lo siguiente: “Este Tribunal considera que con estas declaraciones se tiene claro que no hubo tal violación ya que para que exista dicho delito éste tiene que ser por la fuerza, intimidación y sin el consentimiento de la víctima u ofendida, circunstancia que no se tipifican en la presente acción”. De lo anterior se desprende que el juzgador básicamente fundamenta su decisión de absolver al acusado, por estimar que no existió en la acción del ejecutado, intimidación ni fuerza sobre la víctima, así como tampoco la ausencia de consentimiento de la Ofendida; afirmación completamente errónea si tomamos en consideración que la imputación, que realizó el Ministerio Público, al encausado fue el delito de Violación Especial contemplado el artículo 140, tercer párrafo numeral 1 del Código Penal, que establece que: ‘Son casos de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza... la víctima sea menor de catorce (14) años”, de ahí que la valoración probatoria realizada por el sentenciador y las conclusiones a las que éste arribó, no resultan coherentes ni lógicas, ya que se encuentra plenamente acreditado, como producto de las deposiciones realizadas del imputado y la ofendida, así como de la prueba documental que se incorporó al proceso, que éstos sostuvieron relaciones sexuales y que su intención era formar un hogar, de ahí que lo expresado por el Tribunal de Sentencia, en el sentido que no hay delito porque no ha concurrido la violencia, amenaza o la falta de consentimiento de la menor, resulta totalmente irrelevante, ya que como se ha indicado, la norma penal únicamente exige, para la configuración del delito de violación especial, el acceso carnal con una menor de catorce (14) años, tal y como ha ocurrido en el caso subjudice. Ante situaciones similares a la anterior, la Honorable Sala de lo Penal, ha establecido lo siguiente: “Estima que en el presente caso, el hecho probado descrito por él A Quo, en la Sentencia recurrida, inalterable en casación, se ajusta perfectamente al tipo penal de violación especial. El tipo penal configura el tipo de violación especial cuando la víctima es menor de catorce y mayor de doce años de edad. No se requiere para esta modalidad delictiva la presencia de violencia o amenaza, por cuanto el bien jurídico protegido es la libertad sexual de las personas de corta edad, comprendidas específicamente entre los catorce y doce años de edad, parte de la concepción de que tales personas son especialmente vulnerables y susceptibles de convertirse en víctimas inocentes de delitos sexuales, considerando la ausencia o falta de madurez física y mental, En el caso concreto, el hecho probado declara que la menor al momento en que el acusado sostuvo con ella relaciones tipo sexual, tenía trece años de edad. En este sentido, la corta y temprana edad de la ofendida, que cursaba apenas los primeros años de su educación secundaria, debía ser evidente y fácilmente apreciable para el acusado, y este sabia o debía saber que sostener relaciones sexuales con una mujer de muy corta edad, concretamente con la ofendida, siendo notoria su corta edad, podía acarrearle, como en efecto ha sucedido, consecuencias jurídicas de tipo penal. No se requiere en consecuencia que se haya probado que el imputado conocía o debía saber la edad exacta de la ofendida, basta entonces haber acreditado más allá de toda duda, por una parte, el acceso carnal consumado del autor sobre la víctima, siendo esta una persona de muy corta edad, y su voluntad, ánimo e intención libidinosa de copular o yacer sexualmente, aprovechándose de la especial condición de vulnerabilidad o desprotección de ésta, atendiendo especialmente a la circunstancia de su corta edad, comprobada esta condición objetivamente, como ha sucedido en el presente caso. No justifica el accionar del autor, que después de consumada su acción diga, que no conocía la edad de la ofendida, pues obviamente el seductor antes de empezar a actuar, debe reflexionar y asegurarse que no se trata de una persona de corta edad.” (Ver sentencia No 272-2008 de fecha 1110912007). Sabemos que el tipo penal de violación especial, delito por el cual se inicio este proceso, tiene como objetivo proteger la indemnidad sexual de los menores, ya que por su minoría de edad y consecuente inmadurez, no cuentan con las condiciones necesarias para poder discernir y posteriormente decidir sobre su vida sexual, de tal suerte que el legislador con la puesta en vigencia de dicha norma, de manera implícita, ha despojado a los menores de la disposición de su libertad sexual, situación que se ve justificada por la necesidad de garantizar en el futuro de la menor, de una vida sexual sana (ya que la práctica sexual temprana coloca al practicante en situaciones que van, en consecuencia de su inmadurez biológica, desde el hecho de que su cuerpo no está preparado para una de las posibles consecuencias de esa vida sexual, como lo es el embarazo, hasta malformaciones de tipo emocional en el campo sexual, que imposibilitan el pleno disfrute de relaciones emocionales con otras personas). Si bien en algunas situaciones se ha sostenido que existen menores que exhiben un alto grado de madurez, el legislador ha decidido que por ese pequeño porcentaje no podemos poner en riesgo a toda la población menor y permitirles una disposición de libertad sexual que los colocaría en una situación de alto riesgo, por lo que ha optado por sustraerla temporalmente de la gama de libertades del individuo (mientras es menor). Es así que se puede sostener, en caso sub judice y por la carencia de madurez y discernimiento de la víctima, que no sea sorprendente que ella pretenda exculpar al imputado e intentar justificar su accionar. A la sombra de la Sana Crítica, podemos señalar que la declaración de la menor ofendida y del propio imputado sirve para acreditar los siguientes extremos: 1.- que la víctima y el procesado sostenían una relación amorosa; Que el encausado y la ofendida decidieron iniciar una vida marital, para tal efecto él se la llevo para su casa de habitación, ubicada en el Barrio San José, de la ciudad Catacamas, Olancho; 3.- Que el imputado y la ofendida tuvieron relaciones sexuales; y 4.- Que la ofendida al momento de los hechos era menor de catorce años, como se puede apreciar tanto del acta de nacimiento como de la declaración de la misma. Los hechos probados se constituyen como la conclusión a que ha llegado el Juzgador ante el análisis de la prueba evacuada en juicio, en el presente caso podemos apreciar que en los mismos no se establece que la ofendida, al darse el hecho, era un persona menor de catorce años, si bien es cierto lo refiere al momento de valorar la prueba, también lo es el hecho de que su exclusión de los Hechos Probados ha imposibilitado la interposición de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, además de erigirse como una vulneración a la Ley de Derivación que se afirma con la Ley de Razón Suficiente, la que obliga al Juzgador a abordar a una conclusión producto de los elementos brindados por las pruebas evacuadas en el proceso; es evidente que en el presente caso al no determinarse en la conclusión (Hechos Probados) de la sentencia impugnada, que la ofendida era menor de catorce años de edad se ha incurrido en una violación a la Sana Crítica. Otra desacierto por parte del Juzgador, queda evidenciado en apartado de la fundamentación jurídica, en su numeral Primero, cuando éste expresa lo siguiente: “Los hechos que esta Judicatura ha declarado probados y en los cuales el acusado A. G. P., no ha tenido participación material directa, después de ser analizados concienzudamente por éste Tribunal Juzgador, hemos llegado a la conclusión axiomática que los mismos no son constitutivos del injusto penal de VIOLACION ESPECIAL, en virtud de las pruebas evacuadas, ya que según la Doctrina lo que se dio en el presente caso de mérito es un Error de Prohibición, ya que ni el imputado y la supuesta ofendida sabían las consecuencias de los actos que estaban realizando, por inmadurez de ambos, y un claro desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico penal, que no da salidas alternas a éste tipo de casos por lo que existen no lagunas legales, sino que océanos legales, ya que esta fuera de toda realidad social, la tipificación de dicho ilícito penal como es la Violación Especial.

En cuanto al hecho de sostener el Juzgador que el imputado, por la inmadurez de ambos y por desconocimiento del ordenamiento jurídico penal, justifica la acción cometida por el acusado, debemos indicar que al estructurar dicho razonamiento no es posible determinar dichos elementos desemboquen en el desconocimiento de la penalidad de una acción; es decir, el Tribunal Sentenciador no expone como es que los elementos Inmadurez y desconocimiento de la Ley lo han dirigido a determinar que el imputado no sabía la ilicitud de su accionar, ese razonamiento carece de conexión lógica, francamente viola la Ley de Identidad, que afirma la lógica, dicho principio debe entenderse que las premisas que conforman la operación lógica deben de contenerse en la conclusión, al no ser así se está infringiendo las leyes de la Lógica, por consiguiente el Tribunal Sentenciador ha incurrido en la violación de las reglas de la Sana Crítica. Sobre este aspecto, la Honorable Sala de lo Penal, en un caso similar al presente se ha manifestado de la siguiente manera:”…. 3) El aspecto toral del recurso sin duda lo es la fustigación al llamado error de prohibición en que el sentenciador fundó su fallo absolutorio y sobre todo al raciocinio empleado para derivar esa conclusión, el censor enfatiza el error al no encontrar asidero a la conclusión de que los escasos recursos económicos y un nivel de educación bajo, justifica el desconocimiento de la norma que se utiliza para entablar la acusación, arguye con buen criterio que no es posible determinar que la pobreza y la falta de instrucción desemboquen en el desconocimiento de la penalidad de una acción; no se expone como es que los elementos pobreza y falta de instrucción la han restringido a determinar que el imputado no sabía la ilicitud de su accionar lo que carece de conexión lógica, por lo que es flagrante la violación a las reglas de la sana critica….. Nótese como el Juzgador arriba a esa conclusión sin acudir a un elemento probatorio formalmente incorporado en juicio,…...por lo que esta sala sin prejuzgar la responsabilidad del imputado, estima que la correcta aplicación de las reglas de la sana critica pudo llevar a concluir que el imputado no ignoraba el ilícito penal en consecuencia arribar a un fallo diferente, por consiguiente procede el motivo invocado. Ver sentencia No.SP-64-2008 de fecha 25 de Marzo de 2010. Con lo establecido por la Honorable Sala de lo Penal, sin lugar a dudas, el Juzgador equivoca la valoración dada a los medios de prueba evacuados en legal y debida forma, justificando su sentencia absolutoria, en el hecho de que el acusado no conocía la normativa legal penal, situación que la Sala de lo Penal, ha considerado ya en otras Sentencias, y donde a establecido que esta clase de acciones se ajusta a lo establecido en el artículo 13 del Código penal, ya que esta responde a la intención que tuvo el autor al ejecutar la acción en contra de dicha menor, no siendo justificación alguna esta valoración expresada por el Juzgador. El precepto internacional enmarcado en el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone; “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. En el presente caso la resolución emitida por el Tribunal Sentenciador se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los menores, y es así, en tanto que las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, se encuentran afectadas al ser disminuidas al extremo de darles visos de legalidad a una vulneración de los derechos de la niña en el caso sub judice, generando una apariencia de anulación de los derechos que le asisten, específicamente al derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, como parece que sucede en el presente caso al no procurarse la sanción del responsable de la vulneración en los derechos del niño y por consiguiente dejando al desamparo de cualquier protección estatal los derechos específicos de la menor.” EL RECURRENTE MANIFIESTA EN SU SEGUNDO MOTIVO: “Adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica contradictoria”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La motivación para ser lógica debe responder a las leyes del entendimiento humano, con la especial característica de ser coherente, es decir constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, debiendo para ello ser congruente, no contradictoria e inequívoca. El vicio que hoy se alega se pone de manifiesto en la sentencia proferida, cuando en los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Juzgador se denota irrespeto a dicho principio de coherencia al no existir congruencia en el contenido de la sentencia que constituye un todo armónico, al haber entrado el juzgador en juicios inconciliables, es decir contradictorios en su Fundamentación Jurídica. En virtud de lo anterior procedemos a examinar lo esgrimido por el Juzgador al momento de emitir la sentencia de mérito, específicamente en el numeral Primero de la fundamentación jurídica que refiere lo siguiente: “Los hechos que esta Judicatura ha declarado probados y en los cuales el acusado A. G. P., no ha tenido participación material directa, después de ser analizados concienzudamente por éste Tribunal Juzgador, hemos llegado a la conclusión axiomática que los mismos no son constitutivos del injusto penal de VIOLACION ESPECIAL, en virtud de las pruebas evacuadas, ya que según la Doctrina lo que se dio en el presente caso de mérito es un Error de Prohibición, ya que ni el imputado y la supuesta ofendida sabían las consecuencias de los actos que estaban realizando, por inmadurez de ambos, y un claro desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico penal, que no da salidas alternas a éste tipo de casos por lo que existen no lagunas legales, sino que océanos legales, ya que esta fuera de toda realidad social, la tipificación de dicho ilícito penal como es la Violación Especial...” (Lo subrayado es nuestro).En el mismo apartado de Fundamentación Jurídica de la Sentencia Impugnada, en su numeral Segundo, párrafo segundo, el Juzgador establece lo siguiente: “.... siendo que el representante del Ministerio Público no facilitó a éste Tribunal de Sentencia pruebas contundentes que quebrante el estado de inocencia que favorece al imputado, en virtud del cual se le debe de dictar un fallo Absolutorio, por falta de pruebas en la presente causa, ya que para emitir un fallo condenatorio el Tribunal de Sentencia tiene que tener la claridad que fue el imputado quien cometió dicho ilícito penal tomando como referencia la pena tan gravosa como lo es en el presente caso de una Violación Especial, y el Tribunal en el presente caso tiene demasiadas dudas en cuanto a la culpabilidad del imputado por lo que se tiene que absolver según nuestra normativa Penal Vigente”. (Lo subrayado es nuestro).Como podrá observarse de la simple lectura de estos dos párrafos de la Fundamentación Jurídica de la Sentencia, donde en el primero el Juzgador manifiesta que lo que existió es un Error de Prohibición, ya que ni el imputado y la supuesta ofendida sabían las consecuencias de los actos que estaban realizando, ya que ambos ratificaron que si sostuvieron relaciones sexuales; y en el numeral segundo de la misma Fundamentación el Juzgador establece que el Ministerio Público no facilitó al Tribunal pruebas contundentes que quebranten el estado de inocencia del acusado ya que para emitir un fallo condenatorio el Tribunal tiene que tener la claridad que fue el imputado quien cometió dicho ilícito. Por lo cual queda en evidencia que el razonamiento esgrimido por el Juzgador en éste apartado de fundamentación jurídica, específicamente en el numeral primero y segundo, resultan completamente contradictorios entre sí y por lo tanto irreconciliables ya que uno excluye al otro, pues refiere en primera instancia la existencia de un error de prohibición y luego manifiesta insuficiencia probatoria que determine la responsabilidad del imputado. En virtud de lo anterior, el razonamiento del Juzgador resulta incoherente, considerando que una resolución motivada debe abarcar indefectiblemente la motivación jurídica en la que se razone sobre la calificación penal de los hechos conforme los hechos declarados como probados, su participación y demás circunstancias, y en el presente proceso es manifiesta la contradicción a la cual arribó el Juzgador, al no haber expuesto de una forma clara y terminante, y sin lugar a dudas en el relato fáctico, que el imputado realizó la acción a él reprochada, invocando en primer lugar la existencia de un error de prohibición que lo exima de responsabilidad penal, y en segundo lugar una insuficiencia probatoria, por lo tanto al haber invocado al mismo tiempo estas causales para dictar un fallo absolutorio, sin que los criterios plasmados en la sentencia por el Juzgador, deducidos de las probanzas allegadas al proceso, nos condujeran indefectiblemente a dicha conclusión, hace patente el vicio que ahora se reprocha. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” IV. FUNDAMENTACION JURÍDICA. Primer Motivo de Casación 1) El recurrente ha denunciado que el Juez A-quo incurrió en transgresión a las Reglas de la Sana Crítica, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el quebranto a las Reglas del correcto entendimiento humano surge al momento en que el Sentenciador realizó los juicios de valor de los siguientes medios probatorios: a) D. M. A. M., quien es la menor ofendida y contaba con 13 años de edad cuando se fue a vivir con el acusado; b) Dictamen Médico de Evaluación Física a la menor ofendida en la cual se encontró ruptura antigua de himen; c) Declaración del imputado A. G. P. quien confirmó que estaba haciendo hogar con la menor ofendida, que no sabía que ella era menor y que ignoraba que tener relaciones con una menor era delito, afirmó que la perjudicada D. se encuentra viviendo en la casa del acusado con su mamá. Para el denunciante, el Tribunal Sentenciador al razonar la prueba estableció que no existió violación, pues no existió fuerza ni intimidación y si hubo el consentimiento de la víctima, situaciones que no se tipifican en el delito; además expresó el Juzgador en la Fundamentación Jurídica, que las pruebas evacuadas llevan a concluir que no existió el delito de violación especial por existir un error de prohibición, ya que ni el imputado ni la supuesta ofendida sabían las consecuencias de los actos que estaban realizando, por inmadurez de ambos y con un claro desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico penal; razonamientos que violentan las regla de la lógica en su postulado de razón suficiente. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la Valoración de las Pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal Hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la Motivación Lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre si se anulen; c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Para resolver la presente impugnación, es necesario imbuirnos en los raciocinios que esgrimió el Sentenciador para valorar las pruebas evacuadas en el juicio y luego del análisis correspondiente determinar si en la confección de sus conjeturas utilizó correctamente las reglas de la sana crítica o por el contrario se alejó de los lineamientos que ellas disponen. Al analizar los razonamientos del Sentenciador se puede concluir que sus juicios de valor son coherentes y racionales en relación al legajo probatorio, pues si bien la ofendida D. M. A. M. estableció que por su propia voluntad se fue con el acusado para formar un hogar, este hecho no lesionó ni puso en peligro efectivo el bien jurídico protegido que es la indemnidad sexual, pues la intención del imputado A. G. P. no era dañar o lastimar a la ofendida, sino que conformar una familia, institución de la sociedad que también es protegida por nuestra Constitución de la República y por varios instrumentos de Derechos Humanos; en ese sentido el Juzgador ha efectuado un razonamiento correcto y acorde a las reglas del recto entendimiento humano. Por otro lado el Sentenciador argumentó su fallo absolutorio en la observancia de un Principio de Doctrina legal como el Error de Prohibición, mediante el cual el imputado desconoce el carácter ilícito de su actuar lo cual es contrario al Principio Legal que nadie puede alegar ignorancia de la Ley (Artículo 6 del Código Civil), por lo que el responsable de un hecho delictivo no puede invocar con éxito el desconocimiento total o parcial de las normas jurídicas. Sin embargo, ese desconocimiento podría existir por tratarse de sujetos no integrados del todo en la sociedad (grupos marginales o incluso en ciertos países, la situación de comunidades indígenas que no se encuentran integradas desde un punto de vista cultural[1]), que es el caso del señor A. G. P., quien es una persona de condición humilde, cuyo oficio es jornalero y originario de Catacamas, Departamento de Olancho, lugar geográfico de nuestro país en donde existen muchos grupos marginados y étnicos, y en donde las practicas de unirse con menores de edad son bastantes comunes debido a la cultura de esas regiones y a la costumbre que desde antaño han observado en sus familias, por tanto el desconocimiento que manifiesta el imputado, acerca de que ignoraba que vivir maritalmente con una menor era delito, es totalmente lógico debido a su poca escolaridad y falta de madurez tal como lo afirmó el Tribunal A-quo. Por tanto su razonamiento al aplicar este principio fue en correcta aplicación de la Regla Lógica de la Derivación, pues sus conclusiones se desprenden de las pruebas que corroboran sus argumentos. En ese sentido es procedente desestimar el primero motivo de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Denunció el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en motivación jurídica contradictoria, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el impetrante que en la fundamentación jurídica del fallo el sentenciador afirmó que en la presente causa se había presentado un error de prohibición ya que ni el imputado ni la ofendida sabían las consecuencias jurídicas de sus actos, pero en otro apartado de su fundamentación jurídica consideró que no se quebrantó el Estado de Inocencia del imputado por falta de pruebas, por tanto sus razonamiento son totalmente contradictorios entre si y por tanto irreconciliables. 2) Al decir que la motivación de las Sentencias debe tener como requisito la Logicidad y de forma específica la Coherencia, se refiere a que deben guardar una debida relación y concordancia, resulta que la contradicción de esos argumentos resta esa cualidad, ya que implica la existencia de juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurrirá cuando existiera una contradicción entre la Valoración Probatoria y los Hechos Probados, o entre estos y la Fundamentación Jurídica o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica. Es natural que exista control Casacional sobre la contradicción en la motivación, puesto que ello resta seguridad a la decisión que se toma por el Juzgador, al fundamentarse en argumentos o Juicios excluyentes, por lo que se dudaría de lo acertado de la decisión[2]. 3) Ante los planteamientos vertidos por el censor, analiza esta Sala de lo Penal que los argumentos del Sentenciador no se presentan como contradictorios, sino que complementarios, en tanto de que aún y cuando no existiera un error de prohibición acreditado en la presente causa, tampoco procedería la condena del acusado, pues las pruebas aportadas no son suficientes para enervar el Estado de Inocencia, y esto es así debido a que la propia ofendida y el acusado afirmaron que se fueron a vivir juntos porque querían formar una familia, es más, la ofendida aun vive en la casa de su suegra esperando que el imputado salga para conformar el hogar por el cual tomaron la decisión de unirse maritalmente, en ese sentido y tal como lo analizamos en el motivo anterior, no se cumple lo regulado en el artículo 2C del Código Penal, es decir que no se puso en peligro efectivo el bien jurídico protegido, es decir no consuma el Principio de Lesividad conocido también como Principio de Exclusiva Protección de Bienes Jurídicos y como Principio de Ofensividad, el cual proclama que las conductas tipificadas por el legislador como delito deben ser expresión de la efectiva puesta en peligro o lesión de un bien jurídico determinado. En general ha de entenderse por bien jurídico: “Todo bien, estado de cosas o unidad funcional social, de carácter ideal, proveniente de la persona o del orden social comunitario que, por estimarse valioso e indispensable para el digno, justo y responsable desarrollo del individuo o de la colectividad en democracia y libertad, está jurídico-penalmente protegido”. El Principio de Lesividad ha supuesto la evolución de una Antijuridicidad meramente formal, que estimaba conveniente para considerar delictivo un comportamiento determinado, su mera tipificación como tal por el Legislador Positivo, incluyéndolo al efecto en el Código Penal o en Leyes Penales Especiales, a una Antijuricidad Material, que se plasma en la idea de dañosidad social. Esta idea de lesividad o dañosidad social del Bien Jurídico puede enunciarse afirmando que “No hay hecho punible sin Bien Jurídico vulnerado o puesto en peligro”. Este principio, enseña Ferrajoli[3], impone a la ciencia y a la práctica jurídica, precisamente la carga de la demostración de la lesividad de la conducta. De este modo, la necesaria lesividad del resultado, cualquiera que sea la concepción que de ella tengamos. En ese orden de ideas, los argumentos a los que arribó el Sentenciador en la Fundamentación Jurídica no son contrapuestos sino que más bien complementarios, de forma tal que no sólo existía el argumento de error de prohibición para absolver al imputado, sino que además prueba insuficiente debido a que, del legajo probatorio aportado no se colige que se haya puesto en peligro efectivo ningún bien jurídico protegido que merezca un reproche penal, por tanto este segundo motivo de casación debe ser desestimado. V. DECISIÓN. Ante los fundamentos expresados esta Sala de lo Penal declara sin lugar los dos motivos de casación que por quebrantamiento de forma se ha presentado. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numeral 3 y 369 del Código Procesal Penal; 2C del Código Penal. FALLA: ÚNICO: DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Dos Motivos, interpuestos por el Abogado C. C. A. M., en su condición de Representante del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor A. G. P. por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de D. M. A. M. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de Marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-262-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid Sentencia de Casación Penal N° SP 121-2013 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 25 de abril del 2013

[2] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, Septiembre del 2004. Página 599.

[3] FERRAJOLI, Luigi. En Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal.