Sentencia CP-25-13 — Registro 5770
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Asociación Ilícita, Robo Agravado y Violación Agravada, resolviendo en segunda instancia Parcialmente Ha Lugar el recurso de casación a favor de uno de los imputados.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SUS TRES MOTIVOS, INTERPUESTOS POR EL ABOGADO F. O. M. EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DEFENSOR DEL IMPUTADO P. D. C. H.. I.- En virtud que los tres motivos de Casación por infracción de ley que ha presentado el Recurrente están íntimamente relacionados, esta Sala de lo Penal, en aras de la logicidad que debe mantener toda sentencia, procede a resolverlos en un mismo apartado. II.- Expuso el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en Infracción por Aplicación Indebida de los Artículos 140, 217 y 32 del Código Penal; consignando como Precepto Autorizante el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el recurrente que conforme a las normas penales relacionadas y partiendo de los Hechos Probados en el cual se establece el actuar criminoso de varias personas, fácilmente se puede llegar a la conclusión que el imputado P. D. C. H. no participó en la violación, pues no se declara como probado que el imputado haya efectuado los elementos objetivos del tipo, pues en ellos se hace referencia a que el acusado “acariciaba sus senos y vagina mientras introducía sus dedos en la boca de la joven” lo que bajo ningún punto puede considerar como el delito de Violación Agravada. Expresó también el Recurrente que, en relación al Artículo 217 del Código Penal que también establece que se aplicó de manera indebida, se puede observar en los hechos probados que al joven P. D. C. H. no se declara ninguna acción por el cual se le considere subsumible en el tipo penal de robo agravado continuado; en tal sentido, al no describirse en el hecho las acciones que realizó el señor P. D. en el delito de Robo, no puede ajusticiársele también por ese delito. Por último advirtió el impetrante que se aplicó indebidamente el Artículo 32 del Código Penal referente a quienes nuestra legislación penal considera autores de un delito, puesto que el Sentenciador a establecido que existe una coautoría cuando al leer los hechos probados se puede establecer que la misma no aplica al señor P. D. C. H., pues en los hechos probados el referido imputado aparece como mero espectador y su participación no es importante, pues si él no hubiera participado, los otros imputados igual hubieran ejecutado el hecho. III.- Ya lo hemos reiterado en varios fallos, que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una Revaloración Jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de Hechos Probados realizada por el Tribunal de Instancia. A la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de Derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los Hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. IV.- Esta Sala de lo Penal, debe enfocar su estudio en la Fundamentación Fáctica de la Sentencia, para luego compararlos con las normas penales utilizadas por el Sentenciador para responsabilizar las acciones de los imputados y determinar con ello, si son armónicos y encajan de manera perfecta o por el contrario son antagónicos a los mismos. Los Hechos probados refieren que el día 11 de noviembre del 2006 a las 10:00 de la noche las ofendidas se conducían en un vehículo, cuando a la altura de un restaurante fueron interceptadas por el señor D. A. F. y otro desconocido que se conducían en un taxi; igualmente por el señor J. DE J. R. quien se transportaba en una motocicleta con otra persona desconocida; quienes obligaron a las jóvenes con arma de fuego a detener la marcha de su vehículo, siendo abordado por D. A. F. y a quienes despojó de los bienes personales que portaban (joyas, dinero, celulares y una cámara fotográfica); en ese momento el señor D. A. F. utilizando el teléfono despojado a las ofendidas, hizo varias llamadas a diferentes personas, en donde les manifestaban que ya tenían listo el paquete, que alistaran la casa y que se aseguraran que no los viesen en la pulpería; siendo dirigidas a la casa del señor R. A. A. C. ubicada en la colonia Miramelinda. Al llegar a la casa de habitación, les esperaban varias personas de sexo masculino, obligaron a las jóvenes a desnudarse y les acostaron en dos camas matrimoniales separadas; la joven J. L. fue abusada sexualmente por D. A. F., J. DE J. R. Y R. A. A., mientras tanto P. D. C. acariciaba sus senos, vagina e introducía sus dedos en la boca de la joven; al mismo tiempo, la ofendida R. E. fue abusada sexualmente por D. A. F., J. DE J. R. Y R. A. A.; mientras tanto, P. D. C. permanecía en la misma habitación, observando los hechos, burlándose de las jóvenes y tomando fotografías. Después de que las jóvenes fueron agredidas sexualmente, abordaron el carro turismo propiedad de R. E., al cual D. A. F., J. DE J. R. Y R. A. A. le sustrajeron accesorios entre ellos el radio, las alfombras y la llanta de repuesto; y posteriormente fueron trasladadas a su casa de habitación. V.- Estos Hechos que fueron declarados por el Sentenciador como probados, relatan como los imputados participaron de acciones meditadas que respondían a un plan preconcebido por todos, pues desde el momento en que son interceptadas las ofendidas, primero por un taxista donde se trasladan 2 imputados y también por una motocicleta donde se transportan otros 2 acusados, era porque todo respondía a una repartición de funciones, y con sus acciones aseguraban que las ofendidas no fueran a escapar de sus captores; así mismo el hecho que el imputado D. realizara llamadas a varias personas advirtiéndoles que estaba listo el paquete, que arreglaran la casa y que cuidaran no ser vistos por la gente de la pulpería, acredita sin lugar a dudas que sus actuaciones respondían a un reparto de Funciones propio de la Coautoría. Ahora bien, este Tribunal de Casación considera dos puntos importantes: I.- La clasificación de los tipos penales que puede partir de las modalidades que adoptan sus elementos: 1) Según las modalidades de la acción. 2) Según los sujetos: A) Delitos Comunes y Delitos Especiales. B) También implica una restricción de la esfera de sujetos idóneos los delitos de propia mano, que exige contacto corporal (como suele afirmarse de los delitos sexuales) o realización personal (como se dice en Alemania de la bigamia). En ambos casos se cierra el paso a la posibilidad de comisión del delito, utilizando a otro como instrumento (Autoría Mediata) [9]. En ese sentido debemos concluir, que las agresiones sexuales son Delitos de Propia mano, en el cual se requiere una relación física entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, pues solo puede cometerlo el autor que realiza personalmente la conducta típica, en el caso de la violación solo puede ser cometida por el que tiene acceso carnal, pues puede ser autor el que tiene los caracteres que están exigidos en el tipo objetivo. II.- El Concepto de Autor y los tipos de Autoría y Participación. El Verdadero autor de un hecho seria en efecto, aquél que lo realiza y del que se puede afirmar que es suyo [10]. Para establecer quien actúa como autor y quien como partícipe, la doctrina ha establecido varias teorías que intentan determinar cuando se es autor de un delito y cuando es un mero cómplice; así las cosas, encontramos una Teoría muy usada en nuestra jurisprudencia denominada la Teoría del Dominio del Hecho. Dice Santiago Mir que esta Teoría constituye la opinión dominante en la doctrina alemana actual. Tiene su origen en el finalismo y en su tesis de que en los delitos dolosos es autor quien domina finalmente la ejecución del hecho del mismo modo que ve lo decisivo de la acción en el control final del hecho. Maurach resume el sentido de la teoría diciendo que es autor, porque tiene el dominio del hecho, quien tiene dolosamente en sus manos el curso del suceder típico. Para Jescheck esta teoría tiene las siguientes consecuencias: i. Siempre es autor quien ejecuta por su propia mano todos los elementos del tipo; ii. Es autor quien ejecutara el hecho utilizando a otro como instrumento (autoría mediata); iii. Es autor el coautor que realiza una parte necesaria de la ejecución del plan global (dominio funcional del hecho) [11]. Si analizamos el Artículo 32 de nuestro Código Penal, podremos descubrir que prácticamente nuestra legislación penal acoge esta Teoría del Dominio del Hecho como suya, pues establece: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho (Autor propiamente dicho), los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo (Autoría Mediata) y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado (Coautoría).” Por tanto, es aceptado que los Tribunales de la República utilicen esta Teoría para determinar de manera más factible la participación de los autores en hechos en donde han participado varios imputados. En cuanto a la COAUTORÍA Mir Puig establece que son coautores los que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho. Los Coautores son autores porque comenten el delito entre todos. Los Coautores se reparten la realización del tipo de autoría. Como ninguno de ellos por si solos realiza completamente el hecho, no puede considerarse a ninguno partícipe del hecho de otro. Lo acertado es pues, considerar coautores no solo a los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos ellos pertenece el hecho, que es obra inmediata de todos, los cuales comparten su realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar [12]. De lo antes relacionado podemos concluir, que son coautores los que realizan de forma conjunta un hecho, es decir, debe existir entre los hechores un acuerdo precedente o previo y además participar cada uno de ellos de manera “esencial” en la ejecución del mismo. VI.- Esta Sala de lo Penal considera, que según el relato de Hechos Probados la participación del imputado P. D. C. H. en el delito de Violación no puede considerarse como una COAUTORÍA, en primer lugar porque tal como lo explicamos en el apartado anterior, este tipo de agresiones sexuales son considerados delitos de propia mano, en el cual se requiere un contacto corporal entre sujeto activo y sujeto pasivo, y en segundo lugar la participación del señor P. D. C. H. según la Fundamentación Fáctica, no fue esencial ni necesaria para que se ejecutara el delito de violación, es decir, para que los otros imputados abusaran sexualmente de las ofendidas, pues sus acciones correspondieron a tocar las partes íntimas de las perjudicadas y tomarles fotografías con el celular con el cual habían despojado a una de ellas. Muy distinto sería el caso en el que, alguno de los imputados haya sostenido por la fuerza a una de las perjudicadas para que sus compañeros la agredieran sexualmente, en ese caso sus acciones si serian esenciales para ejecutar el hecho y si podríamos catalogarlo como un Coautoría, pero en el caso examiné, el señor P. D. C. H. nunca tuvo contacto corporal o sexual con ninguna de las ofendidas, sino que únicamente realizó tocamientos en sus partes íntimas. Ahora bien, si se desprende del cuadro Fáctico que el imputado P. D. C. H. realizó acciones que pueden tener como consecuencia un reproche penal. El Capítulo I del Título II del Libro Segundo del Código Penal, contiene una serie de tipos penales que protegen los bienes jurídicos: libertad sexual y la Indemnidad Sexual. Debe de entenderse por Libertad Sexual, aquella que posee toda persona a partir de los catorce años de edad y que esté en pleno uso y goce de sus facultades intelectivas (Razón) y volitivas (Voluntad), la cual, en un sentido positivo consiste en el derecho de servirse de su propio cuerpo para el disfrute sexual, de seleccionar en cada caso y de manera libre su pareja sexual, y de elegir los actos sexuales que desea realizar, así como lo relativo a lugar, tiempo y condiciones, siempre que ello no implique disminución o transgresión de la libertad sexual o la indemnidad sexual de otras personas; pero además, la libertad sexual en su sentido negativo es la posibilidad que tiene esa persona de negarse en cada caso, a ejecutar actos sexuales o de tolerar actos sexuales de otros y de tomar esa decisión sin ningún tipo de restricción, condicionamiento o incluso cuestionamiento de parte de terceros. Entre los delitos que protegen la libertad sexual encontramos el tipificado en el artículo 141 del Código Penal que contiene el DELITO DE ACTOS DE LUJURIA, regulado de la siguiente manera: “Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior (Art. 140: Delito de Violación), hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años, aún cuando haya consentido el acto, o siendo mayor de esa edad, el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de la razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia, la pena anterior se incrementará en un medio (1/2). Cuando los Actos de Lujuria consistan en la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales u otros orificios naturales o artificiales que simulen los órganos sexuales del cuerpo del sujeto pasivo, el culpable será sancionado con pena de reclusión de diez (10) a quince (15) años”. Como puede apreciarse, el tipo penal está regulado de manera muy compleja al hacer su análisis se trata de un delito de: 1)Sujeto Activo y pasivo: Puede presentarse como sujeto activo un hombre o una mujer, igualmente como sujeto pasivo un hombre o una mujer; 2) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual consiste en realizar actos de lujuria, entendido como tales todas aquellas acciones que objetivamente representen una limitante o restricción a la libertad sexual del sujeto pasivo y subjetivamente representen un placer sexual o libidinoso para el sujeto activo; 3) Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso del delito de actos de lujuria están contempladas en el artículo 140 del Código Penal (por remisión del artículo 141), prevista de dos maneras: a) Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acto de lujuria, sino que bastará con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo; b) Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación la amenaza idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo y/o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo o de parte de otra persona asociada, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, pero además constituye intimidación para efectos de éste tipo penal, cuando se produce la amenaza de provocar un mal o cuando se ejerce materialmente violencia en el cónyuge, compañero(a) de hogar o cualquier pariente del sujeto pasivo dentro de los grados del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, provenida del sujeto activo o de cualquier persona asociada con éste. Como elemento subjetivo, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir, que conozca y quiera realizar los actos de lujuria conseguido a través de cualquiera de las dos modalidades criminosas explicadas. El tipo penal de Actos de Lujuria además de proteger la libertad sexual, también se encarga de proteger la indemnidad sexual, cuando en su segundo párrafo establece el delito de Actos de Lujuria Especial, siendo estos los ejecutados en perjuicio de una persona menor de catorce años, aún cuando ésta haya consentido los mismos, consentimiento que se considera viciado, o cuando dichos actos sea en perjuicio de la persona con trastorno mental transitorio o permanente que no le permita razonar o exteriorizar su consentimiento [13]. VII.- La Sala de lo Penal, al confrontar los hechos declarados probados fijados en la sentencia impugnada con el ámbito situacional previsto en el tipo penal de actos de lujuria, específicamente a las acciones cometidas por el imputado P. D. C. H. fácilmente se puede concluir que dichos hechos son típicos al encuadrarse en los elementos objetivos y subjetivos del delito de Actos de Lujuria Agravados. El hecho probado señala como el acusado P. D. C. H., valiéndose de que la ofendida J. L. C. F. se encontraba indefensa y no podía oponer resistencia, pues era abusada sexualmente por los otros co-imputados, tocó los genitales y los senos de la joven e introdujo sus dedos en la boca, actos que realizó para efectos de satisfacción sexual, además de ello, miraba y tomaba fotos del acto sexual a que eran sometidas las víctimas; por tanto del cuadro fáctico se desprende que la ofendida J. L. no pudo oponer resistencia a los hechos libidinosos del que era objeto por parte del imputado P. D. puesto que, simultáneamente estaba siendo violada por otro de los co-imputados; tales circunstancias encaja de manera perfecta en el segundo párrafo del Artículo 141 del Código Penal al referir que, se agravará la pena en ½ cuando la víctima por cualquier causa no pueda oponer resistencia.- En ese sentido, es procedente dictar una nueva sentencia en la cual se absuelva al señor P. D. C. H. del delito de VIOLACIÓN AGRAVADA en perjuicio de R. E. E. C. Y J. L. C. F., pero debe considerársele responsable penalmente del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS contra la joven J. L. C. F.. Para la determinación de la pena concreta se toma en consideración las agravantes expuestas por el Tribunal A-quo que son las establecidas en el numeral 12 y 21 del Artículo 27 del Código Penal, pero también se consideran las atenuantes presentadas por la defensa del imputado P. D. C. H. consistentes en que no posee antecedentes penales y así como varias constancias acerca de su comportamiento dentro del centro penal y sus relaciones personales y de comportamiento mientras vivía en la colonia miramelinda, por tanto, al encontrarnos en igual número de agravantes y atenuantes es procedente establecer la pena mínima señalada para éste delito, cuya pena abstracta aumentándole el medio (½) que establece el artículo 141 penúltimo párrafo, corresponde entre los términos de siete años (7) años seis (6) meses y Doce (12) años de reclusión. VIII.- Otro de los cuestionamientos que realizó el Recurrente, es que se infringió el Artículo 217 del Código Penal referente al delito de Robo por el cual fueron condenados los procesados; pues consideró que en el caso de su representado los Hechos Probados no establecían que éste haya despojado de pertenencia alguna a las ofendidas. Al respecto, este Tribunal de Casación es del criterio, que desde el momento en que se establece que existe un plan preconcebido entre los imputados y que existió repartición de funciones, pues de los hechos se desprende que algunos tenían la tarea de interceptar a las perjudicadas, otros de cuidar que no les vieran de la pulpería, otros de tener la casa lista y otros de despojarle las pertenencias personales y de las cosas del vehículo en el que se transportaban las ofendidas, en el caso específico del señor P. D. C. H., los hechos en primer lugar lo ubican en la casa a donde fueron trasladadas las ofendidas, es decir, él era uno de los procesados que las estaban esperando, refieren además los sucesos que él era el encargado de tomarle fotografías a las jóvenes con los teléfonos y la cámara digital que precisamente habían despojado a las ofendidas, por tanto se acredita que también tuvo disponibilidad de las cosas robadas a las jóvenes, en tal sentido se considera que también es responsable como Coautor del delito de Robo. Igualmente, este Tribunal de Casación comparte la posición del A-quo al considerar el Robo como Agravado y Continuado, puesto que el Artículo 219 inciso 1 de Código Pena, claramente establece que se agravará la responsabilidad de aquellos acusados que hayan ejecutado los hechos en cuadrilla, en el caso de autos participaron aproximadamente 12 personas pero solo fueron habidos 4 imputados, por tanto la agravante a que hace referencia el precitado artículo también se subsumen con los hechos probados; de igual manera el Sentenciador consideró continuado el delito de Robo puesto que el Artículo 37 del Código Penal claramente establece que cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se consideraran como uno solo continuado; en el caso subjudice son dos las víctimas del Robo las jóvenes R. E. E. Y J. L. C. a quienes les despojaron en primer lugar de sus pertenencias personales –celular, dinero en efectivo, cámara filmadora etc.- Y de igual forma, a la joven R. E. E., quien es la propietaria del automotor en la que se transportaban ese día de los hechos, le sustrajeron el radio y otros accesorios del carro, por lo tanto concluimos que en un mismo momento se cometieron dos robos en personas distintas; en ese orden de ideas es correcta la apreciación del Juez A-quo al considerar los hechos como un Robo Agravado Continuado. Por todo lo antes expuesto y relacionado, es procedente declarar parcialmente a lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado F. O. M.. Se mantiene incólume el resto de la sentencia en sus valoraciones y parte dispositiva en cuanto al resto de co-imputados. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre los Motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuestos por el Recurrente, en virtud de haber prosperado el Recurso de Casación por Infracción de Ley, con los efectos jurídicos que ello conlleva..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el doce de enero de dos mil dieciséis, por medio de la SALA DE LOPENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la Sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a los señores R. A. A. C., D. A. F. R., J. DE J. R. y P. D. C., por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) CONDENANDO a los señores R. A. A. C., D. A. F. R., J. DE J. R. y P. D. C., por dos delitos de VIOLACIÓN AGRAVADA en perjuicio de R. E. E. C. y J. L. C. F..-a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN para cada delito de violación, haciendo un total de TREINTA Y SEIS (36) AÑOS DE RECLUSIÓN, para cada imputado. 3) CONDENANDO a los señores R. A. A. C., D. A. F. R., J. DE J. R. y P. D. C., por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO en perjuicio de R. E. E. C. y J. L. C. F. a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL.- 4) NO CONDENÓ en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho Juicio.- Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, las Abogadas A. M. D., S. O. F. y L. A. R., actuando en su condición de Defensoras Públicas de los encausados P. D. C., D. A. F. R., J. DE J. R. y R. A. A. C.; y el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado F. O. M., en su condición de Defensor Privado del encausado P. D. C. H..- SON PARTES: El Abogado A. A. G. en su condición de DEFENSOR PÚBLICO de los señores D. A. F. R., J. DE J. R. y R. A. A. C. y El Abogado F. O. M. en su condición de Defensor Privado del encausado P. D. C. H.; ambos como parte recurrente y la Abogada D. R. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO. El día 11 de noviembre del año dos mil seis, a eso de las diez de la noche, las jóvenes R. E. E. C. Y J. L. C. F. se conducían a bordo de un vehículo marca Toyota, modelo Corolla propiedad de R. E. E. C., y cuando circulaban con rumbo hacia la colonia Jardines del Valle de esta ciudad, a la altura del restaurante Rancho Palos Blancos, fueron interceptadas por el señor D. A. F. R., y otro individuo desconocido que se conducían en un vehículo turismo con número de registro de taxi 1062 y por el señor J. DE J. R.. quien igualmente en compañía de otra persona, se transportaba en una motocicleta, en seguida este último haciendo uso de un arma de fuego, obligó a las jóvenes a detener la marcha del vehículo y les ordenó a R. E. E. C., se trasladara al asiento trasero del pasajero y a J. L. C. F. a los asientos traseros, luego subió al carro de las jóvenes, tomó el control del mismo y lo condujo en dirección al boulevard que va al hospital Mario Catarino Rivas, lugar en donde abordó el carro el señor D. A. F. R., de inmediato ambos despojaron a las jóvenes de bienes personales que portaban, como ser joyas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una cámara fotográfica, en tanto el señor D. A. F. R. utilizando el teléfono móvil de J. L. C. F., realizó varias llamadas a varias personas en donde les manifestaba, que ya tenían listo el paquete que alistaran la casa, y que se aseguraran que no los vieran de la pulpería, dirigiéndose a una casa de habitación, propiedad de los padres de R. A. A. C., ubicada en la colonia Miramelinda de este municipio, al llegar introdujeron a ambas jóvenes al interior de la casa, en donde se encontraban esperando varias personas de sexo masculino, procedieron a acostar a cada una de las jóvenes de manera separada en dos camas matrimoniales, en seguida los señores R. A. A. C., D. A. F. R., J. DE J. R. Y P. D. C., obligaron a R. E. E. C. Y J. L. C. F. a que se despojaran de sus ropas hasta quedar completamente desnudas, en seguida la joven J. L. C. F. fue penetrada vía vaginal y anal por los señores D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. CALDERON, mientras tanto P. D. C. acariciaba sus senos, vagina, mientras introducía sus dedos en la boca de la joven, al mismo tiempo R. E. E. C. fue accesada en cuatro ocasiones vía vaginal por cuatro personas entre ellos D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., quienes además y durante ambas jóvenes eran ultrajadas sexualmente, varios individuos entre ellos D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., mientras tanto P. D. C., permanecía en la misma habitación, observando los hechos y burlándose de las jóvenes y tomando fotografías utilizando sus teléfonos celulares y la misma cámara digital que fue sustraída a la joven J. L. C. F., después les dijeron que las matarían si denunciaban el hecho. SEGUNDO. Después las jóvenes R. E. E. C. Y J. L. C. F., junto a dos personas que se encontraban presentes en la casa cuando fueron agredidas sexualmente, abordaron el carro tipo turismo propiedad de R. E. E. C., al cual D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., le sustrajeron accesorios entre ellos el radio, las alfombras y la llanta de repuesto, luego las condujeron hasta su casa de habitación, siendo seguidas por dos individuos en la misma motocicleta que fue utilizada para interceptarlas.” CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos por las Abogadas A. M. D., S. O. F. y L. A. R., actuando en su condición de Defensoras Públicas de los encausados P. D. C., D. A. F. R., J. DE J. R. y R. A. A. C.; y por el Abogado F. O. M., actuando en su condición de Defensor Privado del encausado P. D. C. H., reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- LAS RECURRENTES ABOGADAS A. M. D., S. O. F. y L. A. R., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORAS PÚBLICAS, DE LOS ENCAUSADOS P. D. C., D. A. F. R., J. DE J. R. y R. A. A. C., PROCEDIERON A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: “Infracción del precepto constitucional contenido en los artículos 69, 82, 90 y 99 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Las normas sustantivas infringidas son los artículos 69, 82, 90 y 99, de la constitución de la República que establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable, asimismo dispone, que la justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado y que la ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas” Artículo 69.- “La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.” Artículo 90.- “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece… Artículo 99.- “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad” PRIMERO: Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencia, por una parte al no tomar en cuenta la declaración del testigo de cargo Policía JOSE TABORA LARA a quien al momento de su declaración en juicio la defensa pública a través de la Abogada A. M. D. le preguntó si ¿Tenían orden de allanamiento en la casa? a lo que este contestó “Que no” coincidiendo con lo declarado por una parte con el testigo de descargo L. A. O. O. propuesto por uno de los defensores (M. B. M.), testigo que en juicio declaró que los policías se metieron a la fuerza a la casa; y quien al preguntársele ¿De qué forma los policías entraron? éste contestó Que a la fuerza; Por otra parte también declaró el testigo de descargo J. A. C. quien al preguntársele ¿Cómo entró la Policía? Contestó que a la fuerza y por último declaro el testigo M. A. G. preguntándole la Abogada O. F. que si los Policías al momento del allanamiento le enseñaron una orden de captura, este contestó que no.- Asimismo quedó demostrado en juicio que la captura de los imputados se realizó en horas de la madrugada sin orden judicial y sin existir un delito flagrante, violentándose de esta forma garantías constitucionales, de detención ilegal y violación al domicilio, considerando que el hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2006 y el allanamiento y captura ocurrió el 27 de diciembre del mismo año 2006, es decir habían pasado más de treinta días. Las defensas de los imputados al analizar el expediente en su conjunto observaron desprenderse del mismo que las actuaciones realizadas por la policía para poder llegar a capturar a los imputados P. D. C., D. A. F., J. de J. R. y R. A. A c. C., lo hicieron violentando garantías constitucionales como ser violación al domicilio y detención Ilegal, por ende constituirse ambas en detenciones ilegales, tal y como se acreditó con las declaración en juicio oral de las personas antes señaladas; siendo así podemos observar existir un allanamiento donde no existía autorización alguna por parte de un Tribunal competente para allanar viviendas y detención ilegal por parte de la policía a personas que no estaban cometiendo delito alguno al momento de su captura y privándolas de su libertad sin orden judicial emanada por Juez competente, por consiguiente constituirse tales procedimientos en una detención Ilegal y arbitraria, por lo que la ilegalidad de dicho acto proviene no solo de la vulneración de una norma de orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional, al vulnerarse directamente lo que la constitución no tolera ni permite, que se procediera a la entrada y registro de una morada, o detener a una persona, es decir sin el previo control de legalidad del acto efectuado por el Juez competente cuando esta situación acontecía, por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional acarrea de pleno derecho, nulidad del acto viciado, por imperativo constitucional. SEGUNDO: Consideramos y como se manifestó antes que el Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado con la VIOLACION AGRAVADA y ROBO AGRAVADO, debiendo cualquier persona respetar el área destinada de manera exclusiva al particular y la libre circulación, por lo que la captura de los imputados se hizo irrespetando garantías constitucionales, en el entendido que la ley limita el uso de ese tipo de prácticas para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Honorables Magistrados consideramos que la captura de los imputados efectuada por la Policía proviene de un actuar ilegal, y la cual fue vertida en juicio siendo prueba ilícita (espuria) o prohibida, que es aquél medio de prueba que resulta por si mismo capaz de proporcionar elementos que permitan llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar, es decir que estaríamos ante una prueba ilícita procedimental por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal más susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla; y c) al momento de decisión Judicial. Queremos manifestar que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarlo por parte del Juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana crítica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Sabemos que el Tribunal sentenciador le dio valor probatorio a la captura efectuada por la Policía lo que era en fase de actos preparatorios, como ser el hecho de allanándose las viviendas de los imputados, por lo que esta praxis violentó derechos fundamentales, que unidos a otros elementos corroboran los hechos, considerándose como se dijo antes una injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio y libertad personal, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, por consiguiente no puede constituir prueba acusatoria si este es el único medio de prueba. Es entonces que si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos entonces “VENERAR” nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “fin justifique los medios” de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Partimos del hecho que un allanamiento con orden judicial es un procedimiento lícito; un allanamiento para capturar a una persona in fraganti también es un procedimiento lícito; pero si aquél o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación a la privacidad del domicilio, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba. El hacerlo así seria pretender hacer justicia violando la ley, lo que sería una “paradoja jurídica” por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por VIOLACION AGRAVADA Y ROBO AGRAVADO a nuestros representados P. D. C., D. A. F., J. DE J. R. y R. A. A. C., esto es una flagrante violación al derecho de defensa de los imputados, lo cual solo puede ser subsanado a través de la admisión del presente recurso de casación.” III.- EL RECURRENTE ABOGADO F. O. M., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR P. D. C. H., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA. “MOTIVO PRIMERO.- De Casación por Infracción de Ley Sustantiva, “por aplicación indebida, del artículo 140, preámbulo y párrafo primero del Código Penal, en la parte conducente literalmente dispone lo siguiente: “Comete el delito de violación “CONSTITUYE DELITO DE VIOLACION: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de este o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4t0) grado de consanguinidad, segundo (2d0) de afinidad un perjuicio grave e inminente.- Para los efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal…” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia, tomando en consideración todo el desarrollo de lo que se considera el actuar criminoso de varias personas (actos preparatorios, de ejecución y consumación), fácilmente se arriba a la conclusión, de que en la sentencia que se está impugnando en relación a mi representado, no se declaran probados hechos que pudieran subsumirse en la figura del VIOLACION AGRAVADA.- En efecto y tal es lo que se declara probado en al menos con relación a mi defendido el joven P. D. C. el Tribunal lo establecido fue lo siguiente (copio): “acariciaba sus senos, vagina, mientras introducía sus dedos en la boca de la joven” (se refieren a J. L. C. F.); en seguida dice el Tribunal sentenciador, que P. D. C., “…permanecía en la misma habitación, observando los hechos y burlándose de las jóvenes y tomando fotografías utilizando sus teléfonos celulares y la misma cámara digital que fue sustraída a la joven J. L. C. F.…” Resultando que como hecho probado encontramos, pues, que P. D. C. según tal relato fáctico se le ubica por primera vez, el encontrarse el día once de noviembre del año dos mil seis, a eso de las diez de la noche, en una casa que se sitúa en colonia Miramelinda, en esta ciudad, a donde se establece fueron llevadas las jóvenes R. E. E. C. y J. L. C. F.; lugar donde D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., después de acostarlas en camas matrimoniales separadas las penetraron vía vaginal y anal; pero no se declara probado jamás que P. D. C., haya tenido acceso carnal de forma violenta con ninguna de las citadas víctimas; en consecuencia, al no haberse declarado probado que P. D. C., haya tenido tal acceso carnal de las formas que se describe en el tipo penal en el artículo 140 párrafo primero del Código Penal, podría tratarse de cualquier otro hecho, pero, ¡no! de uno constitutivo de VIOLACION AGRAVADA. Es importante que analicemos cuáles son los elementos que configuran ese delito, precisamente en la hipótesis prevista en el numeral uno del artículo 140 del Código Penal; veamos: 1. Acceso camal con persona de uno u otro sexo; 2. Que se haga mediante violencia o amenazas de ocasionarle a la víctima o parientes, perjuicio grave e inminente; 3. Que el acceso carnal sea por vía vaginal, anal o bucal.- Es indiscutible que el elemento núcleo es el primero, o sea la acción expresada con el verbo tener acceso carnal, seguida del complemento directo: con personas de uno u otro sexo mediando violencia. Si falta este elemento, no cabe seguir haciendo consideraciones acerca de los demás, pues al faltar la acción, no puede hablarse de delito, reitero al menos con relación a mi representado P. D. C.. Es observable para el caso, que con el primer hecho probado que el Tribunal sentenciador declara como tal, manifiesta: “…J. L. C. F. fue penetrada vía vaginal y anal por los señores D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., mientras tanto P. D. C. acariciaba sus senos, vagina, mientras introducía sus dedos en la boca de la joven, al mismo tiempo R. E. E. C. fue accesada en cuatro ocasiones vía vaginal por cuatro personas entre ellos D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., mientras tanto P. D. C., permanecía en la misma habitación, observando los hechos y burlándose de las jóvenes y tomando fotografías utilizando sus teléfonos celulares y la misma cámara digital que fue sustraída a la joven J. L. C. F.…”.- Este cuadro fáctico no es posible concretizarlo, es una relación forzada, dado que implica una serie de contorciones y movimientos físicos, solo posible en el conocido como sexo grupal[1], existiendo cooperación de todos los que participan, LO NARRADO como hecho en relación a P. D. C., NO ES VEROSIMIL, NO ES POSIBLE QUE SE REALICE EN UNA RELACION FORZADA, resulta imposible que mi representado P. D. C., le este acariciando la vagina a la víctima cuando ella está siendo penetrada según el hecho probado, anal y vaginalmente por otros imputados, y referido a la otra o segunda víctima según el citado hecho probado se dice: “…,R. E. E. C. fue accesada en cuatro ocasiones vía vaginal por cuatro personas entre ellos D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., mientras tanto P. D. C., permanecía en la misma habitación, observando los hechos y burlándose de las jóvenes y tomando fotografías utilizando sus teléfonos celulares y la misma cámara digital que fue sustraída a la joven J. L. C. F.…”.- Resulta evidente que los Juzgadores en un esfuerzo conducente a hacer participar a mi representado en la comisión del delito, lo involucran como observador, pero en CONCLUSION la descripción de la participación de mi representado en este delito (violación), se limitan a decir que estaba mirando, tocando y tomando fotos, acciones no posibles en la manera descritas en el cuadro fáctico que se tiene como probado, (NO ES VEROSIMIL); y es claro de la trascripción del citado hecho probado, de que P. D. C. NUNCA PENETRO SEXUALMENTE A NINGUNA DE LAS OFENDIDAS, NO SIENDO SUBSUMIBLE SU CONDUCTA EN EL DELITO DE VIOLACION, pues no puede encuadrase las acciones a él imputadas, en el tipo penal de violación descrita, pues, se trata exactamente de uno de los delitos que la doctrina al hablar de los tipos de autoría, les llama DELITOS DE PROPIA MANO[2].- Debiendo en consecuencia casar este motivo y absolver a mi representado del delito que se le imputa en este hecho probado.” IV.- CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE ABOGADO F. O. M., EN SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO SEGUNDO: “Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 217 del Código Penal, que a la letra se lee así: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerzas en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia…” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es más que claro, apreciable y contundente, lo que se desprende de una simple lectura del segundo hecho declarado probado, en arribar a una conclusión irrebatible y es que en la sentencia que se está impugnando, en relación al joven P. D. C., igualmente por el Tribunal sentenciador, no se declara ningún hecho probado hecho que pudieran subsumirse en la figura de ROBO AGRAVADO, pues este segundo hecho probado, no existe o determina, la más mínima participación de mi mandante; no pudiendo en consecuencia ser condenado por ese delito, y tal hecho probado lo que literalmente en él se describe es lo siguiente: (se copia) “SEGUNDO. Después las jóvenes R. E. E. C. Y J. L. C. F., junto a dos personas que se encontraban presentes en la casa cuando fueron agredidas sexualmente, abordaron el carro tipo turismo propiedad de R. E.. E. C., al cual D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., le sustrajeron accesorios entre ellos el radio, las alfombras y la llanta de repuesto, luego las condujeron hasta su casa de habitación, siendo seguidas por dos individuos en la misma motocicleta que fue utilizada para interceptarlas.-” Al leerlo nos damos cuenta, que no menciona participación alguna de P. D. C., no pudiendo en consecuencia, subsumirse en un tipo penal, una conducta que no es descrita en el hecho probado, a efecto de determinar si de dan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.- Si existe un hecho histórico narrado (hecho probado) en el que no se menciona la participación de una persona, y los actos narrados son delitos, una persona que no ha participado (no se describen sus actos) no puede ser condenada, pues el denominado proceso de subsunción no puede darse, y si no existe acción, no hay delito, salvo en los delitos de omisión.- En consecuencia el Tribunal sentenciador, al menos en relación a P. D. C., se ha aplicado erróneamente el artículo 217 del Código Penal, pues no se singulariza su participación.- Debiendo en consecuencia casar este motivo y absolver a mi representado del delito que se le imputa en este hecho probado.” V.- CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE ABOGADO F. O. M., EN SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO TERCERO: “Infracción de Ley Sustantiva, por aplicación indebida del artículo 32 párrafo primero del Código Penal, el que a la letra se lee así: “Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiere efectuado.-… “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: La aplicación indebida de normas penales sustantivas previamente desarrolladas, se manifiestan claramente en la motivación que hacen los Juzgadores, tal es lo que se percibe claramente en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia, pues no existe una concatenación entre tales motivaciones, como para poder haber arribado con certeza positiva, a individualizar roles de cada uno de los enjuiciados, todo en relación a determinar la equivocada coautoría por la que se declara condena a mi representado P. D. C.; a efecto de dar coherencia a la aplicación indebida de la norma penal sustantiva explicamos el porqué en relación al señor P. D. C., se sostiene no se declaran probados hechos que pudieran subsumirse en la figura del delito VIOLACION AGRAVADA Y MUCHO MENOS ROBO AGRAVADO CONTINUADO, y que la figura de la COAUTORIA no opera ni aplica a mi defendido; veamos lo siguiente: a) lo que el Tribunal estableció en ambos hechos probados en relación a la participación en los hechos por mi representado, resulta en ubicarlo en ser un mero espectador.- b) Se concluye de tales hechos probados según el Tribunal Sentenciador que: (se copia): “…J. L. C. F. fue penetrada vía vaginal y anal por los señores D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., mientras tanto P. D. C. acariciaba sus senos, vagina, mientras introducía sus dedos en la boca de la joven, al mismo tiempo R. E. E. C. fue accesada en cuatro ocasiones vía vaginal por cuatro personas entre ellos D. A. F. R., J. DE J. R. Y R. A. A. C., mientras tanto P. D. C., permanecía en la misma habitación, observando los hechos y burlándose de las jóvenes y tomando fotografías utilizando sus teléfonos celulares y la misma cámara digital que fue sustraída a la joven J. L. C. F.”. Apréciese, en el segundo hecho probado, el Tribunal sentenciador, en nada se menciona, en el relato fáctico a P. D. C., como para condenarlo como COAUTOR de delitos en mención, pues no se señala cual fue su rol, o como mediante un plan preconcebido se manifiestan en relación a él los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales en referencia.- c) Resulta entonces que con la sola presencia de ubicársele a él (P. D. C.) en colonia o aldea Miramelinda, en esta ciudad, el día once de noviembre del año dos mil seis, a eso de las diez de la noche, donde fueron llevadas las jóvenes R. E. E. C. y J. L. C. F., por otros co-imputados, fue suficiente para el tribunal sentenciador, bastándole esto, para establecer coautoría en los delitos de VIOLACION AGRAVADA Y ROBO AGRAVADO CONTINUADO y condenar injustamente a P. D. C., sin determinar ningún rol protagónico en el plan que se menciona de forma contradictoria, y que dice tuvieron lo coautores.- d) No cabe duda que ante la existencia de un concurso de delincuentes y de delitos, los hechos probados deben encuadrar o encajar con precisión en la norma jurídica penal sustantiva que sea aplicada, tal es el caso del artículo 32 del Código Penal, lo que el tribunal no hizo en el presente caso.- LO QUE EL TRIBUNAL SENTENCIADOR ANALIZA Y APLICA INDEBIDAMENTE.- Es visto que bajo el epígrafe “FUNDAMENTOS JURIDICOS”, al numeral PRIMERO: se consigna por el Tribunal sentenciador en lo conducente lo siguiente: (se copia) “…Los hechos que han sido declarados probados, por unanimidad de votos afirman la existencia de los elementos típicos de 7 delitos de violación agravados y un delito de robo continuado en perjuicio de las jóvenes R. E. E. C. Y J. L. C. F. contenidos y sancionados en los artículos 140 párrafo último y 217 y 218 en relación al 225 numeral 4 y 37 del Código Penal vigente, en el presente caso el tribunal estima que los acusados son coautores al haber realizado y colaborado de manera consciente, voluntaria y de manera conjunta en la realización de los delitos, distinguiéndose que dentro de la coautoría, puede diferenciarse entre la coautoría ejecutiva y la coautoría no ejecutiva, en la coautoría ejecutiva lo decisivo es que el dominio del hecho lo tienen varias personas que en virtud del reparto funcional de roles, asumen por igual la responsabilidad de su actuación, las distintas contribuciones deben considerarse por tanto un resultado total, debe atribuírsele a cada coautor independientemente de la entidad material de su intervención, el simple acuerdo de voluntades no basta, es necesario que se contribuya de algún modo, a la realización del delito, no necesariamente con actos ejecutivos, en este caso es probado que los imputados R. A. A. C., D. A. F. R., J. DE J. R. Y P. D. C., claramente manifestaron un acuerdo previo, desde el mismo momento en que las víctimas fueron llevadas contra su voluntad a la casa en la aldea de miramelinda, son convocadas varias personas entre estos los acusados, demostrando que sabían y existía con ello un plan para comparecer a la vivienda, con el fin único de ultrajar sexualmente a las ofendidas, acuerdo que es sostenido cuando da principio de consumación de los delitos, tanto de violación como de robo, además contribuyen a presenciar, tocar el cuerpo de las víctimas, a burlarse de ellas y tomar fotografías antes, durante y después que las jóvenes son abusadas sexualmente, de modo que son coautores no solo quienes penetraron carnalmente y despojaron de sus pertenencias a las jóvenes R. E. E. C. Y J. L. C. F., es decir los que ejecutaron en sentido formal los elementos del delito, sino aquellos quienes aportaron una parte esencial en la realización del plan durante la fase ejecutiva como estar presente con lo cual determinan un comportamiento intimidatorio, que contribuye a la entrega de las jóvenes incapaces de mantener cualquier tipo de resistencia ante tales circunstancias, de manera que la realización de manera conjunta de los delitos debido a la certeza de su participación, por la acreditación de prueba directa en relación a los elementos objetivos de los tipos penales referidos que a criterio de estos juzgadores, son responsables siguiendo la teoría de la coautoría…-“
En relación a la equivocada y tergiversada fundamentación jurídica de este numeral antes transcrito en la parte conducente, resulta que jamás sustentada en norma penal sustantiva que tenga vigencia en el sistema penal hondureño, (no existe descrito en el artículo 32 del Código Penal Vigente, la coautoría en la forma desarrollada por el Tribunal sentenciador, sino formas de participación); pues si bien el numeral OCTAVO de la citada motivación jurídica, tal Tribunal fundamenta la participación de P. D. C., queda en meras subjetividades que hace apartándose del principio de legalidad, y bien es que la TEOR1A DEL DELITO, ilustra sobre la aplicación de la norma penal en abstracto al caso concreto; vale entonces hacer cita de ilustres juristas que abundantemente desarrollan teorías con relación al tema de la coautoría, en primer lugar nos referidos al jurista Argentino E. R. Z., sobre el tema “EL CONCURSO DE PERSONAS EN EL DELITO[3], referido a “Tipo de autoría de determinación. En delitos de propia mano dice: Se llaman delitos de propia mano los que el tipo penal exige que solo puedan ser cometidos por el autor realizando personalmente la acción típica. Se consideran delitos de propia mano: la violación, el falso testimonio y el auto aborto” y a renglón seguido hace énfasis: “En todos estos casos, es inadmisible tanto la autoría mediata como la autoría directa cuando el agente se vale de quien no realiza conducta”. En seguida explicándose él, claramente del cómo y cuando no puede invocarse la teoría del dominio del hecho para considerarse la coautoría expresa lo siguiente[4]: “No hay coautoría funcional cuando el que hace el aporte necesario no presenta las características típicas del autor en los delitos propios…”.- Un segundo y reconocido jurista Español Don SANTIAGO MIR PUIG, al tratar el tema de la coautoría, referido a “tipos de autoría y tipos de participación”[5], hace una exposición magistral al respecto, para el caso cita el artículo 28 del Código Penal Español, en que si existe el tipo penal en que se describe cuando para el caso, quienes son coautores, (se copia) “son autores quienes realizan el hecho conjuntamente”; explicando ampliamente dicho anunciado, llamando la atención a vosotros en cuanto el mismo jurisconsulto en numeral 8 página 402 refiere que: para que el agente sea tomado por coautor, “es preciso la realización total del tipo por parte de todos los coautores”; y justamente para suerte divina, en la misma página 402, tal jurista cita a Guiza de ejemplo lo siguiente: (copia) “Ejemplo: El que sujeta a la mujer para que otro pueda tener acceso carnal con ella no sería verdadero coautor, sino solo participe de la violación, porque no es él quien tiene acceso carnal”. El problema es que tampoco el que tiene acceso carnal por si solo es violación, pues “tener acceso carnal” no es violar. La posición aquí expuesta debería llegar a la curiosa conclusión de que en el caso contemplado no hay ningún autor en sentido propio”.- Con todo lo dicho, es fácilmente concluir que si bien a P. D. C., hablándose del delito de VIOLACION que se desarrolla en el primer hecho probado, los juzgadores, ni tan siquiera hablan de un acto violento que significara colaboración conjunta para la realización material del delito, como para que otros accesaran carnalmente o sexualmente a las víctimas, es decir, suprimamos el actuar de mi mandante de dichos hechos y el resultado sería exactamente el mismo, no desarrollo éste, ningún aspecto que pudiese subsumirse como típico para que se produjese el delito de violación, resulta entonces que aunque es reiterado decirse: NO CABE LA MENOR DUDA QUE SE TRATA DE UN DELITO DE MANO PROPIA, en donde la conducta desplegada por el sujeto autor, tiene que ser personalmente, y no es el caso de P. D. C..- Así las cosas el Tribunal contrariando la legislación nacional en el artículo citado, no describiendo ninguna conducta en los hechos probados que se subsuma en tales delitos, y con un ánimo en demasía fuera del contexto legal, como es visible en el acápite “FUNDAMENTOS JURIDICOS”, tratan de hacer un encuadramiento forzado para involucrar a mi defendido, en el despliegue del razonamiento que hacen, por ejemplo cuando dice: “…contribuyen a presenciar, tocar el cuerpo de las víctimas a burlarse de ellas y a tomar fotografías antes, durante y después que las jóvenes son abusadas sexualmente..”, OBSERVESE entonces que ha tratado el Tribunal inútilmente de incluir a mi defendido P. D. C., como coautor de delitos que jamás realizado y que por supuesto no se describe en ninguno de los dos hechos probados: Se concluye que lo descrito en los mismos como cuadro fáctico, no es de ninguna manera constitutivo de hechos que tengan los perfiles o descripciones de los tipos penales como para condenarse a P. D. C. por los delitos de VIOLACION AGRAVADA Y ROBO AGRAVADO CONTINUADO. Y al condenársele por los citados delitos, es más que evidente que el precepto penal de naturaleza sustantiva que se invoca en este motivo como infringido, lo fue efectivamente por aplicación indebida, por lo que debe casar la sentencia y absolver a mi representado VI.- EL RECURENTE ABOGADO F. O. M., FORMALIZÓ SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA SIGUIENTE MANERA: “MOTIVO CUARTO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica, ESPECIFICAMENTE AL PRINCIPIO DE DERIVACION. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal (en adelante “CPP”).
EXPLICACION DE MOTIVO: Los preceptos penales objetivos que se invocan como infringidos prescriben: 1.- Artículo 202 CPP: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. 2.- Por su parte el párrafo primero del Art. 336 de la misma ley señala que: “El Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta la pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica”. 3.- También el Art. 338 del mismo CPP, que regula la forma de estructurar la sentencia ordena al sentenciador, en el numeral 2) de la cuarta regla lo siguiente: “…Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados” Los hechos probados de una sentencia penal que constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber arribado, están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria.- Las fases descriptiva e intelectiva de la fundamentación probatoria obliga al Tribunal a describir cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión y explicar porqué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada.- Sobre la segunda fase, es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia. No obstante, en el sistema de sana crítica racional de nuestro sistema procesal penal, en la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, siempre se les exige que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye; teniendo además como límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador además debe respetar, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de dichas reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202 y 336 CPP y que recalca el Art. 338, sección cuarta, numeral 2 (“…justificando según las reglas, de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas enjuicio…”), aparece aquí la característica, exigida, denominada, como: Derivada, y que es explicado por Femando de la rúa[6]: “el razonamiento debe de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando “, según la cual, la motivación debe respetar el principio de la razón suficiente, por ello la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se puede inferir aquella. Tal como también parafraseamos doctor ecuatoriano JOSE G. FALCONI[7] en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que: Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos…, es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad”. La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. Asentado lo anterior, de la sola lectura de la sentencia se infiere, la continencia de un vicio altamente dañino, que atenta contra las reglas de la sana crítica, al observarse en la valoración de la prueba evacuada, convirtiéndose consecuentemente, en violación a los artículos ya puntualizados y que nos obliga a impugnar. ACLARACION PREVIA Previo a iniciar, es trascendente señalar que este sendero recursivo se impetra, para demostrar el vicio “in procedendo” del que adolece la Sentencia Condenatoria contra mi defendido P. D. C. al haberlo declarado culpable de la comisión de los delitos de VIOLACION AGRAVADA y un delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, el cual por haber sido materializado al momento de la emisión de ésta, fue imposible reclamarlo antes. INDICACION DEL VICIO. El Tribunal de Sentencia ha concluido que P. D. C. H., ha tenido una participación directa y personal, en dos delitos consumado de VIOLACION AGRAVADA y un delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO en perjuicio de R. E. E. C. y J. L. C. F..- Donde el defecto de violación las reglas de la sana crítica, en concreto, es el de lesión al principio lógico de razón suficiente, y este resulta de las diversas conclusiones probatorias a las que llego el Tribunal de Sentencia, y que lo condujo a establecer que: En el hecho probado Primero, en su parte final el tribunal afirma en cuanto a la participación de P. D. C.: “…mientras P. D. C. permanecían en la misma habitación, observando los hechos y burlándose de las jóvenes y tomando fotografías utilizando sus teléfonos celulares y la misma cámara digital que fue sustraída a la joven J. L. C. F., después les dieron que las matarían si denunciaban el hecho.” Mientras, EN SU DECLARACION J. L. C. F. AFIRMA: “…DESPUES UN FLACO LE DIJO QUE SE HICIERA COMO SI LA ESTABA VIOLANDO, PERO LA TOCO, ELLA LE DIJO QUE EL NO ERA MALO, EL LE DIJO QUE NO Y QUE LA IBA A SACAR DE ALLI…”, en esta declaración la víctima se refiera al señor P. D. C., y se deduce de la misma que en ese momento estaban solos, pues él le dice que finja como que la está violando, si los demás hubieran estado no le hubiera dicho que hiciera eso, pues los otros se hubieran dado cuenta del engaño.- El señor P. D. C., tuvo oportunidad de tener acceso carnal con la víctima y no lo hizo, lo que hizo fue fingir con la víctima que lo hacía, según propias declaraciones de esta última. EN SINTESIS: de la declaración rendida por la víctima que es el medio de prueba apreciado por el juzgador, no se puede derivar la participación del señor P. D. C., violándose principio de derivación y de razón suficiente, este principio que nos dice que de cada medio probatorio debe derivarse el, o los hechos probados, fundamentando lógicamente esa afirmación, motivación que fue omitida por el sentenciador, haciendo solo consideraciones al dolo general pero no al específico de cada participante, siendo desestimado el dolo general por el juzgador al afirmar que no existe Asociación Ilícita, en donde efectivamente el colectivo actúa con un objetivo determinado; pero no en este caso, los delitos son cometidos por varias personas que no se enmarcan en ese tipo (asociación ilícita), al analizar los elementos subjetivos, pueden darse en el dolo diversas variables, como el dolo sobrevenido, dolo eventual, desistimiento voluntario y arrepentimiento activo.- Así las cosas para que dichas condenas recaídas en mi defendido P. D. C., sean legítimas, desde el punto de vista probatorio, el Tribunal debió haber arribado al nivel de conocimiento de INFALIBILIDAD, único grado válido por la Constitución de Honduras, para emitir un fallo de condena; de tal destino, que, si del resultado de la prueba, no alcanza a la obtención de ese nivel, sino cualquier otro, como ser: probabilidad, duda o constatación negativa, sobre la participación, debe absolverse, puesto que, la prueba evacuada no habrá quebrantado el estado de inocencia de mi representado. EL JUZGADOR NO PUEDE DERIVAR DE UNA DECLARACION QUE NO DICE LO QUE SE AFIRMA EN EL HECHO PROBADO, UNA CONCLUSION CIERTA, SINO QUE UNA CONCLUSION FALSA, DADO QUE LAS PREMISAS UTILIZADOS EN EL SILOGISMO PROBATORIO NO SON VERDADERAS, NO PUDIENDO DERIVAR CULPABILIDAD DE AFIRMACIONES NO CIERTAS Y CONTRADICTORIAS, DEBIENDO SER ANULADA LA SENTENCIA, A EFECTO DE QUE SE REPITA EL DEBATE” VII.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURENTE ABOGADO F. O. M., EN SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO QUINTO.- “FALTA DE FUNDAMENTACION Y FUNDAMENTACION CONTRADICTORIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte media del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE MOTIVO: Los preceptos penales objetivos que se invocan como infringidos prescriben Artículo 141 de la Motivación de las Resoluciones Judiciales. “…Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación La motivación… expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas a cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos. La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará la motivación”.- Por otra parte El Art. 338 regula la forma de estructurar la sentencia ordenando al sentenciador, en el numeral tres de la cuarta regla lo siguiente: “3. Fundamentación jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados;…” FALTA DE FUNDAMENTACION: El Juzgador menciona el considerando OCTAVO, la teoría del Dominio del Hecho, refiriéndose a una cadena causal, pero al no actuar como asociación ilícita debió haber analizado la participación individual de cada acusado, de hacerlo así se hubiera dado cuenta que el imputado P. D. C., según el decir tuvo la oportunidad de cometer un delito de propia mano (Violación), PERO DESISTIO DE ELLO, (según declaración de una de las víctimas J. L. C. F., debiendo aplicársele el denominado DESISTIMIENTO VOLUNTARIO, pues nadie lo obligó a no hacerlo, sino que fueron sus frenos inhibitorios los que no se lo permitieron, siendo responsable de los actos preparatorios en que participo para la comisión del delito en su caso, PERO NO DEL DELITO DE VIOLACION, al extremo que si suprimimos in mente su participación en la comisión del delito, este siempre se hubiera cometido, pues su actuar no es indispensable para que se de el resultado del mismo (la violación), la cadena causal al suprimir ese eslabón (su participación) no se rompe.- Además esa teoría (dominio del hecho) se utiliza mas para diferenciar coautores de cómplices, que para diferenciar la coautoría, en la que existen tamices, LA QUE SE CASTIGA SEGUN LOS ACTOS COMETIDOS, y en donde el dolo se analiza individualmente. FUNDAMENTACION CONTRADICTORIA: Refiere el A quo en su capítulo PRIMERO del acápite de FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA y claramente deja sentado su parecer al establecer que: “por unanimidad de votos afirman la existencia de siete delitos de violación y un delito de robo continuado, ello porque los ahora condenados son coautores al haber realizado de manera conjunta la realización de los delito”; así mismo refieren que: “los encausados claramente manifestaron un acuerdo previo”; y que también consideran quebrantado el estado de inocencia de mi mandante, porque de la evacuación de la prueba de cargo se confirmó la participación de éste, en el ultraje sexual no consentido contra las jóvenes víctimas, y además de que estaban en posesión de los objetos sustraídos, y que a su criterio todos son responsables de siete delitos de violación esto siguiendo la teoría de la coautoría ampliamente ya rebatida por esta defensa en el motivo anterior; así mismo el Tribunal a capítulo TERCERO de la misma fundamentación jurídica, expresan que: “de la misma prueba examinada en el debate, que de esta no se logró acreditar la permanencia o pertenencia al momento de su detención de mi representado y sus co-imputados, a un grupo que tuviera la finalidad de cometer actos ilícitos, y mucho menos que se hayan reunido entre sí para cometer un hecho delictivo distinto a este…, por lo cual se les absuelve por no haberse reunido para delinquir”.- Como podrá apreciarse que lo narrado entre sí de los dos capítulos de la fundamentación son incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de mi representado en la ejecución del delito. Se afirma la teoría de la coautoría por concierto previo o “pacto cheleris” y a su vez se niega la teoría de la “Asociación Ilícita “, de tal suerte que no solo de los hechos declarados probados no son claros, ni terminantes al describir la acción ilícita que realizó mi representado, donde se aprecie una clara y terminante relación causal entre la acción desplegada por él y el resultado lesivo al bien jurídico protegido de la libertad sexual, y que se pueda subsumir en la figura penal de Violación, y Robo Agravado Continuado tipificados y sancionados en los Artículos 140 y 217 Código Penal Vigente, sino que también por este motivo reprochamos que la motivación Jurídica, resulta toda una imprecisión, oscura o ininteligible, ambigua, que hace difícil su comprensión, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los hechos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, al pronunciamiento condenatorio, es decir, resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. Siendo tan evidente este motivo de casación que el sentenciador por unanimidad de votos afirma la existencia de siete delitos de violación pero condena por dos, abrace visto zendo vicio in procedendo, donde los hechos probados no son claros ni determinantes al describir de forma sucinta y precisa para cada uno de los procesados y específicamente para P. D. C. H., cual fue la acción ilícita reprochada. Por último, por aberrante que parezca un hecho, aun y cuando este sea prohibido y en todo sentido reprobable, no basta, que el mismo sea censurable e ilícito, para que justifique la exigencia de una condena arbitraria, injusta e inclemente, debiéndose el sentenciador atenerse a la separación entre el Derecho y la Moral, no impidiendo ello, que las prohibiciones legales sean susceptibles de castigo justo y ecuánime, de tal manera que no se convierta en sanción inmoral. Siendo el caso el presente que no bastando con condenar a un inocente con cincuenta y un años de reclusión, se hace la oferta que lo que debió ser dicha condena siete veces lo pedido, dejando claro el quebrantamiento judicial por exceso en dureza, no pudiendo concebirse un sistema jurídico penal que castigue al que no cometió delito alguno, tal es el caso de P. D. C.. Por todo lo expuesto, procede acoger el reclamo de esta defensa, y declarar con lugar el y anular la sentencia, así como el debate, con el fin de que se proceda a la reposición de la causa conforme a las reglas Constitucionales y legales que nos rigen. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA PÚBLICA, DENUNCIANDO INFRACCIÓN A LA GARANTÍA DE LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. I.- Expresaron las recurrentes que se violentaron los Artículos 69, 90 y 99 de la Constitución de la República, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicaron las Censoras que se ha quebrantado la Libertad Personal, el Debido Proceso y la Inviolabilidad del Domicilio de los imputados, pues de las declaraciones testificales de J. T. L., L. A. O. O., J. Á. C., M. Á. G. se desprende que la Policía Nacional no tenía orden de captura para detener a los acusados, pues no existía delito flagrante, ya que los hechos ocurrieron el 11 de noviembre del 2006 y las capturas y allanamientos se efectuaron el 27 de diciembre de ese mismo año; por consiguiente se constituyen tales procedimientos en una detención ilegal y arbitraria, por lo que la ilegalidad de dicho acto proviene no solo de la vulneración de una norma de orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional. II.- Esta Sala ha advertido en varios fallos, que el artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda Norma Legal puede engarzarse con una Norma Constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. III.- Ante los cuestionamientos de las Recurrentes, esta Sala de lo Penal considera necesario, no solo analizar las declaraciones de los Policías de Investigación que participaron en la captura de los acusados, sino que además, revisar las actuaciones judiciales que dieron inicio al presente proceso. Compareció a declarar el señor J. T. L. (F271 y 272 ) agente de policía, quien estableció que tuvieron conocimiento a través de un taxista que sabía de ciertos jóvenes que se dedicaban a interceptar muchachas, violarlas y robarles; es así, que se desplazaron a la Colonia Guadalupe donde requirieron a una persona y se trasladó a la primera estación de policía, posteriormente se llevaron a la Colonia Miramelinda y ahí requirieron a tres personas; la información del caso la manejaba el Sargento J. C. S., él solo fue a brindar seguridad; a las preguntas de las partes respondió, que no contaban con orden de captura ni orden de allanamiento pero que los acompañó un fiscal; este declarante es el único presentado como testigo de la acusación, pues los otros agentes de investigación S. P. (Folio 271), H. C. C. (Folio 271V), J. C. M. (Folio 272), F. D. F.(Folio 272V), J. H. A. A. (Folio 272V) y E. U. P. (Folio 273); si bien, aparecen sus declaraciones como testigos en el Acta de Debate y fueron juramentados como tal, aparecen propuestos como Peritos para ratificar las actas de decomiso, inspección ocular y registros personales efectuados a los procesados; solo uno de ellos, el agente J. H. A. refiere que si andaban orden judicial y que un Fiscal del Ministerio Público les acompañaba. Declararon por parte de la Defensa los señores: a) L. A. O. O., afirmó que los policías llegaron a la casa de sus suegros a la una de la mañana, entraron por la fuerza, el se levantó y observó que se llevaban preso a I. y P.; b) J. Á. C. quien estableció que el día de los allanamientos vio como los policías sacaban a un muchacho y que lo estaban golpeando, eso fue como a la una de la madrugada, luego a las cuatro de la mañana volvió a llegar la policía y se llevó a dos muchachos más; por su parte, el señor c) M. G. M. declaró que D. A. R. es su hijo de crianza, que llegó la policía en el mes de diciembre como a eso de las dos de la madrugada a sacar a su hijastro de la casa, llegaron los policías pero él no los iba a dejar entrar porque no llevaban orden de captura, pero les dijeron que si no abrían les iba a dar un tiro y le apuntaban a él, entonces así los dejó entrar. Dentro de las diligencias investigativas efectuadas por la Policía Nacional para capturar a los acusados encontramos que, corre agregada a folio 1 del expediente judicial, el Requerimiento Fiscal presentado contra los imputados I. A. A. C., J. DE J. R. N., D. A. F. R., R. A. A. C. Y P. D. C. H., en el cual el Ministerio Público puso en conocimiento las diligencias de ejecución inmediata de allanamiento y Registro de morada y aprehensión preventiva realizada por Agentes de la Policía Nacional, solicitando su convalidación. En fecha 28 de diciembre del 2006, el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, celebró Audiencia de Declaración de imputado en donde la Fiscalía solicitó la convalidación de los allanamientos y capturas realizadas contra los imputados, basándose en lo preceptuado en los Artículos 175 numeral 4 y 212 del Código Procesal Penal; en ese sentido, el Juzgado de Letras de lo Penal de Turno Extraordinario emitió Auto de Convalidación que aparece agregado a folio 29, mediante el cual convalidó los allanamientos y las capturas realizadas a los procesados. IV.- En aras de dar una respuesta a lo planteado en el Recurso y evaluar la compatibilidad de lo señalado por el Tribunal de Sentencia con las normas constitucionales y legales, la Sala de lo Penal, considera oportuno definir lo concerniente al Derecho a la Intimidad y a una de sus garantías como ser la Inviolabilidad del Domicilio. El Principio a la Intimidad, deriva del artículo 76 Constitucional, cuando señala que “se garantiza el derecho… a la intimidad personal…”, debiendo entenderse como tal, en su aspecto positivo, como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio la información de índole personal que desee sea conocida y determinar la identidad y el número de personas que desee tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho de toda persona de no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello. Con el fin de resguardar el derecho a la intimidad en uno de los lugares donde precisamente la persona desarrolla el mayor número de actividades de índole privada personal y familiar, el constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 Superior, la inviolabilidad del domicilio como instrumento para la salvaguarda aquel derecho, en este específico ámbito. El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del Domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir, que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí, la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante:
- Ingreso y/o registro Autorizado, es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: i) Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; ii) Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; iii) Hacerse acompañar los Agentes de la Autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigo de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; iv) Sólo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; v) Que se le permita a uno de las personas moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; vi) Los agentes de la autoridad deberán de abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos; vii) Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisado, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio. 2) El allanamiento de un lugar como un acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar en donde se encuentre el domicilio. El propósito de que la ley establezca que solamente un Órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el Principio Pro-Societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la Garantía Constitucional a la Inviolabilidad del Domicilio, para la práctica de estas diligencias. El Órgano Jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes Policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en Secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un Estado de Necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir, que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aún fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para pedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: A) El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i) Ante casos de flagrancia, entendiéndose como tal cuando la persona sea sorprendida cometiendo el delito, cuando la persona se dirija a cometer el delito o cuando sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito, tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal; ii) Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito; iii) Para evitar la fuga de un delincuente; iv) Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias; v) En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes. El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad Judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando el porqué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivo la práctica de la diligencia. B) La Policía Preventiva o la Dirección General de Investigación Criminal, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales; ii) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; iii) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; iv) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia[8]. V.- Luego de lo relacionado esta Sala de lo Penal, puede concluir que si bien, la captura de los procesados se suscitó sin orden judicial y fuera de las horas establecidas en la ley, además siendo evidente que no se encontraban en flagrancia, pues habían transcurrido más de treinta días en que a las ofendidas las habían ultrajado, podemos establecer que el accionar de la policía y del Ministerio Público se encuentra enmarcado en unas de las excepciones a las que hacíamos referencia en el apartado anterior, regulado en el Artículo 175 numeral 4 y 212 del Código Procesal Penal, pues en el primero se establece que la Policía Nacional podrá aprehender a personas sin contar con orden judicial cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito de haber participado en él la persona aprehendida y que ésta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; por su parte, el Artículo 212 del precitado cuerpo legal establece en resumen, que el allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente; lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción perdida u ocultamiento de las pruebas evidencias con mirar a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial; en tal sentido, la policía contaba en esos momentos con indicios fundados, en este caso la declaración de un informante quien era de oficio taxista, quien les informó que sabía de unos jóvenes que se dedicaban a violar y para evitar la fuga de los imputados, quienes al darse cuenta que se les seguía investigación podían huir, fue necesario su aprehensión y allanamientos a sus domicilios, todos los indicios que pendían sobre los inculpados, fue corroborado por las mismas ofendidas, quienes sin dudar les reconocieron plenamente como los responsables de los vejámenes recibidos; al grado tal que a la novia de uno de los acusados se le decomisó una cadena de oro propiedad de una de las perjudicadas. Esta Sala de lo Penal advierte que, si el presente proceso no fuese de los casos excepcionales que establece nuestra Legislación Procesal, es decir, si los allanamientos y capturas de los imputados se hubiesen efectuado en violación a Garantías Constitucionales como ser la Inviolabilidad del Domicilio y la Libertad Personal, y si apartáramos de la valoración probatoria dichas diligencias investigativas –allanamientos y captura de los procesados-, subsistirían de manera independiente suficientes pruebas que determinan la responsabilidad de los acusados, como ser la declaración de las ofendidas R. E. E. C. Y J. L. C. F., quienes interpusieron una denuncia ante los Entes Policiales el día en que fueron ultrajadas, además rindieron declaración administrativa estableciendo las circunstancias en que suscitaron los hechos; de igual forma, cuando fueron detenidos los imputados les reconocieron plenamente como los responsables de los ultrajes y vejámenes recibidos; en tal sentido, existe prueba autónoma suficiente que determina de manera certera la responsabilidad de los acusados en los Hechos denunciados; es importante aclarar, que de haber decretado este Supremo Tribunal como ilegal o ilícito el allanamiento y la captura, la consecuencia jurídica sería deducir la responsabilidad penal a las personas que inobservaron el procedimiento legal para realizar dichas diligencias investigativas conforme lo establece el Artículo 203 del Código Penal. Así las cosas considera este Supremo Tribunal, que en caso examiné se ha actuado de manera estricta bajo el imperio de la ley, pues si bien, los imputados fueron capturados sin orden judicial y fueron allanadas sus viviendas, esta acción corresponde a una de las excepciones que la misma ley plantea a la Inviolabilidad del Domicilio, razón por la cual el Ministerio Público solicitó desde el inicio de sus acciones judiciales la convalidación de sus actuaciones, las cuales fueron avaladas y respaldadas por el Juez de Garantías; en tal sentido y por las razones ya expuestas, es procedente desestimar el presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SUS TRES MOTIVOS, INTERPUESTOS POR EL ABOGADO F. O. M. EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DEFENSOR DEL IMPUTADO P. D. C. H.. I.- En virtud que los tres motivos de Casación por infracción de ley que ha presentado el Recurrente están íntimamente relacionados, esta Sala de lo Penal, en aras de la logicidad que debe mantener toda sentencia, procede a resolverlos en un mismo apartado. II.- Expuso el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en Infracción por Aplicación Indebida de los Artículos 140, 217 y 32 del Código Penal; consignando como Precepto Autorizante el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el recurrente que conforme a las normas penales relacionadas y partiendo de los Hechos Probados en el cual se establece el actuar criminoso de varias personas, fácilmente se puede llegar a la conclusión que el imputado P. D. C. H. no participó en la violación, pues no se declara como probado que el imputado haya efectuado los elementos objetivos del tipo, pues en ellos se hace referencia a que el acusado “acariciaba sus senos y vagina mientras introducía sus dedos en la boca de la joven” lo que bajo ningún punto puede considerar como el delito de Violación Agravada. Expresó también el Recurrente que, en relación al Artículo 217 del Código Penal que también establece que se aplicó de manera indebida, se puede observar en los hechos probados que al joven P. D. C. H. no se declara ninguna acción por el cual se le considere subsumible en el tipo penal de robo agravado continuado; en tal sentido, al no describirse en el hecho las acciones que realizó el señor P. D. en el delito de Robo, no puede ajusticiársele también por ese delito. Por último advirtió el impetrante que se aplicó indebidamente el Artículo 32 del Código Penal referente a quienes nuestra legislación penal considera autores de un delito, puesto que el Sentenciador a establecido que existe una coautoría cuando al leer los hechos probados se puede establecer que la misma no aplica al señor P. D. C. H., pues en los hechos probados el referido imputado aparece como mero espectador y su participación no es importante, pues si él no hubiera participado, los otros imputados igual hubieran ejecutado el hecho. III.- Ya lo hemos reiterado en varios fallos, que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una Revaloración Jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de Hechos Probados realizada por el Tribunal de Instancia. A la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de Derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los Hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. IV.- Esta Sala de lo Penal, debe enfocar su estudio en la Fundamentación Fáctica de la Sentencia, para luego compararlos con las normas penales utilizadas por el Sentenciador para responsabilizar las acciones de los imputados y determinar con ello, si son armónicos y encajan de manera perfecta o por el contrario son antagónicos a los mismos. Los Hechos probados refieren que el día 11 de noviembre del 2006 a las 10:00 de la noche las ofendidas se conducían en un vehículo, cuando a la altura de un restaurante fueron interceptadas por el señor D. A. F. y otro desconocido que se conducían en un taxi; igualmente por el señor J. DE J. R. quien se transportaba en una motocicleta con otra persona desconocida; quienes obligaron a las jóvenes con arma de fuego a detener la marcha de su vehículo, siendo abordado por D. A. F. y a quienes despojó de los bienes personales que portaban (joyas, dinero, celulares y una cámara fotográfica); en ese momento el señor D. A. F. utilizando el teléfono despojado a las ofendidas, hizo varias llamadas a diferentes personas, en donde les manifestaban que ya tenían listo el paquete, que alistaran la casa y que se aseguraran que no los viesen en la pulpería; siendo dirigidas a la casa del señor R. A. A. C. ubicada en la colonia Miramelinda. Al llegar a la casa de habitación, les esperaban varias personas de sexo masculino, obligaron a las jóvenes a desnudarse y les acostaron en dos camas matrimoniales separadas; la joven J. L. fue abusada sexualmente por D. A. F., J. DE J. R. Y R. A. A., mientras tanto P. D. C. acariciaba sus senos, vagina e introducía sus dedos en la boca de la joven; al mismo tiempo, la ofendida R. E. fue abusada sexualmente por D. A. F., J. DE J. R. Y R. A. A.; mientras tanto, P. D. C. permanecía en la misma habitación, observando los hechos, burlándose de las jóvenes y tomando fotografías. Después de que las jóvenes fueron agredidas sexualmente, abordaron el carro turismo propiedad de R. E., al cual D. A. F., J. DE J. R. Y R. A. A. le sustrajeron accesorios entre ellos el radio, las alfombras y la llanta de repuesto; y posteriormente fueron trasladadas a su casa de habitación. V.- Estos Hechos que fueron declarados por el Sentenciador como probados, relatan como los imputados participaron de acciones meditadas que respondían a un plan preconcebido por todos, pues desde el momento en que son interceptadas las ofendidas, primero por un taxista donde se trasladan 2 imputados y también por una motocicleta donde se transportan otros 2 acusados, era porque todo respondía a una repartición de funciones, y con sus acciones aseguraban que las ofendidas no fueran a escapar de sus captores; así mismo el hecho que el imputado D. realizara llamadas a varias personas advirtiéndoles que estaba listo el paquete, que arreglaran la casa y que cuidaran no ser vistos por la gente de la pulpería, acredita sin lugar a dudas que sus actuaciones respondían a un reparto de Funciones propio de la Coautoría. Ahora bien, este Tribunal de Casación considera dos puntos importantes: I.- La clasificación de los tipos penales que puede partir de las modalidades que adoptan sus elementos: 1) Según las modalidades de la acción. 2) Según los sujetos: A) Delitos Comunes y Delitos Especiales. B) También implica una restricción de la esfera de sujetos idóneos los delitos de propia mano, que exige contacto corporal (como suele afirmarse de los delitos sexuales) o realización personal (como se dice en Alemania de la bigamia). En ambos casos se cierra el paso a la posibilidad de comisión del delito, utilizando a otro como instrumento (Autoría Mediata)[9]. En ese sentido debemos concluir, que las agresiones sexuales son Delitos de Propia mano, en el cual se requiere una relación física entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, pues solo puede cometerlo el autor que realiza personalmente la conducta típica, en el caso de la violación solo puede ser cometida por el que tiene acceso carnal, pues puede ser autor el que tiene los caracteres que están exigidos en el tipo objetivo. II.- El Concepto de Autor y los tipos de Autoría y Participación. El Verdadero autor de un hecho seria en efecto, aquél que lo realiza y del que se puede afirmar que es suyo[10]. Para establecer quien actúa como autor y quien como partícipe, la doctrina ha establecido varias teorías que intentan determinar cuando se es autor de un delito y cuando es un mero cómplice; así las cosas, encontramos una Teoría muy usada en nuestra jurisprudencia denominada la Teoría del Dominio del Hecho. Dice Santiago Mir que esta Teoría constituye la opinión dominante en la doctrina alemana actual. Tiene su origen en el finalismo y en su tesis de que en los delitos dolosos es autor quien domina finalmente la ejecución del hecho del mismo modo que ve lo decisivo de la acción en el control final del hecho. Maurach resume el sentido de la teoría diciendo que es autor, porque tiene el dominio del hecho, quien tiene dolosamente en sus manos el curso del suceder típico. Para Jescheck esta teoría tiene las siguientes consecuencias: i. Siempre es autor quien ejecuta por su propia mano todos los elementos del tipo; ii. Es autor quien ejecutara el hecho utilizando a otro como instrumento (autoría mediata); iii. Es autor el coautor que realiza una parte necesaria de la ejecución del plan global (dominio funcional del hecho)[11]. Si analizamos el Artículo 32 de nuestro Código Penal, podremos descubrir que prácticamente nuestra legislación penal acoge esta Teoría del Dominio del Hecho como suya, pues establece: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho (Autor propiamente dicho), los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo (Autoría Mediata) y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado (Coautoría).” Por tanto, es aceptado que los Tribunales de la República utilicen esta Teoría para determinar de manera más factible la participación de los autores en hechos en donde han participado varios imputados. En cuanto a la COAUTORÍA Mir Puig establece que son coautores los que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho. Los Coautores son autores porque comenten el delito entre todos. Los Coautores se reparten la realización del tipo de autoría. Como ninguno de ellos por si solos realiza completamente el hecho, no puede considerarse a ninguno partícipe del hecho de otro. Lo acertado es pues, considerar coautores no solo a los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos ellos pertenece el hecho, que es obra inmediata de todos, los cuales comparten su realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar[12]. De lo antes relacionado podemos concluir, que son coautores los que realizan de forma conjunta un hecho, es decir, debe existir entre los hechores un acuerdo precedente o previo y además participar cada uno de ellos de manera “esencial” en la ejecución del mismo. VI.- Esta Sala de lo Penal considera, que según el relato de Hechos Probados la participación del imputado P. D. C. H. en el delito de Violación no puede considerarse como una COAUTORÍA, en primer lugar porque tal como lo explicamos en el apartado anterior, este tipo de agresiones sexuales son considerados delitos de propia mano, en el cual se requiere un contacto corporal entre sujeto activo y sujeto pasivo, y en segundo lugar la participación del señor P. D. C. H. según la Fundamentación Fáctica, no fue esencial ni necesaria para que se ejecutara el delito de violación, es decir, para que los otros imputados abusaran sexualmente de las ofendidas, pues sus acciones correspondieron a tocar las partes íntimas de las perjudicadas y tomarles fotografías con el celular con el cual habían despojado a una de ellas. Muy distinto sería el caso en el que, alguno de los imputados haya sostenido por la fuerza a una de las perjudicadas para que sus compañeros la agredieran sexualmente, en ese caso sus acciones si serian esenciales para ejecutar el hecho y si podríamos catalogarlo como un Coautoría, pero en el caso examiné, el señor P. D. C. H. nunca tuvo contacto corporal o sexual con ninguna de las ofendidas, sino que únicamente realizó tocamientos en sus partes íntimas. Ahora bien, si se desprende del cuadro Fáctico que el imputado P. D. C. H. realizó acciones que pueden tener como consecuencia un reproche penal. El Capítulo I del Título II del Libro Segundo del Código Penal, contiene una serie de tipos penales que protegen los bienes jurídicos: libertad sexual y la Indemnidad Sexual. Debe de entenderse por Libertad Sexual, aquella que posee toda persona a partir de los catorce años de edad y que esté en pleno uso y goce de sus facultades intelectivas (Razón) y volitivas (Voluntad), la cual, en un sentido positivo consiste en el derecho de servirse de su propio cuerpo para el disfrute sexual, de seleccionar en cada caso y de manera libre su pareja sexual, y de elegir los actos sexuales que desea realizar, así como lo relativo a lugar, tiempo y condiciones, siempre que ello no implique disminución o transgresión de la libertad sexual o la indemnidad sexual de otras personas; pero además, la libertad sexual en su sentido negativo es la posibilidad que tiene esa persona de negarse en cada caso, a ejecutar actos sexuales o de tolerar actos sexuales de otros y de tomar esa decisión sin ningún tipo de restricción, condicionamiento o incluso cuestionamiento de parte de terceros. Entre los delitos que protegen la libertad sexual encontramos el tipificado en el artículo 141 del Código Penal que contiene el DELITO DE ACTOS DE LUJURIA, regulado de la siguiente manera: “Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior (Art. 140: Delito de Violación), hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años, aún cuando haya consentido el acto, o siendo mayor de esa edad, el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de la razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia, la pena anterior se incrementará en un medio (1/2). Cuando los Actos de Lujuria consistan en la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales u otros orificios naturales o artificiales que simulen los órganos sexuales del cuerpo del sujeto pasivo, el culpable será sancionado con pena de reclusión de diez (10) a quince (15) años”. Como puede apreciarse, el tipo penal está regulado de manera muy compleja al hacer su análisis se trata de un delito de: 1)Sujeto Activo y pasivo: Puede presentarse como sujeto activo un hombre o una mujer, igualmente como sujeto pasivo un hombre o una mujer; 2) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual consiste en realizar actos de lujuria, entendido como tales todas aquellas acciones que objetivamente representen una limitante o restricción a la libertad sexual del sujeto pasivo y subjetivamente representen un placer sexual o libidinoso para el sujeto activo; 3) Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso del delito de actos de lujuria están contempladas en el artículo 140 del Código Penal (por remisión del artículo 141), prevista de dos maneras: a) Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acto de lujuria, sino que bastará con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo; b) Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación la amenaza idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo y/o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo o de parte de otra persona asociada, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, pero además constituye intimidación para efectos de éste tipo penal, cuando se produce la amenaza de provocar un mal o cuando se ejerce materialmente violencia en el cónyuge, compañero(a) de hogar o cualquier pariente del sujeto pasivo dentro de los grados del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, provenida del sujeto activo o de cualquier persona asociada con éste. Como elemento subjetivo, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir, que conozca y quiera realizar los actos de lujuria conseguido a través de cualquiera de las dos modalidades criminosas explicadas. El tipo penal de Actos de Lujuria además de proteger la libertad sexual, también se encarga de proteger la indemnidad sexual, cuando en su segundo párrafo establece el delito de Actos de Lujuria Especial, siendo estos los ejecutados en perjuicio de una persona menor de catorce años, aún cuando ésta haya consentido los mismos, consentimiento que se considera viciado, o cuando dichos actos sea en perjuicio de la persona con trastorno mental transitorio o permanente que no le permita razonar o exteriorizar su consentimiento[13]. VII.- La Sala de lo Penal, al confrontar los hechos declarados probados fijados en la sentencia impugnada con el ámbito situacional previsto en el tipo penal de actos de lujuria, específicamente a las acciones cometidas por el imputado P. D. C. H. fácilmente se puede concluir que dichos hechos son típicos al encuadrarse en los elementos objetivos y subjetivos del delito de Actos de Lujuria Agravados. El hecho probado señala como el acusado P. D. C. H., valiéndose de que la ofendida J. L. C. F. se encontraba indefensa y no podía oponer resistencia, pues era abusada sexualmente por los otros co-imputados, tocó los genitales y los senos de la joven e introdujo sus dedos en la boca, actos que realizó para efectos de satisfacción sexual, además de ello, miraba y tomaba fotos del acto sexual a que eran sometidas las víctimas; por tanto del cuadro fáctico se desprende que la ofendida J. L. no pudo oponer resistencia a los hechos libidinosos del que era objeto por parte del imputado P. D. puesto que, simultáneamente estaba siendo violada por otro de los co-imputados; tales circunstancias encaja de manera perfecta en el segundo párrafo del Artículo 141 del Código Penal al referir que, se agravará la pena en ½ cuando la víctima por cualquier causa no pueda oponer resistencia.- En ese sentido, es procedente dictar una nueva sentencia en la cual se absuelva al señor P. D. C. H. del delito de VIOLACIÓN AGRAVADA en perjuicio de R. E. E. C. Y J. L. C. F., pero debe considerársele responsable penalmente del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS contra la joven J. L. C. F.. Para la determinación de la pena concreta se toma en consideración las agravantes expuestas por el Tribunal A-quo que son las establecidas en el numeral 12 y 21 del Artículo 27 del Código Penal, pero también se consideran las atenuantes presentadas por la defensa del imputado P. D. C. H. consistentes en que no posee antecedentes penales y así como varias constancias acerca de su comportamiento dentro del centro penal y sus relaciones personales y de comportamiento mientras vivía en la colonia miramelinda, por tanto, al encontrarnos en igual número de agravantes y atenuantes es procedente establecer la pena mínima señalada para éste delito, cuya pena abstracta aumentándole el medio (½) que establece el artículo 141 penúltimo párrafo, corresponde entre los términos de siete años (7) años seis (6) meses y Doce (12) años de reclusión. VIII.- Otro de los cuestionamientos que realizó el Recurrente, es que se infringió el Artículo 217 del Código Penal referente al delito de Robo por el cual fueron condenados los procesados; pues consideró que en el caso de su representado los Hechos Probados no establecían que éste haya despojado de pertenencia alguna a las ofendidas. Al respecto, este Tribunal de Casación es del criterio, que desde el momento en que se establece que existe un plan preconcebido entre los imputados y que existió repartición de funciones, pues de los hechos se desprende que algunos tenían la tarea de interceptar a las perjudicadas, otros de cuidar que no les vieran de la pulpería, otros de tener la casa lista y otros de despojarle las pertenencias personales y de las cosas del vehículo en el que se transportaban las ofendidas, en el caso específico del señor P. D. C. H., los hechos en primer lugar lo ubican en la casa a donde fueron trasladadas las ofendidas, es decir, él era uno de los procesados que las estaban esperando, refieren además los sucesos que él era el encargado de tomarle fotografías a las jóvenes con los teléfonos y la cámara digital que precisamente habían despojado a las ofendidas, por tanto se acredita que también tuvo disponibilidad de las cosas robadas a las jóvenes, en tal sentido se considera que también es responsable como Coautor del delito de Robo. Igualmente, este Tribunal de Casación comparte la posición del A-quo al considerar el Robo como Agravado y Continuado, puesto que el Artículo 219 inciso 1 de Código Pena, claramente establece que se agravará la responsabilidad de aquellos acusados que hayan ejecutado los hechos en cuadrilla, en el caso de autos participaron aproximadamente 12 personas pero solo fueron habidos 4 imputados, por tanto la agravante a que hace referencia el precitado artículo también se subsumen con los hechos probados; de igual manera el Sentenciador consideró continuado el delito de Robo puesto que el Artículo 37 del Código Penal claramente establece que cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se consideraran como uno solo continuado; en el caso subjudice son dos las víctimas del Robo las jóvenes R. E. E. Y J. L. C. a quienes les despojaron en primer lugar de sus pertenencias personales –celular, dinero en efectivo, cámara filmadora etc.- Y de igual forma, a la joven R. E. E., quien es la propietaria del automotor en la que se transportaban ese día de los hechos, le sustrajeron el radio y otros accesorios del carro, por lo tanto concluimos que en un mismo momento se cometieron dos robos en personas distintas; en ese orden de ideas es correcta la apreciación del Juez A-quo al considerar los hechos como un Robo Agravado Continuado. Por todo lo antes expuesto y relacionado, es procedente declarar parcialmente a lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado F. O. M.. Se mantiene incólume el resto de la sentencia en sus valoraciones y parte dispositiva en cuanto al resto de co-imputados. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia sobre los Motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuestos por el Recurrente, en virtud de haber prosperado el Recurso de Casación por Infracción de Ley, con los efectos jurídicos que ello conlleva.- POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 27, 32, 37, 69, 140, 141, 217 del Código Penal; 8.2.h y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por las Abogadas A. M. D., S. O. F. Y L. A. R. en su condición de Defensoras Públicas. SEGUNDO: Declarar parcialmente HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado F. O. M., en su condición de Defensor Privado del señor P. D. C. H. en tal sentido: CASA Parcialmente en lo referente al señor P. D. C. H., la sentencia de fecha dieciocho de junio del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el sentido siguiente: a) ABSOLVER al señor P. D. C. H. por dos delitos de VIOLACIÓN AGRAVADA en perjuicio de R. E. E. C. y J. L. C. F.; b) CONDENAR al señor P. D. C. H. como Autor Responsable de un delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de J. L. C. F.; c) Como consecuencia de la condena se le impone al acusado la Pena mínima de SIETE (7) AÑOS y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, más las Penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se confirma el resto de la sentencia en sus valoraciones y parte dispositiva, en el sentido siguiente: a) Condenando a los señores R. A. A. C., D. A. F. R., J. DE J. R., por dos delitos de VIOLACIÓN AGRAVADA en perjuicio de R. E. E. C. y J. L. C. F.; a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN POR CADA DELITO DE VIOLACIÓN, haciendo un total de TREINTA Y SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN PARA CADA IMPUTADO; b) Condenando a los señores R. A. A. C., D. A. F. R., J. DE J. R., P. D. C. H., por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO en perjuicio de R. E. E. C. y J. L. C. . a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-25-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Así Diccionario de la Real Academia Española: www.rae.es.- Sexo Grupal: donde varias personas se ponen de acuerdo en tener relaciones voluntarias variadas entre todos en forma simultánea.
[2] Así Zaffaroni Eugenio Raul Manual de Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires. Ediar,1ª Ed. 2005, ISBN 950-574-175-8. Capítulo 24 en la cita 244 página 614, donde establece que: “Los que exige que solo pueden ser cometidos por el autor realizando personalmente la acción típica”
[3] Zaffaroni, Manual D°.P. ocit capítulo 24 en la cita 244 pp 614.
[4] Ibídem, en la cita 246 pp 618
[5] MIR PUIG SANTIAGO, DERECHO PENAL PARTE GENERAL, Editorial Reppertor S.L. Barcelona www.reppertor.com, 9ª edición, 2011, ISBN 9974-578-36-1, Lección 15, página 400, 401 y 402.
[6] De la Rúa Fernando, la Casación Penal. El recurso de Casación Penal en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
[7] El Dr. José Carlos García Falcón, es un reconocido jurista del Ecuador, tiene publicados más de cien trabajos abarcando materias como Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho de Inquilinato.
[8] Vid Sentencia de Casación Penal SP 308-2010 dictad por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha veinticuatro de enero del 2013
[9] Véase. Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8° Edición. Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires. Año 2009. Página 228.
[10] Véase. Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8° Edición. Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires. Año 2009. Página 368
[11] Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8° Edición. Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires. Año 2009. Página 374
[12] Véase. Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8° Edición. Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires. Año 2009. Página 394-399.
[13] Vid Sentencia de Casación Penal N° 332-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de enero del 2013