Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-232-14 — Registro 10956

Resumen

En primera instancia se condena a los imputados por el delito de pornografía infantil en su grado de ejecución de tentativa, se declara sin lugar el recurso interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, el juzgador ha dado fiel cumplimiento al derecho de defensa y debido proceso de las acusadas L. S. G. y a la señora S.I. C. C., contenido en el articulo 82 y 90 de la Constitución de la República, al haber seguido un juicio en un plano de igualdad de derechos y garantías de las partes procesales y valorado los medios de prueba de cargo y de descargo, presentadas por las partes en el acto del juicio oral y público. En el presente caso, el a quo ha respetado la garantía a un debido proceso, al haber garantizado a las acusadas un juzgamiento por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantías establecidas en la ley. Asimismo ha observado el derecho de defensa de las acusadas, en virtud que en acto del juicio oral y público, se ha respetado el principio de contradicción o derecho de las acusadas por intermedio de sus abogados defensores, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones y se ha respetado a las acusadas el derecho de igualdad de armas procesales, en virtud de que el juicio se ha llevado a cabo en un plano de igualdad, sin que ninguna de las partes, en especial la defensa de las imputadas, haya sufrido menoscabos indebidos en sus derechos procesales. Por lo anteriormente expuesto, esta sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional invocado por los recurrentes. 2) El recurrente censura la sentencia dictada por el a quo por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas de cargo. Esta sala observa que para ello el recurrente hace uso de alegatos propios de instancia y argumentar que el a quo debió haber practicado otras pruebas como una autorización de registro y acta de vigilancia, necesarias para legitimar la actuación investigativa de las autoridades y para probar que las acusadas L.L.S.G.Y S. I.C. C. hayan intentado comercializar los CD’S con contenido pornográfico infantil, que las cuatro películas decomisadas pertenecían a las acusadas y que estaban siendo ofrecidas por ellas al público, para con ello formar su convicción judicial. Reprocha que el a quo haya fundado su sentencia condenatoria contra las acusadas, con base en los medios de prueba siguientes: 1) PRUEBA DOCUMENTAL, consistente en el acta de inspección ocular número 587-2011, elaborada por la agente D. Y. V. E.; 2) Prueba de los testigos: J.O. F.C., técnico industrial y analista de investigación, asignado a la Unidad de Delitos de Explotación Sexual, M. A.L.V., agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la declaración del TESTIGO PROTEGIDO A y 3) Dictamen rendido por el analista de investigación W. A.B. L., sobre el material recibido de 24 CD incautado a las acusadas, perfectamente identificado e individualizado, entre los que se encontraban 4 CD´S con contenido explícito de pornografía infantil. Pruebas que considera no son concordantes con lo declarado por el TESTIGO PROTEGIDO A. Esta sala observa que el censor del fallo omite, indicar la regla o reglas de la sana crítica, de la lógica, psicología o de las máxima de la experiencia que considera no han sido aplicadas por el juzgador en la motivación intelectiva de la prueba ya indicada, únicamente refiere que el a quo infringió el principio de congruencia, al no haber evacuado pruebas documentales o testificales que determinaran que las cuatro películas con pornografía infantil hayan pertenecido a las acusadas y que las ofrecían en venta al público. No obstante el defecto en la técnica recursiva del recurrente, esta sala considera por una parte que las razones vertidas por el a quo para rechazar los alegatos de prueba ilícita del acta de registro, decomiso y peritaje del material decomisado presentados en juicio por los representantes de la defensa de las acusadas, son perfectamente válidos al considerar que de conformidad con la ley, por tratarse de establecimientos de venta de achinería ubicados en sitios públicos, no requerían para su registro y decomiso de material prohibido de la observancia de los formalismos establecidos constitucionalmente para poder ingresar a una vivienda o lugar de domicilio de las personas, por no ser este el caso, tales como la orden de allanamiento, orden judicial de registro, diligencias de seguimiento o autorización de su propietario o encargado, por tratarse de casetas o puestos de madera, ubicados en sitos públicos de la ciudad de Comayaguela, Distrito Central o puestos de venta donde estaba siendo ofrecido el material prohibido, es decir de una cantidad mayor de CD´S, cuatro (4) con contenido explícito de pornografía infantil, encontrados tres (3) a la señora L.L. S. G. y uno (1) a la señora S. I. C. C.. Esta sala considera que al valorar la prueba de cargo de reproche, los razonamientos utilizados por el juzgador de instancia para dotarla de credibilidad y valor probatorio, son lógicos y suficientes para con ellas determinar pericialmente no solo el contenido pornográfico infantil del contenido en los CD´S sino también con las actas de registro y decomiso, acreditar el cumplimiento de los procedimientos de registro utilizados en estos casos por las autoridades de Policía de Investigación y de Fiscalía de Protección a la Niñez y la Adolescencia sino también que dichos CD´S con contenido prohibido estaban siendo ofrecidos en venta al público en general, en los puestos de venta por las acusadas LOURDES LIZETH SÁNCHEZ GRANDES y SANTOS INOCENTE CANALES CANALES. Por lo anteriormente expuesto, esta sala resuelve declarar sin lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. 3) Sobre el motivo de casación por quebrantamiento de forma fundado en la falta de motivación fáctica de la sentencia recurrida, esta sala considera que de la simple lectura de la sentencia impugnada, la misma no carece de motivaciones fácticas que pongan en precario la fundamentación del fallo sino que por el contrario, observa que la sentencia dictada por el a quo ha sido debidamente motivada y que aun siendo imperfecta o defectuosa dicha motivación, tal defecto no constituye falta o carencia de motivación, por lo que el motivo de casación debe ser desestimado.,,,"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia y la resolución que literalmente dicen: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala Penal integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez quien actúa como coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el recurso de casación SP-232-2014 por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO a las señoras L. L. S. G. Y S.I.C. C., a la pena de SIETE (07) AÑOS, CUATRO (04) MESES DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE CIENTO TREINTA Y TRES PUNTO TRES (133.3) SALARIOS MÍNIMOS, por el delito de PORNOGRAFÍA INFANTIL EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. 2) CONDENANDO a las señoras L.L. S. G. Y S.I. C. C., a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. 3) DECLARÓ la responsabilidad civil de dichas imputadas. 4) NO CONDENÓ en costas a dichas imputadas señoras L. L. S. G. Y S. I. C. C. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, los abogados B. A. G.M. Y M. A. C. R., en su condición de apoderados defensores de las señoras L. L.S.G. Y S.I.C. C. SON PARTES: los abogados B.A. G.M. y M.A. C. R., en su condición de apoderados legales de las señoras L. L. S.G. Y S. I. C. C., como parte recurrente y la abogada D.E.R. C., fiscal en representación del Ministerio Público como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Los integrantes de este tribunal de sentencia, valorando las pruebas evacuadas durante el debate conforme a las reglas de la sana crítica y en congruencia con las formalización de acusación y contestación de cargos efectuados durante la audiencia preliminar, de los cuales descritos en los antecedentes procesales del auto de apertura a juicio y los expuestos descritos en los antecedentes procesales del auto de apertura a juicio y los expuestos durante el inicio del debate, se dan por acreditados los siguientes hechos: UNICO: El día catorce de junio del dos mil once, en horas de la tarde, en la quinta avenida de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, a inmediaciones de La Escuela Argentina y Lempira, Agentes de Inspecciones Oculares y de la DNIC realizaron un operativo en el lugar en donde se encontraban varios supuestos puestos de ventas de las señoras L.L. S.G. Y S. I.C.C., encontrando en el puesto de la primera tres CD conteniendo imágenes en su portada e interior de personas menores de dieciocho años realizando actos de índole sexual y en el puesto de la señora S. un CD con las mismas características, los cuales tenían ambas para venderlos al público, lo cual no lograron realizar gracias al decomiso de estos CD, mediante este operativo.” III. RECURSO DE CASACIÓN LOS RECURRENTES ABOGADOS, B. A. G. M. M. Y M. A. C.R., ACTUANDO EN SU CONDICION DE APODERADOS DEFENSORES DE LAS SEÑORAS L.L.S. G. Y S. I. C. .C. PROCEDIERON A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:” EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION.1) RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Sala Quinta, en la Sentencia Condenatoria dictada contra los acusados L. L. G. Y S. I.C.C., cometió INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, de los Artículos 82 y 90 como Garantía Constitucionales que son; EL DERECHO A LA DEFENSA y EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, que todo encausado tiene derecho, así como INFRACION A LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES, relativos a dichas garantías. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal en donde se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL- En todos los casos en que con arreglo a este código pueda interponerse Recurso de Casación contra una Resolución Judicial, será suficiente para fundamentarlo, la Infracción de Precepto Constitucional”. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INFRINGIDOS; “Artículo 82; EL DERECHO DE DEFENSA ES INVIOLABLE. Los habitantes de la República…….,……..”, “Artículo 90; NADIE PUEDE SER JUZGADO SINO POR JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE.- EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTOS CONTITUCIONALES. Se recurre ante la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo este motivo de Casación se alude a la Infracción del Precepto Constitucional del derecho a la Defensa y al debido proceso, de la Sentencia Definitiva ahora Recurrida en Casación, cuando el Tribunal de Sentencia al dictar la Sentencia Definitiva ahora en casación no hace una correcta valoración de la prueba vertida en la Audiencia de Juicio Oral y Público, sobrevalorar la prueba de cargo, dándole el valor a Medios de Prueba que carecían de él sin justificar motivadamente dicha sobrevaloración como lo manda la Ley; sin justificar motivadamente tal desvalorización como lo manda también la Ley; Cuando infringe Preceptos Legales, sin lógica, sin razón, utilizando solamente criterios personales y no jurídicos. La Sentencia Condenatoria de fecha seis de Marzo, del año dos mil catorce, hoy objeto de Casación, POR LA ABIERTA VIOLACION A LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS, EN DONDE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS LE OTORGA A TODO CIUDADANO, COMO LO ES EL DEBIDO PROCESO (ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS) POR EL NO CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA DEFENSA QUE TODO IMPUTADO TIENE (ARTICULO 82 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS) POR HABER DICTADO EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, UNA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRARIA A LO QUE PRESCRIBE EL ARTICULO 360, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 94 Y 101 DEL MISMO CODIGO PROCESAL PENAL, ASI COMO, EN ABIERTA VIOLACIONN AL ARTICULO 90 DE NUESTRA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, AL NO CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y REQUISITOS QUE NUESTRA CONSTITUC1ON ORDENA CON RESPECTO AL DEBIDO PROCESO AL QUE TIENE DERECHO TODO IMPUTADO.- Señores de La Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la SENTENCIA CONDENATORIA emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, Departamento de Francisco Morazán a través de la sala Quinta, RESTRINGE, LIMITA Y TERGIVERSA, EL DERECHO DE DEFENSA CONTENIDO EN EL ARTICULO 82 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, por cuanto a nuestros Representados en el Tribunal de Sentencia, se le ha limitado y despojado del Derecho que tienen para demostrar sus argumentos en defensa de sus Derechos que las Leyes le otorgan, en cuando se refiere a la NO VALORACION O DESVALORARIZACION DE LA PRUEBA DE DESCARGO PRESENTADA EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO y a la forma en que se ha desarrollado, todo el Proceso penal de mérito. sus señorías, todas las Actuaciones, del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., del Departamento de Francisco Morazán, en la Sala Quinta, la Sentencia condenatoria de mérito, RESTRINGE, LIMITA Y TERGIVERSA, EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CUANDO VIOLENTA NORMAS PROCEDIMENTALES SEÑALADAS EN EL CODIGO PROCESAL PENAl, VIOLANDO ENTONCES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES LEGALES QUE EN TODO JUICIO, DEBEN CUMPLIRSE AL PIE DE LO SEÑALADO EN LA NORMA GENERAL (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS) COMO EN LA LEY ESPECIFICA (CODIGO PROCESAL PENAL y CODIGO PENAL). Señores de la sala de lo Penal de ésta Honorable Corte Suprema de Justicia; ACTUALMENTE INTERPONEMOS RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, CUYO RECURSO AHORA ESTAMOS PRESENTANDO, ANTE ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE JUSTICIA, SE DICTEN LAS RESOLUCIONES APEGADAS A DERECHO QUE CORRESPONDAN, REVOCANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA, EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SALA QUINTA, RESTITUYENDOLES A NUESTROS REPRESENTADOS, LOS DERECHOS Y GARANTIAS ONSTITUCIONALES, AHORA VIOLENTADAS, PROCEDIENDO A LA ADMISION DEL PRESENTE RECURSO DE CASACION POR INFRACCION A PRECEPTO CONSTITUCIONALISIMO QUE LA RESOLUCION SE DETERMINE DE ACUERDO A LEY.” SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU:” MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO PRIMERO: Inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido del Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1…. 2…. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica (El subrayado es nuestro. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal objetivo que se invoca corno infringido prescribe: Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma consunta y armónica toda la prueba producida. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. El día catorce de junio del dos mil once en horas de la tarde, en la quinta avenida de Comayagüela, Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán a inmediaciones de la escuela Argentina y Lempira Agentes de Inspecciones Oculares y de la DNIC realizaron un operativo en el lugar en donde se encontraban barrios puestos de ventas de las señoras L. L. S. G.Y S. I. C. C., encontrando en el puesto de la primera, Tres CD conteniendo imágenes en su portada e interior de personas menores de dieciocho años realizando actos de índole sexual y en el puesto de la señora S. un CD con las mismas características los cuales tenían ambas para venderlos al público, lo cual no lograron realizar gracias al decomiso de estos CD mediante este operativo. Para defensa de las imputadas estos hechos probados no son de recibo veamos: Inspecciones oculares y la DNIC en el Proceso Penal Hondureños son auxiliares del fiscal instructor del caso, la dinámica que se desarrolla en un operativo debe de estar precediendo de legalidad en relación con los medios de prueba permitidos estableciéndose con claridad las pruebas prohibidas e ilícitas (autorización de Registro art.200, 203, 207 párrafo final C.P.P) en relación con lo que se decomisa ACTA DE DECOMISO) y sobre todo individualizar sin lugar a dudas y con todas las formalidades las pruebas que se le encuentran a cada imputada en el lugar exacto que se sustrajo y acotó la prueba para poder imputar en el lugar exacto que se sustrajo y acotó la prueba para poder imputar sin lugar a dudas y con toda certeza la comisión de un ilícito, en el presente caso no existe autorización de registro, acta de vigilancia que determine sin lugar a dudas que mis representadas con su accionar haya intentado comercializar algún CD no podemos suponer esta acción violentado el verbo rector de comercializar pornografía infantil en su grado de ejecución de tentativa violentando el principio de congruencia o que mediante alguna prueba documental o testifical se haya determinado en juicio determine sin ninguna subjetividad que en efecto de mas del mil doscientos cuarenta y dos CD que se encontraron en estos cinco puestos de venta de varios dueños y que después de haberse viciado una cadena de custodia pretenda argumentar que pertenezcan éstas cuatro películas a mis mandantes y que las mismas estaba para ser vendidas al público porque nunca ellas ofrecieron a nadie este producto en la secuela del presente caso no existe evidencia que así lo disponga. Expuesto lo anterior, veamos en que consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: PRIMERO como expresión material de su derecho a la defensa Declaración de la imputada L. L.S. G.Z quién manifiesta que el día de los hechos 14 de junio del 2011 de repente cerraron las calles llegaron cinco patrullas recogieron las películas de cinco puestos de venta, no hubo autorización para tal efecto, solo a las dos llevaron, no sabe por qué no detuvieron a los demás, se dedica a vender controles, cargadores, batería, candados cremas, pastillas baterías cosas de achinería lindante a otro negocio de películas, en ningún momento vendían películas pornográficas, no sabe porque no detuvieron las demás, el negocio mas cercano es el de las películas luego el del pan, los policías no dijeron nada, solo tomaron la películas las detuvieron y las llevaron a Las Lomas , en ningún momento la policía podio autorización, ninguna persona se identificó solo llegaron patrullas; con personas vestidas de civil y solo procedieron a tomas las cosas y subirlas no firmo ningún documento que constara que tenia pornografía infantil. También como expresión material de su derecho a la defensa Declaración de la imputada S.I. C. C., quién declaró casi en similares términos con la otra computada al establecer que ese día la policía realizó un operativo de decomiso de CD en la quinta avenida y éstos le dijeron háganse para allá, párense aquí y no se muevan de allí, que vende ropa interior y otras cosas, su negocio esta en la quinta avenida frente la Escuela Argentina, de un puesto que no identificaron ni preguntaron nombre del dueño decomisaron películas, hay un metro de distancia entre cada puesto. Según el Tribunal con estas declaraciones se establece el objeto de la controversia las imputadas niegan que el hecho que en fecha 14 de junio del 2011 la policía realizó un operativo de decomiso de CD en la quinta avenida de Comayagüela, que establecieron es que la evidencia no es de su propiedad y que ha existido una equivocación, por lo que se les ha plantado la evidencia aunque ellas mismas se contradicen porque aceptaron que en sus puestos s había discos compactos. En relación con lo que establece el Tribunal con el mayor de los respetos debo de manifestar que mis representadas siempre estuvieron con mediadas cautelares diferentes a la prisión preventiva, Honorables Magistrados cumpliendo semana a semana con sus firmas razón por la cual siendo inocentes deciden declaran ante el Tribunal y son contestes y claras en relación con lo que paso en relación con el operativo y que hacían en ese lugar vendiendo electrodomésticos, dejando entrever que los funcionarios públicos que realizaron el operativo no se les garantizaron ningún derecho, que no les pertenecen esas 4 películas…, a ellas que nunca las ofrecieron que no las tenían en su esfera de pertenencia y esto se corroboró con las demás prueba de cargo (testifical y documental) que deviene del testigo protegido A los demás testigos solo repiten lo que éste les canto que es una situación diferente a la que el testigo protegido A le ofrecieron en una fecha anterior al operativo no existiendo ninguna relación entre la persona que ofreció este producto con mis representadas, de igual forma la acta de decomiso de inspecciones oculares que se realiza el 14 de junio del año 2011la obligan a firmar en las instalaciones del ministerio publico ubicada en la lomas del guijarro y esto mediante engaño les dijeron firmen aquí que ya se van ir situación que nunca ocurrió. SEGUNDO. Prueba Documental, consistente en acta de Inspección Ocular Número 587-2011 dentro de lo relevante de esta inspección realizada por la agente D. Y. V. E. decomisó Novecientos veinticinco Cd 925 y a la señora L. S. G. y a S. I. C.C. trescientos diecisiete cd 317 la diligencia se realizó en un sitio público consistente en dos puestos de venta tipo galera construida con madera. En relación con las constancia emitidas por el coordinador general de concejo nacional de vendedores ambulantes (CONAVAH) establece el que la señora Y. S. S.G. es afiliada a esta organización la ubica como vendedora en la quinta avenida la cual a la fecha 10 de noviembre e atendida por L. S. G.. De igual forma el sindicato de vendedores libres de Honduras (SIVELIH establece que S. I. C. es afilado a esta organización y dedica a la venta de achinería en la quinta avenida. VALORACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL. Expresa el Tribunal que no hay controversia en cuanto a los dos últimos documentos en relación con su fiabilidad, la controversia gira en torno a la validez jurídica del acta de decomiso de las películas ya que para la defensa debió de existir una orden judicial para el registro de los lugares o en su defecto una autorización de registro y convalidación judicial en lo cual fundamenta su incidente de nulidad con base en el art. 101 del C.P.P y demás aplicables y que el Tribunal finalmente mediante un análisis parcial y no en todo su contexto declara su lugar el incidente de nulidad planteado. Es en esta prueba documental acta de inspección ocular Número 87-20t para la defensa donde quedo Evidenciando la nulidad solicitada por la arbitrariedad que en su recolección los servidores publico provocaron el contra de las hoy imputadas porque no estamos hablado de la vida privado sino de la propiedad privada que se encontraba en estos cinco puestos d ventas que naturalmente tienen un dueño y que no fue respetado este derecho constitucional a la propiedad art. 103, provocándose flagrantemente el delito de abuso de autoridad por los funcionarios publico que participaron en el manejo de este medio de prueba, que se plasmo en esta acta solicitando la nulidad de la misma en la que queda corta la valoración del Tribunal porque no interpreta en su contenido amplio y completo el artículo 209 del C.P.P. en vista que esta acta no fue firmada en el lugar por mi representadas y tampoco estuvieron presente en el registro de las cajas de cd que decomisara tal como lo establece el art. 207 y 208 del CP.P. Por humilde que parezca una galera existe la actividad humana de a realización y del reclamo de las pertenecía en el contexto del espacio y de tiempo se encuentren el las mismas no existiendo individualización en muestre normativa para que un bien mueble ubicado en la vía pública no entre en el contexto de propiedad privada más si se tiene notas de registro de vendedores ambulantes y los gestores de la denuncia si tenían individualizado con antelación el lugar del supuesto hecho delictivo solo tenían que llevar la autorización para su firma y realizar la acotación y embalaje de las pruebas y de esta forma poder irrumpir en contra de la esfera de propiedad privada que en ellas se encontraba y de esta forma tener la certeza de lo allí encontrado o al menor hubieran solicitado al Juez de garantías posteriormente en el requerimiento fiscal la convalidación de esta acta de registro en las audiencias respectivas recordando que las violaciones al derecho de defensa son alegables en cualquier momento del proceso penal y de esta forma poder descargar todo el poder punitivo del Estado en contra en estas pobres mujeres que son ante dios y la justicia de los hombres sujetos de derecho y con el mal proceder de estos servidores público son inocentes del supuesto delito que de forma arbitraria se les imputa sin ninguna formalidad. TERCERO testigo protegido A no recuerda fechas no reconoce a las imputada y que en cierta ocasión comía en un restaurante en Comayagüela momento el que llegó un vendedor de cd por lo que le preguntó si andaba de las buena mostrándole barias películas pornográficas, observando que una decía pornografía infantil, por lo que le dijo que no iba a comprar procediendo denunciar esto, porque preguntó donde la distribuían y este le enseñó el lugar donde las distribuían. Esto sucedió en el año 2012 esto queda en la quinta avenida de Comayagüela, el lugar de venta son unas champitas, el vendedor era un barón trigueño, el cd de pornografía infantil lo portaba en su mochila y 1 sacó de un lado aparte de su mochila el restaurante esta ubicado enfrente de la ventas de cd el cd decía pornografía infantil el contenido del video no lo observó ni lo compró. El testigo J.O. F. C. TECNICO industrial y analista d investigación, asignado a la unidad de delitos de explotación sexual, expresó que el presente caso comenzó con denuncia interpuesta formalmente por pornografía infantil estableciendo lo que argumenta es lo que expreso testigo protegido A donde posteriormente este les indico los lugares donde vendían este producto decomisando mediante el operativo 400 CD, que era dos puestos de lamina, en un puesto se encontraron dos cd con la leyenda infantiles XXX, el restaurante esta enfrente de estos dos negocios , se trata d lugares públicos como tarimas por lo que no se utiliza la autorización como diligencia policía, su persona no realizó acto de comercio alguno , desconoce donde se embaló porque no es técnico de inspecciones oculares. El testigo M. A. L. V. es agente de la DNIC en el 2012 le pidieron apoyo para la Fiscalía del menor para un decomiso en Comayagüela esta entre séptima y octava calle inspecciones oculares revisaron dos puestos ellos los contaron y los observaron y los pusieron en unos sobres de manila, solo participó como apoyo, su misión fue evitar que transitaran personas ajenas al lugar.- Una vez analizadas las declaraciones de los testigos antes referidos nos adentramos a la valoración, que de dichos testimonios ha efectuado el Tribunal. El a quo, en el apartado de valoración de la prueba, respecto al análisis de la prueba testifical, concluye que se consideran validas por las siguientes razones: facultades mentales y sensoriales de los testigos son normales , considerándolos coherentes internamente ya que cada uno aporta diferentes elementos relacionados como los hechos declarados probados señalando que lo relatado por el testigo protegido se constato mediante el decomiso realizado en el lugar y la posterior pericia de cada uno de los cd , por lo que el tribunal no tiene dudad razonable en cuanto ala valides de estas declaraciones , por lo que mediante estas. se acredita la hora ,lugar autores y circunstancias en que sucedieron los hechos del 14 de junio del 2011.- Para la defensa considerar validas y coherentes estas declaraciones no es consecuente con lo resuelto por el Tribunal hay que ubicarse en contexto de espacio y tiempo en que se dieron estos hechos el testigo protegido A no se sabe en que fecha es que estuvo en un comedor en Comayagüela que es un barrio bastante grande de esta ciudad capital también establece que fue el año 2012 que él le pregunta a una persona del sexo masculino vendedor trigueño que comercializaba películas que si anda de las buenas y que este la saco de una mochila luego el Analista de investigación J. O. F. C. expresa que posteriormente el testigo protegido les indico lugar pero no existen actas de diligencias de investigación previas o de vigilancia o salida de estos funcionarios de su lugar de trabajo expresando que se encontraron dos cd a una imputada y en el otro un cd como señores Magistrados va existir la concordancia o coherencia con lo que se les lleva para encontrar certeza de participación que expresa el Tribunal, este testigo hablo de 400 CD, que hay un restaurante enfrente de los negociaos situaciones completamente inciertas, que el no realizó acto de comercio alguno, que no utiliza la autorización como diligencia policía, que no sabe donde se embalo la evidencia así mismo declaró el Agente de Investigación M.A. V. también se ubica en el año 2012 fue frente a la escuela lempira entre séptima y octava calle, que solo participó como apoyo si es dudosa la declaración que dan estas personas para esta defensa no se tiene la certeza que de esos 1,242 cd se hayan encontrado en los puestas de venta de mi representadas, que 4 películas que dice el Tribual o tres que dicen los testigo de cargo se hayan encontrado exhibidas ese día 14 de junio del año 2011 y 4 esta forma exista la racionalidad requerida para determinar sin dudas posiciones ambiguas la participación en este tipo penal y de esta forma fundamentar los hechos probados. CUARTO: Mediante la prueba evidencia consistente en dos bolsas en donde la defensa señala la ilicitud de la prueba y la falta de un acta de cadena de custodia descartando la suplantación de evidencia ó de alguna equivocación por parte 4 la Fiscalía teniendo fundamento para los hechos probados.- QUINTO: el dictamen de Análisis realizado por el analista en investigación W. A. B. L .que la pericia se realiza del material; recibido de 24 cd a bolsa de la de inspecciones oculares D. V. negocio de L.L.S. G. donde encontró y de 27 cd bolas de inspecciones oculares de O.I. en el negocio de S. I.C. C. del análisis identifica de la primera bolsa 3 cd cuyas características y desarrolló físico se infiere que son niñas menores de 18 años considerando balido el dictamen en relación con la no presencia del abogado R. B. expresa el Tribunal que en debate se tubo la oportunidad de controvertir el presente dictamen. SEXTO: K.M. S.C.manifestó que las imputadas son conocidas porque colindan sus negocios da la fecha del hecho, que pusieron Contra la pared las imputadas, comenzaron agarrar cajas, después las metieron en las patrullas, hay un puesto en el medio en el cual se venden CD, la policía registro los cinco puestos, que a las imputadas las pusieron viendo hacia la pared la policía no individualizó lo que decomisó, ya que observó que lo depositaron en cajas, se decomisó las películas de todos los puestos, no hay comedor ni restaurante en ese lugar, las películas las decomisaron de los otros puestos que están pegados expresa el Tribunal que esta declaración carece e validez ya que entra en contradicción con la declaración de los testigos de cargo cuyos testimonios se corroboran con el resto de medios de prueba incorporados en el debate. Al concentrarse en el análisis de las declaraciones de los testigos de cargo nos damos cuenta ue sus testimonios no son contestes, veamos todo nace con el testigo protegido A de quien no existe la supuesta denuncia formal quien expresa que fue en un comedor en Comayagüela en donde un individuo trigueño el mismo pregunto si andaba de las buenas sacando este una de una mochila , los demás testigos cuentan algo que no les consta de su vista y oído tampoco pudieron probarlo documentalmente, en consecuencia no existe concordancia y pertinencia entre los testigos de cargo como lo asegura el sentenciador, otro dato importante es que en ambos testimonios se consigna que las imputadas nuca autorizaron el registro tampoco estuvieron presente en el registro el embalaje se realizó en otro lugar, no se pide convalidación de’ lo realizado, la pericia se realizo sin el control de la defensa habiendo sido ordena su presencia por la juez de garantía.- En cuanto a la decisión del a quo relativa a la condena de un delito de comercialización de pornografía infantil en su grado de ejecución viola a todas luces el principio de congruencia ya que la Fiscalía lo que pretendió probar en contra de mis representadas fue un delito de comercialización de pornografía infantil y la defensa fue lo que defendió, esta defensa entiende que las imputadas desprendiéndose de la coraza de inocencia que les brinda la constitución en relación con sus esta de inocencia se someten al contradictorio son contestes y ponen en contexto al Tribunal en relación con lo que ese día ellas realizaban que no hubo siquiera algún testigo de cargo que hablara de la acción de comercializar sea esta activa o pasiva algún producto u ofrecerlo de igual forma se acredito que estos dos puestos y sus productos les pertenecían, que no autorizaron el registro no observaron lo que la policía posteriormente embaló. Con este inconsistente argumento el Tribunal sentenciador, a criterio de la defensa ha infringido el postulado de la derivación, pues no existe armonía de las declaraciones de los testigos de cargo, el Tribunal ha considerado su valoración sin tener por norte las reglas de la sana crítica, faltando así al postulado en referencia, y resultando en una sentencia condenatoria diferente a la pretensión de la defensa, pues las pruebas no fueron contundentes para emitir un fallo condenatorio por el delito de comercialización de pornografía infantil en su grado de ejecución de tentativa, lo que se desprende que el razonamiento intelectivo del Juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto de los hechos sometidos al contradictorio. El juzgador ha catalogado las declaraciones de los testigos como contestes, creíbles, cuando en el fondo, el Tribunal debe admitir que éstos se refieren sustancialmente sobre una situación que ni el propio testigo Protegido A le consta; sin embargo no dan credibilidad a las declaraciones de las imputadas y la testigo de descargo que fue conteste con la s mismas coimputadas en relación con que hay otros puestos de ventas que no existió autorización, que no hay comedor cerca del lugar. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la pruebas descritas y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada en cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. La motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cuál se pueda inferir aquella conclusión. El Tribunal, ha derivado su conclusión en los medios de prueba de cargo testifical y documental que no son concluyentes con los hechos y la prueba documental que se obtuvo ilícitamente y sin claridad y pertinencia de quien es cada evidencia que posteriormente se trabaja sin la pertinencia si la presencia del defensor de la imputadas, en consecuencia sin control jurisdicción y garantía del acto en consecuencia del acta ultrajando la regla de la derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional. Por lo que opinamos que en total despego a lo dispuesto en el 362.3 del CPP, el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano. Es como hemos dicho anteriormente obligatorio que la sentencia sea concordante, verdadera y suficiente pan no incurrir en la inobservancia del postulado esencial de la Derivación que da contenido a la regla de la Lógica. Como te ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la condena de las imputadas por el delito de comercialización de pornografía infantil en su grado de ejecución de tentativa, siendo violatorios del sistema de la sana crítica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se, traduce en una causal de Casación por Quebrantamiento de Forma. Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. SEGUNDO MOTIVO: Motivación Fáctica Insuficiente de la Sentencia Impugnada”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer 1 que se debe entender por motivación en la sentencia en un proceso penal. Según el Artículo 141 del Código Procesal Penal, los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta de Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedentes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna radica en insuficiencia de motivación fáctica, la cual consiste en la fundamentación parcial insuficiente para resistir el peso del fallo que se dicta, de acuerdo a las exigencias formales previstas para la sentencia. Al respecto el Autor FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal). El Recurso de Casación Penal en el nuevo Código Procesal Penal de la nación), establece que: “motivación para que sea completa debe referirse a hecho y al derecho, entendiéndose en la primer hipótesis que se valorarán las pruebas suministrando las conclusiones a que arribe el Tribunal sobre su examen, esa necesidad de motivación impone al juez el deber de apreciar razonadamente las prueba? Tomando como base los parámetros recursivos supra referidos se determina, que la sentencia que se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado sexto de valoración probatoria de la misma, al realizar el Juzgador una motivación insuficiente de la prueba, lo que impide verificar la corrección del razonamiento que determina la condena de las imputadas respecto del delito a él atribuido, para lo cual examínese lo establecido por el Juzgador respecto de la prueba evacuada en el numeral primero de la sección de valoración probatoria: “con la prueba no se desprendo, ni ha quedado probado más allá de toda duda razonable como ocurrieron, puesto que advertimos una serie de contradicciones entre las declaraciones de lo testigos de cargo e incluso esa serie de contradicciones en relación con la prueba documental y pericial.” Como se evidencia de lo antes descrito, el juzgador se limitó a establecer en el apartado segundo de valoración probatoria que se advierten la controversia en relación con la validez jurídica del acta de decomiso de las película, pero no desarrolla a plenitud cuales son estas contradicciones, en relación a las garantías que se debieron de respetar a estas ciudadanas en relación con la petición de registro sobre más de mil CD que fueron decomisados ese día en barios puestos y no se sabe actualmente de quienes son su propietario en qué lugar exacto estaban donde se embalaron. Los argumentos que anteceden, nos conducen a afirmar que en el caso sub judice, se hace patente la motivación fáctica insuficiente en que incurrió e Juzgador y que se ve reflejada en la valoración de la prueba, al no haber indicado cual fue el articulado en que descansa darle valides a la prueba que la defensa solicitó su nulidad en relación con el acta de decomiso, cadena de custodia y la falta de garantías en la iniciación de una pericia sin la presencia del Abogado defensor de las hoy imputadas a que hace referencia, llevaron determinar que la prueba evacuada no tiene la fuerza suficiente para formar la convicción del Tribunal. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentencia, no ha podido efectuarse reclamación alguna para subsanación del vicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1. Con respecto al debido proceso para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal, el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1) Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2) La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3) Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4) Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5) Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6) Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. Por su parte el derecho de defensa, es la garantía constitucional que le asiste al imputado y a la víctima, a fin de poder resguardar con eficacia sus derechos. En esta perspectiva amplia, los sujetos participantes del proceso penal poseen una garantía constitucional de defensa. Sin embargo, el Ministerio Público no posee un derecho a la defensa sino a un conjunto de facultades para que cumpla con la función persecutoria, pues el derecho de defensa adquiere significativa relevancia en el procedimiento penal, cuando está en juego la libertad del imputado. En conclusión, es el derecho que asiste al imputado, que es a quien el acusador atribuye la comisión de un hecho punible, que le garantiza la asistencia técnica de un abogado defensor, la capacidad de oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y hacer valer dentro del proceso el derecho de obtener su libertad. Algunos de los efectos que presenta el derecho de defensa, como garantía constitucional son: a) Disponer de medios para exigir el respeto y efectividad de la defensa. b) La obligación de su respeto por parte de los poderes estatales y de los demás sujetos del ordenamiento. c) El derecho de defensa hace posible que el denunciado, inculpado o acusado puedan acceder a los demás derechos y garantías procesales. (Antecedente jurisprudencial: Sentencia de Sala de lo Penal registrada bajo el número SP-372-2011). La Constitución de la República en su artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, precepto que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un debido proceso, el cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de contradicción, debe entenderse el derecho del acusado, por intermedio de su abogado defensor, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de los derechos del acusado. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. (Antecedente jurisprudencial: SP-278-2011). 2. Todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. El Código Procesal Penal en la parte conducente del artículo 362.3 autoriza el re­curso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia impugnada carezca de motivaciones fácticas o jurídicas o que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias. Al respecto de la motivación de fallo: “Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial.[2]” V. RESUMEN 1. El a quo incurre en motivo de casación por INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL al DERECHO DE DEFENSA Y DERECHO AL DEBIDO PROCESO contenidos en los artículos 82 y 90 constitucionales, con infracción de los tratados y convenios internacionales relativos a dichas garantías. El artículo 82 constitucional dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…” y el artículo 90 del mismo cuerpo constitucional: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Aprecia el recurrente que la infracción de los preceptos constitucionales de derecho de defensa y debido proceso, se producen al dictarse la sentencia definitiva al no hacer el a quo una correcta valoración de la prueba vertida en la audiencia de juicio oral y público y al sobrevalorar la prueba de cargo sin justificar motivadamente dicha valoración como lo manda la ley y al dictar contra las acusadas L.L.S. G. Y S. I. C. C. sentencia condenatoria. 2. El a quo incurre en recurso de CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA por inobservancia de las REGLAS DE LA SANA CRÍTICA en la valoración de la prueba. Reprocha el recurrente que no existe autorización de registro ni acta de vigilancia que pruebe que las acusadas L.L. S.G. Y S. I. C.C. hayan intentado comercializar CD’S con pornografía infantil. Aprecia que el a quo ha infringido el principio de congruencia, al no haber en juicio prueba documental o testifical que haya determinado que las cuatro películas pertenezcan a las acusadas y que estaban siendo vendidas por ellas al público. Reprocha en valor probatorio de la prueba documental, de acta de inspección ocular número 587-2011, elaborada por la agente D. Y. V.E., quien decomisó novecientos veinticinco (925) CD´S a la señora L. S.G. y trescientos diecisiete (317) CD´S a la señora S. I. C. C., diligencia que realizó en dos puestos de venta, tipo galera, construida con madera. Reprocha que debiera de haber orden judicial para el registro de los lugares o en su defecto autorización de registro y convalidación judicial, con base en el artículo 101 del Código Procesal Penal, por lo que para la defensa queda evidenciada la nulidad, por violación al derecho de la propiedad privada de estos cinco puestos de ventas. Reprocha la valoración de la prueba de testigos: J. O. F. C., técnico industrial y analista de investigación, asignado a la Unidad de Delitos de Explotación Sexual y M.A.L.V., agente de la DNIC, porque el a quo las considera válidas para acreditar la hora, lugar, autores y circunstancias en que sucedieron los hechos el catorce (14) de junio del dos mil once (2011), no obstante que la defensa considera no son congruentes con lo resuelto por el a quo. Señala la ilicitud de la prueba y la falta de un acta de cadena de custodia del dictamen del analista de investigación W. A.B. L., sobre el material recibido de 24 CD. Reprocha que la policía no individualizó lo que decomisó y que del análisis de las declaraciones de los testigos de cargo no son contestes, ni concordancia con lo declarado por el testigo protegido A. Por lo que concluye que el a quo ha valorado las pruebas de cargo sin considerar las reglas de la sana crítica, al no desprenderse de estos elementos auténticos o aptos para producir certeza de manera razonable. 3) El recurrente alega como motivo de CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA la MOTIVACIÓN FÁCTICA INSUFICIENTE de la sentencia impugnada. Reprocha que en el apartado segundo de valoración probatoria el juzgador advierte controversia con relación a la validez del acta de decomiso de las películas, pero no desarrolla a plenitud las garantías que se debieron respetar a las acusadas en el registro de más de mil CD que fueron decomisados ese día en varios puestos, por lo que no se sabe quien es su propietario y el lugar estaban donde se embalaron. Aprecia que los argumentos vertidos por el a quo hace patente que la motivación fáctica de la sentencia es insuficiente en la valoración de la prueba y al no acceder a la petición de la defensa de declarar la nulidad del acta de decomiso y cadena de custodia por la falta de garantías en la iniciación de la pericia, sin estar presente el abogado defensor de las acusadas. VI. DECISIÓN 1) Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, el juzgador ha dado fiel cumplimiento al derecho de defensa y debido proceso de las acusadas L. S. G. y a la señora S.I. C. C., contenido en el articulo 82 y 90 de la Constitución de la República, al haber seguido un juicio en un plano de igualdad de derechos y garantías de las partes procesales y valorado los medios de prueba de cargo y de descargo, presentadas por las partes en el acto del juicio oral y público. En el presente caso, el a quo ha respetado la garantía a un debido proceso, al haber garantizado a las acusadas un juzgamiento por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantías establecidas en la ley. Asimismo ha observado el derecho de defensa de las acusadas, en virtud que en acto del juicio oral y público, se ha respetado el principio de contradicción o derecho de las acusadas por intermedio de sus abogados defensores, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones y se ha respetado a las acusadas el derecho de igualdad de armas procesales, en virtud de que el juicio se ha llevado a cabo en un plano de igualdad, sin que ninguna de las partes, en especial la defensa de las imputadas, haya sufrido menoscabos indebidos en sus derechos procesales. Por lo anteriormente expuesto, esta sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional invocado por los recurrentes. 2) El recurrente censura la sentencia dictada por el a quo por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas de cargo. Esta sala observa que para ello el recurrente hace uso de alegatos propios de instancia y argumentar que el a quo debió haber practicado otras pruebas como una autorización de registro y acta de vigilancia, necesarias para legitimar la actuación investigativa de las autoridades y para probar que las acusadas L.L.S.G.Y S. I.C. C. hayan intentado comercializar los CD’S con contenido pornográfico infantil, que las cuatro películas decomisadas pertenecían a las acusadas y que estaban siendo ofrecidas por ellas al público, para con ello formar su convicción judicial. Reprocha que el a quo haya fundado su sentencia condenatoria contra las acusadas, con base en los medios de prueba siguientes: 1) PRUEBA DOCUMENTAL, consistente en el acta de inspección ocular número 587-2011, elaborada por la agente D. Y. V. E.; 2) Prueba de los testigos: J.O. F.C., técnico industrial y analista de investigación, asignado a la Unidad de Delitos de Explotación Sexual, M. A.L.V., agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la declaración del TESTIGO PROTEGIDO A y 3) Dictamen rendido por el analista de investigación W. A.B. L., sobre el material recibido de 24 CD incautado a las acusadas, perfectamente identificado e individualizado, entre los que se encontraban 4 CD´S con contenido explícito de pornografía infantil. Pruebas que considera no son concordantes con lo declarado por el TESTIGO PROTEGIDO A. Esta sala observa que el censor del fallo omite, indicar la regla o reglas de la sana crítica, de la lógica, psicología o de las máxima de la experiencia que considera no han sido aplicadas por el juzgador en la motivación intelectiva de la prueba ya indicada, únicamente refiere que el a quo infringió el principio de congruencia, al no haber evacuado pruebas documentales o testificales que determinaran que las cuatro películas con pornografía infantil hayan pertenecido a las acusadas y que las ofrecían en venta al público. No obstante el defecto en la técnica recursiva del recurrente, esta sala considera por una parte que las razones vertidas por el a quo para rechazar los alegatos de prueba ilícita del acta de registro, decomiso y peritaje del material decomisado presentados en juicio por los representantes de la defensa de las acusadas, son perfectamente válidos al considerar que de conformidad con la ley, por tratarse de establecimientos de venta de achinería ubicados en sitios públicos, no requerían para su registro y decomiso de material prohibido de la observancia de los formalismos establecidos constitucionalmente para poder ingresar a una vivienda o lugar de domicilio de las personas, por no ser este el caso, tales como la orden de allanamiento, orden judicial de registro, diligencias de seguimiento o autorización de su propietario o encargado, por tratarse de casetas o puestos de madera, ubicados en sitos públicos de la ciudad de Comayaguela, Distrito Central o puestos de venta donde estaba siendo ofrecido el material prohibido, es decir de una cantidad mayor de CD´S, cuatro (4) con contenido explícito de pornografía infantil, encontrados tres (3) a la señora L.L. S. G. y uno (1) a la señora S. I. C. C.. Esta sala considera que al valorar la prueba de cargo de reproche, los razonamientos utilizados por el juzgador de instancia para dotarla de credibilidad y valor probatorio, son lógicos y suficientes para con ellas determinar pericialmente no solo el contenido pornográfico infantil del contenido en los CD´S sino también con las actas de registro y decomiso, acreditar el cumplimiento de los procedimientos de registro utilizados en estos casos por las autoridades de Policía de Investigación y de Fiscalía de Protección a la Niñez y la Adolescencia sino también que dichos CD´S con contenido prohibido estaban siendo ofrecidos en venta al público en general, en los puestos de venta por las acusadas L. L. S. G. y S. I. C. C.. Por lo anteriormente expuesto, esta sala resuelve declarar sin lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. 3) Sobre el motivo de casación por quebrantamiento de forma fundado en la falta de motivación fáctica de la sentencia recurrida, esta sala considera que de la simple lectura de la sentencia impugnada, la misma no carece de motivaciones fácticas que pongan en precario la fundamentación del fallo sino que por el contrario, observa que la sentencia dictada por el a quo ha sido debidamente motivada y que aun siendo imperfecta o defectuosa dicha motivación, tal defecto no constituye falta o carencia de motivación, por lo que el motivo de casación debe ser desestimado. VII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 82, y 90 de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361, 362.3 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de casación por INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL en su único motivo y por QUEBRANTAMIENTO DE FORMA en sus dos motivos interpuesto por los abogados B. A. G. M. M. y M. A. C. R. actuando en su condición de apoderados defensores de las acusadas L. L. S. G. y S. I. C. C., contra la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen para los fines y efectos legales. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”. “CASACION PENAL SP 232-2014 LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, integrada por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García dicta el siguiente: AUTO En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. ANTECEDENTES PROCESALES UNICO: En fecha veintinueve de agosto del año en curso, se recibió en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia escrito por medio del cual la señora L. L. S. G. confiere poder a la abogada B. A. G. M. y asimismo la autoriza para desistir del recurso de casación interpuesto contra la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en fecha seis de marzo del año dos mil catorce. FUNDAMENTACIÓN PRIMERO: El artículo 348 del Código Procesal Penal, dispone: “Quien haya inten­tado un recurso de reposición, podrá desistir del mismo ante el órgano jurisdiccional que haya dictado la re­so­lución reclamada, si lo verifica antes de que el recurso sea resuelto. En los demás casos, el desistimiento tendrá que hacer­se ante el Tribu­nal que deba conocer del recur­so. El Defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos por él, sin autorización expresa del imputado. La autorización para desistir se probará con el correspondiente documento o me­diante la manifestación de voluntad hecha por el imputado, ante el respectivo órgano juris­diccional.” SEGUNDO: Que en materia procesal el desistimiento es el apartamiento voluntario que el recurrente hace del recurso y en el presente caso la señora L. L. S. G. autoriza a la abogada B. A. G. M. para desistir del presente recurso de casación. Por cuanto antecede y con fundamento en la norma invocada expresamente, este Tribunal: POR UNANIMIDAD RESUELVE: PRIMERO: Téngase por conferido poder por parte de la señora L. L. S. G. en la abogada B. L. G. M.. SEGUNDO: Declarar el DESISTIMIENTO del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma interpuesto por los abogados B. A. G. M. y M. A. C. R., en su condición de apoderados defensores de la señora L. L. S. G., en virtud del proceso que se le sigue por considerarla responsable de la comisión del delito de pornografía infantil en perjuicio de niños y niñas menores de dieciocho años. TERCERO: Que se continúe con la tramitación del presente recurso de casación en relación a la imputada S. I. C. C.. NOTIFIQUESE- FIRMAS Y SELLO.- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- José Ramón Crúz Ferrera.- Receptor Adscrito.- Sala de lo Penal.”.

Extendida a solicitud de la Abogada B. A. G. M., en su condición de Apoderada Legal de la señora S. I. C. C., en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre y de la resolución de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil dieciséis respectivamente, recaídas en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-232-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] LOS PRINCIPIOS LÓGICOS. CAPÍTULO II DE LA LÓGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFÍA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NÚMERO 7, 2005

[2] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rua. Edición 1968. Página 156