Sentencia CP-213-12 — Registro 6455
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de robo agravado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Del estudio del caso se concluye que para el tribunal de instancia de la prueba de cargo “no es posible afirmar certeramente la existencia de mala fe, pues no derivan indicios suficientes sobre el conocimiento que éste tenía de la situación jurídica del objeto que portaba, pues se ha manifestado más bien por parte de los agentes de Policía, que el detenido desde los primeros momentos informó que se encontraba pagando la motocicleta, pues la había comprado, y así también lo refiere el señor R. M. en su declaración ante el Juez en la Audiencias Inicial, por lo que no es suficiente esta prueba para hacer derivar, suficientes indicios que nos hagan afirmar un nexo causal en relación con la acusación por el delito de posesión de vehículo robado, ya que para ello, es indispensable, además de poseer el vehículo que fue objeto de robo, tener un conocimiento, aunque sea mediático, de la ilícita procedencia del vehículo que posee o conduce…” (Folio No. 101 Vuelto). Y que “… se aprecian razonables dudas, a partir de la prueba evacuada en el juicio, esta duda… respecto a la forma en que se ha adquirido la motocicleta por parte del acusado, pues no se ha incorporado pruebas que nos hagan llegar… razonablemente hagan inferir el dolo, en la adquisición del vehículo automotor referido… no hay prueba suficiente para establecer la existencia de la culpabilidad del encausado” (Folio No. 103 frente). Esta Sala señala, que del estudio del caso se concluye que la prueba ha sido insuficiente para arribar al convencimiento de la existencia del delito de posesión de vehículo robado y que el Tribunal de Sentencia no se apartó de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo donde se alegó violación a las reglas de la sana crítica..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, en su condición de coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 213-2012 por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de enero del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual absolvió al señor E. M. C. P., como autor del delito de POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de S. R. M. No condenó a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Son partes: La Abogada K. M. en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrente y el Abogado A. A. G. en su condición de Apoderado Legal del señor E. M. C. P. como recurrido. II.- HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha uno de agosto del año dos mil diez, a eso de las doce del medio día, agentes de la Policía Nacional Preventiva, que realizaban un patrullaje de rutina en el Barrio Paz Barahona, catorce calle, siete y ocho avenida, de esta ciudad, requirieron al señor E. M. C. P., quien se conducía en una motocicleta marca BAJAJ, color rojo, año 2006, placa MPF 1680, porque hacía mucho ruido dado que andaba el escape libre, y le solicitaron los documentos de propiedad de la misma, los que no portaba, por lo que los agentes pidieron información a la central de comunicaciones de la policía sobre la misma, y les dijeron que tenía reporte de robo de fecha quince de julio del mismo año, pues fue robada al señor S. R. M., por este motivo le dieron detención al señor E. M. C. P., quien al parecer adquirió la motocicleta por compra que le hiciera a una persona identificada como M. G., que la llegó a ofrecer a un billar localizado en el Barrio Barandillas de esta ciudad, por la cantidad de cinco mil lempiras que se comprometió a pagar a plazos.” III.- RECURSO DE CASACIÓN “EL RECURRENTE ABOGADO F. A. L., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: ”EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. PRIMER MOTIVO: “Declaración no terminante de Hecho declarado probado en la sentencia”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo el numeral 1) de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, establece que la “Declaración de hechos probados ……se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consignan probados, descritos con claridad, precisión y coherencia……….”.por su parte el fallo que ahora impugnamos, detalla que el A quo declaró como hecho probado:“En fecha uno de agosto del año dos mil diez, a eso de las doce del medio día, agentes de la Policía Nacional Preventiva, que realizaban un patrullaje de rutina en el Barrio Paz Barahona, catorce calle, siete y ocho avenida, de esta ciudad, requirieron al señor E. M. C. P., quien se conducía en una motocicleta marca BAJAJ, color rojo, año 2006, placa MPF 1680, porque hacía mucho ruido dado que andaba el escape libre, y le solicitaron los documentos de propiedad de la misma, los que no portaba, por lo que los agentes pidieron información a la central de comunicaciones de la policía sobre la misma, y les dijeron que tenía reporte de robo de fecha quince de julio del mismo año, pues fue robada al señor S. R. M., por este motivo le dieron detención al señor E. M. C. P., quien al parecer adquirió la motocicleta por compra que le hiciera a una persona identificada como M. G., que la llegó a ofrecer a un billar localizado en el Barrio Barandillas de esta ciudad, por la cantidad de cinco mil lempiras que se comprometió a pagar a plazos”. Lo subrayado es nuestro. Si aplicamos la norma citada al contenido del cuadro fáctico de la sentencia, claramente advertimos que ésta evidencia un defecto procesal sujeto de ser impugnado por la vía recursiva de casación, el cual se constituye al haberse empleado en la redacción del hecho probado, una frase de carácter dubitativo, como ser:“quien al parecer adquirió la motocicleta por compra”.Expresión ésta, que no conduce al lector a una conclusión inequívoca y categórica que conlleve a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido en juicio, es decir que en nuestro caso concreto, del hecho estimado probado del fallo no se logra extraer, si el acusado efectivamente compró o no la motocicleta que le fuese decomisada; sino por el contrario, el Juzgador demuestra inseguridad en lo que ha resuelto estimar como probado, lo que indudablemente ha repercutido absolutamente en la parte resolutiva de la sentencia, que ahora hace que se halla dictado un fallo no acorde a derecho. En consecuencia y siendo que el factum no es concluyente en lo que relata y se aparta de la cualidad de terminancia, que constituyen los requisitos que establece la norma procesal antes señalada, es que recurrimos el fallo sub judice, para que éste sea casado y se emita uno que en derecho corresponda; no habiéndose anunciado previamente el vicio, pues éste se produce en el acto de sentenciar.” EL RECURRENTE ABOGADO F. A. L., PROCEDIO A FORMALIZAR SU SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. SEGUNDO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene vicios graves que atentan contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierten en consecuencia, en la violación de los Artículos 202 y el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal, tal como a continuación se señalan: En juicio oral y público, depusieron los testigos A. A. H. C. y N. C. M. R., ambos policías, quienes de manera sucinta y conteste declararon: Que el día y hora señalada en el cuadro fáctico del fallo, ellos andaban patrullando y requirieron al ahora imputado quien se conducía en una motocicleta y que al preguntarle sobre los documentos de dicho automotor, él requerido dijo no portarlos, porque su esposa los tenía, dado que había dejado la billetera, por lo que tampoco andaba licencia de conducir; por lo que se verificó los datos de la motocicleta en el sistema y ésta tenía reporte de robo; entonces el ahora acusado dijo que él la estaba pagando, llegando posteriormente la esposa de él, pero no llevó ningún “papel” a excepción de la cédula de identidad de su esposo; por lo que se procedió al decomiso de la moto, levantándose en el acto la correspondiente acta de decomiso y en consecuencia la detención del sospechoso. Asimismo, se introdujo al juicio, la denuncia que reporta el robo de la motocicleta decomisada, por parte del señor S. R. M., cuya declaración rendida en audiencia inicial en la misma causa, fue incorporada al debate mediante lectura; y también el documento que registra la pericia que se le practicase al automotor decomisado, con la cual se acreditó que se trata del mismo que tiene reporte de robo. De la totalidad de esta probanza el Juzgador se pronuncia que le otorga credibilidad, respecto a que el acusado era el poseedor de la motocicleta que previamente había sido robada; pero al mismo tiempo estimó, que de la misma prueba no se puede afirmar, que el procesado la hubiese poseído de mala fe, ya que de la prueba no se derivan indicios suficientes sobre el conocimiento que aquel tuviese sobre la situación jurídica del objeto que portaba, por cuanto desde que fue requerido por los policías, éste les manifestó que la estaba pagando y en audiencia inicial expresó que se la había comprado al señor R. M., por lo que no es posible afirmar un nexo causal que involucre al acusado en relación a la acusación del robo, dado que en el caso de mérito no sólo es suficiente el poseer el bien robado, sino que también tener el conocimiento aunque sea mediático de la ilícita procedencia del vehículo poseído; postura esta que es la comparte la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 07 de febrero del 2007 en la que se resuelve recurso de casación, contenido en el Exp No. 180-06. De lo anterior nos pronunciamos, que este ente acusador comparte absolutamente tanto la postura del A quo, como también de la Sala de lo Penal en la sentencia supraseñalada, respecto a que en los delitos como el que ahora se juzga, además de la posesión del bien, el acusado debe tener el conocimiento de la ilicitud de su origen. No obstante, en el caso que nos ocupa la citada jurisprudencia no resulta aplicable, ya que en el caso de autos, si se cumple el segundo de los requisitos en mención, por cuanto si bien es cierto que el acusado al ser requerido por los policías, éste les refirió que él estaba pagando la motocicleta y que los papeles los tenía su esposa; pero lo que no advirtió el Juzgador y que si quedó plenamente acreditado, es que los mismos policías depusieron, que cuando llegó la esposa del acusado, ella no presentó los documentos de propiedad de la motocicleta, sino que únicamente llevó la cédula de identidad de él; por cuanto, si en aquel momento el acusado o bien su esposa hubiesen presentado la documentación que acreditará lo expuesto por el acusado, respecto a que él era comprador de buena, en aquel momento no se hubiese impetrado requerimiento fiscal en su contra, sino por el contrario la causa hubiese quedado pendiente de investigación y actualmente no estaríamos conociendo de éste recurso; es por lo anterior que el Juzgador al no haber tomado en consideración estos extremos al momento de valorar la prueba, vulnera de tal manera el postulado de derivación en su apartado de razón suficiente, concretamente la característica de suficiencia, pues la probanza en mención resulta ser suficiente para lograr la certeza de que el acusado no hizo compra de buena fe. Máxime si relacionamos lo anterior, con el hecho de que el A quo no le otorga valor probatorio a la prueba documental de la defensa, consistente en manuscritos que se refieren a un contrato informal de compra venta entre el acusado y una persona que se dice llamar “M. G.”; y dos recibos por la cantidad de mil quinientos lempiras cada uno, firmados supuestamente por éste último; documentos estos, que en el juicio oral y público no fueron ratificados por persona alguna, es decir, que el supuesto vendedor “M. G.”, no fue allegado al debate, es decir que ni siquiera se acreditó la existencia de éste; y siendo que la buena fe, en este caso es argumentada por la defensa del acusado, es entonces ésta la llamada a aportar la prueba que rebata la probanza de cargo, circunstancia ésta que no sucedió; es más, el propio Tribunal de Sentencia estimó de dicha prueba, “que dado que no existen medios de prueba que respalden dichos documentos, y que siendo que el acusado es el más interesado de librarse de responsabilidad penal, era natural que actuase con dicho ánimo y tratara por todos los medios de justificar su conducta”; en consecuencia de esta valoración el Juzgador infiere que los documentos surgieron de la propia creación de quien los presentó, dada la ausencia de persona que los ratifica a excepción del propio acusado. Sin embargo y sorprendentemente, resuelve en favorecer al acusado con un fallo absolutorio por considerar duda, cuando ha estimado que no le cree a la prueba de descargo; lo cual también genera un vicio casacional, como lo es vulneración a la regla de coherencia, específicamente en su característica de no contradicción, por cuanto utilizó dos juicios que se anulan entre si (no le creo al acusado, pero aún así lo absuelvo). Y finalmente para evidencias la funesta valoración de la prueba que realizó el Juzgador, lo cual trascendió en el fallo que ahora resulta no acorde a derecho; respecto al testigo de descargo O. R. P., cuya declaración rendida en audiencia inicial fue incorporada al proceso mediante lectura, y quien de la misma el Juzgador consideró: “que si bien el testigo citó que la motocicleta les fue ofrecida a otras personas en el billar, donde refiere el acusado que pactó su compra con el señor M G., a quien conocía y era quien vendía la motocicleta; sobre ello resulta duda razonable de que efectivamente este haya sido el modo de adquirir la motocicleta por parte del acusado, puesto que aún y cuando se haya referido en el acta de audiencia inicial que eso había ocurrido a finales de junio, siendo esta fecha anterior incluso al robo de la motocicleta, por ello no se da por acreditado certeramente lo manifestado por el testigo, pero es razonable inferir que éste pudo haberse equivocado de mes, o escrito erradamente por el Secretario que transcribió el acta y como regla de valoración de la prueba se encuentra derivado del principio de inocencia, el principio de in dubio pro reo, tal es la apreciación del Tribunal respecto a la forma de cómo adquirió la motocicleta el acusado, por lo que no es posible dar por configurados todos los elementos típicos del delito aludido”; es decir, que el Juzgador de oficio corrige las incongruencias contenidas en la declaración del aludido testigo (al afirmar que el testigo se pudo haber equivocado en cuanto al mes), lo cual claramente muestra parcialidad de parte del órgano jurisdiccional; y por otro lado, hace inferencias propias de su imaginación que no tienen apoyo en prueba alguna evacuada en el juicio, como ser: o bien que el testigo se equivocó, o bien que fue el Secretario del Juzgado al momento de levantar el acta que consigna lo ocurrido en la audiencia inicial; circunstancias estas, que claramente vulneran la regla lógica en su postulado de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de veracidad. En consecuencia y siendo que la prueba de cargo era suficiente y concreta para dictar un fallo condenatorio, el cual el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicios éstos que procedemos a anunciarlos hasta en este momento, ya que los mismos se producen en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma porque la declaración de hechos que el tribunal declara probado no son claros ni terminantes. Precepto autorizante: articulo 362 No. 1) del Código Procesal Penal. El recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el Tribunal declara probados no es clara y terminantes”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca la impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante contempla varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (que falte la declaración de hechos) . El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho[1] y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, en consecuencia, debe el impetrante precisar qué vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en sí, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos, pero en el caso subjudice esta Sala nota que el único hecho declarado probado ha sido enumerado en forma clara, precisa, terminante y coherente de manera que no ha lugar al motivo invocado[2], por cuanto la falta de claridad, precisión o terminancia así como la contradicción que refiere la norma debe darse en el relato mismo de los hechos probados en su relación interna, no en relación de los hechos con la valoración de las pruebas de las cuales se han colegido, ya que la redacción del relato de hechos que considere probados es facultad del tribunal sentenciador con la responsabilidad consiguiente, y no es preciso que en ese relato se recojan todos los pormenores y circunstancias que las partes estimen precisos, aunque se trate de extremos fácticos debidamente acreditados, en la forma que estime oportuna y en la medida que sea necesaria para permitir su calificación jurídica, por lo que por las razones indicadas no procede este motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público, arguyendo que el tribunal de instancia al dictar sentencia absolutoria, inobservó las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Precepto autorizante: articulo 362 No. 3) del Código Procesal Penal. I. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el artículo 362 No.3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[3]. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado que anteriormente que “…en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[4]. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[5]. Partiendo de la doctrina legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la sana crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología: están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3) Las Reglas de la Lógica: la lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; de la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de Identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El Principio de Contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual a “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de la prueba, un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El Principio de Tercero Excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: de este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. II. El tribunal de casación, al término de la lectura de la sentencia objeto de impugnación, en especial lo referente a la valoración descriptiva e intelectiva de los medios de prueba, determina que no es de recibo la denuncia hecha por la censor; al momento de desarrollar la valoración intelectiva, lo hace de una forma coherente, armónica y en observancia a los principios de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. En el presente caso al examinar el reproche recursivo esta Sala observa que el censor se limita a hacer un análisis de la prueba consistente en las declaraciones testificales practicadas durante el juicio. Por otro lado constata que con alegatos propios de instancia, cuestiona el valor probatorio concedido a las mismas por el A Quo, por estimar que con ellas se ha probado que el acusado, no actuó de buena fe, en la compra de vehículo tipo motocicleta objeto del juicio, es decir, que ha participado, y tiene responsabilidad criminal en los hechos que se le imputan. Esta Sala considera pertinente recordar que el concepto de buena fe extraído del derecho civil y aplicable en este caso, consiste en la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato[6]. Del estudio del caso se concluye que para el tribunal de instancia de la prueba de cargo “no es posible afirmar certeramente la existencia de mala fe, pues no derivan indicios suficientes sobre el conocimiento que éste tenía de la situación jurídica del objeto que portaba, pues se ha manifestado más bien por parte de los agentes de Policía, que el detenido desde los primeros momentos informó que se encontraba pagando la motocicleta, pues la había comprado, y así también lo refiere el señor R. M. en su declaración ante el Juez en la Audiencias Inicial, por lo que no es suficiente esta prueba para hacer derivar, suficientes indicios que nos hagan afirmar un nexo causal en relación con la acusación por el delito de posesión de vehículo robado, ya que para ello, es indispensable, además de poseer el vehículo que fue objeto de robo, tener un conocimiento, aunque sea mediático, de la ilícita procedencia del vehículo que posee o conduce…” (Folio No. 101 Vuelto). Y que “… se aprecian razonables dudas, a partir de la prueba evacuada en el juicio, esta duda… respecto a la forma en que se ha adquirido la motocicleta por parte del acusado, pues no se ha incorporado pruebas que nos hagan llegar… razonablemente hagan inferir el dolo, en la adquisición del vehículo automotor referido… no hay prueba suficiente para establecer la existencia de la culpabilidad del encausado” (Folio No. 103 frente). Esta Sala señala, que del estudio del caso se concluye que la prueba ha sido insuficiente para arribar al convencimiento de la existencia del delito de posesión de vehículo robado y que el Tribunal de Sentencia no se apartó de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo donde se alegó violación a las reglas de la sana crítica. V.- DECISIÓN Los motivos formulados por el Ministerio Público deben ser desestimados. VI.- RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362. 1 Y 3 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar SIN LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-213-2012.
LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] “Parecerle a alguien algo: Verb. Con un matiz de duda o indeterminación, opinar, creer”. Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario. http://dle.rae.es/
[2] El Tribunal de Sentencia dictó Sentencia Absolutoria en la que estableció respecto a las circunstancias en que adquirió el procesado la Motocicleta, “apreciando razonable dudas, a partir de la prueba evacuada… y que la prueba ha sido insuficiente para arribar al convencimiento de la existencia del delito de Posesión de Vehículo Robado” (Folio No. 103 frente).
[3] Fallo 194-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2001 y 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido el fallo 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011.
[4] Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011.
[5] Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011.
[6] CRUZ LOPEZ, REYNALDO, en “Los Bienes. Apuntes de Derecho Civil”, 2ª Edición corregida, Imprenta Calderón, Tegucigalpa, 1983, pág. 98 y ss.