Sentencia CP-200-13 — Registro 7938
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"..Aprecia esta Sala de Casación que la realización del computo de cumplimiento de pena de reclusión, con el objetivo de determinar inicio y finalización de la misma, tomando como punto de partida la pena concreta determinada por el Tribunal de Sentencia, es una atribución del Juez de Ejecución de la pena por disposición legal sustantiva[1], aunado a mencionar que en la practica judicial, es esa la judicatura que adopta todas las decisiones necesarias para que se cumplan los pronunciamientos contenidos en las resoluciones de los tribunales sentenciadores, entre ellas, la relativa a la duración de las penas acumuladas por varios delitos, no pudiendo exceder de treinta (30) años, máximo preceptuado en el articulo 35 del Código Penal[2]. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el A quo, no mencionó en la sentencia que el procesado aún cuando fue condenado a una pena de reclusión superior al tiempo máximo por penas acumuladas; no menos cierto es también, que al Juez de ejecución es a quien le corresponde vigilar y dar cumplimiento en esa fase de ejecución de pena al parámetro máximo establecido en el artículo 35 párrafo último de la norma penal sustantiva en relación con el articulo artículo 97 párrafo último de la Constitución de la Republica.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzman García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 200 -2013 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de Noviembre de dos mil tres, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al Señor W. P. M., a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de G. N. A. y J. C. L. R.; - 2)Condenando al Señor W. P. M., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de D. R. G., mas las penas Accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.- 3)No condeno en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada I. L. A. M., actuando en su condición de Defensora Pública del señor W. P. M.. Son partes: El Abogado M. R. A. en su condición de Apoderado Legal del Señor W. P. M. como recurrente, y la Abogada D. R. en su calidad de Representante del Ministerio Público como recurrido. II. HECHO PROBADO “UNICO: El día 22 de Junio de dos mil dos aproximadamente a las siete de la noche se encontraban los jóvenes G. N. A., J. C. R. Y D. R. G., en el interior de la vivienda de la joven conocida solamente como VEROSCA, cuando ingresó a la misma W. P. M., en compañía de otra persona quienes portando dos armas de fuego procedieron a encañonar a los primeros. W. le preguntó a G. sobre un arma de fuego calibre 25, a lo cual este le respondió que no la portaba consigo enfrascándose en una fuerte discusión en la cual W. P. le dice a G. que si es cierto que anda preguntando por él y que “ya se las va a pagar” abandonando de inmediato la habitación. Seguidamente V. les pide a los jóvenes que salgan del cuarto. Una vez afuera los estaban esperando el acusado en compañía de tres personas más, quienes al verlos salir los obligaron encañonándolos con armas de fuego.- A subir a un taxi, que habían estacionado en frente de la casa, siendo trasladados primero al campo Iberia y posteriormente al kilómetro cinco de la carretera que conduce a San Pedro Sula. Durante el trayecto W. y uno de sus acompañantes les iban diciendo que en ese lugar les quitarían la vida. Una vez en este sitio bajan del vehículo a G., J. C., D. y J. S., colocando a los tres primeros al borde derecho de la carretera lugar en el cual W. P. y otra persona que les acompañaba les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida, a G. Y a J. C., e hiriendo a D. quien salió corriendo del lugar tratando de salvar su vida, de igual manera J. S. N. logra cruzar la calle, esconderse en una cuneta y escapa con vida del lugar”. III. RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. “MOTIVO UNICO: Violación por falta de aplicación del artículo 35 párrafo 30 del Código Penal Vigente con relación al artículo 97 párrafo último Reformado de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 360 párrafos primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Consigna ese Honorable Tribunal de Sentencias como hecho probado el siguiente: UNICO: El día 22 de Junio de dos mil dos aproximadamente a las siete de la noche se encontraban los jóvenes G. N. A., J. C. R. Y D. R. G., en el interior de la vivienda de la joven conocida solamente como V., cuando ingresó a la misma W. P. M., en compañía de otra persona quienes portando dos armas de fuego procedieron a encañonar a los primeros. W. le preguntó a G. sobre un arma de fuego calibre 25, a lo cual este le respondió que no la portaba consigo enfrascándose en una fuerte discusión en la cual W. P. le dice a G. que si es cierto que anda preguntando por el y que “ya se las va a pagar” abandonando de inmediato la habitación. Seguidamente V. les pide a los jóvenes que salgan del cuarto. Una vez afuera los estaban esperando el acusado en compañía de tres personas más, quienes al verlos salir los obligaron encañonándolos con armas de fuego.- A subir a un taxi, que habían estacionado en frente de la casa, siendo trasladados primero al campo Iberia y posteriormente al kilómetro cinco de la carretera que conduce a San Pedro Sula. Durante el trayecto W. y uno de sus acompañantes les iban diciendo que en ese lugar les quitarían la vida. Una vez en este sitio bajan del vehículo a G., J. C. D. Y J. S., colocando a los tres primeros al borde derecho de la carretera lugar en el cual W. P. Y OTRA PERSONA que les acompañaba les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida, a G. Y A J. C., e hiriendo a D. quien salió corriendo del lugar tratando de salvar su vida, de igual manera J. S. N. logra cruzar la calle, esconderse en una cuneta y escapa con vida del lugar. Por su parte la fase resolutiva del fallo recurrido dispone en el acápite primero: Que Debemos condenar y condenamos al señor W. P. M. como autor responsable de un delito de ASESINATO en perjuicio de la vida de G. N. A. Y J. C. L. a VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION… SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos al señor W. P. M., cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas corno autor responsable de un delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de D. R. G., ya definido y circunstanciado a la pena, principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION, la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicado en Tamara Francisco Morazán. Es evidente que aún cuando el Tribunal no consigna la totalidad de la pena a cumplir el imputado pero que al consignar que lo es para uno de los delitos imputados y calificarlo a este como responsable de tres delitos, entonces la pena acumulada es de sesenta y cinco (65) años de reclusión. En el caso de merito se ha violado con el fallo recurrido por inaplicabilidad la disposición sustantiva contenida en el citado párrafo tercero de los artículos en relación, si efectivamente de los hechos estimados y declarados probados se establece que en el hecho perdieron la vida dos personas G. N. A. Y J. C. R.; y fue herido D. R. G.; constituyendo un concurso real de delitos por haber ejecutado el imputado tres delitos contra la vida los dos primeros G. Y J. C.; por un HOMICIDIO CONSUMADO y un delito en su GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA; en el tercer perjudicado D.; a este respecto el artículo 35 del Código Penal dispone que el culpable de dos o mas delitos se le impondrán las penas correspondientes a las diversas infracciones disponiendo dicho precepto sustantivo en su párrafo final que, sin embargo la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederán de 30 años, resultando que el Tribunal de Sentencias al hacer la fundamentación Jurídica no hace alusión a lo prescrito en el párrafo último del citado artículo siendo pertinente a nuestro entender que el Tribunal de Sentencias, quien es el que impone la pena concreta deba establecer dentro del marco que la ley le establece, el máximo de la pena que debe cumplir el imputado cuando se trata de penas acumuladas por varios delitos como ocurre en el caso de merito, debiendo a nuestro criterio que es en el fallo donde debe quedar consignado el máximo de la pena que el imputado debe cumplir y que en aplicación del párrafo segundo del citado artículo será de treinta años y esto es así porque el párrafo último del artículo 97 reformado de la Constitución de la República ya dispone que las penas privativas de Libertad por simples delitos y las acumuladas por varios delitos se fijarán en la Ley Penal, en consecuencia el párrafo último del artículo 97 Constitucional se remite al artículo 35 del Código Penal Vigente para su aplicabilidad en los casos como en el de merito, es por ello que consideramos que el Tribunal de sentencias de Tegucigalpa, ha violado por haber dejado de aplicar el artículo 35 párrafo final del Código Penal, al no consignar en el fallo que el imputado, al acumulársele las diversas infracciones, en aplicabilidad al artículo 35 párrafo 30 solo cumplirá 30 años de reclusión. INTERPRETACION PRETENDIDA. Al haber condenado al procesado a SESENTA Y CINCO AÑOS DE RECLUSION, se ha producido mediante el fallo violación del artículo 35 del Código penal por no aplicación no nos asiste ninguna duda que en el caso de mérito, tal como se preceptúa en el párrafo final del referido artículo debe quedar consignado, tanto en la fundamentación jurídica del fallo, como en su parte resolutiva el máximo de la pena que deberá cumplir el condenado, pues solo el Tribunal de Sentencias tiene la potestad de imponer las penas dentro del mínimo y máximo y no dejarle esta atribución en este caso al Juez de Ejecución para resolver alguna petición que se le pudiese formular en función de la aplicación de las penas acumuladas, si el artículo 381 del Código Procesal Penal le establece en forma general funciones a dicho funcionario nada mas la vigilancia y control de la ejecución de las penas, es de entender entonces que tal funcionario no tiene mas facultad que el de dar estricto cumplimiento a las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, por disposición del artículo 382 del mismo Código, porque tal precepto le señala específicamente las atribuciones en relación al cumplimiento de penas privativas de Libertad que en un número de seis (6) le desglosa en cada numeral cuales son sus atribuciones y en ninguno de estos numerales se le atribuye facultad para que computarice la pena en base al párrafo último del artículo 35, siendo nuestro criterio que solamente los Tribunales de Sentencia deben establecer el máximo de las penas cuando se trate de acciones acumuladas por varios delitos”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA 1) Como lo ha venido repitiendo esta Sala de lo Penal, “La Falta de Aplicación de la Ley” como infracción, debe resultar necesariamente a partir de los hechos declarados probados, cuando los Jueces omiten la ley aplicable a la causa que se falla, o se pasa por alto la existencia de una ley que regule la cuestión jurídica que se debate, o en forma deliberada se resiste a aplicarla. 2) En el presente caso, los juzgadores declararon como hecho probado que “UNICO: El día 22 de Junio de dos mil dos aproximadamente a las siete de la noche se encontraban los jóvenes G. N. A., J. C. R. Y D. R. G., en el interior de la vivienda de la joven conocida solamente como V., cuando ingresó a la misma W. P. M., en compañía de otra persona quienes portando dos armas de fuego procedieron a encañonar a los primeros. W. le preguntó a G. sobre un arma de fuego calibre 25, a lo cual este le respondió que no la portaba consigo enfrascándose en una fuerte discusión en la cual W. P. le dice a G. que si es cierto que anda preguntando por él y que “ya se las va a pagar” abandonando de inmediato la habitación. Seguidamente V. les pide a los jóvenes que salgan del cuarto. Una vez afuera los estaban esperando el acusado en compañía de tres personas más, quienes al verlos salir los obligaron encañonándolos con armas de fuego.- A subir a un taxi, que habían estacionado en frente de la casa, siendo trasladados primero al campo Iberia y posteriormente al kilómetro cinco de la carretera que conduce a San Pedro Sula. Durante el trayecto W. y uno de sus acompañantes les iban diciendo que en ese lugar les quitarían la vida. Una vez en este sitio bajan del vehículo a G., J. C., D. y J. S., colocando a los tres primeros al borde derecho de la carretera lugar en el cual W. P. y otra persona que les acompañaba les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida, a G. Y a J. C., e hiriendo a D. quien salió corriendo del lugar tratando de salvar su vida, de igual manera J. S. N. logra cruzar la calle, esconderse en una cuneta y escapa con vida del lugar”. 3) Este Tribunal de Casación advierte que en la parte resolutiva, el A quo “condenó al procesado W. P. M., a la pena de veinticinco (25) años de reclusión, por el delito de Asesinato, en perjuicio de G. N. A. y J. C. L. R. y a la pena de quince (15) años de reclusión, por el delito de Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de D. R. G.” (Folio No. 229). De lo anterior, luego de realizar una simple operación aritmética, resulta un cómputo total de pena de cuarenta (40) años de reclusión, siendo esta la pena concreta por la que fue condenado W. P. M.. Aprecia esta Sala de Casación que la realización del computo de cumplimiento de pena de reclusión, con el objetivo de determinar inicio y finalización de la misma, tomando como punto de partida la pena concreta determinada por el Tribunal de Sentencia, es una atribución del Juez de Ejecución de la pena por disposición legal sustantiva[1], aunado a mencionar que en la practica judicial, es esa la judicatura que adopta todas las decisiones necesarias para que se cumplan los pronunciamientos contenidos en las resoluciones de los tribunales sentenciadores, entre ellas, la relativa a la duración de las penas acumuladas por varios delitos, no pudiendo exceder de treinta (30) años, máximo preceptuado en el articulo 35 del Código Penal[2]. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el A quo, no mencionó en la sentencia que el procesado aún cuando fue condenado a una pena de reclusión superior al tiempo máximo por penas acumuladas; no menos cierto es también, que al Juez de ejecución es a quien le corresponde vigilar y dar cumplimiento en esa fase de ejecución de pena al parámetro máximo establecido en el artículo 35 párrafo último de la norma penal sustantiva en relación con el articulo artículo 97 párrafo último de la Constitución de la Republica[3] . Esta Sala de lo Penal, al examinar el cuadro fáctico, estima que los Juzgadores no han omitido alguna ley aplicable a la causa, tampoco han pasado por alto la existencia de un delito que regule la cuestión debatida, o que se hayan resistido aplicar de forma deliberada un tipo penal. Por las razones anteriormente expuestas, se declara No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa del encausado en su único motivo. V. DECISIÓN Ante los razonamientos ampliamente expuestos y fundamentados por este Tribunal de Casación, es procedente desestimar el motivo formulado por la Defensa del encausado W. P. M.. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Apoderado Legal del Señor W. P. M.. - Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-200-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1]
Artículo 382 del Código Procesal Penal. Atribuciones de los Jueces de Ejecución. Corresponde especialmente al Juez de Ejecución, en relación con el cumplimiento de las penas privativas de libertad: 1) Adoptar todas las decisiones necesarias para que se cumplan los pronunciamientos contenidos en las resoluciones de los tribunales sentenciadores, en relación con las penas privativas de libertad…
[2] Artículo 35 del Código Penal. Al culpable de dos (2) o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere, o si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sean las señaladas a los delitos más graves. Embargo, la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta (30) años.
[3]
Artículo 97 de la Constitución de la Republica. … Las penas privativas de libertad por simples delitos y las acumuladas por varios delitos se fijarán en la Ley Penal.