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Sentencia CP-19-15 — Registro 7245

Resumen

En primer instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio (doloso)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo 1) Denunciaron los recurrentes que el Juzgador incurrió en inobservancia a las reglas de la sana crítica, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicaron los reclamantes que el órgano jurisdiccional al apreciar la prueba, consideró que la acción cometida por el imputado era constitutivo del delito de homicidio simple mediante dolo eventual, a pesar que la defensa expuso que su representado nunca tuvo la intención de ejecutar el hecho, sino que lo ejecutó en cumplimiento de las normas obligatorias para los militares en el uso de la fuerza. Expusieron los reclamantes que dentro de la prueba evacuada se encuentran declaraciones testificales de N. L. M., F. N. F., J. A. A. S., D. M. E., de los cuales el Juzgador estimó concederles valor probatorio pues todos fueron testigos presenciales de los hecho, pero el propio Tribunal A-quo afirmó también que ninguno de los testigos identificó al imputado como la persona que había disparado. Establecieron los denunciantes que existen grandes contradicciones con la prueba documental presentada (Dictámenes balísticos, de exhumación y de trayectoria de la bala), pues algunos afirman que fueron cinco los disparos encontrados en la escena, pero otros contrariamente establecen que fueron 7; uno de los dictámenes balísticos estableció que, del arma decomisada al encartado se dispararon 5 balas, pero si son 7 los disparos encontrados según el acta de inspección al vehículo, significa que hubo otro tirador, situación que no observó el Sentenciador, violentado gravemente la lógica en su postulado de derivación. 2) En varios fallos ha establecido este Tribunal de Casación, que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3)Para dar respuesta a los cuestionamientos de los recurrentes, es necesario que se revise de forma detallada los juicios de valor que utilizó el Sentenciador para razonar las pruebas evacuadas en el debate y determinar con ello si los mismos fueron conformados tomando como base las reglas del recto entendimiento humano o por el contrario se quebrantaron. Esta Sala de lo Penal al revisar los razonamientos del Tribunal A-quo determina que la prueba fue valorada de forma conjunta y armónica, conformando criterios valorativos adecuados, coherentes y lógicos, en cuyos raciocinios se observa la aplicación irrestricta de las reglas de la sana critica. Para el caso, en el numeral primero de la valoración probatoria el Tribunal de Instancia analiza las declaraciones testificales de N. L. M., F. N. F., J. A. A. S., D. M. E., quienes observaron con sus propios sentidos la dinámica de los hechos y fueron contestes en expresar detalles periféricos de los sucesos así como los esenciales, éstos testigos establecieron que en los acontecimientos participa como sujeto activo el imputado quien siendo el encargado de un reten militar, increpa al vehículo en el que se transportaban para que se detuviera y ante una discusión fuerte y agresiva entre el soldado y el conductor del vehículo, escuchan disparos que si bien no observaron quien los realizaba, la lógica nos dice que provenían de alguno de los miembros que estaban en el reten policial, posteriormente observan al ofendido P. P. H. con un disparo en la cabeza y muerto; en este primer apartado el Tribunal Sentenciador correctamente da por acreditado la dinámica de cómo sucedieron los acontecimientos, pero afirma que los testigos no fueron capaces de identificar a la persona que les disparaba, este detalle lo extrae de las pruebas periciales de balísticas realizadas al arma que portaba el imputado y a los casquillos encontrados en la escena. En el numeral 3 de la Sentencia recurrida, el Juez de instancia analizó los dictámenes periciales balísticos, de exhumación y de trayectoria de la bala, con dichas pruebas científicas el Tribunal Sentenciador estableció que el arma que portaba el acusado participó en la escena donde perdió la vida el ofendido y si bien, tal como lo establecen los recurrentes, existen algunas contradicciones, las mismas son irrelevantes, pues de la valoración conjunta de toda la prueba el Tribunal Sentenciador extrajo que el arma que disparó la bala que dio muerte al ofendido, fue la que portaba el imputado F. A. F.. Cuestionan los recurrentes que los razonamientos del Sentenciador al establecer que el imputado actuó en dolo eventual fueron en violación a las reglas de la sana crítica, pero este Tribunal de Casación al analizar los juicios de valor del A-quo puede confirmar su criterio, pues el imputado nunca estuvo en posición de peligro para reaccionar violentamente contra el conductor del vehículo donde se transportaba el ofendido, al usar su arma de fuego contra el carro en el que se trasladaban los testigos y el perjudicado, estaba obligado a saber que como consecuencia de utilizarla se podría realizar un efecto dañoso, el señor F. A. F. al ser instruido y capacitado por la milicia no puede obviar el hecho de que, al ejecutar su arma de fuego contra un vehículo en el que se transportaban varias personas, las balas podrían alcanzar la humanidad y la vida de alguna de ellas, tal como se suscitó en el presente caso, por tanto el argumento esgrimido por el Sentenciador en cuanto a que, la acciones del imputado se centra en un dolo eventual es totalmente correcta. Concluye esta Sala de lo Penal que los Sentenciadores valoraron de forma correcta, coherente y lógica la prueba evacuada en el debate y sus argumentos fueron elaborados teniendo como base las reglas de la sana crítica, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Exponen los impetrantes que el juzgador utilizó términos que predeterminan el fallo, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explicaron los censores que la motivación fáctica de la sentencia, que es la que sostiene las demás motivaciones del fallo, el Tribunal de Instancia los conformó así: “e impactó en la cabeza del señor P. P. H., el cual le produjo una laceración del cerebro y su muerte inmediata”, la predeterminación se conceptualiza cuando refiere el Juzgador que: “el disparo que realizó el imputado le causó la muerte”, de lo que se deduce que el fallo es condenatorio pues en la parte objetiva del artículo 116 del Código Penal se utiliza la misma expresión de “quien de muerte a una persona”, utilizando el Tribunal Sentenciador el mismo concepto jurídico de que se vale el tipo penal incorporándolo a la fundamentación fáctica, la que constituye la columna vertebral de la Sentencia y de la cual se basa las demás fundamentaciones de la Sentencia. 2) Esta Sala considera importante recordar, que el vicio alegado por los casacionistas tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean “conceptos” que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, clara separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el Tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que el Tribunal de casación no puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo a través de su significación jurídica. Para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado, b) Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común, c) Que tengan relación causal con el fallo, y d) Que suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión dé lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo[1]. 3) Esta Sala considera que la inclusión de la frase “el disparo que realizó el imputado le causó la muerte”, que se atribuye al encartado dentro del relato de hechos probados y que forma parte del elemento objetivo del delito de homicidio (Art. 116 del Código Penal), no comporta una predeterminación del fallo ya que se trata de una expresión que no solamente puede ser empleada en el lenguaje jurídico, sino también en el común u ordinario, por lo que es de general o común inteligibilidad o entendimiento. La expresión dar muerte en ningún momento puede entenderse como una frase técnico-jurídica, pues desde el campesino más sencillo o humilde hasta el mejor letrado, es capaz de utilizar dicha terminología dentro de su vocabulario y entender a la perfección de qué se trata, pues no es un término exclusivo para profesionales del derecho. Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal de Casación considera que la redacción de hechos probados está conformada por elementos coherentes y adecuados, sin que se utilicen términos que predeterminen el fallo que dictó el sentenciador, razones suficientes para desestimar la presente impugnación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo 1) Establecieron los recurrentes que se infringió por falta de aplicación el artículo 13 preámbulos y párrafo segundo, y el artículo 121 del Código Penal, consignando como norma que le permite la interposición de este recurso, en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Los censores explicaron, que conforme a los hechos declarados como probados por el Tribunal de instancia, se evidencia la falta de aplicación de las normas penales antes señaladas; pues en el numeral tercero párrafo quinto y sexto de la fundamentación jurídica, el Juzgador expuso su criterio de que el accionar del imputado se centraba en un dolo eventual, pues tenía pleno conocimiento que con su actuar podría causar un daño a terceros como efectivamente sucedió, pues conlleva el pleno conocimiento de la conducta prohibida, pero asumió el riesgo desde el momento en que se empieza a disparar su arma de fuego contra el vehículo en marcha, por lo que, es totalmente responsable de las consecuencias derivadas de sus actos, sin que pudiese acreditar la existencia de una causa de inimputabilidad a su favor. Para los censores estos razonamientos del Sentenciador son erróneos pues consideran que el accionar del imputado fue por negligencia y que debe ser castigado por un delito culposo, pues nunca tuvo el ánimo de quitarle la vida a ninguno de los ocupantes del vehículo. 2) Al denotarse en los recurrentes una inadecuada técnica recursiva en cuanto al tratamiento del recurso de casación por infracción de ley, consideramos importante recordar, lo que establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que dice “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados, son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación, la modificación de los hechos probados; B) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o doctrina legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de doctrina legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la doctrina legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. De allí, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 3) Tal como se ha explicado anteriormente, el recurso de casación por infracción de ley es aquél en donde se alega la falta de aplicación o interpretación errónea de una ley sustantiva, por tanto el punto central del censor debe recaer en la Fundamentación Fáctica (Hechos Probados) y en el tipo penal con el cual el Juzgador encuadró dichos sucesos; situación que no respetaron los recurrentes al desarrollar su impugnación trayendo a discusión los argumentos que utilizó el Juzgador para estimar el accionar del recurrente como dolo eventual; sin embargo en aras del derecho a recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humano, hemos procedido a analizar dichas circunstancias. La Sala ha reiterado, siguiendo la doctrina más calificada que, el punto de referencia para la configuración del delito culposo lo proporciona el deber objetivo de cuidado, residiendo el núcleo del tipo imprudente en la contrariedad entre la acción realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado, que el autor debe observar en sus acciones. El deber de cuidado que todos los ciudadanos en sociedad están obligados al realizar sus actividades diarias, se constituye en delito cuando la acción realizada por el autor menosprecia ese deber de cuidado al que está obligado, debiendo verse según cada caso concreto[2]. Procede dilucidar si la conducta del imputado F. A. F. fue imprudente, por faltar a las normas del deber objetivo de cuidado, que en la doctrina es “el núcleo esencial del injusto del delito imprudente y es el fundamento de la desvalorización de la acción”, considerado un principio general del ordenamiento íntimamente ligado a la prohibición de causar daño a los demás o como bien señala M. ., “El deber de cuidado es ante todo objetivo, ya que para fijarlo no se acude al cuidado que en el caso concreto debería aplicar el autor, si no al cuidado requerido en la vida de relación social.- Lo que supone un juicio normativo que fija la conducta que hubiese seguido, una persona razonable[3]”. En el caso examiné, el deber objetivo de cuidado implicaba la precaución de no sacar un arma de fuego, apuntar y disparar en dirección a un vehículo donde se transportaban varias personas, ya que sacar un arma de fuego y disparar voluntariamente en dirección de donde se encuentran personas, denota que si bien pudo no desearse el resultado final, el accionar del acusado lleva una aceptación del resultado e incorpora una actitud de total desprecio por el bien jurídico protegido especificada por el querer efectuar el disparo, al ser claro que disparar a personas puede llegar a producir un resultado, por ende, no concurre culpa consciente y, por lo tanto, no ha lugar al homicidio culposo. En consecuencia, la Sala de lo Penal, no aprecia que puedan subsumirse los hechos declarados probados en el contenido del artículo 121 del Código Penal en relación con el artículo 13 párrafos primero y tercero del mismo Código, pues no se observa la concurrencia de los requisitos integrantes de tipo penal que se reclama como aplicable ni los elementos integrantes del delito culposo o imprudente, antes bien se estima apropiada la calificación jurídica dada a los hechos por el Tribunal sentenciador con fundamento en el artículo 116 del Código Penal en relación con el artículo 13 párrafo del mismo código. Por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 19-2015 por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor F. A. F., como autor responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor P. P. H., a la pena de quince (15) años de reclusión. Segundo: Condenó al señor F. A. F. a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del condenado F. A. F.. Cuarto: No se decretó el comiso. Quinto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpusieron el recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley, los abogados M. A. H. M. y E. N. M., actuando en su condición de Defensores Privados del señor F. A. F.. Son partes: Los abogados M. A. H. M. y E. N. M. en su calidad antes indicada como recurrentes y el abogado S. C. A. en su condición de representante del Ministerio Público, como recurrido. II. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que el día domingo dos (2) de agosto del año dos mil nueve, como a eso de las cinco con treinta minutos de la tarde, el sargento F. A. F., en compañía de cinco militares más, se encontraban asignados en un operativo militar ubicado en el lugar conocido como El Empalme desvío a la Aldea de Jutiapa, Jamastrán, Departamento de El Paraíso, momento en el cual el señor F. N. F. Q., se transportaba en un vehículo Toyota, Tacoma, Pick Up, Cabina y Media, Color Negro, con Placa PCL 2013, en compañía de los señores D. M. E. B., N. L. M., J. A. A. S., R. P. A. y P. P. H..- SEGUNDO: Posteriormente a los hechos antes descritos el señor F. A. F., se encontraba apostado en medio de la carretera, cuando se percataron que el vehículo antes descrito realizó un viraje de manera brusca dejando caer el primer cono, cuando dos agentes militares realizan la primer señal de parada a la cual hizo caso omiso el conductor F. Q., continuando su marcha, motivo por el cual el señor F. A. F., encargado del operativo vuelve a realizar la segunda señal de parada por lo que el vehículo se detuvo, pretendiendo el señor F., abrirle la puerta y empezaron la discusión con el señor F. N. F. Q., quien decide marcharse de ese sitio, lo que originó que el señor F. haya disparado su arma de fuego Tipo Fusil, M16, Calibre 5.56 x 45mm, en cinco ocasiones impactando los proyectiles en la compuerta trasera de la paila, lodera trasera lado izquierda y en el vidrio trasero lado derecho del vehículo Tacoma el que traspasó la nuquera e impactó en la cabeza del señor P. P. H., el cual le produjo una laceración del cerebro y su muerta inmediata.” III. RECURSO DE CASACIÓN A) Los recurrentes abogados M. A. H. M. y E. N. M., formalizaron su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMERO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Para los efectos de este motivo se citan como infringidos los artículo 202 Y 336 párrafo primero del Código Procesal Penal, en la parte que dice: Art. 202 “Las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Art. 336 párrafo Primero: “EJ Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuentas las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador no valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llevándolo a formar su convicción sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, por lo que llevó a incurrir en un error improcedendo. El órgano jurisdiccional en base al error de apreciación de la prueba producida en juicio, señalo en la sentencia que ahora se recurre, que el hecho por el cual se juzga al señor F. A. F. se subsume en el artículo 116 del Código Penal Vigente cometido con dolo eventual, proceso intelectivo al que arribo después de haberse evacuado durante el juicio oral y público, los diferentes medios de prueba de cargo que propuestos por el ente acusador público por excelencia, como lo es el Ministerio Público, con lo que se dio por acreditado que el señor F. A. F., fue la persona que disparó el día dos (2) de agosto del años dos mil nueve (2009), en contra del vehículo automotor vehículo marca Toyota, Tacoma, color negro, placa PCL-2013, en el que viajaba el señor P. P. H., y donde le impactara una esquirla en la cabeza. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. Como el motivo se orienta a demostrar la inobservancia de las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, conviene explicar en qué consisten esas reglas: Conforme el artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el CPP., es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo. Debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual, se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efecto de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: En el desarrollo de la sentencia que ahora se recurre, específicamente en el acápite “Valoración de la prueba” el órgano sentenciador hace mención de las circunstancias o motivos de controversia en el proceso, a través del cual, el Ministerio Público considera que la acción llevada a cabo por el ahora sentenciado F. A. F. son constitutivo del delito de Homicidio Simple con dolo eventual en perjuicio de P. P. H.. Menciona el A-quo que la defensa durante el desarrollo del juicio expuso que su representado nunca tuvo intención de ejecutar el hecho, sino que lo había ejecutado en cumplimiento de la reglas de empeñamiento (Normas obligatorias para los militares en el uso de la fuerza y armas de fuego cuando se cree que corre peligro la integridad de su vida y la de sus subordinados) y que si había incurrido en una acción ilícita, solo podría subsumirse en el delito de Homicidio Culposo, por haber actuado con negligencia. Dentro de la prueba evacuada en el juicio, la Fiscalía del Ministerio Público presento como elemento de prueba para que pudiese ser controvertida por la parte acusada, la declaración de cinco personas (N. L. M., F. N. F., J. A. A. S., D. M. E. B. y mediante lectura R. P. A.), personas estas que en sus deposiciones narraron claramente que: “Que el día de los hechos se conducían en el vehículo marca Toyota, Tacoma, pick-up, placa PCL -20 13, a eso de las cinco de la tarde, cuando se conducían para la aldea de Jutiapa, cuando se encontraron con un retén de militares, y se llevaron con la parte de atrás del vehículo un cono de seguridad, por lo que fueron requerido para que se pararan por parte del señor F. A. F., por lo que procedieron a detenerse, acto seguido el señor F. F. quiso bajar del vehículo al conductor (F. F.), éste no quiso porque estaba en medio de la carretera, por lo que quiso estacionarse a un lado, iniciándose una discusión entre el conductor (F.) y el señor F. F., acto seguido se escucharon una serie de disparos que impactaron en el vehículo, uno de esos disparos paso el vidrio de atrás del vehículo cruzando la nuquera izquierda del pasajero del vehículo, impactando finalmente en el lado posterior izquierdo de la cabeza de la víctima P. P. H., que le causó finalmente la muerte. El Tribunal ahora recurrido, en el apartado de valoración de la prueba, expone antes estas deposiciones “estiman estos jueces de sentencia concederles valor probatorio a los testimonios, razón que no hay argumentos que pongan en duda su credibilidad, en cuanto a que todos son testigos presenciales y además coinciden que el vehículo Tacoma era conducido por el señor F. N. F. Q., siendo acompañado como pasajeros N. L. M., J. A. A. S., D. M. e. B., R. P. A. y P. P. H., quienes se contraen a relatar que se encontraron con un retén militar, pero al darle vuelta a uno de los conos que servían de señalización, el conductor se estaciono en medio de a calle, da inicio a una discusión fuerte y agresiva (soldado conductor), y posteriormente el conductor decide estacionarse un poco más adelante, es allí cuando escucharon los disparos que provenían de la parte de atrás, pero sin lograr identificar quien les dispara”. No hay lugar a dudas, que con estas declaraciones testificales en ningún momento se puede dar por acreditado la existencia de un hecho ilícito y menos la participación del ahora condenado, y así lo indica el Tribunal cuando señala que los testigos afirmaron no haber identificado al militar que les disparaba y que la posición del disparador era de atrás hacia adelante, y que resultaban útiles para ubicar en tiempo y espacio al hoy imputado F. A. F., quien se encontraba molesto porque no atendieron las órdenes de parada realizada al conductor del vehículo siendo que el único que percuto su arma de fuego y de reglamento en varias ocasiones y produjera la muerte de inmediato del señor P. P. H., no obstante con la evacuación de otros medios de prueba documentales y periciales, que han permitido llegar a una certeza de que el sargento F. tuvo participación directa en los hechos. Es importante señalar, que los medios de prueba a que se refiere el Tribunal ahora recurrido, son: 1) Acta de decomiso del arma de fuego tipo fusil, marca colt, modelo M16 Al, serie 9575516, más dos cargadores de color gris con cincuenta y cinco proyectiles de color amarillo sin percutir. 2) Acta de registro Personal, en la que se dejó establecido que al condenado no se le decomisó nada. A estos medios de prueba el tribunal les concedió valor probatorio aduciendo que aún cuando observaron una contradicción entre estos medios de prueba no eran de importancia, ya que era productos de la falencia de la propia etapa de la investigación. 3) Acta de Inspección ocular, practicada al vehículo marca Toyota, Tacoma, color negro, placa PCL2013, en donde se dejan establecidos que presentaba los siguientes daños provocadas con arma de fuego: a) perforación en la llanta delantera lado izquierdo. B) compuerta de la paila del vehículo en donde se observan tres agujeros de supuestos impactos de bala. C) Dos perforaciones en la lodera izquierda de la llanta trasera izquierda. Le concede confiabilidad a este medio de prueba, ya que coinciden con otros medios de prueba. 4) Acta de decomiso de un Sombrero, supuestamente perforado por un disparo de arma de fuego. 5) Constancia de sombrero y casquillo, donde se hace constar que tanto el sombrero como el casquillo no se encontraron en el almacén de evidencia. 6) Álbum fotográfico número 4960-09, elaborado por el técnico en balística M. Y. G., en el que se deja plasmado fotográficamente que el vehículo marca Toyota, Tacoma, color negro, placa PCL-2013 presentaba orificio de entrada número 1, su trayectoria vista de atrás hacia adelante, séptima panorámica entrada número 2, 3 y 4 impactos vista de atrás hacia adelante, varios impactos en la lodera izquierda vista de atrás hacia adelante. De estas fotografías se dejó establecido por el técnico en balística que la trayectoria del disparo número No. 1, es de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y ligeramente de derecha a izquierda. 7) Dictamen de exhumación (medio de prueba pericial), en el que se deja establecido el cuerpo del occiso presentaba un orificio de entrada localizada en región posterior izquierda del cráneo cerca del oído izquierdo, con trayecto de atrás hacia adelante, arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Dando por acreditado el Tribunal la causa real de la muerte y la trayectoria del orificio de entrada que era de atrás hacia adelante, arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. 8) Dictamen balístico, elaborado por el técnico en balística N. L. R. en el que se deja establecido que el arma decomisada al señor F. A. F. estaba en buen funcionamiento mecánico y que de los proyectiles son de calibre 5.56x45mm, aún cuando a pregunta del consultor técnico de la defensa de que si pudo determinar si con el fusil que perició se podía determinar que participó en el homicidio, este contesto que “NO”. 9) Dictamen de Trayectoria 4960-2009, elaborado por el técnico en balística M. Y. G., en el vehículo marca Toyota, Tacoma, color negro, placa PCL-2013, el cual presentaba daños compatibles con los producidos por el proyectil de arma de fuego descritos de la manera siguiente: Orificio número 1, ubicado en el vidrio trasero lado derecho visto de atrás hacia adelante observando el orificio de entrada, trayectoria DE ATRÁS HACIA ADELANTE, DE ARRIBA HACIA ABAJO, LIGERAMENTE DE DERECHA A IZQUIERDA, con orificio de reentrada en la nuquera izquierda del asiento del pasajero, sin presentar impacto final. ORIFICIO DE ENTREDA Número 2, 3 y 4, ubicados en la compuerta trasera de la paila lado izquierdo vista de atrás hacia adelante. A este medio de prueba el Tribunal le concedió credibilidad, al considerar que se demostraba técnica y científicamente la trayectoria del proyectil que impacto en el vidrio trasero, y que el tirador estaba ubicado de atrás hacia delante, LIGERAMENTE A LA DERECHA. (Aunque no habla de las perforaciones que presentaba la llanta delantera izquierda y la lodera izquierda de la llanta trasera izquierda). 10) Análisis Comparativo número 5920-2010, en el que se deja establecido que el casquillo percutido de aparente latón de forma cilíndrica el cual fue identificado con el número de evidencia E-2012- 2010-BAL, mismo que fue comparado con la evidencia patrón obtenida de disparos ejecutados con el fusil decomisado al señor F. F., en el que se determinó que el casquillo recolectado como evidencia en la escena de los hechos, si fue disparado por el fusil decomisado al condenado. 11) Dictamen de Balística registró número 1278-3209-1 0-BAL, elaborado por el técnico balístico J. A. F. A. en el revestimiento metálico cobre de forma cilíndrico punta deforme sin presentar rayado balístico legible y que corresponde al tipo de arma que lo disparo consistente en un fusil automático rifle, calibre 5.56x45mm/0.223.AUNQUE RECONOCE EL TÉCNICO BALÍSTICO QUE CON DICHA EVIDENCIA NO SE PUEDE DETERMINAR QUÉ ARMA LO DISPARÓ. 12) Medio de Prueba Evidencial, consistente en el arma de fuego tipo fusil, marca Colt, modelo M16AI, serie 9575516 con dos cargadores de color gris y cincuenta y cinco proyectiles de color amarillo sin percutir. Señaló el Tribunal que con este medio de prueba se acreditaba de manera técnica y científica que el arma decomisada estuvo involucrada directamente en la escena del crimen. Resulta que el Tribunal de Sentencia a todos estos medios de prueba les concedió valor probatorio, aun cuando, existen inconsistencias y contradicciones entre ellas como ser: Según los cinco testigos de cargo de la Fiscalía del Ministerio Público, nunca pudieron identificar al tirador que disparó en contra del vehículo en el que viajaba el occiso P. P. H., pero supone el Juzgador, que fue el ahora condenado F. A. F. quien disparó, porque a éste fue a quien se le decomisó un arma de fuego, marca Colt, tipo fusil, automático, calibre 5.56x45, mismo que fue comparado con un casquillo encontrado en la escena del crimen que presentaba características coincidentes con el arma decomisada, pero lo que no valoró el Tribunal, es que nunca se presentó el Acta de Decomiso del casquillo comparado con los patrones obtenidos del fusil decomisado al ahora condenado, asimismo, según el Acta de Inspecciones Oculares que se presentó como medio de prueba, solo se señala que el vehículo presentaba cuatro perforaciones provocadas con proyectil disparados con armas de fuego, y que estas estaban ubicadas en la llanta delantera izquierda y en la parte trasera de la paila (tres disparos) y nunca señala los impactos que presentaba la lodera izquierda de la llanta trasera izquierda del vehículo y menos aún, el orificio del vidrio trasero, medio de prueba este que se contradice con el medio de prueba denominado “dictamen de trayectoria” en el que se deja establecido que el vehículo analizado solo presentaba cuatro perforaciones, una que estaba ubicado en el vidrio trasero y tres impactos en la compuerta trasera de la paila del vehículo, mismo que se contradice con el álbum fotográfico presentado como medio de prueba (prueba documental 2.5), ya que según las fotografías indican que aparte de los cuatro impactos señalados que se encontraban en el vidrio trasero (1), en la compuerta trasera (3), PERO EN LA LODERA IZQUIERDA TAMBIÉN PRESENTABA VARIOS IMPACTOS VISTAS DE ATRÁS HACIA ADELANTE. Estas contradicciones no fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia, ya que al momento de valorar la prueba de cargo, no lo hace de manera armónica y conjunta como lo establece el Código Procesal Penal, ya que de haberlo hecho, se hubiese dado cuenta, que si bien es cierto, el ahora condenado F. A. F. aceptó haber disparado su arma de fuego, este lo hizo únicamente en cinco (5) ocasiones, y que cuando dispara, se encontraba del lado izquierdo del vehículo para detenerlo, la evidencia encontrada en el vehículo demuestra que estaba diciendo verdad, ya que el vehículo presentaba un impacto de proyectil en la llanta izquierda delantera que la punchó, asimismo, presentaba tres (3) impactos en la lodera izquierda de la llanta izquierda, lo cual suman cuatro (4) impactos, más los tres (3) impactos encontrados en la compuerta trasera del vehículo y el impacto del vidrio sumaban un total de ocho (8) impactos y el ahora condenado solamente disparo en cinco (5) ocasiones (hay que recordar que andaba 60 proyectiles y se le decomisaron 55), lo que evidentemente en aplicación de las máximas de la experiencia y el sentido común, nos indica que hubo otro disparador que lo hizo en tres (3) ocasiones, por lo que el principio de la derivación suficiente aplicada por el Tribunal sentenciador no se encuentra debidamente sustentada, y demuestra que la prueba no fue valorada bajo las reglas de la sana crítica. Es importante dejar igualmente claro, que el Tribunal de Sentencia dejo de valorar un hecho debidamente probado, y es que entre el Dictamen pericial denominado “Exhumación” y la prueba denominada “Dictamen de Trayectoria”, son contradictorias entre sí, ya que el médico forense al momento de emitir su dictamen establece que el impacto que presentaba el cráneo de la víctima presenta una trayectoria de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de IZQUIERDA A DERECHA, pero el dictamen de trayectoria aún cuando coincide de que el disparo que presenta el vidrio de atrás del vehículo es de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, difieren en que según el médico es de izquierda a derecha y el balístico establece en su dictamen que es ligeramente de DERECHA A IZQUIERDA, y al momento de practicarse la reconstrucción dejo establecido este balístico (M. Y. G.) dijo que para que el señor F. A. F. haya sido el tirador tuvo que haber estado al centro de la carretera y no a la izquierda como lo dijo el imputado en su declaración, aun cuando la declaración del señor F. A. F. se ve corroborado con la información que proporcionaron los medios de prueba denominados “Inspección Ocular” y el “Álbum fotográfico”, que demuestran que el ahora condenado sí disparo al vehículo como reacción a la agresión del conductor en el que viajaba la víctima (P. P. H.), pero que lo hizo cuando este estaba del lado izquierdo del vehículo, ya que si acertó con sus disparos en las llantas como era su objetivo (llanta delantera ponchada y tres impactos en la lodera izquierda) para detener al que había atentado en contra de sus subalternos. (Ver medio de prueba denominado álbum fotográfico No. 2.5 de la Sentencia). Es importante llamar la atención de esta sala de lo penal, que de las conclusiones emitidas por el perito balístico en la práctica de la reconstrucción de hechos, se dejó claro que el tirador que disparo al vidrio trasero por donde entro el proyectil que le causó la muerte al señor P. P. H. tuvo que estar al centro de la carretera, y no a la izquierda, pero los propios testigos de cargo del Ministerio Público dejaron claro, que cuando dispararon al vehículo el ahora condenado F. A. F. se encontraba tratando de sacar al conductor del vehículo (F. F.) y este estaba del lado del conductor y que fue en ese momento que se escucharon los disparos, por lo que la lógica común nos indica que el señor F. F. se encontraba del lado izquierdo del vehículo y que por eso es que existen cuatro (4) perforaciones de ese lado, uno en la llanta delantera izquierda y tres en la lodera izquierda de la llanta izquierda, por lo que contradice los resultados de la reconstrucción, ya que lo trata de ubicar en el centro de la carretera, lo cual no era la posición del ahora condenado. Las máximas de la experiencia nos llevaría a entender en base a lo antes dicho, que al presentar el vehículo ocho (8) impactos de proyectiles disparados con armas de fuego, y el ahora condenado solo hizo cinco (5) y cuatro de éstos está en las llanta delantera izquierda y en la lodera trasera izquierda, significa que hubo un segundo, tercer o cuarto tirador, que pudieron haber realizado los demás disparos que impactaron posiblemente uno de ellos en el vidrio trasero del vehículo que finalmente impacto en el cráneo de la víctima, y que al no haber podido determinarse científicamente que el arma de fuego que portaba nuestro representado, fue la que disparó el revestimiento encontrado en la parte craneana de la víctima que le causó la muerte, no se puede determinar con certeza que este sea el responsable penalmente de dicha muerte, dejando claramente una fuerte duda sobre la responsabilidad del señor F. A. F. y ante la duda, el principio del Indubio Pro Reo, indica claramente que debió haber sido declarado inocente por la duda de su responsabilidad, pero que no se llegó hasta ese estado intelectivo, en virtud de no haberse valorado la prueba en el presente caso de mérito de manera conjunta y armónica bajo la aplicación de las reglas de la sana crítica. Es oportuno igualmente llamar la atención de esta sala de lo penal, que el Tribunal de Sentencia nunca dejo claro si el estado intelectivo de certeza a la que arribó con la valoración de la prueba, lo había logrado porque existía prueba directa de la responsabilidad o por proceso de valoración de la prueba. Llaman la atención de los Honorables Magistrados esta parte recurrente, que el Tribunal de Sentencia le concedió valor parcial a los medios de prueba de descargo, aduciendo que los testigos de la defensa (S. A. R. y W. A. M. S.) no merecían credibilidad habida cuenta, fueron compañeros de armas, lo cual les crea un interés directo en tratar de querer beneficiar al condenado, al decir que el sargento Flores había disparado a las llantas del vehículo, hecho este que fue corroborado por los medios de prueba cargos denominados “Inspección Ocular”, “Álbum fotográfico” y “Dictamen de Trayectoria”, que hace sea creíble y confiable lo declarado por estos testigos, pero que el Tribunal desestima de un solo plumazo sin razón suficiente, al decir que tenían interés directo por haber sido compañeros con el ahora condenado, lo cual no es razonable, ya que con lo cinco testigos de cargos, que eran amigos del occiso, no les fue cuestionada su amistad, quienes sí podría decirse que trataban de perjudicar al ahora condenado. Asimismo, desestima lo expuesto por el ahora condenado, aun cuando coincide con la prueba científica aportada por el Ministerio Público y las declaraciones testificales rendidas por los señores S. A. P. Y W. A. M. S.. Con estos inconsistentes argumentos, el Tribunal sentenciador ha fundamentado la sentencia resultando como consecuencia la condena del imputado, denotando con ello una falta de aplicación de las reglas de la sana crítica, y de manera especial la de la derivación suficiente, pues la vulneración a ésta última se produjo al desproveer del valor probatorio que realmente poseen a las declaraciones de los testigos de descargo, y dejar de considerar la concordancia que éstas tienen con el resto de la prueba documental y pericial ya descrita, por lo que hemos considerado, como lo mencionamos anteriormente, que el argumento que fundamenta la sentencia no es lo suficientemente contundente para sustentar el fallo. Es como hemos dicho anteriormente obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia del postulado esencial de la derivación que da contenido a la regla de la Lógica.- Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios, de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. La motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella conclusión. El Tribunal, no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de cargo, ultrajando la regla de la derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional.- Como se ha demostrado con la exposición anterior, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la condena del imputado, siendo violatorios del sistema de la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma.- Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.- B) Los recurrentes abogados M. A. H. M. y E. N. M., formalizaron su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Pre determinación del fallo en la fundamentación fáctica de la Sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 55 No. 4, 359 Y 362 del Código Procesal Penal No. 1. Norma Inobservada: 338, apartado cuarto, numeral 1) del Código Procesal Penal. Normas Infringidas: 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 90 de la Constitución Política de Honduras. SINOPSIS DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO.- El Tribunal de Sentencia en la resolución impugnada incorpora a su fundamentación fáctica un término mediante el cual predetermina el fallo condenatorio, por lo que tal fundamentación fáctica no es terminante como lo ordena el Código Procesal Penal, causando así un perjuicio efectivo a nuestro representado al haber ocasionado un vicio in procedendo. FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO.- La Motivación de una Sentencia se divide en cuatro: 1. Motivación Fáctica: Es la fijación de los hechos probados (y en algunas otras naciones de los hechos no probados), a partir de la cual el Tribunal basará la fundamentación descriptiva, intelectiva y jurídica. Es el relato histórico de los hechos. 2. Motivación Descriptiva: Es la relación breve y clara del contenido del medio probatorio, es decir del elemento probatorio. No representa una trascripción del mismo, simplemente una relación de lo más importante, que le permita al Tribunal realizar el análisis intelectivo. 3. Motivación Intelectiva: Es el análisis que realiza el Tribunal del elemento probatorio aportado por el medio probatorio, dándole o no credibilidad, valorándolo mediante el sistema de sana critica 4. Motivación Jurídica: Es el análisis de los hechos estimados probados y el tipo penal imputado, es decir es el estudio de encuadramiento del tipo, así como de las circunstancias de justificación, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Cuando un Tribunal fija hechos probados en donde utiliza conceptos que por su carácter jurídico relaciona directamente los hechos a un tipo penal, encuadrándolo, ésta pre determinando el fallo en forma condenatoria. Lo anterior es así ya que la motivación fáctica es el marco de hechos a analizar en la Sentencia y por ende sostiene las demás motivaciones y el fallo, en ese sentido si se pre determina el fallo en la motivación fáctica, inevitablemente será conforme a esa predeterminación. En el caso de autos en el apartado primero de los hechos probados, el Tribunal de Sentencia Señala que nuestro representado, “..... e impactó en la cabeza del señor P. P. H., el cual le produjo una laceración del cerebro y su muerte inmediata”, de este modo pre determina el fallo cuando conceptualiza como que el disparo que realizó nuestro representado le causó la muerte al señor P. P. H.. En consecuencia el fallo inevitablemente es condenatorio, ya que el mismo tipo penal en su parte objetiva establece que “quien de muerte a una persona.....” (Artículo 116 del Código Penal). En otras palabras el Tribunal de Sentencia utiliza el mismo concepto jurídico de que se vale el tipo penal, incorporándolo en la fundamentación fáctica, la cual es la columna vertebral de la Sentencia y de la cual se basa las demás fundamentaciones y el fallo mismo. El Artículo 338 del Código Procesal Penal, en su apartado cuarto, numeral 1, señala que en los hechos probados no se consignaran conceptos que por su carácter jurídico pre determinen el fallo. Como sabemos, un requisito indispensable de los hechos probados, que estos tienen que ser determinantes. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Sentencia hace mano, para hacer que sus hechos probados sean determinantes, de un concepto jurídico que pre determina el fallo, no solo por su significado, sino que además porque el mismo tipo penal lo contiene exactamente igual, lo que inevitablemente pre determina el fallo condenatorio, siendo esto prohibido por el Artículo 338 del Código Procesal Penal. Ante esta situación los hechos probados pierden su carácter de determinantes, causando un efectivo perjuicio a mi representado, volviendo la Sentencia susceptible de casación por quebrantamiento de forma por vicio in procedendo.”. C) Continúan manifestando los recurrentes en su: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY. ÚNICO MOTIVO: Infracción de Ley por falta de aplicación del artículo 13 preámbulo y párrafo segundo del Código Penal y aplicación indebida del párrafo primero del citado artículo en relación con el artículo 121 del mismo ordenamiento jurídico: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN El precepto penal que se relaciona como infringido por falta de aplicación establece: El artículo 13 “El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.... El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de inobservancia de una ley, de un reglamento o de órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente, el delito culposo solo será punible en los casos expresamente determinados por la ley. La norma en relación, prescribe artículo 121: “El autor de un homicidio culposo será castigado con tres (3) a cinco (5) años de reclusión.” El Tribunal de Sentencia al momento de proferir su sentencia estableció en el hecho probado segundo como verdad absoluta la siguiente “Posteriormente a los hechos antes descritos el señor F. A. F., se encontraba apostado en medio de la carretera, cuando se percataron que el vehículo antes descrito realizó un viraje de manera brusca dejando caer el primer cono, cuando dos agentes militares realizaban la primer señal de parada a la cual hizo caso omiso el conductor F. Q., continuando su marcha, motivo por el cual el señor F. A. F., encargado del operativo vuelve a realizar la segunda señal de parada por lo que el vehículo se detuvo, pretendiendo el señor F., abrirle la puerta y empezaron una discusión con el señor F. N. F. Q., quien decide marcharse de ese sitio, lo que origino que el señor F. haya disparado su arma de fuego tipo fusil, Ml 6, calibre 5.56X45MM, en cinco ocasiones impactando los proyectiles en la compuerta trasera de la paila, lodera trasera lado izquierda y en el vidrio trasero lado derecho del vehículo Tacoma el que traspasó la nuquera e impactó en la cabeza del señor P. P. H., el cual le produjo una laceración del cerebro y su muerte inmediata”. De lo que resulta, que al confrontar lo declarado en el hecho probado aludido, con las normas legales señaladas, se evidencia la falta de aplicación en la parte dispositiva de la Sentencia de los preceptos penales invocados en este motivo, como continuación se explica; En el numeral tercero párrafo sexto de la fundamentación jurídica el Tribunal de Sentencia expone el concepto de lo que debe entenderse por Dolo Eventual, señalando que en el Dolo Eventual el sujeto se presenta el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización. El sujeto no quiere el resultado pero cuenta con él, admite su producción y por lo tanto acepta el riesgo, en el presente caso de los hechos tal como han quedado probados se puede concluir la existencia de dolo eventual, ya que cuando el acusado F. A. F., disparo su arma de fuego (Fusil M16), tenía pleno conocimiento que con su actuar podría causar un daño a terceros como efectiva sucedió. Asimismo, en el numeral quinto párrafo segundo de la sentencia el Tribunal de Sentencia establece “Este Tribunal, afirma que de manera contundente que el accionar del acusado conlleva pleno conocimiento que la conducta es prohibida, pero asumió el riesgo desde el momento en que empieza a disparar su arma de fuego, calibre M16, contra el vehículo en marcha, por lo consiguiente, es totalmente responsable de las consecuencias derivadas de su accionar, sin que pudiera probarse la existencia de una causa de inimputabilidad a su favor”. Siendo el punto focal de discusión en este recurso, si la conducta del ahora condenado F. A. F. se produjo con Dolo Eventual o con imprudencia o de manera culposa, que la doctrina define como la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico pero, que por falta de aplicación del cuidado o diligencia debida, causa su efectiva lesión. Y en este mismo sentido, la imprudencia como “la omisión de cautelas que dé común de la vida enseña que se debe tomar en el cumplimiento de algunos actos y en el uso de ciertas cosas”. En cuanto la negligencia “como forma de culpa, consiste en omisión por el autor de las debidos cuidados que no le permitieron tener conciencia de los peligros de su conducta respecto de los demás personas o bienes”. Encontramos que el Tribunal de Sentencia al momento de realizar la subsunción típica de los hechos declarados como probados invoca en este motivo, la existencia de dolo eventual, ya que cuando el acusado F. A. F. disparo su arma de reglamento tenía pleno conocimiento que con su accionar podría causar daño a terceros como efectiva sucedió. Cuando de la prueba aportada en juicio, se demuestra que el señor F. A. F. en la creencia racional como cualquiera otra persona versada en la seguridad ciudadana, sabe que para poder detener un vehículo en marcha, como en el presente caso que ahora nos ocupa y viendo en peligro la vida de sus subalternos que estaban en el tercer cono de seguridad, dispara en cinco ocasiones confiando en su capacidad de tiro y su experticia hacía las llantas del vehículo sospechoso, disparos que dieron en el objetivo, ya que estando del lado izquierdo del vehículo el señor F. F. le disparó a las llantas de ese lado, logrando impactarle un proyectil en la llanta delantera izquierda que es su perfil de donde quedo, logrando perforarla, asimismo, tres impactos más que dieron en la lodera ubicada en la llanta trasera izquierda del mismo vehículo, y tres impactos más en la compuerta trasera de la paila del vehículo del mismo lado izquierdo, nos lleva a la creencia racional, que el señor F. A. F. y producto de la velocidad y el movimiento del mismo vehículo pudiera haber fallado un disparo, si fuese él quien lo realizó, ya que solamente hizo cinco disparos y cuatro están en las llantas delantera y trasera del lado izquierdo del vehículo, lo cual solo podría constituir en caso de habérsele dispersado un disparo hacía el vidrio trasero, en una imprudencia y negligencia que produjo un resultado no deseado ni esperado, ya que de haber disparado hacia una persona debió haberlo hecho al conductor del vehículo, lo cual no sucedió en el presente caso de mérito. Ante todo esto explicado, podemos decir que en el presente caso subjudice, no estamos ante la comisión de un delito de Homicidio Simple como lo subsumió el Tribunal de Sentencia, sino que estamos frente a un hecho producido con culpa consiente, por lo que únicamente de poder constituir una acción ilícita penalmente hablando, solo le sería imputable objetivamente el delito de Homicidio Culposo, por la existencia de una imprudencia del señor F. A. F.. Esta falta de análisis judicial, lo ha llevado al Tribunal de Sentencia de subsumir el hecho juzgado en un tipo penal totalmente diferente del que debía subsumirlo, agravando de manera injusta el castigo que le correspondería al ahora condenado de haberse aplicado la norma sustantiva correcta, ya que como miembro activo de las fuerzas militares el señor F. F. al momento de disparar su arma de reglamento, lo hace con el fin de detener de manera adecuada un vehículo que puso en peligro no solo la vida del ahora condenado sino la de sus subalternos, quien aplicando las reglas de empeñamiento (reglas de recto actuar de los militares y policías),hace uso de su arma conforme a esas reglas (de empeñamiento), pero que producen finalmente un daño no querido ni esperado ni siquiera pensado, lo cual solamente incurre el condenado en la violación al Deber objetivo de actuar en situaciones de riesgo o peligro. Con lo anteriormente expuesto, se demuestra que el Tribunal de Sentencias se ha equivocado al considerar erróneamente que los hechos aquí juzgados se subsumen en el tipo penal de Homicidio Simple (artículo 116 CP) con dolo eventual (artículo 13 párrafo primero CP), cuando en realidad debía subsumir el hecho en el tipo penal de Homicidio Culposo (artículo 121 CP en relación al artículo 13 párrafo segundo) por violación al deber objetivo de cuidado en su actuar, de tal manera que de considerarse típica, antijurídica y culpable a título de autor, tal y como se desprende de la verdad estimada como probada por el Juzgador en su sentencia, ya que al hacer disparos a un objeto en movimiento suele causar un resultado inesperado, debiendo haber aplicado la prudencia adecuada al suceso, tomando en consideración que en ese momento especifico la seguridad interior del Estado de Honduras estaba en peligro, ya que se estaban desarrollando acciones en contra del gobierno por la crisis política que se vivía en ese momento, (Supuesto golpe de Estado). Es por ello, que al no haberlo entendido así el Tribunal de Sentencia, ha incurrido en un grave vicio de falta de aplicación de la ley que resuelve el caso, como lo es el artículo 13 del Código Penal Vigente párrafo segundo en relación al artículo 121 del mismo cuerpo legal, que regula el Homicidio Culposo y cuya subsunción se desprende del cuadro factico de la sentencia impugnada en este acto, por lo cual, esta alta magistratura en materia penal debe declarar con lugar este motivo y casar la sentencia de mérito, corriendo el vicio denunciado y condenar al imputado F. A. F. por el delito de HOMICIDIO CULPOSO a una pena que oscila de tres (3) años a cinco (5) años de reclusión. Se señala como antecedente jurisdiccional en un caso de similares circunstancias que se encuentra registrada en esta sala de lo penal bajo el número de casación 96-05 dictada en fecha 31 de mayo del 2006.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo 1) Denunciaron los recurrentes que el Juzgador incurrió en inobservancia a las reglas de la sana crítica, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicaron los reclamantes que el órgano jurisdiccional al apreciar la prueba, consideró que la acción cometida por el imputado era constitutivo del delito de homicidio simple mediante dolo eventual, a pesar que la defensa expuso que su representado nunca tuvo la intención de ejecutar el hecho, sino que lo ejecutó en cumplimiento de las normas obligatorias para los militares en el uso de la fuerza. Expusieron los reclamantes que dentro de la prueba evacuada se encuentran declaraciones testificales de N. L. M., F. N. F., J. A. A. S., D. M. E., de los cuales el Juzgador estimó concederles valor probatorio pues todos fueron testigos presenciales de los hecho, pero el propio Tribunal A-quo afirmó también que ninguno de los testigos identificó al imputado como la persona que había disparado. Establecieron los denunciantes que existen grandes contradicciones con la prueba documental presentada (Dictámenes balísticos, de exhumación y de trayectoria de la bala), pues algunos afirman que fueron cinco los disparos encontrados en la escena, pero otros contrariamente establecen que fueron 7; uno de los dictámenes balísticos estableció que, del arma decomisada al encartado se dispararon 5 balas, pero si son 7 los disparos encontrados según el acta de inspección al vehículo, significa que hubo otro tirador, situación que no observó el Sentenciador, violentado gravemente la lógica en su postulado de derivación. 2) En varios fallos ha establecido este Tribunal de Casación, que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3)Para dar respuesta a los cuestionamientos de los recurrentes, es necesario que se revise de forma detallada los juicios de valor que utilizó el Sentenciador para razonar las pruebas evacuadas en el debate y determinar con ello si los mismos fueron conformados tomando como base las reglas del recto entendimiento humano o por el contrario se quebrantaron. Esta Sala de lo Penal al revisar los razonamientos del Tribunal A-quo determina que la prueba fue valorada de forma conjunta y armónica, conformando criterios valorativos adecuados, coherentes y lógicos, en cuyos raciocinios se observa la aplicación irrestricta de las reglas de la sana critica. Para el caso, en el numeral primero de la valoración probatoria el Tribunal de Instancia analiza las declaraciones testificales de N. L. M., F. N. F., J. A. A. S., D. M. E., quienes observaron con sus propios sentidos la dinámica de los hechos y fueron contestes en expresar detalles periféricos de los sucesos así como los esenciales, éstos testigos establecieron que en los acontecimientos participa como sujeto activo el imputado quien siendo el encargado de un reten militar, increpa al vehículo en el que se transportaban para que se detuviera y ante una discusión fuerte y agresiva entre el soldado y el conductor del vehículo, escuchan disparos que si bien no observaron quien los realizaba, la lógica nos dice que provenían de alguno de los miembros que estaban en el reten policial, posteriormente observan al ofendido P. P. H. con un disparo en la cabeza y muerto; en este primer apartado el Tribunal Sentenciador correctamente da por acreditado la dinámica de cómo sucedieron los acontecimientos, pero afirma que los testigos no fueron capaces de identificar a la persona que les disparaba, este detalle lo extrae de las pruebas periciales de balísticas realizadas al arma que portaba el imputado y a los casquillos encontrados en la escena. En el numeral 3 de la Sentencia recurrida, el Juez de instancia analizó los dictámenes periciales balísticos, de exhumación y de trayectoria de la bala, con dichas pruebas científicas el Tribunal Sentenciador estableció que el arma que portaba el acusado participó en la escena donde perdió la vida el ofendido y si bien, tal como lo establecen los recurrentes, existen algunas contradicciones, las mismas son irrelevantes, pues de la valoración conjunta de toda la prueba el Tribunal Sentenciador extrajo que el arma que disparó la bala que dio muerte al ofendido, fue la que portaba el imputado F. A. F.. Cuestionan los recurrentes que los razonamientos del Sentenciador al establecer que el imputado actuó en dolo eventual fueron en violación a las reglas de la sana crítica, pero este Tribunal de Casación al analizar los juicios de valor del A-quo puede confirmar su criterio, pues el imputado nunca estuvo en posición de peligro para reaccionar violentamente contra el conductor del vehículo donde se transportaba el ofendido, al usar su arma de fuego contra el carro en el que se trasladaban los testigos y el perjudicado, estaba obligado a saber que como consecuencia de utilizarla se podría realizar un efecto dañoso, el señor F. A. F. al ser instruido y capacitado por la milicia no puede obviar el hecho de que, al ejecutar su arma de fuego contra un vehículo en el que se transportaban varias personas, las balas podrían alcanzar la humanidad y la vida de alguna de ellas, tal como se suscitó en el presente caso, por tanto el argumento esgrimido por el Sentenciador en cuanto a que, la acciones del imputado se centra en un dolo eventual es totalmente correcta. Concluye esta Sala de lo Penal que los Sentenciadores valoraron de forma correcta, coherente y lógica la prueba evacuada en el debate y sus argumentos fueron elaborados teniendo como base las reglas de la sana crítica, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Exponen los impetrantes que el juzgador utilizó términos que predeterminan el fallo, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explicaron los censores que la motivación fáctica de la sentencia, que es la que sostiene las demás motivaciones del fallo, el Tribunal de Instancia los conformó así: “e impactó en la cabeza del señor P. P. H., el cual le produjo una laceración del cerebro y su muerte inmediata”, la predeterminación se conceptualiza cuando refiere el Juzgador que: “el disparo que realizó el imputado le causó la muerte”, de lo que se deduce que el fallo es condenatorio pues en la parte objetiva del artículo 116 del Código Penal se utiliza la misma expresión de “quien de muerte a una persona”, utilizando el Tribunal Sentenciador el mismo concepto jurídico de que se vale el tipo penal incorporándolo a la fundamentación fáctica, la que constituye la columna vertebral de la Sentencia y de la cual se basa las demás fundamentaciones de la Sentencia. 2) Esta Sala considera importante recordar, que el vicio alegado por los casacionistas tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean “conceptos” que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, clara separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el Tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que el Tribunal de casación no puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo a través de su significación jurídica. Para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado, b) Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común, c) Que tengan relación causal con el fallo, y d) Que suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión dé lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo[1]. 3) Esta Sala considera que la inclusión de la frase “el disparo que realizó el imputado le causó la muerte”, que se atribuye al encartado dentro del relato de hechos probados y que forma parte del elemento objetivo del delito de homicidio (Art. 116 del Código Penal), no comporta una predeterminación del fallo ya que se trata de una expresión que no solamente puede ser empleada en el lenguaje jurídico, sino también en el común u ordinario, por lo que es de general o común inteligibilidad o entendimiento. La expresión dar muerte en ningún momento puede entenderse como una frase técnico-jurídica, pues desde el campesino más sencillo o humilde hasta el mejor letrado, es capaz de utilizar dicha terminología dentro de su vocabulario y entender a la perfección de qué se trata, pues no es un término exclusivo para profesionales del derecho. Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal de Casación considera que la redacción de hechos probados está conformada por elementos coherentes y adecuados, sin que se utilicen términos que predeterminen el fallo que dictó el sentenciador, razones suficientes para desestimar la presente impugnación. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo 1) Establecieron los recurrentes que se infringió por falta de aplicación el artículo 13 preámbulos y párrafo segundo, y el artículo 121 del Código Penal, consignando como norma que le permite la interposición de este recurso, en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Los censores explicaron, que conforme a los hechos declarados como probados por el Tribunal de instancia, se evidencia la falta de aplicación de las normas penales antes señaladas; pues en el numeral tercero párrafo quinto y sexto de la fundamentación jurídica, el Juzgador expuso su criterio de que el accionar del imputado se centraba en un dolo eventual, pues tenía pleno conocimiento que con su actuar podría causar un daño a terceros como efectivamente sucedió, pues conlleva el pleno conocimiento de la conducta prohibida, pero asumió el riesgo desde el momento en que se empieza a disparar su arma de fuego contra el vehículo en marcha, por lo que, es totalmente responsable de las consecuencias derivadas de sus actos, sin que pudiese acreditar la existencia de una causa de inimputabilidad a su favor. Para los censores estos razonamientos del Sentenciador son erróneos pues consideran que el accionar del imputado fue por negligencia y que debe ser castigado por un delito culposo, pues nunca tuvo el ánimo de quitarle la vida a ninguno de los ocupantes del vehículo. 2) Al denotarse en los recurrentes una inadecuada técnica recursiva en cuanto al tratamiento del recurso de casación por infracción de ley, consideramos importante recordar, lo que establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que dice “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues son dos los elementos del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados, son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación, la modificación de los hechos probados; B) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o doctrina legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de doctrina legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la doctrina legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. De allí, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 3) Tal como se ha explicado anteriormente, el recurso de casación por infracción de ley es aquél en donde se alega la falta de aplicación o interpretación errónea de una ley sustantiva, por tanto el punto central del censor debe recaer en la Fundamentación Fáctica (Hechos Probados) y en el tipo penal con el cual el Juzgador encuadró dichos sucesos; situación que no respetaron los recurrentes al desarrollar su impugnación trayendo a discusión los argumentos que utilizó el Juzgador para estimar el accionar del recurrente como dolo eventual; sin embargo en aras del derecho a recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humano, hemos procedido a analizar dichas circunstancias. La Sala ha reiterado, siguiendo la doctrina más calificada que, el punto de referencia para la configuración del delito culposo lo proporciona el deber objetivo de cuidado, residiendo el núcleo del tipo imprudente en la contrariedad entre la acción realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado, que el autor debe observar en sus acciones. El deber de cuidado que todos los ciudadanos en sociedad están obligados al realizar sus actividades diarias, se constituye en delito cuando la acción realizada por el autor menosprecia ese deber de cuidado al que está obligado, debiendo verse según cada caso concreto[2]. Procede dilucidar si la conducta del imputado F. A. F. fue imprudente, por faltar a las normas del deber objetivo de cuidado, que en la doctrina es “el núcleo esencial del injusto del delito imprudente y es el fundamento de la desvalorización de la acción”, considerado un principio general del ordenamiento íntimamente ligado a la prohibición de causar daño a los demás o como bien señala M. ., “El deber de cuidado es ante todo objetivo, ya que para fijarlo no se acude al cuidado que en el caso concreto debería aplicar el autor, si no al cuidado requerido en la vida de relación social.- Lo que supone un juicio normativo que fija la conducta que hubiese seguido, una persona razonable[3]”. En el caso examiné, el deber objetivo de cuidado implicaba la precaución de no sacar un arma de fuego, apuntar y disparar en dirección a un vehículo donde se transportaban varias personas, ya que sacar un arma de fuego y disparar voluntariamente en dirección de donde se encuentran personas, denota que si bien pudo no desearse el resultado final, el accionar del acusado lleva una aceptación del resultado e incorpora una actitud de total desprecio por el bien jurídico protegido especificada por el querer efectuar el disparo, al ser claro que disparar a personas puede llegar a producir un resultado, por ende, no concurre culpa consciente y, por lo tanto, no ha lugar al homicidio culposo. En consecuencia, la Sala de lo Penal, no aprecia que puedan subsumirse los hechos declarados probados en el contenido del artículo 121 del Código Penal en relación con el artículo 13 párrafos primero y tercero del mismo Código, pues no se observa la concurrencia de los requisitos integrantes de tipo penal que se reclama como aplicable ni los elementos integrantes del delito culposo o imprudente, antes bien se estima apropiada la calificación jurídica dada a los hechos por el Tribunal sentenciador con fundamento en el artículo 116 del Código Penal en relación con el artículo 13 párrafo del mismo código. Por tales razones es procedente desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN En virtud de los argumentos es procedente declarar sin lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de ley. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado todos de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 13, 116 del Código Penal; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. FALLA: Primero: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su dos motivos interpuesto por los abogados M. A. H. M. y E. N. M. en su condición de Defensores Privados del señor F. A. F.. Segundo: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por los abogados M. A. H. M. y E. N. M. en su condición de Defensores Privados del señor F. A. F.. Tercero: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por los abogados M. A. H. M. y E. N. M. en su condición de Defensores Privados del señor F. A. F. a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de P. P. H.. Y MANDA: Que se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes. Redacto Magistrado Bustillo Romero. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-472-2012.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011

[2] Vid Sentencia de Casación Penal SP 352-2008 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 11 de abril del 2012

[3] Véase. Muñoz Conde/García Aran. Derecho Penal. Parte General. 3ra Edición. Valencia 1998 Pág. 254 y S.S.