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Sentencia CP-189-14 — Registro 7932

Resumen

En primera instancia se declaro responsable a título de autor al joven menor , por la infracción penal de Violación Especial y se le decretó la medida de amonestación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"..esta Sala de lo Penal a pesar de las inconsistencias que presenta el recurso y los yerros en los que incurrió el recurrente, procede a revisar la sentencia para determinar si en efecto el sentenciador incurrió en las equivocaciones denunciadas. En lo que respecta a que el Tribunal A-quo no tomó en consideración los planteamientos realizados por el consultor técnico de la defensa Dr. D. C. B. respecto al dictamen médico practicado a la menor ofendida, observa este Sala de lo Penal que en el acta de debate a folio 29 el señor C. B., luego de comparecer como consultor técnico de la defensa para cuestionar los dictámenes médicos, solicitó la defensa del menor infractor que se incorporara como parte del equipo de la defensa pues ostentaba el título de abogado, el Tribunal A-quo a pesar de la oposición del ente acusador, admitió al señor D. C. B. como parte del equipo de abogados que realizaron la defensa del menor infractor, por tanto aunque inicialmente se presentó como consultor técnico pues posee conocimientos en el área de la medicina, una vez presentado como abogado defensor su participación se tenía que circunscribir en demostrar la estrategia de defensa que como togados pretendieron acreditar, pero si su intención era participar como consultor técnico por sus vastos conocimientos en medicina, lo tenía que hacer al amparo de lo establecido en el artículo 124 del Código Procesal Penal, es decir no puede ser juez (Consultor) y parte (abogado defensor) en las presentes diligencias, porque se ve cuestionada su objetividad como consultor técnico, por tanto todos aquellos cuestionamientos o argumentaciones respecto al dictamen pericial fueron tomados por el A-quo como alegatos de un defensor del menor infractor y no como un consultor técnico como tal, actuación que considera correcta esta Sala de lo Penal. 4) Se cuestionó además la valoración probatoria pues consideró el recurrente que no se observaron las reglas de la sana crítica y aunque nunca señaló que regla de la sana crítica consideró violentada, este Tribunal de Casación analizó los juicios de valor utilizados por el A-quo y puede confirmar que se conformaron razonamientos coherentes, adecuados y lógicos, observando en todo momento las reglas del recto entendimiento humano. Por todas las razones antes expuestas, considera este Supremo Tribunal que los cuestionamientos del censor son infundados pues el A-quo valoró la prueba en apego irrestricto a las reglas de la sana crítica, razones suficientes para declarar sin lugar el primer motivo de casación."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Alega el recurrente que la declaración de hechos probados no es clara ni terminante, estableciendo como norma autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el artículo 338 final del párrafo quinto del CPP establece los requisitos para redactar una sentencia, respecto a los hechos probados establece que no deben redactarse con conceptos que predeterminen el fallo, sin embargo el A-quo al redactarlos, lo hace en un solo apartado y consideró los sucesos narrados por el Ministerio Público en su formalización de acusación como hechos probados, pues los copió textualmente, sin aplicar los requisitos exigidos por nuestra normativa procesal penal. 2) Conveniente es señalar que los Hechos Probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado de éste; es a partir de los hechos probados que los juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos : 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato; y 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009) y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “… implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…” (Ver sentencia de fecha 25 de noviembre del 2010 en el Exp 920-2009). 3) Es imprescindible observar la exigencia que el Código Procesal Penal impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la designación de hechos probados. Al respecto el numeral 1 Sección Cuarta, del Artículo 338, dispone que “Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de Hechos Probados. En párrafos separado y enumerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse” El Juez A-quo tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido, producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo que no aparece en la sentencia que absuelve o condena esa consignación de hechos probados, es decir que el juzgador haya omitido incluir en el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. Tan importante es la declaración de hechos probados en la sentencia, que sin ellos la resolución carece de base, al ser esos acontecimientos narrados el fundamento del fallo que ésta contiene. Así ha sido determinado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al decir en su sentencia de 18 de marzo de 2003[2], que una sentencia no puede tener el carácter de tal, si no está respaldada por hechos probados estimados por el Juzgador cualquiera que sea su última razón… Que al realizarse la calidad jurídica reservada para toda sentencia, por carecer el fallo impugnado de la congruencia, precisión y claridad, sobre todo al carecer de hechos estimados como probados[3]. 3) Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, en principio vale afirmar que siendo los hechos probados el cimiento de la sentencia penal, el juzgador tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate. Si bien se está juzgando a un menor infractor y su jurisdicción es especial, igualmente el juzgador deviene en la obligación de observar la estructura y demás requisitos que debe cumplir la sentencia penal, pero resulta increíble que a más de 10 años de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, nos encontremos con este tipo de errores que denotan el desconocimiento total de nuestra legislación procesal. 4) La copia textual de lo narrado por el Ministerio Público como fundamentación fáctica, es un error con consecuencias de nulidad y por ningún punto puede dejarse pasar la falta sin que se tomen las correcciones necesarias. En el caso subjudice el fallo establece una amalgama confusa y carente de toda técnica, en donde se menciona el elenco fáctico narrado por el ente acusador mezclado con el análisis de prueba. La indefensión que se crea con este tipo de yerro es patente y de ahí la sanción procesal de nulidad que debe acompañarlo[4]. En tal sentido lo procedente en este caso es anular el debate que se realizó así como el fallo que se dictó, para que un nuevo juez falle sobre la situación legal del menor infractor y dicte la sentencia que en derecho corresponda. Por tales razones es procedente declarar con lugar el presente motivo de casación. Se le hace un fuerte llamado de atención al Juez A-quo encargado de la redacción y/o composición de la sentencia que hoy se recurre, para que en próximos juicios demuestre su profesionalismo, poniendo en práctica los conocimientos necesarios y los estudios indispensables para el buen desempeño de la Judicatura que se le ha encomendado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, por unanimidad de votos ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 189-2014 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez de la Ceiba departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Declarar responsable a título de autor al joven J. B. B. A., por la infracción penal de Violación Especial en perjuicio de L. M. C. C.. Decretó la medida de amonestación, para que el enjuiciado comprenda que las personas que cometen delitos son rechazados por la sociedad, el debe estudiar y cumplir con las siguientes Medidas Socio-Educativas o Reglas de Conducta: 1) Tiene que continuar con sus estudios; 2) Estar al cuidado y vigilancia de su madre, la señora Y. L. A.; 3) Prohibición de salir fuera del país; 4) Presentarse al Tribunal una vez por mes a firmar el libro de control, que para tal efecto se lleva en la secretaria del despacho; 5) Se le prohíbe acercarse a la víctima. Dicha medida es por espacio de Tres (3) años. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el abogado J. M. R. A., en su condición de Defensor Privado del joven J. B. B. A. SON PARTES: El abogado J. M. R. A. en condición antes indicada como recurrente y la abogada R.. L. C. G. en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrida. II. HECHOS PROBADOS “1. -En el presente año dos mil trece, como hace ocho meses atrás la niña L. M. C. C., conoció al menor J. B. B. A., por medio de las redes sociales conocido como el “BB” en donde comenzaron a conocerse por mensaje y llamadas vía celular y al pasar los meses se hicieron novios a escondidas de sus padres J. C. y S. C. un día el joven J. B. B. A., le dijo que la quería conocer personalmente citándola por primera vez en el parquecito ubicado en la colonia El Sauce de esta ciudad, luego el día 2 de septiembre del 2013, la ofendida L. M. C. C., fue citada de nuevo por su novio en la casa de un amigo el cual lo conoce con el nombre (O. D. S.), pero este le manifestó a la niña que saliera en la madrugada a eso de la 1:00 a.m. horas que él la iba a ir a traer a su casa de habitación, en eso la niña L. M. C. C. se salió de su casa por la ventana para que su familia no se diera cuenta y se fueron caminando hasta la casa de la colonia El Sauce a la casa de habitación de O. D. S., y estando en el interior de la vivienda se quedaron platicando en un mueble ubicado en la sala de la vivienda y en seguida el joven J. B. B. A. le dijo a la niña ofendida que quería tener relaciones sexuales que solo iba a pasar 40 segundos para que él terminara respondiéndole la menor L. M. C. C. que ella no estaba preparada para eso, no importándole al joven la respuesta de la ofendida este siguió insistiendo y de tanto presionar comenzó a besarla y a quitarle el short y su ropa interior y ella le volvió a repetir que no lo quería hacer pero J. B. B. A., no le importó y saco un condón para protegerse y penetrando la vagina de la menor L. M. C. C. la cual le decía que le dolía mucho y resistiendo para que el joven no siguiera penetrando su vagina, el cual le dijo que no se preocupara que solo lo siguiera besando que ya iba a terminar de tener relaciones sexuales, por lo que pasaron dos horas después para que el joven J. B. B. A. la fuera a dejar a su casa de habitación, los jóvenes se siguieron comunicando vía celular en donde J. B. B. A. volvió a citar a la ofendida para el día 04 de noviembre del presente año a la misma hora acordada de siempre, usando el joven un taxi como medio de transporte para ir a recoger a la menor, la cual se salía a escondidas de su casa trasladándose a la vivienda del joven J. B. B. A. ubicada en el barrio Potreritos casa color rosada enfrente de las bodegas de Claro, estando los portones de la misma abiertos y al ingresar a la casa se encontraba una dama que se llama D. B. quien es hermana del joven en donde ella saludó a L. M. C. C. diciéndole hola recibiendo el mismo saludo en donde los jóvenes regresaron al cuarto de habitación del joven, comenzando a platicar normalmente pero el mismo comenzó a insistir que lo que quería era tener relaciones sexuales de nuevo con la menor, la cual accedía que pasara ya que comenzaba a tocarla y a tocar su cuerpo por lo que tuvieron relaciones sexuales otra vez posteriormente la fue a dejar a su casa de habitación, en fecha viernes 06 de septiembre del 2013, se quedaron de verse a la misma hora y a la misma dirección lo cual el joven J. B. B. A. la iba a ir a traer de nuevo en taxi y usando la misma forma, al estar ambos solos en el cuarto de habitación de J. B. B. A. empezaba a besarla y a tocar su cuerpo hasta que penetraba con su pene la vagina de la menor L. M. C. C., teniendo relaciones sexuales y al terminar la primera vez le exigía a la ofendida que tenían que hacerlo otra vez mas insistiéndole hasta que la menor dijo que ya no que le dolía mucho su parte intimo (vagina) en donde el joven J. B. B. A. al ver la negatividad de la menor le dijo que no estaba virgen que saber con que otro hombre había estado dejándola en su casa de habitación y como la niña L. M. C. C., entraba a escondidas a su casa de habitación y al hacer ruido, se subió a la terraza y se golpeo el cuello y la pierna izquierda, fue donde se dieron cuenta sus padres y familiares de los hechos poniendo la denuncia ante autoridad competente.” III. RECURSO DE CASACIÓN El abogado J. M. R. A., actuando en su condición de Defensor Privado del señor J. B. B. A., procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la siguiente manera: A) EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Error de hecho, por no haber considerado el órgano recurrido, prueba de valor decisivo y fundamental en toda su dimensión, además de no haber aplicado las reglas de la Sana Critica como lo son la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal como norma supletoria del Código de La Niñez y la Adolescencia; en su parte que reza: “Art. 362.- El Recurso de Casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1)... 2)... 3) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. 4)...” EXPOSICION DEL MOTIVO: El árgano Jurisdiccional recurrido, no ha considerado en toda su dimensión, prueba consistente en valor decisivo, no es el caso de que la haya excluido, sino mas bien que no ha considerado ni mucho menos haya tomado en cuenta lo referido por el experto y que sirvió tanto a esta defensa y a las partes involucradas, como lo es la asistencia técnica del Doctor D. A. C. B. quien participó en la presente vista de la causa o juicio oral, en su condición de Consultor Técnico (Art. 124 C.P.P.) de la Defensa y en donde al momento de haber tenido su participación, quedó evidenciado que el dictamen médico que se le practicó a la menor, supuesta víctima, no es determinante ni concluyente, contrario a lo referido por el Juez sentenciador, por lo que no cabe duda que el mismo indicó claramente y plenamente que la supuesta víctima jamás ha recibido penetración o acceso carnal, acción que se convierte en el requisito Sinequanom para poder tener como uno de los elementos del tipo penal de VIOLACION razón por la que tenemos la convicción que el Juez no consideró en toda su dimensión y al propio tiempo violentó en su valoración de dichos medios probatorios, las reglas de La Sana Critica: en ese sentido, tenemos que el apartado de valoración de la prueba, no se describe la aportación que hace al momento de llevarse a cabo la vista de la causa o Juicio Oral; ya que, de acuerdo a lo preceptuado en el principio de Inocencia del procesado (Art. 2 del C. P. C. y Art. 40 numeral 2 literal b) punto iii) de La Convención Sobre Los Derechos del Niño) la Defensa del menor, supuesto Infractor, propuso medios probatorios meramente técnicos y testificales, los cuales la gran mayoría fueron prueba en común con el órgano acusador del Estado; ya que por razones obvias y por una de las reglas de la Sana Critica (la lógica), es evidente que ante la investigación de un hecho punible, el mismo por su naturaleza se vuelve complejo para su investigación, ya que en el mismo, difícilmente se puede obtener la presencia de testigos o personas que puedan dar referencias precisas sobre los hechos, por consiguiente nos encontramos de la partida de dos puntos como referencia, para conocer la verdad real; primero, que es la versión de la supuesta víctima; y segundo, que es la versión del supuesto infractor; entonces surge una interrogante: ¿Quién dice la verdad? O ¿Quién miente? Para ello lo que nos queda en la investigación, es la prueba científica, es decir, el auxilio de las Ciencias Forenses, razón por la que la menor de manera casi inmediata, después de haber interpuesto la denuncia, fue examinada y evaluada por un Medico perito del Estado como lo es el Doctor C. A. D. B. mismo que se encontraba de turno en el Centro Integrado de esta ciudad, en el momento en que se interpuso tal denuncia, por lo que como consecuencia de su evaluación y examen físico de la supuesta víctima, emitió un dictamen en donde deja claramente establecido que la menor L. M. C. C. nunca recibió o nunca tuvo acceso carnal, más que la introducción de dos de los dedos del examinador, situación esta que él mismo (Médico Forense) la indica en su Dictamen, & establecer que la menor evaluada presenta “Himen íntegro” esto nos pone de manifiesto que no ha tenido acceso carnal; sin embargo más adelante en su mismo dictamen examinador” situación esta que quedo clara, durante la celebración de la vista de la causa o Juicio oral, que no es determinante ni concluyente para considerar que la menor tuvo acceso carnal, ya que si bien es cierto, si el himen permite el paso de dos dedos del examinador, no es menos cierto que, en primer lugar, no se ha empleado el método correcto para poder determinar el acceso carnal, y en segundo lugar, admite el médico forense C. A. D. B. que no se le practicó al menor Supuesto infractor una prueba que era determinante como lo es un examen de Proporcionalidad, con el propósito de establecer largo y ancho de el pene del mismo, tanto en erección o en reposo, ya que era muy importante conocer también el diámetro de! pene en erección del supuesto victimario, y hacer las respectivas comparaciones en cuanto a las medidas del Himen y el ancho del pene de mi defendido, esto nos deja claro, que no conocemos en primer lugar, cual es la medida del himen de la supuesta víctima ni mucho menos cual es la medida del pene en erección de mi defendido, situación esta que ya es jurisprudencia por la Honorable Corte Suprema de Justicia, ya que existen sentencias emitidas por la sala de lo penal en donde indica que con una evaluación médica en donde indique que solo por el hecho de que un himen integro, el cual permite el paso de los dedos de un examinador no es determinante como para poder tener acreditado un acceso carnal. Además, se dejo de manifiesto y científicamente probado en juicio, que el médico forense del Ministerio Publico al momento de realizar su examen físico y evaluación de la supuesta víctima, el mismo no incluyó en su dictamen las condiciones en que se encontraba la menor supuesta víctima, respecto de su periodo menstrual, al momento de ser evaluada, ya que clínicamente el Asesor Técnico manifestó de manera clara y precisa, que de acuerdo a la fecha o el transcurso de los días después de haber finalizado el ciclo menstrual de una mujer, el himen de la misma se vuelve “Dilatable” es por ello que deja en tela de dudas la razón por la que el himen de la menor evaluada estaba dilatable o complaciente al momento de ser evaluada y examinada; primero, si estaba dilatable o complaciente porque el mismo es así; o segundo, porque se encontraba cerca de haber finalizado su ciclo menstrual, o si el mismo (ciclo menstrual) estaba cerca a transcurrir, ya que ese extremo fue omitido en el dictamen de evaluación de la supuesta víctima; además se aclaró que en nuestra población y por la naturaleza de las razas, es más común en la raza negra un himen dilatable o complaciente que en la raza blanca. Debe de tomarse en consideración que las ciencias forenses son el método efectivo para la reconstrucción de hechos que se consideren cometidos con y que constituyan la comisión de un delito, en este caso, una infracción, ya que en sus dictámenes, los médicos forenses, escuchan una Historia, la cual es narrada por la supuesta víctima; es por ello que el papel del Medico perito del Estado en muy importante, por no decir que es la más esencial, ya que del relato de la víctima, un médico forense viene en la obligación de investigar, analizar y recoger todo aquel mínimo detalle, elemento u objeto del delito, que lo lleve al esclarecimiento de la verdad y a confirmar lo referido por la víctima, es por ello que en su momento, es decir, en la celebración de la vista de la causa o en la celebración del juicio, el Consultor Técnico propuesto por la defensa fue más que contundente al concluir, de que el médico evaluador o perito del Estado, y a interrogantes del Consultor Técnico ofrecido por esta defensa, se logró determinar claramente que la prueba científica realizada por el médico forense con el propósito de llegar a la obtención de la verdad real, no es determinante ni concluyente más bien evidencia que no hubo acceso carnal de entre el menor J. B. B. A. y L. M. C. C., todo en virtud de que, en primer lugar, el perito evaluador (Médico Forense C. A. D. B.) reconoció en juicio que ninguno de los exámenes o pruebas requeridos o solicitados contribuían para acreditar lo descrito en la Historia narrada por la supuesta víctima además reconoció paladinamente el Perito Forense, no haber hecho una historia clínica, historial o antecedentes sexuales de la supuesta víctima, entre los cuales dijo no saber sobre la relación hormonal y las características anatómicas de un himen, dejando de manifiesto una ignorancia inexcusable, puesto que es un Perito Forense del Estado; También admite literalmente el Perito que no tenia los instrumentos necesarios para medir la permeabilidad del himen de la supuesta víctima, por lo que se vio en la obligación o casi necesidad de utilizar métodos ortodoxos, como lo es utilizar sus dedos de la mano derecha, para medir el diámetro del radio del himen que estaba evaluando, como lo son el dedo índice y el medio de su mano derecha, a lo que manifestó que los mismos (dedos) median aproximadamente 4cms, además admite el Médico Forense C. A. D. B. que ni siquiera solicito en su dictamen la realización de un examen primordial, como lo es la presencia de “Látex” en la víctima, ya que supuestamente, el acceso carnal, se dieron en tres ocasiones, y en las tres, el supuesto agresor utilizo preservativo, es decir, condón; pero el Consultor Técnico (Doctor D. A. C. B.) dejo evidenciado al Medico C. A. D. B. que el mismo, no sabía siquiera que debió haber practicado dicho examen. Caso contrario, demostró el Doctor D. B. Perito Forense, de manera clara y precisa que los hechos narrados por la supuesta víctima en la “HISTORIA MEDICA LEGAL” del dictamen, no son CONGRUENTES con lo investigado por él, por lo que no cabe duda de que no existió nunca un acceso carnal ya que el hecho es que el himen esta integro. Esto Honorables Magistrados, claramente nos pone de manifiesto que es probado en juicio, de manera científica que la menor L. M. C. C. no ha tenido acceso carnal por la vía vaginal como lo requiere el tipo penal de Violación.- No siendo cierto, con todo respeto, lo referido por el Juez sentenciador de la causa en su apartado “Valoración de la prueba” numeral 3 de la sentencia recurrida, en donde refiere que al dictamen elaborado por el Doctor C. A. D. B. la defensa no le propuso “prueba de descargo que refute las conclusiones” cabe señalar, que una vez que se elabora e! dictamen la defensa, no puede practicar otra evaluación a la supuesta víctima, sino que lo que se realiza por el perito forense del Estado, lo único que puede hacer la defensa es evidenciar y precisar de manera clara y congruente a través de expertos con conocimientos no jurídicos, sino médicos (en este caso) para esclarecer los pobres (escasos de información) dictámenes de los peritos forenses del Estado, más bien refiere el A-quo, que las conclusiones están “Alejadas a la verdad” sin tomar en consideración de que se trató de un experto en Medicina Forense y en donde es a todas luces uno de los mejores médicos forenses que hay en nuestro país y en donde más bien el Juez sentenciador manifiesta que le da credibilidad al dictamen del Doctor C. A. D. B. (Forense del Estado) simplemente porque éste “Efectuó un método palpable” “a través de un examen físico de introducción de dos dedos en la vagina de la menor” además refiere el Sentenciador que: “se trata de una prueba científica realizada por una persona calificada” sin embargo cabe mencionar Honorables Magistrados en primer lugar, que si el médico del Estado, que evalúa a la supuesta víctima le introdujo sus dedos a la vagina de la misma, ¿Es concluyente o determinante que mi representado le penetro su pene solo porque él le introdujo sus dos dedos? Claro que no, además: ¿Es una persona calificada el Doctor C. A. D B.? Claro que no, ya que el mismo manifestó de manera contundente que él no es un médico ginecólogo, sino que un médico general, entonces ¿dónde radica jurídica y científicamente la valoración de ese medio probatorio? Tomando en consideración que en nuestro sistema penal, es regido por el principio acusatorio, es decir, el ente acusador del Estado, viene en la obligación de vulnerar el estado de inocencia de mi defendido, el cual pues, ya el Estado de Honduras, garantiza dicha inocencia a través de que nuestro país se encuentra adherido a tratados internacionales como lo son la Convención Americana de los Derechos del niño, así como también en la Constitución de la República, y demás leyes, por lo que el Ministerio Público está obligado a acreditar plenamente la comisión del hecho constitutivo de toda la prueba en su conjunto, el juzgador emitió la respectiva resolución para el presente caso, y en donde debió de tornar muy en consideración las reglas de la sana crítica, y en la cual debe de regirse por los elementos que componen dichas reglas, como lo son: a) la Lógica, b) La Psicología; y c) Las máximas de la experiencia. Una vez aplicadas dichas reglas de la sana critica, hemos llegado a la convicción de que el menor sometido a este proceso penal especial, no ha cometió ninguna infracción penal de Violación Especial, ya que de acuerdo a la Ley Penal, que es el que establece los tipos penales, en su artículo 13 establece claramente que el delito podrá ser realizado por acción o por omisión y en el presente caso, lógicamente nos está indicando que el procesado debió de haber ejecutado una acción en contra de la supuesta víctima, sin embargo, en el siguiente artículo, es decir el 14 del mismo cuerpo legal, establece claramente que para que se considere la consumación de un delito, en este caso una infracción, deben de concurrir todos los elementos de su tipificación legal, por lo que es evidente que ello nos remite al artículo 140 de esa misma ley, que contiene el delito de Violación y es que el mismo reza: “Articulo 140: Constituye el delito de Violación: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad un perjuicio grave e inminente. (Párrafo segundo) Para efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Será sancionado con reclusión de diez a quince años de reclusión. (Párrafo tercero) Son casos especiales de violación el acceso carnal con personas de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince a veinte años de reclusión y son los siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de 14 años de edad;...” Una vez identificado el tipo penal, el cual está claramente establecido en el párrafo tercero del artículo 140 del Código Penal, debemos de establecer claramente y con precisión cuales son los elementos del tipo penal y ver si verdaderamente concurren todos los elementos del tipo para determinar la consumación de ese hecho. En primer lugar establecemos que hay un supuesto sujeto activo, que es el menor J. B. B. A., ya que es la persona a la que el Ministerio Público ha acusado como responsable de la comisión de (a supuesta infracción penal; también tenemos un supuesto sujeto pasivo, que para el caso que nos ocupa sería la menor L. M. C. C. la cual según el medio probatorio como lo es la Certificación del Acta de nacimiento tiene actualmente 14 años, pero que al momento en que, sucedieron los supuestos hechos, tenía la edad de 13 años, razón por la cual vuelve especial la supuesta comisión de la infracción, y se vuelve sujeto pasivo puesto que el órgano acusador del Estado la ubica como supuesta víctima. Posteriormente prosigue identificar la acción ejecutada por el sujeto activo, como lo es el acceso carnal y es allí en donde recogemos toda la prueba testifical y hacemos una autopsia Social de todos los elementos que rodean el entorno de donde se dieron los supuestos hechos y nos ubicamos directamente a la fecha del día dos de septiembre del año dos mil trece (02/Sept./2013), fecha en que supuestamente la victima recibe la primera penetración o acceso carnal, y es que el mismo (hechos), según decir de la supuesta víctima sucede en la casa de los padres del joven O. D. S. a quien la supuesta víctima identifica únicamente como D. S.; esto según relatos de la supuesta víctima sucede en la sala de la casa de la persona antes mencionada, sin embargo la menor L. M. C. C. solo refiere que “Tuvimos relaciones sexuales” sin embargo a interrogante de la representante del Ministerio Público le pregunta: ¿Para usted, que es tener relaciones sexuales? Sin embargo, esta no contestó; entonces, según las reglas de la sana crítica esto nos indica que la menor no sabe lo que es una relación sexual; además al escuchar la deposición del joven O. D. S., el mismo refirió claramente que ellos, J. B. B. A. y L. M. C. C. estuvieron en su casa de habitación pero que él no observó nada fuera de lo común, y que él siempre estuvo con ellos, no cerca o entre ellos, pero si en la misma casa y especifica que estuvo en la otra sala, es decir aledaño a la sala de donde se encontraban los dos sujetos (activo y pasivo), además agrega el joven S. que entre las dos salas no hay puerta alguna para poder dejar de manera privada la sala en donde se encontraban J. y M., por lo que no cabe duda que en ese lugar nunca pudo suceder hechos corno lo son un acceso carnal, como lo refiere la menor M., y ahora ratificado por el A-quo en su sentencia, quien entre otras cosas refiere en la sentencia objeto de esta Casación que el Joven O. D. S. “Se encerró en su cuarto” cuando el mismo declaro que nunca estuvieron solos J. y M., ya que incluso, en la misma casa se encontraban los padres del testigo O. D. S., RATIFICANDO ADEMAS ESE TESTIGO QUE J. NUNCA TUVO RELACIONES NI PENETRACION ESE DIA EN SU CASA POR CONSTARLE PERSONALMENTE. Posteriormente la menor L. M. C. C. nos relata de dos acontecimientos más, es decir, dos accesos carnales mas; los cuales supuestamente suceden en la vivienda de mi defendido y que tuvo relaciones con el mismo (procesado) en el cuarto de la hermana de mi defendido, sin embargo, no manifiesta de manera clara ni precisa el hecho de que el menor J. le haya penetrado su órgano viril (Pene) en su vagina, como lo quiere hacer creer el Juez Sentenciador en la Sentencia recurrida, en su apartado de “Valoración de la Prueba”, hechos que fueron narrados por el Ministerio Público en su acusación y que fueron ratificados por el mismo, a. comienzo del juicio oral o vista de la causa, y que sin embargo nunca fueron probados, por lo que no cabe duda de que la menor nunca les manifestó, ni a los investigadores tales hechos, ni mucho menos a alguna fiscal, tales extremos, como para que tales aseveraciones fueran incluidas en el relato de los hechos que hace del Ministerio Publico ya que como ente acusador del Estado debe de probar los hechos que señala y que desarrolla como hechos sucedidos en su acusación mismos que fueron ratificados. Cabe mencionar que después de tener una declaración de la supuesta víctima y una declaración de un testigo presencial de los hechos, y los mismos no son congruentes entre sí, sino que son contradictorios (entre la menor y el Joven O. D. S.) no nos queda más que para poder determinar efectivamente el acceso carnal contra la menor C. C., debemos de recurrir a la prueba científica, como lo es la Medicina Forense, la cual debe de poseer tres requisitos esenciales como lo son: 1) Debe de ser una prueba permanente, esto se materializa a través de la elaboración de dictámenes a través de ciertos análisis o pruebas laboratoriales, etc. 2) debe de ser Objetiva, esto nos indica que todos los análisis practicados deben de arrojarnos claramente la legitimidad de una prueba además que debe de ser una prueba confiable; y 3) debe de ser Indubitable, (o cual nos establece de manera clara que no debemos de tener duda alguna a cerca de la realización de dicha prueba científica. Además con la otra prueba pericial consistente en dictamen o evaluación psicológica, la cual fue realizada también por Perito Forense del Estado, corno lo es el Licenciado en Psicología L. A. R., no se ha logrado determinar la existencia de un cuadro de estrés post traumático o depresión post traumático producto de una violación, por lo siguiente: en primer lugar el perito forense evaluador, Licenciado L. L. R., actuó sin coordinación de un objetivo establecido por la Dirección de Medicina Forense de la localidad, ya que todo examen o test que se realiza a una persona en Honduras debe de estar autorizado por el órgano regente en materia de salud, en este caso por la Secretaria de Salud Publica de Honduras específicamente por la Dirección de Salud Mental y que además el test de percepción temática de A. D. M. e. y L.; así como la Técnica de la persona Bajo la lluvia, mismos que no han sido aprobados en Honduras, sino que los mismos tienen su origen en la República de Alemania, según el dicho del Licenciado en Psicología L. A. R., y evidente que el mismo es aplicado en comparación con la población de aquel país y no en la sociedad hondureña, específicamente de la ciudad de La Ceiba. También para la aplicación del tés escuchó la versión de la madre de la supuesta víctima y el test es exclusivo para la evaluada, ya que no estaba evaluando a la madre, por lo que la valoración del resultado del test se volvió subjetivo; Cabe puntualizar que según el dicho del perito forense Licenciado en Psicología RECONCO, el diagnostico de depresión es la enfermedad número uno en el mundo y también en Honduras, por lo que dejo establecido claramente que la depresión que sufre la supuesta víctima no es producto de una violación, más bien estableció que la misma provenía de problemas familiares o posible separación de los padres de la menor L. M. C. C., Además la actitud del perito al momento del desarrollo del juicio o vista de la causa y en su ratificación del dictamen refirió y admitió que, es cierto, que ningún test tiene el grado de confiabilidad y por último, al igual que el doctor D. B. perito forense, el dictamen psicológico admiten claramente que lo narrado por la supuesta víctima, no es congruente con los hallazgos en las pericias practicadas. Esto Honorables Magistrados nos dejó plenamente acreditado en juicio que falta la concurrencia del elemento del tipo penal, como lo es la acción ya que se probó de manera científica que la menor no ha tenido acceso carnal, ni de manera voluntaria, mucho menos violenta, simplemente no ha tenido acceso carnal de un pene en su parte vaginal. También se ha demostrado claramente mediante las evaluaciones psicológica y socioeconómica realizadas al menor J. B. B. A. que el mismo no ha mostrado rasgos de una persona agresiva, por lo que no puede considerársele de ninguna manera como agresor de la supuesta víctima, ya que incluso el Ministerio Público pidió que el mismo no estuviera presente durante la declaración de la menor L. M. C. C. argumentando una posible intimidación y cuando la supuesta víctima declaró en el juicio o vista de la causa se mostró tranquila, durante su relato, por lo que también se descarta que mi defendido haya sido agresor de la misma, siendo determinante el dictamen psicológico referente a que mi representado ha mostrado preocupación por el problema legal que ha tenido con el presente juicio y el dictamen Socio económico determina claramente que el mismo viene de un hogar integrado y que su vida y su entorno se está desarrollando de una manera y en un ambiente adecuado.” B) SEGUNDO MOTIVO: Haber faltado el A-quo, en la elaboración de los hechos que consideraba aprobados de la sentencia, que tal declaración (hechos probados) no sea clara y terminante. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 362 relacionado con el párrafo quinto (52) del artículo 338 del Código Procesal Penal, como Norma Supletoria del Código de La Niñez y la Adolescencia. Para desarrollar este motivo, es conveniente recordar algunos aspectos importantes sobre fundamentación y los Requisitos que deben de contener la redacción de las sentencias que dan contenido al sistema de valoración y predeterminante fallo que ha de dictarse. EXPOSICION DEL MOTIVO: Según lo tutelado en el Artículo 338 en la parte final del párrafo quinto, el cual establece de manera plena y precisa la sección cuarta de los requisitos para redactar una sentencia, y es que en la sección de “Hechos Probados” dicho párrafo quinto indica que el sentenciador no debe de redactar la sentencia empleando conceptos que predeterminan el fallo que se dicta, sin embargo es evidente que el A-quo en la sentencia que hoy es objeto de Casación, el mismo al momento de redactar la misma (Sentencia recurrida) en la sección de Hechos Probados únicamente señala un “Hecho Probado” y de ello se evidencia claramente, que el mismo considera como hechos probados todos los hechos narrados por el Ministerio Público en su formalización de Acusación, ya que el mismo juez sentenciador) copió textualmente los hechos narrados por la fiscalía en su acusación, y que en su sentencia refirió como “Hechos Probados” esto nos indica claramente que el sentenciador no ha tenido aplicabilidad de los requisitos exigidos por nuestra norma procesal penal, ello conlleva a una clara violación a la garantía Constitucional consagrada en el Artículo 90 de La Constitución de La República, el cual exige la aplicabilidad de un debido proceso con garantías ya establecidas en la ley, por lo que al hacer un análisis tanto del escrito presentado por la representante del Ministerio Público al momento de iniciar la investigación del presente caso, específicamente en el apartado “Relación sucinta de los hechos” (ver folios uno y dos), como en el escrito de la formalización de acusación, específicamente en el apartado de “Hechos” (ver folios 34 y 35) en el relato de los supuestos hechos, mismos que fueron copiados de manera expresa por el Juzgador en su sentencia en el apartado de “Hechos Probados” y que ello predetermina que el fallo, ya que son los mismos hechos narrados por la fiscalía y vuelve evidente que el mismo (fallo) es condenatorio, aunque los hechos probados deben tener congruencia con la Acusación, pero nunca debe de predeterminar el fallo, es por ello que consideramos se debe de declarar con lugar el presente recurso de que se ha hecho merito ya que ello provoca una clarísima Infracción de Ley tutelado también en el artículo 360 del Código Procesal Penal.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Primer Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Denunció el reclamante error de hecho por no haber considerado el órgano recurrido prueba de valor decisivo y fundamental en toda su dimensión, además de no haber aplicado las reglas de la sana crítica; consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el órgano jurisdiccional no ha considerado en toda su dimensión prueba consistente en valor decisivo, no es el caso que la haya excluido sino que no fue considerado ni mucho menos tomado en cuenta lo referido por el experto del que se sirvió la defensa el doctor D. C. B., que con su participación quedó claro que el dictamen médico que se le practicó a la menor no es determinante ni concluyente, pues estableció que la niña jamás ha recibido penetración o acceso carnal, requisito sine qua non para conformar los elementos del tipo penal de violación. Consideró el reclamante que se tienen dos punto de referencia para conocer la verdad real, primero la versión de la víctima y segundo la versión del supuesto infractor; estableció además que no se ha utilizado el método correcto para poder determinar el acceso carnal pues no se le practicó al infractor un examen de proporcionalidad para determinar el largo y ancho del pene, para realizar las respectivas comparaciones con el himen de la menor; también resulta importante que en el examen practicado a la menor no se incluyó en su dictamen las condiciones en que se encontraba la menor al momento de ser evaluada, pues el consultor técnico de la defensa estableció que de acuerdo a la fecha o el transcurso de los días después al ciclo menstrual, el himen se vuelve dilatable. Concluyó el censor estableciendo que las pruebas presentadas no fueron valoradas por el juzgador conforme a las reglas de la sana crítica. 2) Se hace evidente la inadecuada técnica recursiva del recurrente, pues enuncia como motivo de casación que el Juez A-quo no consideró prueba de valor decisivo y además que no aplicó las reglas de la sana crítica, incumpliéndo lo regulado en el artículo 363 del Código Procesal Penal que ordena que los motivos deben ser presentados de forma separada; los supuestos yerros denunciados por el recurrente son dos motivos, que para evitar precisamente la confusión y falta de claridad de las impugnaciones, deben ser argumentados en apartados diferentes, pues al no hacerlo así, se incurre en el error del recurrente de plantear en un mismo desarrollo ambos motivos, volviéndolo una impugnación confusa, incoherente y falta de claridad. Ahora bien, en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la CIDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario y eficaz” independientemente de la denominación que se le de. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho.” Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente (CIDH. Caso Mohamed vs Argentina)[1]. 3) Conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal a pesar de las inconsistencias que presenta el recurso y los yerros en los que incurrió el recurrente, procede a revisar la sentencia para determinar si en efecto el sentenciador incurrió en las equivocaciones denunciadas. En lo que respecta a que el Tribunal A-quo no tomó en consideración los planteamientos realizados por el consultor técnico de la defensa Dr. D. C. B. respecto al dictamen médico practicado a la menor ofendida, observa este Sala de lo Penal que en el acta de debate a folio 29 el señor C. B., luego de comparecer como consultor técnico de la defensa para cuestionar los dictámenes médicos, solicitó la defensa del menor infractor que se incorporara como parte del equipo de la defensa pues ostentaba el título de abogado, el Tribunal A-quo a pesar de la oposición del ente acusador, admitió al señor D. C. B. como parte del equipo de abogados que realizaron la defensa del menor infractor, por tanto aunque inicialmente se presentó como consultor técnico pues posee conocimientos en el área de la medicina, una vez presentado como abogado defensor su participación se tenía que circunscribir en demostrar la estrategia de defensa que como togados pretendieron acreditar, pero si su intención era participar como consultor técnico por sus vastos conocimientos en medicina, lo tenía que hacer al amparo de lo establecido en el artículo 124 del Código Procesal Penal, es decir no puede ser juez (Consultor) y parte (abogado defensor) en las presentes diligencias, porque se ve cuestionada su objetividad como consultor técnico, por tanto todos aquellos cuestionamientos o argumentaciones respecto al dictamen pericial fueron tomados por el A-quo como alegatos de un defensor del menor infractor y no como un consultor técnico como tal, actuación que considera correcta esta Sala de lo Penal. 4) Se cuestionó además la valoración probatoria pues consideró el recurrente que no se observaron las reglas de la sana crítica y aunque nunca señaló que regla de la sana crítica consideró violentada, este Tribunal de Casación analizó los juicios de valor utilizados por el A-quo y puede confirmar que se conformaron razonamientos coherentes, adecuados y lógicos, observando en todo momento las reglas del recto entendimiento humano. Por todas las razones antes expuestas, considera este Supremo Tribunal que los cuestionamientos del censor son infundados pues el A-quo valoró la prueba en apego irrestricto a las reglas de la sana crítica, razones suficientes para declarar sin lugar el primer motivo de casación. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Alega el recurrente que la declaración de hechos probados no es clara ni terminante, estableciendo como norma autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que el artículo 338 final del párrafo quinto del CPP establece los requisitos para redactar una sentencia, respecto a los hechos probados establece que no deben redactarse con conceptos que predeterminen el fallo, sin embargo el A-quo al redactarlos, lo hace en un solo apartado y consideró los sucesos narrados por el Ministerio Público en su formalización de acusación como hechos probados, pues los copió textualmente, sin aplicar los requisitos exigidos por nuestra normativa procesal penal. 2) Conveniente es señalar que los Hechos Probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado de éste; es a partir de los hechos probados que los juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos : 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato; y 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009) y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “… implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…” (Ver sentencia de fecha 25 de noviembre del 2010 en el Exp 920-2009). 3) Es imprescindible observar la exigencia que el Código Procesal Penal impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la designación de hechos probados. Al respecto el numeral 1 Sección Cuarta, del Artículo 338, dispone que “Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de Hechos Probados. En párrafos separado y enumerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse” El Juez A-quo tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido, producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo que no aparece en la sentencia que absuelve o condena esa consignación de hechos probados, es decir que el juzgador haya omitido incluir en el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. Tan importante es la declaración de hechos probados en la sentencia, que sin ellos la resolución carece de base, al ser esos acontecimientos narrados el fundamento del fallo que ésta contiene. Así ha sido determinado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al decir en su sentencia de 18 de marzo de 2003[2], que una sentencia no puede tener el carácter de tal, si no está respaldada por hechos probados estimados por el Juzgador cualquiera que sea su última razón… Que al realizarse la calidad jurídica reservada para toda sentencia, por carecer el fallo impugnado de la congruencia, precisión y claridad, sobre todo al carecer de hechos estimados como probados[3]. 3) Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, en principio vale afirmar que siendo los hechos probados el cimiento de la sentencia penal, el juzgador tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate. Si bien se está juzgando a un menor infractor y su jurisdicción es especial, igualmente el juzgador deviene en la obligación de observar la estructura y demás requisitos que debe cumplir la sentencia penal, pero resulta increíble que a más de 10 años de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, nos encontremos con este tipo de errores que denotan el desconocimiento total de nuestra legislación procesal. 4) La copia textual de lo narrado por el Ministerio Público como fundamentación fáctica, es un error con consecuencias de nulidad y por ningún punto puede dejarse pasar la falta sin que se tomen las correcciones necesarias. En el caso subjudice el fallo establece una amalgama confusa y carente de toda técnica, en donde se menciona el elenco fáctico narrado por el ente acusador mezclado con el análisis de prueba. La indefensión que se crea con este tipo de yerro es patente y de ahí la sanción procesal de nulidad que debe acompañarlo[4]. En tal sentido lo procedente en este caso es anular el debate que se realizó así como el fallo que se dictó, para que un nuevo juez falle sobre la situación legal del menor infractor y dicte la sentencia que en derecho corresponda. Por tales razones es procedente declarar con lugar el presente motivo de casación. Se le hace un fuerte llamado de atención al Juez A-quo encargado de la redacción y/o composición de la sentencia que hoy se recurre, para que en próximos juicios demuestre su profesionalismo, poniendo en práctica los conocimientos necesarios y los estudios indispensables para el buen desempeño de la Judicatura que se le ha encomendado. V. DECISIÓN Por las razones expuestas es procedente declarar con lugar el segundo motivo de casación. VI. RESOLUCION POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 2.3 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declarando sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo interpuesto por el abogado J. M. R. A. Segundo: Declarando con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo interpuesto por el abogado J M. R. A., en su condición de Defensor Privado en la causa instruida contra el menor J. B. B. A. por la infracción penal de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de L. M. C. C.. Tercero: Casa la sentencia. Cuarto: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha tres de marzo del dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: I. Que se repita el debate con un Juez que distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. REDACTO LA MAGISTRADA GUZMAN GARCIA.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-189-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Convención Americana sobre Derechos Humanos “Comentario”. Fundación Konrad Adenauer Stifung. Editores Christian Steiner y Patricia Uribe. Año 2013

[2] Casación Penal Número 2618-2002, Sentencia del 18 de marzo del 2003

[3] Cuellar Cruz Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis; y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Año 2004. Página 594

[4] Arroyo Gutiérrez, Jose Manuel. Rodríguez Campos, Alexander. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídico Continental. Segunda Edición. San Jose Costa Rica, Año 2002. Pagina178.