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Sentencia CP-187-14 — Registro 7931

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de abuso de autoridad al autorizar en calidad de director de FOSOVI, ventas de lotes destinados como area verde en la colonia Kennedy.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"..Tribunal de Casación es del criterio que el A quo no ha vulnerado las reglas de la sana crítica, dado que no se observa que en los razonamientos externados se hayan rechazado indebidamente elementos o posibilidades de convicción o se le haya atribuido a la prueba un valor inexacto o se le quitara el verdadero, siendo razonable y derivada de las pruebas evacuadas la conclusión arribada por los juzgadores. En consecuencia, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Forma, en su único motivo donde se alegó violación a las reglas de la Sana Crítica."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Wilfredo Méndez Romero, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 187-2014 por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto contra la Sentencia de fecha dos de noviembre del dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual fallo: 1) Absolviendo al Señor D. A. R. del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 2) No condenando en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Son partes: La Abogada I. A. F. en su calidad de representante del ministerio público y como parte recurrente, y la abogada L. M. N. N. en su condición de apoderada legal del señor D. A. R. y recurrido. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha veintiséis de diciembre del dos mil ocho, el señor D. A. R. A., en su condición de Director Ejecutivo y representante legal del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI) dando en venta a la señora M. J. N. S. un lote de terreno ubicado en la Súper manzana cinco de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa; Francisco Morazán , de una extensión superficial de Noventa y cuatro punto ochenta y un metros cuadrados equivalente a ciento treinta y cinco punto noventa y ocho varas cuadradas, por un valor de ciento ochenta mil lempiras, autorizada dicha venta mediante instrumento público número doscientos treinta y cinco, por el Notario Público A. G. C., inscrito dicho instrumento en el Instituto de la Propiedad en fecha nueve de marzo del dos mil diez. Dicha compraventa la ejecutó el señor D. A. R. A., tomando en cuenta el dictamen de ingeniería del Departamento de Ingeniería del FOSOVI, en el cual se establecía que dicho lote no constituía área verde, ni área de equipamiento social o de servidumbre, y que el mismo es una área libre propiedad del FOSOVI, siendo establecido el precio de venta por dicho lote por el Departamento de Cartera y Cobro del FOSOVI, así mismo la solicitud de dicha adjudicación fue presentada ante la secretaria general del FOSOVI quien se encargó de de darle el trámite administrativo correspondiente, misma que fueron presentadas antes de la inscripción en el Instituto de la Propiedad. SEGUNDO: En la misma fecha el señor D. A. R. A., en su condición antes indicada dio en venta al señor H. E. S. C. y la Señora L. Y. L. I., un lote de terreno ubicado en la Súper manzana cinco de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa; Francisco Morazán de una extensión superficial de trescientos cincuenta punto diez metros cuadrados equivalentes a quinientos dos punto trece varas cuadradas por un valor de quinientos cincuenta mil lempiras, autorizada dicha venta mediante instrumento público número ochenta y ocho, por el Notario Público A. G. C., inscrito dicho instrumento en el Instituto de la Propiedad en fecha dieciséis de julio del dos mil nueve. Dicha compraventa la ejecutó el señor D. A. R. A., tomando en cuenta el dictamen de ingeniería del Departamento de Ingeniería del FOSOVI, en el cual se establecía que dicho lote no constituía área verde, ni área de equipamiento social o de servidumbre, y que el mismo es una área libre propiedad del FOSOVI, siendo establecido el precio de venta por dicho lote por el Departamento de Cartera y Cobro del FOSOVI, así mismo la solicitud de dicha adjudicación fue presentada ante la secretaria general del FOSOVI quien se encargó de de darle el trámite administrativo correspondiente, misma que fueron presentadas antes de la inscripción en el Instituto de la Propiedad. TERCERO: En fecha veintinueve de diciembre del dos mil ocho, comparece nuevamente el señor D. A. R. A., en su condición de Director Ejecutivo y representante legal del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI) dando en venta al señor L. E. I. R. un lote de terreno ubicado en la Súper manzana cinco de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa; Francisco Morazán , de una extensión superficial de Trescientos veintidós punto veintidós metros cuadrados equivalentes a cuatrocientos setenta y dos punto quince varas cuadradas, por un valor de seiscientos veinticuatro mil lempiras, autorizada dicha venta mediante instrumento público número doscientos treinta y tres, por el Notario Público A. G. C., inscrito dicho instrumento en el Instituto de la Propiedad en fecha nueve cuatro de marzo del dos mil diez. Dicha compraventa la ejecutó el señor D. A. R. A., tomando en cuenta el dictamen de ingeniería del Departamento de Ingeniería del FOSOVI, en el cual se establecía que dicho lote no constituía área verde, ni área de equipamiento social o de servidumbre, y que el mismo es una área libre propiedad del FOSOVI, siendo establecido el precio de venta por dicho lote por el Departamento de Cartera y Cobro del FOSOVI, así mismo la solicitud de dicha adjudicación fue presentada ante la secretaria general del FOSOVI quien se encargó de darle el trámite administrativo correspondiente, misma que fueron presentadas antes de la inscripción en el Instituto de la Propiedad. CUARTO: En fecha veintinueve de diciembre del dos mil ocho, el señor D. A. R. A., en su condición de Director Ejecutivo y representante legal del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI) dando en venta a la señora F. M. N. F. un lote de terreno ubicado en la Súper manzana cinco de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa; Francisco Morazán, de una extensión superficial de trescientos veintitrés punto sesenta metros cuadrados equivalente a cuatrocientos sesenta y cuatro punto veintisiete varas cuadradas, por un valor de seiscientos trece mil doscientos cuarenta mil lempiras, autorizada dicha venta mediante instrumento público número doscientos treinta y cuatro, por el Notario Público A. G. C., inscrito dicho instrumento en el Instituto de la Propiedad en fecha seis de septiembre del dos mil diez. Dicha compraventa la ejecutó el señor D. A. R. A., tomando en cuenta el dictamen de ingeniería del Departamento de Ingeniería del FOSOVI, en el cual se establecía que dicho lote no constituía área verde, ni área de equipamiento social o de servidumbre, y que el mismo es una área libre propiedad del FOSOVI, siendo establecido el precio de venta por dicho lote por el Departamento de Cartera y Cobro del FOSOVI, así mismo la solicitud de dicha adjudicación fue presentada ante la secretaria general del FOSOVI quien se encargó de de darle el trámite administrativo correspondiente, misma que fueron presentadas antes de la inscripción en el Instituto de la Propiedad”. III. RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE:” I. MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria por los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude a favor del acusado, infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal. Para el Juzgador el fallo en la presente causa se fundamenta en que con la prueba aportada a juicio no se logró configurar los elementos de los dos tipos penales indicados, ni la intención por parte del acusado de cometer dichos ilícitos. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico del razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto. Para revisar el razonamiento del Tribunal Sentenciador, hay que hacer un análisis de las pruebas evacuadas durante el proceso: PRUEBA DE CARGO 1. PERITO F. Y. H., quien ratificó el Dictamen Informe Técnico 03-201 1, realizado con el objetivo de determinar si el lote número 51 de la Super Manzana número 5, forma parte de las áreas verdes de la Colonia Kennedy y si el Fosovi realizó el debido traspaso a la Alcaldía Municipal del Distrito Central. La Perito a través de su dictamen determinó: a) Que el área (terrenos) que se dieron en venta no poseen clave catastral debido el lote en su totalidad formaba parte del área verde y de equipamiento social. b) Agregó que los planos únicamente pueden modificarse con aprobación de la Alcaldía Municipal una vez que el plano está aprobado y con dictamen de aprobación de modificación a los planos y en el presente caso no hubo modificación, c) Señaló que el lote 51 es un área por sanear, es decir, existencia de áreas verdes que están siendo utilizadas con otros fines distintos a los de equipamiento social, una vez saneado lo que procedía era que el lote fuera traspasado mediante escritura a la Alcaldía Municipal; lo cual no se realizó. d) La Perito señaló que éste lote (área) no podía ser vendido. 2. Perito G. E. F., quien ratificó el Informe de Auditoria Forense con el cual se demostró lo siguiente: a) Que las fechas de las solicitudes de adjudicación son posteriores a las de escrituración de los inmuebles. Partiendo de las fechas de solicitud de adjudicación que se hicieron en el mes de enero, se debe observar en los depósitos que estos se hicieron entre mes de enero y abril de 2009, en fecha posterior a la solicitud de adjudicación y de la escrituración. b) El valor de los lotes de terreno que muestran las escrituras públicas es mayor al precio que los adjudicatarios cancelaron. Entre los hallazgos encontrados a través de la Auditoría están que los pagos se hacían en Banco Ficohsa y luego en FOSOVI se hacía la venta de terrenos; la diferencia que se encontró entre los pagos y los montos que debían de ser eran: L., L. 42,000°°, F. L. 135,985.46, M. L. 3,90000, H. L. 75,000°°. c) El expediente administrativo de la señora M. J. B. S. no se encontró, en Fosovi no hay ninguna documentación relacionada con el trámite de compra de terreno; sin embargo en el Instituto de la Propiedad, instrumento número 235, sí consta que ella es la compradora de un lote de terreno ubicado en la súper manzana número 5 de la Colonia Kennedy. d) Se hizo un solo pago por los lotes de terreno y se efectuó de contado. e) En el expediente administrativo del señor L. E. I. R. no se encontró estudio socioeconómico, incumpliéndose con ello el requisito establecido en le artículo 5 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas. En el caso de éste adjudicatario pagó L. 42,000°° de más sobre el monto que le correspondía, monto que él mismo solicitó se lo aplicaran a otro adjudicatario. 3. Testigo N. R., quien procedió a ratificar el informe de la Unidad de Análisis respecto a la obtención de información de los archivos del Registro de la Propiedad. El testigo refirió que el análisis que realizó consistió en proporcionar los inmuebles que estaban a nombre de L. I. R., F. M. N. F., L. Y. L. I., M. Y. B. S., D. A. R. A., J. C. C. G. y N. Z. y el resultado fue: a) que se encontraron once bienes inmuebles registrados a nombre del señor L. I. R., b) un bien registrado a nombre de F. M. N., c) seis bienes inmuebles registrados a nombre de L. Y. I. y, d) dos muebles a nombre de M. Y. B. S.. 4. Prueba Documental. Se allegó al proceso, entre otra, la documentación consistente en: 1) Actas originales de matrimonio celebrado entre los señores H. E. S. y L. Y. L. I. y entre los señores L. E. I. R. y F. M. N. F.. 2) Testimonios de Escrituras Públicas autorizadas por el Notario Público A. G. C. de contrato de compra venta celebrado entre Fosovi y los señores F. M. N. F., M. Y. B. S., H. E. S. C. y L. Y. L. I.;3) Expedientes originales de adjudicación de los señores H. E. S. C., L. E. I. R. y M. Y. B. S., 4) Memorando 119-2011 en que el Abogado R. L. en su condición de Secretario General de Fosovi, informa la sustracción del expediente 368- 2009, perteneciente a la señora F. M. N. y que el expediente 124-2009 perteneciente a los señores E. S. y L. L. fue remitido al departamento de Asesoría Legal, 5) Certificación del oficio DEO2-2008 mediante el cual el señor J. C. C. G. en su condición de Director de Fosovi delega funciones y atribuciones al señor D. A R. A. El Juzgador valoró la prueba de cargo señalando que en el caso de la prueba pericial no le concede credibilidad, no así a la prueba documental, que si le otorga valor probatorio; considera además que los aspectos referentes a lo establecido en los dictámenes respecto a que el área dada en compraventa corresponde al área verde de la Colonia Kennedy, considera que no es atribuible al acusado ya que éste únicamente basó su aprobación en el dictamen de Ingeniería emitido por el perito C. O. B., miembro adscrito en ese entonces al departamento de Ingeniería de Fosovi. De las anteriores consideraciones realizadas por el Tribunal Sentenciador, podemos observar que el análisis intelectivo de la prueba los lleva a una conclusión errónea, al considerar que de la probanza no se logró confirmar la intención (dolo o culpa) en la participación del acusado D. A. R. en los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude; cuando de los elementos probatorios incorporados por el ente acusador y aún de la misma declaración del acusado, claramente se infiere que ha tenido una participación activa y voluntaria en los hechos, lo cual queda demostrado de la siguiente manera: El acusado otorgó su visto bueno para realizar los trámites de adjudicación a los adjudicatarios F. M. N. F., M. Y. B. S., H. E. S. C. y L. Y. L. I. sin verificar que éstos no reunían los requisitos que se exigen para ello, como ser la presentación de documentos entre ellos fotocopias de la tarjetas de identidad, constancias extendidas por la Alcaldía Municipal de no poseer bienes inmuebles, fotocopias de recibos de alquiler, partidas de nacimiento acreditando que son un grupo familiar, constancias de trabajo, ubicación exacta del terreno que se desea adjudicar, requisitos que los adjudicatarios no cumplieron. Las fechas en que se realizaron las escrituras públicas (29 de Diciembre de 2008) son previas a las fechas de las solicitudes de adjudicación de los lotes (2 de Enero de 2009); por lo que la compra venta no podía efectuarse antes de la adjudicación; sin embargo así sucedió. Los montos de los lotes que constan en las escrituras públicas son mayores a los precios de la adjudicación y que los adjudicatarios cancelaron en los recibos; valor escriturado: L.1 997,240.00; recibido por Fosovi: L.1 269,073.42. El valor del primer terreno en la escritura es de L.643,240°° y el valor de éste mismo terreno, según los recibos de pago es de L.477.254.54 haciendo una diferencia de L.165,985.46; en el segundo terreno los valores son L.550,000.00 (escritura) y L.475,000.00 (recibo de pago) haciendo una diferencia de [.75,000.00; en el tercer terreno L.624,000.00 (escritura) y L.316,818.88 (recibo de pago) haciendo una diferencia de L.307, 181.1200 ; en el cuarto terreno L.180,000.00 (escritura) y el segundo valor no se refleja debido a la inexistencia del expediente; asimismo no existen los recibos de pago como documentos de respaldo. Toda la documentación orientada a realizar las adjudicaciones tienen el visto bueno del acusado, como las firmas de los adjudicatarios, lo que no sólo deja en evidencia el concierto previo, sino el conocimiento de los precios de adjudicación que son distintos a los escriturados. Los lotes vendidos corresponden al área verde que requería ser saneada para posteriormente ser escriturada a favor de la Alcaldía Municipal, por lo tanto no podía ser objeto de compra venta; sin embargo no se saneó ni traspasó a favor de la Alcaldía Municipal y los lotes fueron dados en venta. Como podemos apreciar de las prueba de cargo supra descrita, claramente queda demostrada la participación de D. A. R. A. en los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude; ya que quedaron plenamente probadas las transacciones hechas mediante la compraventa de los cuatro lotes, que en conjunto constituyen área verde, lo cual fue posible realizar por el acusado gracias a su condición de funcionario público, sin verificar que entre los adjudicatarios hay algunos que poseen seis (06) y hasta once (11) bienes inmuebles; no bastando la adjudicación y compraventa de los mismos, sino que los montos fueron alterados habiendo una diferencia considerable entre el precio escriturado y el pagado a Fosovi; dejando plenamente probado con estos hechos, tanto los cuatro delitos de Abuso de Autoridad como el de Fraude; en los que se basó la pretensión acusatoria; de ahí que se produce la vulneración a las reglas de la sana crítica, y específicamente a la regla lógica de derivación en su postulado de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, ya que como ha quedado evidenciado el señor D. A. R. A. participó como autor de los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude, dado que todos los elementos probatorios incorporados, nos conducen a la supra referida conclusión. En consecuencia y en este orden de resultados, de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público reitera que el sentenciador no fue capaz de extraer del contenido de la prueba de cargo, la información que la misma le provee, la cual en su conjunto resulta congruente, precisa y clara, que además constituye una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, que además fue legalmente incorporada y evacuada en el juicio, y al ser toda ella analizada de manera conjunta y armónica, conduce a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró los hechos delictivos por los cuales fue enjuiciado; con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando. La Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA 1.- Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No.3) del Código Procesal Penal prevé que “el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[1]. En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; Es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado que anteriormente que “…en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. 2.- En la Sana Crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[2]. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[3]. Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la Sana Crítica: A) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. B) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las Leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, asaber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. 3.- El Tribunal de Casación, al término de la lectura de la sentencia objeto de impugnación, en especial lo referente a la valoración descriptiva e intelectiva de los medios de prueba, determina que no es de recibo la denuncia hecha por el Censor; al momento de desarrollar la valoración intelectiva, el Aquo lo hace de una forma coherente, armónica y en observancia a los principios de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. Esta Sala, aprecia que el Juzgador de instancia, ha vertido fundamentación suficiente y consistente para tener por acreditado que el señor D. R. A. se desempeñaba como Sub Director del Fosovi y en el ejercicio de sus funciones adjudicó mediante varios instrumentos públicos varios predios ubicados en la súper manzana No. 5 de la Col. Kennedy, a favor de los señores H. E. S. C., L. Y. L. I., L. E. I. R., M. J. N. S. y F. M. N. R., ventas que efectuó tomando como base el Dictamen del Departamento de Ingeniería del FOSOVI, en el cual se estableció que dichos lotes no constituían área verde, ni área de equipamiento social o de servidumbre, siendo los precios de venta establecidos por el Departamento de Cartera de Cobro del Fosovi, siendo la solicitud de adjudicación presentada ante la Secretaria del Fosovi, quien se encargo de darle el tramite administrativo correspondiente en el Instituto de la Propiedad. En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en si los predio adjudicados por el procesado en la condición de Sub Director del Fosovi (Folio No. 619), constituían o no área verde, al respecto el dictamen pericial rendido por el Ingeniero Civil F. H. (Folio No. 905 al 955) estableció que el predio vendido a los particulares formaba parte de las áreas verdes de la colonia Jhon F Kennedy, sin embargo, fueron evacuados otros dictámenes, rendidos por el Ingeniero C. O. B. (Folios No. 698, 775, 662) mediante los cuales se estableció que: “de acuerdo a la información proporcionada por nuestros planos, el lote solicitado no se encuentra ubicado en área verde ni en área para el equipamiento social de la colonia… el Depto de Ingeniería es de opinión que de acuerdo a la disponibilidad de FOSOVI, la Dirección Ejecutiva resuelva conforme a lo solicitado…” refiriéndose a la solicitud de adjudicación del inmueble, siendo estos los dictámenes que obran en los expedientes de solicitud de adjudicación de terrenos de los señores H. E. S. C., L. Y.. L. I., L. E. I. R., M. J. N. S. y F. M. N. R.(Folios No. 661, 662, 666, 682, 698, 702, 774, 775) siendo este último Dictamen, con el cual contó el encausado para tomar la decisión de adjudicar dichos predios y siendo que no existía impedimento alguno, al contar con la opinión del departamento encargo que estableció que no se trataba de una área verde, tal como se desprende de los expedientes de solicitud de adjudicación de terreno precitados, procedió a realizar dichas ventas. Resulta evidente la contradicción existente entre ambos dictámenes, pero ello, no es atribuible al acusado, quien únicamente basó su aprobación en el Dictamen del Ingeniero C. O. B., miembro adscrito a ese departamento de Ingeniería del FOSOVI. 4.- En cuanto a Dictamen pericial de auditoria forense (Folio No. 336 al 520), si bien es cierto se encontraron una serie de anormalidades administrativas cometidas durante el proceso de adjudicación, existiendo un faltante por la cantidad de Lps. 207, 015.46, el dictamen pericial carece de credibilidad al contar con una serie de inconsistencia como ser: no tomar en cuenta los pagos realizados en exceso por el adjudicatario L. I. (Lps. 42,000.00- Folio 986), mismo que se solicito se aplicará a otro adjudicatario, no tomo en cuenta una serie de recibos que se extraviaron al ser sustraído el expediente del señor F. M. N., ni fueron considerados los recibos que se encontraban en los expedientes de E. S. y L. L., mismos que se encontraban en el departamento de asesoria legal (Folio No. 986). Por lo que esta Sala, del estudio del caso concluye que el imputado autorizó la venta de los predios basado en el dictamen técnico emitido por el departamento correspondiente, no teniendo ninguna injerencia en cuanto a la selección y otorgamiento del precio de los bienes adjudicados por el FOSOVI, siendo que la prueba de cargo no acredito la existencia de negociación previa con los solicitantes, ni la selección de notarios que elaboraron escrituras, ni intervención alguna en los relativo al cobro de los montos adeudados por los beneficiados con las adjudicaciones, por lo que este Tribunal de Casación es del criterio que el A quo no ha vulnerado las reglas de la sana crítica, dado que no se observa que en los razonamientos externados se hayan rechazado indebidamente elementos o posibilidades de convicción o se le haya atribuido a la prueba un valor inexacto o se le quitara el verdadero, siendo razonable y derivada de las pruebas evacuadas la conclusión arribada por los juzgadores. En consecuencia, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Forma, en su único motivo donde se alegó violación a las reglas de la Sana Crítica. IV. DECISIÓN El motivo formulado por el representante del Ministerio Público debe ser desestimado. V. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362. 3 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el representante del Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-187-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Fallo 194-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2001 y 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido el fallo 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011.

[2] Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011.

[3] Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011.