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Sentencia CP-181-13 — Registro 6384

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por un delito de tortura y se absolvió por otro delito de tortura.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Argumenta el recurrente como motivo de casación de Quebrantamiento de Forma la Violación por falta de aplicación del artículo 32 del Código Penal Vigente. No obstante, el reproche de fondo, al momento de explicar el motivo, el recurrente centra su reproche en que en la declaración de los hechos que el A Quo estime probados, tal declaración no sea clara, ni determinante ó sea contradictoria. Estima que el vicio consiste en que en la declaración del hecho probado el A Quo no logra determinar con claridad y precisión la persona que interroga, coacciona, y amenaza a muerte a la supuesta víctima. Tampoco, quién fue la persona que empezó a interrogarla y solo se limita a decir “la empezó a interrogar al negar esta los hechos por los cuales había sido llevada hasta la dirección general de investigación criminal”, violentando con ello, lo establecido en el artículo 362 numeral 1 de Código Procesal Penal. Asimismo quien fue la persona que le tomó la fotografía a la señora F. C. B.luego que abandonara la oficina. Por lo anterior concluye que el vicio de forma consiste en que a la sentencia le falte en la declaración de los hechos que se estimen probados, que tal declaración no sea clara y determinante o que sea contradictoria..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... Esta Sala de lo Penal, estima que el recurrente equivoca la vía recursiva, pues por una parte alude a un motivo de casación de Quebrantamiento de Forma consistente en la Falta de aplicación del Artículo 32 del Código Penal, a todas luces resulta que no se trata de un vicio de Quebrantamiento de Forma, sino de uno de Infracción de Ley Sustantiva, por cuanto alega infringido el Artículo 32 del Código Penal por falta de aplicación, siendo esta una norma penal material o sustantiva y no de naturaleza procesal. Por otra parte, al explicar el motivo de casación fundado en la falta de aplicación del Art. 32 del Código penal, argumenta fuera de todo contexto, que el vicio de forma consiste en que la declaración de hechos declarados probados de la sentencia impugnada no son claros, ni determinantes ó son contradictorios, por estimar que el A Quo no logra determinar con claridad y precisión la persona que interroga, coacciona, y amenaza a muerte a la supuesta víctima. 3) Los Defectos en la técnica recursiva del impetrante impiden a esta sala entrar a analizar el contenido del motivo de casación por carecer de de claridad y precisión, requisitos de admisibilidad que no se cumplen en el presente caso; por lo antes expuesto, esta Sala concluye que lo procedente es declarar sin lugar la admisión del motivo de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. V.- DECISIÓN Por lo expuesto se declara sin lugar el recurso de casación de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Publico en su único motivo y igualmente se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA, En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de junio del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el recurso de casación SP 181-2013 por infracción de ley y quebrantamiento de forma, interpuestos contra la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor J. A. S. R., por el delito de TORTURAS, en la persona de .G. L. C. B.. 2) Condenando al acusado O. H. A. T., a la pena de tres (3) años de reclusión por el delito de TORTURAS, en la persona de G. L. C. B.. 2) Condenando al imputado O. H. A. T., a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena; como así mismo a trabajar por dicho tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario.3) Declaró la responsabilidad civil del condenado O. H. A. T. 4) No condenó a dicho procesado al pago de costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en dicho juicio. Interpusieron los recursos de casación por infracción de ley, el abogado R. D. R., en su condición de fiscal del Ministerio Público, y por quebrantamiento de forma, el abogado C. D. P., en su condición de apoderado defensor del señor O. H. A. T..- SON PARTES: La abogada I. A. F., en representación del Ministerio Público, y el abogado C. D. P., Apoderado Defensor del acusado O. H. A. T., ambos como parte recurrentes. II.-HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día martes veinte de mayo de dos mil ocho, como a las dos con treinta minutos de la tarde, los agentes de la entonces Dirección General de Investigación Criminal, J. C. V. y J. A. A., llegaron al centro de trabajo de la señora G. L. C. B., a quien procedieron a detener, trasladándola a bordo del vehículo de la señora D. K. B.C., a las oficinas de dicha Dirección que se encuentran ubicadas en la prolongación del Pasaje Valle de ésta ciudad, para los efectos de ser investigada en vista de la denuncia que interpusiera, ante la sección de Robo, [a señora B. C., por la sustracción de su teléfono celular. SEGUNDO: Como a las cinco de la tarde, de ese mismo día (20 de mayo de 2008), ya encontrándose en las oficinas de la sección de Robo, la señora G. L.C. B., llegó el señor O. H. A. T., Sub-Jefe de la Sección de Delitos contra la Propiedad, en compañía de J. A. S. R., donde, en presencia de la empleada del SEDI, Sistema Integrado de expediente Digital Interinstitucional, V. P. P. F., la empezó a interrogar, al negar ésta los hechos por los cuales había sido llevada hasta la Dirección General de Investigación Criminal, bajo coacción y conminándola de que manifestara dónde se encontraba el teléfono que le fue sustraído a la señora D. K. B. C., y que de no hacerlo le ocasionarían la muerte, así como de publicar su detención en los medios de comunicación, por lo cual procedió a tomarle fotografías a la señora C. B.; luego que abandonara la oficina, P. F., empleada del SEDI, le pidió a la agente de investigación A. L. C. F., que interrogara a la detenida. Posteriormente como a las siete de la noche el señor O. H. A. T., despachó a la señora G. L. C. B., por considerar que no tenía nada que ver con el hecho por el que había sido detenida.” III.- RECURSO DE CASACIÓN Recurrente N°1 EL RECURRENTE ABOGADO R. D. D. R., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE:” EXPOSICION DEL MOTIVO POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO. Al haber dictado sentencia absolutoria a favor del encausado J. A. S.R., el A quo incurrió en vicio in iudicando por falta de aplicación del artículo 209 en relación con el 32 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Desarrollados que fueron todas las pruebas en la audiencia de debate, el Tribunal de Sentencia, de San Pedro Sula, estimó como Hechos declarados probados lo siguiente: “PRIMERO: El día martes veinte de mayo del dos mil ocho, como a las dos con treinta minutos de la tarde, los agentes de la entonces Dirección General de Investigación Criminal, J. C. V. Y J. A. A., llegaron al centro de trabajo de la señora G. L. C. B., a quien procedieron a detener trasladándola a bordo del vehículo de la señora D. K. B. C., a las oficinas de dicha Dirección que se encuentran ubicadas en la prolongación del Pasaje Valle de ésta ciudad, para los efectos de ser investigada en vista de la denuncia que se interpusiera ante la sección de robo, la señora B. C., por la sustracción de su teléfono celular. SEGUNDO: Como a las cinco de la tarde, de ese mismo día (20 de mayo del 2008), ya encontrándose en las oficinas de la sección de Robo, la señora G. L. C. B., llegó el señor O* H. A. T. Sub-Jefe de la sección de delitos contra la propiedad. en compañía de J. A. S. R., donde en presencia de la empleada del SEDI, Sistema Integrado del Expediente Digital interinstitucional V. P. P. F., la empezó a interrogar al negar ésta los hechos por los cuales había sido llevada hasta la Dirección General de Investigación Criminal, bajo coacción y conminándola de que manifestará dónde se encontraba el teléfono que le fue sustraído a la señora D. K. B. C. y que de no hacerlo le ocasionarían la muerte. así como de publicar su detención en los medios de comunicación, por lo cual procedió a tomarle fotografías a la señora C. B. Luego que abandonará la oficina, P. F., empleada del SEDI, le pidió a la agente de investigación A. L. C. F., que interrogara a la detenida. Posteriormente como a las siete de la noche el señor O. H. A. T., despachó a la señora G. L. C. B., por considerar que no tenía nada que ver con el hecho por el que había sido detenida.” (Lo subrayado y en negrita es nuestro). De los hechos declarados como probados en la sentencia recurrida y transcritos en el acápite anterior, se constata que la conducta asumida por el imputado J. H. S. R. se enmarca en el delito de Torturas, por lo que el Tribunal de Sentencia al dictar un fallo absolutorio en su favor, ha incurrido en el vicio in iudicando por falta de aplicación de los artículos 209 en relación con el 32 del Código Penal, inferencia que deviene de las consideraciones de hecho y jurídicas que se exponen a continuación: En el factum del fallo Sub Judice el Tribunal Sentenciador deja establecido que el acusado S. R. en compañía del Sub-Jefe de la Sección de delitos contra la Propiedad interrogaron a la señora G. L. C. B., quien había sido llevada hasta las oficinas de la DGIC, por considerarla sospechosa de haber cometido un ilícito y que al no aceptar ella el hecho, bajo coacción la conminaron a que dijese el lugar donde se encontraba el celular que ella supuestamente se había sustraído a una persona que la había denunciado por tal hecho, y que de no hacerlo la matarían, así como también le tomarían fotografías que luego publicarían por los medios de comunicación (lo cual efectivamente se cumplió, pues si le tomaron dichas fotografías aunque no las publicaron). Partiendo de lo anterior, podemos apreciar que el Juzgador al momento de resolver inadvirtió lo por él mismo afirmado en el cuadro fáctico del fallo, como ser: Que el procesado S. R., estuvo presente en el mismo lugar y tiempo en que se suscitaron los hechos investigados, así como también que él junto con el también investigador O. A., ejercieron acciones violentas de coerción en procura de que la señora G. L. C. B., aceptase un hecho ilícito a ella imputado y que de ella hacerlo le ocasionarían tanto un daño psicológico como físico. A título ilustrativo es trascendente señalar que el Juzgador en el apartado undécimo de la sección de la fundamentación Jurídica del fallo que decidió absolver al procesado en cuestión, ya que no se aportó ningún elemento de prueba que establezca en forma fehaciente su grado de responsabilidad en el ilícito, pues si bien es cierto se procedió a su captura, esto se debió a que como subalterno del sub-Oficial O. H. A. T., éste se encontraba presente cuando era interrogada la señora G. L. C B., por parte de éste último en su oficina, y le tomaba fotos a ésta, lo que se colige de la misma declaración del procesado S. R. y de la propia ofendida C. B., deponiendo además ésta última que el imputado O. H. A. T., le ordenó a J. A. S. R., que pusiera en los brazos de ella una arma larga, que le causó moretes en el brazo, circunstancia que no fue acreditada y que por lo tanto ratificará la aseveración de la denunciante. Es así que advertimos que para el Tribunal bastó con que no se acreditará que la ofendida no mostrase evidencia física de lesiones de las acciones ejercidas por lo acusados en su contra para dar por cierto que el señor J. A. S. R. es inocente, siendo dicha circunstancia inadmisible desde el punto de vista jurídico, pues según el artículo 209 del Código Penal para que concurra de la existencia del delito de Torturas basta que: “El agente de la autoridad que para obtener la confesión de ser responsable de determinado delito ...... amenaza con violencias físicas o morales a alguna persona, será sancionado……” Es decir que para que concurran los elementos objetivos del tipo de torturas, no se requiere obligatoriamente que se realicen amenazas con violencia física sobre la persona de quien se pretende la confesión, pues basta para ello que se haya ejercido violencia moral en contra de ésta. No obstante y sin pretender desnaturalizar la alegación de un vicio in iudicando contaminándolo con argumentaciones propias del recurso de casación por quebrantamiento de forma, en nuestro caso en concreto no es cierto que no se haya acreditado que la ofendida no presentaba lesiones en su cuerpo al momento de ser evaluada por Medicina Forense al momento en que ella interpusiese la denuncia que dio génesis al presente proceso, pues ella siendo evaluada el mismo día en que se suscitaron los cuestionados sucesos y de ello el Médico Forense emitió dictamen, mismo que fuese aportado y evacuado durante el proceso, el cual confirma que efectivamente la denunciante evidenciaba dos equimosis de color violáceo de forma irregular, dolorosas a la digito presión que se localizan en la parte anterior del antebrazo izquierdo, compatibles a las producidas por objeto romo; y en el comentario del forense, éste afirma que el mecanismo de presión resulta acorde a lo narrado por la evaluada. Es así que este medio de prueba pericial, aunado a la declaración de la propia ofendida y de la madre de ésta, confirma que efectivamente si hubo agresiones físicas en su contra. Sin embargo, dado que el cuadro fáctico no hace alusión a lo anterior, no podemos dado la técnica de éste motivo argumentar lo anterior para efectos de la pretensión de nuestro recurso, dada la exigencia legal de respetar la taxatividad de los hechos probados; pero si sirve para hacer un llamado de atención respecto a que la ofendida si fue agredida moralmente tal como lo estimó probado el mismo Juzgador; y que siendo que el acusado S. R., se encontraba en el mismo lugar y tiempo del hecho, también participó en dichas acciones penalmente relevantes por omisión, al no haber evitado que estas se produjesen, dado que por su carácter de ostentar el cargo de autoridad pública él debía velar por la correcta aplicación de la ley, ya que posee la posición de garante frente a la detenida; como ser evitar que ella fuese interrogada ya que no contaba con un apoderado legal que la instruyese y representase ante ellos y pese a ello también debió evitar el maltrato psicológico del que estaba siendo objeto supuestamente únicamente de parte de su superior, pues por su condición es de su obligatorio conocimiento que no se debe obediencia a ordenes ilegales ni siquiera de parte de aquél y que al haber callado y permitido los vejámenes en contra de la denunciante; en otros términos teniendo la capacidad de evitar la producción de un resultado, ya que su omisión equivale a una acción de los mismos hechos y ello lo coloca en la misma circunstancia del hechor principal a titulo de coautor; por ende también se infringió por falta de aplicación el artículo 32 de nuestra norma penal sustantiva. Por todo lo anterior, reprochamos el fallo emitido a favor del señor J. A. S. R., el cual posee errores in indicando que violentan por falta de aplicación los artículos supra-indicados, al no subsumir la conducta del enjuiciado en el delito que tipifica el mismo y por el cual debe imponérsele entre otras, la pena establecida para tal ilícito, una vez que sea declarado con lugar el presente recurso y por ende sea revocada la sentencia ahora impugnada.” Recurrente N°2 Primer Motivo EL RECURRENTE ABOGADO C. D. P., EN SU CONDICION DE APODERADO DEFENSOR DEL SEÑOR O. H. A. T., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:”PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado O. H. A. T., cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al PREDETERMINAR EL FALLO, vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: En el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso:“Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.” PRECEPTO INFRINGIDO. Artículo 338 del Código Penal que expresa: ”ARTICULO 338. - Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:. . . Segunda:... Tercera:... Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de Los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. (Lo recalcado es mío) EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Para comenzar a desarrollar la exposición del motivo de casación, resulta primordial razonar que el motivo interpuesto por el recurrente implica, como se ha dicho en nuestra Jurisprudencia, el respeto a la integridad o santidad de la sentencia, o que es lo mismo a los Hechos Probados que la fundamentan. Mas el estudio de la cuestión traída aquí a colación, es la consideración que en la construcción de esos Hechos Probados asumieron intelectivamente los jueces de sentencia, al predeterminar el fallo, por ellos emitido; es decir, que el núcleo de la cuestión impugnativa por Quebrantamiento de forma, estriba en el empleo en la sentencia recurrida por parte de los jueces de expresiones, conceptos y términos jurídicos en el relato fáctico, que no son compartidas por el recurrente, ya que no corresponden al lenguaje más común que deben ser utilizados seriamente por funcionarios judiciales que tienen en su haber tan seria responsabilidad de administrar justicia, ya que por el contrario han utilizado expresiones, conceptos y términos jurídicos en el relato fáctico propios de las normas penales que corresponde al delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa que fue juzgado. Veamos: “ARTICULO 209 Es reo de TORTURAS, el agente de la autoridad, funcionario o empleado público que para obtener la confesión de ser responsable de determinado delito o con otro propósito similar amenaza con violencia física o moral a alguna persona será sancionado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por un tiempo igual al doble del aplicado al de reclusión. En primer lugar, la razón de ser del vicio procesal, es precisamente el uso del concepto en el SEGUNDO Hecho Probado que contiene la sentencia recurrida, notemos: 1”…SEGUNDO: como a las cinco de la tarde de ese mismo día 20 de mayo del 2008” ya encontrándose en las oficinas de la sección de robo la señora .G L. C. B., llegó el señor O. H. A. T., Sub-Jefe de la sesión de delitos contra propiedad en compañía de J. A. S. R., donde en presencia del SEDI sistema integrado de expediente digital interinstitucional V. P. P. F., la empezó a interrogar al negar esta los hechos por los cuales había sido llevada hasta la dirección general de investigación criminal bajo COACCION, y conminándola de que manifestara donde se encontraba el teléfono que le fue sustraído a la señora D. B. C. y que de no hacerlo le OCASIONARIAN LA MUERTE, así como de publicar su detención en los medio de comunicación, por lo cual procedió a tomarle fotografías a la señora F. C. B. luego que abandonara la oficina P. F. empleada del sedi le pidió a la agente de investigación A. L. C. F. que interrogara a la detenida posteriormente como a la 7 de la noche el señor O. H. A. T. despachó a la señora G. L. C. B. por considerar que no tenía nada que ver con el hecho por el que había sido detenida. “(Lo recalcado es mío)” A criterio del recurrente, los jueces de sentencia, al confeccionar la sentencia definitiva, no evitando la sustitución en los hechos del factum del concepto jurídico acreditado, significa una irrazonable anticipación conceptual del criterio jurídico, que en el silogismo judicial debía realizarse materialmente después de la exposición que sobre los sucesos acaecidos, según la prueba valorada, se consigna previamente. El vicio implica no sólo un menosprecio a la persona del imputado O. H. A. T., porque evidentemente, los jueces de sentencia anticiparon indebidamente la toma de su postura decisoria del caso de marras, sino que también, provocaron una grave indefensión al aminorar, coartar y limitar las posibilidades de su defensa. Otro tanto se observa, en cuanto al delito de torturas, que en perjuicio de G. L. C. B., se le adelantó, en este caso es el razonamiento jurídico empleado, utilizado y usado por los jueces de sentencia el que se cuestiona, advirtamos: Había sido llevada hasta la dirección general de investigación criminal bajo COACCION, Y conminándola de que manifestara donde se encontraba el teléfono que le fue sustraído a la señora F. D. B. C. y que de no hacerlo le OCASIONARIAN LA MUERTE, así como de publicar su detención en los medio de comunicación, (Lo recalcado es mío). El defecto formal, al cual nos referimos, lo constituye el hecho palmario, que para los jueces de sentencia sería condenado por torturas, ya que concurren en su razonamiento jurídico, las disposiciones sustantivas establecidas en los artículos 15 relacionado con el artículo 209 del Código Penal, por lo que al utilizar los mismos razonamientos, expresiones, conceptos y términos jurídicos con los que el Código Penal define el presunto delito de torturas, quebrantan la forma de la sentencia, precisamente su fundamentación establecida en la regla cuarta numeral primero del artículo 338 del Código Procesal Penal, ya que posiblemente la insuficiencia científica de los operadores de justicia y su prejuzgamiento al caso de marras lo hicieron incurrir en este vicio o defecto, proscrito en la línea de pensamiento adjetivo arriba indicado, ya que las expresiones y conceptos jurídicos citados en el presente caso, son causalmente determinantes del fallo condenatorio dictado en la sentencia judicial, debido a que estos jueces de sentencia al actuar en la función pública en forma arbitraria al adelantar su fallo, convierten su sentencia en un desorden mayúsculo, dado que el vicio afecta la supuesta explicación de su razonamiento y su pensamiento, destruyendo también el supuesto enlace de los distintos aspectos o distintas formas de todo ese proceso penal, hasta el punto de incidir en lo que el vicio formal relatado representa. En concreto, he acreditado que el vicio a la sentencia recurrida acontece en el presente caso ya que: 1. Se trata de expresiones y conceptos técnicamente jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal TANTO EN SUS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO SUBJETIVOS y grado de ejecución enjuiciados por la sentencia; 2. que las incorrectas expresiones y conceptos usados por los jueces de sentencia, son asequibles tan solo a los juristas por resultar además impropias del lenguaje más común; 3. que las frases o palabras tienen un manifiesto valor causal respecto del fallo; y, 4. que suprimidas las expresiones o los conceptos expresamente pre-determinantes, dejan el hecho histórico sin base alguna para sostener el fallo condenatorio. Para concluir, la parte recurrente es del criterio, que la inclusión en el relato histórico de conceptos, expresiones, términos o razonamientos jurídicos relatados en este motivo de casación por quebrantamiento de forma inciden definitivamente en la sentencia recurrida, ya que su inclusión hace innecesaria cualquier argumentación jurídica, rompiendo por completo la formulación del silogismo judicial. La inclusión pre-determinadora del fallo, en fin, es de tal transcendencia que si se elimina del fáctum queda éste, en principio, huérfano de contenido inteligible. Para acreditar la Jurisprudencia que esta Sala de lo Penal ha establecido en la vida jurídica de los hondureños, me permito citar en base lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, las siguientes sentencias de casación emitidas:”....Esta Sala Penal observa en la valoración de los hechos probados él A quo ha empleado conceptos jurídicos que predeterminan el fallo condenatorio contra el acusado... por un delito de Estafa. Del hecho probado tercero se tiene por acreditado que en la revisión contable se le encontró al señor..., un “DESFALCO” auditado a las empresas..., por la cantidad total de Quinientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cinco Lempiras con Ochenta y Un Centavos (LPS. 574,905.81), el cual se le restó la cantidad de Dieciocho Mil Lempiras (LPS. 18,000.00), siendo el neto de lo “DEFRAUDADO” la cantidad de LPS.556, 305.81. Y si bien el A quo se limita a colocar en su hecho probado las conclusiones de la mencionada auditoria, lo cierto es que al haberlas trascrito literalmente como parte integral de la base fáctica de la sentencia, de la cual parte el proceso de subsunción de la norma penal por el delito de Esta fa, por la que se ha condenado al imputado, con ello a prejuzgado y preestablecido su fallo. Tal como asegura el recurrente que al incluir el sentenciador los términos “DESFALCO Y DEFRAUDADO” tales conceptos por ser de naturaleza jurídica dan a entender de forma anticipada que se le va condenar por ESTAFA, en tanto que el término DESFALCO da a entender un robo, esta fa, sustracción, hurto, fraude, engaño, falsificación, Abigeato, atraco, depredación, despojo, escamoteo, saqueo, aprovechamiento y el término DEFRAUDAR hurto, robar, quitar, estafar, timar, embaucar. La utilización de dicha terminología jurídica indica que se va a condenar al acusado por el delito de ESTAFA lo que provoca una infracción a la ley procesal en su Artículo 338. Por lo anterior, esta Sala Penal concluye que procede el recurso de casación por el motivo de forma invocado...” (Sentencia de fecha 1 /3/2006, recaída en el Recurso de Casación Penal No 2896=2004).”… El impetrante argumenta que en A quo en la relación de los hechos probados ha incurrido en predeterminación del fallo al incorporar a su fundamentación fáctica un término jurídico mediante el cual predetermina el fallo condenatorio, causando perjuicio efectivo a los acusados... y provoca un vicio in procedendo. Señala el recurrente que en el apartado primero de los hechos probados, de la sentencia recurrida dictada por el A Quo señala entre otras cosas que los acusados “integran junto con otras personas una agrupación ilícita denominada mara-18…..”. Por lo anterior, señala el Impetrante que el juzgador pre determina el fallo cuando utiliza el término de “agrupación ilícita” a la que el A Quo concluye pertenecen los acusados, y con ello estima que resulta inevitablemente el fallo condenatorio, a consecuencia de que tipo penal establece objetivamente que se sancionará penalmente a los fundadores, cabecillas o conductores de pandillas o “grupos ilícitos.” Esta Sala de lo Penal, observa que el Artículo 338 regla cuarta, numeral primero de los requisitos de la sentencia, dispone que “Las sentencias se redactarán por escrito con sujeción a las reglas siguientes: Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados: En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse’ En el presente caso en la fijación del cuadro fáctico de la sentencia recurrida utiliza el término jurídico de agrupación ilícita para describir la actividad contraría a las leyes que integran los acusados. El término utilizado por el A Quo efectivamente predispone y predetermina el fallo pues utiliza un término jurídico, si no idéntica, pero muy similar, a la utilizada por el legislador al tipificar el delito por el que resultan ser condenados los acusados, siendo absolutamente innecesario, pudiendo hacerlo de forma distinta, viciando con ello la fundamentación fáctica de la sentencia y provocando su nulidad. Por lo anterior, declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente….”(Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil siete, recaída en el Recurso de Casación número 2325=04.)”….ESTE MOTIVO ES DE RECIBO: Aprecia el recurrente que de la lectura de los hechos probados, resulta la violación de la regla cuarta numeral 1) del artículo 338 del Código Procesal Penal, pues estima que el A Quo al describir el cuadro fáctico utiliza conceptos jurídicos, que predeterminan el fallo, concretamente la frase: “con la intención de causar la muerte”, por lo que afirma que automáticamente anticipa la culpabilidad del imputado ... Concluye que al haber prejuzgado resulta innecesario e irrelevante la valoración intelectiva de la prueba, la fundamentación jurídica e incluso se hace irrelevante el fallo, pues considera que esta claramente determinado en la declaración de los hechos probados. Esta Sala de lo Penal estima que efectivamente tal como afirma el recurrente el Juzgador de instancia al elaborar los hechos probados utiliza de forma innecesaria la frase: “con la intención de causar la muerte con la que predetermina el fallo. El legislador al establecer el concepto de delito doloso, en segundo párrafo del Artículo 13, dispone que: “El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo... “ El juzgador al elaborar los hechos probados debe limitarse a describir los hechos sin hacer uso de conceptos que por su exclusivo carácter jurídico, anticipen o predeterminen el fallo que ha de dictarse. Por lo anterior el motivo de casación invocado por el recurrente es declarado procedente... “(Sentencia de fecha trece de agosto del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No 290-07). RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el primer Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen. Segundo Motivo SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO DE CASACION: Violación por FALTA DE APLICACION del artículo 32, del Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 NUMERAL 1 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso que nos ocupa y al abocarnos al contexto de la fundamentación Jurídica de la sentencia recurrida y estando obligados a respetar por disposición legal la santidad e integridad de la sentencia, encontramos que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, califica jurídicamente los Hechos, de la siguiente manera: Artículo 362 NUMERAL 1 párrafo primero del Código Procesal Penal. Que falte en la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y determinante ó que sea contradictoria. El Tribunal de Sentencias de la Sala Segunda falla en la aplicación de dicho ordenamiento jurídico en base a que su declaración de hecho probado no logra determinar con precisión los hechos probados, la misma es contradictoria dejando a la imaginación de la partes procesales y de esta sala de lo penal, lo cual es considerado un probado vicio que la defensa ha logrado observar de la simple redacción de los hechos probados que a continuación hacemos de detalle. ”…..SEGUNDO: como a las cinco de la tarde de ese mismo día “20 de mayo del 2008” ya encontrándose en las oficinas de la Sección de Robo la señora G. L. C. B., llegó el señor O. H. A. T., Sub Jefe de la Sesión de Delitos contra Propiedad en compañía de J. A. S. R., donde en presencia del SEDI sistema integrado de expediente digital interinstitucional V. P. P. F., la empezó a interrogar al negar ésta los hechos por los cuales había sido llevada hasta la Dirección General de Investigación Criminal bajo COACCION, Y conminándola de que manifestara donde se encontraba el teléfono que le fue sustraído a la señora D. B. .C. y que de no hacerlo le OCASIONARIAN LA MUERTE, así como de publicar su detención en los medio de comunicación, por lo cual procedió a tomarle fotografías a la señora C. B. luego que abandonara la oficina P. F. empleada del sedi pidió a la agente de investigación A. L. C. F. que interrogara a la detenida posteriormente como a la 7 de la noche el señor O. H. A. T. despachó a la señora G. L. C. B. por considerar que no tenía nada que ver con el hecho por el que había sido detenida. “( Lo recalcado es mío)”. Veamos dividiremos los argumentos probados según el Tribunal de Sentencia en Primera Instancia: refiere que llega dos agentes de investigación entre ellos mi representado O. H. A. T., J. A. S. R., V. P.P. F., A. L. C. F., el tribunal refiere que la supuesta víctima fue interrogada coaccionada, donde le conminaban que manifestar los hechos, refiere que fue amenazada a muerte, etc..... Sin embargo no determina en forma clara y precisa en los HECHOS PROBADOS en el numeral segundo. 1.- Quién fue la persona que la empezó a interrogar solo se limita a decir “la empezó a interrogar al negar esta los hechos por los cuales había sido llevada hasta la dirección general de investigación criminal”. Si vemos no advierte en el hecho probado quien es el que interroga el Tribunal se limita a referir “LA EMPEZO A INTERROGAR”, violentando lo establecido en el artículo 362 numeral 1, CPP “que tal declaración no sea clara y determinante”. 2.- Quien fue la persona que la coaccionó o conminó amenazándola a muerte así como de publicar su detención a los medios de comunicación. Si vemos no advierte en el hecho probado quien es el que coacciona o amenaza el tribunal se limita a referir “bajo COACCION, y conminándola de que manifestara donde se encontraba el teléfono” violentando lo establecido en el artículo 362 numeral 1, CPP “Que tal declaración no sea clara y determinante”. 3.- Quien fue la persona que le tomó la fotografía que presuntamente es otro tipo de amenazadas, por lo cual procedió a tomarle fotografías a la señora F. C. B. luego que abandonara la oficina. Sin querer ser reiterativos el espíritu del Artículo 362 NUMERAL 1 párrafo primero del Código Procesal Penal. Que falte en la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y determinante o que sea contradictoria. No debe de dejar lugar a dudas la individualización de que cada sujeto procesal o imputado haya realizado son embargo en no establecerlos o dejarlos al azar o a la imaginación hace que estos hechos supuestamente probados NO TENGAN LA CLARIDAD, PRECISION que exige nuestra normativa procesal volviéndolos DIFUSOS E IMPRESISOS, originando el vicio invocado sobre los hechos probados de quebrantamiento de forma. Haciendo una supresión hipotética de todos hechos lo único que el tribunal de sentencia logra establecer con precisión en sus hechos probados es: 1.- llegó el señor O. H. A. T., Sub-Jefe de la Sesión de Delitos contra Propiedad en compañía de J. A. S. R. 2.- Que en los hechos probados en el numeral segundo establece quien ordena el interrogatorio….. “por lo cual procedió a tomarle fotografías a la señora C. B. luego que abandonara la oficina P. F. empleada del sedi le pidió a la agente de investigación A. L. C. F. que interrogara a la detenida. - Lo recalcado es mío. 3.- como a la 7 de la noche el señor O. H. A. T. despachó a la señora G. L. C. B. por considerar que no tenía nada que ver con el hecho por el que había sido detenida. La pregunta a hacernos que hecho probado vinculante con los verbos rectores del tipo penal de torturas lo considera el tribunal si las conductas que ha establecido en sus probados no son vinculantes e incriminatorias por ser de no predecir un fallo. Y siendo que en la santidad de la sentencia los hechos probados son la columna vertebral de donde se desprende la valoración de los medios de prueba, vuelve a esta sentencia injusta debiendo se casada. Para acreditar la Jurisprudencia que esta Sala de lo Penal ha establecido en la vida jurídica de los hondureños, me permito citar en base lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, las siguientes sentencias de casación emitidas: Esta Sala Penal observa en la valoración de los hechos probados él A quo ha empleado conceptos jurídicos que predeterminan el fallo condenatorio contra el acusado... por un delito de Estafa. Del hecho probado tercero se tiene por acreditado que en la revisión contable se le encontró al señor…., un “DESFALCO” auditado a las empresas..., por la cantidad total de Quinientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cinco Lempiras con Ochenta y Un Centavos (LPS. 574,905.81), el cual se le restó la cantidad de Dieciocho Mil Lempiras (LPS. 18,000.00), siendo el neto de lo “DEFRAUDADO” la cantidad de LPS.556, 305.81. Y sí bien el A quo se limita a colocar en su hecho probado las conclusiones de la mencionada auditoria, lo cierto es que al haberlas transcrito literalmente como parte integral de la base fáctica de la sentencia, de la cual parte el proceso de subsunción de la norma penal por el delito de Estafa, por la que se ha condenado al imputado, con ello a prejuzgado y preestablecido su fallo. Tal como asegura el recurrente que al incluir el sentenciador los términos “DESFALCO Y DEFRAUDADO” tales conceptos por ser de naturaleza jurídica dan a entender de forma anticipada que se le va condenar por ESTAFA, en tanto que el término DESFALCO da a entender un robo, estafa, sustracción, hurto, fraude, engaño, falsificación, Abigeato, atraco, depredación, despojo, escamoteo, saqueo, aprovechamiento y el término DEFRAUDAR hurto, robar, quitar, estafar, timar, embaucare La utilización de dicha terminología jurídica indica que se va a condenar al acusado por el delito de ESTAFA lo que provoca una infracción a la ley procesal en su Artículo 338. Por lo anterior, esta sala Penal concluye que procede el recurso de casación por el motivo de forma invocado...” (Sentencia de fecha 1/3/2006, recaída en el Recurso de Casación Penal No.2896=2004). “...El impetrante argumenta que el A quo en la relación de los hechos probados ha incurrido en predeterminación del fallo al incorporar a su fundamentación fáctica un término jurídico mediante el cual predetermina el fallo condenatorio, causando perjuicio efectivo a los acusados.. y provoca un vicio in procedendo. Señala el recurrente que en el apartado primero de los hechos probados, de la sentencia recurrida dictada por el A Quo señala entre otras cosas que los acusados integran junto con otras personas una agrupación ilícita denominada mara-18….”. Por lo anterior, señala el impetrante que el juzgador pre determina el fallo cuando utiliza el término de “agrupación ilícita” a la que el A Quo concluye pertenecen los acusados, y con ello estima que resulta inevitablemente el fallo condenatorio, a consecuencia de que tipo penal establece objetivamente que se sancionará penalmente a los fundadores, cabecillas o conductores de pandillas o “grupos ilícitos” Esta Sala de lo Penal observa que el Artículo 338 regla cuarta, numeral primero de los requisitos de la sentencia, dispone que “Las sentencias se redactarán por escrito con sujeción a las reglas siguientes:...... Cuarta; Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados: En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse” En el presente caso en la fijación del cuadro fáctico de la sentencia recurrida utiliza el término jurídico de “Agrupación ilícita” para describir la actividad contraria a las leyes que integran los acusados. El término utilizado por el A Quo efectivamente predispone y predetermina el fallo pues utiliza un término jurídico, si no idéntica, pero muy similar, a la utilizada por el legislador al tipificar el delito por el que resultan ser condenados los acusados, siendo absolutamente innecesario, pudiendo hacerlo de forma distinta, viciando con ello la fundamentación fáctica de la sentencia y provocando su nulidad. Por lo anterior, declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente... “(Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil siete, recaída en el Recurso de Casación número 2325=04.)“….ESTE MOTIVO ES DE RECIBO.- Aprecia el recurrente que de la lectura de los hechos probados, resulta la violación de la regla cuarta numeral 1) del artículo 338 del Código Procesal Penal, pues estima que el A Quo al describir el cuadro fáctico utiliza conceptos jurídicos, que predeterminan el fallo, concretamente la frase: “con la intención de causar la muerte por lo que afirma que automáticamente anticipa la culpabilidad del imputado…..Concluye que al haber prejuzgado resulta innecesario e irrelevante la valoración intelectiva de la prueba, la fundamentación jurídica e incluso se hace irrelevante el fallo, pues considera que esta claramente determinado en la declaración de los hechos probados. Esta Sala de lo Penal estima que efectivamente tal como afirma el recurrente el Juzgador de instancia al elaborar los hechos probados utiliza de forma innecesaria la frase.- “con la intención de causar la muerte” con la que predetermina el fallo. El legislador al establecer el concepto de delito doloso, en segundo párrafo del Artículo 13, dispone que: “El delito es doloso cuando el resultado responde a la Intención que se tuvo al ejecutarlo... “ El juzgador al elaborar los hechos probados debe ilimitarse a describir los hechos sin hacer uso de conceptos que por su exclusivo carácter jurídico, anticipen o predeterminen el fallo que ha de dictarse. Por lo anterior el motivo de casación invocado por el recurrente es declarado procedente….(Sentencia de fecha Trece de agosto del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No 290-07). RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el primer Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen.” IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de ley interpuesto por el Ministerio Publico. Único Motivo. 1) Reprocha el recurrente que al haber dictado el A Quo sentencia absolutoria a favor del encausado J. A. S. R., se ha incurrido en vicio in iudicando por falta de aplicación del artículo 209 en relación con el 32 del Código Penal. Estima que de los hechos declarados como probados de la sentencia recurrida se constata que la conducta del imputado J. H. S. R., se enmarca en el delito de Torturas, tipificada y sancionada en el artículos 209 en relación con el 32 del Código Penal. Considera que el A Quo dejo de apreciar lo por él mismo había afirmado en el cuadro fáctico del fallo, es decir, que el procesado S. R., estuvo presente en el mismo lugar y tiempo en que se suscitaron los hechos investigados, junto con el también investigador O. A., y que ambos ejercieron coerción contra la señora G. L. C. B., que le ocasionaron daño psicológico y físico. Agrega que de la declaración del procesado S. R. y de la propia ofendida C. B., resulta que el imputado O. H. A. T., le ordenó a J. A. S. R., que pusiera en los brazos de ella un arma larga, que le causó moretes en el brazo, pero que el cuadro fáctico no hace alusión a lo anterior, por lo que no pueden argumentar lo anterior para efectos de la pretensión del presente recurso, dada la exigencia legal de respetar la taxatividad de los hechos probados. Agrega el recurrente que también el acusado J. A. S. R. participó en dichas acciones penalmente relevantes por omisión, al no haber evitado que estas se produjesen, dado que por su carácter de ostentar el cargo de autoridad pública él debía velar por la correcta aplicación de la ley, ya que posee la posición de garante frente a la detenida; como ser evitar que ella fuese interrogada ya que no contaba con un apoderado legal que la instruyese y representase ante ellos y pese a ello también debió evitar el maltrato psicológico del que estaba siendo objeto supuestamente únicamente de parte de su superior teniendo la capacidad de evitar la producción de un resultado, ya que su omisión equivale a una acción de los mismos hechos y ello lo coloca en la misma circunstancia del hechor principal a titulo de coautor, por todo lo cual concluye que el fallo emitido a favor del señor J. A. S. R., posee errores in indicando que violentan por falta de aplicación los artículos supra-indicados. 2) Esta Sala de lo Penal, reitera por medio del recurso de casación por infracción de ley el tribunal de casación no está facultado a examinar o revalorizar el material probatorio del juicio, tampoco a cuestionar el factum de la sentencia que se impugna, todo ello en virtud de que la base fáctica de la sentencia que se impugna es intangible e inalterable en casación. El recurso de Casación por Infracción de ley, el control recursivo ha de limitarse a la simple comprobación de si el cuadro fáctico del fallo impugnado, está o no subsumido en la norma penal sustantiva señalada como infringida por el censor. 3) En el presente caso, el censor argumenta que la sentencia que se impugna contiene un vicio in iudicando por falta de aplicación del artículo 209 en relación con el 32 del Código Penal, al haber dictado sentencia absolutoria a favor del co-acusado J. A. S. R., por el delito de Torturas en perjuicio de la señora G. L. C. B.. El recurrente centra su reproche recursivo, en los siguientes argumentos: A) Que el procesado S. R., estuvo presente en el mismo lugar y tiempo en que se suscitaron los hechos investigados, junto con el también investigador O. H. A. T., (condenado), también ejerció coerción contra la señora G. L. C. B., misma que le ocasionó daño psicológico y físico; y por otra parte que, B) Que el acusado J. A. S. R. participó por omisión en dichas acciones, al no haber evitado que estas se produjesen, dado que por su carácter de autoridad pública tenía la posición de garante frente a la detenida, y debía evitar que fuese interrogada sin contar con un apoderado legal y que se produjera el maltrato psicológico del que estaba siendo objeto de parte de su superior, lo cual lo coloca en la misma circunstancia del hechor principal a titulo de coautor. 4) Esta Sala observa que de los hechos declarados probados por el A Quo no resulta terminantemente establecido que el acusado J. A. S. R. haya participado junto al también investigador O. H. A. T., superior jerárquico del primero, en todos los actos de coerción física y psicológica ejercidos contra la ofendida, por los que se ha condenado a este último. Tampoco, resulta terminantemente probado en el factum de la sentencia que se impugna, que el acusado señor J. A. S. R., haya dejado de actuar u omitido los deberes propios de su cargo, y no haber actuado de dejado de cumplir con su posición de garante, para evitar que no se produjera el maltrato físico y psicológico de que fue objeto la ofendida por parte de su oficial superior. De la literalidad de los hechos declarados probados por el Juzgador esta Sala únicamente se deriva que ha sido el investigador O. H. A. T., quien ha interrogado, conminado, fotografiado y amenazado a la ofendida. Esta Sala no puede valorar declaraciones del co-acusado, ni de la propia ofendida rendidas ante el tribunal de juicio, pero dejadas de valorar, para de ellas derivar otros datos u información distinta de la contenida en la propia base fáctica descrita por el Juzgador. Por lo anterior, y en virtud de la falta de claridad y precisión en cuanto a la participación del acusado J. A. S. R., en los hechos sometidos a juzgamiento, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación de Infracción de Ley invocado por el recurrente. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo 1) Argumenta el recurrente que en la redacción de los hechos probados el A Quo ha predeterminado el fallo emitido. Considera que la cuestión impugnativa por Quebrantamiento de forma, estriba en el empleo en el relato fáctico de la sentencia recurrida de expresiones, conceptos y términos jurídicos, que no corresponden al lenguaje común, sino a términos jurídicos propios de las normas penales que corresponde al delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa que fue juzgado. Argumenta que el artículo 209 del Código Penal, dispone que: “Es reo de TORTURAS, el agente de la autoridad, funcionario o empleado público que para obtener la confesión de ser responsable de determinado delito o con otro propósito similar amenaza con violencia física o moral a alguna persona será sancionado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por un tiempo igual al doble del aplicado al de reclusión”, pero que en el hecho segundo declarado probado de la sentencia recurrida, no evita la utilización del conceptos jurídicos lo que implica menosprecio al imputado O. H. A. T., por anticipar la decisión del caso y provocan indefensión al limitar las posibilidades de su defensa. Concretamente observa el recurrente que en el factum de la sentencia el A-Quo adelanta el razonamiento jurídico empleado, utilizado que: “Había sido llevada hasta la Dirección General de Investigación Criminal bajo COACCION, y conminándola de que manifestara donde se encontraba el teléfono que le fue sustraído a la señora F. D. B. C. y que de no hacerlo le OCASIONARIAN LA MUERTE, así como de publicar su detención en los medio de comunicación”, de la sentencia en que sería condenado el acusado O. H. A. T., por torturas. Considera que al utilizar los mismos razonamientos, expresiones, conceptos y términos jurídicos que el Código Penal define el presunto delito de torturas, quebrantan la forma de la sentencia, en la regla cuarta numeral primero del artículo 338 del Código Procesal Penal, y prejuzga el caso de marras. 2) Esta Sala de lo Penal, considera que el recurrente funda el motivo de casación de Quebrantamiento de forma en que en el relato de los hechos declarados probados el Juzgador ha utilizando términos, conceptos o frases de uso exclusivamente jurídico, que predeterminan el fallo. Concretamente alude a que en el hecho segundo del factum de la sentencia el A-Quo usa el término “coacción”, y la frase “…y que de no hacerlo le OCASIONARIAN LA MUERTE, así como de publicar su detención en los medio de comunicación”, que adelantan la sentencia condenatoria dictada contra el imputado O. H. A. T., por el delito de TORTURAS en perjuicio de la señora G. L. C. B., por el que fue condenado a sufrir la pena de tres (3) años de reclusión. El tipo penal de TORTURA está tipificado y sancionado en el Artículo 209 del Código Penal, que a la letra dice: “El agente de la autoridad, funcionario o empleado público que para obtener la confesión de ser responsable de determinado delito o con otro propósito similar amenaza con violencias físicas o morales a alguna persona, será sancionado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por un tiempo igual al doble del aplicado al de reclusión”. Concretamente esta Sala observa que literalmente, ni el término “coacción”, ni la frase: “…y que de no hacerlo le ocasionarían la muerte, así como de publicar su detención en los medio de comunicación”, forman parte integral del contenido de la norma penal sustantiva de reproche. 3) Sobre la neutralidad jurídica de la fijación de los hechos probados, el jurista Español Don J. F. Entralgo y colaboradores[1] insertan al estudio de este vicio de la sentencia consistente en la predeterminación del fallo, lo siguiente: “…la sentencia 9/2000, de 21 de enero, que resume una reiterada doctrina jurisprudencial, que interpreta que para que constituya un vicio que determine la nulidad, la predeterminación del fallo requiere los siguientes requisitos: a) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) Que sean, por lo general, solo asequibles a juristas y no compartidas en el lenguaje común…; c)Que tengan valor causal respecto del fallo; d) Que suprimidos tales conceptos jurídicos pre-determinantes, dejen el hecho histórico sin base suficiente para la subsunción (SSTS17 de abril de 1996 y 18 de mayo de 1999, entre otras muchas). En realidad el relato fáctico debe, en todo caso, predeterminan el fallo pues, si no fuese así, la absolución o condena carecería del imprescindible sustrato fáctico…”. Por lo anterior, esta sala considera que la utilización en el cuadro fáctico del términos o frases a que alude el impetrante, forma parte o pertenecen también al lenguaje coloquial, común o vulgar de las personas, no forma parte de ninguno de los verbos rectores en que se funda el Juzgador para condenar al encausado O. H. A. T. por el delito de TORTURA, por lo que no predetermina el fallo; IV) Por lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que al no concurrir ninguno de los requisitos puestos de relevancia, de la Doctrina científica aplicable al caso concreto, no se producido en la redacción de hechos probados de la sentencia recurrida el vicio de Quebrantamiento de Forma, por lo que es procedente declarar sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Argumenta el recurrente como motivo de casación de Quebrantamiento de Forma la Violación por falta de aplicación del artículo 32 del Código Penal Vigente. No obstante, el reproche de fondo, al momento de explicar el motivo, el recurrente centra su reproche en que en la declaración de los hechos que el A Quo estime probados, tal declaración no sea clara, ni determinante ó sea contradictoria. Estima que el vicio consiste en que en la declaración del hecho probado el A Quo no logra determinar con claridad y precisión la persona que interroga, coacciona, y amenaza a muerte a la supuesta víctima. Tampoco, quién fue la persona que empezó a interrogarla y solo se limita a decir “la empezó a interrogar al negar esta los hechos por los cuales había sido llevada hasta la dirección general de investigación criminal”, violentando con ello, lo establecido en el artículo 362 numeral 1 de Código Procesal Penal. Asimismo quien fue la persona que le tomó la fotografía a la señora F. C. B.luego que abandonara la oficina. Por lo anterior concluye que el vicio de forma consiste en que a la sentencia le falte en la declaración de los hechos que se estimen probados, que tal declaración no sea clara y determinante o que sea contradictoria. 2) Esta Sala de lo Penal, estima que el recurrente equivoca la vía recursiva, pues por una parte alude a un motivo de casación de Quebrantamiento de Forma consistente en la Falta de aplicación del Artículo 32 del Código Penal, a todas luces resulta que no se trata de un vicio de Quebrantamiento de Forma, sino de uno de Infracción de Ley Sustantiva, por cuanto alega infringido el Artículo 32 del Código Penal por falta de aplicación, siendo esta una norma penal material o sustantiva y no de naturaleza procesal. Por otra parte, al explicar el motivo de casación fundado en la falta de aplicación del Art. 32 del Código penal, argumenta fuera de todo contexto, que el vicio de forma consiste en que la declaración de hechos declarados probados de la sentencia impugnada no son claros, ni determinantes ó son contradictorios, por estimar que el A Quo no logra determinar con claridad y precisión la persona que interroga, coacciona, y amenaza a muerte a la supuesta víctima. 3) Los Defectos en la técnica recursiva del impetrante impiden a esta sala entrar a analizar el contenido del motivo de casación por carecer de de claridad y precisión, requisitos de admisibilidad que no se cumplen en el presente caso; por lo antes expuesto, esta Sala concluye que lo procedente es declarar sin lugar la admisión del motivo de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. V.- DECISIÓN Por lo expuesto se declara sin lugar el recurso de casación de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Publico en su único motivo y igualmente se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362.1 del Código Procesal Penal.- FALLA:

  1. Declara sin lugar el recurso de casación por Infracción de Ley Sustantiva, en su único motivo, interpuesto por el Abogado R. D. D. R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público; y; 2) Declara sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el abogado C. D. P., en su condición de apoderado defensor del señor O. H. A. T., ambos recursos interpuestos contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha Seis (6) de Septiembre del año Dos mil diez (2010).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales.- NOTIFIQUESE.
  • FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.-

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha quince de junio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP 181-2013.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano, “La sentencia en el nuevo proceso penal”. Coautores Jesús Fernández Entralgo, Ricardo De Prada Solaesa y Francisco Gutierrez López, Tomo 6, página89. Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Corte Suprema de Justicia, Agencia Española de Cooperación Internacional y Consejo General del Poder Judicial de España.