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Sentencia CP-156-13 — Registro 5775

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma y se condenó por el delito de Robo de Vehículos y otros productos, resolviendo en segunda instancia con Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL IMPUTADO O. A. M. M. EL TRIBUNAL DE INSTANCIA NO HA OBSERVADO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor considera que el Tribunal de instancia al dictar un veredicto absolutorio a favor del acusado O. A. M. M. ha infringido la regla lógica de derivación, en su postulado de veracidad y razón suficiente, entendiendo que una valoración conjunta y armónica de la prueba hubiera conducido a una sentencia condenatoria. Concretamente reprocha la valoración dada por el A Quo a los medios de prueba siguientes: 1) Declaraciones de los testigos A. H. M. F., Agente de Investigación, A. L. G.. (ofendido), D. A. H., conductor del vehículo propiedad del ofendido y J. G. V. R., policía; y, 2) Medios de Prueba documentales: a) DICTAMEN MÉDICO realizado al ofendido A. L. G.; b) ACTA DE INSPECCIÓN DEL VEHICULO en que se conducían los acusados; c) ACTA DE DECOMISO de la camioneta marca Dodge, color verde, placa PAX-4178; d) ACTA DE INSPECCIÓN del vehículo propiedad del ofendido; e) CUENTA DE RETIRO de Banco de Occidente a nombre de A. L., que acredita el retiro de la cantidad de Ciento Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Lempiras (L.140,250.00).- Reprocha que el A Quo razona que si bien el ofendido A. L. G. identifica por su nombre a uno de los acusados no reconoce al señor O. A. M. M., lo que a criterio del ente acusador no desvirtúa la participación de este último en el hecho objeto de juzgamiento, debido a que el ofendido lo identificó plenamente cuando fue detenido por la autoridad competente. Considera que de la prueba de cargo se desprende que la decisión de absolver al imputado O. A. M. M. por los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO en perjuicio de M. L. G. no se deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada, en tanto que los medios de prueba evacuados son suficientes para dictar un fallo condenatorio en su contra. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Un examen detenido de las pruebas evacuadas en juicio revela que los testigos A. L. G. (víctima: Folio 53 vuelto), D. A. H. (conductor del ofendido: Folio No. 54 vuelto y 55 )en el acto del juicio oral identifican al imputado O. A. M. M. como partícipe en los hechos objeto de juzgamiento, siendo importante recordar que la participación en el delito no se limita a quienes realicen las acciones ejecutivas descritas en el núcleo del tipo penal, en este caso el apoderamiento o actos de violencia concretos ejercidos sobre la víctima, de tal manera que también pueden ser sancionados quienes sin realizar actos ejecutivos que se correspondan con el verbo nuclear del tipo, cooperan con actos relevantes para alcanzar el resultado (cooperadores necesarios: artículo 32 párrafo primero en su parte final del Código Penal) o realicen otro tipo de contribuciones que sin encajar en las descritas en el artículo 32 aceleren, aseguren, faciliten o intensifiquen el resultado del delito en la forma en que era previsible (vid. artículo 33 del mismo texto punitivo). Por otro lado no resulta coherente el razonamiento del juzgador cuando en lo que concierne a la presencia del acusado O. M. al momento de perpetrarse los hechos, no manifiesta dudas sobre lo relatado por los testigos de cargo antes mencionados y más bien, salvo en lo que concierne a lo que considera algunas inconsistencias ajenas a este punto, les concede credibilidad, pero más adelante en la Fundamentación jurídica del fallo afirma que dichos testigos “no lo vinculan como participante directo en los hechos enjuiciados”. A la prueba de cargo relacionada se añade el acta de decomiso del mismo vehículo automotor que según el mismo Tribunal fue utilizado para cometer los delitos de robo objeto de juzgamiento (vid. Folio No. 10 de la primera pieza), donde consta que el mismo le fue incautado al imputado O. M. el mismo día en que ocurrieron los hechos y en cuyo interior, lo afirma el mismo Tribunal, también se conducían cuando fue detenido por autoridades policiales, los otros dos coimputados, es decir E. A. y J. O., que a la postre han resultado condenados (vid. Folios No. 10 de la primera pieza y 71 de la segunda pieza). Esta Sala, estima que el Tribunal de instancia al dictar un veredicto absolutorio a favor del imputado O. M., ha vulnerado las reglas de la sana crítica, concretamente el principio de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que hasta este momento procesal una valoración armónica y conjunta de las pruebas evacuados en juicio pudiera haber conducido a un resultado distinto. En consecuencia procede estimar el presente motivo para que en se celebre un nuevo debate con jueces diferentes a los que han participado en el que ha llevado a la absolución del procesado O. M., sin perjuicio de señalar que hasta este momento procesal el principio-derecho a la presunción de inocencia que consagra el artículo 89 de la Constitución de la República se mantiene incólume a su favor. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil dieciséis, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO Y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al Señor E. R. A. A., del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) ABSOLVIENDO al Señor J. A. O. V., del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.3) ABSOLVIENDO al Señor O. A. M. M., del delito de ROBO DE VEHICULO Y OTROS PRODUCTOS, en perjuicio del señor A. L. G..4)CONDENANDO al Señor E. R. A. A., a la pena de DOCE (12) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de ROBO DE VEHICULO Y OTROS PRODUCTOS, en perjuicio del señor A. L. G.; asimismo lo condenó a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL.5) CONDENANDO al Señor J. A. O. V., a la pena de DOCE (12) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de ROBO DE VEHICULO Y OTROS PRODUCTOS, en perjuicio del señor A. L. G., a la pena de DOCE (12) AÑOS DE RECLUSION, asimismo lo condenó a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. 6) DECLARO a los señores E. R. A. A. Y J. A. O. V., responsables civilmente. 7) NO CONDENO en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. A. Z. en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público y el Abogado O. M. P., como Apoderado Defensor del acusado E. R. A..- SON PARTES: La Abogada M. E. G. en representación del Ministerio Público, y el Abogado O. M. P., Apoderado Defensor del Acusado E. R. A.. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público y de acuerdo con los criterios de la sana crítica, este Tribunal de Sentencia declara, expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO A eso de las tres de la tarde del día siete de Julio del ano dos mil once, sobre la carretera que de la ciudad de La Esperanza, conduce a municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, cuando el señor A. L. G. se conducía en un vehículo marca Toyota, tipo Pick Up, placa PBL- 0121, acompañado de su conductor el señor D. A. H., transportando entre otros productos treinta (30) sacos de maíz, cuando en eso se les atravesó en la carretera un vehículo marca Dodge, tipo camioneta, placa PAX 4178, del que se bajaron entre otros los señores E. R. A. A. y J. A. O. V., quienes por la fuerza obligaron a los expresados A. L. G. y a D. A. H. a bajarse del citado vehículo, dejándoles amarrados en los árboles y enseguida uno de los malhechores se retiro del lugar llevándose el carro de don A. L. G. con todo y el producto con rumbo desconocido. SEGUNDO: Al día siguiente, ocho de julio del dos mil once, a inmediaciones de la aldea de San José, jurisdicción del Municipio de Intibucá, propiamente sobre la carretera que de La Esperanza conduce al Municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, fue encontrado el descrito vehículo propiedad del señor A. L. G., inclusive con el producto, es decir los treinta sacos de maíz.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado R. A. Z., en su condición de Fiscal del Ministerio Público; y, el Recurso de Casación de Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado O. E. M. P., en su condición de Apoderado defensor del acusado señor E. R. A. A., reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- EL RECURRENTE ABOGADO R. A. Z., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE:”I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMERO MOTIVO: Que al momento de haber dictado el Juzgador, sentencia condenatoria, éste omitió pronunciarse respecto al delito de Robo Simple, incurriendo en una omisión de la resolución sobre las cuestiones debatidas. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 del Código Procesal Penal numeral 4. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al tenor del precepto autorizante, es procedente recurrir en casación por Quebrantamiento de Forma, cuando no hay pronunciamiento en la parte dispositiva sobre las cuestiones debatida, circunstancia que es observada en la sentencia de merito, tal como lo expondremos a continuación: a) El Ministerio Público, solicitó que se condenará a O. A. M., E. R. A. A. y J. A. O. V. por lo delitos de Robo y Robo de Vehículo, pero en fecha 22 de Agosto de 2012, se dicta sentencia condenatoria contra los acusados E. R. A. A. y J. A. O. V., únicamente por el delito de Robo de Vehículo imponiendo una pena de Doce (12) años de reclusión, pero no hace ningún pronunciamiento respecto al delito de Robo, el cual se encuentra acreditado con los medios de prueba ofertados por el ente fiscal, consistente en las declaraciones testificales y el prueba documental. Que tal y como se puede apreciar en el acta debate, específicamente en el acápite denominado Conclusiones Ministerio Público, el fiscal solicitó que se condenará a O. A. M., E. R. A. A. y J. A. O. V., por los delitos de Robo de Vehículo y Robo cometidos en perjuicio de A. L. G., fundamentando su petición en los artículos 317 y 218 del Código Penal (Ver pagina 13 y 14 del Acta de Debate), sin embargo el sentenciador omitió pronunciarse en relación a la infracción de Robo, tal y como se puede apreciar en la parte resolutiva del fallo, condenando únicamente a los encausados E. R. A. A. y J. A. O. V., por el delito de Robo de Vehículo y otros productos. Siendo ello motivo suficiente de casación por quebrantamiento de forma, pues ha omitido pronunciarse sobre una de las pretensiones de las partes, como lo preceptúa el artículo 362 numeral 4. b) El artículo 141 del Código Procesal Penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dicen: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que (o dicta, el lugar, fecha y (a resolución respectiva. La motivación expresará (os hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos”. En la causa de mérito, de la lectura de la sección denominada “Fundamentación Jurídica y Parte Dispositiva” del fallo impugnado se ha producido un limbo jurídico, al no pronunciarse en relación al delito de Robo, por ende a vosotros Honorables Magistrados, les compete remediar tal situación, declarando que se case la misma. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA OMITIENDO PRONUNCIARSE RESPECTO AL DELITO DE ROBO SIMPLE, INCURRIENDO EN UNA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN SOBRE UNA DE LAS CUESTIONES DEBATIDAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 4) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que el Ministerio Público solicitó que se condenará a los señores O. A. M., E. R. A. A. Y J. A. O. V. por los delitos de ROBO Y ROBO DE VEHÍCULO, pero en sentencia condenatoria de fecha 22 de Agosto de 2012, el Tribunal A Quo dicta sentencia condenatoria contra los acusados E. R. A. A. Y J. A. O. V., únicamente por el delito de ROBO DE VEHÍCULO imponiendo una pena de doce (12) años de reclusión, sin que haya efectuado pronunciamiento alguno respecto al delito de ROBO. Afirma que el Agente del Ministerio Público en sus conclusiones, solicitó que se condenará a los imputados O. A. M., E. R. A. A. Y J. A. O. V., por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO Y ROBO cometidos en perjuicio de A. L. G., fundamentando su petición en los artículos 217 y 218 del Código Penal (Folios 13 y 14 del Acta de Debate), pero el Juzgador de instancia omitió pronunciarse en relación al Delito de ROBO, tal y como se puede apreciar en la parte resolutiva del fallo, incurriendo en el vicio previsto por el Artículo 362, numeral 4) del Código Procesal Penal. Por otra parte, afirma que el artículo 141 del Código Procesal Penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, disponiendo que: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva”. Concluye que en la “Fundamentación Jurídica y Parte Dispositiva” del fallo impugnado se ha producido un limbo jurídico, por lo que pide que se case la sentencia impugnada. Una lectura detenida del Acta de Debate (folio 52 vuelto del proceso) revela que el Agente del Ministerio Público, en la audiencia de Juicio Oral y Público formalizó acusación contra los encartados O. A. M., E. R. A. A. Y J. A. O. V. por los delitos de ROBO DE VEHICULO, ROBO en perjuicio de A. L. G., y por el DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; también consta del Acta de Debate (folio 57 del Proceso) que el Representante del Ministerio en sus conclusiones finales solicitó que se declarase culpable a los acusados O. A. M., E. R. A. A. Y J. A. O. V. por los delitos de ROBO DE VEHICULO, ROBO en perjuicio de A. L. G., y contra E. R. A. A. por el DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; añadiendo que en observancia del principio de objetividad pedía que se dictara sentencia absolutoria a favor del acusado J. A. O. V. por el DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, todo lo anterior con base a lo dispuesto en los Artículos 217,218 y 332-B del Código Penal. Por otro lado, en la parte dispositiva de la sentencia que se impugna, el A Quo si bien dicta sentencia una sentencia absolutoria a favor de los acusados E. R. A. A. Y J. A. O. V., por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y a favor del acusado O. A. M. por el delito de ROBO DE VEHICULO y “otros productos”, dicta sentencia Condenatoria contra los encartados E. R. A. A. Y J. A. O. V., únicamente por el delito de ROBO DE VEHICULO y “otros productos” en perjuicio de A. L. G., e impone a a cada uno de ellos la pena de DOCE (12) AÑOS de reclusión, sin emitir pronunciamiento alguno, en la parte dispositiva del fallo impugnado, en cuanto al Delito de ROBO SIMPLE, por el que también fueron acusados por el Ministerio Público. El artículo 362.4 del Código procesal, dispone como precepto autorizante que: “El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:1…2…3…4.Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena…”. Del análisis y lectura de los antecedentes relacionados con anterioridad se desprende que el juzgador si bien condena a los encausados E. R. A. A. Y J. A. O. V. por el delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de A. L. G., y les impone la pena de DOCE (12) años de reclusión, con fundamento en el artículo 218 del Código Penal, y los absuelve por el de PORTACION ILGEAL DE ARMAS en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; no se pronuncia en absoluto, sobre la responsabilidad de los encartados O. A. M., E. R. A. A. Y J. A. O. V. en lo que concierne al delito de ROBO SIMPLE, en perjuicio del mismo señor A. L. G., dejando de observar al mismo tiempo lo dispuesto en el artículo 338 sección Quinta del Código Procesal Penal, donde se exige que en la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo debe estimarse, de tal manera que el Tribunal de enjuiciamiento conformado por los mismos Jueces que participaron en el debate procedan a enmendar la sentencia impugnada y se pronuncien sobre el cargo o imputación que por el delito de ROBO simple formulara la Representación del Ministerio Público, cuidando de que la nueva sentencia observe la debida coherencia y armonía entre sus distintas partes[1]. III.-EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU: “SEGUNDO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del Artículo 362

numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal.

Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Ante la normativa señalada, el Tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia, de apreciar todo y cada uno de los medios probatorios que se desarrollaron en el debate, es decir, que aún aquella que a simple vista se aprecia como inútil para la resolución del caso, siempre y cuando haya sido evacuada en el debate, merece un pronunciamiento respecto a su valoración, a través del cual a la probanza se le brinde el contenido, exiguo o crucial, que la misma merezca y que por ende constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o de una absolución. Resulta, que el fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la absolución del señor O. A. M. M. por el delito de Robo de Vehículo y Robo, precedido del proceso intelectivo de valoración probatoria que hemos destacado, evidentemente infringe la regla lógica de derivación en su postulado de veracidad y razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace manifiesto al momento de valorar el elenco probatorio de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que éstas le ofrecen, produciendo como consecuencia una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano al estimar que los medios probatorios en los que se sustenta la pretensión acusatoria no producen certeza ni convicción absoluta de participación del ciudadano O. A. M. M. en la comisión de los delitos que les imputó el Ministerio Público. De lo antes expuesto se desprende que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio in procedendo alegado, en virtud de lo cual resulta necesario el análisis de la probanza evacuada en debate, las cuales entre otros aspectos, refieren lo siguiente: A. H. M. F., Agente de Investigación, relató que el 07 de julio de 2011 mientras estaba de turno, se produjo la detención de tres sospechosos a quienes se señalaba como responsables de haber perpetrado un asalto; durante la investigación preliminar del hecho, se presentó a la oficina el ofendido, señor A. L. a interponer la denuncia, éste pudo ver a los detenidos a través de los ventanales oscuros del lugar en que aquellos se encontraban dentro de las instalaciones policiales, reconociéndoles como las personas que horas antes lo habían asaltado en el sector de Yamaranguila, aldea Las Arenas. El vehículo propiedad del ofendido fue encontrado abandonado en la Aldea San José, jurisdicción de Intibucá, con treinta quintales de maíz en la paila. Al ser preguntado si las personas que la víctima reconoció en la oficina policial se encuentran presentes en la sala de juicio, respondió si se encuentra,¿Dónde están? Contestó: En la parte de atrás de los abogados (refiriéndose a los imputados). Relató que luego de que el ofendido interpuso vía teléfono la denuncia, se procedió a la búsqueda del vehículo, fue así que lo encontraron abandonado en la Aldea San José en horas de la madrugada. El señor A. les manifestó que luego que se produjo el asalto, junto a su motorista los dejaron amarrados en el monte, como pudieron se soltaron y con ayuda de otras personas dieron aviso de lo sucedido a la policía. La detención de los imputados se produjo cuando estos se dirigían de Yamaranguila hacia La Esperanza en una camioneta verde marca Dodge, de similares características a la proporcionadas por la víctima al momento de interponer la denuncia. A. L. G. (ofendido), relató que el día de los hechos, aproximadamente a las dos o tres de la tarde cuando se conducía junto al motorista D. A. en su vehículo, en la salida de la ciudad de La Esperanza se encontraron con una camioneta verde, que en ocasiones les rebasaba; a inmediaciones de Yamaranguila, la camioneta se les atravesó, en ella se transportaban cuatro muchachos, tres de ellos los encañonaron con las armas que portaban, le despojaron del vehículo, los amarraran y los llevaron a un ocotal, uno de ellos se apropió del auto y otro (a quien identifica como E.) lo despojó del dinero que portaba, en una bolsa llevaba aproximadamente cien mil lempiras y en otra de treinta a cuarenta mil lempiras; dicha cantidad la había retirado horas antes en una institución bancaria, en la paila del carro habían treinta sacos de maíz, y varios abarrotes, entre ellos maseca, cajas de galleta y productos de pulpería. Los dejaron abandonados y a él lo golpearon en la cabeza, pero varias personas que se encontraban en las cercanías les ayudaron a soltarse, luego avisó telefónicamente a la policía. Horas después, cuando fueron a la oficina policial, observó a los detenidos (los ahora procesados) y los identificó como las personas que lo habían asaltado. De todo lo robado solo pudo recuperar el auto y el producto. D. A. H., refirió que el día de los hechos él manejaba el vehículo propiedad del ofendido, se encontraron con una camioneta que dio vuelta frente a ellos, y E. R. (uno de los procesados) dijo “manos arriba”, los bajaron del carro y uno de los sujetos agarró a don A. y otro de los hombres lo agarró el (testigo), después lo tiraron dentro de la camioneta, y les despojaron del automotor, los amarraron y los fueron a tirar por un ocotal; cuando los sujetos se marcharon, como pudo se soltó y unas personas que estaban cerca trayendo leña le auxiliaron con un teléfono para llamar a policía en La Esperanza, don A. estaba bien golpeado amarrado, sangrante a un palo, ellos lo soltaron. También relató que el ofendido llevaba aproximadamente ciento veinte mil lempiras en una bolsa negra, el cual había retirado de un banco; no observó cuando le quitaron el dinero al señor L. porque a el (testigo) lo tenían sentado mirando hacia abajo pero les escuchó decir “aquí va el pisto”, esas personas les decían que si gritaban los iban a matar. El atraco ocurrió adelante de Yamaranguila como a las dos de la tarde. Al ser preguntado ¿se encuentran ellos (autores del asalto) en esta sala? Respondió: Si. Los tres que están atrás de los abogados (señalando a los imputados). Señaló que cuando se encontraban en la oficina de la policía, les informaron que habían detenido a los sospechosos, cuando los vieron, le dijeron a la policía que esas personas eran quienes los habían asaltado. J. G. V. R., p.: manifestó que el 07 de julio de 2011 en compañía de F. M. se encontraba encargado de la patrulla 1009, a las dos de la tarde recibieron una llamada vía radio en la que se les informó que en el trayecto de Yamaranguila a San Juan, se había suscitado un asalto, les dieron las características de la camioneta verde que había participado en el hecho, procedieron a buscarla y mientras transitaban por el barrio Piedra Menuda, la localizaron por lo que la detuvieron y junto a las tres personas que se conducían en la misma, los trasladaron hacia la DNIC para las diligencias correspondientes. Como medio de prueba documental se evacuaron: 1. Dictamen Médico realizado al ofendido A. L. G.. 2. Acta de inspección del vehiculo en que se conducían los acusados. 3. Acta de Decomiso de la camioneta marca Dodge, color verde, placa PAX 4178. 4. Acta de inspección del vehículo propiedad del ofendido. 5. Cuenta de retiro de Banco de Occidente a nombre de A. L., con la cual se acredita el retiro de la cantidad de ciento cuarenta mil doscientos cincuenta lempiras (L. 140,250.00). En lo relativo a la absolución del ciudadano O. A. M. M., por estimar el tribunal que los testigos de cargo no lo vinculan como participante de los hechos enjuiciados, se debe indicar que dicho razonamiento vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, pues el ofendido A. L. G., relató que en la camioneta verde se transportaban cuatro muchachos, tres de ellos se bajaron y haciendo uso de las armas de fuego que portaban, le despojaron del dinero y del vehículo (con todos los productos que llevaba en la paila), luego los amarraron y dejaron abandonados, cuando fueron auxiliados por otras personas, notificaron vía telefónica de lo sucedido a la Policía de La Esperanza, horas después, cuando fueron a la oficina policial, observó a los tres detenidos, ahora imputados y los identificó como las personas que lo habían asaltado; por su parte D. A. H., quien también refirió la dinámica de los hechos, al ser preguntado en el debate ¿se encuentran ellos (autores del asalto) en esta sala? Respondió: Si. Los tres que están atrás de los abogados (señalando a los imputados), señalando además que cuando se encontraban en la oficina de la policía, les informaron que habían detenido a los sospechosos, cuando los vieron, le dijeron a la policía que esas personas eran quienes los habían asaltado, y son esas personas las ahora procesadas en este juicio. Asimismo debemos referir que la detención de O. A. M. M., E. R. A. A. Y J. A. O. V., se produjo en el mismo momento, cuando éstos fueron requeridos por la policía del sector mientras se trasladaban en la camioneta verde, marca Dodge, así se desprende del testimonio del policía J. G. V. R., quien refirió que el 07 de julio de 2011 en compañía de Faustino Méndez se encontraba encargado de la patrulla 1009, a las dos de la tarde recibieron una llamada vía radio en la que se les informó que en el trayecto de Yamaranguila a San Juan, se había suscitado un asalto, les dieron las características de la camioneta verde que había participado en el hecho, por el barrio Piedra Menuda, la detuvieron y junto a las tres personas (imputados) que se conducían en la misma, fueron trasladados hacia la DNIC para las diligencias correspondientes; el Agente de Investigación A. H. M. Flores, relató que el 07 de julio de 2011 estaba de turno, se produjo la detención de tres sospechosos de haber perpetrado un asalto, durante la investigación preliminar del hecho, se presentó a la oficina el señor A. a interponer la denuncia, quien pudo ver a los imputados a través de los ventanales oscuros del lugar en donde se encontraban, reconociéndoles como las personas que horas antes lo habían asaltado. Al ser preguntado si las personas que la víctima reconoció en la oficina policial se encuentran presentes en la sala de juicio, respondió si se encuentran, ¿Dónde están? C/En la parte de atrás de los abogados (refiriéndose a los imputados). Como podréis observar Honorables Magistrados, ambos deponentes señalaron que en el momento del asalto pudieron ver a los sujetos que perpetraron el hecho (ya que no andaban cubiertos sus caras), a quienes tuvieron la oportunidad de observar no sólo por la cercanía en que los tuvieron sino por el lapso de tiempo en que se desarrollaron los hechos, aspectos que sin lugar a dudas les permitieron reconocerlos cuando luego, horas después ya la policía los había detenido, siendo éstos O. A. M. M., E. R. A. A. Y J. A. O. V., por lo cual no existe duda de la participación de los mismos en los hechos enjuiciados. Igualmente se debe destacar que si bien el ofendido identifica por su nombre a uno de los participantes, no así a O. A. M. M., ello no desvirtúa la participación que en el hecho delictuoso tuvo éste último, pues como se ha dicho, el señor A. L. lo identificó plenamente cuando fue detenido por la autoridad competente, al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal, mediante sentencia 3159-2004 ha establecido que: “el hecho de no haber el ofendido material de los hechos identificado con su nombre al acusado como una de las personas que participó en calidad de autor no es requisito indispensable para restar credibilidad, ni valor probatorio a su declaración, pues en lugar de ello, lo lógico es que el ofendido no conozca los nombres de sus asaltantes...” Es en consideración a todos los aspectos supraindicados que podemos afirmar, que el A quo en la sentencia vulneró la regla lógica de la Derivación en su postulado de Razón Suficiente en sus características de Veracidad y suficiencia, pues de la misma se desprende de manera indefectible, que la decisión de absolver al señor O. A. M. M. por sindicarlos responsables de la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO Y ROBO en perjuicio de M. L. G. no deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada, de la manera como lo hemos explicado. En conclusión y siendo que los medios de prueba evacuados eran suficientes para dictar un fallo condenatorio en contra de O. A. M. M. por los delitos referidos, el Tribunal a pesar de ello no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de su convencimiento, dada la falta de valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó el vicio in procedendo susceptible de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a denunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL IMPUTADO O. A. M. M. EL TRIBUNAL DE INSTANCIA NO HA OBSERVADO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor considera que el Tribunal de instancia al dictar un veredicto absolutorio a favor del acusado O. A. M. M. ha infringido la regla lógica de derivación, en su postulado de veracidad y razón suficiente, entendiendo que una valoración conjunta y armónica de la prueba hubiera conducido a una sentencia condenatoria. Concretamente reprocha la valoración dada por el A Quo a los medios de prueba siguientes: 1) Declaraciones de los testigos A. H. M. F., Agente de Investigación, A. L. G.. (ofendido), D. A. H., conductor del vehículo propiedad del ofendido y J. G. V. R., policía; y, 2) Medios de Prueba documentales: a) DICTAMEN MÉDICO realizado al ofendido A. L. G.; b) ACTA DE INSPECCIÓN DEL VEHICULO en que se conducían los acusados; c) ACTA DE DECOMISO de la camioneta marca Dodge, color verde, placa PAX-4178; d) ACTA DE INSPECCIÓN del vehículo propiedad del ofendido; e) CUENTA DE RETIRO de Banco de Occidente a nombre de A. L., que acredita el retiro de la cantidad de Ciento Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Lempiras (L.140,250.00).- Reprocha que el A Quo razona que si bien el ofendido A. L. G. identifica por su nombre a uno de los acusados no reconoce al señor O. A. M. M., lo que a criterio del ente acusador no desvirtúa la participación de este último en el hecho objeto de juzgamiento, debido a que el ofendido lo identificó plenamente cuando fue detenido por la autoridad competente. Considera que de la prueba de cargo se desprende que la decisión de absolver al imputado O. A. M. M. por los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO en perjuicio de M. L. G. no se deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada, en tanto que los medios de prueba evacuados son suficientes para dictar un fallo condenatorio en su contra. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Un examen detenido de las pruebas evacuadas en juicio revela que los testigos A. L. G. (víctima: Folio 53 vuelto), D. A. H. (conductor del ofendido: Folio No. 54 vuelto y 55 )en el acto del juicio oral identifican al imputado O. A. M. M. como partícipe en los hechos objeto de juzgamiento, siendo importante recordar que la participación en el delito no se limita a quienes realicen las acciones ejecutivas descritas en el núcleo del tipo penal, en este caso el apoderamiento o actos de violencia concretos ejercidos sobre la víctima, de tal manera que también pueden ser sancionados quienes sin realizar actos ejecutivos que se correspondan con el verbo nuclear del tipo, cooperan con actos relevantes para alcanzar el resultado (cooperadores necesarios: artículo 32 párrafo primero en su parte final del Código Penal) o realicen otro tipo de contribuciones que sin encajar en las descritas en el artículo 32 aceleren, aseguren, faciliten o intensifiquen el resultado del delito en la forma en que era previsible (vid. artículo 33 del mismo texto punitivo). Por otro lado no resulta coherente el razonamiento del juzgador cuando en lo que concierne a la presencia del acusado O. M. al momento de perpetrarse los hechos, no manifiesta dudas sobre lo relatado por los testigos de cargo antes mencionados y más bien, salvo en lo que concierne a lo que considera algunas inconsistencias ajenas a este punto, les concede credibilidad, pero más adelante en la Fundamentación jurídica del fallo afirma que dichos testigos “no lo vinculan como participante directo en los hechos enjuiciados”. A la prueba de cargo relacionada se añade el acta de decomiso del mismo vehículo automotor que según el mismo Tribunal fue utilizado para cometer los delitos de robo objeto de juzgamiento (vid. Folio No. 10 de la primera pieza), donde consta que el mismo le fue incautado al imputado O. M. el mismo día en que ocurrieron los hechos y en cuyo interior, lo afirma el mismo Tribunal, también se conducían cuando fue detenido por autoridades policiales, los otros dos coimputados, es decir E. A. y J. O., que a la postre han resultado condenados (vid. Folios No. 10 de la primera pieza y 71 de la segunda pieza). Esta Sala, estima que el Tribunal de instancia al dictar un veredicto absolutorio a favor del imputado O. M., ha vulnerado las reglas de la sana crítica, concretamente el principio de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que hasta este momento procesal una valoración armónica y conjunta de las pruebas evacuados en juicio pudiera haber conducido a un resultado distinto. En consecuencia procede estimar el presente motivo para que en se celebre un nuevo debate con jueces diferentes a los que han participado en el que ha llevado a la absolución del procesado O. M., sin perjuicio de señalar que hasta este momento procesal el principio-derecho a la presunción de inocencia que consagra el artículo 89 de la Constitución de la República se mantiene incólume a su favor. IV. EL RECURRENTE ABOGADO O. E. M. P., en su condición de Apoderado defensor del acusado señor E. R. A. A., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: ”I. POR INFRACCION DE LEY: UNICO MOTIVO: Inaplicabilidad de los Artículos 217 y 218 del Código Penal en relación con el Artículo 14 del mismo cuerpo legal. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE LA APLICACIÓN INDEBIDA. a) En toda relación jurídico-penal es imperativo que se presenten los tres elementos esenciales del delito sin los cuales es imposible que exista dicha relación a saber: el sujeto activo, el sujeto pasivo y necesariamente el objeto del delito, es decir, sobre el cual recayó la acción delictiva, como la presencia de los cinco elementos de la teoría del delito a saber que se trate de una acción típica, antijurídica, culpable y punible. b) En los hechos declarados como probados valorados de acuerdo a los criterios de la sana crítica el tribunal A-Quo de manera expresa y terminante arriba en su párrafo Primero que: “a eso de las tres (3) de la tarde del día siete de julio del 2011, sobre la carretera que de la ciudad de La Esperanza conduce al municipio de San Juan, departamento de Intibucá, cuando el señor A. L. G., se conducía en un vehículo, marca Toyota, Tipo Pick Up, Placa PBL 0121 acompañado de su conductor el señor D. A. H., transportando entre otros productos treinta sacos de maíz, cuando en eso de les atravesó en la carretera un vehículo Marca Dodge, Tipo Camioneta, Placa PAX 4178, del que se bajaron entre otros los señores E. R. A. A. y J. A. O. V., quienes por la fuerza obligaron a los expresados A. L. G. y a D. A. H. a bajarse del citado vehículo, dejándoles amarrados en los árboles y enseguida uno de los malhechores (entendiendo por sus propias palabras que fue uno de estos dos) se retiró del lugar llevándose el carro de don A. L. G. y el Producto con Rumbo desconocido.- Segundo al día siguiente, ocho de julio del dos mil once a inmediaciones de la aldea de San José, Jurisdicción del municipio de Intibucá, propiamente sobre la carretera que de La Esperanza conduce al municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, fue encontrado el descrito vehículo propiedad del señor A. L. G., Inclusive con el producto, es decir, los treinta sacos de Maíz. c) Con lo dicho, para los juzgadores quedó demostrado la existencia de un delito y la participación de dos personas entre ellas la de mi representado, hecho acaecido según sus propias palabras a las tres de la tarde del siete de julio del 2011, mismos que a mi juicio definitivamente no encuentran sustento fáctico, ni se enlazan con lo desarrollado en el acápite denominado “la valoración de la prueba”, en cuanto a circunstancias de tiempo y lugar, como del objeto del delito; las pruebas de cargo aportadas por la fiscalía nunca establecieron o acreditaron a lo sumo que relación jurídico penal existió entre el objeto del delito y mi representado, por un extremo el tribunal de sentencia se contradice en su hechos probados con lo declarado pro el único testigo de cargo presencial o sea del señor D. A. H., entre otros relatos expresó inequívocamente y de manera contundente que “el hecho fue a las dos de la tarde, delante de Yamaranguila” (no entre La Esperanza y Yamaranguila), por el contrario el tribunal expresó en sus hechos probados que fue a las tres de la tarde, dicho testigo también dijo “pusimos la denuncia como a eso de las dos o tres de la tarde”, también dijo “que le habían quitado su cartera y un celular”. d) Por otro lado.- El testigo policía, J. G. V. R., expresó inequívocamente que: “el día siete de julio del 2011 estaba a cargo de la patrulla número 1009, a las dos de la tarde recibimos comunicación en donde nos informaban que a la altura de Yamaranguila se había cometido un robo, …… cuando los requerimos (refiriéndose a mi representado) solo les pedimos los papeles, no se encontró dinero, muchos peor la cartera o el celular del señor D. A. H., eso fue a las dos de la tarde, en que se les decomisó la camioneta se les hizo un registro personal, en ese momento no se encontró nada, declaración verosímil que desvanece todo lo actuado en juicio, por cuanto precisamente en los instantes posteriores que se había producido el robo en la ciudad de Yamaranguila, detienen a mi representado, en un barrio de La Esperanza, Intibucá, por lo que es materialmente imposible que estuviera en dos lugares distintos a la vez en cuanto a tiempo y espacio, testigo al que debemos darle toda la credibilidad del mundo que contradice algunos dichos que expresara el otro testigo policía, A. H. M. F., por cuanto el testigo J. G. V. R., fue la primera persona y autoridad que estableció contacto por primera vez con mi representado, no solo visual, sino que lo requiere formalmente como autoridad y le practica un registro personal así como al vehículo en el que se conducía luego en todo el desfile probatorio del debate nunca se acreditó bajo ningún medio de prueba racional, creíble que elementos fácticos vinculaban a mi representado con el vehículo encontrado en el trayecto que de La Esperanza conduce al municipio de Otoro, (es decir en el extremo opuesto de la ciudad) un día después, en circunstancias que mi representado ya estaba detenido injustamente en prisión, en la evacuación de toda la prueba presentada unilateralmente por la fiscalía, el tribunal dejó constancia de todas las incongruencias encontradas entre el supuesto ofendido señor A. L. G., su supuesto Acompañante el señor D. A. H., surgiendo por lo consiguiente toda clase de dudas en sus dichos bajo la teoría del árbol envenenado que si mintió una vez mentirá siempre. e) También quedó demostrado por todos los testigos de cargo que a mi representado se le violentó su derecho de defensa cuando para incriminarlo la policía desarrolló un ilegal reconocimiento en rueda agregando el supuesto ofendido señor A. L. G. en su declaración que lo estuvo observando hasta las ocho de la noche, denotándose que fue sin la presencia de un defensor público o privado violentándose su derecho de defensa, acto que obviamente no fue introducido como medio de prueba por ilegal, pero fue suficiente para memorizarse físicamente la persona de mi representado hasta con detalles, cuando sabemos que el mismo dijo que al momento del asalto lo pusieron boca abajo lo que le imposibilitaba desde luego reconocer a cualquier persona. f) Dentro de la prueba documental aportada, la fiscalía acreditó la propiedad del vehículo supuestamente robado, tampoco se le practicó peritaje a los supuestamente 30 sacos de maíz, como lo establece el artículo 239 en relación con el 220 del Código Procesal Penal, medio de prueba que la fiscalía se devenía obligada a practicar no solo para acreditar su existencia material en el juicio, sino que también su valor económico porque bien pudo haberse tratado de 30 sacos de zacate. g) A mi representado nunca se le encontró arma de ningún tipo, nunca se le encontró el supuesto dinero u objetos supuestamente robados, nunca se acreditó la existencia de intimidación o fuerza en las cosas, ni mucho menos que haya golpeado al señor A. L. G., en virtud de que el supuesto ofendido jamás dijo quien lo había agredido y nunca acreditó la propiedad del supuesto vehículo robado, en virtud de que la fiscalía del Ministerio Público trató de acreditar la propiedad con fotocopias sin autenticar, mismas que fueron rechazadas por le tribunal A-Quo, por lo que los hechos declarados probados como elementos subjetivos, no se subsumen en el tipo penal de robo de vehículo y robo señalados en los artículos 217 y 218 del Código Penal como elementos objetivos, por lo que los preceptos jurídicos antes relacionados no encajan con los hechos controvertidos en el debate, basándose únicamente en prueba circunstancial manipulada, por lo que procede es declarar ha lugar este recurso y por consiguiente casar la sentencia por infracción de ley y en su defecto absolver de toda responsabilidad penal a mi representado, ordenando su inmediata libertad, porque si bien es cierto, en el transcurso del debate se dio la apariencia de la existencia de un supuesto delito, nunca se estableció plenamente fuera de toda duda que supuesta participación pudo haber tenido mi representado. EXPRESION DE AGRAVIOS. Considerando que los hechos declarados como probados como elementos subjetivos del delito controvertidos en el debate de la presente causa no concatenaron con los tipos penales objetivos enmarcados en los artículo 217 y 218 del Código, este Honorable Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque ha incurrido en Infracción de Ley por injusta aplicación de la Ley sustantiva, perjudicando gravemente a mi representado en cuanto a su libertad, quebrantándole infundadamente su estado de inocencia establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO E. R. A. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO INDEBIDAMENTE LOS ARTÍCULOS 217 Y 218 DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 14 DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que con los hechos declarados probados y valorados de acuerdo a la sana critica el A Quo concluye erróneamente que resultó demostrada la existencia de un delito y la participación de dos personas, entre ellas el acusado E. R. A. A.. Reprocha que el cuadro fáctico de la sentencia dictada por el A Quo no encuentra sustentación en la valoración de la prueba, en cuanto a las circunstancia de tiempo, lugar, como de objeto, del delito. Señala que con las pruebas aportadas por la Fiscalía no se acreditó la relación jurídica penal que existió entre el objeto del delito y el acusado E. R. A. A.. Considera que por una parte el Tribunal de instancia se contradice en los hechos probados con lo declarado por el único testigo de cargo D. A. H.; asimismo reprocha la valoración dada por el A Quo a la declaración rendida en juicio por el testigo J. G. V. R., declaración que considera verosímil y que desvanece todo lo actuado en juicio y porque se contradice con lo declarado por el testigo y agente policial A. H. M. F.. Considera que fue demostrado por todos los testigo de cargo que a su patrocinado le violaron el derecho de defensa por un ilegal reconocimiento en rueda practicado en sede policial. Asimismo es del criterio que con la prueba documental aportada por la Fiscalía, no se probó la propiedad del vehículo supuestamente robado, tampoco se practicó peritaje a los supuestos treinta sacos de maíz, de igual forma señala que no se le encontró arma alguna al acusado, ni dinero, o los objetos supuestamente robados, tampoco se acreditó que actuara con intimidación o fuerza en las cosas, ni que haya golpeado a A. L. G.. Por lo anterior, concluye que de los hechos declarados probados no se desprende que la conducta del imputado E. A. se subsuma en el tipo penal de Robo de Vehículo y Robo señalados por los Artículos 217 y 218 del Código Penal. Esta Sala considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Un examen detenido del recurso interpuesto por la Defensa del imputado E. A. pone en evidencia que el Censor no ha observado el principio de intangibilidad de los hechos probados como es exigible para efectos de plantear el motivo fundado en la infracción de ley, tal como lo prevé el artículo 360 del Código Penal, de tal manera que no indica cuales son las razones en que se basa para afirmar que el comportamiento de su patrocinado descrito en el factum no se subsume en los delitos de ROBO DE VEHICULO y ROBO SIMPLE, tipificados en los artículos 217 y 218 del Código Penal. Esta Sala considera que de la narración contenida en los hechos probados se desprende que el encartado E. A. junto con otros individuos se bajaron de un vehículo que previamente había impedido el paso del que se transportaba la víctima y su conductor, tras lo cual les obligaron a bajarse, les ataron a unos árboles, de tal manera que uno de los malhechores se llevara el vehículo del señor A. L. junto con treinta sacos de maíz que transportaba, automotor que posteriormente fue encontrado en una aldea perteneciente a la jurisdicción del municipio de Intibucá. De este modo la conducta del encartado E. A. se subsume en los delitos de ROBO DE VEHICULO y ROBO SIMPLE, ya según el factum contribuyó mediante el empleo de la violencia al despojo de un vehículo y de treinta cargas de maíz de ajena pertenencia, impidiendo que su legítimo poseedor pudiera disponer de tales bienes, al margen o con independencia de que por razones desconocidas tales delitos habiéndose consumado no resultaran agotados al haberse encontrado con posterioridad. el vehículo y su cargamento en la aldea antes referida. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 360, 362.3 y 4 del Código Procesal Penal.- FALLA:

  1. Declarar CON LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de forma, en su primer motivo, invocado por el Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente, y casa parcialmente la sentencia impugnada, ordenando que el Tribunal conformado por los mismos Jueces que dictaron la misma se pronuncie sobre la imputación de ROBO SIMPLE sostenida por el ente acusador en contra de los imputados E. R. A. A. y J. A. O. V.; 2) Declarando con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo formulado por la Representación del Ministerio Público, declarando la nulidad del veredicto absolutorio dictado a favor del encartado O. A. M. M. y ordenando que se celebre un nuevo debate que será conocido por un Tribunal integrado por Jueces distintos a los que han suscrito la sentencia anulada y que deberán resolver sobre las imputaciones de ROBO DE VEHICULO y ROBO SIMPLE formuladas por la Representación del Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de origen para que proceda con arreglo a Derecho. REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-156-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Por vía de ilustración y sin que constituya un prejuzgamiento sobre la decisión que haya de tomar el Tribunal A Quo, véase la Sentencia de la Sala de lo Penal del 20 de junio de 2012 (Expediente de Casación 307.-2009) misma que resuelve un caso en el que habiéndose formalizado acusación por robo de vehículo y robo simple opta por la solución del concurso ideal de delitos.