Sentencia CP-153-13 — Registro 5774
Resumen
Se absolvió a los imputados del delito de calumnia, difamación o injuria. La Sala Penal casa la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."DE LA PROCEDENCIA DEL SEPTIMO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. ARTICULO 90 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EN RELACION CON EL ARTICULO 4 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Manifiesta el Recurrente que el Sentenciador ha violentado las garantías de: a) la imparcialidad del Juez; b) la igualdad de armas en el juicio a utilizar con los medios de prueba pertinentes; c) al derecho de obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, garantías que han sido conculcadas por el Tribunal de Sentencias desde el momento que por unanimidad sin ningún auto motivado, resuelve en cuanto a la prueba testifical de siete testigos que fueron propuesto para acreditar la comisión de los delitos de CALUMNIA, DIFACION E INJURIAS, contra N. C. L. y su apoderado e inductor directo E. C. M. y los dos funcionarios públicos que se desempeñan como Regidores en la Municipalidad de San Nicolás Santa Bárbara, únicamente admitió la declaración de los testigos M. C. R. T., M. A. R. E I. S. T., a los que no se permitió ser interrogados de conformidad con los hechos señalados que deberían ser examinados, infringiendo con ello lo preceptuado en el Artículo 317 del Código Procesal Penal, ya que fue notorio el hecho que los dos primeros testigos por temor declararon no saber nada del asunto a pesar de tener pleno conocimiento de todos y cada uno de los hechos, lo que atribuye a alguna amenaza recibida dada la inseguridad de toda naturaleza que prevalece en el país, y al no admitir la declaración de los testigos J. C. F. C., J. A. M., L. A. P. V. Y J. S. R., y la prueba documental, aduciendo que son desproporcionadas, en contravención a lo dispuesto en el artículo 199 del Código Procesal Penal. II. Argumenta el Recurrente, que la prueba testifical propuesta, la considera que es pertinente y no desproporcionada porque se refiere a las diferentes actuaciones y colusión de los Imputados, lo mismo que la prueba documental con la que se acredita que es el legítimo propietario del inmueble que los Imputados adjudican a otras personas, que existen prohibiciones del Juzgado de Santa Bárbara y que no está en litigio dicho inmueble, que la prueba es pertinente porque están relacionadas con los delitos objeto del proceso y los demás medios de prueba documental hace referencia a los documentos utilizados por los querellados para difamarlo, calumniarlo e injuriarlo en público. Asimismo señala el Recurrente que considera necesario aclarar que en los delitos de orden privado la acción está a disponibilidad de las partes y serán estas las que soliciten las cuestiones o pretensiones que quieren que el juez resuelva, no pudiendo el tribunal de mutuo propio, pronunciarme más allá de lo solicitado por estas, campo en donde le estaba vedado al Tribunal intervenir oficiosamente, salvo excepcionalmente en los casos permitidos por la ley. III. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[1][2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.__ En Relación A la Denuncia de la Violación del Principio Del Debido Proceso: Habiéndose señalado al Debido Proceso Penal como el principio violentado, es conveniente indicar que éste se encuentra regulado por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley. Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. En el caso de examine los Juzgadores al momento de la audiencia de proposición de pruebas, en cuanto a la proposición de la prueba testifical propuesta por la parte Querellante, el Tribunal de Instancia determino admitir el Abogado R. R. M., tres declaraciones testifícales de las siete que el Abogado había propuesto, concediéndole al el derecho de el Abogado eligiese entre los siete que propuso, por considerar el Tribunal que dicha cantidad es desproporcionada e impertinente en relación a las pretensiones probatorias, acción que cuestiona esta Sala, en virtud de que el Tribunal en lugar de estimar la referida desproporcionalidad, debió de proceder al análisis de los medios de prueba testifical, considerando la fuente de la información que reproducen (percepción directa por los sentidos o por referencia de un tercero), de la confiabilidad, espontaneidad, seguridad incluyendo tono de voz, lenguaje corporal, y demás posturas del testigo en la audiencia de debate que solo la inmediación permite valorar, de la coherencia interior del relato y de su concordancia o discordancia con otros medios de prueba, los juzgadores hacen in portos una manifestación de rechazo por considerar que la prueba analizada de previo les ha llevado a un convencimiento que no permite su revisión (reafirmándolo o descartándolo) con la inclusión y análisis de otros medios de prueba. Es importante señalar que la cúspide el sistema judicial probatorio es la valoración conjunta, porque la convicción judicial no puede formarse con el examen aislado de un medio de prueba o con la apreciación de solo una parte de los medios de prueba, sino que debe de incluir el análisis de “la masa probatoria”, como un conjunto articulado que, tal cual fuera minúsculas piezas de un rompecabezas, permiten al final ver una imagen global contextualizada del caso. VI.__ Procedencia del Recurso de Casación: El Recurso es de Recibo: Considera el Tribunal de Casación que en el presente caso existió violación al Debido Proceso por infracción de las normas procesales contenidas en los Artículos 90 constitucional y 317 del Código Procesal Penal, por lo que esta Sala considera que se ha faltado al debido razonamiento probatorio cuando los juzgadores solo determinan apreciar tres declaraciones testifícales de un universo de siete que habían sido propuestos, descartando las declaraciones de otros testigos de los hechos que podrían relatar y que sus declaraciones podrían ser confrontadas, ocasionando que al final un tercero ajeno no sepa el porqué el sentido de desproporcionalidad en que se fundamento el Tribunal de Sentencia. Por lo expuesto corresponde declarar con lugar el motivo del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional presentado, el cual por estar relacionado a aspectos del proceso conllevan a la Nulidad de la Sentencia Impugnada."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil dieciséis, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, contra la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló:1) ABSOLVIENDO a los Señores N. C. L., J. J. T. A., A. A. R. A. Y E. C. M., del delito de CALUMNIA, DIFAMACION O INJURIA, en perjuicio de R. R. M. M. 2). CONDENANDO en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho juicio a la parte querellante. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional el Abogado R. R. M. M., en su condición de recurrente. SON PARTES: El Abogado R. R. M. M., quien actúa en causa propia, en su condición de Recurrente; y los Abogados L. F. D. L. y N. A. M., en su condición de Apoderados Defensores de los Señores E. C. M. y N. C. L., como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando conjuntamente las pruebas legítimamente practicadas en juicio de acuerdo con los criterios de la sana crítica, este Tribunal, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Que en fecha 27 de agosto del año dos mil doce el señor R. R. M. M., presentó ante este Tribunal Querella contra los señores N. C. L. J. J. T. A., A. A. R. A. y E. C. M.; a los tres primeros acusándolos por el delito de Calumnia y al ultimo por el delito de Injuria o Difamación y Calumnia, pero al momento del juicio oral y público formalizo contra todos la acusación por el delito de Calumnia y Difamación o Injuria.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por el Abogado R. R. M. M., en su condición de recurrente, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO R. R. M. M., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL, INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:”PRIMER MOTIVO.- Infracción de Ley por la no aplicación del Artículo 155, 161 en relación con los Artículos 240 y 242 numeral cinco (5) del Código Penal PRECEPTO AUTORIZANTE.-Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, que expresa: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que debe ser observada para la aplicación de la le ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El Artículo 155, define jurídicamente la calumnia como la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio y que pueden ser perseguidos por el Ministerio Público a instancia de la víctima, lo cual presupone a determinada persona responsable de un hecho concreto penado por la ley. Para que exista la falsa imputación de este delito que da lugar a procedimiento de oficio o a instancia de parte, que es lo que constituye la calumnia, según el artículo citado, no bastan denominaciones genéricas y vagas, sino que es requisito esencial que se concrete el hecho o hechos que deban perseguirse, en el caso que me ocupa, los querellados falsamente y en forma concreta me imputan la comisión del delito de estafa de conformidad con las exposiciones orales y escritas que han hecho contra mi personas conforme lo manifestado en la querella así: 1).-En la Querella se manifiesta que el querellado N. C. L., forzado e inducido directamente por su apoderado E. C. M., con la cooperación a la ejecución del hecho de los Regidores de la Municipalidad de San N.. S. B. A. A. R. A. y J. J. T. A., en la campaña infundada y dolosa de difamación calumnia e injurias contra mi persona, a).- Al hacerles creer a las personas que me habían comprado lotes de terreno en una lotificación de mi legitima propiedad, que eran compradores de buena fe, pero que habían sido engañados por el vendedor porque dichos terrenos están judicializados, b).Que existía resolución de juzgado respectivo donde me obliga a apegarme a los acuerdos de la Corporación Municipal de S, N, lo que es totalmente falso, (folios 112,113,114), c).Que los terrenos son de propiedad de N. C. L., mostrándoles para afirmar su falacia un documento privado falso en el que se expresa, que la señora A. O. C. de M. le había dado en venta dicho terreno, éste mismo documento falso, fue aportado como medio de prueba en la demanda de deslinde y amojonamiento que promoví ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental, la que concluyo con la sentencia a que hace alusión el Tribunal de Sentencias en su cuarto hecho de la valoración de las pruebas ; d).-Con el suelto denominado COMUNICADO, que N. C. L., en fecha 13 de agosto de 2013, presentó ante la Corporación de la Municipalidad de San Nicolás de Santa Bárbara, suelto en el que ratifica que el susodicho terreno no es de mi pertenencia y que es de propiedad de la señora Á. O. C. M., lo que es totalmente falso, e).-Lo expuesto en la transcripción hecha en las actas falsas que presentaron los ediles querellados como medio de prueba (folios 110 al 114),a las que hace referencia el Tribunal en el mismo hecho cuarto de la valoración de las pruebas. f).-Lo expresado por E. C. M. en el escrito de contestación de agravios del recurso de apelaciones que interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, a).- que soy mentiroso, jurídicamente hablando y conforme lo define el Jurista Don G. C. en su Diccionario de Derecho Usual, página 694, mentiroso es quien a sabiendas falta a la verdad, el que se vale habitualmente de la mentira.-Falso Simulado, engañoso, Falaz, plagado de errores o erratas, b) Que por moralidad no debería de haber intentado la demanda de deslinde y amojonamiento, porque mi padre que D.D.G. le había vendido dicha propiedad a Doña A. O. C. de M., lo es completamente falso, c).-.Que solo soy heredero de una parte del terreno en lo que corresponde en la sucesión intestada. d).-Que en claro abuso instaló mingos partiendo las dos manzanas que le entrego D. A. C. de M. al demandado. e) Que con una diligencia de deslinde quiero apropiarme de parte del terreno que mi padre vendió f).-Que lo que no digo como demandante es que los planos elaborados por el Ingeniero P. H. fueron elaborados través de medias antojadizas invadiendo los lotes que mi padre había vendido( FOLIOS 51. 52,53 Y 54).-Todas estas falsedades dolosas que hicieron en forma o por medios de divulgación mis detractores para concitar en contra de mi persona el odio o desprecio público lo tipifica el Código Penal en su Artículo 160 como difamación constitutiva de injuria o calumnia. Y el artículo 161 dice: Quién publicare o reprodujera, por cualquier medio injurias o calumnias inferidas a otro, será penado como autor de las injurias y calumnias de que se trate-, es vidente en las actas falsas que presentaron como medio de prueba los ediles municipales, la forma en que se hizo público dicho documento en el que se me calumnia e injuria (folios 113 y 114). De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 158 del Código Penal, al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación.- A pesar de la prueba allegada al juicio el Tribunal absolvió de toda responsabilidad, a los querellados de calumnia, difamación e injuria, sin que ninguno de ellos haya probado las imputaciones que se me han hecho porque saben a ciencia cierta que no tienen ninguna sustentación para ello., pero el Tribunal sentenciador dicta su resolución exonerándoles de toda responsabilidad con algunas de las pruebas falsas e ilegales que presentaron los regidores A. A. R. A. y J. J. T. A. como ser la certificaciones íntegras de las actas número 162 y 162 que no les benefician en nada por el contrario ponen en evidencia su actitud delictiva y a pesar de ello, con evidente infracción de las normas del debido proceso procede a inadmitir la prueba que como querellante presenté, por considerarlas impertinentes y esproporcionados, sin auto motivado alguno, a pesar de que dicho medios probatorios son pertinentes, útiles, necesarios y no desproporcionados, como lo estima el Tribunal, tan es así que tres de los medios de prueba que presente que no me fueron admitidos como querellante, le fueron admitidos al querellado E. C. M., los que singularizo así: a) Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Segundo Departamental, b) Constelación de Agravios en el recurso de apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones y c).- Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara en la cual se decreta la nulidad absoluta de la sentencia de primera instancia, es decir, que las pruebas que son impertinentes y desproporcionadas para la víctima y el querellante, son pertinentes y útiles para el querellado y esto sin lugar a dudas constituye una infracción de la ley sustantiva ARTICULO 4 Del Código Procesal Penal y demás disposiciones citadas, por l inobservancia en su aplicación. Esta claro, que el Tribunal de Sentencias no aplica correctamente la norma sustantiva en los hechos declarados como probados, todo por no admitir las pruebas pertinentes, necesarios y útiles propuestas por el querellante para llegar al fondo de la verdad, pruebas que fueron singularizadas en los párrafos anteriores y fueron propuestas en el juicio por tener una estrecha relación en la comisión de los ilícitos imputados, en los que se profieren expresiones o ejecutan acciones en deshonra, descrédito o menosprecio contra mi persona, las que son constitutivas de difamación, calumnia e injuria conforme lo disponen los artículos 155, 156,157,160 y 162 del Código Penal. Para sustentar nuestros argumentos cito al jurista CARLOS FONTAN BALESCA, en su obra DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL, páginas 163 y 164 cuando dice: Por deshonrar, en el sentido que le da la Ley Penal, ha de entenderse un ataque a la honra, es decir al decoro, a la dignidad o la consideración del individuo. Aún es posible que la calidad o condición que se imputa no sea deshonrosa apreciada en si misma u objetivamente, y adquiere el carácter al serle imputada directamente a quien la posee si con ello se ofende en la medida que puede ser sentida por el ofendido.-Señala C. C., que debe de tomarse en cuenta los antecedentes del caso, el motivo, la ocasión en que el hecho se realiza. En el cuadro fáctico el juzgador ha estimado como probados los hechos sin ninguna declaración clara y terminante de los mismos, ni la ha hecho en párrafos separados y numerados, con la declarando expresa y terminante de cuales hechos considera probados, que es lo que manda la ley al respecto, en la forma que lo ha hecho, reconoce que las falsas imputaciones del delito de estafa, deshonra, descredito y menosprecio contra mi persona, hechas por mis detractores son ciertas, olvidándose que en los delitos de orden privado la acción está a disponibilidad de las partes y serán estas las que soliciten las cuestiones que quieren que el tribunal resuelva, no pudiendo éste de mutuo propio, pronunciarme en forma diferente a lo que la ley dispone; lo que constituye una violación a la misma, máxime cuando las acciones ejercitadas por disposición de la ley han sido clasificadas dentro del ámbito de los delitos de acción privada, campo en donde al juzgador le está vedado intervenir oficiosamente, salvo excepcionalmente en los casos permitidos por la ley, sobre todo cuando los hechos que se me imputan son completamente falsos, razón que me motivó a incoar la denuncia de querella por los delitos de CALUMNIA, DIFACION O INJURIA, contra todos los imputados como autores de los hechos: cabe aclarar, que todos estos medios de prueba antes singularizados fueron propuestos en el juicio oral y sin ningún auto motivado fueron declarados inadmisibles por el Tribunal por impertinentes y desproporcionados, para en esa forma concluir dictando la sentencia que se impugna, mediante la cual absolvió de toda responsabilidad penal por dichos delitos a los imputados, a pesar de estar establecido: que los hechos consignados en el expresado suelto que fue leído en público en la sesión que celebró la Municipalidad de San Nicolás con el ánimo de perjudicarme, lo mismo que los demás medios de prueba documental y testifical, son necesarios, útiles, y proporcionados porque los imputados sabían perfectamente, que el inmueble es de ilegitima propiedad y que no pesa sobre el mismo ninguna prohibición, ni litigio; por consiguiente no podían imputarme el delito de estafa al decir que fingía ser dueño de dichos inmuebles, engañando y defraudando concretamente a los compradores de lotes de terreno en la susodicha lotificación de mi legitima propiedad, como lo dejan establecido en el suelto o comunicado y en las actas que los ediles aportaron como medio de prueba, que fueron leídos ante muchas personas en la sesión que celebró la alcaldía Municipal mencionada y en los demás medios de prueba como ser el libelo difamatorio de la expresión de agravios presentada por el imputado E. C. M., esto sin lugar a dudas me atribuye en forma directa y clara la comisión del delito de estafa conforme lo disponen los Artículos 240 y 242 numeral 5, del Código Penal que textualmente dicen: Artículo 240.-Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho, propio o ajeno; el Artículo 242 numeral 5, dice: incurrirá en las penas del artículo anterior o sea el 241 ”Quien vendiere o gravare, como libres, los bienes que estuvieren en litigio, embargados o gravados, y quien vendiere, gravare o arrendare bienes ajenos como propios, las disposiciones citadas son muy claras y evidentes y constituyen los delitos que me imputan N. C. L., E. C. M., A. A. R. A. y J. J. T. A., quienes teniendo pleno conocimiento, a) De la legitimidad de mi propiedad, b).- Del contenido de la Sentencia que fue anulada por la Corte de Apelaciones, c) De que no existe litigio alguno de dominio sobre mi propiedad, d) Que no existe ninguna prohibición de juzgado competente; se atreven a hacen tales aseveraciones en forma escrita y verbal sin ningún fundamento, ni base legal alguna, únicamente con el ánimo de perjudicarme en mi honra, honor, honestidad y como profesional, todo en base a documentos falsos con los que han conseguido en parte concitar contra mi personas el odio, desprecio e irrespeto de las personas a quienes les vendí dichos terrenos y demás vecinos del municipio. Si el Tribunal cumpliendo con lo que preceptúa el Código Procesal Penal en su artículo 317, hubiera tenido la intención de llegar al fondo de la verdad con el objetivito básico que es la prueba, hubiera concluido con una sentencia apegada a derecho, ya que es muy clara la actitud de los querellados que conociendo la verdad de los hechos, los han tergiversados, incurriendo en el delito de calumnia y el de difamación e injurias que prescribe el Artículo 160, que dice: Que se incurre en difamación cuando las imputaciones constitutivas de injurias o calumnia se hicieren en forma o por medios de divulgación con el señalamiento de persona determinado en actos reñidos con la ley en perjuicio de las personas que según sus manifestaciones compraron dichos lotes de terreno de buena fe; a contrario sensu se entiende claramente que el vendedor que es el recurrente, lo hizo de mala fe, declaraciones o manifestaciones maliciosas y dolosas que constan en las actas, contestación de agravios y el suelto denominado comunicado que se aportaron como medios de prueba, útiles, pertinentes y necesarias para llegar al fondo de la verdad y acreditar en debida forma la comisión de los ilícitos, cuya admisión fue negada por el Tribunal, sin auto motivado alguno: Si bien hay que advertir que” las frases empleadas por los querellados N. C. L., A. A. R. A. y J. J. T. A.a y E. C. M., de que el inmueble que he dado en venta, no es mi propiedad, que existen órdenes y prohibiciones del juzgado de Santa Bárbara y litigios sobre de dicho terreno a sabiendas que sus expresiones son falsas, porque conocen perfectamente la realidad de los hechos; lo que hace que dichas imputaciones sean contentiva de los elementos suficientes para que resulte identificable el delito de manera concreta, sin que se requiere precisión técnica y jurídica, salvo de que los imputados hubiesen probado la veracidad de la Imputación, solo en ese caso quedarían exentos de responsabilidad al tenor de lo preceptuado en el artículo 156 del Código Penal. En cuanto al componente subjetivo de la calumnia, es necesario que el sujeto tenga conocimiento de la falsedad de lo que imputa, como en el caso de autos, que se ha hecho tal imputación con el especial ánimo de deshonrar, caracterizado por un temario desprecio a la verdad, por lo que el dolo debe de abarcar la consecuencia de la falsedad de la imputación y en un animus iniuriandi la asunción de las consecuencias dañosas para el honor que resulten de la imputación, pues no cabe duda que atribuir a otra persona un hecho delictivo es una conducta idónea por sí misma para despertar el descrédito social, limitando el espacio de libertad del afectado, entendiéndose por tal una conducta típica y antijurídica, infringiéndose indudablemente los artículos 155, 157, 160 y 162 del Código Penal en relación con los Artículos 240 y 242 numeral 5 del mismo Código, por la falta de su aplicación de dichas normas sustantivas, por lo que considero que este motivo debe ser admitido. SEGUNDO MOTIVO: Infracción por violación al artículo 156 en relación con el artículo 158 del Código Penal.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de CASACION se encuentra comprendido en el artículo 360 parrado primero del Código Procesal Penal.- EXPOSICION DEL MOTIVO: Se describe a continuación los preceptos penales sustantivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación: ARTICULO 156 DEL CODIGO PENAL.- El Acusado por el Delito de Calumnias quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.- De conformidad con la sentencia impugnada que condujo al Tribunal a Absolver a los Querellados N. C. L., á. A. R. A., J. J. T. A. y E. C. M., por su participación a título de autores del Delito de CALUMNIAS constitutivas de DIFAMACION, en mi perjuicio, es claro y evidente que en dicha parte resolutiva del fallo recurrido, se han violado el artículo antes citado por falta de aplicación, en virtud de que los querellados no presentaron ningún medio para probar sus imputaciones, como lo dispone el Artículo 158 que también se dejó de aplicar a pesar de lo se expresado en la sentencia en el título HECHOS PROBADOS.- La imputación ha de ser falsa. Sí no lo es y el acusado prueba la veracidad de la imputación, quedará exento de pena, ya que el hecho no es típico (relevancia de la exceptio veritatis), aunque pudiera castigarse por injurias.- En realidad la Calumnia no es más que un supuesto agravado de la Injuria. La imputación ha de ser de hechos concretos y ha de caer sobre persona determinada o determinable. TIPO OBJETIVO:- La acción consiste en imputar falsamente un delito a otra persona. La imputación o atribución ha de ser de un delito, no de una falta, cuya imputación falsa puede ser, en su caso injuria.- TIPO SUBJETIVO: Para afirmar la presencia de DOLO es preciso que el sujeto tenga conocimiento de la falsedad de lo que imputa o que la imputación, sea objetivamente falsa, se haga con temerario desprecio de la verdad”. Si se considera la calumnia como un delito contra el honor, será necesario el ánimo de deshonrar en el sujeto activo, elementos que se han dado y constan en autos en el caso que me ocupa., pero por la falta de aplicación de las disposiciones citadas los resultados son negativos para la víctima, a la que se le condena en costas. TERCER MOTIVO: Infracción por violación al artículo 160 del Código penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Se describe a continuación los preceptos penales sustantivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación: ARTICULO 160 DEL CODIGO PENAL.- Se incurre en DIFAMACION, y se impondrá al culpable la pena de CALUMNIA O DE LA INJURIA, según proceda, aumentada en un tercio, cuando las imputaciones constitutivas de INJURIA O CALUMNIA se hiciere en forma o por medios de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público.- De conformidad con el FALLO impugnado que condujo a ese Tribunal a Absolver a los querellados antes nominados por su participación a título de autores del Delito de DIFAMACION, CONSTITUTIVA DE INJURIA Y CALUMNIA en mi perjuicio, es claro y evidencia que en dicha parte resolutiva del fallo recurrido, se ha violado el artículo antes citado por falta de aplicación, como antes dije por su absolución.- Se encuentra, que en los hechos probados, el Tribunal de Sentencia en la valoración de la Prueba no toma en consideración, que los dichos o manifestaciones realizadas por los Querellados vertidos ante sesiones públicas de la corporación Municipal de San Nicolás S.B el 13 de agosto del 2013 y en los Tribunales de justicia, son abundantes pruebas con las que se ha acreditado la comisión del delito de Difamación, constitutiva de injuria y calumnia.Concluyo que con los medios de prueba allegados al juicio quedó plenamente acredita la acusación con la concurrencia del elemento objetivo del tipo de acusación, esto es la imputación que se me hace de haber cometido un delito perseguido de oficio o petición de parte al fingirme dueño de bienes de pertenencia de otra persona o de haber vendido los mismos estando judicializados o con prohibiciones emanadas de autoridad competente, es decir se me acusa directamente de cometer el delito que disponen los artículos 240 y 242 numeral 5 del Código Penal, por lo que considero procedente la admisión de este motivo. CUARTO MOTIVO.-Por infracción de Ley sustantiva por la no aplicación del PRECEPTO AUTORIZANDO Artículo 338 Regla cuarta, numeral uno (1) Declaración de los Hechos Probados.-Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. El Artículo 338 regla cuarta numeral uno (1) del Código Procesal Penal, Dice: Regla Cuarta. SE consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1.-DECLARACION DE HECHOS PROBADOS.-En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. Es evidente en la sentencia impugnada, la no aplicación de esta disposición ya que no consta que la declaración de los hechos probados se haya hecho en párrafos separados y numerados como lo manda la disposición citada, se aya hecho la declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados con la claridad, precisión y coherencia, pues únicamente se contrae a expresar que con fecha 27 de agosto del año 2012, presenté a dicho tribunal querella contra N. C. L., J. J. T. A., Á. A. R. A. y E. C. M., acusando a los tres primeros por el delito de calumnia y al último por el delito de injuria o difamación y calumnia, pero al momento del juicio oral y público formalice contra todos la acusación por el delito de calumnia y difamación o injuria, en consecuencia no se hizo ninguna declaración expresa y terminante de los hechos que dice se consideran probados, mucho menos que se hiciera una descripción con claridad, precisión y coherencia de los mismos, en base a la querella de carácter privado que fue presentada. Para mejor apreciación describo a continuación: Que efectivamente con fecha 27 de agosto del año 2012, presenté querella contra N. C. L., A. A. R. A., J. J. T. A. y E. C. M., a los tres primeros por calumnia y al último por difamación, calumnia e injurias, pero al momento del juicio oral y público formalice contra todos la acusación por el delito de calumnia, difamación o injuria, aportando en el momento procesal oportuno los medios de prueba en relación con la finalidad probatoria conforme lo dispone el Artículo 317 del Código Procesal Penal que dice:-PROPOSICION DE PRUEBAS PARA EL DEBATE. Inmediatamente después de vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior o de no quedar integrado el Tribunal después de que haya sido declarada con lugar una recusación o firme la resolución que deniegue las recusaciones, nulidades o excepciones que se hayan presentado, el Presidente del Tribunal señalara audiencia, la que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes, para que las partes presenten la lista de los testigos y peritos con indicación de sus nombres y apellidos, profesión u oficio y dirección exacta y señalaran los hechos sobre los cuales deberán ser examinados los nominados como testigos.-En la misma audiencia propondrán, asimismo, los documentos y demás medios que sirvan para probar las pretensiones deducidas en el juicio y señalaran, en su caso, el lugar en que se encuentran.- Los medios de pruebas serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, útiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; con fundamento en ésta disposición propuse la prueba testifical siguiente a).M. C. R. T., b).-M. Á. R., c).-J. C. F. C., d).-I. S. T., e).- J. A. J. M., f).-L. A. P. V. y g).- J. S. R., con el correspondiente señalamiento de los hechos sobre los cuales deberían ser examinados durante el debate. Con tres de estos medios de prueba pretendía acreditar, las expresiones difamatorias y calumniosas de N. C. L..- Con los restantes testigos, las aseveraciones falsas y calumniosas de los Ediles Municipales; y con los medios de Prueba Documentales: 1).- Fotocopia de Certificación del Registro de la Propiedad 2).-Fotocopia de Instrumento Público número 58, 3).-Certificación de herencia testamentaria de mi padre D. M. V., 4).-Certificación de la declaración de heredero del querellante, 5).-Recibos de pago de bienes inmuebles,6).-Constancia de la Municipalidad de que son el propietario del terreno objeto de lotificación y venta, 7).-Testimonio de Escritura Pública del Juez de Paz de San Nicolás Santa Bárbara, 8).- Testimonio de Escritura Pública de fecha 10 de noviembre del año 1962 otorgada ante los oficios del Juez de Paz de San Nicolás S.B ,9) Fotocopia de los planos y acta de mensura del terreno objeto de debate en el juicio civil, con estos medios de prueba documentales les probaba a mis detractores que todas sus imputaciones eran falsas y dolosas; y con los medios de prueba también documentales consistentes en: 1) Fotocopia del falso documento presentado por el querellado N. C. L. en la demanda de deslinde y amojonamiento que solicita ente el Juzgado de Letras Segundo Departamental la que mención el Tribunal, 2) Fotocopia del Documento falso presentado por N. C. L. a la Corporación Municipal de San Nicolás S.B denominado comunicado, 3).- Sentencia dictada por el Juez Supernumerario del Juzgado de Letras Segundo departamental mencionada en la sentencia por el Tribunal,4).- Fotocopia de la nota suscrita por el señor I. S. T. en la que se expresa la duda que sembró en él N. C. L., sobre la legalidad del terreno que le di en venta, 5).- Inspección al expediente que obra en los archivos del Juzgado Segundo de Letras Departamental., con estos medios de prueba se pretendía acreditar la forma oral y escrita en que se me difamó ;1).- Con la copia de la Sentencia del Juzgado Segundo de Letras Departamental- 2).-Con la Copia de la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y 3) Con el escrito de contestación de agravios presentado ante la Corte de Apelaciones por E. C. M.-, los delitos de calumnia difamación e injurias por parte de este individuo . Pueden apreciar los Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, que todos y cada uno de estos medios de prueba en esta causa de carácter privado, están relacionados con los actos delictivos objeto de la querella, mediante los cuales se pretende demostrar la falsedad de mis detractores, en cuanto a la legitimidad de la propiedad, la inexistencia de prohibiciones judiciales, la mentira, la amoralidad y apropiación de inmuebles ajenos mediante el movimiento de mingos, como lo expresan mis difamadores, puesto que los mismos radican en la falsa imputación que se me hace, a) De que no soy dueño de los lotes de terreno que he dado en venta en la lotificación de mi legitima propiedad, b).-Que las personas que me han comprado son de buena fe y han sido engañadas y estafadas y que tenía conocimiento de los problemas de prohibiciones, ilícitos para esclarecer la legitimidad de la misma con N. C. L., quien a manifestado que es el propietario de dicha propiedad,.-c). De que la documentación que he presentado en la demanda de deslinde y amojonamiento es falsa, d) De que la propiedad esta proindiviso. e).De que he movido mingos para apropiarme de lo ajeno y otras falsedades que se señalan en la querella, por lo que considero que dicha pruebas son pertinentes, útiles, necesaria y no desproporcionadas para acreditar todos y cada uno de los extremo expuestos.- La testifical para acreditar todas y cada una de las expresiones difamatorias de N. C. L. y de los ediles querellados y el resto de la prueba documental, para acreditar cuales fueron los documentos utilizados y divulgados en la comisión del ilícitos, radicando con los mismos la existencia de los delitos que les imputo, de lo que resulta la carencia de precisión y la coherencia que dispone la disposición citada y no aplicada, por lo que procede la admisión de este motivo. QUINTO MOTIVO.-Por quebrantamiento de forma por no haber observado en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, que dice: El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1 2,..3) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean suficientemente contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida o allegada al juicio.-La sana crítica se fundamenta en las reglas de la experiencia, la psicología y la lógica.-Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados, Los de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboras de la ciencia; Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del Juzgador debe de guardar coherencia o sea concordancia entre sus elementos derivados de la necesidad de una razón justificada y adecuada para ser verdad, La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero incluido: la derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente, es decir que las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben de guardar adecuada correlación entre ellas, verdadera en cuanto al razonamiento que debe de derivar de elementos auténticos y suficientes en cuanto a los elementos básicos de las conclusiones valorativas que deben de ser aptos para producir razonamientos de convencimiento cierto del sujeto que se juzga.-El jurista VICTTORIO DENTI, dice que: en todos los ordenamiento procesales modernos, libre valoración de la prueba no significa tan solo exclusión de eficacia de las pruebas en sí, determinada en vía preventiva por el legislador, sino también valoración racional, realizada basándose en criterios objetivos verifícales, que, por tanto, no quedan librados a la arbitrariedad del juzgador, la falta de aplicación de ésta disposición es muy evidente para poder decir con propiedad que existe la infracción señalada, por lo que es procedente la admisión del motivo. SEXTO MOTIVO: Infracción por violación al Artículo 14, del Código Penal, por falta de aplicación .PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO.-Se describe a continuación los preceptos penales sustantivos que se invocan infringidos por falta de aplicación: ARTICULO 14 DEL CODIGO PENAL.- El delito es consumado cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal. La Doctrina define al DELITO como: acción, típica, antijurídica, culpable y punible. Desglosaremos este concepto: ACCION: Es todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. En los delitos contra el Honor consiste en la irriputación falsa de un delito a otra persona, entendiéndose por imputación hechos concretos y a título de autor o cómplice.- Cada acción voluntaria va dirigida a un fin determinado.- TIPICA: Significa que la acción corresponde a la descripción contenida en una norma penal.-Obviamente el legislador selecciona aquellas acciones u omisiones más lesivas para los bienes jurídicos más importantes y los amenaza con una pena, describiéndolos en el supuesto de hecho de una norma penal, cumpliendo de esta manera las exigencias del Principio de Legalidad, de lo anterior se desprende que la composición de los tipos penales delimita a priori todas las peculiaridades que presentan los diferentes tipos delictivos, cumpliendo ésta, se a cometido la que el artículo 155 establece claramente, qué consiste en la acción del delito de Calumnia y consta en autos que en la prosecución del presente juicio no fueron probadas ninguna de las expresiones falsas hechas por los imputados, expresiones que se subsumen claramente en el artículo supra indicado.- ANTIJURIDICA: Es un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del Ordenamiento Jurídico.- De lo anterior se refleja que las expresiones realizadas por los querellados, son típicas y además antijurídicas por ende estas acciones si dan lugar a una reacción jurídico penal que el Honorable Tribunal de Sentencia no considero al momento de emitir su Sentencia.- La comisión del delito consumado (Delito de Calumnia) en la que el autor no solo realiza todos los elementos típicos, sino que, además consigue satisfacer la intención que perseguía que en este caso consistió en imputar una serie de delitos a título de autores al querellante. Así las cosas deducimos que la existencia o inexistencia de Tipicidad se comprueba investigando en cual o cuales de los tipos penales puede subsumirse la conducta de los Querellados que analizó el Tribunal y luego determinar si concurren o no las diferentes características del correspondiente tipo que en este caso se encuentra en el Artículo 155 deL Código Penal, como ser el Delito de Calumnias.- Se impugna la absolución por el Delito de CALUMNIAS en vista de la no aplicación del, ya que para los querellados concurren todas las características Artículo 14 del Código Penal requeridas para el TIPO PENAL DE CALUMNIAS, dejado por parte del tribunal el análisis de la conducta de los querellados en cuando a que siempre profirieron dichas manifestaciones en contra del querellante que se subsumen en delitos que son perseguibles de oficio, los querellados no probaron en juicio que sus dichos eran verdaderos, quedando demostrado todas las características requeridas por el tipo Penal del DELITO DE CALUMNIAS. DIFAMACION E INJURIAS.- Expone el maestro mexicano MARIANO JIMENEZ HUERTA que “las figuras típicas geometrizan lo antijurídico corrigen la intuición, frenan la emoción y dotan al derecho penal de una mística noble y de una reciedumbre segura y grandiosa que cercenan los arrebatos de la ira, los despotismos, las arbitrariedades y demás excesos emotivos inherentes a la feble condición humana. Sus contornos y distarnos, sus limites y ampliaciones, sus fácticas formas y contenidos intrajurídicos, captan los fenómenos ilícitos más trascendentes y más adheridos a la vívida realidad social. Las figuras típicas no solo geometrizan lo antijurídico, sino que también sirven de fundamento a la culpabilidad jurídico penal, pues esta se basa en el aislado acto típico; severamente a través del acto típico se penetra en la intimidad del autor y se valora dicha intimidad conforme a las individualizadas normas de deber, que emanan de las normas de derecho”.- Por su parte, la Dra. O. I. de G. M. en su libro “Análisis lógico de los delitos contra la Vida” nos informa que la tipicidad es la correspondencia unívoca uno a uno entre los elementos del tipo penal y los contenidos del delito; es decir, entiende la Dra. Islas, que para cada elemento o presupuesto del tipo penal tiene que existir una porción del contenido del delito que satisfaga la semántica de aquél y para cada porción del contenido del delito ha de haber un elemento del tipo que requiera su concreta concreción. Cuando no quede satisfecho el requisito de la exacta adecuación al tipo legal, aparecerá la atipicidad.- El elemento de la tipicidad puede definirse como el encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la ley; en otras palabras, es la acuñación o adecuación de un hecho a la hipótesis legislativa. CELESTINO PORTE PETIT dice, que la tipicidad es: “la adecuación de la conducta al tipo, que se resume en la fórmula nullum crimen sine tipo”.- El tipo es, podemos decir, la descripción de una conducta hecha por el Estado a través de los preceptos legales penales, a través de la descripción que haga el Código Penal o la ley especial que así lo describa como una conducta penal. El tipo es, para muchos autores, la descripción de una conducta desprovista de valoración, es la descripción de la conducta y del resultado, quedando, por consiguiente, incluidas en el tipo, la acción y el resultado (casualismo).- El tipo es la descripción legal de un delito, y la tipicidad es la amoldación o amoldamiento de la conducta a la fórmula descrita por la ley o fórmula típica.- De lo anterior se desprende que los presupuestos del delito se pueden concretizar en el deber jurídico penal, bien jurídico penal, el sujeto activo del delito con sus elementos constituyentes, voluntariedad, imputabilidad, calidad de garante, calidad específica y pluralidad específica, sujeto pasivo con sus posibles alternancias calidad específica y pluralidad específica y el objeto material.- Para efecto de nuestra tesis nos referiremos a cuestiones específicas como el deber jurídico penal que comprende la prohibición o mandato categórico contenido en el tipo legal y lo establecido por Beling en cuanto a que la tipicidad no es otra cosa que encontrar en los hechos tenidos como probados la satisfacción de todos y cada uno de los presupuestos del tipo penal.- Por su parte F. M. Conde al referirse a los delitos contra el honor considera que la imputación u ofensa debe ser concreta y, con el “animus iniuriandi”, concreta en cuanto a que debe ser específica la frase, expresión o carácter simbólico que se una directamente a quien se considere ofendido.Al pretender subsumir la doctrina a los hechos tenidos como probados y su relación con el Artículo 157 del Código Penal, nos encontramos su total incongruencia que da por resultado un estado de atipicidad.- La sentencia impugnada al declarar los hechos tenidos como probados, incurre en las siguientes inconsistencias: a) Declara falsamente los hechos tenidos como probados, por lo tanto, se trata de hechos falsos, según los documentos que fueron tenidos como prueba aportada por la parte querellante.- b) En conclusión al especificarse la frase, expresión, palabra, alegoría o simbolismo que constituye el elemento concreto o la acción de deshonra, descrédito o menosprecio que reclama el Artículo 157 del Código Penal como presupuestos del delito y que esa misma expresión o acción haya sido dirigida en forma directa o indirecta de manera que no dejara duda que era en contra de la persona, como el caso de autos que va dirigida a mi persona, nos conduce a un caso de atipicidad al no satisfacer los presupuestos del tipo penal ni tener sujeto especifico en quien hacer recaer la acción, de manera que torna imposible tener como realizado el tipo penal invocado- las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medio de divulgación que concitaron en contra de ni persona el odio o el desprecio público.”- Para que una Calumnia o Injuria sea agravada por la Difamación, conforme al Artículo 160 del Código Penal, es necesario que se satisfagan dos presupuestos incorporados al tipo penal: a) Que se haga en forma o por medio de divulgación; y, b) Que pueda concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público.- Al establecer las reglas para la interpretación de la Ley, el Artículo 18 del Código Civil expresa que “Cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. El delito de Difamación como agravación de los delitos de calumnias o injurias, como decimos, tiene sus propios presupuestos: a) Que las imputaciones se hicieren en forma o por medio de divulgación. Art. 160 del Código Penal - b) Que esa publicación sea capaz de concitar en contra del ofendido el odio o desprecio público. Artículo 160 del Código Penal.- Para que exista el delito de Difamación es imperativo que se satisfagan los dos presupuestos que integran el tipo penal, sin que ninguno de ellos pueda dejarse a la imaginación o a los conocimientos personales del Juez por los principios de contradicción y objetividad de la prueba en que descansa el proceso penal, por cuanto corresponde a la defensa enervar los medios probatorios que se presenten para su satisfacción, el Juez no debe confundir esa solemnidad fijada en la Ley para tener por valedero un hecho con la aplicación de un método especial de valoración de prueba (la prueba tasada o libre convicción), porque al Juez toca calificar los hechos en base a lo desarrollado en el debate y concluir si estos hechos satisfacen al tipo penal, pero carece de autoridad para cercenar los presupuestos del tipo penal, dispensarle requisitos o ajustarlos a su leal saber y entender. Precisamente por eso, el sistema adoptado para la apreciación de la prueba, la justicia penal hondureña confía su administración a jueces letrados, para que las instituciones jurídicas no sufran menoscabo.- La sana crítica se necesita para que el Juez, aplicando sus reglas, pueda apreciar con cierta libertad científica los hechos conforme a los presupuestos del delito imputado y dar por realizado el tipo penal y es por ello que el principio de legalidad (Art. 1 del Código Penal) habla que las infracciones deben estar determinadas en una ley.- Las solemnidades exigidas en los presupuestos del tipo penal no pueden dejar de aplicarse por la voluntad del Juez. La sana crítica no abandona la solemnidad, sino que se funda en ella para tener como probado el hecho. Si esto no fuera así, jamás tendría sentido la prueba documental ni la diferencia entre el documento público y el privado.- El concepto de autor que registra el Artículo 32 del Código Penal al establecer que “Se considera autores a quienes toman participación directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen a otros a ejecutarlo y los que cooperan en la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”, constituye una problemática nada pacífica en la doctrina penalista para la imputación del tipo penal. Ello ha generado una serie de teorías que van desde el concepto unitario que no logra diferenciar entre el autor y el partícipe con la teoría de la equivalencia de las condiciones y su relación causal con el resultado; las teorías subjetivas que tampoco logran superar la inexistencia de diferencias entre autores y partícipes que no responden a las diferencias de la normativa penal que fija un estatuto desigual, considerando que tal diferencia se da en el plano subjetivo con el animus autoris si tiene voluntad de autor y el animus socii si esa voluntad es de participe, con el grave inconveniente de que la responsabilidad penal depende de la intención del sujeto; La teoría objetivo formal busca establecer una diferenciación entre autores y participes vinculada al principio de legalidad mediante la realización del tipo penal, de manera tal que será autor quien realice la conducta subsumible en el tipo de la parte especial y partícipe quien realice alguna aportación en el hecho que no pueda subsumirse en el tipo, creando el problema que no puede explicar a la autoría mediata y a la coautoría, hasta llegar a la teoría del dominio del hecho en su condición, como la anterior, de teorías restrictivas que formulan la diferenciación entre los autores y los participes.- El criterio diferenciador será entonces el dominio del hecho como el que pueda decidir los elementos esenciales de la ejecución del hecho mediante un criterio material que explique más satisfactoriamente los distintos supuestos de autoría y participación.- El control del hecho se realiza a través del dominio de la acción, de la voluntad o del dominio funcional que da como resultado la autoría directa unipersonal, teniendo como tal al sujeto que domina la acción realizando personalmente el comportamiento descrito en el tipo penal, tal es el criterio que nos informa el artículo 32 en su primera parte al definir como “autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho”.- En los casos de delitos de participación unipersonal no presenta mayores problemas; pero no sucede lo mismo cuando la comisión del delito reclama además del dominio de la acción, el dominio de la voluntad y el dominio funcional del hecho, como es el caso del delito de Difamación constitutivo de injurias (Arts. 157 y 160 del Código Penal).La Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias ha dejado establecido y que se debe mencionar, “que con los delitos de calumnia e injuria se tutela uno de los bienes jurídicos más preciados el honor el cual como bien ha sostenido la doctrina, resulta uno de los bienes más difíciles de aprehender desde el punto de vista jurídico- penal, pues la existencia de un ataque al honor depende de múltiples factores; la sensibilidad, grado cultural, formación, tanto del sujeto activo como del pasivo de las relaciones reciprocas entre ambos.., todas las formas de aparición del honor se conducen a la perspectiva de un concepto objetivo unitario: entendido como la fama o reputación social del cual es merecedor una persona dentro de la sociedad y que le es necesario para su desarrollo dentro de la misma. Completado con un concepto subjetivo: que es la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia estimación en sociedad. Para sancionar punitivamente las acciones lesivas al honor ya la normativa penal establece una descripción típica dentro de la cual deben encuadrarse las conductas lesivas, de acuerdo al ArtÍculo 155 del Código Penal “La calumnia o falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio, será penada con reclusión de dos (2) a tres (3) años”. Doctrinalmente se viene entendiendo que la imputación falsa de un delito debe ser de manera concreta, terminante y contener los elementos requeridos para definir el delito que se atribuya a otro, las expresiones difusas o genéricas,” no se consideran calumnias, en ese sentido la descripción del artículo 155 mencionado es consecuente, y del mismo se desprende que, la imputación calumniosa requiere que se atribuya un delito determinado o al menos determinable como un hecho real, no basta con atribuir un delito según la calificación exclusivamente penal, pues se requiere que la determinación se establezca en virtud de las circunstancias fácticas que sirvan para permitir la determinación. De igual manera el mencionado artículo 155 exige objetivamente que la imputación hecha sea falsa, requiriéndose por su parte en el tipo subjetivo el conocimiento de la falsedad. Así, la doctrina dominante sostiene que para que se de el tipo subjetivo del delito de calumnias “Es necesario que el sujeto tenga conocimiento de la falsedad de lo que imput, en todo caso el dolo debe abarcar la conciencia de la falsedad de la imputación, y el animus iniurandi la asunción de las consecuencias dañosas para el honor que resulten de la imputación, y que la imputación objetivamente falsa, se haga con temerario desprecio de la verdad”.- La infracción por violación o falta de aplicación que se invoca es evidente y se ha dado al dejar pasar por alto la existencia de una norma que regule la relación jurídica que se debate, o se niega en forma deliberada a aplicarla no obstante su evidente validez, todo esto resulta necesariamente partiendo de los hechos probados que se dicen en la sentencia.- En el presente caso, de los hechos probados no es posible desprender de forma clara que los querellados no tenían conocimiento de la falsedad que imputaban, o sea que ha quedado debidamente establecido la conciencia y voluntad de las mentiras de sus imputaciones, pues se puede establecer del cuadro fáctico que las manifestaciones vertidas por los querellados resultaban para el querellante objetivamente falsas, con evidente desprecio de la verdad, por lo que procedió a presentar la denuncia con el señalamiento de los hechos dado el ánimo de los querellados de imputar falsamente un delito, y analizando el cuadro fáctico, quedó establecido que los querellados tenían plena conciencia de que las imputaciones vertidas eran falsas y que por ello asumían las consecuencias perjudiciales para el honor que resultaban de las imputaciones exteriorizadas,. En consecuencia procede se declara con lugar ese motivo de casación, por falta de aplicación del artículo 155 del Código Penal, al quedar establecido que el A quo, niegue de forma deliberada aplicar dicha norma a los hechos que dice probados, consignados en el fallo. SEPTIMO MOTIVO .POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.-Concretamente del Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, EN RELACION CON EL Artículo 4 párrafo primero del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 361 del Código Procesal Penal, que dice: RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.-En todos los casos en que, con arreglo a éste Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. El Artículo 4 del Código Procesal Penal dice: Principio de Contradicción.- Salvo que el presente Código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público y en él regirá el principio de contradicción. Explicación.-El quinto principio que rige el debate conforme lo dispone el artículo 4 citado, es el de contradicción. La contradicción implica la igualdad de armas en el juicio y posibilidad de que todas las partes puedan intervenir en la práctica de la prueba en las mismas condiciones, esta es la garantía genérica del debido proceso que consigna el articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que nos da ese derecho como partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución y demás leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y que se dicte por órganos judicial competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Estas garantías concretan una serie de derechos establecidos a favor de las partes de manera que estas puedan intervenir en el mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, dentro de estas garantías se incluyen entre otras: a) la imparcialidad del Juez; b) la igualdad de armas en el juicio a utilizar con los medios de prueba pertinentes; c) al derecho de obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, como lo disponen los Artículos 4; el Artículo 12 párrafo primero del Código Procesal Penal, que dice: Lealtad para con la justicia. Los juzgados y demás tribunales en el proceso penal actuaran con absoluta lealtad a la justicia. El Artículo 13 del mismo código dice: Igualdad de los intervinientes, podrán apreciar la Honorable Sala de lo Penal al escuchar las grabaciones que las tres garantías que se han mencionado entre otras, han sido conculcadas por el Tribunal de Sentencias desde el momento que por unanimidad sin ningún auto motivado, resuelve en cuanto a la prueba testifical de siete testigos que propuse, para acreditar la comisión de los delitos de CALUMNIA, DIFACION E INJURIAS, contra N. C. L. y su apoderado e inductor directo E. C. M. y los dos funcionarios públicos que se desempeñan como Regidores en la Municipalidad de san Nicolás SB, únicamente admitió la declaración de los testigos M. C. R. T., M. A. R. E I. S. T., a los que no se permitió ser interrogados de conformidad con los hechos señalados que deberían ser examinados, infringiendo con ello lo preceptuado en el Artículo 317 del Código Procesal Penal, fue notorio el hecho que los dos primeros testigos por temor declararon no saber nada del asunto a pesar de tener pleno conocimiento de todos y cada uno de los hechos, lo que atribuyo a alguna amenaza recibida dada la inseguridad de toda naturaleza que prevalece en el país, y al no admitir la declaración de los testigos DE J. C. F. C., J. A. M., L. A. P. V. Y J. S. R., y la prueba documental, aduciendo que son desproporcionas, en contravención a lo dispuesto en el artículo 199 del Código Procesal Penal, que textualmente dice: Medios de Prueba Permitidos.- Los hechos y las circunstancias relacionadas con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en éste código, siempre que se sean objetivamente confiables.-En lo no previsto en este código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje.-Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y refieren directa o indirectamente, al objeto de la investigación,; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni se manifieste excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir, la prueba testifical propuesta, considero que es pertinente y no desproporcionada porque se refiere a las diferentes actuaciones y colusión de los imputados, lo mismo que la prueba documental con la que se acredita que soy el legítimo propietario del inmueble que los imputados adjudican a otras personas, que existen prohibiciones del Juzgado de Santa Bárbara y que no está en litigio dicha inmueble, la prueba es pertinente porque están relacionadas con los delitos objeto del proceso y los demás medios de prueba documental hace referencia a los documentos utilizados por los querellados para difamarme, calumniarme e injuriarme en público y ante los tribunales de lo civil, considero necesario aclarar que en los delitos de orden privado la acción está a disponibilidad de las partes y serán estas las que soliciten las cuestiones o pretensiones que quieren que el juez resuelva, no pudiendo el tribunal de mutuo propio, pronunciarme más allá de lo solicitado por estas, campo en donde le estaba vedado al Tribunal intervenir oficiosamente, salvo excepcionalmente en los casos permitidos por la ley.-En el presente caso existe una querella en donde se someten a su conocimiento determinados actos de civiles y funcionarios públicos, no pudiéndose salir al momento de dictar su sentencia del ámbito del cuadro fáctico descrito en la misma.-Se hace evidente la parcialidad del Tribual al no admitir la prueba documental que propuse, a saber: a) La copias de la sentencia dictada por el Juez Segundo Supernumerario Departamental, b).copias de la contestación de agravios presentada por E. C. M., ante la Corte de Apelaciones, c).-Copia de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones anulando la sentencia dictada por el Juez Segundo Supernumerario, pero en cambio sí le fueron admitidos estos mismos medios e prueba al imputado E. C. M. y algo más el Tribunal admite dos certificaciones integras de actas números 162 y 163 de fechas 4 y 13 respectivamente del mes de agosto de 2013, presuntamente contentivas de las exposiciones y resoluciones dictadas en esas fechas por la Municipalidad de San Nicolás, S.B, Certificaciones de actas que a pesar de ser íntegras, no fueron firmadas por el señor Alcalde y los Regidores, ni la secretaria que de fe de dichas actuaciones como lo dispone el Artículo 35 de la Ley de Municipalidades, documentos que considero son ilícitos o falsos y el tribunal procede a admitirlas a pesar de la oposición presentada en el momento oportuno,( folios 110 al 114) Esto sin lugar a dudas evidencia a parcialidad del Tribunal y me pone en una situación de desigualdad de armas procesales a utilizar como pruebas pertinentes y finalmente se me violenta el derecho de obtener una respuesta motivada de mis pretensiones; contra tales arbitrariedades, se hicieron en su oportunidad los reclamos o protestas correspondientes, las que consta en las grabaciones magnetofónicas que solicito a ese Tribunal Acompañarlas el recurso interpuesto para que las escuchen los Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal. En base a lo expuesto es evidente que no ha existido) el debido proceso, en consecuencia se ha infringido el precepto constitucional invocado Artículo 90, lo mismo que los Artículos 4, 12 párrafo primero, 13, 317 y 199 del Código Procesal Penal y el artículo 35 de la Ley de Municipalidades, por lo que considero que es procedente la admisión de este motivo, decretando la nulidad de los actos procedimentales a partir de la audiencias de proposición de pruebas (folios 118), CONFORME LO DISPONE EL Artículo 166 numeral 5, 6 y 7 del Código Procesal Penal.” V.- DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA. DENUNCIA LA NO APLICACION DEL ARTICULO 155, 161 EN RELACION CON LOS ARTICULOS 240 Y 242 NUMERAL 5 DEL CODIGO PENAL. I. Establece el Artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar cómo se configura el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el Artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los Hechos Probados. b) Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por Infracción de Precepto Sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Bajo este Título, el Recurrente denuncia la infracción de los Artículos 155, 161 en relación con los artículos 240 y 242 numeral 5 del Código Penal. II. Que es el caso que el Recurrente, en la explicación del motivo, hace una relación confusa y poco tangible de argumentos, por cuanto, alejándose de una deseable técnica recursiva, pasa de la censura por inobservancia de las normas enumeradas, a la cita de medios de prueba reproducidos en juicio –impropio en el Recurso de Casación por Infracción de Ley-, conjugándolos con valoraciones de índole subjetivo totalmente inapropiadas en el sustento de este tipo de recurso de casación, por lo que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en este motivo. VI. DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA INFRACCION POR VIOLACION AL ARTICULO 156 EN RELACION CON EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL.- I. Señala el Recurrente que de conformidad con la sentencia impugnada, que condujo al Tribunal a Absolver a los Querellados N. C. L., A. A. R. A., J. J. T. A. y E. C. M., por su participación a título de autores del Delito de CALUMNIAS constitutivas de DIFAMACION, en su perjuicio, es claro y evidente que en dicha parte resolutiva del fallo recurrido, se ha violado el Artículo 156 del Código Penal por falta de aplicación, en virtud de que los Querellados no presentaron ningún medio para probar sus imputaciones, como lo dispone el Artículo 158 que también se dejó de aplicar a pesar de lo expresado en la sentencia en el título HECHOS PROBADOS. II. Según la normativa Procesal Penal vigente, cuando se conoce un Recurso de Infracción de Ley se trata justamente de examinar si en la descripción de los Hechos Probados establecida por el Tribunal de Instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunciòn del hecho en el derecho, pues el Principio de Intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. En el presente caso el Recurrente señala los Artículos que a su criterio han sido violentados, pero no expone en que parte del cuadro fáctico plasmado por el Tribunal de Instancia en la sentencia, considera existe la infracción a los preceptos penales que debieron ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica según su entender, más bien parece confundir la técnica recursiva para el planteamiento del motivo alegado al traer consideraciones de falta de prueba de la sentencia que deben ser planteados dentro del Recurso por Quebrantamiento de Forma, en consecuencia de lo anterior se declara sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo, invocado por el Recurrente. VII. DE LA PROCEDENCIA DEL TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- DENUNCIA INFRACCION POR VIOLACION AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL. I. El Recurrente señala como infringido por falta de aplicación el ARTICULO 160 DEL CODIGO PENAL, en virtud de que el FALLO impugnado que condujo a ese Tribunal a Absolver a los querellados por su participación a título de autores del Delito de DIFAMACION, CONSTITUTIVA DE INJURIA Y CALUMNIA en su perjuicio, es claro y evidente que en la parte resolutiva del fallo recurrido, se ha violado el artículo antes citado por falta de aplicación, en virtud de que el Tribunal de Sentencia en la valoración de la Prueba no tomo en consideración, que los dichos o manifestaciones realizadas por los Querellados vertidos ante sesiones públicas de la Corporación Municipal de San Nicolás S.B el 13 de agosto del 2013 y en los Tribunales de Justicia, son abundantes pruebas con las que se ha acreditado la comisión del delito de Difamación, constitutiva de injuria y calumnia, por lo que con los medios de prueba allegados al juicio quedó plenamente acredita la acusación con la concurrencia del elemento objetivo del tipo de acusación, esto es la imputación que de un delito perseguido de oficio, por habérsele acusado directamente de cometer el delito que disponen los artículos 240 y 242 numeral 5 del Código Penal.
II. Según nuestra Normativa Procesal Penal, el Recurso de Casación por Infracción de Ley procede cuando “dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada……”; en el caso de Autos, el Recurrente se limitó a señalar el Artículo de la norma sustantiva que a su parecer ha sido infringido; y después hizo cuestionamientos a la valoración de la prueba que hizo el Tribunal A Quo, pero no expuso en que parte del cuadro fáctico plasmado en la sentencia existe la infracción al precepto penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica, requisito indispensable para que esta Sala de lo Penal pueda ejercer debidamente el control casacional, lo que no es posible en este caso ya que la Recurrente no expuso de forma clara porqué el precepto penal que supone infringido, no está de acuerdo con los Hechos Probados de la Sentencia y, como ya se dijo, centró su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación con el cuadro fáctico, lo que imposibilita a esta Sala poder pronunciarse en relación a la supuesta Infracción de Ley indicada como Tercer Motivo. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar este Tercer Motivo de Casación por Infracción de Ley. VIII. DE LA PROCEDENCIA DEL CUARTO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA POR LA NO APLICACIÓN DEL ARTICULO 338 REGLA CUARTA NUMERAL UNO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Manifiesta el Recurrente que se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1.-DECLARACION DE HECHOS PROBADOS.-En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. Señala el Censor que es evidente en la sentencia impugnada, la no aplicación de esta disposición ya que no consta que la declaración de los hechos probados se haya hecho en párrafos separados y numerados como lo manda la disposición citada, y que se haya hecho la declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados con la claridad, precisión y coherencia, pues únicamente se contrae a expresar que con fecha 27 de agosto del año 2012, se presento a dicho tribunal querella contra N. C. L., J. J. T. A., Á. A. R. A. y E. C. M., acusando a los tres primeros por el delito de calumnia y al último por el delito de injuria o difamación y calumnia, pero al momento del juicio oral y público formalizo contra todos la acusación por el delito de calumnia y difamación o injuria. En consecuencia no se hizo ninguna declaración expresa y terminante de los hechos que dice se consideran probados, mucho menos que se hiciera una descripción con claridad, precisión y coherencia de los mismos, en base a la querella de carácter privado que fue presentada. II. Esta Sala de lo Penal, observa que la norma indicada como vulnerada por el Motivo de Casación, es una norma de naturaleza típicamente procesal y no una norma material o de Derecho Penal Sustantivo. El recurrente equivoca la vía recursiva, pues al no tratarse de una norma penal o de carácter sustantiva, impide o hace imposible a esta Sala emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Por lo expuesto, lo procedente es desestimar el motivo de casación invocado por el Recurrente. IX. DE LA PROCEDENCIA DEL QUINTO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EN LA VALORACION DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Señala el Recurrente que las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica, y que el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida o allegada al juicio, y que la Sana Crítica se fundamenta en las reglas de la experiencia, la psicología y la lógica. II. La Sala Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del Recurrente, analizando la exposición a efecto de detectar si efectivamente en su censura logra explicar como no se observaron las Reglas de la Sana Crítica y cuales son las reglas infringidas, en consecuencia realiza la apreciación siguiente: 1) El Impetrante se limita a expresar los conceptos que conforman cada una de las Reglas de la Sana Crítica en relación a la Experiencia, la Psicología y la Lógica, limitando su censura a cuestiones conceptuales y doctrinales no explicando en ningún momento en que consiste la violación de las Reglas de la Sana Crítica. 2) Es criterio jurisprudencial de la Sala que el Recurrente deviene obligado a señalar concretamente que Regla de la Sana Crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo, señalamiento que no ha verificado el Recurrente, como tampoco ha señalado en relación a que medios de prueba se da, razón por la cual se dificulta para el Tribunal de Casación el examen del motivo. Con lo expuesto se desestima el motivo de casación invocado por el Recurrente. X. DE LA PROCEDENCIA DEL SEXTO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA POR LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 14 DEL CODIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El Recurrente invoca como infringidos por Falta de Aplicación del Artículo 14 DEL CODIGO PENAL, al tiempo que señala que el delito es consumado cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal, manifiesta también el Recurrente que la Doctrina define al DELITO como: acción, típica, antijurídica, culpable y punible, y luego pasa a desglosar cada uno de los conceptos que conforman el mismo, en razón de lo anterior el Recurrente remarca que se ha cometido la acción delictiva que el artículo 155 establece claramente, qué consiste en la acción del Delito de Calumnia y que consta en autos que en la prosecución del presente juicio no fueron probadas ninguna de las expresiones falsas hechas por los imputados, expresiones que se subsumen claramente en el artículo supra indicado, por lo se refleja que las expresiones realizadas por los querellados, son típicas y además antijurídicas por ende estas acciones si dan lugar a una reacción jurídico penal que el Honorable Tribunal de Sentencia no considero al momento de emitir su Sentencia, como lo es la comisión del delito consumado (Delito de Calumnia) en la que el autor no solo realiza todos los elementos típicos, sino que, además consigue satisfacer la intención que perseguía que en este caso consistió en imputar una serie de delitos a título de autores al querellante, por lo que se impugna la absolución de los querellados cuando concurren todas las características del Artículo 14 del Código Penal requeridas para el tipo Penal del DELITO DE CALUMNIAS. DIFAMACION E INJURIAS. Asimismo el Recurrente expone que La infracción por violación o falta de aplicación que se invoca es evidente y se ha dado al dejar pasar por alto la existencia de una norma que regule la relación jurídica que se debate, o se niega en forma deliberada a aplicarla no obstante su evidente validez, todo esto resulta necesariamente partiendo de los hechos probados que se dicen en la sentencia.- En el presente caso, de los hechos probados no es posible desprender de forma clara que los querellados no tenían conocimiento de la falsedad que imputaban, o sea que ha quedado debidamente establecido la conciencia y voluntad de las mentiras de sus imputaciones, pues se puede establecer del cuadro fáctico que las manifestaciones vertidas por los querellados resultaban para el querellante objetivamente falsas, con evidente desprecio de la verdad, por lo que procedió a presentar la denuncia con el señalamiento de los hechos dado el ánimo de los querellados de imputar falsamente un delito, y analizando el cuadro fáctico, quedó establecido que los querellados tenían plena conciencia de que las imputaciones vertidas eran falsas y que por ello asumían las consecuencias perjudiciales para el honor que resultaban de las imputaciones exteriorizadas. II. El Recurrente plantea su Recurso de Casación por Infracción de Ley, y de manera totalmente confusa arguye que se debió condenar a los Querellados, discurriendo el Recurrente en un planteamiento difuso en el cual relaciona aspectos propios de la naturaleza del caso procesal referido a los delitos por los cuales interpuso su Querella, de igual forma expone argumentaciones referidas a lo que es el Delito en relación a la Autoría del Delito. III.- Claramente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, de acuerdo a la normativa procesal penal procede; “cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma de carácter sustantivo, que deba ser observado para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. La Sala de lo Penal, ha reiterado que cuando se conoce un Recurso de Casación por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunciòn del hecho en el derecho, ya que el objetivo preciso del Recurso por Infracción de Ley, lo es el relato de hechos probados en la sentencia que deben ser descritos en el fallo de manera clara y precisa conteniendo un relato fáctico que permita adecuarlos a una hipótesis normativa. Debiéndose respetar los hechos probados, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. En el caso examiné, el Recurrente no plantea sus alegatos con la debida técnica, propia del recurso invocado, ya que igualmente en este motivo de casación se aprecia falta de claridad y precisión al momento de plantear el mismo, incluso el censor al momento de explicar el motivo se limita a realizar una cita del artículo 14 del Código Penal, pero en ningún momento desarrolla el sentido de la infracción, no realiza el parangón entre norma y hecho probado a efecto de demostrar el vicio de juicio, no intenta demostrar ante el Tribunal de Casación el error de subsunción en que consiste la falta de aplicación, haciendo imposible el abordaje del recurso pues se dedica a realizar alegatos propios de instancia, no explicando en manera alguna como es que dados los hechos declarados probados se colige la infracción de un precepto penal por falta de aplicación, por lo tanto, se torna inadmisible dicho motivo. XI. DE LA PROCEDENCIA DEL SEPTIMO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. ARTICULO 90 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EN RELACION CON EL ARTICULO 4 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Manifiesta el Recurrente que el Sentenciador ha violentado las garantías de: a) la imparcialidad del Juez; b) la igualdad de armas en el juicio a utilizar con los medios de prueba pertinentes; c) al derecho de obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, garantías que han sido conculcadas por el Tribunal de Sentencias desde el momento que por unanimidad sin ningún auto motivado, resuelve en cuanto a la prueba testifical de siete testigos que fueron propuesto para acreditar la comisión de los delitos de CALUMNIA, DIFACION E INJURIAS, contra N. C. L. y su apoderado e inductor directo E. C. M. y los dos funcionarios públicos que se desempeñan como Regidores en la Municipalidad de San Nicolás Santa Bárbara, únicamente admitió la declaración de los testigos M. C. R. T., M. A. R. E I. S. T., a los que no se permitió ser interrogados de conformidad con los hechos señalados que deberían ser examinados, infringiendo con ello lo preceptuado en el Artículo 317 del Código Procesal Penal, ya que fue notorio el hecho que los dos primeros testigos por temor declararon no saber nada del asunto a pesar de tener pleno conocimiento de todos y cada uno de los hechos, lo que atribuye a alguna amenaza recibida dada la inseguridad de toda naturaleza que prevalece en el país, y al no admitir la declaración de los testigos J. C. F. C., J. A. M., L. A. P. V. Y J. S. R., y la prueba documental, aduciendo que son desproporcionadas, en contravención a lo dispuesto en el artículo 199 del Código Procesal Penal. II. Argumenta el Recurrente, que la prueba testifical propuesta, la considera que es pertinente y no desproporcionada porque se refiere a las diferentes actuaciones y colusión de los Imputados, lo mismo que la prueba documental con la que se acredita que es el legítimo propietario del inmueble que los Imputados adjudican a otras personas, que existen prohibiciones del Juzgado de Santa Bárbara y que no está en litigio dicho inmueble, que la prueba es pertinente porque están relacionadas con los delitos objeto del proceso y los demás medios de prueba documental hace referencia a los documentos utilizados por los querellados para difamarlo, calumniarlo e injuriarlo en público. Asimismo señala el Recurrente que considera necesario aclarar que en los delitos de orden privado la acción está a disponibilidad de las partes y serán estas las que soliciten las cuestiones o pretensiones que quieren que el juez resuelva, no pudiendo el tribunal de mutuo propio, pronunciarme más allá de lo solicitado por estas, campo en donde le estaba vedado al Tribunal intervenir oficiosamente, salvo excepcionalmente en los casos permitidos por la ley. III. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.__ En Relación A la Denuncia de la Violación del Principio Del Debido Proceso: Habiéndose señalado al Debido Proceso Penal como el principio violentado, es conveniente indicar que éste se encuentra regulado por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley. Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. En el caso de examine los Juzgadores al momento de la audiencia de proposición de pruebas, en cuanto a la proposición de la prueba testifical propuesta por la parte Querellante, el Tribunal de Instancia determino admitir el Abogado R. R. M., tres declaraciones testifícales de las siete que el Abogado había propuesto, concediéndole al el derecho de el Abogado eligiese entre los siete que propuso, por considerar el Tribunal que dicha cantidad es desproporcionada e impertinente en relación a las pretensiones probatorias, acción que cuestiona esta Sala, en virtud de que el Tribunal en lugar de estimar la referida desproporcionalidad, debió de proceder al análisis de los medios de prueba testifical, considerando la fuente de la información que reproducen (percepción directa por los sentidos o por referencia de un tercero), de la confiabilidad, espontaneidad, seguridad incluyendo tono de voz, lenguaje corporal, y demás posturas del testigo en la audiencia de debate que solo la inmediación permite valorar, de la coherencia interior del relato y de su concordancia o discordancia con otros medios de prueba, los juzgadores hacen in portos una manifestación de rechazo por considerar que la prueba analizada de previo les ha llevado a un convencimiento que no permite su revisión (reafirmándolo o descartándolo) con la inclusión y análisis de otros medios de prueba. Es importante señalar que la cúspide el sistema judicial probatorio es la valoración conjunta, porque la convicción judicial no puede formarse con el examen aislado de un medio de prueba o con la apreciación de solo una parte de los medios de prueba, sino que debe de incluir el análisis de “la masa probatoria”, como un conjunto articulado que, tal cual fuera minúsculas piezas de un rompecabezas, permiten al final ver una imagen global contextualizada del caso. VI.__ Procedencia del Recurso de Casación: El Recurso es de Recibo: Considera el Tribunal de Casación que en el presente caso existió violación al Debido Proceso por infracción de las normas procesales contenidas en los Artículos 90 constitucional y 317 del Código Procesal Penal, por lo que esta Sala considera que se ha faltado al debido razonamiento probatorio cuando los juzgadores solo determinan apreciar tres declaraciones testifícales de un universo de siete que habían sido propuestos, descartando las declaraciones de otros testigos de los hechos que podrían relatar y que sus declaraciones podrían ser confrontadas, ocasionando que al final un tercero ajeno no sepa el porqué el sentido de desproporcionalidad en que se fundamento el Tribunal de Sentencia. Por lo expuesto corresponde declarar con lugar el motivo del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional presentado, el cual por estar relacionado a aspectos del proceso conllevan a la Nulidad de la Sentencia Impugnada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 360, 361, 362, 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando Sin Lugar los Motivos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado R. R. M. M.. SEGUNDO: Declarando Sin Lugar el Motivo Quinto por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado R. R. M. M.. TERCERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su Séptimo Motivo, interpuesto por el Abogado R. R. M. M. quien actúa en causa propia. SEGUNDO: Decretando la NULIDAD de la sentencia impugnada de fecha cuatro (04) de Febrero del año dos mil trece (2013) y del debate que le origina celebrado en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil trece (2013). MANDA: PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha cuatro (04) de Febrero del año dos mil trece (2013). SEGUNDO: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- ABOG. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- ABOG. JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- ABOG. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha diecinueve días del mes de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-153-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”