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Sentencia CP-145-14 — Registro 6376

Resumen

En primera instancia se absolvió a la imputada por delito de aborto.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."DECISIÓN Esta Sala de lo Penal considera que en el presente caso las razones vertidas por el Juzgador para dota de pleno valor incriminatorio a las pruebas de cargo, consistente en la declaración de las testigos Dra. M. L. M. A., quien practicó examen físico a la acusada, y Dra. J. S. R. P.,  médico que le practicó el legrado, en el Hospital Regional Atlántida, de La Ceiba, y el Peritaje rendido por el Doctor R. S. A., en su Dictamen Médico LC-316-11 de fecha 11 de mayo de 2011, y demás prueba de cargo, son débiles, inconsistentes e insuficientes. Esta Sala encuentra que en el presente caso, no existen indicios suficientes debidamente comprobados, independientes a lo declarado por las testigos en mención, de las cuales sea posible derivar, más allá de toda duda razonable, que la acusada E. M. R., al conocer que su menstruación se había suspendido por cinco días y después de hacerse la prueba de embarazo, que el novio le proporcionó unas pastillas de un medicamento  llamado “Citotec”, ella ingiere dos y se introduce otras dos por vía vaginal, resultando poco después con dolores y sangrado, por dos días seguidos, por lo que acude a la emergencia del Hospital Atlántida, en búsqueda de asistencia médica. Esta Sala considera que el Ministerio Público no alcanzó a probar por medios científicos, a través de  análisis de sangre y de histopatología, practicados a la encausada E. M. R., para concluir que la existencia del mencionado medicamento denominado: “Citotec”, en el cuerpo de la acusada, como causa inequívoca que habría provocado de forma inevitable la muerte del embrión, ni comprobado el tiempo que tenía el embrión de haber muerto en su útero de la acusada. Esta Sala considera que la prueba evacuada en el proceso, es insuficiente, pues con la misma no es posible llegar a la certera conclusión, de que en realidad la acusada había consumido el medicamento con efecto abortivo aludido, en virtud de que con las declaraciones rendidas en juicio por los testigos (médicos) de cargo, resulta que ninguna de ellas al practicar el examen físico a la acusada, encontraron rastros de dicho medicamento en la sangre o demás órganos de la evaluada. Tampoco existe suficiente prueba directa e indiciaria de cargo, para concluir de forma asertiva, que la perdida del embrión no se tratara de una expulsión espontánea del feto o producto no nato, o si cuando la acusada había tomado el medicamento el embrión estaba aún vivo o sin vida dentro del vientre de la acusada, como para concluir en una la participación dolosa de la acusada en el hecho de que se le acusa. Esta Sala concluye que con la prueba directa, indiciaria no se ha logrado establecer claramente un nexo causal inequívoco, entre la conducta de la acusada, y un aborto intencionalmente provocado por ella misma, por no haber sido confirmado mediante prueba objetiva, confirmada científicamente que esta en realidad haya ingerido el medicamento denominado Citotec. Este tribunal de alzada, considera que en el presente caso, el Juzgador ha valorado adecuadamente la prueba directa o de los indicios, mimos que son imprecisos, y poco concluyentes, para alcanzar una decisión distinta a la sentencia absolutoria dictada por el A Quo a favor de la acusada. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar, el motivo de Casación de Quebrantamiento de forma, por  no haberse vulnerado las reglas de la sana crítica lógica, en su postulado de derivación,  invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de julio de dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, quien actúa como Coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-145-2014 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de octubre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: ABSOLVIENDO a la joven E. M. R. V., del delito de ABORTO, en perjuicio de UN NO NATO.2) NO CONDENO en costas al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formas, la Abogada S. G. V., en su condición de Fiscal el Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada S. G. V., Fiscal el Ministerio Público, como parte recurrente; y, la Abogada N. C. F., Apoderada Defensora de la acusada E. M. R. V., como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Valorando la prueba practicada en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNO.-Que en fecha nueve de mayo del dos mil once, a las diez y treinta minutos de la noche, la señora E. M. R. Valderramos, llegó al Hospital Regional Atlántida, de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, quien se encontraba en estado de gravidez, con una edad gestacional de ocho semanas un día, con sintomatología de aborto incompleto, por huevo muerto retenido y sangrado moderado, por lo que fue ingresada a la Sala de Ginecología del Hospital Atlántida, en donde en fecha diez de mayo de dos mil once, se le practicó un procedimiento medico de AMEU (aspiración manual endo uterina), extrayéndose abundantes restos placentarios, siendo dada de alta en esa misma fecha a la una de la tarde.” III. RECURSO DE CASACIÓN LA RECURRENTE ABOGADA S. G. V., ACTUANDO EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:”I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para el sentenciador la resolución en la presente causa se fundamenta en que la prueba aportada a juicio no fue suficiente para establecer que E. M. R. V., haya realizado actos propios tendientes a causar el aborto del embrión que llevaba en su vientre, por lo que a su criterio, procede imperativamente declarar la absolución de la encausada. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto. El ente Fiscal allegó al proceso prueba, testifical, pericial y documental de las cuales cabe mencionar las siguientes consideraciones: La testigo M. L. M. A. (Médico) manifestó que el día en que E. M. R. fue ingresada al Hospital Regional Atlántida, ella se encontraba de turno, su labor consistía en realizar la admisión de los pacientes, por lo que le practicó un examen físico a la hoy imputada, quien le manifestó que había tomado un medicamento llamado Citotec y que además se lo había aplicado vía vaginal que había tenido sangrado y dolor y por eso había acudido a emergencia. La testigo también refirió que el medicamento Citotec en una mujer embarazada aumenta la actividad uterina y puede haber expulsión del producto de la concepción; agregó que una persona en estado de embarazo con un bebé muerto si no recibe atención médica podría poner en peligro la vida de ella ya que no puede estar allí por mucho tiempo; sin embargo manifestó que al momento de su ingreso la paciente entró caminando, con signos vitales estables, consiente y lúcida. En similares términos declaró la doctora J. S. R. P., quien fue la médico que practicó el legrado a la procesada, indicando que las pastillas Citotec tienen como efecto el producir contracciones y aunque no puede determinar si el producto murió antes o después de la ingesta y aplicación de las pastillas Citotec, si manifestó que “una vez que una paciente tiene un producto muerto sin practicarle un Ameu (legrado) podría provocar una infección con peligro de muerte en la paciente sí no se trata a tiempo”. Por su parte el Perito R. S. A., compareció a ratificar el Dictamen Médico LC-316-11 de fecha 11 de mayo de 2011, y expresó que la joven E. R. al momento de elaborar la historia clínica ésta indicó que ingirió dos pastillas de Citotec y se introdujo dos pastillas de este mismo medicamento vía vaginal, iniciando con un sangrado transvaginal el mismo día de la ingesta, continuando con el sangrado por dos días, por lo que decidió buscar ayuda hospitalaria, concluyendo el perito que el aborto es criminal, esto debido a que si el producto hubiese muerto antes de la ingesta del Citotec, el riesgo de un proceso infeccioso se hubiera incrementado, y que los hallazgos encontrados demuestran que los restos placentarios eran abundantes y no fétidos. Además se expresó, al igual que las doctoras R. P.. y M. A., que el medicamento Citotec, es utilizado para inducir el trabajo de parto, ya que provoca la maduración cervical y el inicio de la actividad uterina. De la prueba antes descrita, podemos apreciar que las dos testigos y el Perito (Médicos de profesión los tres) coincidieron en que la acusada les refirió que al darse cuenta de que su menstruación se había suspendido por cinco días procedió a hacerse una prueba de embarazo y luego al contarle a su novio, éste le proporcionó las pastillas llamadas “Citotec”, de las cuales ingirió dos y se introdujo otras dos por vía vaginal, resultando poco después con dolores y sangrado, por lo que acudió a la emergencia del Hospital Atlántida. Al hacer una valoración conjunta de la prueba el Juzgador señaló que “Si bien es cierto el Ministerio Público acreditó que la encausada en fecha nueve de Mayo de dos mil once al presentarse al Hospital Regional Atlántida presentaba síntomas de un aborto incompleto y no obstante, la tesis presentada en juicio por la Defensa de la encausada en sostener que su representada se había administrado un medicamento llamado “citotec” para provocar dicho aborto, el Ministerio Público no dirigió su investigación a comprobar mediante los análisis de sangre y científico como la histopatología, que eran necesarios para determinar que la causa de dicha condición presentada por la encausada, fue producto de la utilización del medicamento mencionado, ya que el personal que la atendiera en el Centro Hospitalario, como ser las señoras M. M. y J. R., manifestaron en sus respectivas declaraciones que no encontraron restos de dicho medicamento en el cuerpo de la encausada, señalando la Doctora J. R. que no pudieron determinar qué habría causado la muerte del embrión. - Tampoco ordenó el Ministerio Público la práctica de prueba científica que pudiera establecer cuanto tiempo tenía de haber muerto el embrión en el útero de la imputada, como así lo refirió el Perito Forense R. N. A., en las preguntas a él hechas en la ratificación de su dictamen, para al menos hacer una relación del tiempo de reacción de dicho medicamento con los datos brindados por la señora E. M. R. V., en el momento de su ingreso al referido Hospital Regional Atlántida. Por lo cual no se vio acreditado el elemento objetivo del delito exigido por la doctrina, ni mucho menos la participación de la encausada en tales hechos”. Respecto a éstas erróneas apreciaciones que ha realizado el sentenciador cabe mencionar que si bien es cierto el Ministerio Público no obtuvo análisis de sangre para demostrar que el aborto fue producido por el medicamento Citotec que ingiriera y se aplicara la acusada; los testigos fueron contundentes al referir, que dicho medicamento se utiliza para “inhibir la actividad gástrica, pero en pacientes embarazadas provoca la actividad intrauterina, aumenta la actividad uterina y podría haber pérdida (expulsión) del producto, también se utiliza este mismo medicamento en la sala para acelerar trabajo de parto” (Ver declaración de la Doctora M. L. M. A. y del Perito R. S.); con la evaluación que hiciera el Perito Médico Forense, R. A. S. A., se acreditó también, que la muerte del no nato se produjo después de que la acusada ingiriera y aplicara el medicamento ya que como en su Dictamen Médico Forense y en su declaración claramente señaló que: “Si el producto murió antes del medicamento aumenta el riesgo de un proceso infeccioso, por la edad gestacional que se encuentra en el ultrasonido de haber fallecido antes, el tiempo o los hallazgos hubieran sido escenarios diferentes”. Por lo antes expresado, el Ministerio Público considera que de la prueba evacuada en el debate del juicio oral y público ha resultado indicios suficientes para producir la certeza de que la imputada es la autora de los hechos por los cuales fue sometido a proceso, en este sentido señalamos que “el valor probatorio del indicio es más experimental que lógico, sólo el univoco podrá producir certeza, en tanto que el anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado. La sentencia condenatoria podrá ser fundada sólo en aquél. . . La declaración de certeza sobre la participación del imputado puede basarse no sólo en prueba directa, sino también en elementos de convicción indirectos, entre los que se destacan los indicios. Pero para que la prueba indiciaria críticamente examinada conduzca a una conclusión cierta de participación, debe permitir al juzgador, partiendo de la suma de indicios introducidos al debate, superar las meras presunciones que en ellos puedan fundarse y arribar a un juicio de certeza legitimado por el método de examen crítica.. .[1]“. En la valoración de los indicios no existe un criterio uniforme sobre la cantidad de indicios requeridos o la circunstancia de que estén probados mediante prueba directa o no, para que sean concluyentes y permitan fundar una sentencia, sin embargo, la mayoría de los autores sostienen que los indicios deben estar probados, que deben ser concomitantes, que debe existir pluralidad de indicios, que debe existir univocidad entre el indicio indicador con el indicado, que tengan homogeneidad inculpatoria, que permitan establecer un nexo lógico — causal entre el contenido de las pruebas indiciarias y las conclusiones obtenidas por el sentenciador, lo que ocurre en el caso subjudice, que los indicios reúnen cada uno de los requisitos señalados, además es importante señalar que estos parámetros han sido recogidos por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el fallo proferido en el expediente número CP-922-04, del 13 de Diciembre del 2004 la cual refiere:“...EI motivo no es de recibo, los indicios Pueden ser actos previos, concomitantes o posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado...” Por lo que concluimos, que del razonamiento de la prueba testifical, pericial y documental de cargo una vez concatenada y armonizada entre sí, nos indica que el A quo en la sentencia vulneró la regla lógica de la Derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de las probanzas y que en caso subjudice indefectiblemente desemboca en una conclusión y es en la condena de la enjuiciada. Cabe mencionar, que además de los indicios que provienen de la prueba de cargo, existe otro indicio que si bien no fue aportado por el ente acusador, el mismo debe de ser enlazado con todos los elementos probatorios supra descritos, y es el hecho que la misma defensa de la encausada, al momento de pronunciar sus conclusiones, señaló que “es sumamente lamentable la perdida de la vida de un ser humano, como de un ser humano en formación, más sin embargo la encausada nunca actuó de manera libre puesto que dependió de la voluntad de esa antigua pareja sexual, porque si el no se las hubiera facilitado no las hubiera ingerido” evidenciando con ello que la joven E. R. sí ingirió el medicamento llamado Citotec con fines abortivos, circunstancia esta que viene a reforzar lo manifestado por los médicos que atendieron a la procesada en el Hospital Atlántida; si bien la defensa de ésta pretende hacerlo ver como un acto involuntario, lo cierto es que la hoy procesada se introdujo el medicamento vía vaginal y oral, siendo evidente que ésta deseaba terminar con su embarazo, ya que siendo una persona adulta (21 años de edad al momento de ocurrencia del hecho) no resulta lógico que la pareja sentimental de ésta influyera en su ánimo de cometer el hecho ya que por sí misma sin que nadie la forzara se introdujo las dos pastillas de Citotec en su vagina e ingirió otras dos, tampoco existe forma de que su pareja realizara éstas dos acciones contra la voluntad de la acusada. Asimismo se acreditó que éste medicamento produce actividad intrauterina y como consecuencia de ésta, la interrupción del embarazo, y siendo que el feto de la procesada contaba únicamente con 8 semanas de gestación resultaba imposible la supervivencia del producto fuera del útero materno debido a que sus órganos vitales aún no se habían desarrollado; no quedando margen de duda respecto a que la ingesta y aplicación vía vaginal del medicamento fue lo que provocó el aborto en la acusada, y por lo tanto la muerte del producto que ésta llevaba en su vientre. De lo antes expresado y del análisis de toda la prueba de cargo se logra extraer aspectos de fundamental importancia que evidencian claramente la participación de la acusada E. M. R. V. en el delito de Aborto: El 7 de Mayo de 2011 a las 8:00 A.M. la acusada se realiza prueba de embarazo que da resultado positivo. (Luego de 5 semanas de ausencia de menstruación). En horas de la tarde Cecilio Alejandro Rodríguez (pareja sexual de la acusada) le entrega 5 pastillas Citotec, en ese mismo momento ella ingiere dos y se aplica otras dos vía vaginal, iniciando sangrado transvaginal ese mismo día y por dos días más. El 9 de Mayo asiste al Hospital Regional Atlántida donde se le practica ultrasonido cuyo resultado es un embarazo de 8 semanas un día, sin actividad cardiaca. Ingresa a Emergencia del Hospital Regional Atlántida donde se diagnostica un aborto incompleto, sin evidencia de proceso infeccioso, (es decir la muerte del producto es reciente, ya que en caso contrario se habría presentado una sepsis). En dicho Hospital se le practica el procedimiento de Ameu (legrado). Como podemos apreciar toda la prueba de cargo incorporada al debate, deja claramente demostrada la participación de E. M. R. en el hecho, ya que tanto la prueba científica, documental y testifical acreditan cada uno de los momentos en que se llevó a cabo el hecho que terminara con la vida de hijo de la acusada, sumado al hecho de que el andamiaje probatorio es concordante y calza perfectamente silo confrontamos unos con otros; de ahí que se produce la vulneración a las reglas de la sana crítica, y específicamente a la regla lógica en su postulado de Derivación, ya que como ha quedado evidenciado la señora E. M. R. V. participó como autora del delito de Aborto, dado que todos los elementos probatorios incorporados, nos conducen a la supra referida conclusión. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que obvió valorar la prueba de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado un vicio que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” IV.FUNDAMENTACION JURIDICA Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2]. Respecto a la Prueba de Presunciones, esta Sala ha tomado como referente lo expuesto por el Profesor Colombiano Yesid Reyes Alvarado, quien citando a Dellepiane nos enseña que los indicios deben reunir los siguientes requisitos: ”1) Que se hallen igualmente probados por pruebas directas; 2) Que sean graves y precisos, y varios cuando no puedan dar lugar a deducciones concluyentes, como fundadas en leyes naturales que sufran excepción; 3) Que sean independientes entre si, esto es, que no constituyan momentos sucesivos, de un solo proceso o hecho accesorio y que no tengan el mismo origen en cuanto a la prueba; 4) Que sean concordantes, esto es, que se acuerden o coordinen entre si, de modo que produzcan un todo natural, lógico y coherente[3]”. V. RESUMEN Por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. Argumenta que la sentencia que se impugna se fundamenta en que la prueba aportada a juicio no es suficiente para establecer que E. M. R. V., ha realizado actos propios para causarse el aborto, por lo que dicta sentencia absolutoria a su favor, conclusión del A quo, resultado de una valoración de la prueba de cargo que vulnera la Sana Crítica. Afirma que el Fiscal allegó al proceso prueba testifical, pericial y documental. Reprocha concretamente la valoración de la prueba consistente en la declaración de las testigos M. L. M. A., y Dra. J. S. R. P., médico que practicó el legrado a la procesada, y el P. R. S. A. (Médicos de profesión los tres) coincidieron en que la acusada les refirió que al darse cuenta de que su menstruación se había suspendido por cinco días procedió a hacerse una prueba de embarazo y luego al contarle a su novio, éste le proporcionó las pastillas llamadas “Citotec”, de las cuales ingirió dos y se introdujo otras dos por vía vaginal, resultando poco después con dolores y sangrado, por lo que acudió a la emergencia del Hospital Atlántida. Por otra parte, señala que la tesis de la Defensa en juicio, fue que la encausada se había administrado el medicamento “Citotec” para provocar dicho aborto, pero que el Ministerio Público no había comprobado por medio de análisis de sangre y de histopatología, que la condición presentada por la encausada fue producto de la utilización del medicamento mencionado, ya que el personal del Centro Hospitalario, no encontró restos de dicho medicamento en el cuerpo de la encausada, y la Doctora J. R. no determina qué habría causado la muerte del embrión, y que el Ministerio Público tampoco comprobó el tiempo que tenía de haber muerto el embrión en el útero de la imputada. El recurrente asegura que en el debate del juicio oral y público han resultado indicios suficientes para producir la certeza de que la imputada es la autora de los hechos por los cuales fue sometida a proceso. Asegura que el hecho que la misma defensa de la encausada, al momento de pronunciar sus conclusiones, señaló que “es sumamente lamentable la perdida de la vida de un ser humano, como de un ser humano en formación, más sin embargo la encausada nunca actuó de manera libre puesto que dependió de la voluntad de esa antigua pareja sexual, porque si el no se las hubiera facilitado no las hubiera ingerido” evidenciando con ello que la acusada sí ingirió el medicamento llamado Citotec con fines abortivos. Por lo anterior concluye que de la prueba de cargo demuestra la participación de E.. M. R. en el hecho, por lo que se produce la vulneración a las reglas de la sana crítica, y específicamente a la regla lógica en su postulado de derivación, en la valoración de la prueba agregada al juicio. VI. DECISIÓN Esta Sala de lo Penal considera que en el presente caso las razones vertidas por el Juzgador para dota de pleno valor incriminatorio a las pruebas de cargo, consistente en la declaración de las testigos Dra. M. L. M. A., quien practicó examen físico a la acusada, y Dra. J. S. R. P., médico que le practicó el legrado, en el Hospital Regional Atlántida, de La Ceiba, y el Peritaje rendido por el Doctor R. S. A., en su Dictamen Médico LC-316-11 de fecha 11 de mayo de 2011, y demás prueba de cargo, son débiles, inconsistentes e insuficientes. Esta Sala encuentra que en el presente caso, no existen indicios suficientes debidamente comprobados, independientes a lo declarado por las testigos en mención, de las cuales sea posible derivar, más allá de toda duda razonable, que la acusada E. M. R., al conocer que su menstruación se había suspendido por cinco días y después de hacerse la prueba de embarazo, que el novio le proporcionó unas pastillas de un medicamento llamado “Citotec”, ella ingiere dos y se introduce otras dos por vía vaginal, resultando poco después con dolores y sangrado, por dos días seguidos, por lo que acude a la emergencia del Hospital Atlántida, en búsqueda de asistencia médica. Esta Sala considera que el Ministerio Público no alcanzó a probar por medios científicos, a través de análisis de sangre y de histopatología, practicados a la encausada E. M. R., para concluir que la existencia del mencionado medicamento denominado: “Citotec”, en el cuerpo de la acusada, como causa inequívoca que habría provocado de forma inevitable la muerte del embrión, ni comprobado el tiempo que tenía el embrión de haber muerto en su útero de la acusada. Esta Sala considera que la prueba evacuada en el proceso, es insuficiente, pues con la misma no es posible llegar a la certera conclusión, de que en realidad la acusada había consumido el medicamento con efecto abortivo aludido, en virtud de que con las declaraciones rendidas en juicio por los testigos (médicos) de cargo, resulta que ninguna de ellas al practicar el examen físico a la acusada, encontraron rastros de dicho medicamento en la sangre o demás órganos de la evaluada. Tampoco existe suficiente prueba directa e indiciaria de cargo, para concluir de forma asertiva, que la perdida del embrión no se tratara de una expulsión espontánea del feto o producto no nato, o si cuando la acusada había tomado el medicamento el embrión estaba aún vivo o sin vida dentro del vientre de la acusada, como para concluir en una la participación dolosa de la acusada en el hecho de que se le acusa. Esta Sala concluye que con la prueba directa, indiciaria no se ha logrado establecer claramente un nexo causal inequívoco, entre la conducta de la acusada, y un aborto intencionalmente provocado por ella misma, por no haber sido confirmado mediante prueba objetiva, confirmada científicamente que esta en realidad haya ingerido el medicamento denominado Citotec. Este tribunal de alzada, considera que en el presente caso, el Juzgador ha valorado adecuadamente la prueba directa o de los indicios, mimos que son imprecisos, y poco concluyentes, para alcanzar una decisión distinta a la sentencia absolutoria dictada por el A Quo a favor de la acusada. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar, el motivo de Casación de Quebrantamiento de forma, por no haberse vulnerado las reglas de la sana crítica lógica, en su postulado de derivación, invocado por el recurrente. VII. RESOLUCIÓN La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara SIN LUGAR el Recurso de Casación de QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su motivo único, interpuesto por la Abogada S. G. V., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrentes, contra la sentencia de fecha tres de octubre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales.- NOTIFÍQUESE. – FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-145-2014.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] La Prueba en el Proceso Penal,. JOSE I.CAFFERATA NORES. Página 195.

[2] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005

[3] La prueba Indiciaria. CESID Reyes Alvarado. Profesor de la Universidad Externado de Colombia y Fundación Autónoma de Colombia. Ediciones Librería del Profesional. Página 64.