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Sentencia CP-141-13 — Registro 5859

Resumen

Se condenó a la imputada en primer instancia por el delito de homicidio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."FUNDAMENTACION JURIDICA 1. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2.- Esta Sala de lo Penal estima que el impetrante no logra exponer con la debida claridad como se produce la infracción de los artículos 89 y 90 constitucional, pues siendo garantías del proceso en general deviene el recurrente obligado a demostrar como se da la violación y si bien hace algunos comentarios en base a que las pruebas evacuadas no sirvieron para demostrar la culpabilidad del procesado, puntualizando aisladamente las valoraciones del Tribunal, sin exponer en que consiste el error del ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador y como ello redunda en la infracción del precepto constitucional señalado; no aprecia esta sala que la vía correcta para la pretensión del recurrente sea la de la casación por infracción de precepto constitucional en tanto que viene enfatizando aspectos de valoración de la prueba sin vincularlos adecuadamente con la norma constitucional que supone infringida, limitando su libelo a alegatos propios de instancia, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. V. DECISIÓN El motivo formulado por la Defensora Pública del Señor H. DE J. M. C. debe ser desestimado.

Legislación citada

Sentencia

SALA DE LO PENAL

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, en su condición de Coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 141-2013 por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Apoderada Legal del Señor HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ, contra la Sentencia de fecha diecisiete de agosto del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la cual condenó al Señor HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ, como autor del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de LUIS ALBERTO PACHECO GODOY, a la pena de QUINCE (15) años de reclusión más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de la Condena y además, se le declara la Responsabilidad Civil del condenado a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No procede a condenar en Costas Procesales, Personales ni Gastos ocasionados en el juicio. Asimismo, el representante del Ministerio Público emitió pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación por Violación de Precepto Constitucional. Son partes: La Abogada DINABEL LÓPEZ en su condición de Apoderada Legal del Señor HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ como recurrente y la Abogada YESSENIA MARQUEZ en su calidad de Representante del Ministerio Público y recurrido. II. HECHOS PROBADOS “UNO: El día viernes uno de enero del año dos mil diez, a eso de las siete de la noche llegaron a la casa de la señora CARLOTA ESTELA GODOY ubicada en el Barrio los Laureles de Catacamas departamento de Olancho unos individuos con un machete a buscar a su hijo LUIS ALBERTO PACHECO y su madre les preguntó para qué lo querían y dijeron que lo habían mandado con cincuenta lempiras a comprar un guaro y el acusado HIPOLITO DE JESUS se quedó en la parte de afuera de dicha casa y cuando la joven Ruth

Lilia Cruz les preguntó por qué andaban machete uno de los individuos respondió que era del acusado Hipólito y la madre del ofendido les dijo que ella les iba a pagar dicho dinero y después se marcharon del lugar. DOS: Ese mismo día, como a eso de las cuatro de la tarde, el señor LUIS ALBERTO PACHECO llegó a la casa de la señora María Luisa Chirinos ubicada en el Barrio El Porvenir de la misma ciudad, a comprar una botella de licor y después volvió nuevamente a eso de las seis de la tarde en estado de ebriedad y posteriormente dicha señora cerró el negocio y se fue a su casa, regresando al mismo como a las ocho de la noche y de una esquina cercana salió Luís Alberto Pacheco y le preguntó por su esposo y en la otra esquina estaban dos personas a quienes no identificó llamaron al ofendido y este se dirigió hacia ellos y luego la referida señora se marchó a su casa. TRES: El día sábado dos del mismo mes y año, a las seis de la mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de LUIS ALBERTO PACHECO GODOY quien falleció a consecuencia de varias heridas en su rostro con arma blanca (machete) cerca del parque del Barrio El Porvenir de la ciudad de Catacamas, luego de las investigaciones realizadas se pudo establecer que el acusado HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ fue quien le ocasionó las heridas al ofendido y como consecuencia de las mismas este perdió la vida. CUATRO: Posteriormente HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ, fue puesto a la orden de la autoridad judicial competente para su enjuiciamiento por los hechos antes narrados.III. “RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL interpuesto por la Abogada DINABEL LÓPEZ en su condición de Apoderada Legal del Señor HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ, DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO. Violación de los artículos 89 y 90, párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 339 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra: comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las normas constitucionales que se invocan como infringidas son el artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Y, a su vez, el Artículo 90, párrafo primero indica que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Estas normas constitucionales tienen una directa relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las Garantías Judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Asimismo, con el artículo 339 del Código Procesal Penal sobre el principio de congruencia: “RESOLUCION. Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo será absuelto en caso de duda razonable...” PRIMERO: Con base a lo anterior, es obligación del Estado velar por el cumplimiento del debido proceso, respetando todas las garantías que el mismo establece. El debido proceso aludido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República establece un juicio lógico, integrado en tres elementos: la tesis del acusador o actor, la antítesis del imputado y la síntesis contenida en la sentencia del juzgador, por lo que debe referirse al hecho del proceso y fundarse en el derecho. De ahí que en el juicio lógico se deba aplicar el razonamiento lógico, el cual se compone de un conjunto de juicios que mantienen entre sí relaciones lógicas de tal forma que partiendo de algunos juicios dados a los que denominamos premisas, podemos llegar deductivamente a un juicio que no conocíamos y que llamamos conclusión. La obtención de dicha conclusión debe asegurar la validez de la estructura lógica de los juicios que componen las premisas. En el presente caso, no se cumple con un razonamiento lógico para poder culpar a mi representado del delito por el que se le condena, pues los elementos probatorios que presenta el Ministerio Público no sólo son insuficientes, sino que de los mismos, no se puede arribar a un fallo condenatorio. Lo anterior, también viene reforzado por las reglas de la derivación lógica, que nos indican que para que dicho criterio tome lugar, debe fácilmente permitir deducir un enunciado verdadero a partir de otro u otros que se tienen como válidamente verdaderos. La lógica, en su aspecto deductivo, posee unos mecanismos por medio de los cuales es capaz de determinar si el razonamiento es válido o no; es decir, si de la unión de los términos de las premisas se puede concluir lógicamente la conclusión. En el presente caso se ha construido el siguiente axioma, el cual carece de razonamiento lógico:

Si un individuo A pregunta por un individuo B. Y un individuo C porta un arma que dice pertenecer a un individuo A. Entonces, todo individuo A que pregunte por B y en el que un individuo C le atribuya un arma a A, da muerte a un individuo B. En el anterior axioma, existe una carencia de un nexo causal que permita razonadamente derivar a la conclusión a la que han arribado los señores Jueces del Tribunal de Sentencia, pues no toda

persona que pregunte por otra y a la que se le atribuya un arma, necesariamente está vinculado a darle muerte al individuo por el que ha preguntado; incluso el axioma permite derivar a diferentes conclusiones muy diferentes a las que el Tribunal ha arribado por lo que tampoco hay razón suficiente para poder llegar al fallo derivado. Lo anterior, debido a que la lógica nos indica que cuando se pueden arribar a múltiples conclusiones, el axioma carece de razón suficiente y por lo tanto, resulta ser inválido y falso en su conclusión, aun cuando sus premisas sean verdaderas. Por lo que a todas luces, las premisas (o elementos probatorios presentados por el Ministerio Público que podrían considerarse como verdaderos) no pueden arribar a la conclusión consistente en la culpabilidad del señor HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ en la muerte del señor LUIS ALBERTO PACHECO GODOY. SEGUNDO: Otra de las garantías del debido proceso es el principio del estado de inocencia establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal relacionado con el artículo 339 del mismo cuerpo legal, en el cual se indica que las sospechas, dudas o indicios aislados no pueden revertirse en contra de mi representado, violentando el silogismo jurídico de “in dubio pro reo”. Si tomamos en consideración lo establecido en los artículos 92 del Código Procesal Penal y 16.2 de la Ley del Ministerio Público en el que el mismo está legalmente investido de todas las facultades necesarias para llevar a cabo una investigación eficiente, es fundamental que dicha Institución acredite con pruebas suficientes la culpabilidad de quien acuse. Por lo anterior, es inaceptable que se pretenda vulnerar el estado de inocencia de mí representado por medio de testigos que en ningún momento pueden ubicarlo en el lugar de los hechos, esto, debido a que NINGUNO DE ESTOS TESTIGOS SE ENCONTRO EN EL LUGAR DONDE OCURRIO LA MUERTE DEL OFENDIDO. De ahí que ninguno de ellos pueda inferir sin lugar a dudas que el hoy condenado haya realmente participado en la muerte del occiso. Por lo que, el estado de inocencia debió haberse mantenido en atención a lo establecido en el artículo anteriormente citado, ya que existe suficiente duda con respecto a la participación del señor HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ en el delito de Homicidio Simple en perjuicio del señor LUIS ALBERTO PACHECO GODOY. En atención a ello debió haberse arribado a un fallo absolutorio a favor del imputado. TERCERO: Por todo lo anterior, consideramos que los juzgadores han incurrido en una equivocación, condenando a mi representado por un delito en el que las investigaciones del Ministerio Público no han podido probar la culpabilidad del imputado, ni siquiera mediante duda razonable. Pues como anteriormente detallamos, tanto el desarrollo del juicio así como el arribo del fallo carecen de un nexo causal, razón suficiente y, por ende, de razonamiento lógico; violentando los preceptos constitucionales en cuanto a los principios del debido proceso (dentro del cual se incluye el arribo de un fallo de acuerdo a las normas de la sana crítica) y el estado de inocencia. Por consiguiente, la Sala Penal debe enmendar este error, pues si bien los Honorables Magistrados no se encuentran facultados para hacer una valoración probatoria alternativa, sí pueden valorar si se ha cumplido con los requisitos de la sana crítica como parte del debido proceso, así como el respeto al principio constitucional de estado de inocencia, en el cual en caso de duda, debe resolverse absolviendo al imputado. Sólo de esa manera se estarían respetando los derechos y garantías constitucionales de las que todos debemos gozar. De lo antes expuesto, la Defensa Pública solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa legal citada.” IV. FUNDAMENTACION JURIDICA 1. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2.- Esta Sala de lo Penal estima que el impetrante no logra exponer con la debida claridad como se produce la infracción de los artículos 89 y 90 constitucional, pues siendo garantías del proceso en general deviene el recurrente obligado a demostrar como se da la violación y si bien hace algunos comentarios en base a que las pruebas evacuadas no sirvieron para demostrar la culpabilidad del procesado, puntualizando aisladamente las valoraciones del Tribunal, sin exponer en que consiste el error del ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador y como ello redunda en la infracción del precepto constitucional señalado; no aprecia esta sala que la vía correcta para la pretensión del recurrente sea la de la casación por infracción de precepto constitucional en tanto que viene enfatizando aspectos de valoración de la prueba sin vincularlos adecuadamente con la norma constitucional que supone infringida, limitando su libelo a alegatos propios de instancia, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. V. DECISIÓN El motivo formulado por la Defensora Pública del Señor HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ debe ser desestimado.VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensora Pública del Señor HIPOLITO DE JESUS MEJIA CRUZ. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de Marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-141-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL