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Sentencia CP-139-13 — Registro 7914

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de difamación injuriosa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Las valoraciones que realiza el Tribunal sentenciador son correctas, coherentes, razonadas y derivadas de las declaraciones rendidas por los testigos; acertadamente el Tribunal concluye que si bien la información vertida por el periódico El Heraldo no tuvo una fuente de información porque fue tomada de noticias de otros medios de comunicación, las mismas no se hicieron de forma meditadas para dañar el honor del señor G. F.. 6) En el numeral tercero del acápite valoración probatoria, el juzgador razonó varias pruebas documentales y en el numeral 9 señala una publicación del 31 de agosto de 2011, medio de prueba que consideró de utilidad, pues se acreditó que la misma noticia que reprodujo diario El Heraldo, fue reproducida por otros medios de comunicación, lo que indica que dicho rotativo, no inventó los hechos publicados el 31 de agosto de 2011, sino que al igual que los otros medios de comunicación se dedicó a reproducir una información cuya fuente no fue comprobada en sus dichos, solo que, La Tribuna al darse cuenta de su error, le dio al señor G. F. el derecho a réplica. Dicho razonamiento resulta muy interesante para esta Sala, pues con ello se acredita sin lugar a dudas que el director de El Heraldo, no tuvo la intención de lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido, es decir el honor del señor F., pues dicha información circuló en varios medios de comunicación en iguales circunstancias, es decir sin tener una fuente de la información; por lo que se confirma que dichas publicaciones se realizaron de manera irresponsable es decir negligente. En el resto de la sentencia el Tribunal va razonando de manera conjunta y armónica toda la prueba evacuada en el juicio, efectuando juicios de valor coherentes, lógicos y derivados precisamente de las pruebas, aplicando de manera correcta las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el recurso de casación SP 139-2013 por quebrantamiento de forma e infracción de ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló:1) Absolviendo al señor C. M.. F., del delito de difamación injuriosa, en perjuicio de G. F. R. 2) No declaró la responsabilidad civil y ningún tipo de inhabilitación absolutoria a dicho imputado.3) No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, la abogada B. J. C. H. en su condición de apoderada del señor G. F. R. Son Partes: la abogada B. J. C. H. en su condición de recurrente y el abogado E. J.L. Z. en su calidad de apoderado defensor del señor C. M. F. como recurrido. II. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día 31 de agosto del año 2011, el Diario El Heraldo, en la página 22, efectuó una publicación periodística titulada “VICEMINISTROS EN LA MIRA. B. DENUNCIA SER VICTIMA DE RACISMO. AYER MISMO SUS ABOGADOS FORMALIZARON LA DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DE ETNIAS”.- En dicha publicación se estableció, entre otros: “El Ministro del ramo, B. M., acusó a sus viceministros de actos de racismo en contra suya porque no soportan que un “negro” sea Secretario de Estado. El malestar de M. es tal, que ayer mismo instruyó a sus Abogados para que interpusieran una denuncia ante la Fiscalía. La denuncia sería interpuesta contra G. F. y T. S., ambos de filiación nacionalista y reconocidos activistas.” “Ahí está bien acertado, por ser negro no aceptan (F. y S.) que el Presidente haya integrado a su gobierno con diferentes partidos y diferentes pueblos”, acusó”.- Afirmaciones del Diario El Heraldo que también fueron reproducidas en el mismo sentido por el diario La Tribuna, de las que no se sustentó fuente alguna, no obstante se introdujeron entre comillas algunas de estas afirmaciones atribuyéndoselas al entonces Ministro de Cultura, Artes y Deportes, B. M..- De igual manera, en dicha publicación se relacionan DECLARACIONES DE LA Fiscal Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, J. V. D. C. M., en la que confirma la interposición de una denuncia, a través de los Abogados del señor B. M., por las que se realizarían las investigaciones pertinentes, entre las cuales estaba citar a funcionarios, entre ellos, los viceministros G. F. R. y T. S.; agregándose a lo manifestado por la Fiscal, que de éstos últimos, se supone habrían ofendido a M. por su color de piel.- El periodista del Diario El Heraldo, R. E. I. C., obtuvo dicha información de notas de registro provenientes de otros medios de comunicación, sin el respaldo de la fuente informativa. - De dicha publicación se hizo responsable el departamento de Redacción del Diario El Heraldo, cuya Dirección es dirigida por e el señor C. M. F., Director Ejecutivo, del Diario el Heraldo. SEGUNDO: El día 10 de octubre del año 2011, el Diario El Heraldo, en la página 20, efectuó una publicación periodística titulada “FISCALIA: B. CONFIRMA DENUNCIA CONTRA F. POR RACISMO”.- En dicha publicación se estableció, entre otros, “El Ministro de Cultura, Artes y Deportes, B. M., formalizó ante el Ministerio Público la denuncia en contra de su subalterno, G. F., por racismo. “La denuncia por el caso de discriminación que recientemente interpusieron los abogados del Ministro de Cultura está siendo investigada, bajo la dirección de la Fiscalía Especial”, informó a El Heraldo la Fiscal Especial de las Etnias, J. D. C.. Para concluir la investigación la Fiscalía llamará a F. para que rinda declaración en calidad de investigado”.- Dicha nota periodística se fundamentó en la información obtenida de la declaración que la Fiscal Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, J. D. C., brindó al periodista del Diario El Heraldo, R. E. I. C., quien estaba asignado a cubrir, entre otros, la fuente del Ministerio Público y grabó la declaración de dicha Fiscal, en la que al consultársele en qué calidad comparecería a declarar el señor G. F., expresamente manifestó que lo haría en calidad de denunciado.- De dicha publicación se hizo responsable el departamento de Redacción, entre otras que es dirigida por el señor C. M.. F., Director Ejecutivo de dicho Rotativo.” III. RECURSO DE CASACIÓN A) La recurrente abogada B. J. C. H., procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la manera siguiente: EXPOSION DEL MOTIVO PRIMERO. MOTIVO PRIMERO: Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter Sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la Ley Penal o un Principio de Doctrina Legal de carácter Sustantivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo se encuentra establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. MOTIVO SEGUNDO: Que la Casación invocada se basa en que el juzgador en la Sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas y que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante se encuentra comprendido en el artículo 262, numeral 3 del Código Procesal Penal. HECHOS Esta causa tiene su origen en las publicaciones que realizara Diario El Heraldo en fecha 31 de agosto del año 2011 en la que se edita VICEMINISTROS EN LA MIRA. B. DENUNCIA SER VICTIMA DE RACISMO, cuyo contenido interior relaciona a mi representado G. F. R., como responsable de Discriminar al entonces Ministro de Cultura Artes y Deporte B. M. y que por tal razón este último había iniciado diligencias en el Ministerio Público para una acusación criminal por Discriminación Racial. Posteriormente se vuelve a realizar el 10 de octubre del 2011, publicaciones en el mismo sentido, siempre haciendo alusión de que B. CONFIRMA DENUNCIA CONTRA F. POR RACISMO, donde se hace una publicación completa y, especialmente, en la del 31 de agosto sin ningún tipo de respaldo o grabación, sin fuente informativa y sin entrevistar a nadie, lo que causó un grave perjuicio en deshonra, descrédito y menosprecio del entonces Vice Ministro de Cultura, Artes y Deportes, G. F.. En dicha publicación El Heraldo difunde titulares falsos e inventados, sub títulos sensacionalistas, párrafos fuera de contexto noticioso, acreditándoles a terceras personas frases nunca proferidas por alguien y en el cuerpo de la noticia denuncian ideas y temas de racismo que existieron, únicamente, en el cerebro, la imaginación y en la mala fe del periodista que redactó la noticia del 31 de agosto del 2011 y luego, como tiro de gracia, publicarla a nivel nacional por el referido Diario. EXPOSICION DEL MOTIVO. El presente recurso de casación tiene su origen en la sentencia emitida por este honorable tribunal en fecha 28 de noviembre del año 2012, en la que se encontró INOCENTE AL ENCAUSADO, algo difícil de entender porque en la sentencia de mérito el Honorable Tribunal señaló que se encontraba ante una fuente noticiosa sin respaldo, que se publicó sin fuente informativa alguna, que se redujo a transcribir notas informativas de otros medios de comunicación sin confirmar o investigar sobre dichas notas informativas. Pero no se le puede condenar pues no consideramos que exista dolo en la causa incoada, sino negligencia, opinión del tribunal. La parte querellada en la publicación del 10 de octubre del 2011, logra en la Audiencia de Juicio Oral Y Público probar que hubo una fuente que permitió respaldar la información divulgada en esa fecha, tras diversas tretas y logrando enredar a la Fiscal Y. D. C., Fiscal de las Etnias, ya que ella siempre manifestó que no era su normativa dar nombres de denunciados en las entrevistas, no así en la otra publicación del 31 de agosto del 2011 la cual carece de fuente y de respaldo informativo, por lo que se trae como medio de prueba de la parte QUERELLANTE, específicamente la publicación de Diario el HERALDO. PRIMERO: Enfoquémonos cuidadosamente Honorables Magistrados en el hecho de por qué la parte querellante hace su asidero legal para invocar una CASACION POR INFRACCCION DE PRECEPTO LEGAL, específicamente en el FUNDAMENTO JURIDICO de la sentencia emitida por el Tribunal Sentenciador cuando dice: TERCERO: Es así que analizando los hechos probados en el acápite primero, nos encontramos ante una fuente noticiosa, sin respaldo, que se publicó sin fuente informativa alguna, se redujo a transcribir notas informativas de otros medios de comunicación sin investigar o confirmar sobre dichas notas informativas, sin embargo, esto no puede subsumirse como un delito de INJURIA, ya que aquí recae la NEGLIGENCIA DEL PERIODISTA que escribe la noticia, sin tener respaldo o fuentes informativas, que respalden dicha noticia, al resultar que en la nota informativa del 31 de agosto del año 2011, publicada por Diario el HERALDO, no existiendo DOLO como uno de los requisitos exigidos por el tipo para que se dé el delito de INJURIA en la conducta del periodista, no se le configuran los requisitos que el tipo exige, por lo tanto, al no realizarse los requisitos exigidos en la acción debatida, nos encontramos que la conducta del señor C. M.. F., no puede enmarcarse dentro del delito de INJURIA.ANALISIS: Honorables Magistrados al esbozar esta parte querellante que existe en esta sentencia una INFRACCION DEPRECEPTO LEGAL, cuando se pretende decir que en esta causa no se castiga una culpabilidad porque no hay DOLO sino Negligencia en el actuar del imputado, que por lo tanto, la acción del Periodista no debe de calificarse como INJURIA, además de esto, establece el tribunal sentenciador que la acción realizada por el imputado no configura los requisitos que el tipo exige, (ante esto diremos que bonita seria la vida si cada acción realizada con toda la malsana intención precisamente de ejecutarla la achacáramos a lo que los demás hacen, no existirían los delincuentes porque todos tendrían una causa de justificación), actuar, con conciencia y más aun consiente del resultado es DOLO, sin embargo, si estudiamos y analizamos el tipo penal de INJURIA: tenemos que según nuestras Normativas Penales, SERA PENADO POR INJURIA CON RECLUSION DE 1 A 2 AÑOS. QUIEN PROFIRIERA EXPRESION O EJECUTE ACCION EN DESHONRA, DESCREDITO O MENOSPRECIO DE OTRA PERSONA. Si analizamos la acción que se ejecutó en deshonra y descrédito de mi representado, G. F., por parte del periodista de DIARIO EL HERALDO, concluiremos en discrepar con el Honorable Tribunal, “CUANDO DICE QUE ESTE NO ACTUO DE FORMA DOLOSA Y QUE LO HIZO POR NEGLIGENCIA,” y que por ende esta acción no puede subsumirse en el tipo penal de INJURIA y que no puede castigarse al acotar que cuando se produce la nota informativa mediante la cual se deshonra y se desacredita a mi representado, ya que se le trata y se le señala de forma pública, como una persona sin valores que discrimina a los demás por su color de piel y que, también, se le está haciendo objeto de una acción legal ante la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público, asimismo, expresa el tribunal en el numeral segundo, que el periodista no actuó con la intención de atacar el honor de una persona y que debe tenerse la intención y el propósito específico de ofender, vilipendiar, desacreditar a la persona destinataria de dichas expresiones, sin embargo, recordemos que los IMPUTABLES SON AQUELLOS QUE TENGAN CAPACIDAD PARA ENTENDER Y QUERER y que el DOLO SE PRODUCE O SE DA CUANDO EL RESULTADO RESPONDE A LA INTENCION QUE SE TUVO AL EJECUTARLO O CUANDO EL AUTOR SABE. O ESTA OBLIGADO A SABER. QUE COMO CONSECUENCIA DE LA ACCION U OMISION EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE PRODUZCA UN EFECTO DAÑOSO CONSTITUTIVO DE DELITO, NO OBSTANTE, LO CUAL EJECUTA EL HECHO Y ACEPTA. POR ENDE. LAS CONSECUENCIAS QUE DEL MISMO SE DERIVAN. Esto significa que al conocer una acción antijurídica, la INJURIA que además de ser típica es antijurídica, el actor actúa muy consciente de la acción que está ejecutando y aun así continua adelante por lo que es claro que actúa dolosamente el que conoce las circunstancias del hecho, la significación de su acción y ha admitido en su voluntad el resultado. Que queremos decir, que Diario El Heraldo aun a sabiendas de que al publicar VICEMINISTROS EN LA MIRA. B. DENUNCIA SER VICTIMA DE RACISMO, sin fuente ni respaldo informativo, cómo puede justificar el Tribunal sentenciador una acción como esta y además, llamarla negligente cuando se realiza a todas luces de forma premeditada con toda la intención dolosa y que como profesional del periodismo está obligado a saber que si publica sin fuente ni grabación, causará un grave perjuicio desacreditando y deshonrando al señor G. F. ante la opinión pública pues como bien expresa el Tribunal Sentenciador los funcionarios públicos viven bajo el escrutinio público, y ¿cómo se ve Honorables Magistrados? un Funcionario de Estado que discrimina a las personas, sobre todo, en una secretaria que se relaciona con las Etnias y las Culturas de este País y que al publicar esta noticia que carecía como bien, lo señala el Tribunal, de una Fuente que soportara la veracidad de la publicación, y que la misma era una noticia falsa e inventada en virtud de que mi representado no estaba denunciado ni en proceso de serlo, además los periodistas, especialmente, los que cubren la fuente judicial, tienen el acceso directo para entrevistar y comprobar las noticias que pretenden hacer públicas, como en el caso del periodista R. E. I. C., que cubre la fuente del Ministerio Público desde hace 8 años. No puede hablarse de Negligencia o impericia pues no estamos frente a un descuido inconsciente o un accidente repentino, al contrario, se supone que todo periodista sobre todo uno que lleva tantos años de experiencia en el medio, debe actuar responsablemente al momento de realizar su trabajo; sobre todo, si tiene la Fuente a la mano, que conoce a la perfección los Lineamientos y reglas, que sabe que es la fuente la que hace la noticia y no el periodista, que solo debe limitarse a escribir y narrar lo que graba de un entrevistado y que al momento de difundir una noticia debe estar claro y muy consciente que si miente, tergiversa o inventa puede causar un perjuicio a una persona y a la sociedad misma a la que desinforma con un producto informativo falaz y oprobioso que se menciona como es el caso de marras, ¿cómo puede un periodista ser calificado de negligente? Alguien que es profesional universitario, de vasta experiencia, que se supone debe actuar con ética y honestidad, que es el Director de un Diario importante de Honduras cuyo eslogan es La Verdad en Sus Manos, obviamente, está obligado a saber las consecuencias de sus actos cuando publica una noticia que no es la realidad, y que la víctima al ser un funcionario público puede reprochársele tal o cual accionar; que el periodista siempre tuvo a su alcance, grabadora en mano, la forma correcta de entrevistar o corroborar si el señor G. F. estaba o no denunciado a través de la Fiscalía correspondiente o relaciones públicas del Ministerio Público, sin embargo, no le importó o quiso ser sensacionalista publicando un Viceministro Discriminador y racista, conociendo, esto más, que no era la primera vez que se atacaba por parte de el HERALDO a mi representado y que el señor F. al sentirse perjudicado y siendo una persona valiente, podía actuar por la vía judicial y esto lo sabe perfectamente Diario el Heraldo a través de sus periodistas ya que han sido varios los periodistas procesados por divulgar Noticias tendenciosas con contenido falso y mal intencionado, no obstante, aun así realizó la publicación, ¿será esto dolo o negligencia? juzguen Ustedes Honorables Magistrados. Esto se resume e inclusive equivale a decir que en un juicio donde se juzga a un ladrón por robo de vehículo; vehículo que encuentra en la calle con las puertas abiertas, la llave puesta, lo toma y se lo lleva, luego una vez enjuiciado el juez decide que lo encontró responsable del robo del vehículo, que si cometió un delito puesto que atentó contra bienes muebles ajenos, pero que no se le castiga porque dicho ladrón no tenía la intención de llevarse el vehículo, si no que por azares del destino el vehículo se encontraba a su paso abandonado y por eso lo tomó. Es precisamente esto, lo que no se muestra claro en la sentencia de mérito pues el Tribunal sentenciador si determinó en todo momento taxativamente que fue irresponsable por publicar una noticia sin fuente fidedigna, porque se excedió en la libertad de información transgrediendo los límites de las reglas establecidas al momento de informar como lo dice la Ley de EMISION DEL PENSAMIENTO en su artículo 38 que será un acto punible cuando un periodista difame e insulte en todas sus expresiones. ¡Por supuesto que existió DOLO y MALA INTENCION! desde que se desacreditó a G. F. con una noticia inventada y falsa y que se hace del dominio público con la intención de causar perjuicios,¿ debe una acción dolosa castigarse?, ¡claro que debe castigarse! Y el Código Penal en su artículo 157 establece la pena para esta acción dolosa que se convierte en INJURIA, por el Descredito y la deshonra requisitos sine quanon de este tipo penal. Finalmente, Honorables Magistrados, consideramos infringido un precepto legal cuando una vez que se analizó la prueba y la acción en sí, además del actuar del encausado, lo cual es evidente que se trató de una acción dolosa y que con ese accionar se desacreditó a G. F. y que si reúne claramente los requisitos propios del tipo penal de INJURIA y que por ende debió castigarse conforme a lo establecido en el artículo 13 del Código Penal vigente y jamás debió dejarse en impunidad tal delito contra el honor. B) La recurrente abogada B. J. C. H., procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: EXPOSICION DEL MOTIVO SEGUNDO. Sabemos que como norma establecida en nuestra normativa Procesal Penal, el Tribunal sentenciador al momento de valorar la prueba en su conjunto debe hacer acopio de todos y cada uno de aquellos elementos que conforman la SANA CRITICA, como ser la lógica, la analogía, y las máximas de la experiencia. En la causa que nos ha traído a juicio consideramos que al momento de valorar las pruebas aportadas por la parte querellante no se valoraron en base a este principio los siguientes medios de prueba: PRIMERO: La Publicación de Diario El Heraldo de fecha 31 de agosto del 2011, donde se publica VICE MINISTROS EN LA MIRA. B. DENUNCIA SER VICTIMA DE RACISMO. En la cual, abiertamente, se ataca al querellante no solo al decir que había sido denunciado por racismo, si no que en la misma publicación se señala, fuera de contexto noticioso, que el entonces Vice Ministro G. F. le faltó al respeto al Ministro B. M. tildándolo de orate, y siendo más sensacionalista aun, en la misma publicación agrega que en el caso de F. se le recuerda porque fue punta de lanza en los ataques contra el propio P. L. S. en la campaña electoral pasada, asimismo,- continua la publicación que sería lamentable que un acto de racismo se probara en las altas esferas del poder, lo cual fueron opiniones mal intencionadas del periodista. Siendo que en la sentencia de mérito el Tribunal sentenciador hace acotaciones que nos llaman a la reflexión debido a que en las mismas señalan puntos importantes en el último párrafo del numeral 5 de los fundamentos jurídicos cuando dicen: “DEBEMOS MENCIONAR. QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACION. PARA EVITAR QUE LOS DENUNCIEN Y ACUSEN DE ALGUN TIPO DE DELITO CONTRA EL HONOR DEBERIAN DE CONTAR CON SU RESPECTIVO RESPALDO, por lo que, además, de ser contradictorio este señalamiento hecho por el tribunal, deja claramente establecido que la acusación promovida por la parte querellante si era procedente contra Diario El Heraldo pues publicó una noticia sin entrevistar a nadie y sin el respaldo correspondiente, aun y cuando tenía los medios para hacerlo en Relaciones Publicas del Ministerio Público, el cual conoce según el propio reportero hace 8 años. Consideramos, también, que no se encuentra apegado a la SANA CRITICA, el último párrafo del numeral segundo donde se estipula que a criterio del Tribunal no se encuentra que la publicación del 31 de agosto del 2011 haya sido tendiente a menoscabar la integridad de la persona del querellante, la lesión de la dignidad y de los ingredientes que la sustentan ya que la acción constitutiva de la misma ha de tener la fuerza suficiente para lesionar, dañar, herir o perjudicar la honra y el crédito de la persona contra quien se dirige, no obstante, si apreciamos que en dicha publicación, no solo uno sino varios comentarios falsos y amarillistas contra mi representado y siendo que se le imputa una conducta discriminativa hacia los demás, leídas que fueran estas publicaciones por el público lector, es más que obvio que se provoca el desprecio público hacia G. F.. SEGUNDO: La lógica nos dice que si el periodista R. E. I. C. tiene 8 años de cubrir la fuente del Ministerio Público, según su declaración vertida en juicio, entendemos por esto que como periodista experimentado tiene total acceso a la fuente y mil formas de cómo comprobar si tal o cual denuncia es o no cierta, por ende sabiendo de ante mano que no solo es una obligación sino un deber ético la comprobación de una noticia que se hace del conocimiento público y que conlleva una responsabilidad y que teniendo todos estos elementos a la mano, no se hace uso de ellos, podría a esto, honorables magistrados, llamársele negligencia o mala intención? ¿DOLO o negligencia? Ustedes juzguen. TERCERO: Es evidente que al analizar detenidamente la conducta DOLOSA con la que actuó el periodista responsable de la noticia, ya que seguimos sosteniendo que si hubo DOLO, prueba de ello, otra más, es un video filmado que en forma deshonesta y malintencionada se introdujo por la parte querellada como medio probatorio tratando de engañar o burlarse del Tribunal y de las partes intervinientes, y decimos, engañar porque pretendieron introducir, como así lo hicieron, un VIDEO, en el cual aparece el Ex ministró de CULTURA ARTES Y DEPORTE, B. M. como respaldo de la publicación del 31 de agosto del 2011, el video en mención totalmente alejado de lo que pretendían, ya que al ser acuciosos, fueron descubiertos de que este fue realizado 5 meses después de dicha publicación, para ser exactos el 16 de Enero del año 2012, como bien lo detectó y posteriormente lo señaló la juez ponente de esta sentencia. En el mismo desarrollo del video se denota el interés maligno del periodista del Heraldo cuando le preguntaba insistentemente al señor B. M. si había denunciado en el Ministerio Público a G. F.. No pudo lograr nada la parte querellada con este medio de prueba ya que hicimos ver al Honorable Tribunal que si el referido video era el “respaldo” de dicha noticia, la misma era una prueba falsa e inventada pues se produce 5 meses después de la publicación y no antes, dejándose al descubierto por ellos mismos la intención de cubrir o tapar la acción dolosa cometida. “El pez muere por su propia boca”. Que adagio tan acertado. CUARTO: Consideramos que al tener frente a nosotros a la Fiscal Y. D. C. Fiscal de las Etnias, a P. R. D. A., personas relacionadas que ve esta causa la Fiscal porque es la encargada de atender y conocer las Denuncias, quien en todo momento manifestó: nunca digo nombres, casi estoy segura que me réferi al auto donde se ordena citar a varias personas entre ellas los viceministros, de igual forma el periodista quien sí reconoció haber difundido la denuncia en su medio luego de haber entrevistado a la Fiscal fue muy contundente cuando aclaró que la Fiscal nunca le dio nombres, por lo que es evidente que analizadas estas deposiciones en estricto apego a las normas de la SANA CRITICA, todo el engranaje probatorio que infundo el Abogado de la parte querellada para probar que actuaron difundiendo noticias sin fuente ni fundamento porque así lo hicieron los demás rotativos informativos del país, en vez de afianzar la defensa evidentemente la dejaron sin ningún tipo de soporte en virtud de que toda la prueba relacionada solo sirvió para dejar al descubierto que se actuó con pleno conocimiento, de que siempre fue falso e inventado lo publicado y que al informar erróneamente la verdad se hizo con toda la intención de DESACREDITAR; lo que se termina de confirmar y ratificar que el criterio planteado por la parte querellante no es equivocado. QUINTO: Para terminar de afianzar nuestra teoría tenemos otro medio de prueba más contundente como lo es, la COPIA DE LA DENUNCIA 0801-2011-27906, DE FECHA 29 DE Agosto del año dos mil once donde claramente se establece que el señor M. R. L. A. en representación de el señor B. M., cuyo contenido de la denuncia deja claro, y más que claro, que el denunciado a esa fecha por razones de DISCRIMINACION era el señor S. V. A., y miremos aquí lo irónico de la prueba, lo fácil que es enterarnos de este tipo de denuncias cuando queremos o buscamos un objetivo, esta Constancia que insólitamente presentó la propia parte querellada deja entrever aun mas todo el DOLO que rodea a esta causa, preguntémonos aquí y hagamos pausa ¿ qué le impidió a el HERALDO o en su defecto al periodista que cubre la fuente R. I., en aquel tiempo conseguir la copia de esta denuncia que hoy presentan como prueba Documental para corroborar la verdad de si G. F. HABIA SIDO DENUNCIADO O NO POR RACISMO. Observemos la fecha de esta Denuncia 29 de Agosto del año 2011, dos días antes de que se publicara la Noticia que hoy nos trae a esta causa, observen ustedes Honorables Magistrados como, sin ningún problema la parte querellada, consiguió copia de esta Denuncia, y ratificamos que para el momento de esta publicación siendo que este periodista de el Heraldo cubre este tipo de fuente hace ocho años , es casi imposible que yendo todos los días como lo hacen estos periodistas que trabajan cubriendo la fuente Judicial al Ministerio Público, tuviese conocimiento desde el mismo 29 de agosto de la Denuncia Interpuesta contra S. V. A. y no contra G. F., por lo que alegar ignorancia, desconocimiento o Negligencia, claramente en esta causa no cabe, estas son las pruebas que consideramos no fueron analizadas, coordinadas en base a la SANA CRITICA y que al no haberse apreciado bajo estos parámetros, se perjudica a mi poderdante cuando producto de todos los escándalos a grandes titulares que se producen por esta mala información se le consideró no apto para seguir como VICEMINISTRO de esta secretaria y se le separó en Diciembre del mismo año 2011, que la parte querellante alega que dicha separación se debió a una Intervención en dicha Secretaria, no menos cierto es el hecho de que de no haber sido considerado como “problemático” el señor G. F., jamás hubiese sido considerado para ser destituido como tal, esto lo corrobora mi poderdante al momento de rendir su deposición cono ofendido donde estableció que a raíz de estas Notas Desinformativas de el HERALDO el presidente P. L.S., que ya le había nombrado una comisión para investigar estos escándalos, y le advirtió que nadie era indispensable. Este criterio también aparece en la querella original. Finalmente diremos: todos tenemos derecho a que se respete nuestra Dignidad, nuestros derechos, nuestro buen nombre, a que no se nos desacredite o desprestigie ante la opinión pública con noticias maliciosas, falsas e infundadas, que atentan contra nuestro honor e imagen; hoy es G. F., mañana puede ser cualquier otro funcionario público, que se verá en la necesidad imperante de acudir a los entes Juzgadores en busca de justicia cuando se ve vulnerada su honra y desacreditado su actuar. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO. Siendo que el yerro que impulsa la interposición del recurso de merito, se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo 1) Expresó la recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal de carácter sustantivo; estableciendo como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el Tribunal sentenciador en la presente causa dictó un fallo absolutorio, algo difícil de entender porque en la sentencia de mérito se señaló que se encontraba ante una fuente noticiosa sin respaldo, que se publicó sin fuente informativa alguna, que se redujo a transcribir notas informativas de otros medios de comunicación sin confirmar o investigar sobre dichas notas; pero afirma el sentenciador que no se le puede condenar pues consideran que no existe dolo en la causa incoada, sino que negligencia. La reclamante estableció además que su asidero legal para invocar una casación por infracción de precepto legal es específicamente en el fundamento jurídico, pues si analizamos la acción que se ejecutó en deshonra y descrédito del señor G. F. por parte de periodista del diario El Heraldo, concluiremos en discrepar con el Tribunal a-quo en que lo hizo por negligencia y que por tanto no puede subsumirse en el tipo penal de injurias, pues considera que el imputado actuó en capacidad para entender y querer el resultado dañoso. 2) Esta Sala de lo Penal ha asumido como criterio jurisprudencial, que por tratarse de un recurso de casación por infracción de ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Este supremo Tribunal considera importante recordar, que conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la transgresión en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: A) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil, etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. B) Norma extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. C) Principio de doctrina legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”[1]. Otra circunstancia a considerar, son las diferentes especies del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, las cuales son: a) Violación o falta de aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación indebida, consiste precisamente en la invocación por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. 4) Estimamos necesario hacer las aclaraciones de los numerales anteriores, como una labor instructiva para que los recurrentes puedan contar con los conocimientos básicos sobre cómo dominar la técnica del recurso de casación, pues al analizar los planteamientos de la censora, se puede inferir su inadecuada técnica recursiva al momento de señalar las razones de hecho y derecho que consideró para presentar una impugnación por infracción de ley. En el caso subjudice y de forma totalmente errónea, la impetrante enuncia un recurso de casación por infracción de ley, pero omite señalar la especie de casación que corresponde (violación o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea), pero lo más delicado gravita en el hecho de que al enunciar el motivo de casación, no establece cuál es la norma penal supuestamente infringida, sino que en su defecto transcribe de manera literal el artículo 360 del Código Procesal Penal, que constituye la norma procesal que autoriza la interposición de la presente impugnación. Al momento en que el recurrente desarrolla su impugnación supuestamente por infracción de ley, trae a discusión argumentos sobre valoración de prueba, realiza una revaloración probatoria y con explicaciones subjetivas expone criterios particulares de cómo debió razonarse la prueba, situaciones que no es posible efectuar en recursos donde se denuncia la violación de normas sustantivas. Como ya lo explicamos anteriormente, el recurso de casación por infracción de ley se circunscribe a los hechos declarados probados por el Sentenciador, de tal manera que revisando los sucesos relatados en ellos, se puede determinar si el juzgador aplicó o interpretó de forma correcta la norma penal utilizada encajándola de manera perfecta o por el contrario existió desunión entre el cuadro fáctico y la norma sustantiva aplicada. 5) En este punto es importante recalcar que en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las garantías judiciales exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno ordinario eficaz, independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina)[2]. 6) Conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal a pesar de las inconsistencias que presenta el recurso y los yerros en los que incurrió el recurrente, procede a revisar la fundamentación fáctica de la sentencia para determinar si el juzgador aplicó o interpretó correctamente las normas penales al caso concreto. Luego de un análisis detallado, se concluye que los hechos probados están conformados con claridad, coherencia y precisión, de forma tal que los sucesos ahí planteados no pueden encajarse en el tipo penal de difamación injuriosa, pues según lo relatan los hechos probados a pesar que las noticias vertidas en los medios de comunicación escrita del cual el señor C. M.. F. es el director ejecutivo, no contaban con respaldo de la fuente informativa, no es posible visualizar en su accionar el elemento subjetivo de todo tipo penal, es decir el ánimo o intención de querer lesionar al bien jurídico protegido, en este caso el honor del señor G. F., pues tal como lo razonó el a-quo no solo el medio impreso dirigido por el señor M.. F. publicó dicha noticia, sino que fue una información extraída de otros medios de comunicación, incurriendo más en una negligencia periodística que no puede trascender al ámbito penal. En consecuencia, este supremo Tribunal al analizar el cuadro fáctico cuestionado puede concluir que los mismos fueron elaborados de manera coherente, cronológica, ubicando al lector en el tiempo y lugar, sin existir en ellos los elementos necesarios para encuadrar la acción del señor M.. F. en el delito de difamación injuriosa, razones por las cuales el sentenciador correctamente le absolvió de toda responsabilidad penal. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo 1) Denunció la recurrente que la sentencia carece de motivaciones fácticas y jurídicas, que dichas motivaciones son insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; consignando como norma que le permite la interposición del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el Tribunal sentenciador no valoró la prueba conforme a los elementos que integran la sana crítica, como ser la lógica, analogía y las máximas de la experiencia; esta prueba consiste en la publicación de diario El Heraldo de fecha 31 de agosto de 2011; al respecto el Tribunal a-quo afirma: “…debemos mencionar que los medios de comunicación para evitar que los denuncien y acusen de algún tipo de delito contra el honor deberían de contar con su respectivo respaldo…”Consideró la censora contradictorio dicho razonamiento, porque deja claramente establecido que la acusación promovida sí era procedente. Afirmó además que en el numeral segundo, último párrafo se estipula que la publicación del 31 de agosto de 2011 haya sido tendiente a menoscabar la integridad de la persona querellante, es decir lesionar, dañar, herir o perjudicar la honra; sin embargo el sentenciador no toma en cuenta que mucha de la información ahí vertida es amarillista, sensacionalista y falsa. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido como criterio jurisprudencial, que al señalarse que se han violentando las reglas de la sana crítica, es propio establecer que el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, prevé que el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: … 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Al respecto, se ha señalado que: “…La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo; este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…[3]”. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: íntima convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados); prueba legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es este último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del código procesal penal. En cuanto a la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…[4]” 3) Partiendo de la doctrina legal[5] sentada por esta Sala de lo Penal, componen la sana crítica: A) Reglas de la experiencia común: se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzgay que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto, no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. B) Las Reglas de la psicología: están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C) Las reglas de la lógica: la lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La derivación: de este se extrae el principio de razón suficiente, por el cual el inter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. 4) Luego de explicar en qué consisten las reglas del recto entendimiento humano y cómo deben aplicarse en la valoración de las pruebas, se hace evidente la inadecuada técnica recursiva de la censora, pues si bien denunció el quebranto a las reglas del recto entendimiento humano, no cumplió con lo regulado en el artículo 363 del Código Procesal Penal, al exigir que se puntualice cuál regla se considera violentada, cuáles son los razonamientos erróneos en los que incurrió el sentenciador y que fuesen contrarios a las reglas de la sana crítica. Este Tribunal de Casación observa que la censora equivocadamente realiza una revaloración de material probatorio evacuado en debate, externando criterios totalmente subjetivos de cómo el juzgador debió valorar las pruebas, ejercicio mental que no es permitido en etapa casacional, pues dicha tarea compete únicamente al juez a-quo, ya que es él quien ha tenido contacto directo con las pruebas y su desarrollo en el juicio oral y por tanto es al único a quien le compete externar razonamientos sobre dicho material probatorio, por tanto la tarea de esta Sala en casación se limita a revisar que los juicios de valor utilizados por el juzgador se conformen a partir de los diferentes lineamientos y normas que conforman las reglas de la sana crítica. La censora al señalar el motivo de casación, transcribe de manera literal todos los supuestos que se establecen en el numeral 3 del Código Procesal Penal, lo cual es incorrecto, pues a cada supuesto corresponde plantearlos de forma separada para evitar la confusión y falta de claridad del recurso. De igual forma la impetrante erróneamente incluye, dentro de las reglas de la sana crítica, a la analogía la cual constituye una de las fuentes del derecho penal siempre y cuando se considere en beneficio al imputado, pero no forma parte de las denominadas normas del recto entendimiento humano. 5) Sin embargo, en aras del respeto al derecho de defensa que posee toda persona sometida a proceso penal, regulado en el artículo 82 de la Constitución de la República y en observancia del derecho a recurrir los fallos que contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2.h y en acatamiento al control de convencionalidad al que estamos obligados todos los Tribunales de la República, este Tribunal de Casación ha efectuado un análisis profundo y detallado de los razonamientos externados por el sentenciador y puede concluir que los mismos están cimentados en las reglas del recto entendimiento humano, llegando a elaborar razonamientos coherentes, lógicos y concatenados, mismos que se derivan del resultado probatorio. En el acápite denominado “valoración de la prueba evacuada en el debate” numeral primero de la sentencia recurrida, el juzgador razonó la declaración del querellante G. F. R., J. V. d. C. M., de las cuales acertadamente establece que la deposición del señor G. fue de utilidad para acreditar que en efecto hubo una denuncia pero la misma no fue en su contra sino en contra del señor S. A., por el delito de racismo en perjuicio de B. M.; se confirmó además que las publicaciones realizadas por el diario El Heraldo en fecha 31 de agosto y 10 de octubre de 2011 fueron realizadas sin ningún respaldo por este rotativo, perjudicándolo y haciéndolo ver como un funcionario problemático, lo que provocó que perdiera su empleo como viceministro de la Secretaría de Artes y Deportes. Expresó además el juzgador, que con ambas declaraciones se acreditó que las publicaciones realizadas por diario El Heraldo el 31 de agosto y 10 de octubre de 2011, tuvieron como fuente u origen en una reproducción de noticias de otros medios de comunicación, que referían declaraciones de la fiscal especial de Etnias Yanis del Cid, resultando esta última declaración de mucha utilidad para el a-quo para dejar claro que las publicaciones tuvieron su fuente informativa que no fue verificada por El Heraldo en su contenido, actuando el responsable de la noticia de forma irresponsable, ya que la fiscal no mencionó que se trataba del señor G. F., sino que fueron conjeturas de los periodistas, por lo que estima el sentenciador, que no fueron publicaciones deliberadas que hiciera el rotativo para perjudicar al señor F.. Las valoraciones que realiza el Tribunal sentenciador son correctas, coherentes, razonadas y derivadas de las declaraciones rendidas por los testigos; acertadamente el Tribunal concluye que si bien la información vertida por el periódico El Heraldo no tuvo una fuente de información porque fue tomada de noticias de otros medios de comunicación, las mismas no se hicieron de forma meditadas para dañar el honor del señor G. F.. 6) En el numeral tercero del acápite valoración probatoria, el juzgador razonó varias pruebas documentales y en el numeral 9 señala una publicación del 31 de agosto de 2011, medio de prueba que consideró de utilidad, pues se acreditó que la misma noticia que reprodujo diario El Heraldo, fue reproducida por otros medios de comunicación, lo que indica que dicho rotativo, no inventó los hechos publicados el 31 de agosto de 2011, sino que al igual que los otros medios de comunicación se dedicó a reproducir una información cuya fuente no fue comprobada en sus dichos, solo que, La Tribuna al darse cuenta de su error, le dio al señor G. F. el derecho a réplica. Dicho razonamiento resulta muy interesante para esta Sala, pues con ello se acredita sin lugar a dudas que el director de El Heraldo, no tuvo la intención de lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido, es decir el honor del señor F., pues dicha información circuló en varios medios de comunicación en iguales circunstancias, es decir sin tener una fuente de la información; por lo que se confirma que dichas publicaciones se realizaron de manera irresponsable es decir negligente. En el resto de la sentencia el Tribunal va razonando de manera conjunta y armónica toda la prueba evacuada en el juicio, efectuando juicios de valor coherentes, lógicos y derivados precisamente de las pruebas, aplicando de manera correcta las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma interpuesto por la recurrente. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado todos de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la abogada B. J. C. H. en su condición de apoderada legal del señor G. F. R. en la querella interpuesta contra el señor C. M.. F. a quien se le absolvió por el delito de difamación injuriosa. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la abogada B. J. C. H. en su condición de apoderada Legal del señor G. F. R. en la querella interpuesta contra el señor C. M.. F. a quien se le absolvió por el delito de difamación injuriosa. Y MANDA: Que se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de enero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-139-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1]Cuellar Cruz Rigoberto, Fernández Entralgo Jesús, Gomez Colomer Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. Página 588

[2] Convención Americana sobre Derechos Humanos “Comentario”. Fundación Konrad Adenauer Stifung. Editores Christian Steiner y Patricia Uribe. Año 2013

[3] Vid Sentencias de la Sala de lo Penal: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 360-2009 de fecha 20 de octubre del 2011, SP 385-09 de fecha 05 de Abril del 2011.

[4] Vid Sentencias de la Sala de lo Penal: SP 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 88-2009 de fecha 20 de octubre del 2011.

[5] Vid Sentencias de la Sala de lo Penal: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 242-2009 de fecha 02 de noviembre del 2011, Exp 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011.