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Sentencia CP-135-13 — Registro 5886

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por robo agravado y tentativa de homicidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...) Ante los planteamientos del censor, se hace evidente la inadecuada técnica recursiva; pues si bien consideró que el sentenciador interpretó erróneamente los artículos 116 en relación al 32 y 15 del Código Penal, omitió establecer concretamente cómo el sentenciador incurrió en ese yerro, tal como lo requiere el artículo 363 del Código Procesal Penal segundo párrafo que expresa: “En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara precisa, los preceptos penales que considerare infringidos, el sentido en que lo hubiera sido y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende;…” De igual manera el censor utiliza dentro de sus argumentaciones, señalamientos propios de otras especies de casación, por ejemplo expresó: “…que no se valoró de forma conjunta y armónica toda la prueba; que el juzgador no tomó en consideración las supuestas contradicciones en las que incurrieron los testigos de cargo; que existió una investigación débil y falta de objetivad del ente acusador…”todas estas expresiones son propias de un recurso de casación por quebrantamiento de forma, lo que hace que la presente impugnación se vuelva falta de claridad y precisión..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, en su condición de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA en el recurso de casación SP 135-2013 por infracción de ley, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor C. A. C. E., a la pena de SEIS (06) AÑOS OCHO (08) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO AGRAVADO y DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de M. J. R., más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, e INTERDICCIÓN CIVIL; 2) CONDENANDO al señor V. O. F. L., a la pena de SEIS (06) AÑOS OCHO (08) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de M. J. R., más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, e INTERDICCIÓN CIVIL;3)ABSOLVIENDO al señor V. O. F. L., por el supuesto delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de M. J. R. S..- 4) NO CONDENÓ a los encausadosen costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, el abogado M. J. A. C., actuando en su condición de defensor privado del señor C. A. C. E..- Son partes: el abogadoM. J. A. C. en su calidad de RECURRENTE y el abogado S. C. A. en su condición de representante del MINISTERIO PÚBLICO, como RECURRIDO. II. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha uno de Febrero del año dos mil diez, a eso de las cuatro treinta de la tarde, el señor M. J. R. S., transitaba por la séptima avenida de Comayagüela; Municipio del Distrito Central, a inmediaciones de la confitería Venus, cuando le salieron al paso cuatro individuos, mientras una mujer de nombre desconocido vigilaba que no llegara la policía; uno de ellos, identificado posteriormente con el nombre de V. O. F. L., lo sujetó de los brazos, mientras los otros tres individuos le registraban los bolsillos despojándole de sus pertenencias consistente en una cantidad que oscilaban entre quinientos y mil lempiras en efectivo, y dos celulares uno con la marca LG, y otro con la leyenda Claro; en ese momento, M. J. les dijo que no le hicieran daño que era un hombre cristiano, procediendo C. A. C. E. a inferirle una puñalada en el lado derecho del cuello. SEGUNDO: Los cuatro individuos salieron en veloz carrera al escuchar disparos que fueron hechos por una persona desconocida desde uno de los locales cercanos al sitio donde despojaron de sus pertenencias a M. J., mientras este fue trasladado al Hospital Escuela de esta ciudad, quien recibió atención médica de manera oportuna, salvándole la vida.” III. RECURSO DE CASACIÓN EL RECURRENTE ABOGADO M. J. A. C., EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO, DEL ENCAUSADO C. A. C. E., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. “MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS: Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta numeral 2 que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la Valoración de la Prueba que literalmente dice: Seguidamente se expresaran las pruebas teniendo en cuenta para declarar probados los hechos Justificados, según las reglas la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en el juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a través de indicios, igualmente declarados probados. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera con junta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en la sala quinta por unanimidad de votos, declaró como hecho probado el siguiente: PRIMERO: En fecha uno de febrero del año dos mil diez, a eso de las cuatro y treinta de la tarde, el señor M. J. R. S., transita por la séptima avenida de Comayagüela, cuando le salieron al paso cuatro individuos mientras una mujer de nombre desconocido vigilaba que no viniera la policía, uno de ellos identificado posteriormente con el nombre de V. O. F. L., lo sujetó de los brazos, mientras los otros tres individuos lo registraban los bolsillos despojándolo de sus pertenencias consistentes entre una cantidad que oscila entre quinientos y mil lempiras en efectivo, y dos celulares uno con la marca LG y otro con la leyenda claro; en ese momento M. J. les dijo que no le hicieran daño que era un hombre cristiano, procediendo C. E. a inferirle una puñalada en el lado derecho del cuello. SEGUNDO: Los cuatro individuos salieron en veloz carrera al escuchar disparos que fueron hechos por una persona desconocida desde uno de los locales cercanos al sitio donde despojaron de sus pertenencias a M., mientras este fue trasladado al hospital escuela de esta ciudad quien recibió atención médica de manera oportuna, salvándole la vida. ERROR IN IUDICANDO POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURRIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ORGANO SENTENCIADOR. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Para SERVIO TULIO RUIZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad… entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (Ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39). Para JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo (ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194. Pág. 134). Al establecer el A-quo como hecho probado el antes mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpretó erróneamente la Ley Sustantiva en su artículo 116 relacionado con el 32 y el 15 del Código Penal Vigente. cuando decide declarar culpable a mi representado y lo condena por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, por existir un supuesto Dolo Directo y su participación a título de autor, situación que no logró probar el ente acusador. Para ser responsable de la comisión de un delito penal. es necesario tener participación en el mismo, ya sea a título de autor o coautor, y esa participación en la comisión del delito debe ser dolosa o culposa; Genéricamente por DOLO simplemente se entiende como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito.- De esta definición se desprende que el dolo está constituido por dos elementos: A.- ELEMENTO INTELECTUAL: Para actuar dolosamente el sujeto de la acción debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica, es decir los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material; el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial, es decir el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. B.-ELEMENTO VOLITIVO: Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos, objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos.- El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede realizar. (Ver Muñoz Conde en la obra supra-indicada páginas 2.69, 2.70, 271, 372) Atendiendo la mayor o menor intensidad de estos elementos (intelectual o volitivo) tradicionalmente la jurisprudencia distingue entre dolo directo y dolo eventual.- DOLO DIRECTO: El autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad): el autor quería matar y mata, quería dañar y rompe la cosa, etc. DOLO EVENTUAL: El sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización. El sujeto no quiere el resultado, pero , <admite su producción>, . (ver idem Págs. 272 y 273)>. El párrafo segundo del artículo 13 de nuestro Código Penal establece que: “el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existela posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan” La primera parte de la definición anterior constituye lo que se llama dolo directo, mientras que la segunda parte se refiere lo que la jurisprudencia conoce como dolo eventual. PARECER DE LA DEFENSA: Es claro y evidente que de conformidad a la Doctrina penal actual, el A-quo interpretó erróneamente la aplicación de los conceptos de Dolo, Autoría y Delito. Esta defensa tal y como queda plasmado que la ley les da la Facultad de REPRESENTAR, DEFENDER Y PROTEGER, los intereses generales de la sociedad, el tribunal da una total credibilidad al testimonio del ofendido, aun cuando éste tuvo muchas contradicciones con los testigos protegidos propuestos por el Ministerio Público, pero nos preguntamos donde queda la objetividad establecida en el artículo 93 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Público debe practicar pruebas de Cargo como de Descargo que puedan favorecer a una persona que se cree puede haber tenido alguna participación en alguna conducta impropia que se pueda tipificar como delito o falta, pero en este caso no es así ya que en el hecho que se atentó contra la vida del señor M. J., resulta de un supuesto asalto, razón por la cual nos preguntarnos si el Ministerio Público realizó u ordenó alguna diligencia para dar con el paradero de las otras personas que supuestamente acompañaban a los imputados y hecho menos se decomisa la supuesta arma con la que se le agredió por parte del señor C. E., razón por la cual la sociedad debe de pedir cuentas tanto al ente investigativo como ser LA DNIC, como al Ministerio Público para encontrar a la persona culpable de dichas acciones, y no a UN CULPABLE Velando por el respeto y cumplimiento de las garantías constitucionales de nuestro Estado de Derecho, como habla el tratadista FRANCESCO CARRARA en su libro clásicos del Derecho Penal que establece que la SOCIEDAD no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la ley eterna. La autoridad no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la sociedad. El derecho de Punir no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la autoridad Cadena de medios indisolubles. Emanaciones todas del principio absoluto, y todas convergentes a la armonía universal. Y el tribunal juzgador solo se remite a decir que los tres imputados fueron coautores de una muerte. De tal manera, el derecho de punir se remonta a dos grandes principios: la Justicia absoluta, y la defensa de los derechos del hombre. La necesidad de la defensa en la causa primera del derecho de punir. La justicia determina los límites y la medida del mismo. Porque remontamos a lo establecido por este tratadista, ya que el Ministerio Público pierde su dirección dentro del papel que tiene dentro de la sociedad que no es tan solo el de acusar, sino que también el de defender, y no seguir permitiendo que nuestros jueces sigan cometiendo atroces errores que terminan de hundir más en la impunidad los delitos cometidos por otros pero que para que no queden en estadísticas hay que buscar un culpable. El tribunal de sentencia, al valorar los TESTIMONIO DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS que a criterio de esta defensa, nos un margen de duda para lograr establecer que los hoy imputados no tuvieron participación alguna en el hecho que se les quiere imputar: Por lo cual vuelvo a traer a colación las palabras del tratadista FRANCESCO CARRARA, al decir muy puntualmente con palabras que se describen textualmente: Así, pudo echar amplias raíces el sentimiento de respeto que se debe al ciudadano aunque esté acusado de un crimen, y junto con la caridad hacía el infeliz sobre el que pende una acusación creció el respeto a los sagrados derechos de la defensa, cuyas potestades deben de constituirse sobre la base de la igualdad con las potestades de la acusación para disminuir lo mas que sea posible el peligro de la condena de un inocente, en lo cual no solo existe daño privado, sino el grave daño social d la impunidad del culpable. Deben trazarse los límites de los poderes de la acusación, o sea que se induzca engaño a la justicia por exceso de celo o miras ambiciosas. La defensa en la audiencia de debate mantuvo su tesis inicial, la cual sostuvo con prueba que ya estaba contaminada en virtud de la mala investigación que solo con el sustento de declaraciones testifical, quiere hacer ver culpables al señor C. E., Otro elemento importante de destacar, al momento de su detención, no les fue decomisada arma alguna, otro elemento importantísimo que el tribunal no tomó en consideración, para poder comprobar y vincular directamente con el hecho, ya que por conveniencia ni los policías que participaron en la captura de los imputados fueron traídos a declarar, ya que con su testimonio, faltaba a la verdad al señalar a los dos imputados como partícipes de un hecho criminoso del cual no tuvieron participación alguna, y es por todas estas circunstancias que rodean el entorno de este caso que al ser tan complejo y confuso, AL VER EL VACIO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA FALTA DE OBJETIVIDAD Y EFICIENCIA, por tal razón refiero las palabras nuevamente del tratadista FRANCESCO CARRARA al decir: Yo también pienso que es un error unificar en el solo principio moral la génesis del derecho punitivo, porque en ellos se transmuta la función práctica del magisterio penal, impulsándolo a la dirección INTERNA del hombre, con evidente exceso que sobrepasa el FIN al cual está dirigido, y sometiéndolo a las indefinidas exigencias del ascetismo. La defensa de los imputados mantuvo en su tesis como se determina la responsabilidad de los imputados si no se decomisa arma alguna, arma que no se encuentra y que no fue decomisada, por eso las palabras sabias del FRANCISCO CARRARA al decir LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL NO ES, POR LO TANTO, UNA CIENCIA CON LA CUAL SE ANDE BUSCANDO LO QUE UNO U OTRO LE PLACE ESTABLECER. ES EL DESENVOLVIMIENTO DE PRINCIPIO DE RAZÓN ETERNA; ES LA BUSQUEDA DE VERDADES ABSOLUTAS. Solo porque el Ministerio Público considere que existen elementos deben decretarse una sentencia condenatoria si el mismo solicita algo en contra de su objetividad, porque no se rige por el principio de la objetividad y de la verdad absoluta, sin analizar la teoría del delito que enmarca tres elementos esenciales, como ser el SUJETO ACTIVO, EL SUJETO PASIVO y EL CUERPO DEL DELITO, que haciendo una valoración conjunta y en armonía producirá el efecto que es encontrar al culpable del delito y no a un culpable, y que nuevamente se quede otro hecho en la impunidad, y nos preguntamos donde quedaron supuestamente arma que portaba mi patrocinado, si en la valoración de la prueba el tribunal habla de un supuesto, pero sabemos que para condenar una persona se tiene que tener la certeza y no hablar de un supuesto, y por tal razón pecan de irresponsables para con los principios del derecho, y abusan del poder que les ha conferido la ley para encontrar la verdad absoluta y no unos supuestos.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Expresó el recurrente que el tribunal sentenciador incurrió en infracción de precepto penal, consignando como norma que le autoriza la interpelación del presente recurso, en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el impetrante, que citaba como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal,regla cuarta, numeral 2, que refiere a que la sentencia penal debe ser justificada por hechos probados, según las reglas de la sana crítica. Advierte el censor que el juez A-quo, después de valorar la prueba, no lo hizo de forma conjunta y armónica, lo que le llevó a incurrir en un error in iudicando al realizar una interpretación errónea de un precepto penal. Refiere también el reclamante, que el sentenciador incurrió en grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, ya que es una apreciación falsa de lo que ocurrió; pues al establecer los hechos probados se hizo evidente la interpretación errónea del artículo 116 en relación con el 32 y 15 del Código Penal, por existir un dolo directo a título de autor, situación que no logró probar el ente acusador. Manifiesta igualmente el recurrente, que el tribunal A-quo interpretó erróneamente los conceptos de dolo, autoría y delito, pues le da total credibilidad al testimonio del ofendido aún y cuando tuvo muchas contradicciones con los testigos protegidos propuestos por el Ministerio Público; además de existir vacíos en la investigación por la falta de objetividad del ente acusador. 2) En varios fallos ha establecido esta Sala de lo Penal, que por tratarse de un recurso de casación por infracción de ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el tribunal de sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: A) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. B) Norma extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “Observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. C) Principio de doctrina legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”[1]. Otra circunstancia a considerar, son las diferentes especies del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, las cuales son: a) Violación o falta de aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación indebida, consiste precisamente en la invocación por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el Fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. 4) Ante los planteamientos del censor, se hace evidente la inadecuada técnica recursiva; pues si bien consideró que el sentenciador interpretó erróneamente los artículos 116 en relación al 32 y 15 del Código Penal, omitió establecer concretamente cómo el sentenciador incurrió en ese yerro, tal como lo requiere el artículo 363 del Código Procesal Penal segundo párrafo que expresa: “En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara precisa, los preceptos penales que considerare infringidos, el sentido en que lo hubiera sido y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende;…” De igual manera el censor utiliza dentro de sus argumentaciones, señalamientos propios de otras especies de casación, por ejemplo expresó: “…que no se valoró de forma conjunta y armónica toda la prueba; que el juzgador no tomó en consideración las supuestas contradicciones en las que incurrieron los testigos de cargo; que existió una investigación débil y falta de objetivad del ente acusador…”todas estas expresiones son propias de un recurso de casación por quebrantamiento de forma, lo que hace que la presente impugnación se vuelva falta de claridad y precisión. 5) Ahora bien, consideramos oportuno aclarar que la interpretación errónea de una ley sustantiva consiste en que citando la sentencia, la ley correspondiente se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. A pesar que la sentencia invoca la ley aplicable, no le da su significado preciso, aumentó o restringió sus efectos y consecuencias, que son extraños a su contenido. Ello podrá ocurrir en el caso que, concurriendo todos los elementos del tipo penal de robo en el relato de hechos probados, el tribunal le asigne esos acontecimientos el delito de robo en un grado de imperfecta realización, con lo que se le ha restringido los efectos al delito de robo consumado al acreditarse con los hechos probados que todos sus elementos de tipificación legal concurren y ello a pesar de ser la infracción aplicable al caso[2]. 6) Conforme el cuadro fáctico que el juzgador ha establecido como probados, en ellos claramente se establece que el procesado C. A. C. E. le infirió una puñalada en la humanidad del ofendido M. J. R. S., cuando en compañía del otro imputado V. O. F. L., le despojaban de sus pertenencias el día 1 de febrero del 2010 en las inmediaciones de la séptima avenida de Comayagüela; siendo trasladado el perjudicado al Hospital Escuela donde recibió atención médica oportuna, logrando salvarle la vida; en estos hechos probados se han interpretado correctamente las normas penales del artículo 116, 32 y 15 del Código Penal, pues dicha fundamentación fáctica encaja de manera perfecta y armónica en el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa y además robo agravado; pues los imputados tomaron parte directa en la ejecución de los mismos, atentando contra la vida del ofendido, pero no logrando su muerte por la pronta atención médica que recibió, es decir por una causa ajena a la voluntad de los agentes; pero si logrando consumar el desapoderamiento de las pertenencias personales que portaba en esos momentos la víctima; en tal sentido considera este supremo tribunal de casación, que los sentenciadores han interpretado de forma correcta las normas penales utilizadas para establecer que el imputado C. A. C. E. es responsable penalmente a título de autor, de los delitos de HOMICIDIO EN GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA Y ROBO AGRAVADO. V. DECISIÓN Por las razones suficientemente explicadas, este tribunal de casación declara no ha lugar la presente impugnación. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5; 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, y 369 del Código Procesal Penal; 15, 32, 116, 217, 219 del Código Penal.- FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de ley en su ÚNICO MOTIVO, interpuestos por el abogado M. J. A. C. en su condición de DEFENSOR PRIVADO del señor C. A. C. E.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCIA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-135-2013.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1]Cuellar Cruz Rigoberto, Fernández Entralgo Jesús, Gomez Colomer Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. Página 588

[2]Cuellar Cruz Rigoberto, Fernández Entralgo Jesús, Gomez Colomer Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. Página 590