Sentencia CP-132-13 — Registro 5854
Resumen
El Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia l declaró al joven responsable a título de autor de la infracción penal de robo, aplicándole la medidas socioeducativas y la obligación de reparar el daño en concepto de justa indemnización.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) Denunció la impetrante la transgresión al artículo 90 de la Constitución de la República, consignando como norma que le autoriza la interposición del recurso, en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Estableció la censora que el Juez A-quo violentó el artículo 90 de la Constitución de la República que contiene el derecho al Debido Proceso, pues para el tratamiento de los menores se tomará en cuenta el Código de la Niñez y como norma supletoria, el Código Procesal Penal. Explicó la reclamante que el Artículo 432 del Código Procesal establece que una vez dictada la sentencia, la víctima o sus herederos o la Procuraduría podrán solicitar al Juez de Ejecución por vía de apremio la restitución, la reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios. Sin embargo el Juzgador, al emitir su fallo lo hizo en inobservancia de esa norma procesal, porque se tomó la atribución de cuantificar la responsabilidad civil por una cantidad de Tres Mil Lempiras (L. 3,000.00) cuando dicha función corresponde al Juez de Ejecución. 2) Esta Sala considera importante recordar que la garantía genérica del Debido Proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros. El Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad[1][1]. 3) La Responsabilidad Civil constituye una obligación de restitución, reparación o indemnización a favor de la víctima u ofendido, quien se ve directamente afectado en su interés patrimonial o moral por la comisión de un hecho delictivo propiciado por el condenado. De ello deviene que todo acto constitutivo de una infracción penal, se deriva de la inobservancia de la norma penal sustantiva (Código Penal) y por otra, la responsabilidad civil derivada del delito[2][2]. Si bien de toda responsabilidad penal se deriva responsabilidad civil, no significa que ante la no concurrencia de responsabilidad penal, deba quedar excluida la responsabilidad civil, puesto que “a diferencia de la pena, la responsabilidad civil no ha de verse como un castigo por la infracción de una norma, sino como la reparación de un daño, que trata de restablecer la situación alterada por dicho daño. Mientras que la ley prohíbe la realización del delito y la pena sólo puede imponerse a quien infringe dicha prohibición, el sentido de las normas que establecen la responsabilidad civil no es en puridad prohibir a los responsables civiles la causación del daño patrimonial o moral antes de que se produzca, sino determinar quien o quienes deben asumir aquel daño una vez causado y en qué medida deben hacerlo[3][3]”. 4) Ante los planteamientos vertidos por la recurrente, es necesario realizar una revisión de nuestra normativa legal, tanto en materia de niñez como en procesal penal, para determinar si el Juez A-quo se extralimitó en sus funciones y por ende violentó el debido proceso al cuantificar una sanción de reparación del daño o por el contrario actuó dentro del margen de la ley. Tal como lo establece el artículo 105 del Código Penal, todo aquel que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente; este precepto es igualmente aplicable a los menores que infringen la ley penal. El Soberano Congreso Nacional emitió en fecha 05 de septiembre del 2013, el decreto legislativo N° 35-2013 mediante el cual reformó el Código de la Niñez y de la Adolescencia que se encontraba vigente desde el año 1996 mediante el Decreto 73-96. En el artículo 16 del Decreto 35-2013 se establece que los procedimientos y medidas impuestas a menores de 18 años, por hechos sucedidos antes de la entrada en vigencia de la reforma, se sustanciarán hasta su conclusión rigiéndose de conformidad con la normativa en vigor antes de la vigencia de este decreto. En la presente causa, el Juez A-quo emitió su sentencia el 23 de noviembre del 2012, fecha en la cual aun no estaban en vigencia las reformas al Código de la Niñez, en tal sentido procedería resolver dicha disyuntiva mediante los lineamientos del decreto 73-96. Sin embargo este decreto legislativo que contiene el Código de la Niñez “sin reformas” establece en su artículo 183 que los niños tendrán derecho a que les sea aplicada la nueva ley si le resulta más favorable; del análisis de ambos decretos, el Código de la Niñez reformado mediante decreto 35-2013 resulta más garantista y favorable para los niños infractores y por ende corresponderá resolver este Recurso de Casación en base a la nueva normativa que en niñez se contiene en ese decreto legislativo. Tomando en consideración además lo regulado en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959, recoge el Principio 2 que reza: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” 5) El Código de la Niñez vigente (Decreto 35-2013) establece en su artículo 264: “La Corte Suprema de Justicia distribuirá las funciones de los Jueces de garantías, de Juicio y de Ejecución, de conformidad a lo establecido en este Código, debiéndoles dotar de los recursos presupuestarios, materiales, personal y logística necesarios. No obstante, su creación será progresiva, de conformidad a los programas, planes y presupuestos de que disponga. En tanto no se creen, distribuirá las responsabilidades de éstos, de manera que funcionen de conformidad con los principios rectores y la debida separación de funciones entre la Instrucción, el Juzgamiento y Ejecución.” En tal sentido al no estar conformados los jueces que se encargarán de la etapa de ejecución de la sentencia para los menores, la Corte Suprema de Justicia emitió el oficio 900-SCSJ-2014 de fecha 13 de junio del 2014, contentivo del auto acordado en el cual, en el numeral 4 se establece que los Juzgados de Ejecución que conocen casos de adultos, provisionalmente conocerán los casos de menores, mientras se nombran los jueces de ejecución especializados en niñez. Podemos concluir por tanto, que en efecto, la etapa de ejecución de las sentencias en materia de niñez, serán resueltas de forma provisional por los Jueces de Ejecución de adultos. Ahora bien, encontramos en el Código de la Niñez vigente el Artículo 184 que establece: “Que las acciones civiles para el pago de perjuicios ocasionados por la infracción cometida por un Niño (a), deberá promoverse ante la jurisdicción civil, de acuerdo con las normas generales”; además el Artículo 199 regula: “La Reparación del Daño a la Víctima tiene por finalidad resarcir el daño causado, asignando al sancionado una obligación de dar o de restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustituto. Solamente podrá imponerse, si la víctima y e sancionado hayan manifestado su acuerdo. Si ambas partes acuerdan sustituir la obligación de hacer por una suma de dinero, el Juez procederá a fijar la cuantía que considere equivalente a los daños y perjuicios ocasionados por el hecho delictivo. En la Resolución respectiva deberá estipularse el plazo de cumplimiento, el cual no podrá ser mayor a un (1) año. El Juez a cargo de la Ejecución declarará que la Sanción se encuentra cumplida, cuando el daño haya sido reparado en la forma acordada”; y por último el artículo 287 regula que: “Lo no previsto en el Código se resolverá de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, en el Código de Procedimientos en Materia Penal y en el Código de Familia”. En consecuencia los menores infractores son también responsables civilmente como consecuencia de una infracción penal, ahora bien la medida impuesta por el Juez A-quo al menor C. D. T. C. de reparación del daño a la víctima sólo es aplicable cuando ha existido un acuerdo entre la víctima y el menor infractor, situación que no se cumple en el presente caso, pero eso no lo exime de su responsabilidad civil que conforme al artículo 432 del Código Procesal Penal será conocido por un Juez de Ejecución, ante quien podrán solicitar por vía de apremio la restitución, reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios; en consecuencia se puede afirmar que el Juez A-quo con su fallo violentó el Debido Proceso al tasar la responsabilidad civil del menor cuando esta función corresponde al Juez de Ejecución respectivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 287 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración de los Derechos del Niño, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
10CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 132-2013 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la Sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual declaró al joven C. D. T. C., responsable a título de AUTOR de la infracción penal de ROBO en perjuicio de M. J. B., aplicándole la medidas socioeducativas por un término de CUATRO MESES, que consistirán en: a) Presentarse en el Hogar de Niños San José de Santa Rosa de Copán, los días lunes, miércoles y viernes con un horario de siete a diez de la mañana para realizar diversas labores de limpieza en dicho centro; b) Obligación de reparar el daño en cantidad de TRES MIL LEMPIRAS (L.3.000.00) para la ofendida M. J. B. en concepto de justa indemnización. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada K. E. Z., en su condición de Defensora Pública del menor C. D. T..- Son partes: El Abogado M. R. A. E. en su condición de DEFENSOR PÚBLICO del menor como RECURRENTE y el Abogado S. C. A. en su calidad de Representante del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRIDO. II. HECHOS PROBADOS. “PRIMERO: Que en fecha siete de agosto del año dos mil doce, siendo aproximadamente las nueve de la noche, la señora M. J. B. transitaba por una calle del Barrio Santa Teresa de esta ciudad, y cuando pasaba cerca de la casa de doña Olimpia, fue agarrada del pelo por detrás por el joven C. D. T. C. quién asimismo le puso un cuchillo a un lado de su cuerpo a la altura del estómago diciéndole que le entregara el celular que portaba en la bolsa de la calzoneta que portaba, motivo por el cual dicha señora le manifestó que la soltara que le iba a dar el celular, procediendo en ese mismo instante a entregarle su teléfono celular color azul, marca Nokia, quien en ese momento se retiro de dicho lugar en compañía de otra persona desconocida que lo esperaba como a media cuadra de distancia; procediendo la señora M. J. B. a salir corriendo de dicho lugar a pedirle auxilio a su esposo, encontrando una patrulla de la Policía Nacional Preventiva a la altura del negocio conocido como depósito Mary ubicado en el mismo Barrio Santa Teresa, procediendo en ese mismo instante los agentes que andaban en dicha patrulla a desplazarse por varios sectores de la ciudad en busca del joven C. D. T. C. logrando encontrarlo sentado en la acera de una casa de habitación ubicada en el Barrio Mercedes de ésta ciudad, en compañía de otras personas en la celebración de un velorio, logrando identificarlo en ese momento la señora M. J. B. al joven C. D. T. C. como la persona que la había despojado de su celular hace unos instantes, por lo que los agentes policiales procedieron a darle inmediata aprehensión junto con otra persona que se encontraba con él ya que fue reconocido por dicha señora como la persona que estaba esperando al joven C. D. a media cuadra del lugar donde fue despojada de su celular, y que es con esta persona que dicho joven se marchó después de tal acción.”III. RECURSO DE CASACIÓN. La recurrente Abogada K. E. Z., en su condición de DEFENSORA PÚBLICA, desarrolló su RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL de la siguiente manera: “EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: La sentencia se ha dictado violentando garantías constitucionales. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La sentencia promulgada por el Juez de Letras se ha dictado violentando el principio del debido proceso que establece nuestra Constitución de la República donde se especifica en el primer párrafo del artículo 90 que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” Asimismo, el artículo 287 del Código de la Niñez y la Adolescencia en relación con el artículo 447 del Código Procesal Penal ya establecen que el procedimiento seguido para los menores infractores se llevará conforme a este último cuerpo legal. Por lo anterior, el procedimiento seguido para deducir la responsabilidad civil se hará conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, el cual establece en su artículo 432 lo siguiente: «Procedencia.-Firme que sea la sentencia condenatoria o excluida la responsabilidad penal en los casos de inimputabilidad, fuerza irresistible, miedo insuperable y estado de necesidad a que se refiere el Código Penal, la víctima o sus herederos o la Procuraduría General de la República, en su caso, podrá solicitar al Juez de Ejecución por la vía de apremio ordene la restitución, la reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios, en los casos en que proceda.“UNICO: Por lo anterior, el juzgador ha incurrido en una violación del debido proceso y, por ende, del principio de legalidad, pues en su fallo incluye una cuantificación producto de la responsabilidad civil derivada de la infracción por la que mi representado ha sido condenado, sentencia que aún no se encuentra firme. Tal y como anteriormente se ha indicado, dicha facultad, en consonancia con el artículo 432 del Código Procesal Penal, corresponde dirimirla en la fase de Ejecución y no en la primera instancia. En la sentencia de mérito se establece una medida socioeducativa producto de una ‘justa indemnización” tal y como el propio juzgador la refiere, la cual conforma parte de la responsabilidad por los daños y perjuicios producidos, los cuales deben ser valorados en la fase de ejecución del proceso. No obstante, violentando lo que la normativa penal establece al respecto, en la sentencia se cuantifica la responsabilidad civil por una cantidad que asciende a tres mil lempiras (L.3,0000.00). Es importante destacar que dicha cuantificación fue realizada en forma arbitraria pues ninguna de las partes intervinientes en el proceso aportó medios probatorios que pudieran conllevar a determinar dicha cuantía, (asimismo recordemos que se trata de un menor de edad el cual depende económicamente de sus padres), debido a que el momento procesal no era el establecido por la ley para efectos de dilucidar los daños provenientes del delito. Por lo que, el juzgador incurre en una violación al debido proceso atribuyéndose facultades que no le han sido conferidas legalmente, pues ya la normativa adjetiva penal claramente establece que en cuanto a la indemnización del daño, misma que se constituye en responsabilidad civil, podrá reclamarse, una vez firme la sentencia, por la vía civil o bien por la vía penal específicamente en su fase de ejecución y no en primera instancia como se ha llevado a cabo en el presente caso. Por lo que corresponde al juez de letras únicamente determinar si efectivamente hay o no una obligación de reparar el daño tal y como lo establece el artículo 188 del Código de la Niñez y la Adolescencia donde literalmente indica que el juez establecerá la existencia o no de una obligación de reparar el daño, mas no la cuantificación del mismo, debido a que esta actividad corresponde a la fase de ejecución una vez que se encuentre firme la sentencia. Es por todo lo expresado que la Defensa del menor C. D. T. C. solicita a la Honorable Sala Penal que enmiende el error incurrido en aras de otorgarle a mi representado un juicio conforme a los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) Denunció la impetrante la transgresión al artículo 90 de la Constitución de la República, consignando como norma que le autoriza la interposición del recurso, en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Estableció la censora que el Juez A-quo violentó el artículo 90 de la Constitución de la República que contiene el derecho al Debido Proceso, pues para el tratamiento de los menores se tomará en cuenta el Código de la Niñez y como norma supletoria, el Código Procesal Penal. Explicó la reclamante que el Artículo 432 del Código Procesal establece que una vez dictada la sentencia, la víctima o sus herederos o la Procuraduría podrán solicitar al Juez de Ejecución por vía de apremio la restitución, la reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios. Sin embargo el Juzgador, al emitir su fallo lo hizo en inobservancia de esa norma procesal, porque se tomó la atribución de cuantificar la responsabilidad civil por una cantidad de Tres Mil Lempiras (L. 3,000.00) cuando dicha función corresponde al Juez de Ejecución. 2) Esta Sala considera importante recordar que la garantía genérica del Debido Proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros. El Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad[1]. 3) La Responsabilidad Civil constituye una obligación de restitución, reparación o indemnización a favor de la víctima u ofendido, quien se ve directamente afectado en su interés patrimonial o moral por la comisión de un hecho delictivo propiciado por el condenado. De ello deviene que todo acto constitutivo de una infracción penal, se deriva de la inobservancia de la norma penal sustantiva (Código Penal) y por otra, la responsabilidad civil derivada del delito[2]. Si bien de toda responsabilidad penal se deriva responsabilidad civil, no significa que ante la no concurrencia de responsabilidad penal, deba quedar excluida la responsabilidad civil, puesto que “a diferencia de la pena, la responsabilidad civil no ha de verse como un castigo por la infracción de una norma, sino como la reparación de un daño, que trata de restablecer la situación alterada por dicho daño. Mientras que la ley prohíbe la realización del delito y la pena sólo puede imponerse a quien infringe dicha prohibición, el sentido de las normas que establecen la responsabilidad civil no es en puridad prohibir a los responsables civiles la causación del daño patrimonial o moral antes de que se produzca, sino determinar quien o quienes deben asumir aquel daño una vez causado y en qué medida deben hacerlo[3]”. 4) Ante los planteamientos vertidos por la recurrente, es necesario realizar una revisión de nuestra normativa legal, tanto en materia de niñez como en procesal penal, para determinar si el Juez A-quo se extralimitó en sus funciones y por ende violentó el debido proceso al cuantificar una sanción de reparación del daño o por el contrario actuó dentro del margen de la ley. Tal como lo establece el artículo 105 del Código Penal, todo aquel que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente; este precepto es igualmente aplicable a los menores que infringen la ley penal. El Soberano Congreso Nacional emitió en fecha 05 de septiembre del 2013, el decreto legislativo N° 35-2013 mediante el cual reformó el Código de la Niñez y de la Adolescencia que se encontraba vigente desde el año 1996 mediante el Decreto 73-96. En el artículo 16 del Decreto 35-2013 se establece que los procedimientos y medidas impuestas a menores de 18 años, por hechos sucedidos antes de la entrada en vigencia de la reforma, se sustanciarán hasta su conclusión rigiéndose de conformidad con la normativa en vigor antes de la vigencia de este decreto. En la presente causa, el Juez A-quo emitió su sentencia el 23 de noviembre del 2012, fecha en la cual aun no estaban en vigencia las reformas al Código de la Niñez, en tal sentido procedería resolver dicha disyuntiva mediante los lineamientos del decreto 73-96. Sin embargo este decreto legislativo que contiene el Código de la Niñez “sin reformas” establece en su artículo 183 que los niños tendrán derecho a que les sea aplicada la nueva ley si le resulta más favorable; del análisis de ambos decretos, el Código de la Niñez reformado mediante decreto 35-2013 resulta más garantista y favorable para los niños infractores y por ende corresponderá resolver este Recurso de Casación en base a la nueva normativa que en niñez se contiene en ese decreto legislativo. Tomando en consideración además lo regulado en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959, recoge el Principio 2 que reza: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” 5) El Código de la Niñez vigente (Decreto 35-2013) establece en su artículo 264: “La Corte Suprema de Justicia distribuirá las funciones de los Jueces de garantías, de Juicio y de Ejecución, de conformidad a lo establecido en este Código, debiéndoles dotar de los recursos presupuestarios, materiales, personal y logística necesarios. No obstante, su creación será progresiva, de conformidad a los programas, planes y presupuestos de que disponga. En tanto no se creen, distribuirá las responsabilidades de éstos, de manera que funcionen de conformidad con los principios rectores y la debida separación de funciones entre la Instrucción, el Juzgamiento y Ejecución.” En tal sentido al no estar conformados los jueces que se encargarán de la etapa de ejecución de la sentencia para los menores, la Corte Suprema de Justicia emitió el oficio 900-SCSJ-2014 de fecha 13 de junio del 2014, contentivo del auto acordado en el cual, en el numeral 4 se establece que los Juzgados de Ejecución que conocen casos de adultos, provisionalmente conocerán los casos de menores, mientras se nombran los jueces de ejecución especializados en niñez. Podemos concluir por tanto, que en efecto, la etapa de ejecución de las sentencias en materia de niñez, serán resueltas de forma provisional por los Jueces de Ejecución de adultos. Ahora bien, encontramos en el Código de la Niñez vigente el Artículo 184 que establece: “Que las acciones civiles para el pago de perjuicios ocasionados por la infracción cometida por un Niño (a), deberá promoverse ante la jurisdicción civil, de acuerdo con las normas generales”; además el Artículo 199 regula: “La Reparación del Daño a la Víctima tiene por finalidad resarcir el daño causado, asignando al sancionado una obligación de dar o de restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustituto. Solamente podrá imponerse, si la víctima y e sancionado hayan manifestado su acuerdo. Si ambas partes acuerdan sustituir la obligación de hacer por una suma de dinero, el Juez procederá a fijar la cuantía que considere equivalente a los daños y perjuicios ocasionados por el hecho delictivo. En la Resolución respectiva deberá estipularse el plazo de cumplimiento, el cual no podrá ser mayor a un (1) año. El Juez a cargo de la Ejecución declarará que la Sanción se encuentra cumplida, cuando el daño haya sido reparado en la forma acordada”; y por último el artículo 287 regula que: “Lo no previsto en el Código se resolverá de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, en el Código de Procedimientos en Materia Penal y en el Código de Familia”. En consecuencia los menores infractores son también responsables civilmente como consecuencia de una infracción penal, ahora bien la medida impuesta por el Juez A-quo al menor C. D. T. C. de reparación del daño a la víctima sólo es aplicable cuando ha existido un acuerdo entre la víctima y el menor infractor, situación que no se cumple en el presente caso, pero eso no lo exime de su responsabilidad civil que conforme al artículo 432 del Código Procesal Penal será conocido por un Juez de Ejecución, ante quien podrán solicitar por vía de apremio la restitución, reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios; en consecuencia se puede afirmar que el Juez A-quo con su fallo violentó el Debido Proceso al tasar la responsabilidad civil del menor cuando esta función corresponde al Juez de Ejecución respectivo. En tal sentido y aplicando el interés superior del niño, esta Sala de lo Penal considera procedente estimar con lugar la presente impugnación, enmendando la sentencia dictada por el Juez A-quo. V. DECISIÓN En virtud de los argumentos vertidos es procedente declarar CON LUGAR el presente recurso de casación por infracción de precepto constitucional. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363, 369, 432 del Código Procesal Penal; 105 del Código Penal; 183, 184, 199, 264, 287 del Código de la Niñez y la Adolescencia; Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño.- FALLA: PRIMERO: Declarar parcialmente HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada K. E. Z., en su condición de Defensora Pública del menor C. D. T. C.. En tal sentido: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA de fecha veintitrés de noviembre del dos mil doce dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán en el sentido siguiente: a) DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la medida socioeducativa número dos impuesta al menor C. D. T. C., consistente en la obligación de reparar el daño; b) SE DECLARA la responsabilidad civil del menor C. D. T. C., la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la Sentencia. Por tanto que se remitan las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución respectivo para que proceda al cumplimiento del fallo. SEGUNDO: Se confirma el resto de la sentencia en sus valoraciones y parte dispositiva. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de Marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-132-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid Sentencia de Casación Penal N° SP 187-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril del 2013.
[2] Morán Gonzáles, Manuel y otros. Manual del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Unidad Técnica de Reforma Penal del Poder Judicial. Tegucigalpa, Honduras. Año 2006, pagina 40.
[3] Vid Sentencia de Casación Penal SP 38-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 18 de agosto del 2011.