Sentencia CP-130-14 — Registro 5773
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Usurpación, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS N. G. G. Y L. M. C. D. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 227 DEL CODIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE USURPACION EJERCIDA SOBRE UN BIEN INMUEBLE.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PENAL. Esta Sala considera que para un mejor y debido tratamiento del caso que ahora nos ocupa, el estudio y resolución del presente recurso debe iniciar con el análisis del motivo de casación que por infracción de ley, ha planteado la Defensa de los encartados. El Censor denuncia la aplicación indebida del artículo 227 del Código Penal, expresando que la imputación delictiva debe comprender en su descripción, no sólo la acción típica, sino también el medio utilizado para realizar el despojo y el modo en que el mismo se efectuó, que puede dotarse desde: establecer que al sujeto pasivo se le ha efectuado el despojo o exclusión de su ocupación, porque el usurpador ha invadido EL INMUEBLE A TRAVES DE CIERTOS HECHOS, MANTENIÉNDOSE EN EL CONTRA LA VOLUNTAD DEL DUEÑO O EXPULSANDO A SUS OCUPANTES, por el medio que sea (violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad etc.), a criterio de la impetrante los hechos declarados probados, si bien establecen la tenencia de sus representados sobre el inmueble, y dicen en su caso, que no cuentan con un documento que acredite su derecho real, hacen omisión, de indicar si el mantenimiento de la tenencia, es o no en contra de la voluntad de quien se afirma dueño del inmueble, relación de hecho que, que como bien se apunta en la doctrina, es precisamente, lo que pretende tutelar el delito de usurpación; insiste que en ninguna de los imputaciones delictivas, de los hechos probados, se hace referencia al medio utilizado por los encartados para realizar el citado despojo, pues solo dice que mantienen la posesión, pero no dice nada acerca de que si el sujeto activo ya efectuó alguna acción para que se le entregue y que ellos retienen la posesión en contra de la voluntad de aquel, de ahí que habría que concluir que los hechos imputados a los acusados son atípicos desde la perspectiva del delito de usurpación, de ahí que por esa razón debió absolverse a los acusado en relación con el tipo penal. Alega que el tribunal nada argumenta en cuanto a la intención de los imputados en el mantenimiento de la tenencia de la propiedad, de los cuales no se pude denotar en consecuencia el elemento doloso propio del delito, pues no existe la usurpación culposa, de ahí que en su opinión no concurren los elementos objetivos ni subjetivos del delito de usurpación en la conducta de los encausados descrita en el factum, lo que evidencia la aplicación indebida de dicha norma penal siendo lo procedente la absolución de aquellos y no su condena como indebidamente se ha resuelto por el Tribunal de instancia. Esta Sala considera pertinente recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A Quo, a efecto de determinar si el precepto penal invocado ha sido indebidamente aplicado, tal y como lo afirma el Censor, o si por el contrario, su aplicación es correcta, en consecuencia, procede esta Sala a explicar su apreciación y a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) Los hechos declarados probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. 2) Realizada la comparación o ejercicio de contraste entre el único hecho declarado probado y la norma penal sustantiva señalada como infringida por la impetrante a efecto de determinar su supuesta impertinencia o su correspondencia, se hace necesario examinar previamente la configuración del tipo penal, en tal sentido el artículo 227 del Código Penal en su parte toral expresa, “quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años… no expresando este precepto que comprende el vocablo “usurpar”, resultando necesario para su mayor comprensión acudir a la doctrina, por ello esta Sala de lo Penal ha reconocido que “Ciertamente la descripción que nos ofrece el artículo antes citado en torno a la figura de la usurpación es bastante escueta, sin embargo la doctrina científica contribuye a dotar de contenido a la misma. En este sentido se afirma que la acción de usurpar comporta la del despojo. El concepto de despojo da la idea del hecho en relación con la persona a la que se desplaza. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes ... se despoja penetrando y expulsando al sujeto pasivo o a sus representantes o impidiéndoles la entrada, si en el momento de la invasión estaban ausentes. También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en él o expulsa a sus ocupantes ..."vid. FONTÁN BALESTRA (C.), en "DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 8ª edición, 1978, páginas 396 y 397. Por su parte, el jurista CUELLO CALON, explica que los preceptos relativos al delito de usurpación tienen por fin la protección de la propiedad inmueble y el disfrute de los derechos reales contra actos de violencia o intimidación o desprovistos de éste carácter. (vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Tomo II (Parte Especial), Volumen II, 14ª edición, revisada y puesta al día por CESAR CAMARGO HERNANDEZ, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, págs. 911 y ss). (Véase sentencia de fecha 27 de Julio de 2010 Casación Penal ex 283-2008). Al examinar el único hecho declarado probado, el Tribunal de instancia ha descrito: “Que según Instrumento Público número veintidós de febrero del año dos mil seis, autorizado por el Notario O. E. M. P., el señor C. H. M. es dueño de una propiedad ubicada en el municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, que la posición y tenencia actual de la misma la ejercen los señores N. G. G. y L. M. C. D., sin contar con documento alguno que les acredite un derecho real sobre la propiedad antes mencionada.” En esta descripción no se expone nada acerca de la forma en que los acusados han llegado a la posesión del inmueble ni como se han mantenido en la misma, la omisión del precepto penal de describir las conductas que suponen la usurpación, no exime al juzgador de incorporar en sus hechos probados las conductas que importen violencia, intimidación para obtener la tenencia del inmueble o derecho real o para mantenerse en ella con la oposición de quien se presenta como propietario en tanto que son las que conforman la conducta delictiva de usurpar. En consecuencia, al limitarse a describir como una persona adquirió un inmueble mediante un documento público y decir que otras personas detentan el inmueble sin documentos, no basta para afirmar la comisión del tipo penal de usurpación, de tal manera que del relato fáctico no se infiere que concurran los elementos fundamentales del tipo, no pudiendo antojadizamente suponerse que se ha efectuado una determinada conducta para llegar a poseer un inmueble o un derecho, de ahí que por tales razones esta Sala considera que ha sido indebidamente aplicado el artículo 227 del Código Penal, de tal modo que el comportamiento de los encausados descrito en el factum constituye un hecho atípico y por tanto sin relevancia para el Derecho Penal, sin perjuicio de las acciones civiles que les competen a todos los interesados para dirimir el conflicto intersubjetivo de intereses que existe actualmente entre los mismos..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil dieciséis, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y JOSE TOMAS ARITA VALLE por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a la señora L. M. C. D., como autora responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de la propiedad del señor C. H. M., a la pena de TRES (3) años de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- SEGUNDO: Condenó al señor N. G. G., como autor responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de la propiedad del señor C. H. M., a la pena de TRES (3) años de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: Declaró a los condenados N. G. G. y L. M. C. D., la responsabilidad civil del importe de la reparación de los gastos ocasionados de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido.- CUARTO: Decretó suspender la ejecución de la pena impuesta a los condenados N. G. G. y L. M. C. D., por un período de cinco (5) años.- QUINTO: Se Decretó que se mantengan las medidas impuestas a los señores N. G. G. y L. M. C. D., durante la sustanciación de la presente causa, hasta que la sentencia de mérito adquiera el carácter de firme, una vez esto se proceda al desalojo del bien inmueble ubicado en el municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, el cual pertenece al señor C. H. M..- SEXTO: No procede condenar en costas a los condenados, N. G. G. y L. M. C. D..- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, la Abogada A. J. F. Z., actuando en su condición de Apoderada Defensora de los señores N. G. G. y L. M. C. D..- INTERVIENEN: la Abogada A. J. F. Z., en su condición de Apoderada Defensora de los imputados N. G. G. y L. M. C. D. y parte recurrente; la Agente de Tribunales del Ministerio Público Abogada K. L. M. P. y la Abogada O. Y. M. V. como Apoderado Judicial del Acusador Particular C. H. M., estas dos últimas como recurridas. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.
II.- “HECHOS PROBADOS.- Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: Que según Instrumento Público número veintidós de febrero del año dos mil seis, autorizado por el Notario O. E. M. P., el señor C. H. M. es dueño de una propiedad ubicada en el municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, que la posición y tenencia actual de la misma la ejercen los señores N. G. G. y L. M. C. D., sin contar con documento alguno que les acredite un derecho real sobre la propiedad antes mencionada.”. III.- La recurrente, Abogada A. J. F. Z., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley de la siguiente manera: “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. He interpuesto el presente recurso actuando en mí condición de Defensora y en consecuencia parte interesada y agraviada por la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha trece (13) de diciembre del dos mil trece (2013) según lo dispone el artículo 15, 101 del Código Procesal Penal, en relación a haber dictado sentencia condenatoria contra N. G. G. y L. M. C. D. en el proceso seguido ante este Tribunal por el supuesto DELITO DE USURPACIÓN en perjuicio del señor C. H. M.. Así mismo el objeto impugnable de la casación se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso al tenor de lo establecido en el artículo 359 y 362 del Código Procesal Penal (CPP en adelante). IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA El presente recurso se interpone por no estar de acuerdo con la resolución recurrida. Motivos que a continuación detallo: MOTIVO PRIMERO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3) parte final del Código Procesal Penal. DESCRIPCION DEL VICIO: En la valoración de la prueba el sentenciador no observó las reglas de la sana crítica infringiendo para los efectos del presente motivo el artículo 202 del Código Procesal Penal que al respecto determina “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica...”, en relación al artículo 338 regla cuarta numeral segundo del mismo código que sobre el particular determina que “... se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para probar declarados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las prácticas en juicio...”. Es oportuno tener en claro en que consiste el sistema de valoración de las reglas de la sana crítica. Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada par el sentenciador al momento de emitir el fallo, como se ha sostenido. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por que un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El Tribunal de Sentencia al fundamentar su decisión de acuerdo al Sistema seguido por el Código Procesal Penal debe de valorar la prueba no en una tarifa que la ley le asigna, si no con base al principio de inmediación analizar la credibilidad que se otorga a cada medio de prueba, dando las razones al respecto conforme a las reglas de la sana crítica, reconociendo en efecto su discrecionalidad, pero su sometimiento a criterios objetivos, por lo tanto, pueden ser invocables para impugnar una valoración errónea. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, Las reglas del correcto entendimiento humano, siendo estas las reglas de la experiencia, de la psicología y la lógica. Las reglas de la EXPERIENCIA se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe de partirse de la condición de hombre que tiene el Juzgador, Esas conclusiones no tienen la estrictez de los principios lógicos tradicionales, sino que son contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar, estas encuentran sus límites en los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la PSICOLOGIA referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos. Las reglas de la LOGICA son leyes del pensamiento que se presentan en nuestro raciocinio como necesarias, evidentes o indiscutibles cuando analizamos nuestros pensamientos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la COHERENCIA (concordancia entre sus elementos) y DERIVACION (en que cada pensamiento provenga de otro con el cual está íntimamente relacionado, de tal manera que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente).- De la Ley de la coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber” a) Identidad, b) Contradicción; c) Tercero excluido, y a su vez de la ley de derivación se extrae el principio de Razón Suficiente (todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de sea verdad). Dicho lo anterior, la defensa, acreditará de manera convincete que el Tribunal de Sentencia en abierta confrontación con las reglas de la sana critica, ha soslayado ese límite que las mismas establecen por cuanto extrajo conclusiones contradictorias que le informan la prueba evacuada en la vista pública, de tal manera que incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia impugnada, siendo dichos vicios fundamentales en las conclusiones arribadas por el Tribunal para decidir la condena de los imputados.- Explico detalladamente los aspectos en los que argumentamos el presente motivo: 1º La sentencia impugnada declara expresa y terminantemente probado: “UNICO: Que según instrumento público número veintidós (22) de febrero del dos mil seis (2006) autorizado por el Notario O- M. P. el señor C. H. M. es dueño de una propiedad ubicada en el Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, que la posición y tenencia actual de la misma la ejercen los señores N. G. G., y L. M. C. D., sin contar con documento alguno que los acredite un derecho real sobre la propiedad antes mencionada.” 2° Los hechos relacionados se tienen por acreditados tomando varios medios de prueba de acuerdo a una fundamentación probatoria intelectiva que se no concuerda con las reglas que la ley determina, veamos:
Veamos el sentido que fueron erróneamente aplicadas las reglas de la sana crítica tomando en consideración las pruebas que sirven de sustento a la anterior declaración de hechos probados, y que de haberse considerado de manera correcta sin lugar a duda habrían generado la certeza de la absolución de los imputados: Con respecto a la valoración del testimonio de los señores C. H. M. y O. Z. V. G., señala el Tribunal A-Quo en la sentencia (numeral primero de la valoración de la prueba, pagina numero tres, cuatro y cinco) quienes son precisamente los otorgantes del instrumento publico instrumento publico número veintidós (22) de febrero del dos mil seis (2006) autorizado por el Notario O. M. P. que refiere el Tribunal en los hechos probados, como uno de los antecedentes registrales de los cuales nace el conflicto, y el Tribunal Valora: “Para estos Jueces lo dicho por los testigos C. H. M. y O. Z. V. se acredita que hubo una relación comercial entre ambos, consistente en la venta de un terreno teniendo como mejora una casa, ubicada en el Municipio de Concepción departamento de Intibucá, que dicho inmueble lo adquirió O. Z. en virtud de que L. C. había garantizado el pago de unos prestamos que junto a su esposo N. G., le solicitaron al señor Z. V. D., y ante la imposibilidad de poder honrar los mismos se ejecutó la garantía que había dado y se traspasó la casa a nombre de L. C. a favor de O. V.”. (lo resaltado es nuestro y es lo que evidencia la contradicción de la valoración del Tribunal, como mas adelante se explica). Resulta importante en relación a los testigos enunciados resaltar algunas de sus manifestación en relación a los aspectos importantes relacionados con lo que dar por acreditado el Tribunal A-Quo: Con respecto al testigo C. H. M. O., éste en lo conducente declaró: (Ver Pág. 5 del acta del juicio oral y público) en la cual afirma “él (refiriéndose a N. G.) aduce que ha pagado dinero por intereses en esa propiedad, ustedes deben de entender que cualquier banco o financiera presta dinero, pero el que va a quitar prestado esta consciente que cuando no paga el préstamo la propiedad tienen que ser de la persona que presta el dinero luego ante las preguntas de la Defensa el testigo afirma: usted ha manifestado que Don N. perdió la propiedad por una deuda, sabe a quien le adeudaba N.? C. Yo no se, pero lo que me ha dicho la persona que la vendió que era a Don Z., V..” “Qué precio Pagó por el Inmueble? C. L. 220,000.00”.- Con respecto al Testigo OM. Z. V. M. (página 5. 6, 7 de acta de juicio oral y publico) afirma en los aspectos relevantes: “Los señores L. C. y N. G., se estableció una relación comercial por 1998 a través de los prestamos que mi papa se los otorgaba con compromisos de pago inicialmente fue hasta el 2000 a mediados que se llegó a un acuerdo donde para garantizar los distintos préstamos personales que se le hacían a la señora L. C., se llegó a un acuerdo de que aparte del compromiso de pago se formalizaría un traspaso de la propiedad en vista que se tenía muchas dudas sobre la cancelación del préstamo fue así como en el dos mil se compareció al Notario J. L. Del C. firmar la compraventa, y continuaron la relación mercantil, dándose los pagos de los intereses que se habían pactado....”.- Y posteriormente ante las preguntas del Ministerio Público contestó sobre la documentación de la relación mercantil lo siguiente: “... cuando hicieron la escritura de compraventa para garantizar el préstamo ante los oficios de que notario se desarrollo? C. Ante el Abogado L. Del C.. ¿En que lugar? C. En ese momento como fue en el año 2000 primero compareció ella a firmar y yo firme ante el Notario y ella entendió, que el Notario se trasladó a la casa de mi papa y tomarle la firma a ella”... ante las preguntas de la defensa contestó: “en vista de que usted tiene conocimientos jurídicos porque razón se acudió a esa vía de compraventa para la constitución de ese préstamo? C. Como lo dije eso siempre se dio por la voluntad de las partes, los instrumentos jurídicos siempre y cuando este el consentimiento de las partes no significa que no sea legal desde mi punto de vista... ¿Por qué vía hicieron la recuperación del préstamo que su papa había otorgado? C. Por la vía del documento que incumplieron de la promesa de venta…”. Todas esas afirmaciones de las cuales, se valió el Tribunal de Sentencia en su valoración, no obliga a contraponerlas con los instrumentos públicos que documentan todas las relaciones comerciales, como más adelante lo hacemos. Ahora veamos, la declaración que hace el Tribunal en la valoración de los otros medios de prueba, y precisamente los referidos a los siguientes: a) Requerimiento extrajudicial de fecha 16 de noviembre de 2005 (Folio 75 segunda pieza) en la cual el señor ABOGADO O. Z. V. y refiriéndose a la deuda que tenia con su padre Z. V. G. solicita a los imputados: “que se presenten a cancelar el total de la deuda que asciende a la suma de Lps. 200,000.00, mas los Intereses moratorios que se deben hasta la fecha, en un plazo de cinco días, de no hacerlo se procederá a vender la propiedad en garantía...” (como así lo hizo al venderla a C. H. M. O. según instrumento que se refiere en los hechos probados), “...,y no se aceptaran justificaciones de ninguna clase...” “...por lo que deberán desalojar la casa por orden escrita del Juzgado de Letras de La Esperanza, Intibucá”. b) Nota de desalojo enviada a la señora L. C. por el mismo Abogado O. Z. V. en fecha 26 de diciembre de 2003, (Folio 74 segunda pieza) la cual en sus puntos relevantes establece: “estoy solicitando: desaloje el inmueble habitado por su persona para el día 30 de diciembre de 2003 en virtud de que dicho inmueble es garantía de un préstamo concedido a su persona...” sigue la nota que el crédito concedido a su persona dando como garantía del préstamo su casa de habitación ubicada en el Municipio de Concepción, Intibucá, debidamente registrada en el registro de la propiedad de Intibucá... .“ Luego sigue haciendo referencia a lo mismo de los plazos, y solicitando el desalojo, y dentro de ello afirma: “por lo que se solicita muy respetuosamente desaloje dicho inmueble en forma pacífica, en vista de que el inmueble ya pertenece al señor Z. V., de acuerdo a la garantía hecho en concepto de compraventa. En caso contrario se usara la fuerza pública para dicho desalojamiento en base a las leyes vigentes de la republica de Honduras). c) Fotocopia debidamente autenticada de la escritura pública a favor de C. H. M. (Folio 74 segunda pieza), d) Acta de inspección ocular practicada en el inmueble objeto del proceso (folio 98 al 100 de la primera pieza). Con respecto a la valoración de dichos documentos el Tribunal Afirma: “Para estos Jueces, con dichos medios de prueba se acredita los requerimientos extrajudiciales de parte de O. Z. V. para los señores L. M. C. D. y N. G., quienes tienen la tenencia efectiva del inmueble adquirido por el señor C. H. M. por venta que le hiciera O. Z. V.”. La valoración de los anteriores medios de prueba y el relato de los testigos que sirven de base para la formación de los hechos probados del Tribunal A-Quo, nos lleva necesariamente a confrontarlos con lo relativo a la valoración de la prueba que hace el Tribunal de los testigos de la defensa A. G. C. y B. L., de quienes afirma: “Para estos juzgadores, lo dicho por este Testigo quienes de paso son hijos y nieta de L. M. C. y N. G., lo hacen con la intención de poder justificar el actuar de los hoy procesados pero que en definitiva ratifica que L. C. y N. G. establecieron una relación comercial con el padre de O. Z. V., que garantizaron el pago mediante el ofrecimiento de una garantía consistente en una casa ubicada en el Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, y que a persona que los testigos manifestaron que los hoy procesados han estado en la tenencia de dicho inmueble, lo han estado de manera irregular ya que no tienen documentos que los acredite como dueños de dicho inmueble”. Ahora bien, de la relación comercial afirmada por el Tribunal A-Quo, entre O. Z. V. y L. C. que determina en su valoración de los medios de prueba testificales tanto de cargo como de descargo, nos lleva necesariamente a contraponerlo con el medio de prueba de la defensa consistente en: “Instrumento público consistente en La Escritura Pública autorizada por el Notario J. A. L. Del C., en instrumento público número trescientos noventa y cinco (395) de fecha diez de julio del año dos mil en donde comparecen la señora L. M. C. D. en si condición de vendedora de un terreno ubicado en el Municipio de Concepción, Intibucá, con una casa de habitación paredes de adobe y techo de tejas, y el señor O. Z. V. G., como comprador e inscrita bajo el número 97 del Tomo 249 del Registro de la Propiedad de Intibucá” Ver folio 8 y 9 de la primera pieza de autos. Y descrita en el numeral cuarto literal 8) de la sentencia de la valoración de la prueba. Este es el documento en la cual se refieren los testigos en su deposición que se trata precisamente del que se documento la relación comercial entre los imputados y la persona que vendió la propiedad a C. H. M.. No se esgrime ningún otro motivo en la valoración de la prueba documental propuesta y evacuada por la defensa, pues en la certificación que me fue proporcionada para efectos de recurso y notificación, no se agrega ningún tipo de valoración y lo mismo ocurre en la sentencia que consta en el expediente es por ello que nos limitamos a contraponer la valoración de la prueba con el contenido de las deposiciones y de los instrumento públicos relacionados por el Tribunal A-Quo. Ahora bien, lo señalado por el Tribunal como fundamentación de la valoración de la prueba, que si bien lo hace en el momento de valorarla, pero no se ve reflejado en la fijación de los hechos probados, podemos obtener dos conclusiones: 1) Por un lado que acuerdo al material probatorio para el Tribunal de Instancia, queda claro que se evacuo como prueba un instrumento publico de compraventa de un inmueble otorgado por M. L. C. D. a favor de O. Z. V. , que fue realizado como un contrato de compraventa, pero que de acuerdo a la valoración de la prueba testifical valora el Tribunal que la relación comercial se trato de un contrato de préstamo, garantizado con la propiedad en litigio, cuyo pago fue incumplido, por lo tanto ejecutó la garantía, es decir que es claro que tanto la compra venta como la hipoteca, son dos contratos diversos, varían en cuanto al: Consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, causa de la obligación que se establezca. 2) Que al no existir correspondencia entre el instrumento público y el hecho afirmado por los testigos y otorgantes del contrato que dio lugar a la transacción entre O. Z. V. G. (Que no fue el que otorgó el préstamo) y M. L. C.(Que solo avalaba el préstamo) no puede en consecuencia darse plena eficacia probatoria para los efectos penales, a la deposición de los testigos, pues si contraponemos el instrumento en relación a las declaraciones testificales, el Instrumento público que sirve de base tanto a la transacción entre M. L. C. D. y O. Z. V., ni al de este con el señor C. H. M. O., ya que aun siendo instrumento público el Tribunal no esta sujeto a en su valoración a una tarifa que la ley otorga. 3) Que si bien es cierto el Tribunal de Sentencia, no puede dentro de sus límites declarar o no la nulidad del instrumento público relacionado, su efecto en los hechos debatidos no puede ser soslayado del resto de material probatorio que le da plena eficacia jurídica, con la sola fundamentación de que se trata de un instrumento público debidamente inscrito y que forma de los medios de prueba enumerados por el Tribunal de sentencia. 4) Que si bien, existen instrumento públicos, ya relacionados que se encuentran agregados a autos, la valoración del Tribunal en cuanto a la posición irregular afirmada de los imputados, no encuentra sustento, y por el contrario resulta contradictoria a la Luz de los medios probatorios en general, tomando en cuenta el origen de la posesión de los mismos y la forma en que se constituyen los instrumento públicos de traspaso en compraventa del inmueble otorgado por L. M. C. a favor de O. Z. V. fue realmente un préstamo, y que este a su vez se lo traspaso a C. H. M. V., y que de allí precede su título. Abona a la anterior interpretación la valoración hecha por el Tribunal de sentencia, en la finalización del juicio oral y público que viene a contradecir lo que afirma en el misma valoración de la sentencia ya fundamentada pues afirma: El elemento objetivo en dicha figura típica lo constituye el documento es decir la escritura publica otorgada por O. Z. V. G. a favor de C. H. M. V., de la documentación que ha desfilado enjuicio claramente se establece el tracto sucesivo que ha existido, con respecto a la propiedad de dicho inmueble, quedando evidenciado su ultimo propietario, siendo este el ofendido de autos. A este Tribunal no le quedado duda que los imputados de autos fueron propietarios del bien inmueble objeto del presente juicio, en este caso de la señora L. M. C., y luego esta le traspasa en venta a Z. V. y este a su vez al señor C. H. M.” ver pág, 17 de la certificación del acta de juicio oral y público, contrariando su posición de valoración de prueba contenida ya en la sentencia fundamentada. Ampliando lo anterior se hace preciso hacer alusión a la fundamentación del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. de fecha 10 de mayo del dos mil doce (2012) mediante el cual se resuelve el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley. Interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de febrero del dos mil diez (2010) en este mismo proceso (folios 171 al 187 del Tomo III), y del cual se dan criterios de valoración pertinentes y aplicables a la solución de este asunto por el motivo de quebrantamiento de forma, es decir por violación a las reglas de la sana crítica, que nuevamente se violan en la sentencia que nuevamente se ha dictado, incurriendo en el mismo vicio el Tribunal A-Quo, los argumentos que en aquel entonces determinaron declarar con lugar la casación por el indicado motivo, son también ahora aplicables a la valoración efectuada por este Tribunal A-Quo y evidencian la violación que se comete nuevamente y me refiera concretamente a los argumentos que transcrito y que se pueden verificar a folios 181, 182 frente y vuelto del Tomo III del expediente del proceso y que literalmente consignan: “Esta sala de lo penal considera pertinente señalar que la calificación jurídica de los contratos en caso de conflicto o duda, es una labora que corresponde efectuar a los Juzgados y Tribunales con independencia de la calificación que las partes le atribuya. En ese sentido, habrá que estarse al contenido real, es decir que habrá de realizarse de conformidad con el contenido obligacional convenido, y el protagonismo que las partes requieren, con prevalencia de la intención de las mismas sobre el sentido gramatical de las palabras al tenor del carácter relevante, al verdadero fin jurídico que los contratantes pretendían alcanzar con el contrato. Todo ello debe entenderse además sin olvidar que la calificación contractual constituye una función atribuida fundamentalmente al Juzgador de instancia, la cual debe prevalecer en casación a menos que sea ilegal o incida en error patente arbitrariedad, o irrazonabilidad por no ajustarse a las leyes de la lógica que no son otras que las del correcto entendimiento humano. Partiendo de esta premisa, las cláusulas del contrato, y el verdadero fin jurídico de las partes nos llevan a la conclusión que nos hallamos ante un contrato de préstamo con garantía real y pacto comisorio, lo cual es evidente cuando, como en el caso presente, y como lo admiten ambas partes, esto es, L. M. C. y O. Z. V., jamás pretendieron por un lado vender nl comprar por el otro, y por ende, trasmitir el derecho de propiedad (ni siquiera la posesión), si no garantizar un préstamo. Los sujetos de los negocios jurídicos no vendían ni compraban, si no que la función objetiva de los mismos-es decir, la causa-era la garantía del préstamo, lo cual era evidente ante la vista de los hechos admitidos, y del documento privado de promesa de venta anteriormente suscrito entre el señor O. Z. V. y el esposo de la señora C. D., el coimputado N. G. G., en virtud del cual se desprende que tenía por objetivo la refinanciación, de la deuda contraída con el padre del comprador putativo o aparente O. Z. V.”. Por tanto se trataba de un negocio jurídico simulado, compraventa, con simulación relativa, en el sentido que encubría un préstamo, con garantía y la garantía, era, nada menos, que el hijo del acreedor había definitivamente suyo el inmueble objeto de controversia, si la deudora no devolvía el capital prestado y los intereses, lo cual no es otro cosa que el pacto comisiono, consistente en que el acreedor hace suya la cosa si se incumple la obligación, lo que resulta contrario al ordenamiento jurídico al tenor de lo dispuesto en los artículos 2086, 2116, y 2179 del Código Civil, Así las cosas, esta Sala considera que el Tribunal A-Quo incurre en una valoración probatoria que no resulta coherente ni armónica, puesto que por un lado estima que entre la acusada L. M. C. D. y el señor O. Z. V., se celebro un contrato de compraventa sobre un inmueble propiedad de la primera, lo cual conlleva que la voluntad de la vendedora tendría que haber sido la de vender, y con ello transferir el dominio de un bien raíz su pertenencia, y la del comprador aparente, adquirir la propiedad de la cosa pagando un precio por ello, mientras que por el otro concluye que la causa del contrato era garantizar un préstamo otorgado por el padre del aparente comprador esto es, el prestamista no bancario Z. V. D., ambas afirmaciones producto de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Instancia no resultan coherentes ni armónicas entre si, pues violentan el principio lógico de la contradicción que se expresa en los siguientes términos: “dos juicios opuestos entre si contradictorios no pueden ser ambos verdaderos”; de allí nos encontramos ante un contrato de compraventa de un inmueble en virtud del cual el vendedor transfiere la propiedad de la cosa a favor del comprador a cambio de un precio cierto, o ante un con trato de préstamo en razón de lo cual el inmueble se constituye como una garantía para el pago de la deuda, de tal manera que el acreedor o un tercero no puede hacerse de la cosa unilateralmente, y pagarse con ello, y adquirir de ese modo su propiedad, en caso de incumplimiento debiendo seguir para el cumplimiento forzoso de la obligación el procedimiento judicial que para esos efectos prevé la Ley. A modo de conclusión podemos afirmar que el Juzgador ha inobservado en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica, concretamente el principio de no contradicción....”. Que si bien es cierto, la anterior motivación constituye fundamentación de otro recurso, es aplicable al caso de autos tomando en cuenta la valoración del Tribunal, veamos las razones: a) En los hechos probados el Tribunal refiere la acreditación de la propiedad del señor C. H. M. O. en base a un instrumento publico que le fuera otorgado por O. Z. V. G., sobre una propiedad ubicada en el Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, venta que según dicho instrumento publico fue por L. 1000.00 pero que en el testimonio del señor C. H. M. afirma que se trato de L. 200.000.00 b) Reconoce en la valoración de la prueba que esa misma propiedad, O. Z. V. efectuado por el Tribunal), la adquirió de L. C., quien había garantizado el pago de un prestado que junto a su esposo N. G., le solicitaron a Z. V. y ante la imposibilidad de poder honrar los mismos se ejecuto la garantía que les había dado, y se traspasa la casa a favor de O. Z. V., lo cual es falso pues no se traspaso ante el incumplimiento de pago, si no que se hizo cuando se otorgó el préstamo. c) En ese mismo sentido en la valoración de la prueba del Tribunal de los testigos de la defensa, establece que los imputados establecieron una relación comercial con el padre de O. Z. V. que garantizaron el pago mediante el ofrecimiento de una garantía consistente en una casa ubicada en el Municipio de Concepción, Intibucá, y a pesar de que los mismos han tenido la tenencia de dicho inmueble lo han estado de manera irregular. d) Que al contraponer la valoración indicada con los instrumento públicos evacuados como pruebas es decir los ya relacionados: d.1) Instrumento público otorgado por O. Z. V. G. a favor de C. H. M. otorgado en instrumento público número 22 de febrero del dos mil seis, del Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, que es el instrumento, que documenta la relación comercial que estima acreditada el Tribunal en el hecho probado. d.2) Instrumento público consistente en La Escritura Pública autorizada por el Notario J. A. L. Del C., en instrumento público número trescientos noventa y cinco (395) de fecha diez de julio del año dos mil en donde comparecen la señora L. M. C. D. en si condición de vendedora de un terreno ubicado en el Municipio de Concepción, Intibucá, con una casa de habitación paredes de adobe y techo de tejas, y el señor O. Z. V. G., como comprador e inscrita bajo el número 97 del Tomo 249 del Registro de la Propiedad de Intibucá, que es e) instrumento que documenta la relación comercial como PRESTAMO que también estima probada en la valoración de los medios de prueba testifical de cargo y descargo, el Tribunal A-Quo que existió entre N. G. G. y L. M. C., ahora imputados. Siendo de la segunda relación comercial que el Tribunal estima, se trata de justificar la posesión irregular afirmada en la valoración de la prueba por parte de los imputados. Que al contraponer toda la valoración indicada, vemos que nuevamente el Tribunal de instancia, ha incurrido en una valoración arbitraria, pues de su valoración afirma la posesión irregular de los imputados que dejaron de tener un título al establecer una relación comercial de los imputados con el señor O. Z. V., que no fue de acuerdo a la prueba con él, si no con el señor Z. V. G., siendo su hijo solo un comprador aparente, y por otra parte esta relación comercial de un préstamo entre Z. V. Y L. M. C. Y N. V., aparece contradicha con el documento que formaliza la relación comercial, que es precisamente una escritura de compraventa por el precio de Mil Lempiras, que forma parte del elenco probatorio, resultando totalmente contradictorio el instrumento público con el hecho afirmado y valorado por el Tribunal, y ambos juicios no pueden ser ciertos, ni menos el instrumento publico le da la razón a la valoración del Tribunal. Agregada a la motivación anterior, que el Tribunal afirma que efectivamente se ha probado a resultas de la prueba documental (del Ministerio Público) la posesión actual de mis representados, diversos documentos entre los cuales, se encuentra una nota de requerimiento y una solicitud de desalojamiento, de fecha posteriores a la escritura de compraventa de mi representada, en el cual se solicita el desalojo de la propiedad, por aceptar que no se trato de compraventa si no de préstamo, y el mismo por tener la condición de ABOGADO, hace referencia a iniciar las vías legales para obtener la posesión del inmueble. Por tanto, el inició de esa posesión irregular señalada a los imputados en la valoración del Tribunal, no encuentra sustento en la prueba, pues reconoce en su valoración que la relación comercial entre los imputados y O. Z. V., no es una compraventa, como dice en el antecedente registral que sirvió de base para el traspaso de la propiedad a C. H. M. O., pues se trataba de un negocio jurídico simulado, compraventa, que encubría un préstamo, cuya garantía el inmueble objeto de controversia, hizo suyo el hilo del acreedor, por no devolver el capital prestado y los intereses, que es el mismo pacto comisorio. lo que resulta contrario al ordenamiento jurídico al tenor de lo dispuesto en los artículos 2086. 2116, y 2179 del Código Civil, de la valoración de la prueba el Tribunal acepta, que la voluntad de la M. L. C. no fue de vender si no de garantizar un préstamo, no de vender, y con ello transferir el dominio de un bien raíz su pertenencia, y la de Z. V. G. y su hijo, no fue la de comprar, o adquirir la propiedad de la cosa pagando un precio por ello. Y si ello resulta así, como puede entonces afirma en la misma valoración del Tribunal que los imputados son poseedores irregulares, si jamás pretendieron por un lado vender ni comprar por el otro, y por ende, trasmitir el derecho de propiedad (ni siquiera la posesión), si no garantizar un préstamo. Los sujetos de los negocios jurídicos no vendían ni compraban, si no que la función objetiva de los mismos-es decir, la causa-era la garantía del préstamo, lo cual era evidente ante la vista de los hechos admitidos por el Tribunal en la relación comercial existente entre O. Z. V. G. Y L. M. C. Y N. G.. Que las afirmaciones producto de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Instancia no resultan coherentes ni armónicas entre si, que El Tribunal de Sentencia al valorar la prueba documental y testifical enunciada incurre en violación a las reglas de la sana crítica, sobre todo a las leyes de identidad y no contradicción propias de la lógica, que exige la primera: que toda noción empleada en el razonamiento tenga una sola y misma significación y la segunda que afirma: Si un juicio A del sistema de juicios que forman el razonamiento es verdadero (Que hay una traspaso de propiedad otorgado por M. L. C. D.a favor de O. Z. V. G., documentado como escritura de compraventa, que es el antecedente de la propiedad que obtuvo C. H. M.), no puede ser verdadero en ese sistema un juicio que contradiga al juicio A (testigos que afirman conforme a la valoración del Tribunal que la posesión irregular de los imputados deviene del traspaso derivado de una relación comercial entre O. Z. V. Y L. M. C. Y N. G., que garantizaron el pago mediante una garantía consistente en una casa ubicada en el Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, objeto de litigio, y ante la imposibilidad de pago se ejecuto la garantía que se había dado en traspaso, es decir que acepta que no era compraventa en consecuencia no había traspaso de propiedad ni posesión) es decir en un determinado sistema de juicios que forman un razonamiento no puede ser verdadero el juicio A y el juicio que le contradice (no A). El Tribunal sentenciador viola la ley de identidad e incurre en contradicción al aceptar: a) Que de una transacción realizada entre dos personas se autorizo en un instrumento público como contrato de compraventa; b) Que a partir de las declaraciones testificales tiene por probado que la transacción que se estaba realizando era una préstamo, en consecuencia carente de los requisitos propios de un contrato de COMPRAVENTA, que realmente era un pacto comisorio, de manera tal pues que el acreedor (Z. V. G.) ni el tercero (O. Z. V. y C. H. M.) no puede hacerse de la cosa unilateralmente, obviando procedimientos que la ley establece. Que además de los aspectos señalados la valoración del Tribunal, viola la regla de la derivación, ya que afirma que la posesión de los imputados es irregular, por no contar con documentos que los acrediten como dueños del inmueble, no obstante reconoce que el traspaso de la Propiedad objeto del litigio se traspaso como derivada de una relación comercial entablada con Z. V. G., que concedió un préstamo a L. M. C. Y N. G., que el traspaso se hizo a favor de O. Z. V. G., y que garantizaban el préstamo solicitado, y que ante la imposibilidad de poder honrar la deuda, se apoderó de la misma. Que según el documento que establece la relación comercial ya se ha dicho, insistentemente se encuentra el instrumento público de traspaso en compraventa de un inmueble (folio 8 y 9 de la primera pieza de los autos) otorgado por M. L. C. a favor de O. Z. V. G., que tanto con la manifestación de los testigos y el instrumento publico relacionado, resulta contrarios, consecuentemente la afirmación del Tribunal, no se deriva de los documentos que son también prueba, debemos recordar que de la Ley de la derivación se extrae el principio de la Razón Suficiente, es decir que todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de sea verdad, y si el instrumento publico de traspaso de la propiedad esta documentado como una compraventa, pero la voluntad de las partes no era la de traspasar la propiedad, y por ende la posesión, y el instrumento publico no le da la razón suficiente a la valoración del Tribunal, entonces la misma no encuentra razón suficiente en relación al resto del material probatorio, además del instrumento publico de traspaso, constan otros que determinan la valoración arbitraria del Tribunal, como la prueba consistente en la solicitud de desalo y nota de requerimiento extrajudicial, de los cuales el Tribunal estima probada la posesión actual de los imputados, y la valoración de ser ésta irregular, cuando estima perdida esta posesión por un contrato que de acuerdo a su misma valoración fue simulado como compraventa y no conforme a la voluntad de las partes y contraria a las normas legales. Cabe resaltar que tampoco le da la razón suficiente a la transacción con la cual se afirma se traspaso el inmueble L. M. C. D., a favor de O. Z. V., sobre el inmueble objeto del litigo la prueba documental propuesta por la defensa, y enumerada en el literal g) del numeral cuarto de la valoración de la prueba vista a Folio 203 del Tomo III del proceso, en la cual establece el ABOGADO J. A. L. DEL C., que a solicitud de Z. V. y de su hijo O. Z. V. fue requerido para elaborar una escritura pública en la que la señora L. M. C. D., se encontraba en su casa de habitación y deseaba darle en venta una propiedad ubicada en el municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, y que de dicha transacción, se elabora una escritura publica en su protocolo pero envió a su secretaria L. T, a que firmaran ambas partes el instrumento público 395 de fecha 10 de julio del 2000, pero desconoce lo que acordaron de la transacción, y que las partes en ese momento no estuvieron presentes ante su persona, Notario que en consecuencia no participo como determina la Ley en la autorización del instrumento publico que documento la relación comercial afirmada por el Tribunal en su valoración, y es del cual según la valoración del Tribunal, determina el inicio de la posesión irregular los imputados, y por lo tanto la prueba en conjunto no le da la razón suficiente a la valoración del Tribunal, si mis representados ni O, Z, V, nunca tuvieron por una lado, vender la propiedad y consecuentemente el desplazamiento de la posesión, ni por el otro dar un precio, y adquirir la propiedad del inmueble, resulta pues contrarias lo que ambos medios de prueba nos indican. Con todos los aspectos señalados, se evidencia que el Tribunal en sus motivaciones incurre en incongruencia, violando las ya mencionadas reglas de la sana crítica, sobre todo a las leyes de identidad y no contradicción, al realizar una valoración intelectiva que afirma y contradice a la vez, así mismo viola la regla de la derivación, ya que en base a sus argumentos en la motivación expuestos en este acápite, no puede afirmarse de acuerdo al resto del material probatorio documental aludido. Si es así como se denota de la valoración de la prueba en general, solo podemos concluir que no basta contar con un instrumentos público por parte de una persona que se considera afectada, por la posesión de un tercero y la negativa de ésta a desocuparlo, para que con ello se esté descartando un conflicto en la propiedad, ya que se ha de considerar el origen de la posesión, puesto que con esa afirmación se volverían típicas cualquier conducta,, conductas que sin ser plenamente lícitas no tienen el carácter de delictivo que se le da con la interpretación que se determina en la valoración que hace el Tribunal, si no son acciones, como la del caso que nos ocupa, que a lo sumo posibilitan el ejercicio de acciones civiles orientadas a restablecer la integridad o el pacífico disfrute de los derechos patrimoniales. En el presente caso, es claro de lo relatado en la valoración de las pruebas que ratifican ese aspecto, que las únicas personas que se han encontrado poseyendo el inmueble son los ahora imputados, quienes desde que obtuvieron la ocupación en base a un título de dominio de compraventa a su favor y desde esa época han sido los poseedores, y que el caso tuvo como principio un préstamo que le fuera otorgado por parte del señor O, V, al señor N, G. G,, que fuera garantizado con el traspaso de una propiedad de la señora L. M. C. D., todo lo cual se desprende de la valoración del Tribunal del resto de la prueba, y posteriormente del cual se efectuó el traspaso en venta a favor del señor C. H. M., pero que si bien es cierto hay una ocupación de mis representados la han efectuado desde que adquirieron el bien por compraventa que le efectuarán al señor J. C. V. no fue ni posterior, ni violenta, ni ilegal, lo que se disputa ahora es la legitimidad de los traspasos y los pagos que efectúo mi representado al señor O. Z. V. V., y el reclamo de la posesión que efectúa C. H. M. O., como consecuencia de la compra que efectuará. En consecuencia haciendo una interpretación coherente, y de acuerdo a la fundamentación fáctica es claro que la valoración plasmada por el Tribunal no es válida y violatoria a las reglas de la sana critica, (principio de la razón suficiente). La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo en la forma ya descrita en los literales que anteceden, que vician el fallo, constituyendo en definitiva la violación a las reglas de la sana crítica falta de fundamentación, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Ar. 69 de la Constitución de la República en relación al artículo 338 CPP), como requisito indispensable de la decisión judicial, Asimismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también del Derecho de Defensa y de la Tutela Judicial Efectiva (art. 82, 90 de la Constitución de la República). La motivación de una resolución judicial penal es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva a que alude el art. 82 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en relación con el art. 7.2.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observo las reglas de la sana crítica, y siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley. MOTIVO SEGUNDO: QUE LA SENTENCIA RECURRIDA CAREZCA DE MOTIVACIONES FÁCTICAS O JURÍDICAS, QUE DICHAS MOTIVACIONES SEAN INSUFICIENTES O CONTRADICTORIAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 Numeral tres del Código Procesal Penal. DESCRIPCION DEL VICIO: Para los efectos de este motivo se considera infringidas las siguientes normas del Código Procesal Penal: ARTÍCULO 141.- Motivación de las resoluciones judiciales. Las providencias se limitarán a determinar el contenido de lo mandado, sin más fundamentos ni adiciones, aunque podrán ser sucintamente razonadas, sin sujeción a requisito alguno, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos. La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación. ARTÍCULO 338.- Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1). . . . 2) Valoración de la prueba: Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. El derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y, en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho. Esto es, el fundamento de la decisión ha de ser la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, “que no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia. La aplicación del derecho no puede reducirse a la remisión de unos puros y simples hechos alegados o informados, por las partes y que al Juez le proporcionan la certeza del fallo, las razones de convencimiento y justificación, ocupan un lugar tan importante como el principio de legalidad, por lo que se puede afirmar que no hay aplicación del derechos sin justificación. Solo puede demostrarse que una resolución esta Justificada si se ofrecen las razones, en apoyo de la misma, razones que no pueden justificarse como un requisito meramente formal, en este caso el requisito se cumpliría incluyendo cualquier razón, debe de ser una razón material. Que ese razonamiento judicial mínimo debe contener: a)La aproximación de los hechos en conflicto b) Realizar la selección del material jurídico aplicable. c)Interpretación del material jurídico reunido, d) La acción de subsumir los hechos acreditas en el material jurídico aplicable; e) La decisión a la luz del sistema jurídico; f) La comunicación de la decisión y su justificación, El vicio denunciado en el presente motivo se genera, tomando en consideración los motivación de los elementos fácticos que lo han llevado al Tribunal de Instancia a arribar al fallo condenatorio, me explico: CON RELACION A LOS MEDIOS DE PRUEBA EJECUTADOS A PETICION DEL MINSITERIO PUBLICO: VALORACION DE LA PRUEBA TESTIFICAL: Tal como se puede constatar el Tribunal de Sentencia, en cuanto a la valoración de la prueba testifical ejecutada a instancia del Ministerio Publico, es decir la declaración de los señores O. Z. V. M. y C. H. M., establece su valoración del testimonio de los mismos, que si bien no es ajustada a las reglas de la sana critica, como se ha explicado en el motivo anterior, hace una pequeña justificación de lo que a su criterio establecen los mismo. Y al mismo tiempo establece los motivos de porque la declaración de M. D., no le merece valoración alguna. No obstante al contraponer la valoración de dicho medio, con el resto del material probatorio resulta ser contrario porque lo que documenta la relación comercial que afirman los testigos es precisamente el instrumento público consistente en La Escritura Pública autorizada por el Notario J. A. L. Del C., en instrumento público número trescientos noventa y cinco (395) de fecha diez de julio del año dos mil en donde comparecen la señora L. M. C. D. en si condición de vendedora de un terreno ubicado en el Municipio de Concepción, Intibucá, con una casa de habitación paredes de adobe y techo de tejas, y el señor O. Z. V. G., como comprador e inscrita bajo el número 97 del Tomo 249 del Registro de la Propiedad de Intibucá, que es el instrumento que documenta la relación comercial como PRESTAMO que también estima probada en la valoración de los medios de prueba testifical de cargo y descargo, el Tribunal A-Quo que existió entre N. G. G. y L. M. C., ahora imputados, y que se trata de un documento de compraventa, y el cual desfilo en el elenco probatorio ante el Tribunal (ver literal b) numeral cuatro de la valoración de la prueba, y agregado el documento a folio 8 y 9 de la primera pieza), estamos en principio ante una motivación contradictoria. VALORACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL: En cuanto al medio de prueba documental el Tribunal hace una relación en el numeral segundo de todos los medios de prueba, desde el literal a) hasta el literal f) describiéndolos y señalando el lugar donde se encuentran, no obstante hace una valoración generalizada de los mismo, sin establecer el porque cada uno de los medios de prueba le merecen credibilidad, estableciendo únicamente que hubieron requerimientos de parte de O. Z. V., a los imputados y que la tenencia efectiva del inmueble la ha adquirido el señor C. H. M. por venta que le hiciera O. Z. V., en la cual se estima que la venta según la declaración testifical fue por la suma de L.200,000.00 y por otra parte en el instrumento público se establece por L.1,000.00, valoración que resulta además contradictoria e insuficiente conforme a las cuestiones planteadas en juicio, y que puede desentrañarse en las conclusiones de las partes que constan en desarrollo del fallo. CON RELACION A LOS MEDIOS DE PRUEBA EJECUTADOS A PETICION DE LA DEFENSA: VALORACION DE LA PRUEBA TESTIFICAL: El Tribunal de Sentencia, hace una valoración de las declaraciones Testificales de los testigos: A. G. C., B. L., y J. S. G. C., (ver numeral tercero de la sentencia en la valoración de la prueba) y es interesante dos de sus explicaciones de su argumentación: a) Establecen que los mismo han declarado con la intención de poder justificar el actuar de los hoy procesados, y por la redacción de la valoración, lo afirman los Juzgadores así: “lo dicho por estos testigos, quienes de paso son hijos de L. C. y N. G., lo hacen con la intención de poder justificar el actuar de los hoy procesados...”. Con dicha motivación, el Tribunal no aclara si da o no credibilidad a los testigos no obstante afirma un parentesco que hace que traten los testigos de justificar el actuar de los imputados, y esta afirmación del Tribunal ¿a razón de que? No es menos cierto que cuando de testigos se refiere el hecho del parentesco no es un limitante para poder dar credibilidad o no a los testigos, pero sujetos a las reglas de valoración de prueba impuestos por la Ley, y el hecho de restarle credibilidad a la deposición de testigos en cuanto al vínculo del parentesco, supone necesariamente una justificación motivada conforme a las reglas de la sana critica, es decir que convenzan a través de hechos fácticos que lleven a determinar porque generan esa conclusión en el Tribunal, no simple y llanamente, que por ser hijos y nietos tienen la intención de justificar a sus padres, pues como reitero, no es un motivo para desestimar la prueba en el proceso penal, pues no hay tacha de testigos ni lo argumento el Ministerio Publico, por otra parte las deposiciones, y prueba documental es coherente, por lo que aun la familiaridad no hay un hecho, que justifique la motivación, que pueda determinar que dichos testigos mentían, por lo tanto se causa agravio a esta defensa. b) Por otra parte el Tribunal de Instancia afirma que los mismos ratifican la existencia de una relación comercial entre L. C. y el padre de N. G., consistente en la garantía consistente en una casa de habitación ubicada en Concepción, Departamento de Intibucá, y a pesar de que los hoy procesados han estado en la tenencia de dicho inmueble, los han estado de manera irregular ya que no tienen documentos que lo acrediten como dueños de dichos predio. La motivación anterior además de insuficiente resulta contradictoria, pues en el mismo sentido que la valoración de prueba testifical de cargo, el Tribunal de Instancia, tiene por acredita una relación comercial entre dos partes los imputados y O. Z. V., que no corresponde con el documento de que se aduce se autorizo sobre dicha transacción, que es precisamente el instrumento público ya relacionado, que se trata de una compraventa. VALORACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES: En cuanto al medio de prueba documental de la descargo es decir la propuesta por la parte que represento, el Tribunal hace una relación en el numeral cuarto de la parte de valoración de prueba del todos los medios de prueba, desde el literal a) hasta el literal g) describiéndolos y señalando el lugar donde se encuentran, no obstante no establece ninguna valoración de los mismo, solo dice en la certificación EN QUE TOMO ESTA, VERIFICAR. Pues entonces no conocemos el proceso de razonamiento a través del cual el Tribunal valoro o no para crear credibilidad de los medios de prueba, y los hechos que tiene acreditados a través de los medios de prueba. Que la motivación insuficiente, contradictoria, y con respecto a la prueba documental de descargo, que es INEXISTENTE, resultan fundamentales, pues forman parte de la tesis de la defensa, tendiente a determinar la procedencia de arribar en un fallo absolutorio, de absolución de los imputados pues en el debate se planteo por nuestra parte que efectivamente había un conflicto, por un lado un comprador que reclama la posesión sobre el inmueble comprado, y por otra parte mis representados que desconociendo las ventas, protegen su posesión, porque lo que obtuvieron fue un crédito no realizaron una venta, y a pesar de los pagos realizados nunca se siguió un procedimiento legal para la constitución del crédito, para su reclamo judicial, y menos para el remate del bien. Si bien lo que en esta en controversia en el presente caso es el PATRIMONIO, no es menos cierto, que el Derecho Penal constituye uno de los medios de control social existentes en la sociedad, pero ha de limitarse a ofrecer el último recurso, para cuando los demás medios de control social resulten insuficientes, que resulta de principios básicos como el Principio de subsidiaridad y carácter fragmentario del Derecho penal, según el cual el Derecho penal deja de ser necesario para proteger a una persona en particular, cuando esto puede conseguirse por otros medios, que serán preferibles cuando sean menos lesivos de los derechos individuales, es decir que el derecho penal ha de ser la última ratio, derivado del principio de intervención mínima, en el caso en concreto, para ambas partes el Código Civil da soluciones: Para la protección de la posesión: La demanda reivindicatoria de domino, que se ha intentado por el Denunciante, la regulación en cuanto a la obligación de entrega del vendedor, y en su caso para el reclamo del saneamiento en caso de evicción, según los artículos 868, 1620, 1631. Para el caso de mis representados por haberse violentado los requisitos propios de los contratos se prevé la acción de nulidad según los artículos 1552, 1573, 1586 del Código Civil, frente a ello, con respecto a la valoración de la prueba documental propuesta de por nuestra parte se adujo, normas aplicables a su interpretación tales como el CODIGO DE NOTARIADO Artículo 3 párrafo tercero, Función Notarial concepto: ES INDELEGABLE, SOLO PUEDE EJERCERLAS EN FORMA PERSONAL. Artículo 13 numeral 1 y 3 Prohibiciones, permitir actuaciones notariales por otras personas y dar fe de firmas que no haya presenciado, Articulo 14. Solo son instrumentos públicos aquellos en los que INTERVENGA O AUTORICE el notario. REGLAMENTO: Artículo 27. Determina que el Notario debe recibir personalmente las firmas de los otorgantes. Articulo 3. Autorizar solo lo que el oye y percibe con sus sentidos Artículos 22. Redacción de los instrumentos públicos corresponde exclusivamente a LOS NOTARIOS, conforme a la voluntad de las partes. Del CODIGO PROCESAL CIVIL Artículo 273.- FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOSJI4. En materia de usura, los juzgados o tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el numeral primero de este artículo, sin perjuicio de la acción penal. El contenido del Decreto-Ley No. 14 del 9 de enero de 1973, que para los efectos de lo argumentado transcribimos lo conducente de su reglamento contenido en el Decreto No 37 del 16 de enero de 1973, que rige a los Prestamistas no bancarios (que es reconocido por el Tribunal) sobre este aspecto establece: Artículo 6. Cuando en los juicios promovidos con base en contratos de préstamos el demandado alegue en cualquier estado del juicio que se trata de un crédito usurario, el Juez deber resolver previamente sobre ese extremo, cualquiera que sea el título o documento con que se acredite el contrato... .“, “...En la resolución de estos incidentes el Juez no estar sujeto a la tarifa legal de pruebas y, por lo tanto, formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba.” Del CODIGO PROCESAL PENAL ARTICULO 252.- Determinación del carácter de un documento. Para determinar el carácter público o privado de un documento, se estará a lo prescrito por los Códigos Civil y de Procedimientos Comunes. ante el conflicto existen medios no penales, como el civiles que lo resuelve Así pues, dichos principios son recogidos en la legislación constitucional que marca la actuación por sobre todas las leyes de la República, tales como el artículo 63, 82, 89, 90, 92, 94, 98, y otros de la Constitución de la República. En consecuencia, al no observarse dichos principios, hay vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, y atendiendo también lo establecido en el artículo 54 párrafo último del Código Procesal Penal. Al tener en cuenta lo anterior el derecho de las partes, era obtener una valoración de la prueba, que haga posible el convencimiento de la decisión adoptada, si no principalmente recurrir, pero ante la motivación efectuada por el tribunal, insuficiente y contradictoria, se violenta el derecho de la parte que represento. Ahora bien, haciendo un resumen de la escueta e insuficiente, y algunos aspectos inexistente motivación fáctica efectuada por el Tribunal, hemos de tener en cuenta que la valoración de la prueba, exige no solo el resumen de las practicadas en juicio conforme a las reglas de la sana crítica, si no también y necesariamente que están lo hayan sido conforme a las reglas de la sana crítica, para obtener el razonamiento utilizado para fijar sus conclusiones. Y sobre lo anterior, las reglas de la sana crítica, supone necesariamente que dicha valoración debe efectuarse valorando de forma conjunta y armónica, la prueba del juicio. No obstante, pese a que existe una evidente contradicción entre las afirmaciones testificales, y documentos (instrumento público) del cual nace el conflicto por el inmueble, ubicado en Concepción, Departamento de Intibucá, afirmando en la valoración de la prueba testifical, de que se trata de un inmueble que se dio en garantía de un préstamo, y que al final de manera unilateral se hizo pago O. Z. V., por el incumplimiento de pago de L. M. C. y N. G., y que finalmente el inmueble fue vendido a C. H. M., no efectúa el Tribunal una motivación contraponiendo armónica y conjuntamente otros medios de prueba que afirman hechos diversos a lo manifestado por los testigos, ellos de los medios de prueba documentales siguientes: a) La Escritura Pública autorizada por el Notario J. A. L. Del Cid, en instrumento público número trescientos noventa y cinco (395) de fecha diez de julio del año dos mil en donde comparecen la señora L. M. C. D. en si condición de vendedora de un terreno ubicado en el Municipio de Concepción, Intibucá, con una casa de habitación paredes de adobe y techo de tejas, y el señor O. Z. V. G., como comprador e inscrita bajo el número 97 del Tomo 249 del Registro de la Propiedad de Intibucá” Ver folio 8 y 9 de la primera pieza de autos, b) Constancia de vecindad extendida por el Alcalde del Municipio de Concepción, Intibucá, en el cual constancia el tiempo en que la señora M. L. C. ha poseído el inmueble, c) Demanda reivindicatoria de dominio, con la cual el supuesto ofendido pretende la reivindicación del inmueble vía civil, d) Constancia extendida por el Abogado y Notario J. L. Del C. de fecha 2 de octubre de 2013., a través de las cuales es posible determinar que todos los hechos se han origina de un contrato simulado a través de una compraventa, cuando la intención y voluntad de las partes nunca fue ni traspasar la propiedad ni la posesión, no hubo previo, pues lo que se hizo fue un PRESTAMO, pero el Tribunal omite contraponer los hechos de las deposiciones de los testigos con el contenido de la prueba documental referida, y determina en su caso, las razones de porque si o no, los mismos eran merecedores de Credibilidad, y el porque ya sean las deposiciones o los instrumento públicos, que obviamente son contrapuestos merecían credibilidad para forma su criterio, pues de la prueba documental nada se afirma. Frente a la prueba contradictoria, el Tribunal de sentencia debe realizar un análisis de su convencibilidad y de su calidad (valoración), para lo que tiene amplia libertad, luego de lo cual podría llegar a la conclusión de que las dos pruebas son igualmente creíbles o que lo es sólo una de ellas y resolver el asunto a partir de dicha conclusión. En la fundamentación fáctica de la sentencia no se encuentra ninguna valoración de la prueba documental de la defensa, asignándosele por parte del Tribunal de Juicio un determinado valor a cada una de las evacuadas en el debate, de manera que no se conocen las razones que tuvo el Tribunal de sentencia para otorgarle un mayor valor probatorio a las declaraciones testimoniales de cargo frente a las de descargo, y menos frente a las documentales de descargo, y pese a ellos llega a una conclusión. Con todo lo anterior se demuestra en consecuencia que la motivación de la sentencia, ha sido redactada y motivada de forma insuficiente y contradictoria, ya que si bien en algunos medios de prueba contiene motivación fáctica, la misma es insuficiente, y en otros inexistente, pero además resulta contradictoria en si misma, para generar una convicción en las partes, en los Abogados, de forma que la afirmación de una motivación solo podría implicar la negación de otros medios de prueba de los cuales nada dijo, violentando entonces las reglas fijadas en el legislador en el artículo el Artículo 338, cuarta regla, numeral dos y el articulo 141, del Código Procesal Penal, que claramente sanciona con pena de nulidad, la resoluciones que entre otros requisitos no contengan una clara y precisa motivación. La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo en la forma ya descritos, que vician el fallo, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Ar. 69 de la Constitución de la República en relación al artículo 338 CPP), como requisito indispensable de la decisión judicial, Así mismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también del Derecho de Defensa y de la Tutela Judicial Efectiva (art. 82, 90 de la Constitución de la República). La motivación de una resolución judicial penal es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva a que alude el art. 82 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en relación con el art. 7.2.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observo las reglas de la sana crítica, y siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley.”. IV.- Sigue manifestando la Recurrente en su: “CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. He interpuesto el presente recurso actuando en mi condición de Defensora y en consecuencia parte interesada y agraviada por la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha trece (13) de diciembre del dos mil trece (2013) según lo dispone el artículo 15, 101 del Código Procesal Penal, en relación a haber dictado sentencia condenatoria contra N. G. G. y L. M. C. D. en el proceso seguido ante este Tribunal por el supuesto DELITO DE USURPACION en perjuicio del señor C. H. M.,. Asimismo el objeto impugnable de la casación se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso al tenor de lo establecido en el artículo 359 y 360 del Código Procesal Penal (CPP en adelante). IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA Se ha considerado como motivos para la interposición del presente recurso de casación los que a continuación detallo: PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN POR APLICACIÓN INDEBIDA DE UN PRECEPTO PENAL DE CARÁCTER SUSTANTIVO. DISPOSICIÓN LEGAL INDEBIDAMENTE APLICADA: Artículo 227 del Código Penal, que establece el delito de Usurpación. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo se encuentra previsto en el artículo 360 del Código Procesal Penal. DESCRIPCIÓN DEL VICIO: Aplicación indebida de la norma sustantiva contenida en el artículo 227 del Código Penal.
El vicio se genera a partir del numeral primero de la declaración de hechos de la sentencia recurrida, que se lee así: “UNICO: Que según instrumento publico número veintidós (22) de febrero del dos mil seis (2006) autorizado por el Notario O. M. P. el señor C. H. M. es dueño de una propiedad ubicada en el Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, que la posición y tenencia actual de la misma la ejercen los señores N. G. G., y L. M. C. D., sin contar con documento alguno que los acredite un derecho real sobre la propiedad antes mencionada.” Con base en esos hechos y haciendo un análisis de la norma que se considera infringida por aplicación indebida, se llega a la conclusión de que los mismos no se subsumen en lo establecido EN el artículo 227 del Código Penal, que literalmente establece: “ARTICULO: 227.- Usurpación: Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años...”. En primer término y considerando las circunstancias debatidas en el proceso de mérito es preciso, determinar los límites del derecho penal en un Estado de Derecho como el nuestro. El Derecho Penal constituye uno de los medios de control social existentes en la sociedad, se caracteriza por prever las sanciones en principio más graves (pena y medidas de seguridad) como forma de evitar comportamientos que juzga especialmente peligrosos, de ahí que se encuentre reservado al Estado, y ha de limitarse a ofrecer el último recurso, para cuando los demás medios de control social resulten insuficientes. De ahí que el ius puniendo encuentre sus límites en principios, entre otros: 1. La utilidad de la intervención penal, 2. Principio de subsidiaridad y carácter fragmentario del Derecho penal, 3. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Para los efectos del nacimiento del hecho de la ocupación del inmueble por parte de mis representados, hacemos alusión al segundo de los principios enunciados, por medio del cual se establece que el Derecho penal deja de ser necesario para proteger a la sociedad o una persona en particular, cuando esto puede conseguirse por otros medios, que serán preferibles cuando sean menos lesivos de los derechos individuales. Entra en juego así, el principio de subsidiaridad según el cual el derecho penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros medios menos lesivos, así pues, medios no penales, como los civiles, administrativos, etc. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal, constituye una exigencia relacionada con el anterior, y como exigencia de limitar el derecho penal a lo estrictamente necesario, es decir, que el derecho penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, si no las modalidades de ataque más peligrosas para ellos como las conductas relacionadas con el apoderamientos o ocupación subrepticio, violento o fraudulento. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima. Lo anterior constituye principios básicos, en la interpretación de la norma penal, para su subsunción de los hechos en el tipo penal indicado. INTERPRETACION FIJADA EN LA SENTENCIA RECURRIDA QUE SE CONSIDERA INDEBIDA: Consideran los Juzgadores que L. M. C. y N. G. han desplegado su acción con el ánimo de retener o ejercer la tenencia de una propiedad que pertenece a C. H. M., y la cual se acredito en la audiencia que pertenece a C. H. M., según la cual se acredito en la audiencia, de merito la adquirió mediante una transacción comercial con el señor O. Z. V. G. de manera doctrinaria ya que nuestra codificación penal resulta muy escueta, por usurpación se deberá entender cualquier ejercicio ilegal o injusto de un derecho, con desdén para su titular, o con despojo del mismo, cono se ha dicho los procesados han ejercido un a posesión irregular o tenencia indebida del inmueble objeto del debate, acreditando con esto la norma penal en comento. INTERPRETACION PRETENDIDA DE ACUERDO A LOS HECHOS DECLARADOS PROBADOS: Tomando en consideración de los hechos declarados probados que establecen de manera concretos dos aspectos: A) Que según instrumento público número veintidós (22) de febrero del dos mil seis (2006) autorizado por el Notario O. M. P. el señor C. H. M. es dueño de una propiedad ubicada en el Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá. B) Que la posición y tenencia actual de la misma la ejercen los señores N. G. G., y L. M. C. D., sin contar con documento alguno que los acredite un derecho real sobre la propiedad antes mencionada. Ahora bien, hacemos nuestra la interpretación de la norma legal que se aduce aplicada indebidamente por el Tribunal A-Quo, es preciso, transcribir la doctrina esbozada en sus criterios por la sala de lo Penal de La Corte Suprema de Justicia, de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. de fecha 10 de mayo del dos mil doce (2012) mediante el cual se resuelve el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley. Interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de febrero del dos mil diez (2010) en este mismo proceso (folios 171 al 187 del Tomo III) y concretamente la doctrina esbozada a folio 181 vuelto, que literalmente dice: “CIERTAMENTE LA DESCRIPCIÓN QUE NOS OFRECE EL ARTICULO ANTES CITADO EN TONO A LA FIGURA DE LA USURPACIÓN ES BASTANTE ESCUETA, SIN EMBARGO LA DOCTRINA CIENTÍFICA CONTRIBUYE A DOTAR DE CONTENIDO A LA MISMA. EN ESE SENTIDO, SE AFIRMA QUE LA ACCIÓN DE USURPAR COMPORTA LA DEL DESPOJO. EL CONCEPTO DE DESPOJO DA LA IDEA DEL HECHO EN RELACIÓN CON LA PERSONA, A LA QUE SE DESPLAZA. EL DESPOJO SE CARACTERIZA POR UNA DOBLE CONSECUENCIA: DE UNA PARTE, EL DESPLAZADO O EXCLUIDO EN SU OCUPACIÓN, DE OTRO LADO EL USURPADOR HA DE ESTAR EN CONDICIONES DE PERMANECER EN LA OCUPACIÓN. LAS CONSECUENCIAS SEÑALADAS PUEDEN LOGRARLAS EL AUTOR INVADIENDO EL INMUEBLE, MANTENIÉNDOSE EN EL O EXPULSANDO A SUS OCUPANTES.... SE DESPOJA PENETRANDO Y EXPULSANDO AL SUJETO PASIVO, O A SUS REPRESENTANTES O IMPIDIÉNDOLES LA ENTRADA SI EN EL MOMENTO DE LA INVASIÓN ESTABAN AUSENTES. TAMBIÉN CUMPLE LA ACCIÓN TÍPICA, QUIEN ESTANDO EN UN INMUEBLE A UN TITULO QUE NO LE CONFIERE SU TENENCIA, SE MANTIENE EN EL O EXPULSA A SUS OCUPANTES.. . . VID. FONTAN BALESTRA (C.) EN “DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL”, EDITORIAL ABELEDO PERROT, BUENOS AIRES, 8AVA EDIC. 1978, PAGINAS 396 Y 397.”. La imputación delictiva debe comprender en su descripción, no sólo la acción típica, sino también el medio utilizado para realizar el despojo y el modo en que el mismo se efectuó, que puede dotarse desde: establecer que al sujeto pasivo se le ha efectuado el despojo o exclusión de su ocupación, porque el usurpador ha INVADIENDO EL INMUEBLE A TRAVES DE CIERTOS HECHOS, MANTENIÉNDOSE EN EL CONTRA LA VOLUNTAD DEL DUEÑO O EXPULSANDO A SUS OCUPANTES, ya sea por el medio que sea, sea la violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad etc., y ello porque implica el despojo, que al ofendido se le ha despojado de sus derechos por parte del sujeto activo, que conoce la condición jurídica del terreno y se apodera por las vías de hecho. Los hechos declarados probados, establecen la tenencia de mis representados sobre el inmueble, y dice en su caso, que no cuentan con un documento que acredite su derecho real, pero hace omisión, el relato de los hechos probados, de determinar si el mantenimiento de la tenencia de mis representados en el inmueble, es o no en contra de la voluntad de quien se afirma dueño del inmueble, relación de hecho que, que como bien se apunta en la doctrina, es decir una exclusión de la ocupación del inmueble en contra de la voluntad del dueño, ya sea por el mantenimiento no consentido por el dueño, u otra acción es precisamente, lo que pretende tutelar el delito de usurpación. En ninguna de los imputaciones delictivas, de los hechos probados, se hace referencia al medio utilizado por los imputados para realizar el citado despojo, es decir para lograr el mantenimiento de la tenencia del inmueble frente al sujeto pasivo, y pese en que su fundamentación aduce que los imputados han desplegado su acción con el ánimo de retener o ejercer la tenencia de una propiedad, ello no se denota en la relación de hechos probados, pues solo dice que mantiene la posesión, pero no dice nada acerca de que si nocen o no la propiedad del bien, o si el sujeto activo ya efectuó alguna acción para que se le entregue y ellos retienen la posesión manteniendo la tenencia del bien, Si en las imputaciones delictivas no se describió como medio típico de despojo, que es elemento esencial para la configuración del tipo penal de usurpación, ello no podría ser subsanado en sentencia, de ahí que habría que concluir que los hechos imputados a los acusados son atípicos desde la perspectiva del delito de usurpación, de ahí que por esa razón debió absolverse a los acusado en relación con el tipo penal. No discutimos en el caso de autos, que el bien jurídico protegido por el DELITO DE USURPACION es el patrimonio, y que conlleva el tranquilo disfrute de las cosas inmuebles.. . pero ha de ocuparse de aquellos ataques más graves que se presenten en los casos en concreto, contra el bien jurídico protegido. En los hechos declarados probados, no se denota en el inicio y mantenimiento de la posesión de los imputados hechos que denoten ilegalidad, En consecuencia haciendo una interpretación coherente, y de acuerdo a los hechos declarados probados es claro que no se cumplen con los requerimientos de la teoría del delito. Que el tribunal nada argumenta en cuanto a la intención de los imputados en el mantenimiento de la tenencia de la propiedad, de los cuales no se pude denotar en consecuencia el elemento doloso propio del delito, pues no existe la usurpación culposa, no se cumplen con los elementos objetivos ni subjetivos del delito de usurpación en el caso de méritos, lo que evidencia la aplicación indebida de dicha norma penal siendo lo procedente la absolución de los imputados y no su condena como indebidamente se ha aplicado. La parte acusadora privada se siente agraviada por el vicio descrito, en virtud de haberse condenado a los procesados en base a la concurrencia del delito de usurpación, que conforme a los hechos declarados probados no cumple con la totalidad de los requisitos que la ley establece, afectándose con ello la parte que represento. Por ello la parte que represento está legitimada para solicitar la aplicación correcta de la ley en el caso en concreto. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, y se declare que indebidamente se ha aplicado el artículo 227 del Código Penal, ya que a lo que, en realidad, ha lugar es la absolución de los imputados, y en consecuencia se solicita se case la sentencia impugnada y se resuelva de acuerdo a la ley aplicable es decir se ABSUELVA a los imputados N. G. G. y L. M. C. D., de conformidad a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal, todo en virtud de la interpretación que se pretende del delito en mención.”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS N. G. G. Y L. M. C. D. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 227 DEL CODIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE USURPACION EJERCIDA SOBRE UN BIEN INMUEBLE.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PENAL. Esta Sala considera que para un mejor y debido tratamiento del caso que ahora nos ocupa, el estudio y resolución del presente recurso debe iniciar con el análisis del motivo de casación que por infracción de ley, ha planteado la Defensa de los encartados. El Censor denuncia la aplicación indebida del artículo 227 del Código Penal, expresando que la imputación delictiva debe comprender en su descripción, no sólo la acción típica, sino también el medio utilizado para realizar el despojo y el modo en que el mismo se efectuó, que puede dotarse desde: establecer que al sujeto pasivo se le ha efectuado el despojo o exclusión de su ocupación, porque el usurpador ha invadido EL INMUEBLE A TRAVES DE CIERTOS HECHOS, MANTENIÉNDOSE EN EL CONTRA LA VOLUNTAD DEL DUEÑO O EXPULSANDO A SUS OCUPANTES, por el medio que sea (violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad etc.), a criterio de la impetrante los hechos declarados probados, si bien establecen la tenencia de sus representados sobre el inmueble, y dicen en su caso, que no cuentan con un documento que acredite su derecho real, hacen omisión, de indicar si el mantenimiento de la tenencia, es o no en contra de la voluntad de quien se afirma dueño del inmueble, relación de hecho que, que como bien se apunta en la doctrina, es precisamente, lo que pretende tutelar el delito de usurpación; insiste que en ninguna de los imputaciones delictivas, de los hechos probados, se hace referencia al medio utilizado por los encartados para realizar el citado despojo, pues solo dice que mantienen la posesión, pero no dice nada acerca de que si el sujeto activo ya efectuó alguna acción para que se le entregue y que ellos retienen la posesión en contra de la voluntad de aquel, de ahí que habría que concluir que los hechos imputados a los acusados son atípicos desde la perspectiva del delito de usurpación, de ahí que por esa razón debió absolverse a los acusado en relación con el tipo penal. Alega que el tribunal nada argumenta en cuanto a la intención de los imputados en el mantenimiento de la tenencia de la propiedad, de los cuales no se pude denotar en consecuencia el elemento doloso propio del delito, pues no existe la usurpación culposa, de ahí que en su opinión no concurren los elementos objetivos ni subjetivos del delito de usurpación en la conducta de los encausados descrita en el factum, lo que evidencia la aplicación indebida de dicha norma penal siendo lo procedente la absolución de aquellos y no su condena como indebidamente se ha resuelto por el Tribunal de instancia. Esta Sala considera pertinente recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A Quo, a efecto de determinar si el precepto penal invocado ha sido indebidamente aplicado, tal y como lo afirma el Censor, o si por el contrario, su aplicación es correcta, en consecuencia, procede esta Sala a explicar su apreciación y a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) Los hechos declarados probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. 2) Realizada la comparación o ejercicio de contraste entre el único hecho declarado probado y la norma penal sustantiva señalada como infringida por la impetrante a efecto de determinar su supuesta impertinencia o su correspondencia, se hace necesario examinar previamente la configuración del tipo penal, en tal sentido el artículo 227 del Código Penal en su parte toral expresa, “quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años… no expresando este precepto que comprende el vocablo “usurpar”, resultando necesario para su mayor comprensión acudir a la doctrina, por ello esta Sala de lo Penal ha reconocido que “Ciertamente la descripción que nos ofrece el artículo antes citado en torno a la figura de la usurpación es bastante escueta, sin embargo la doctrina científica contribuye a dotar de contenido a la misma. En este sentido se afirma que la acción de usurpar comporta la del despojo. El concepto de despojo da la idea del hecho en relación con la persona a la que se desplaza. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes ... se despoja penetrando y expulsando al sujeto pasivo o a sus representantes o impidiéndoles la entrada, si en el momento de la invasión estaban ausentes. También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en él o expulsa a sus ocupantes ..."vid. FONTÁN BALESTRA (C.), en "DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 8ª edición, 1978, páginas 396 y 397. Por su parte, el jurista CUELLO CALON, explica que los preceptos relativos al delito de usurpación tienen por fin la protección de la propiedad inmueble y el disfrute de los derechos reales contra actos de violencia o intimidación o desprovistos de éste carácter. (vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Tomo II (Parte Especial), Volumen II, 14ª edición, revisada y puesta al día por CESAR CAMARGO HERNANDEZ, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, págs. 911 y ss). (Véase sentencia de fecha 27 de Julio de 2010 Casación Penal ex 283-2008). Al examinar el único hecho declarado probado, el Tribunal de instancia ha descrito: “Que según Instrumento Público número veintidós de febrero del año dos mil seis, autorizado por el Notario O. E. M. P., el señor C. H. M. es dueño de una propiedad ubicada en el municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, que la posición y tenencia actual de la misma la ejercen los señores N. G. G. y L. M. C. D., sin contar con documento alguno que les acredite un derecho real sobre la propiedad antes mencionada.” En esta descripción no se expone nada acerca de la forma en que los acusados han llegado a la posesión del inmueble ni como se han mantenido en la misma, la omisión del precepto penal de describir las conductas que suponen la usurpación, no exime al juzgador de incorporar en sus hechos probados las conductas que importen violencia, intimidación para obtener la tenencia del inmueble o derecho real o para mantenerse en ella con la oposición de quien se presenta como propietario en tanto que son las que conforman la conducta delictiva de usurpar. En consecuencia, al limitarse a describir como una persona adquirió un inmueble mediante un documento público y decir que otras personas detentan el inmueble sin documentos, no basta para afirmar la comisión del tipo penal de usurpación, de tal manera que del relato fáctico no se infiere que concurran los elementos fundamentales del tipo, no pudiendo antojadizamente suponerse que se ha efectuado una determinada conducta para llegar a poseer un inmueble o un derecho, de ahí que por tales razones esta Sala considera que ha sido indebidamente aplicado el artículo 227 del Código Penal, de tal modo que el comportamiento de los encausados descrito en el factum constituye un hecho atípico y por tanto sin relevancia para el Derecho Penal, sin perjuicio de las acciones civiles que les competen a todos los interesados para dirimir el conflicto intersubjetivo de intereses que existe actualmente entre los mismos. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU MOTIVO PRIMERO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS N. G. G. Y . M. C. D. ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA NO HA OBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO FINAL DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia en relación al presente motivo casación por haber prosperado el que se funda en la infracción de ley sustantiva planteado por la Defensa de los encausados. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU MOTIVO SEGUNDO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS N. G. G. Y L. M. C. D. ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN SU CONTRA CONTIENE MOTIVACIONES FACTICAS Y JURIDICAS INSUFICIENTES.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo, en razón de haber prosperado el que fundado en la infracción de ley sustantiva ha planteado la Defensa de los imputados. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 54, 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal; 2c, 2d, 227 del Código Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada A. J. F. Z. en su condición de Apoderado Defensora de los imputados N. G. G. Y L. M. C. D., contra la sentencia condenatoria de fecha trece de diciembre de dos mil trece, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. SEGUNDO: CASANDO LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: SE ABSUELVE de toda responsabilidad penal a los encartados N. G. G. Y L. M. C. D. por el delito de USURPACION en perjuicio del señor C. H. M., en consecuencia se revoca toda medida cautelar dictada en su contra. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- JOSE TOMAS ARITA VALLE.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-130-2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL