Sentencia CP-122-13 — Registro 5873
Resumen
Se absolvió al imputado en primer instancia por el delito de maltrato por transgresión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No.3) del Código Procesal Penal prevé que el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[1]. En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica. Es este último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado anteriormente que “…en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[2]. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[3]. Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la Sana Crítica: A) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. B) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C) Las Reglas de la Lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las Leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento debe derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. La Sala de lo Penal, ha analizado el registro de las declaraciones rendidas en el debate consistentes en: el menor K. M. P. R., quien manifestó “… yo me iba a cortar el pelo en la barbería, me dijo que no me lo cortara en la forma que me lo estaba cortando, yo le dije que dejara de joder, él me pego, me defendí, nos fuimos a los golpes…” (Folio No. 61 frente). Declaración del señor J. L. H. L. (Folio No. 214), quien efectuó la detención del ahora encausado, luego de haber sido interpuesta una denuncia de maltrato del menor K. M. P. R.. Y la versión rendida por el procesado M. P. Z., estableciendo “… cuando él se sentó a cortarse el cabello yo le dije quiero el corte normal, él lo que me contestó viejo hijo de tantas y me dijo que hasta me iba hacer pedazos, había un negrito de raza que era peluquero, le quitó la máquina y me la ensartó en la garganta, me enoje y le metí tres fajazos, él me agarró a patadas...; desde hace dos años atrás la Fiscalia me lo entregó a mí con una carta poder porque él se había ido con las maras, entonces yo me lo llevé a mi casa…”(Folio No. 212 y 213).Con dichas versiones aunadas al Dictamen Medico Legal (Folio No. 197 y 198) se acreditó la existencia de lesiones que sufrió el menor, mismas que fueron producto de una acción disciplinaria ejercida por su padre M. P. Z. ante la negativa de su hijo a cumplir con la orden girada, respondiendo de una manera inadecuada, resultando ambos con heridas recíprocas; declaraciones que aunadas al contenido de la prueba documental consistente en Certificación de Acta de Nacimiento (Folio No. 56), Acta de colocación efectuada por el Juzgado Segundo de la Niñez del Departamento de Francisco Morazán del menor K. M. P. en la persona de su padre el señor M. P. Z. (Folio No. 53), Acta disciplinaria impuesta al menor K. M. P. R. en fecha 23 de febrero del 2010 por autoridades educativas del Instituto Vicente Cáceres (Folio No. 51), Constancia realizada por la Licenciada E. A. en la que establece que el señor M. P. Z. siempre ha estado pendiente de la disciplina del menor K. M. P. y que asistió el día 20 de febrero para tratar un asunto disciplinario de su hijo; evidencian la situación de rebeldía de la supuesta víctima y que el encausado como padre ha estado pendiente de la disciplina de su hijo K. M. P.(17 años). Asimismo, con la prueba pericial consistente en Dictamen Psicológico Forense (Folio No. 188 y 189) y Dictam en Pericial Psiquiátrico Forense (Folio No. 192 y 193), se acreditó que el menor presenta una personalidad en formación en la etapa de la adolescencia con núcleo de inestabilidad emocional de tipo impulsivo y capacidad intelectual normal. Además padece distimia es decir daño psiquiátrico, sin embargo, el dictamen no establece inequívocamente que la causal que produjo dicho padecimiento sea el supuesto maltrato del padre, aunado a considerar que tal comentario médico no encuentra sustento en el resto del material probatorio evacuado en Juicio Oral y Público. Por lo que la información que se extrae de la prueba testifical, pericial y documental referida y valorada por el Tribunal de Instancia, no derivan en la participación del señor M. P. Z. en el delito de Maltrato por Transgresión. Consecuencia de lo anterior, la Sala de lo Penal es del criterio que la valoración de la prueba realizada por el A quo, es acorde con una correcta valoración descriptiva que da paso a la valoración intelectiva, realizada de manera ordenada, coherente y derivando la conclusión lógica de la absolución en los hechos que le fueron imputados. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP 122-2013 por Quebrantamiento de Forma en su único motivo e infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público, contra la Sentencia de fecha doce de noviembre del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió al Señor M. P. Z., como autor del delito de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN en perjuicio de K. M. P. R.. No condenó a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No condenó en Costas Procesales, Personales ni Gastos ocasionados en el juicio. Son partes: la Abogada C. L. T. B. en su condición de Representante del Ministerio Público como recurrente y el Abogado M. A. L. E. en su condición de Apoderado Legal del señor M. P. Z. como recurrido. II.- HECHO PROBADO “PRIMERO: El día dieciocho de Marzo del dos mil diez, el joven K. M. P., se encontraba en la barbería de su padre el señor M. P. Z., ubicada en la colonia Villa Española, frente al Instituto Central Vicente Cáceres, cuando siendo aproximadamente las dos de la tarde con treinta minutos, decide hacerse un corte de pelo estilo bomba, por lo cual su padre lo increpa manifestándole que no se realizara dicho corte, ante lo cual el joven K. le contestó “no jodas” yéndose posteriormente a los puños con el señor M., resultando el menor con golpes en distintas partes de su cuerpo y el señor M. P. Z., con aruñones en el cuello”. III.- RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: “UNICO MOTIVO: El Juzgador al haber dictado un fallo absolutorio, arribó al mismo inobservando en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador afirma al proferir el fallo en la fundamentación jurídica que “Los hechos probados de la sentencia es producto de la valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica; del mismo no se acredita ni el delito de Maltrato por Transgresión ni la participación del acusado M. P. Z., dado que en el presente caso existió falta de prueba suficiente para acreditar la comisión del delito de Maltrato por Transgresión en perjuicio de K. M. P. R.; delito establecido en el artículo 168 del Código de la Niñez y de la Adolescencia que establece: tendrá lugar el maltrato por transgresión cada vez que se produzcan acciones y conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como hacerlo objeto de malos tratos físicos… entre otros supuestos establecidos en dicha norma. En el presente caso la supuesta víctima que se ofreció como prueba de cargo para informar de lo sucedido, no compareció en virtud que no fue posible su ubicación el cual fue acreditado plenamente por lo que trajo al debate como lectura autorizada de acuerdo al artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, la declaración brindada por dicho menor en Audiencia Inicial, por lo que no fue contundente para acreditar la existencia plena del delito y consecuentemente la participación del acusado, dado que los hechos declarados probados no responden a un hecho típico penalmente. A criterio de este Garante de Legalidad hace patente la inobservancia por parte del Tribunal de Sentencia de las reglas de la Sana Crítica, conforme lo establecen los artículos 202 y 338 regla cuarta de Nuestra Norma Penal Adjetiva al momento de valorar la plataforma probatoria de cargo, lo cual indudablemente genera en la sentencia un vicio por quebrantamiento de forma meritorio de ser recurrido por la vía casacional, en virtud de las razones que se desarrollan a continuación: Al confrontar la precitada valoración táctica del órgano jurisdiccional con la prueba evacuada en el debate, misma que según el Juzgador no sirvió de soporte para dictar una sentencia condenatoria en contra del enjuiciado, advertimos que de dichos medios de prueba se desprende lo siguiente: Se incorporó la declaración del menor ofendido K. M. P., misma que fue traída a juicio, mediante lectura autorizada de acuerdo a lo estipulado en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal, ya que se acreditó la imposibilidad ante el Tribunal de su comparecencia en el Debate, declaración que fue rendida en audiencia inicial quien manifestó: Que el vivía en casa de su abuela, pero desde que el (imputado) lo agarró le prometió que le daría todo, que desde varios años lo trata mal, lo golpea le decía cosas feas, se salio del colegio aunque había empezado bien el colegio, anduvo metido en cosas, llegó a su casa y le pegó, al salirse de todo eso le empezó a decir que era una basura, que su mamá trabajaba de puta, pasando el tiempo el se iba a cortar el pelo en la barbería, le dijo que no se lo cortara en la forma que se lo estaba cortando, yo le dije que dejara de joder, el (imputado) lo trataba mal y por eso el también lo trataba mal, nunca se han llevado bien, el (imputado) le pegó y por eso el se defendió, nos fuimos a los golpes de ahí se sacó la faja y me la rompió, agarre un bote de ambiental y le estaba pegando, el me tiró al suelo y lo estaba ahorcando. A preguntas de la Juez respondió: que el estaba metido con la barra del Motagua, y que su padre M. P. Z., vive con la esposa y tres hijos, que el ha vivido con su abuela materna toda la vida, porque su madre trabaja solo en viajes de ferias y su papá lo fue a traer de donde su abuela, y que a su padre no lo conocía desde chiquito, hasta que el tenía ocho años de edad y se fue a vivir a la Centroamérica, y desde hace seis años vive con su padre, que cuando ocurrió lo del aruñon se fue a casa de su abuela materna ya que ella lo protege cuando se enoja con su papá, y que su mamá no pasa en la casa solo su abuela, y que el vuelve a casa de su padre, porque su padre fue a los Juzgados de la Niñez y ahí le dieron su custodia.- A preguntas de la Fiscal respondió que no recuerda la fecha de los hechos, fue a las dos y media de la tarde, ya había salido del colegio, y que trabaja de barbero en ese lugar, y ese día le dijo a otro barbero del lugar que le cortara el pelo y que por lo general no pide permiso a su padre para cortarse el pelo, y que se haría un corte denominado la bomba, el cual consiste en ser bajito de lo que lo andaba en ese momento, ya que en el colegio no lo dejaban pasar peludos, en el momento que le estaban haciendo el corte su padre se disgusto y le dio un golpe en la cara, por lo cual el menor respondió a los golpes, y que no es la primera vez que ocurre esto, y que cuando están en el negocio el encausado le da con lo que agarre, una vez con el cable de la secadora, que desde el tenía la edad de once años inicia a vivir con su papá y que la relación con el ha sido no muy buena, mala, no sabe porque lo trata mal y que las agresiones consisten que el le pega con la faja porque no se entienden, que el anduvo con la barra del Motagua, y hace años se salió de la misma, y que el ingresó a esta porque nadie le decía nada y que su padre sabía que el pertenecía a esta barra y en una ocasión el se fue de la casa, porque llegó a la casa con un aruñon que una cipota le dio y su padre al verlo le pegó con un cepillo, y que también le dio con este cepillo porque se cortaba todo el pelo todo pelón y que estaban los barberos uno de ellos dijo déjelo así, que se maten ellos solos, que de esto tiene conocimiento uno de los barberos de nombre A., pero este tiene miedo que lo dejen sin trabajo, que cuando su padre lo agredió el salió corriendo, se desmayó y vomitó y se fue a una iglesia donde lo llevaron a un centro de salud donde le revisaron la cabeza y que el (ofendido) interpuso la denuncia y que su padre lo amenazó que le iba a echar a otras personas y que esta amenaza no fue la primera vez que se la ha dicho y que una vez que el se iba a ir para los Estados Unidos, le dijo que le iba a quebrar los brazos, que él tiene tres hermanos a quienes también les pega pero lo mismo que a él no.- A preguntas de la Defensa respondió: que las cosas feas que le dice su padre consisten en Hijo de la gran puta, no servís para nada, mejor hubiera parido un rollo, que su padre no le daba todo y que le dijo que trabajara y el (ofendido) se pagaba los estudios y la alimentación y que el le trabajaba a su papá en la barbería. Se incorporó la declaración del testigo J. L. H. L.; quien es Agente de la Policía, quien manifestó lo siguiente: Que el día que fueron a interponer la denuncia a la Posta del Barrio La Granja, el oficial que estaba en servicio los llamó a ellos, que andaban en una patrulla para que fueran a ver el problema, se fueron con la señora y el menor, a la Colonia Villa Española, frente al Instituto Central, en una barbería se hicieron presentes y el acusado ahí se encontraba, le explicaron porque se habían hecho presentes y le dijeron porque iba detenido y el voluntariamente dijo que los acompañaba y el mismo camino a la patrulla, lo montaron y lo llevaron a la Posta, después lo llevaron a la Fiscalía.- A preguntas de la Fiscal responde lo siguiente: que le pusieron en conocimiento por parte de su compañero que estaba en servicio de un problema que una señora puso en conocimiento, al llegar junto con un menor que su papá lo había maltratado, y que el maltrato consistía en que le había pegado, y que esta denuncia fue en fecha diecinueve de marzo del año dos mil diez, y que cuando requirieron al acusado lo observó normal, no se fijó si el presentaba algún tipo de golpes.- Preguntas del Tribunal, a lo que responde: que llegaron a la barbería a las once de la mañana. Se presentó Dictamen de Evaluación física No. 629-10, realizada por la doctora D. M. G. M., perito oficial de Medicina Forense, de fecha diecinueve de marzo dos mil diez, al menor de 17 años K. M. P. R., el mismo que fue ratificado por la Perito en el cual se establece en su historia médico legal, que el día dieciocho de marzo del año dos mil diez, en su lugar de trabajo frente al instituto Central, fue agredido por su padre, quien lo golpeó la cabeza y la parte de atrás del cuello, con la hebilla de una faja, le golpeó el lado derecho de la cara con el puño, le araño el brazo izquierdo, lo tiró al suelo donde se golpeó la cadera izquierda y el hombro izquierdo, además le mordió ambas manos. Sangró de la cabeza, perdió la conciencia por breves momentos (no precisa cuanto tiempo) según relata fue llevado en un automóvil particular a un centro de salud de la colonia Nueva Esperanza, donde solo le lavaron la cabeza sin abrirle expediente. Al examen Físico la perito encontró en el menor 1.- Una herida superficial no sangrante con bordes irregulares en la región parietal izquierda que mide 1.2 cms y se acompaña de un hematoma duro sin cambios de coloración ni crepitos óseos, que miden 3x3 cms, neurológico normal, 2) un hematoma blando, violáceo sin crepitos óseos, localizado en el cuello en la cara posterior que mide 4x3 cms, cuello simétrico, arcos de movilidad normales, 3) Equimosis violáceos irregulares, sin aumento de volumen ni crepitos óseos, localizadas así: a) una en la cara, en la región cigomática derecha que mide 2x1 cms cara simétrica b) una en la cara palmar de la mano izquierda que mide 2.1x2.4 cms, y se acompaña de tres excoriaciones lineales con costra serohemática, rojiza que miden 3x0.3 cms, O.5x0.1 cms y 0.l x O.1 y de una equimosis rojiza central, que mide O.2x0.4 cms; 4) excoriaciones con costra serohematica rojiza, sin aumento de volumen ni crepitos óseos, localizadas así: a)una irregular en el cuello en la cara anterior que mide 3x0.3 cms; b)una lineal en el brazo izquierdo en la cara anterior del tercio medio que mide 2x02 cms; c) dos irregulares en la cara posterior del hombro izquierdo que miden 3x0.3 cms y 5x0.3, arcos de movilidad normales; d) dos irregulares, en el tórax posterior en la región escapular izquierda, que miden 6x0.4 cms, cada una tórax simétrico expansibilidad pulmonar, ruidos respiratorios normales. Arcos de movilidad normales; e) dos irregulares en la cadera izquierda en la cara posterior que miden 3x0.2 cms cada una, arcos de movilidad de la cadera son normales, marcha normal; f) en el primer dedo de la mano derecha, dos lineales en la cara palmar que miden 0.7x0.3 cms y 0.4x0.3 cms y una lineal en la cara dorsal que mide 0.2x0.1 cms, arcos de movilidad normales 5) otros hallazgos sin relación con los hechos, presenta una cicatriz plana normocrómica en la región parietal derecha que mide 3.5x0.2 cm Informe Odontológico: K. M. p. R..- El Evaluado refiere haber sido agredido físicamente por su padre el día jueves 18 de marzo del 2010, a las 2:30 pm, en el trabajo del papá en una barbería frente al instituto Central Vicente Cáceres. El se iba a corta su pelo, el padre se opuso a que se lo cortara como el había elegido, discutieron recibió golpe en cara con el puño y luego lo mordió en ambas manos. Evaluación clínica 1) en cara palmar de mano izquierda presenta equimosis rojo violácea de 2.1x2.4 cms con dos escoriaciones lineales de 0.3 cms y 0.5 cms, en borde inferior de la lesión excoriación de 0.1 cms en el centro de la lesión equimosis rojiza de 0.2x0.4 cms, 2) en primer dedo de mano derecha en cara dorsal presenta una escoriación de 0.2x0.1 cms en cara palmar dos escoriaciones de 0.7x0.4, y 0.4x0.3 cms, conclusión: Las lesiones descritas presentan características compatibles con las producidas por mordedura humana, pero no pueden ser utilizadas para cotejo humanas. En sus conclusiones la perito señala el tipo de lesiones encontradas: a) Contusiones complejas, equimosis y excoriaciones en la mano izquierda y excoriaciones en el primer dedo de la mano derecha según odontología forense, compatibles con las producidas por mordedura humana; b) contusiones simples, herida contusa y hematoma en la cabeza, hematoma en el cuello, hombro izquierdo tórax posterior y cadera izquierda, compatibles con las producidas por cuerpo u objeto romo y excoriación en brazo izquierdo, compatible con las producidas por estigmas ungueales (uñas), Incapacidad temporal: cinco (5) días a partir de los hechos; 3) no hubo peligro de muerte; 4) se recomienda se practique el estudio radiológico indicando (radiografía de cráneo) para acreditar o descartar otras lesiones a fin de ratificar o aumentar la incapacidad temporal y determinar si quedaran secuelas. A preguntas de la fiscal, responde: que las contusiones son traumas que se producen en el cuerpo por objetos que no tienen filo, estas contusiones dependiendo del mecanismo de producción pueden ser simples y complejas, la contusión simple es aquella en que solo hay un mecanismo de producción, por ejemplo: La equimosis, la excoriación, el hematoma, puede ser percusión, presión, fricción. La contusión compleja es aquella en que el trauma tiene dos o más mecanismos de producción por ejemplo: la mordida, en el que va la presión y la atracción. Existiendo congruencia lo manifestado por el menor en con los hallazgos y los mecanismos que le produjo las lesiones, porque en la historia medico legal el refiere arañon en el brazo y encontró una excoriación, refirió que fue tirado al suelo y se hirió la cabeza y son los mecanismos de una herida contusa el caer al suelo e igual a las equimosis que presenta golpes con el puño o golpes al caer en el hombro, y que estas lesiones son recientes al momento de la evaluación ya que la equimosis y excoriaciones en mano derecha, estas son violáceas, la excoriaciones tienen costras celomáticas, esto nos da mas o menos la cronología de la lesión, por ejemplo una lesión en los primeros días es violácea, después de los tres días tendría otro tipo de coloración como verdosas o amarillentas. Las excoriaciones si tienen costra celomáticas son producidas en las primeras 72 horas y así son las características que tienen las lesiones que el presenta, además se envió al especialista en odontología ya que el refirió haber sido mordido, para poder determinar si esta lesión era compatible con la mordeduras y si son aptas para cotejo, por lo que en el dictamen la especialista que no eran aptas para cotejo de marcas, lo que tiene conocimiento es que cuando son características bien especificas puede tomar un patrón comparativo con la arcada del supuesto agresor entonces se compara la arcada con la lesión que es bien típica, pero cuando no es tan especifica no puede hacer comparaciones. Se presentó dictamen psiquiátrico de evaluación No. DEMS-DMF-2011-01-009, realizada al menor por el Doctor J. F. M., Perito Oficial del Ministerio Público, dictamen que fue incorporado al Debate, mediante Lectura Autorizada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 311 numeral 2) del Código Procesal Penal, en virtud de que se acreditó la imposibilidad de el mismo se desprende que la evaluación fue realizado en fecha cuatro de junio del año 2011, en el cual el evaluado refiere en la evaluación psiquiátrica legal que desde hace a aproximadamente cinco años experimenta tristeza, fatiga, síntomas que de acuerdo al evaluador no han interferido en las actividades del menor; que esos síntomas iniciaron posterior a que se traslado a vivir con su padre, recibiendo malos tratos por parte de este, que el menor aseveró que el hoy imputado se dirigía a el en forma soez, agrediéndolo físicamente en varias ocasiones, siendo la última vez hace aproximadamente tres meses de la fecha de la evaluación, cuando el evaluado se encontraba en la barbería propiedad de su padre, ocasión en la cual el padre después de agredirlo verbalmente tomó una faja y con la hebilla le lesionó la cabeza produciéndole una contusión simple. En los antecedentes familiares e historia familiar, de acuerdo a lo referido por el menor evaluado procede de un hogar desintegrado por separación de los padres por violencia intrafamiliar del padre hacia la madre, cuando el evaluado tenía dos años de edad. Además en dicho dictamen el perito establece que al momento de evaluar al menor considera que presenta una distimia, según la bibliografía citada, la Distimia es un trastorno mental en que la persona se siente crónicamente desanimada, triste o irritable, pueden haber alteraciones en el sueño y apetito además de baja autoestima, perdida del interés en las cosas y aumento de la autocrítica; que esto se presenta en una intensidad leve y que le permite al individuo continuar realizando actividades diarias de su vida, aunque con mayor esfuerzo.- Que esta depresión crónica se originó cuando el padre lo maltrataba y se sentía solo carente de afecto. Y señala el evaluador en su conclusión que el menor evaluado presenta daño psiquiátrico. Se presentó dictamen de evaluación psicológica, No. DEMS-DMF-2011-01-07 realizada al menor K. M. P., por el Licenciado en Psicología I. F. S., evaluación que no fue ratificada en virtud evaluación realizada en fecha 31 de marzo del año dos mil once: de acuerdo a las pruebas aplicadas consistentes en 1.- Para determinar la personalidad del evaluado se utilizó la Técnica de dibujos proyectivos HTP (casa, Árbol, persona) de Jhon Buck y W.L Warren. Y también el Test Gestaltico Visomotor de Lauretta Bender (para adultos) , 2.- Para determinar el Coeficiente Intelectual se utilizó el Test de Matrices Progresivas, de J. C Rayen (12-65 años) 3.- Y otra prueba aplicada fue el test del Dibujo de la Familia de Louis Corman, el que determina el ambiente familiar y aspectos emocionales del evaluado; en el que los resultados de las pruebas aplicadas en relación a su personalidad el evaluador señala que presenta características de espontaneidad inhibida, tensión, aislamiento, agresión, hostilidad, dependencia, ansiedad, inseguridad, estados de ánimo exaltados y poco control de los impulsos. Emocionalmente es inmaduro, reflejado en sentimientos de grandiosidad e inadecuado ante un ambiente que considera restrictivo. Presenta conflictos en la identificación de género, así como preocupación por si mismo, fuerte necesidad de logro y de seguridad. Muestra una identificación con la figura materna, negación de conflictos en las relaciones interpersonales con la figura paterna e idealismo y anhelo de una familia integrada. Utiliza mecanismos de defensa: racionalización y negación. Estableciendo el evaluador en su diagnóstico de una personalidad en formación en la etapa de la adolescencia con núcleos de inestabilidad emocional de tipo impulsivo. En el comentario Psicológico legal que en el caso específico del evaluado K. M. P., los núcleos de inestabilidad emocional se manifiestan en la hostilidad, agresividad y el poco control de impulsos. Se encontró que el evaluado presenta conflictos con la identificación de genero, es decir que se le dificulta reconocer y diferencia los roles que la sociedad le otorga a hombre y mujeres, recomendando tratamiento psicoterapéutico para los núcleos de inestabilidad emocional de la personalidad que presenta. Se incorporó la Certificación de Acta de nacimiento del joven K. M. P. R., en la cual establece que nació en fecha 28 de Febrero de 1993, y sus padres son los señores M. P. Z. y la Señora E. L. R. S.. De lo anterior se puede establecer que las declaraciones de los testigos de cargo son congruentes en la forma que ocurrieron los hechos; ya que se acreditó que el joven K. M. P., es un joven de diecisiete años de edad, y que comenzó a convivir con su padre M. P. Z., hasta que tenía la edad de ocho años de edad, ya que el vivía con su abuela materna y su madre, pero convivía mayormente con su abuela, y hasta la edad de once años su padre se lo llevó a vivir con el, prometiéndole que le daría todo. Estableciendo el joven que la relación con su padre no era buena, que había diferencia en el trato con sus demás hermanos señalando que a sus hermanos les pegaba pero no les hace lo mismo que a él. Que su padre le pegaba con lo que agarraba, dándole con el cable de la secadora, con la faja, y que este tipo de agresión la realizaba en cualquier lugar ya que se señaló que estas acciones eran observadas por los trabajadores de la barbería, y que estos ya acostumbrados exclamaban que se maten ellos solos, y que el día 18 de marzo del año 2010, al encontrarse en la barbería a eso de las dos con treinta minutos, al momento que el joven se disponía a realizarse un corte de cabello denominado la bomba, su padre se disgustó y le agredió dándole un puñetazo en la cara al joven, desatándose una pelea entre ambos, donde el joven K. M. P., resultó con diversas lesiones en varias partes de su cuerpo, producto de golpes provocados con la hebilla de una faja, mordeduras, y puñetazos dados por el padre del menor, mismo que fue corroborado con el dictamen de evaluación física realizado por la Doctora D. M. G., el mismo fue realizado el día después de los hechos, y establece la congruencia de lo relatado por el menor ofendido en su historia medico legal, así mismo el mecanismo que los produjo, indicando el lugar donde se encontraban dichas lesiones las cuales estaban ubicadas en la cabeza, cara, cuello, hombro, manos, cadera, brazo del joven K., no se puede llamar a este tipo de agresión Disciplina, donde el joven a referido la pérdida de conciencia, y donde estableció la perito que por este tipo de agresión se puede perder el conocimiento de parte de la persona agraviada. Con el dictamen Psiquiátrico nos estableció que el menor presenta Daño Psiquiátrico, producto de la distimia, que presenta el menor K. M. P., y que esta depresión crónica se originó cuando su padre lo maltrataba y se sentía solo y carente de afecto, con esta prueba de cargo se acreditó los constantes maltratos tantos físicos, verbales que era objeto el menor, diagnóstico que guarda relación el dictamen psicológico donde establece los núcleos ansiosos en el evaluado mostrándose hostil, agresivo e impulsivo. Que con la prueba de descargo presentada como ser la declaración brindada por A. A., que es empleado del imputado y estableció que estuvo al momento de la discusión, la misma que empezó cuando el señor M. le exigió que se cortara el pelo formal, y el menor lo insultó con palabras obscenas pero después el se salió del lugar por lo que no pudo apreciar lo que sucedió posteriormente, Así mismo es la apreciación con el testigo C. A., y quien es sobrino de la esposa del imputado que quien no estuvo presente en el lugar de los hechos, declaraciones que en ningún momento vienen a desacreditar lo vertido por el menor ofendido, es de hacer notar que entre los testigos y el imputado existen lazos los cuales favorecerán de cualquier manera al señor M. P.. Con la Trascripción de acta disciplinaria estudiantil y la Constancia extendida a favor del imputado por la Licenciada E. A., no guardan relación a los hechos acontecidos, ya que lo que trata de establecer es que como el joven K. M. P., era un joven con problemas de comportamiento, se debe de justificar el accionar del imputado lanzara contra el menor dándole golpes con el puño, con la faja y la hebilla de esta, por lo cual se puede observar lo ocurrido en fecha 18 de marzo dos mil diez. Si bien es cierto los padres tenemos la obligación de corregir, orientar a nuestros hijos, pero la corrección debe de ser proporcional tomando en cuenta la edad y el hecho que deba ser corregido, ya que por un corte de pelo del que no se esta de acuerdo no es proporcional a la agresión que fue objeto el menor, ya que si observamos el señor M. P., no acreditó que las supuestas aruñones fueron producto de lesiones propinadas por su hija, ya que las fotografías presentadas no establecieron en ningún momento la fecha de las mismas y que correspondieran al imputado. Por lo que este ente acusador es de la creencia que se ha acreditado el delito de Maltrato por Transgresión. Por lo que concluimos, que del razonamiento de la prueba testifical documental y pericial de cargo una vez concatenada y armonizada entre sí, nos indica que el A quo en la sentencia vulneró la regla lógica de la Derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de las probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desemboque en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; dicha regla se infringió, dado que en el caso que nos ocupa, las probanzas allegadas al juicio nos acreditan sin lugar a dudas que M. P. Z. ha maltratado a su a menor hijo K. M. P., tal y como se hace patente con el contenido de las probanzas supra referidas; y por último el Juzgador vulneró las reglas de la experiencia común; que no son otras que las que se integran por conocimientos simples de la vida diaria y no requieren necesariamente un sustento científico; ya que al final del apartado tercero de la fundamentación jurídica señala que no se aportó prueba de cargo que llevara al convencimiento del Tribunal, que el acusado estando obligado a brindarle una calidad de vida a su hijo puso en riesgo la integridad física y emocional de su hijo K. M. P. R.. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que obvió valorar la prueba de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado un vicio que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” CONTINÚA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU SEGUNDO MOTIVO POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. “UNICO MOTIVO: “Por violación de los artículos 90 de la Constitución de la República en relación con los Artículos 82 y 119 de dicha Carta Magna 317 del Código Procesal Penal; Artículo 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia y Artículo 2 numerales 1 y 2 de la Convención de los Derechos del Niño.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere minimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando el sentenciador indica que los hechos declarados probados no pueden concluir en la subsunción de un hecho típico, ni mucho menos se puede concluir en la calificación penal de Maltrato por transgresión tipificado en el artículo 162, 168 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en tanto que la mayoría de los miembros del Tribunal son del criterio que las lesiones sufridas por el menor K. M. P. fueron producto del ejercicio de la patria potestad que los padres ejercen sobre sus hijos. De igual forma el desproveimiento de valor probatorio del medio de prueba supra relacionado causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. las garantías Constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Asimismo el quebrantamiento al Artículo 119 de dicha Carta Magna en relación a la obligación ineludible del Estado en relación a la protección de la infancia, estableciendo al respecto lo siguiente: “El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños gozaran de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velas por sus derechos. Las leyes de protección a la infancia son de orden público… En tal sentido el Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras establece en el artículo 2 lo siguiente: “El objetivo general del presente Código es la protección integral de los niños en los términos que consagra la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la modernización e integración del ordenamiento jurídico de la República en esta materia. Por protección integral se entenderá el conjunto de medidas encaminadas a proteger a los niños individualmente considerados y los derechos resultantes de las relaciones que mantengan entre si y con los adultos.” Asimismo la Convención de los Derechos del Niño en el Artículo 3, numerales 1 y 2 establece lo siguiente: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Lo resaltado es nuestro). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatoria sobre los derechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II.135 Doc. 14. 5 agosto 2009. En su informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”) observa que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia y discriminación, presenta un desafío prioritario en los sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen los derechos de estos, refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre la necesidad de eliminar en la región la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. El presente informe, elaborado por la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez 1, tiene como marco contextual los retos y avances luego de transcurridos 20 años desde que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante “CDN”) 2. La Comisión reconoce la gravedad y seriedad de la práctica del castigo corporal y decidió realizar el presente informe temático con el fin de recomendar a los Estados acciones concretas para avanzar integralmente en la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Citando el Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños, la Comisión afirma que “ningún tipo de violencia es justificable y todo tipo de violencia es prevenible”. La Comisión reconoce la iniciativa de algunos Estados americanos que ya han prohibido legalmente el uso del castigo corporal como método de disciplina de niñas, niños y adolescentes tanto en el ámbito público como en el privado y de aquellos en los que ya existen iniciativas legislativas. La Comisión nota asimismo, que pese a que el castigo corporal se encuentra prohibido en la mayoría de los Estados miembros como resultado de una sentencia penal, en muchos Estados permanece en el código penal como método disciplinario. Así también, la mayoría de los Estados Miembros no cuenta con legislación o lenguaje expreso que prohíba el castigo corporal en el hogar y en instituciones educativas. En esta línea, la CIDH llama a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”) para que actúen en forma inmediata frente al problema del uso del castigo corporal mediante su prohibición legal explícita y absoluta en todos sus ámbitos y complementariamente a través de la adopción de medidas preventivas, educativas, y de otra índole que sean apropiadas para asegurar la erradicación de esta forma de violencia que representa un serio desafío en el ámbito de la infancia en el Hemisferio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos encargado de velar por la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio. Los derechos humanos de la niñez han sido tema de especial interés para la CIDH a través de los años. En tal sentido, durante su 100° período ordinario de sesiones, celebrado en Washington D.C., del 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998 la Comisión decidió crear la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez a la cual le encomendó el estudio y la promoción de actividades que permitan evaluar la situación de los derechos humanos de las niñas y niños en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y proponer medidas efectivas por parte de los Estados miembros para que adecuen su normativa interna y práctica a fin de respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas y los niños. En los últimos años, la Comisión ha venido dando especial atención a la problemática de violencia contra niñas, niños y adolescentes y su relación con los derechos humanos a través de audiencias; el sistema de casos, peticiones y medidas cautelares; informes temáticos e informes específicos, y visitas a distintos países de la región. En este marco, la Comisión observa que una de las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, que aún se encuentra legitimada en algunos estados miembros de la OEA es el castigo corporal como método de disciplina cuya práctica se ha perpetuado como resultado de la tolerancia y la aceptación social y estatal. Esta situación ha resultado, en ocasiones, en afectaciones a los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes justificados con fines disciplinarios, encontrándose en evidente contradicción con las provisiones tanto de la Convención sobre los Derechos del Niño como de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Tal situación coloca a las niñas, los niños y los adolescentes del Hemisferio en una situación de especial vulnerabilidad y potencialmente sin acceso a una protección efectiva de su derecho humano de gozar de una vida digna y libre de violencia. El tema específico del uso del castigo corporal como método de disciplina de niñas, niños y adolescentes fue planteado en la agenda de los órganos del sistema interamericano en el 2005, en el marco de una audiencia temática realizada en a sede de la CIDH durante el 123° período ordinario de sesiones. En aquella audiencia participaron la organización Save the Children Suecia junto con la Comisión Andina de Juristas, Global lnitiative to End All Corporal Punishment of Children; así como, defensores de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes quienes plantearon la necesidad de que tanto la Comisión como la Corte definan un estándar interamericano que oriente a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con relación a la práctica del castigo corporal como método de disciplina de niñas, niños y adolescentes en el Hemisferio. Castigo Corporal. La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño que en su Observación General Nº 8 adoptada en el 2006, definió el castigo “corporal” o “físico” como “todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños (“manotazos”, “bofetadas”, “palizas”), con la mano o con algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante. La definición planteada por el Comité de los Derechos del Niño contiene dos elementos que permiten distinguir claramente el castigo corporal del maltrato o los malos tratos. En tal sentido, se observan dos elementos: uno subjetivo y otro objetivo. El primero consiste en la intención de corregir, disciplinar o castigar el comportamiento de la niña, niño o adolescente. El segundo elemento de carácter objetivo se con figura con el uso de la fuerza física. La convergencia de estos dos elementos configuran al castigo corporal como una práctica que vulnera los derechos humanos de los niños. Adicionalmente, el Comité observó que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles con la Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se “menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”. Sobre la Observación General Nº 8 del Comité de Derechos del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que esta tiene “el objetivo de orientar a los Estados acerca de la interpretación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de eliminar la violencia contra los niños. En este sentido, definió los conceptos de “castigo corporal” y “otras formas de castigos crueles o degradantes, indicando que ambos son incompatibles con dicha Convención, ya sea que éstos se ejerciten en el hogar, la familia o cualquier otro entorno” EL CASTIGO CORPORAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA INSTITUCION DE LA PATRIA POTESTAD Corresponde inicialmente indicar, que esta sección del informe pretende contribuir a que los Estados adopten políticas públicas integrales dirigidas a educar a los entes y el núcleo familiar, sobre la distinción existente entre castigo corporal, incluso cuando este sea leve y formas no violentas de disciplina. El castigo corporal aplicado por los padres y otros miembros de la familia para corregir y disciplinar a las niñas, los niños y los adolescentes es una práctica extendida en el mundo. Varios estudios realizados y las declaraciones hechas por las propias niñas, niños y adolescentes en el curso de las consultas regionales previas a la elaboración del Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños de las Naciones Unidas, subrayan el daño físico y psicológico que estos sufren como consecuencia del castigo corporal 110. En este sentido, cabe recordar que tal como se constata en el Estudio Mundial sobre Violencia, la familia puede devenir en un lugar peligroso para las niñas, los niños y los adolescentes y este es uno de los medios que plantea los más serios desafíos en la lucha contra las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. A modo ilustrativo, resulta pertinente subrayar que la mayoría de los Estados miembros de la OEA aún no han adoptado medidas específicas para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la aplicación del castigo corporal como método de disciplina. Tal omisión se evidencia en que la mayoría de los Estados del Hemisferio aún cuentan con disposiciones legales que en forma ambigua o explícita permiten a los padres corregir y castigar moderadamente a los hijos Si bien es cierto, varios Estados de la región cuentan con leyes que establecen sanciones al ejercicio indebido de la patria potestad, que consisten en limitaciones o restricciones que son impuestas a los padres en caso pongan en peligro la integridad personal de sus hijos, sólo resultan aplicables cuando los castigos son inmoderados o excesivos. Al respecto, es necesario destacar que no se propone que se sancione o penalice a los padres, en su lugar busca que los Estados, en cumplimiento de su obligación de prevenir y de actuar con diligencia debida, promuevan el fortalecimiento de la familia y de las instituciones familiares a través de la adopción de medidas que erradiquen el uso de la violencia de cualquier índole en el ámbito privado, como son en la familia y en la escuela. El escenario que predomina en la mayoría de los Estados del Hemisferio configura un ámbito de permisibilidad y aceptación legal para la aplicación de castigos que no son ni excesivos ni inmoderados. Tal situación ha sido motivo de preocupación y pronunciamiento de parte del Comité de Derechos del Niño, el cual ha recomendado en forma constante a todos los Estados americanos que han presentado sus Informes periódicos, la adopción de una “ley que prohíba explícitamente la aplicación de Castigos Corporales en el hogar, en las escuelas y en otras instituciones”. El análisis del derecho interno de la mayoría de los Estados miembros de la OEA pone en evidencia que si los castigos corporales son practicados en forma moderada y sin poner en peligro la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, no están prohibidos. Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso sub júdice es importante señalar que con todo el acervo fáctico descrito en el motivo anterior, más la inspección, se llega inexorablemente a la inferencia que se han violentado los derechos del niño, al propinarle castigo de manera desproporcional a un menor por una acción insignificante; por lo que se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa social, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas”. IV.- FUNDAMENTACION JURIDICA 1. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No.3) del Código Procesal Penal prevé que el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[1]. En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica. Es este último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado anteriormente que “…en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[2]. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[3]. Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la Sana Crítica: A) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. B) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C) Las Reglas de la Lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las Leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento debe derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. La Sala de lo Penal, ha analizado el registro de las declaraciones rendidas en el debate consistentes en: el menor K. M. P. R., quien manifestó “… yo me iba a cortar el pelo en la barbería, me dijo que no me lo cortara en la forma que me lo estaba cortando, yo le dije que dejara de joder, él me pego, me defendí, nos fuimos a los golpes…” (Folio No. 61 frente). Declaración del señor J. L. H. L. (Folio No. 214), quien efectuó la detención del ahora encausado, luego de haber sido interpuesta una denuncia de maltrato del menor K. M. P. R.. Y la versión rendida por el procesado M. P. Z., estableciendo “… cuando él se sentó a cortarse el cabello yo le dije quiero el corte normal, él lo que me contestó viejo hijo de tantas y me dijo que hasta me iba hacer pedazos, había un negrito de raza que era peluquero, le quitó la máquina y me la ensartó en la garganta, me enoje y le metí tres fajazos, él me agarró a patadas...; desde hace dos años atrás la Fiscalia me lo entregó a mí con una carta poder porque él se había ido con las maras, entonces yo me lo llevé a mi casa…”(Folio No. 212 y 213).Con dichas versiones aunadas al Dictamen Medico Legal (Folio No. 197 y 198) se acreditó la existencia de lesiones que sufrió el menor, mismas que fueron producto de una acción disciplinaria ejercida por su padre M. P. Z. ante la negativa de su hijo a cumplir con la orden girada, respondiendo de una manera inadecuada, resultando ambos con heridas recíprocas; declaraciones que aunadas al contenido de la prueba documental consistente en Certificación de Acta de Nacimiento (Folio No. 56), Acta de colocación efectuada por el Juzgado Segundo de la Niñez del Departamento de Francisco Morazán del menor K. M. P. en la persona de su padre el señor M. P. Z. (Folio No. 53), Acta disciplinaria impuesta al menor K. M. P. R. en fecha 23 de febrero del 2010 por autoridades educativas del Instituto Vicente Cáceres (Folio No. 51), Constancia realizada por la Licenciada E. A. en la que establece que el señor M. P. Z. siempre ha estado pendiente de la disciplina del menor K. M. P. y que asistió el día 20 de febrero para tratar un asunto disciplinario de su hijo; evidencian la situación de rebeldía de la supuesta víctima y que el encausado como padre ha estado pendiente de la disciplina de su hijo K. M. P.(17 años). Asimismo, con la prueba pericial consistente en Dictamen Psicológico Forense (Folio No. 188 y 189) y Dictam en Pericial Psiquiátrico Forense (Folio No. 192 y 193), se acreditó que el menor presenta una personalidad en formación en la etapa de la adolescencia con núcleo de inestabilidad emocional de tipo impulsivo y capacidad intelectual normal. Además padece distimia es decir daño psiquiátrico, sin embargo, el dictamen no establece inequívocamente que la causal que produjo dicho padecimiento sea el supuesto maltrato del padre, aunado a considerar que tal comentario médico no encuentra sustento en el resto del material probatorio evacuado en Juicio Oral y Público. Por lo que la información que se extrae de la prueba testifical, pericial y documental referida y valorada por el Tribunal de Instancia, no derivan en la participación del señor M. P. Z. en el delito de Maltrato por Transgresión. Consecuencia de lo anterior, la Sala de lo Penal es del criterio que la valoración de la prueba realizada por el A quo, es acorde con una correcta valoración descriptiva que da paso a la valoración intelectiva, realizada de manera ordenada, coherente y derivando la conclusión lógica de la absolución en los hechos que le fueron imputados. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. 2. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 90, 82 Y 119 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y ARTÍCULO 2 NUMERALES 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de Casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Esta Sala de lo Penal estima que la impetrante no logra exponer con la debida claridad como se produce la infracción de los artículos 90, 82 y 119 de la Constitución de la República, artículo 317 del Código Procesal Penal, artículo 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia y artículo 2 numerales 1 y 2 de la Convención de los Derechos del Niño, pues siendo garantías del proceso en general deviene el recurrente obligado a demostrar como se da la violación y si bien hace algunos comentarios en base a que las pruebas evacuadas sirvieron para demostrar la culpabilidad del procesado, puntualizando aisladamente las valoraciones del tribunal, sin exponer en que consiste el error del ejercicio intelectivo utilizado por el juzgador y como ello redunda en la infracción del precepto constitucional señalado; no aprecia esta sala que la vía correcta para la pretensión del recurrente sea la de la casación por infracción de precepto constitucional en tanto que viene enfatizando aspectos de valoración de la prueba sin vincularlos adecuadamente con la norma constitucional que supone infringida, limitando su libelo a alegatos propios de instancia. Sin embargo, aún con la indebida técnica casacional seguida por la recurrente y en aras de garantizar el principio de Tutela Judicial Efectiva, este Tribunal de Casación estima que la acción del acusado se encuadra en una medida aplicada con ánimo disciplinario o correctivo al menor, frente a su mal comportamiento al inobservar e incumplir una instrucción emanada por el encausado en su condición de padre, no teniendo tal acto disciplinario relevancia penal. Cabe aquí recordar el principio de intervención mínima, con arreglo al cual, el Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes, de tal manera que las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del Derecho. Para proteger los intereses sociales el Estado debe agotar los medios menos lesivos que el Derecho Penal antes de acudir a éste, en ese sentido, debe constituir un arma subsidiaria, una última ratio. Deberá preferirse ante todo la utilización de medios desprovistos del carácter de sanción, como una adecuada Política Social. Seguirán a continuación las sanciones no penales, así: civiles (por ejemplo impugnabilidad y nulidad de negocios jurídicos) y administrativas (multas, sanciones disciplinarias, privación de concesiones, etc…). Sólo cuando ninguno de los medios anteriores sea suficiente estará legitimado el recurso de la pena o de la medida de seguridad. De este modo, esta Sala considera que la conducta enjuiciada no constituye un acto que haya vulnerado el bien jurídico protegido por la norma penal y que por lo tanto deba traer aparejada la imposición de una pena. Por lo tanto, no procede el motivo de Casación invocado. V.- DECISIÓN El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo e Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuestos por la representante del Ministerio Público deben ser desestimados. VI.- RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362. 3) del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la representante del Ministerio Público. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la representante del Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de Mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP122-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Fallo 194-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2001 y 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido el fallo 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011.
[2] Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011.
[3] Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011.