Sentencia CP-119-12 — Registro 5772
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Estafa, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Por haber calificado al acusado como autor de un delito que no se ha probado haya participado directamente en los hechos constitutivos de delito, ni que haya forzado o inducido a otros O QUE HAYA COPERADO EN UN HECHO POR ACTOS SIN EL CUAL NO SE HUBIERE EFECTUADO, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE EL ARTICULO 32 DEL Código Penal al pretender ubicar al acusado en una autoría en donde NO HA TENIDO NADA QUE VER. Precepto Autorizante.- Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo. El articulo 32 del Código Penal conceptualiza a los AUTORES DEL DELITO “a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, a los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlos Y LOS QUE COPERAN AL EJECUCION DEL HECHO POR UN ACTO SIN EL CUAL NO SE HUBIER EFECTUADO.” En el tercero numero de esta acápite “FUNDAMENTACION JURIDICA” LOS JUECES NO ESCONDE LA RESOLUCION DE CONDENA POR AUTORIA EN CONTRA DEL ACUSADO al manifestar:: “El Ministerio Público Ha considerado al acusado como cooperador necesario en el delito SIN EMBARGO, EL TRIBUNAL ESTIMA QUE DICHO ACUSADO HA SIDO COACTOR DEL DELITO DE ESTAFA, PUESTO QUE FUE EL QUIEN INICIALMENTE MAQUINO LAS ACCIONES A REALIZAR YA QUE FUE QUIEN FALSAMENTE SE ATRIBUYO LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE Y LOGRO QUE LA ESCRITURA 500 FUERA REGISTRADA SIENDO ASI QUE CON EL CONOCIMIENTO DE ESA FALCEDAD ACUDIO EN COMPAÑÍA DEL SEÑOR C. A COFISA…” El Juez solo señala, como hecho probado la declaración del Testigo C. E. M. R., Y SIN APRECIAR OTROS MEDIOS DE PRUEBA DECLARA LA FALSEDAD DEL Instrumento numero 500 y sin ninguna prueba declara la Fraudulenta la inscripción de dicho instrumento en el Instituto de la Propiedad, y manifiesta que el acusado MAQUINO LOS HECHOS MEDIANTE EL QUE SE HABÍA DEFRAUDADO A LA COMPAÑÍA COFISA DESDE EL DIA 11 DE Noviembre que compro el terreno al testigo que negó su participación en la escritura 500, ante notario público. No hemos podido encontrar elementos prueba que establezcan que el acusado MAQUINO LOS HECHOS CINCO MESES ANTE DE VENDER EL TERRENO A C. A., y no existe dato alguno que nos informe que el acusado SABIA DE LA FALCEDAD DE UN DOCUMENTO QUE EN LA ACTUALIDAD ES LEGITIMO. Para califica la autoría del acusado en los hechos tenemos que analizar su participación en tiempo y espacio juntamente con los numerales TERCERO DE LA Fundamentación Jurídica de la Sentencia.1.- Que el acusado Inicialmente maquino las acciones a realizar. Me imagino que el sentenciador usa el termino Maquinar” como sinónimo de PREMEDITAR hacer una meditación previa a los hechos por venir o sea de futuro, la meditación es el estado humano mediante el cual la actividad cerebral planifica eventos futuros o presentes, en el caso del acusado, según el sentenciador, EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2003 FECHA EN ADQUIRIO EL TERRENO EL ACUSADO, FALCIFICO LA FIRMA DEL OTORGANTE Y INSCRIBIO FRAUDULENTAMENTE EL INSTRUMENTO 500 EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDADPARA A FUTURO BUSCAR A M. C. A., PARA IR A LA CIUDAD DE San Pedro Sula a Estafar a COFISA, pero no explica como sabe de esa maquinación o premeditación del acusado, en tiempo y espacio NOS DEBE EXPLICAR, en donde realizo esa meditación el acusado? Y durante cuantos días ante de concertó con el otro acusado?, en donde y cuantas veces se reunieron para concertar el plan de cinco meses? Como realizo la firma falsa del testigo y si el notario también es culpable porque permitió falsificar la firma? Hay alguna denuncia por ese delito en contra del notario o del Registrador del Instituto de la Propiedad? Cual es la evidencia de lo fraudulento de la inscripción? Estas preguntas si se contestaran podrían en contra del procesado probar la premeditación de los hechos. “Falsamente se atribuyo la propiedad logrando que el notario le extendiera una Escritura y logro inscribirla para después ir COFISA a solicitar junto con el otro procesado un préstamo.” NO EXISTE NINGUNA PRUEBA EN EL PROCESO DE QUE EL INSTRUMENTO NUMERO 500, OTORGADO ANTE LOS OFICIOS DEL NOTARIO DON L. R. Q. EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2003 SEA FALSO O ESTE INSCRITO FRAUDULENTAMENTE. Ante estos hechos irrefutables como ha logrado interpretar sin perjudicar al acusado este sentenciador y lo califica de coautor veamos. 1. El señor M. C. A. solicito el préstamo en COFISA, no fue el acusado. 2. Quien otorgo la garantía fue C. A. y No al acusado. 3. A quien le otorgaron el préstamo fue a C. A. y NO al acusado. 4. Los cheques se emitieron a nombre de C. A. y no del acusado. 5. Los cheques por cantidades superiores al préstamo establecido en la escritura 673 entre el 31 de Marzo y 25 de Mayo le fueron entregados y fueron cambiados por el señor C. A. y NO por el acusado. 6. El Gerente General de COFISA S. G. M. y E. R. D. asesor legal de COFISA, le siguieron autorizando prestamos al seño C. A. por mas de seis millones de Lempiras en el mes de diciembre del 2004 y NO al acusado. El Juez debió de apreciar esa prueba a favor del acusado y no transgiversar los hechos con incongruencias y MALSANA CRITICA La única participación en los prestamos a favor de M. C. A. QUE TUVO EL ACUSADO FUE VENDERLE UN TERRENO Y POSTERIORMENTE DEMANDAR EL PAGO DEL MISMO A TRAVÉS DE UNA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD, PUES SI NO SE LA HABIAN PAGADO TENIAN QUE DEVOLBERCELA ESE DERCHO PEDIR LO QUE DE EL ANTE LOS TRIBUNALES ES GARANTIA CONSTITUCIONALES PERO POR ESO ESTA PRESO Y CONDENADO. No se puede subsumir la autoría del delito sin violentar el precepto sustantivo motivado y sin violentar lo establecido en los artículos 336 y 337 del Código Procesal Penal derivado de la Infracción a la Ley sustantiva, por lo que es procedente CASAR LA SENTENCIA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y ABSOLVER POR SENTENCIA DE CASACION AL ACUSADO”..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciséis, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor N. O. G. C., a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autor del delito de ESTAFA, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL en perjuicio de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA FINANCIERA S.A..- Interpuso el recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado D. O. R. M., actuando en su condición de Apoderado Defensor del imputado N. O. G. C..- SON PARTES: El Abogado D. O. R. M., Apoderado Defensor del acusado N. O. G. C., como parte recurrente; la Abogada I. A. F., en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El dieciocho de Noviembre del año dos mil tres, el señor N. O. G. C., compareció ante el Notario Público L. R. Q. y logró que este le extendiera el instrumento público número quinientos (500), según el cual el señor C. E. M. R., le daba en venta al señor N. O. G. C., un terreno llamado Sabana Grande, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, con una extensión superficial de Mil setecientos veintidós punto noventa y seis metros cuadrados (1722.96 Mts), no obstante tal situación no se encontraba apegada a la verdad, puesto que el señor C. E. M. R. jamás fue dueño del mencionado inmueble, nunca firmó el protocolo en el que se consignaba la referida venta y no conocía al señor N. O. G. C., quien no obstante que sabía que dicha escritura no tenía antecedente legal, logró inscribir la misma en el Registro de la propiedad de Francisco Morazán. SEGUNDO: En el mes de marzo del año 2004, el señor N. O. G. C., en compañía de otra persona, compareció ante el Consejo de Administración de COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A. (COFISA), a fin de solicitar un crédito hipotecario por la cantidad de UN MILLON QUINIESTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS con la finalidad de que el acompañante del señor G. C. le comprara a éste el terreno ubicado en el sector conocido como Sabana Grande de la ciudad de Tegucigalpa, MDC., con una extensión superficial de Mil setecientos veintidós punto noventa y seis metros cuadrados (1722.96 Mts), y que supuestamente había comprado el señor N. O. G. C., y en fecha veintinueve de marzo del año dos mil cuatro, se extendió el instrumento público número 673, autorizado por el Notario A. M. V. F., en el cual se realizaba la indicada compraventa, manifestando el señor N. O. G. C., que recibió la cantidad de UN MILLON DE LEMPIRAS en concepto de venta del inmueble ya indicado y quedando este como garantía del crédito otorgado por COFISA, al acompañante del señor G. C.. TERCERO: Posteriormente, el señor N. O. G. C. procedió a presentar una demanda ordinaria de nulidad absoluta de una escritura pública de la compraventa que le había hecho a la persona quien le había otorgado el préstamo la empresa COFISA así como el contrato que la escritura contenía y la cancelación de su inscripción registral junto con las notas marginales, alegando que no se le había efectuado el pago del bien inmueble, no obstante que en el instrumento número 673 indicaba haber recibido el dinero correspondiente al valor del inmueble, allanándose el demandado a las pretensiones del señor G. C.. En consecuencia, el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil del Distrito Central, en fecha once de octubre del año dos mil cinco, procedió a anular la escritura de compraventa referida en el acápite anterior así como todas las anotaciones marginales, incluyendo la hipoteca que se había otorgado a favor de la empresa COFISA, la cual nunca pudo disponer del inmueble que supuestamente se le había dado en hipoteca porque el mismo estaba en posesión de otra persona que era su verdadero dueño, distinta del señor N. O. G. C., y de la persona que le había dado el préstamo y tampoco le fue devuelto el dinero que dicha empresa había entregado. CONSIDERANDOS: I.- El recurrente, Abogado D. O. R. M., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor N. O. G. C., desarrolló sus Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “MOTIVOS DE LA CASACION POR INFRACCION DE LEY: PRIMER MOTIVO.- POR APLICACIÓN ILEGAL DEL TIPO PENAL Y POR DERIVACION LA SENTENCIA ABSOLUTORIA, al haber emitido Sentencia Definitiva Condenatoria, subsumiendo al comportamiento del acusado en el tipo penal 240 del Código Penal de la Estafa, sin observarse en dicho comportamiento ninguno de los requisitos sustanciales del tipo, al haber ejercido su derecho a demandar el pago de un terreno que diera en venta mediante legítimo título traslaticio de dominio por falta de pago en la venta, sin haberse probado que el titulo de propiedad que contiene el inmueble vendido sea falso o haya sido declarado como tal en juicio declarativo o juicio penal anteriores y por lo que no debió subsumirse el tipo penal de las actuaciones hechas por el acusado durante la realización de los hechos por no estar probada la concertación del hecho punible con el acusado por la autoría del ilícito, por lo que se debe considerar QUE NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA CONDENAR AL IMPUATDO POR LO QUE DEBEN DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIAS.- artículo 339 Código Procesal Penal por derivación. PRECEPTOS AUTORIZANTES.-359 y 360 del Código Procesal Penal. Art. 359.- Contra las resoluciones definitivas pronunciadas por los Tribunales de Sentencias solo podrá interponerse el recurso de casación. Art. 360.- Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Explicación del Motivo. La fiscalía presentó Requerimiento Fiscal en contra del procesado por el delito de COMPLICIDAD EN COMISION DEL DELITODE ESTAFA POR PARTE DEL AUTOR DEL DELITO, en la audiencia inicial el Juez conocedor mantuvo la calificación motivada en su resolución de auto de prisión, en el auto de apertura a juicio se mantuvo la calificación y en la FORMALIZACION Y CONTESTACION DE CARGOS LA FISCALIA MANTUVO LA MISMA CALIFICACION VARIANDO SOLAMENTE EN EL SENTIDO DE CALIFICAR LA COMPLICIDAD NECESARIA AL IGUAL LA CONTESTACION DE LOS CARGOS SE ESTABLECIO LA DEFENSA POR EL DELITO DE COMPLICIDAD. Las circunstancias de la calificación acusatoria de la fiscalía se basa en que el acusado. N. O. G. C. le vende un terreno al señor M. A. C. A., por la cantidad de un millón de lempiras por lo cual este SOLICITA UN PRESTAMO HIPOTECARIO a la Compañía Financiera S.A. COFINSA, para lo cual se realizan los tramites del préstamo y el día de la firma del préstamo hipotecario con venta, acuden juntos a las oficinas de COFINSA vendedor y comprador mediante instrumento numero 673 de fecha 29 de Marzo del año 2004, otorgado ante el notario Á. M. V. F. y en el mismo el seño M. C. A. ofrece el terreno en garantía hipotecaria al señor R. D. V. V. presidente del Consejo de Administración de la empresa mercantil Compañía Financiera S.A. en donde el acusado declara ante el notario haber recibido la cantidad de un millón de lempiras como pago del terreno cuya propiedad se contiene en la Escritura Pública numero 500, otorgada ante los oficios del notario L. R. Q. en fecha 11 de Noviembre de 2003. En 12 del mes de Octubre del 2004, ocho meses después de la cuenta del terreno, hecha en las oficinas de COFISA el acusado presenta “DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA DE COMPRA VENTA DEL CONTRATO QUE LA CONTIENE Y DE LAS INSCRIPCIONES” ANTE EL JUEZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN Y UN AÑO DESPUES (Septiembre del 2005) LOGRA REQUERIR AL DEMANDADO M. A. C. A. Y EN NOVIEMBRE DEL 2005 LOGRA LA SENTENCIA DE NULIDAD DEL INSTRUMENTO NUMERO 673 DE FECHA 29 DE Marzo del 2004, que contiene la compraventa del terreno y el préstamo con garantía hipotecaria en VIRTUD QUE AL CONTESTAR LA DEMANDA C. A. EL DEMANDADO SE ALLANA A LA DEMANDA. Entonces la fiscalía en su Requerimiento Fiscal, sospecha que M. C. A. como autor por ser el dueño del préstamo hipotecario y N. G. C. como cómplice por haberle cedido el terreno en venta y después demandar su nulidad por falta de pago del terreno que vendió estaban coludidos para dejar sin garantía el préstamo hipotecario concedido a C. A. POR COFISA. Entonces el plan de acusación de la fiscalía, esta basado en el hecho demandar como artificio astucia y engaño para hacer desaparecer garantía que pesaba sobre el terreno a favor de COFISA defraudándola en provecho de C. A. por la complicidad de G. C. el acusado. Y el sentenciador en su Sentencia Condenatoria califica el comportamiento del acusado como coautor en el delito de Estafa y desarrolla su calificación en el acápite “FUNDAMENTACION JURIDICA” en el numero “Segundo” en “El Ardid o Engaño” por la falsedad de la Escritura Pública Numeró 500 por su Fraudulenta Inscripción en el Instituto de la Propiedad, otorgada en fecha 11 de Noviembre del 2003 o sea que declara la Falsedad de un título o instrumento público y su inscripción como fraudulenta o ilegal y por esa RAZON EL ACUSADO COMETIO EL DELITO DE ESTAFA AL ENGAÑAR A COFISA Y M. C. A. CON UNA ESCRITURA FALSA Y FRAUDULENTAMENTE INSCRITA. La escritura 500 NUNCA FUE ANULADA NI DECLARADA FALSA POR TRIBUNAL ALGUNO Y SU INSCRIPCION NO CONSTA EN NINGUN MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL O TESTIFICAL QUE HAYA SIDO ANULADA POR LO TANTO SIGUE SU VIGENCIA LEGAL, NO EXISTE PRUEBA DE ALGUNA MAQUINACION ANTERIOR A LA FIRMA DEL INSTRUMENTO 673, NI LA FISCALIA Y ACUSADOR PRIVADO LO HAN MANIFESTADO ENTONCES DE DONDE SACA LA MAQUINACION EL SENTENCIADOR. SI LA ESCRITURA SIGUE VIGENTE ENTONCES NO HAY ENGAÑO NI ARDID, SI NO EXISTE NULIDAD DE LA INSCRIPCION DE LA ESCRITURA 500, SIGUE INSCRITA LEGITIMAMENTE Y SOPORTA LA GARNTIA ESTABLECIDA EN EL INSTRUMENTO 673, Y SU VIDA JURIDICA ESTA PLASMADA EN LA SENTENCIA DE LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES MEDIANTE AMPARO OTORGADO A COFISA EN FECHA 31 DE Julio del año 2006 y sentencia definitiva de fecha del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán 21 de Abril del 2008, al igual nadie a declarado la nulidad de su inscripción pues ni el testigo declara sobre ese extremo, en la que se basa su criterio de falsedad del instrumento el Sentenciador. El Sentido en que debió haber sido.- El sentenciador no debe de pronunciarse sobre el ENGAÑO CONTRA COFISAPOR PARTE DEL ACUSADO PUES LA ESCRITURA 500 SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADA Y NUNCA SE HA DECLARADO SU FALSEDAD, POR LO QUE DEBE DE SUSTENTAR LA SENTENCIA SOBRE LOS HECHOS ACUSADOS Y NO SUBSUMIR EL TIPO PENAL DE LA ESTAFA EN EL COMPORTAMIENTO DE MI CLIENTE AL VENDER UNA PROPIEDAD QUE SE ENCUENTRA LEGALMENTE INSCRITA Y CUYO INSTRUMENTO DECLARATIVO no debió considerarlo falso por solo el dicho de un testigo que no puede formar prueba frente a un documento indubitado debidamente registrado. Lo que pretendemos.- Aplicación del artículo 339 del Código Procesal Penal. Es que se declare que se emita una sentencia Absolutoria en base a que NO HAY PRUEBA SUFICIENTE PARA CONDENAR AL IMPUTADO POR LO QUE DEBE CASARSE LA SENTENCIA Y ABSOLVER AL PROCESADO, casando la sentencia de fecha 11 de Noviembre del 2011, en virtud de que no existe prueba una falsedad de un instrumento y la acción fraudulenta de su inscripción por lo que no existen pruebas suficientes para condenar POR LO QUE DEBE DE ABSOLVER, al no poderse probar, subsumir el tipo penal de la Estafa al acusado, pues no ha utilizado ningún documento falso en la gestión del préstamo que se le otorgo al M. C. A. Que se declare: 1.- Que fue M. C. A. quien solicito, tramito y otorgo la Hipoteca a COFISA y no el acusado. 2.- Que no existe evidencia material de las Empresa COFISA le haya entregado Un Millón de Lempiras al acusado más que una declaración de ficción notarial en virtud de que los cheques de pago fueron emitidos y entregados a C. A. el 31 de Marzo del 2004 y no al acusado. 3.- Que no habiendo prueba de pago material de que M. C. A. le haya pagado al acusado el terreno después de recibir los cheques del préstamo en fecha 31 de Marzo del año 2004 que se extinga la responsabilidad de perjuicio en contra de COFISA. 4.- Que Al no existir Pago del Terreno el acusado tenía y tiene todo el derecho constitucional de petición y de defensa para acudir a los tribunales civiles a reclamar el derecho por no haber recibido pago por la venta de su terreno. 5.- Que exista pronunciamiento en la sentencia de Casación de que existen evidencia de TESTIGOS S. G. Y E. R. D. LE SIGUIERON PROPORCIONANDO DINERO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL M. C. A. SIN LA PARTICIPACION DEL ACUSADO. 6.- Que establezca que el acusado no ha tenido ninguna relación contractual que lo relacione con COFISA y con las cantidades de dinero entregadas por esta al otro acusado. Por lo que se debe declararse LA INFRACCION DE LEY AL HABERLE APLICADO AL ACUSADO EL TIPO PENAL DE LA ESTAFA SIN CONCURRIR LOS PRESUPUESTOS SUSTANCIALES DE ESTE DELITO EN SU COMPORTAMIENTO, infraccionando tipo penal y la condición de INOCENCIA DEL PROCESADO. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO N. O. G. C. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO EN FORMA INDEBIDA EL ARTICULO 240 DEL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE ESTAFA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que el Tribunal de instancia aplicó indebidamente el artículo 240 del Código Penal que tipifica el delito de estafa. Señala que el Ministerio Público ha venido sosteniendo que el engaño atribuido al acusado N. O. G. C., radica en la acción de hacer desaparecer la garantía hipotecaria que pesaba sobre un terreno dado en garantía a favor de COFISA, defraudándola en provecho de otra persona. Manifiesta que en el numeral segundo de la fundamentación Jurídica, el A Quo estima erróneamente que el ardid o engaño, consiste en la falsedad de la Escritura Pública número 500, autorizada por el Notario L. R. Q. el once de noviembre de 2003, y su fraudulenta inscripción en el Instituto de la Propiedad, en tanto que utilizando tal instrumento la sociedad mercantil acusadora incurrió en error al desembolsar una fuerte suma de dinero en calidad de préstamo, garantizado con el inmueble descrito en la escritura tachada de falsa. Reprocha que ésta última no ha sido anulada, ni declarada su falsedad por tribunal alguno, y que tampoco obra en el proceso medio de prueba, que haga constar que la inscripción de dicha escritura, haya sido anulada, por lo que estima que ambas siguen siendo válidas. Argumenta que si la escritura numero 500 sigue vigente no puede hablarse de engaño, y que si no ha sido declarada la nulidad de su inscripción, y sigue inscrita legalmente se mantiene la garantía establecida en el instrumento 673, cuya subsistencia jurídica ha sido declarada en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán el 31 de julio de 2006, que otorga el Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia definitiva del Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de Francisco Morazán, de fecha 11 de octubre de 2005. Estima que el A Quo debió dictar sentencia absolutoria por falta de prueba suficiente para condenar al imputado. Asimismo que, este tribunal de Alzada debe casar la sentencia impugnada, en razón de las consideraciones siguientes: 1) M. C. A. fue quien solicitó, tramitó y otorgó la Hipoteca a favor de COFISA y no el acusado; 2) No existe evidencia material de que la Empresa COFISA le haya entregado un millón de Lempiras al imputado, más que una declaración que constituye una ficción notarial, en virtud de que los cheques de pago fueron emitidos y entregados a favor del señor C. A., el treinta y uno de Marzo de 2004 y no al acusado; 3) No existe prueba de que M. C. A. le haya pagado al acusado el terreno después de recibir los cheques del préstamo en fecha treinta y uno de marzo del año 2004,; 4) Al no efectuarse el pago del terreno, el acusado tenía y tiene todo el derecho constitucional de petición y de defensa para acudir a los tribunales civiles a reclamar su derecho como vendedor 5) No existe pronunciamiento en la sentencia de casación sobre el hecho acreditado de que los testigos S. G. y E. R. D. le siguieron proporcionando dinero en calidad de préstamo al señor M. C. . sin la participación del acusado; y 6) que el acusado no ha tenido ninguna relación contractual que lo relacione con COFISA y con las cantidades de dinero entregadas por ésta al otro encartado. Esta Sala considera pertinente recordar que través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia, a diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresponde a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Una lectura detenida del factum revela que en el mismo se narra como el señor N. O. G. C. compareció ante el Notario Público L. R. Q. logrando que este le extendiera el instrumento público número quinientos (500), simulando, es decir, generando la apariencia de que el señor C. E. M. R., le había dado en venta un terreno ubicado en el lugar llamado Sabana Grande de Tegucigalpa, lo cual era falso, puesto que el señor C. E. M. R. nunca fue propietario del mismo, no firmó el protocolo del mencionado Notario para su venta y no conocía al encausado N. G. quien por otro lado sabía que dicha escritura carecía de antecedente legal, y a pesar de contar con ese conocimiento logró inscribirla en el Registro de la Propiedad Inmueble de Francisco Morazán. El engaño, para que pueda considerarse adecuado al tipo como elemento objetivo, debe ser bastante, idóneo, es decir, con la suficiencia necesaria para que un sujeto pueda ser inducido a error, y creer que está haciendo lo correcto, sin importar su inteligencia, su posición social y su formación profesional. La acción engañosa debe ser la causa de este error, y existir una relación de causalidad entre ambos. De este modo el acusado N. O. G. C., comparece ante la COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A. (COFISA), en compañía de otra persona, para que ésta solicitara un préstamo por la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS, y con este dinero comprar al acusado un terreno denominado Sabana Grande, descrito en el instrumento público número quinientos (500), inscrito en el Registro de la Propiedad, y constituido como garantía para responder por dicho préstamo. Fue declarado probado que el acusado N. O. G. C., simuló ser el legítimo propietario de dicho inmueble, mismo que fuera ofrecido como garantía hipotecaria del préstamo otorgado a favor de su acompañante, hecho que indujo en error a las personas naturales que actuaron en representación de la COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A. (COFISA) y que se materializa al extenderse el Instrumento Público número 673, autorizado por el Notario Á. M. V. F., de compra venta del inmueble y préstamo de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS a favor del señor M. C., e hipoteca a favor de COFISA, instrumento donde se manifiesta que el acusado N. O. G. C., recibió la cantidad de UN MILLON DE LEMPIRAS, por la venta del mencionado inmueble. De este modo y conforme al relato de hechos probados se desprende que el acusado N. O. G. C., haciendo uso de un instrumento público falso se aprovecha de ello para que la Financiera COFISA otorgue un préstamo por la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS a favor de su acompañante, por medio del instrumento público número 673, y por lo tanto se tiene por acreditada la existencia de una relación de causalidad entre el engaño y el error al que fue inducida COFISA, en perjuicio patrimonial de esta última, concurriendo de ese modo los elementos objetivos y subjetivos del delito de estafa descritos en el artículo 240 del código penal. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo de casación planteado por la Defensa del acusado debe ser desestimado. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Por haber calificado al acusado como autor de un delito que no se ha probado haya participado directamente en los hechos constitutivos de delito, ni que haya forzado o inducido a otros O QUE HAYA COPERADO EN UN HECHO POR ACTOS SIN EL CUAL NO SE HUBIERE EFECTUADO, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE EL ARTICULO 32 DEL Código Penal al pretender ubicar al acusado en una autoría en donde NO HA TENIDO NADA QUE VER. Precepto Autorizante.- Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo. El articulo 32 del Código Penal conceptualiza a los AUTORES DEL DELITO “a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, a los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlos Y LOS QUE COPERAN AL EJECUCION DEL HECHO POR UN ACTO SIN EL CUAL NO SE HUBIER EFECTUADO.” En el tercero numero de esta acápite “FUNDAMENTACION JURIDICA” LOS JUECES NO ESCONDE LA RESOLUCION DE CONDENA POR AUTORIA EN CONTRA DEL ACUSADO al manifestar:: “El Ministerio Público Ha considerado al acusado como cooperador necesario en el delito SIN EMBARGO, EL TRIBUNAL ESTIMA QUE DICHO ACUSADO HA SIDO COACTOR DEL DELITO DE ESTAFA, PUESTO QUE FUE EL QUIEN INICIALMENTE MAQUINO LAS ACCIONES A REALIZAR YA QUE FUE QUIEN FALSAMENTE SE ATRIBUYO LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE Y LOGRO QUE LA ESCRITURA 500 FUERA REGISTRADA SIENDO ASI QUE CON EL CONOCIMIENTO DE ESA FALCEDAD ACUDIO EN COMPAÑÍA DEL SEÑOR C. A COFISA…” El Juez solo señala, como hecho probado la declaración del Testigo C. E. M. R., Y SIN APRECIAR OTROS MEDIOS DE PRUEBA DECLARA LA FALSEDAD DEL Instrumento numero 500 y sin ninguna prueba declara la Fraudulenta la inscripción de dicho instrumento en el Instituto de la Propiedad, y manifiesta que el acusado MAQUINO LOS HECHOS MEDIANTE EL QUE SE HABÍA DEFRAUDADO A LA COMPAÑÍA COFISA DESDE EL DIA 11 DE Noviembre que compro el terreno al testigo que negó su participación en la escritura 500, ante notario público. No hemos podido encontrar elementos prueba que establezcan que el acusado MAQUINO LOS HECHOS CINCO MESES ANTE DE VENDER EL TERRENO A C. A., y no existe dato alguno que nos informe que el acusado SABIA DE LA FALCEDAD DE UN DOCUMENTO QUE EN LA ACTUALIDAD ES LEGITIMO. Para califica la autoría del acusado en los hechos tenemos que analizar su participación en tiempo y espacio juntamente con los numerales TERCERO DE LA Fundamentación Jurídica de la Sentencia.1.- Que el acusado Inicialmente maquino las acciones a realizar. Me imagino que el sentenciador usa el termino Maquinar” como sinónimo de PREMEDITAR hacer una meditación previa a los hechos por venir o sea de futuro, la meditación es el estado humano mediante el cual la actividad cerebral planifica eventos futuros o presentes, en el caso del acusado, según el sentenciador, EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2003 FECHA EN ADQUIRIO EL TERRENO EL ACUSADO, FALCIFICO LA FIRMA DEL OTORGANTE Y INSCRIBIO FRAUDULENTAMENTE EL INSTRUMENTO 500 EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDADPARA A FUTURO BUSCAR A M. C. A., PARA IR A LA CIUDAD DE San Pedro Sula a Estafar a COFISA, pero no explica como sabe de esa maquinación o premeditación del acusado, en tiempo y espacio NOS DEBE EXPLICAR, en donde realizo esa meditación el acusado? Y durante cuantos días ante de concertó con el otro acusado?, en donde y cuantas veces se reunieron para concertar el plan de cinco meses? Como realizo la firma falsa del testigo y si el notario también es culpable porque permitió falsificar la firma? Hay alguna denuncia por ese delito en contra del notario o del Registrador del Instituto de la Propiedad? Cual es la evidencia de lo fraudulento de la inscripción? Estas preguntas si se contestaran podrían en contra del procesado probar la premeditación de los hechos. “Falsamente se atribuyo la propiedad logrando que el notario le extendiera una Escritura y logro inscribirla para después ir COFISA a solicitar junto con el otro procesado un préstamo.” NO EXISTE NINGUNA PRUEBA EN EL PROCESO DE QUE EL INSTRUMENTO NUMERO 500, OTORGADO ANTE LOS OFICIOS DEL NOTARIO DON L. R. Q. EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2003 SEA FALSO O ESTE INSCRITO FRAUDULENTAMENTE. Ante estos hechos irrefutables como ha logrado interpretar sin perjudicar al acusado este sentenciador y lo califica de coautor veamos. 1. El señor M. C. A. solicito el préstamo en COFISA, no fue el acusado. 2. Quien otorgo la garantía fue C. A. y No al acusado. 3. A quien le otorgaron el préstamo fue a C. A. y NO al acusado. 4. Los cheques se emitieron a nombre de C. A. y no del acusado. 5. Los cheques por cantidades superiores al préstamo establecido en la escritura 673 entre el 31 de Marzo y 25 de Mayo le fueron entregados y fueron cambiados por el señor C. A. y NO por el acusado. 6. El Gerente General de COFISA S. G. M. y E. R. D. asesor legal de COFISA, le siguieron autorizando prestamos al seño C. A. por mas de seis millones de Lempiras en el mes de diciembre del 2004 y NO al acusado. El Juez debió de apreciar esa prueba a favor del acusado y no transgiversar los hechos con incongruencias y MALSANA CRITICA La única participación en los prestamos a favor de M. C. A. QUE TUVO EL ACUSADO FUE VENDERLE UN TERRENO Y POSTERIORMENTE DEMANDAR EL PAGO DEL MISMO A TRAVÉS DE UNA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD, PUES SI NO SE LA HABIAN PAGADO TENIAN QUE DEVOLBERCELA ESE DERCHO PEDIR LO QUE DE EL ANTE LOS TRIBUNALES ES GARANTIA CONSTITUCIONALES PERO POR ESO ESTA PRESO Y CONDENADO. No se puede subsumir la autoría del delito sin violentar el precepto sustantivo motivado y sin violentar lo establecido en los artículos 336 y 337 del Código Procesal Penal derivado de la Infracción a la Ley sustantiva, por lo que es procedente CASAR LA SENTENCIA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y ABSOLVER POR SENTENCIA DE CASACION AL ACUSADO”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO N. G. C. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO EN FORMA INDEBIDA EL ARTICULO 32 DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que en el tercer acápite de la “Fundamentacion Jurídica” de la sentencia que se impugna, el Tribunal de instancia condena al acusado N. O. G. C., a título de autor señalando que: “…el Ministerio Público ha considerado al acusado como cooperador necesario en el delito, sin embargo, estima que dicho acusado ha sido coautor del delito de estafa, puesto que fue el quien inicialmente maquinó las acciones a realizar ya que fue quien falsamente se atribuyó la propiedad de un inmueble y logró que la escritura 500 fuera registrada siendo así que con el conocimiento de esa falsedad acudió en compañía del señor C. a COFISA…”. Cuestiona que el Tribunal declara como hecho probado el conocimiento del imputado sobre el uso doloso de un instrumento falso basándose únicamente en el testimonio rendido por quien aparece como vendedor, el señor C. E. M. R., obviando la inexistencia de prueba alguna mediante la cual se acredite haberse declarado la falsedad del instrumento numero 500 como tampoco la inscripción fraudulenta de su testimonio en el Instituto de la Propiedad, teniendo además por acreditado sin sustento probatorio alguno, que el acusado maquinó los hechos con los que se defraudó a la compañía COFISA desde el día en que de manera simulada habría comprado un terreno al testigo quien negó su intervención en el contrato de compraventa aludido. Esta Sala considera pertinente recordar el concepto de coautor como una forma de participación en el delito. El penalista español Muñoz Conde explica que :“La coautoría es la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente…Lo decisivo de la coautoría es que el dominio del hecho lo tienen varias personas que, en virtud del principio del reparto funcional de roles, asumen por igual la responsabilidad de su realización. Las distintas contribuciones deben considerarse, por tanto, como un todo y el resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad material de su intervención. …El simple acuerdo de voluntades no basta. Es necesario además, que se contribuya de algún modo en la realización del delito, (no necesariamente en su ejecución), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como un eslabón importante de todo el acontecer delictivo. En estos casos de cooperación necesaria, si la ayuda prestada es de tal magnitud que se pueda decir que el que la presta también domina el hecho, este será coautor aunque no ejecute el hecho.”[1] Conforme a lo que se describe en el factum, el imputado N. O. G. C., logró la inscripción de un instrumento público a sabiendas de que en el mismo falsamente se le atribuía la propiedad de un inmueble, y que a partir de dicho conocimiento logró que la sociedad mercantil perjudicada a través de las personas naturales que le representaban, desembolsara un préstamo a favor de otro individuo, causando con ello un perjuicio patrimonial. Así las cosas, en el relato de hechos probados se describe la realización de actos relevantes y esenciales por parte del procesado N. G. para perpetrar un delito de estafa en perjuicio de la sociedad denominada COFISA y por lo tanto la realización conjunta de los hechos objeto de juzgamiento con otro individuo, de tal manera que su intervención, al tenor de lo descrito en el factum debe ser calificada de coautor. Por todas las razones anteriormente expuestas, el presente motivo formulado por la Defensa del encartado ha de ser desestimado. IV.- Continúa manifestando el recurrente en sus: “MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO.- Casación por Quebrantamiento de Forma articulo 336 numerales 1,2 y 3 Del Código Procesal Penal: Al introducir en la Sentencia Definitiva medios de prueba que no fueron ejecutados durante el debate y la ejecutadas no fueron apreciadas en su conjunto y no fueron valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, Quebrantando la Forma del Procedimiento que establece la Ley Procesal en el artículo 336, del Código Procesal Penal y Introduciendo al proceso otra calificación del delito y otra figura penal (Falsificación de Documentos Públicos de un Instrumento a través de una declaración testifical y la inscripción fraudulenta del mismo en el Instituto de la Propiedad) Preceptos Autorizantes 359 y 362 numerales 1, 2, y 3 del Código Procesal Penal.- Análisis y EXPLICACION DEL Motivo.- Reconocemos que los hechos declarados como probados en una Sentencia Definitiva adquieren el carácter de verdades indiscutibles, y debe observarse como una de las formalidades del Recurso de Casación, aunque manejamos otro criterio sustentado en la doctrina moderna, con respecto a los alcances de la crítica del error en su admisión y ejecución la aceptamos y respetamos ese criterio, En el cuerpo de la sentencia recurrida en los numerales primero y segundo de los “Hechos Probados” y en el numeral primero de la “Fundamentación Probatoria” el sentenciador tomó como un hecho probado LA FALCEDAD DEL INSTRUMENTO NUMERO 500 otorgado ante el notario L. R. Q. y legítimamente inscrito en el Instituto de la Propiedad, y la de esa calificación Documento Falso, sustentando eses criterio errado, en el hecho de la declaración de un testigo de la parte acusadora que manifestó “YO NO CONOZCO AL PRECESADO, me involucraron en algo que no conozco, ME FALSICICARON LA FIRMA, porque yo nunca he tenido propiedad en Sabana Grande, supuestamente le vendí la propiedad al señor N. O. G. C. porque no tengo propiedades, cuando esto sucedió me llevaron a la DGIC, y me hicieron pruebas calígrafas y se demostró que la firma que estaba en la escritura no era mía, ES DECIR LA HABIAN FALSIFICADO por eso no me siguieron ningún proceso a mi, YO NUNCA HE COMPARECIDO ANTE NINGUN NOTARIO A VENDER TERRENO PUES NO TENGO PROPIEDADES.” Esta declaración fue valorada como creíble en virtud que establece el sentenciador que ellos creen, que es cierto lo que dice el testigo y que por lo tanto le merece entera credibilidad en su dicho y que fue inscrito FRAUDULENTAMENTE en el instituto de la Propiedad, es notorio la introducción al juicio de dos aspectos que no se propusieron como medios de prueba ni fueron presentados en la carga acusatoria y además en esa declaración ese testigo nunca menciono la acción fraudulenta de la inscripción del instrumento numero 500. A) La falsedad del Instrumento Publico No. 500 otorgado ente los oficios del notario L. R. Q. de fecha 18 de noviembre del año 2003. B) La Inscripción Fraudulenta del Instrumento Publico en el Instituto de la Propiedad. C) Y el pago otorgado al procesado basándose en la declaración instrumental de recibir un millón de Lempiras en pago por el terreno vendido que serviría de garantía al préstamo otorgado a M. C. A., PUES AL NO APRECIAR LA PRUEBA EN SU CONJUNTO NO VALORO LA PRUEBA DE LOS TESTIGOS NI LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LAS QUE SE ESTABLECE QUE LOS CHEQUES DEL PRESTAMO FUERON EMITIDOS HASTA EL DIA 31 DE Marzo del 2004 y no en el acto de la firma del instrumento situaciones que sin son hechos probados Y NO N FUERON VALORADOS CON EL HECHO QUE NO HAY NINGUNA PRUEBA QUE DEMUESTRE QUE SE REALIZO UN PAGO MATERIAL AL PROCESADO FUERA DE LA DECLARACION NOTARIA QUE DEBIO CONSIDERARSE UNA FICCION DEL TRAMITE DEL PRESTAMO. En el Requerimiento Fiscal, no se debate como carga acusatoria o señalamiento de conducta típica de Falsificación de Documentos Públicos ni siquiera en la proposición de las pruebas, ninguna de las partes propuso prueba en ese sentido, ni en la formalización de la acusación se estableció o se propuso la falsedad del instrumento aludido, ni la fraudulenta inscripción de la que habla el sentenciador. La falsedad de un Documento Publico tiene necesariamente que declararse en juicio valorativo o en la sentencia penal de un juicio de Falsificación de Documentos Públicos establecido como ya dijimos en una sentencia y en el presente juicio no existe ninguna prueba que por si sola, establezca esta falsedad, mas que el dicho de un testigo de la parte acusadora quien jamás se refirió en su declaración al hecho a la falsedad del instrumento numero 500 y mucho menos al acto fraudulento de la inscripción del instrumento, de este hecho no se conoce ninguna prueba que demuestre que el instrumento fue escrito en forma fraudulenta o sea que también hablamos de otro delito de falsificación cometido en otro tiempo y otro espacio, que no sabemos de donde lo conoció el sentenciador o en que prueba basa el elemento que según el es un hecho probado la falsa Inscripción del Instrumento en el Registro del Instituto de la Propiedad, en el proceso jamás se debatió o ejecuto prueba alguna en eses sentido, por lo que la infracción al artículo 336 del Código Procesal Penal en cuanto establece “EL TRIBUNAL PARA RESOLVER, SOLO TENDRA EN CUENTA LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN EJECUTADO DURANTE EL DEBATE” es evidente que no esta probado la falsedad del documento público en ningún juicio valorativo y que tampoco existe ningún medio probatorio que establezca esta falsedad, ni que en fecha 31 de marzo del año 2004 se halla expedido algún cheque o dinero en efectivo a favor del procesado, por otro lado pues aun y cuando se hubiese presentado algún informe pericial de la firma del Testigo C. E. M. R., en el sentido de que es falsa aunada a la declamación del testigo no son estos elementos para establecer la falsedad del documento público, que actualmente esta sustentado por elementos probatorios que si se introdujeron en el proceso y fueron debatidos ya que una declaración de uno de los otorgantes no puede crear la falsedad del titulo, pues la indubitabilidad de la fe notarial es una verdad legal y además no ha sido declarada su falsedad y sustentada la Sentencia de Remate con la que la Compañía Financiera S.A. COFISA, ejecuto la garantía del préstamo otorgado a M. A. C. A. o sea el instrumento numeró 500, mediante venta forzosa en el juicio de remate por parte de la misma, que si bien es cierto no apareció como prueba este tramite del remate y venta forzosa por no convenir a los intereses del Fiscal y el acusador privado, SI FUE DECLARA EN TRES TESTIMONIOS EN EL PROCESO LO QUE PROBO QUE EL INSTRUMENTO NUMERO 500 SIGUE VIGENTE EN EL REMATE DE LA GARANTIA EN JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, la que fue sustentada en el proceso por las declaraciones de los testigos, J. S. G. M. y E. R. D. P. así como lo declarado en sus conclusiones por el acusador privado que manifiesta: “la acción civil se ha incoado en los juzgados de San Pedro Sula y se ha hecho una venta forzosa” con lo cual queda claramente establecido que la garantía otorgada a COFISA por M. A. C. A. se sustenta en el instrumento No. 500 que el sentenciador a declarado como falso sin que nadie se lo haya pedido o introducido alguna sentencia declarativa que establezca ese extremo. No aprecio la prueba en su conjunto y violo las Reglas de la Sana Crítica, al tomar en cuenta las declaraciones de los testigos que manifestación ante interrogatorio a) Que remataron el Inmueble que servia de garantía, pero que no han tomado posesión del mismo. B) El préstamo se otorgaron a M. C. A. y no al procesado, c) Que en la firma del contrato no le pagaron ninguna cantidad a N. G. C., d) Que los cheque fueron emitidos hasta el día 31 de Marzo del año 2004 y no el 29 de Marzo del 2004 fecha de la firma del instrumento 673 e) Que COFISA NO POSEE NINGUN Recibo o baucher de un cheque que demuestre que al procesado N. G. C. se le pago ese día que firmaron el instrumento 673 u otro día posterior, POR LO QUE NO ES UN HECHO PROBADO QUE LE HAYA REALIZADO U PAGO POR LA VENTA DEL TERRENO A N. G. C.. La aplicación e interpretación que se pretende, es que este Recurso de Casación, case la sentencia de fecha 10 de noviembre del año 2011 en el sentido de declarar infringido el derecho sustantivo establecido en los artículos 336 en cuanto a que el sentenciador resolvió la Sentencia Condenatoria con pruebas que jamás fueron ejecutadas durante el debate ni fueron propuestos como medios de pruebas por ninguna de las partes, POR LO QUE SE DEBEDE RECTIFICAR ESTA INFRACCION A LA NORMA PROCESAL Y EVITAR QUE EL SENTENCIADOR CONDENE CON PRUEBAS NO INTRODUCIDAS EN PROCESO QUE AGRAVAN LA CONDICION DE INOCENCIA DEL PROCESADO, Los Hechos Probados no fueron interpretados en beneficio del procesado mas bien la pasión del sentenciador llego al extremo del DESCARO que hasta redacto la sentencia, aunque fue denunciado por colusión y amistad manifiesta con el Gerente General de COFISA que fue testigo del proceso y que de lato conocimiento es QUE LO NOMBRA COMO DELEGADO DE LIGA NACIONAL A LOS PARTIDOS DE FUTBOL EN LOS ESTADIOS PUBLICOS EN DONDE SE LE VE CON ESTE ACUSADOR DEL PROCESADO EN COMPLETO DESCARO POR LO QUE FUE RECUSADO INADMITIENDO TAL SOLICITUD EN VIOLACION DE OTRO PRECEPTO LEGAL. En términos sencillo la Sana Crítica no es mas que la interpretación y análisis de la prueba, con objetiva en la verdad buscada y siempre la lógica Jurídica juega un papel fundamental en cuanto a su apreciación de aquí que siempre la prueba debe apreciarse a favor del procesado, y cuando hay dudas de igual forma, por lo que no entendemos de donde saca el sentenciador la creación de otros elementos acusatorios para agravar la situación del procesado o sea que de la simple lectura de esa sentencia vosotros magistrados podrán establecer que SE VIOLARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA POR LO QUE SE TIENE QUE REPARAR TAL SITUACION CASANDO LA SENTENCIA A FAVOR DEL PROCESADO Y DECLARANDOLO INOCENTE. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO N. G. C. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INTRODUCIDO MEDIOS DE PRUEBA NO EJECUTADOS DURANTE EL DEBATE Y LOS EJECUTADOS NO FUERON APRECIADOS EN SU CONJUNTO, DE ACUERDO A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA, EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- El Censor arguye que en la sentencia recurrida, puntualmente en los numerales primero y segundo de los “Hechos Probados” y en el numeral primero de la “Fundamentación Probatoria” el A Quo tiene por acreditada la falsedad del instrumento numero 500 otorgado ante el Notario L. R. Q., inscrito en el Instituto de la Propiedad, basándose en la declaración de un testigo de la parte acusadora. Reprocha que fuera de ese testimonio no se incorporaron en juicio pruebas que acrediten: A) La falsedad del Instrumento Publico No. 500, otorgado ente los oficios del Notario L. R. Q., en fecha 18 de noviembre de 2003. B) La Inscripción Fraudulenta del Instrumento Público referido en el Instituto de la Propiedad. C) Y el pago otorgado al procesado, que se basa únicamente en la declaración instrumental de recibir un millón de Lempiras en pago por el terreno vendido que servió de garantía al préstamo otorgado al señor M. C. A.. El Censor alega que la falsedad de un documento público tiene que declararse en juicio civil declarativo o en la sentencia penal recaída en un juicio seguido por la Falsificación de Documentos Públicos. Estima que la falsedad del instrumento número 500 y su inscripción supuestamente, no puede sustentarse en la declaración de un testigo, frente o en oposición al carácter indubitable de la fe notarial. Por otra parte, considera que la Compañía Financiera S.A. COFISA, ejecutó la garantía del préstamo otorgado a M. A. C. A. o sea el instrumento numeró 500, mediante venta forzosa en un juicio de remate seguido ante un Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, de lo cual se deriva que el instrumento numero 500 sigue considerándose válido y por tanto no pudo ser utilizado como un medio para inducir en error a la parte acusadora. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal: “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso que ahora nos ocupa el Tribunal de instancia estima que el imputado logró que se autorizara una escritura pública contentiva de un contrato falso de compraventa de un inmueble, instrumento que posteriormente sería utilizado para inducir en error a la sociedad mercantil perjudicada. Para tener por acreditado tal hecho el A Quo se basa en el testimonio rendido por quien aparece como vendedor en la escritura tachada de falsa, quien habiendo comparecido en juicio declaró que nunca fue propietario y que por tanto no vendió el referido inmueble, agregando que no conoce al procesado N. G., indicando por otra parte, que fue llevado a las oficinas de la Dirección General de Investigación Criminal donde se le practicaron pruebas caligráficas en virtud de las cuales se acreditó que la firma aparecida en la escritura no era la suya, lo que explica según sus dichos que nunca se le siguiera un proceso criminal. Esta Sala no desconoce que el artículo 199 del Código Procesal Penal establece el principio de libertad probatoria en virtud del cual los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto del proceso podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado, siempre que sea objetivamente confiable. Tampoco puede soslayar que dicho texto normativo acoge la sana crítica como sistema de valoración de las pruebas, de tal manera que el Juzgador no está sometido a la prueba tasada, pero si a la obligación de explicar de manera razonada el porqué arriba a un veredicto condenatorio o de absolución. Esta Sala no comparte el criterio del Censor, cuando considera que tratándose del juzgamiento de un delito de estafa, en el que se haya utilizado un instrumento público falso como un medio engañoso para inducir en error, sea una condición sine qua non, que la falsedad se haya declarado en un juicio civil declarativo[2] o en la parte dispositiva de la sentencia recaída en el mismo proceso criminal, ya que los órganos jurisdiccionales del orden penal que conozcan de un delito o falta lo serán también para resolver las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del proceso, aunque no pertenezcan al orden penal (vid art. 54 del CPP) siendo el caso que la cuestión controvertida relacionada si es propia de la competencia de los Juzgados y Tribunales del orden penal. En el caso bajo estudio, tal y como lo razona el Tribunal de instancia, el proceso se ha incoado por el delito de estafa sin que al mismo tiempo se haya acusado puntualmente al imputado por el delito de falsificación de documentos, de tal manera que por este último delito no ha recaído un pronunciamiento condenatorio en observancia del principio acusatorio (vid. Folio 532) lo que no impide que si se pueda hacer por el de estafa, habida cuenta que precisamente la confección falsa e inscripción fraudulenta de una escritura es lo que según la hipótesis acusatoria constituyó el ardid o artificio para inducir en error a la sociedad perjudicada. No obstante lo anterior, esta Sala considera que el testimonio rendido por el señor C. E. M. R. rechazando que haya vendido un terreno al acusado N. G. en la escritura No 500 autorizado por el Notario L. M., resulta insuficiente para tener por acreditado que tal instrumento sea falso, toda vez que el deponente funda sus dichos en que se realizaron dictámenes caligráficos que descartan su intervención en el contrato de compraventa, sin embargo, una lectura detenida de los antecedentes no revela que se hasta este momento procesal se haya incorporado como prueba dictamen caligráfico alguno que acredite la falsedad de la firma que se atribuye a dicho testigo en el documento cuestionado. Por otro lado, el Tribunal de instancia expresa que ha tomado en cuenta para tener por acreditada la falsedad del instrumento público, el hecho de que no se presentara el tracto sucesivo respectivo. En este sentido resulta oportuno señalar que al tenor de lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República, 1 y 2 del Código Procesal Penal, se desprende que la carga de la prueba de carácter incriminatorio corresponde a la acusación, de tal manera que atendiendo a las particularidades del asunto que ahora nos ocupa, habiéndose presentado la escritura pública NO. 500 autorizada por un Notario y por tanto Ministro de fe pública, corresponde a la acusación probar la carencia del o los antecedentes registrales respectivos como un elemento que refuerce la hipótesis acusatoria que parte de considerar que el encartado N. G. logró que se confeccionara una escritura pública contentiva de un contrato simulado con un propósito defraudatorio. Así las cosas, esta Sala considera que el Juzgador de instancia ha incurrido en la vulneración del principio de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que un análisis armónico y conjunto de la prueba evacuada en juicio ha podido conducir a un resultado distinto. Por todos los argumentos anteriormente expuestos, el presente motivo por quebrantamiento de forma, planteado por la Defensa del imputado N. O. G. C., debe ser estimado. SEGUNDO MOTIVO.- Quebrantamiento de Forma, violando la jerarquía que le da a los Instrumentos Públicos los numerales 1 y 2 del articulo 273 Código Procesal Civil en el sentido de que NO HACEN PRUEBA EN CONTRA DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS, NI SIQUIERA LA DECLARACION DE LOS OTORGANTES. Precepto Autorizante.- 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. El artículo 273 del Código Procesal Civil establece la fuerza probatoria de los documentos públicos, y “1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o cosas que documenten y que motivo su otorgamiento, del lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso intervengan en el. 2. también harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”. Por vía analógica el sentenciador debería conocer el alcance y la fuerza de un documento público notarial con una declaración testifical que por si sola no hace prueba, pues aunque el sentenciador crea que Carlos Enrique Mejía Rivera dice la verdad y que nadie lo controvertía, demuestra que el sentenciador desconoce total y completamente la fuerza probatoria de los documentos públicos y la fuerza probatoria y autenticidad de las inscripciones en el Instituto de la Propiedad cuyas nulidades y declaraciones de ilegalidad solo pueden ser sustentadas en una sentencia definitiva u ordenadas como en este caso por un juzgado o tribunal civil que fue lo que acaeció en este caso con la sentencia del recurso de Amparo emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, en fecha 31 de julio de 2006, donde otorga el Amparo contra la Sentencia de fecha 11 de octubre del año 2005 que otorgaba la Nulidad del instrumento que contenía la compraventa de la cual el procesado había levantado demanda por falta de pago y en la misma estaba la garantía que M. A. A. C. le otorgara a COFISA por un crédito de Un Millón Quinientos Mil Lempiras que le concedió, por lo que el sentenciador no puede introducir en la sentencia estos elementos. Lo dispuesto en el artículo 273 del Código Procesal Civil que es una ley sustantiva en cuanto a la fuerza probatroria de los documentos públicos tratando de equiparar una declaración testifical a la fe notarial con lo que al declararse su infracción quedara sin sustento su erróneo razonamiento y valoración y casara la sentencia absolviendo de responsabilidad al señor N. O. G. C.. El requerimiento fiscal se fundamento en que el acusado se había coludido para vender el terreno y posteriormente demandar el no pago para anular la COMPRA VENTA Y EN CONSECUENCIA LA GARANTIA y jamás se sustento ni hubo una ampliación en eses sentido de declarar la falsedad del instrumento No. 500 ACREDITANDOLO CON UNA SOLA DECLARACION QUE NO ARROJO ELEMENTOS ACUSATORIOS A LA PRETENCION DEL MINISTERIO PUBLICO”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO N. O. G. C. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA IRRESPETADO LA MAYOR JERARQUÍA QUE EN EL ORDEN PROBATORIO LE CONFIEREN A LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTICULO 273 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, FRENTE A LA DECLARACION DE LOS OTORGANTES.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de casación por haber prosperado el que se funda en la vulneración de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba. TERCER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Por haber Quebrantado la Forma de lo establecido en el artículo 337 del Código Procesal Penal, en cuanto a dar por acreditados hechos u otras circunstancias que son descritas en la formalización de la acusación, y el auto de apertura a juicio NI CALIFICAR LOS HECHOS EN PERJUICIO DEL ACUSADO EN FORMA DISTINTA DE LA QUE RESULTE LAS ACTUACIONES ANTES INDICADAS. Artículo Autorizante.- 362. Código Procesal Penal. Los sentenciadores estaban tan contaminados que no pudieron esconder su afán de quedar bien con la parte acusadora privada y la fiscalía. En los números segundo, tercero y cuarto de la “FUNDAMNETACION PROBATORIA” no puede esconder el sentenciador su afán de valorar la prueba en perjuicio del acusado en forma totalmente distinta a las planteadas en la acusación, en la formalización de la acusación, en el auto de apertura a juicio sin que la fiscalía o el acusador privado hubiesen ampliado la acusación. Desde el segundo numeral valoran las declaraciones de J. S. G. M. y E. R. d. para justificar la inclusión de los hechos declarados como probados y en ambas declaraciones resalta el hecho que el acusado N. O. G. C., acompaño a M. A. C. A. a solicitar un crédito a las oficinas de COFISA por Un Millón Quinientos Mil Lempiras que se estableció en el instrumento No. 673, otorgado ante los oficios del notario Á. M. V. F., en fecha 29 de Marzo del año 2004, y resalta en esa valoración que N. O. G. C., manifestó tener recibido a su entera satisfacción la cantidad de Un Millón de Lempiras por la venta del terreno contenido en el instrumento publico No. 500 que se convertiría en la garantía del préstamo SOLICITADO Y OTORGADO A M. A. C. A., o sea que lo que valora en estas dos declaraciones esta dirigido a sustentar la calificación de autor del Delito de Estafa, por el hecho que N. O. G. Corrales acompañaba al solicitante del préstamo y otorgador de la garantía en el instrumento ya mencionado y contradictoriamente en el numero tercero da como hecho probado los cheques números 0938569, 0938570, 0938571, 0938712, 0938713, y 0938809 que corren agregados a los folios 336 al 338 los que son emitidos a nombre de M. A. C. A. sin razonar el sentenciador las fechas en que fueron emitidos esos cheques a favor de M. A. C. A. con fecha 31 de marzo del 2004 dos días después de la firma del instrumento no. 673, seguidamente hace alusión a la demanda civil que entablo N. O. G. en contra de C. A. para el pago de la venta del terreno que se condigno en el instrumento no. 673 del cual no existe ninguna prueba material dentro del proceso que establezca que el terreno le fue pagado con dineros de COFISA al acusado. En la valoración pretende el sentenciador contaminado hacer una conceptualización de lo que es un instrumento público lo que contradictoriamente no hizo al querer equilibrar una declaración de hechos probados sin darle valor fundamental a los cheques que provienen de COFISA y son dirigidos a M. C. A. y no al acusado con lo que justifica el hecho probado de declara falso la escritura no. 500 y declarar como hecho probado el pago de Un Millón de Lempiras al acusado sin que exista ninguna prueba material en eses sentido. Aceptamos los hechos probados pues en la declaración testifical del acusado no se niega la relación contractual de compra-venta de un terreno entre G. C. y C. A. lo que si se niega es que nunca existió un pago por ese terreno y no existe ninguna prueba material que demuestre que el banco emitió algún cheque o que posee un recibo por el cual se le haya pago Un Millón de Lempiras al acusado como lo debería establecer un a practica financiera prudentemente aceptada. Tampoco valora el hecho de que el préstamo fue solicitado y otorgado a favor de C. A. y no de G. C. el que no tiene ni tuvo ningún arreglo contractual con la empresa COFISA, nunca solicito ni al testigo S. G. como Gerente de COFISA ni a E. R. D. P. ningún crédito ni fue entregado por parte de estos o de otro empleado de COFISA alguna cantidad de dinero y no existe ninguna evidencia en la que C. A. le hubiese pagado Un Millón de Lempiras a N. G.. Así las cosas el sentenciador jamás valoro el hecho de que N. O. G. T. Y TIENE EL DERECHO DE RECLAMAR EL PAGO DE SU TERRENO POR VIA JUDICIAL Y QUE LO HUBISES HECHO DESPUES DE NUEVE MESES DE HABERLE CEDIDO EL TERRENO A C. A. SIN QUE ESTE LE PAGARA Como vosotros podrías apreciar Señores Magistrados N. G. al saberse beneficiado por la sentencia emitida el 11 de noviembre de 2005 un año y un mes después de entablada la demanda contra Arita por falta de pago vendió el terreno a otra persona en la Ciudad de la Paz lo que prueba que la valoración no se hizo a favor del procesado en cuanto a que vendió un terreno, que no le fue pagado y que acudió a los tribunales a ejercer el derecho de pago pero la fiscalía POR EL HECHO DE HABERSE ALLANADO A LA DEMANDA EL DEMANDADO C. A. FUNDAMENTA LA CALIFICACIONM DE COMPLICE DE ESTAFA EN EL SENTIDO DE QUE AMBOS SE COLUDIERON PARA DEJAR SIN GARANTIA A COFISA EN EL PRESTAMO OTORGADO A C. A. ESTA ES LA FUNDAMENTACION DE LA CALIFICACION E INTERPRETACION DE LA PRUEBA INTRODUCIDA POR LA FISCALIA ESTABLECIDA EN SU FORMALIZACION DE ACUSACION, CONTESTADA POR LA DEFENSA POPR LO QUE LOS ARGUMENTOS DE FALSIFICACION DEL INSTRUMENTO NO. 500 DE LA INCRIPCION FARUDULENTA DEL INSTRUMENTOEN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y EL PAGO MATERIAL AL PROCESADO NUNCA FUERON OBJETO NI FUERON DESCRITOS EN LA FORMALIZACION DE LOS CARGOS EN LA CONTESTACION DE LOS MISMOS NI EN EL AUTO DE APERTURA A JUICIO, Y NUNCA SE AMPLIO LA ACUSACION. Por otro lado toda la valoración hecha por el sentenciador contaminado esta dirigida a calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulto de todas las actuaciones calificadas. O sea la fiscalía formalizo la acusación por el delito de complicidad jamás formalizo por Autoría del Delito de Estafa. La fiscalía sustento su acusación en el hecho de que en la demanda civil de pago y el allanamiento de la misma por parte del señor C. A. había colusión dolosa entre ambos para dejar sin garantía a COFISA, y no por la falsificación del instrumento no. 500, por la inscripción fraudulenta del instrumento o por el pago material al acusado. O sea que el sentenciador no establece en ninguno de los hechos probados la colusión y aunque pueda existir una duda en si el acusado demando para dejar sin garantía a COFISA siempre la duda tendera que haber favorecido al procesado, pero venir a calificar los hechos en perjuicio del acusado justificando que no se le acusa por el uso de un documento falso para no perjudicarlo es una valoración prevaricadora en perjuicio del acusado ya que es en forma totalmente distinta a todas las actuaciones de la carga acusatoria. Pretendo con este motivo que el Recurso de Casación case la sentencia emitida el 10 de noviembre del año 2011 declarando absuelto al procesado, pues ha sido acusado por la Fiscalía como cómplice por haber ejercido su derecho a pago de un terreno que fue de su propiedad y que le fue arrebatado con artimañas del solicitante del préstamo y los ejecutivos de COFISA que todavía hoy no responden como no respondieron en el interrogatorio ni fue valorado por los sentenciadores contaminado por lo que después de tres meses de morosidad de parte de C. A. no ejecutaron la garantía, porque le siguieron otorgando líneas de crédito sin garantías hasta por Seis Millones de Lempiras y porque el único que se encuentra preso es el acusado a quien jamás se le ha probado haber recibido el pago por su terreno, haber falsificado un instrumento o haber inscrito fraudulentamente el instrumento en el instituto de la propiedad. En la valoración del numeral cuarto y quinto el juez jamás valoro como en el instrumento no. 371 que corre agregado en los folios 48 al 51 A. C. otorga otra garantía vendida a el por el mismo ciudadano que le vendió al procesado Carlos Enrique Mejía Rivera por la cual en el mes de diciembre del 2004 o sea diez meses después del primer préstamo le abren otra línea de crédito por Tres y Medio Millones de Lempiras autorizada por los testigos S. G. M. y E. rene Doblado, tampoco valoran las pruebas aceptadas como son el informe de avances de obras y estados financieros presentados por COFISA en donde estos dos últimos testigos justifican haberle seguido dando dinero de COFISA a C. A.. Como ven Señores Magistrados el motivo de Casación Expuesto casa perfectamente la sentencia por Quebrantamiento de Forma”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCAUSADO N. O. C. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA CALIFICADO LOS HECHOS EN PERJUICIO DEL ACUSADO, ES DECIR EN FORMA DISTINTA A LA DESCRITA EN LA FORMALIZACIÓN DE LA ACUSACIÓN Y EL AUTO DE APERTURA A JUICIO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de casación al haber prosperado el que se funda en la vulneración de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba. V.- Continúa manifestando el recurrente en su: “CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Por haber violentado la Garantía Constitucional del Debido Proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República al haber violentado lo establecido en los articulo 198, 202, 336,337 y 339 del Código Procesal Penal y el artículo 272 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Precepto Autorizante.- Artículo 361 del Código Procesal Penal. Primer Motivo.- Las garantías constitucionales han sido concebidas para lograr las aspiraciones del pueblo y fortalecer el Estado de Derecho que, asegure una sociedad política y económica socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, la paz y la democracia representativa, estos conceptos establecidos en el preámbulo de la Constitución de la República, nos llaman a establecer el respeto hacia la ley y hacia las instituciones que promueven y aseguran el cumplimiento de la misma. La Corte Suprema de Justicia a través de sus jerarquías propemne el aseguramiento de la justicia y al respeto de la ley. a través de juzgados y tribunales que garanticen el respeto a las máximas Garantías Constitucionales del respeto a la ley, de la conducción sana y equitativa de la justicia entre los miembros de la sociedad, es por eso que en su cuerpo la Constitución de la República garantiza y protege que los funcionarios en la aplicación de las leyes no vayan mas haya de lo que ordena la ley (artículo 321 de la Constitución de la República).El artículo no. 90 de la Constitución de la República establece: “Nadie puede ser Juzgado si no por Juez o Tribunal competente, CON LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y FORMALIDADES QUE LA LEY ESTABLECE” Lo que nos explica esta garantía es que nadie con autoridad o sin ella puede violentar las garantías, formalidades y derechos que la Constitución establece como ser: el derecho a la libertad, al derecho de petición, al derecho de defensa, Y AL RESPETO DE LAS NORMAS QUE RIGUEN EL DEBIDO PROCESO MAXIME CUANDO SE TRATA DE RESTRINGUIR EL DERECHO MAXIMO UNIVERSAL DE LA LIBERTAD. El juez sentenciador violando los artículos 198, 202, 336, 337 y 339 del Código Procesal Penal, ha emitido una Sentencia Condenatoria en contra del señor N. O. G. C., violentando los preceptos de la ley procesal sustantiva en forma abierta y descarada al introducir en el proceso elementos que no fueron probados ni ejecutados durante la practica de la audiencia oral y pública, violentando conceptos importantes donde se prohíbe la inclusión de calificación del delito que no haya sido establecido en la acusación, en el auto de apertura a juicio, en la formalización de los cargos, en la contestación de estos y además calificar las pruebas en perjudico del acusado, violentando las reglas de la sana critica, esto ha creado la violación manifiesta y descarada de la Garantía Constitucional del Debido Proceso. Precepto Autorizante.- Articulo 361 Código Procesal Penal. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. Explicación del Motivo.- El juez sentenciador al emitir su sentencia condenatoria, violo el debido proceso al hacer caso omiso del articulo 198, que nos informa: “que la finalidad de los medios de prueba es el esclarecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, MEDIANTE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE CODIGO. O sea que lo que nos establece es que el juez sentenciador debe respetar las reglas que se le establecen para emitir una sentencia condenatoria al apreciar cuales son los hechos probados, la valoración de estos hechos probados en su valoración probatoria y la fundamentación jurídica que no son mas que los tipos penales que se subsumen al comportamiento del acusado. El Juez sentenciador introduce a la sentencia elementos que no buscan la verdad de los hechos en cuanto, establece el elemento de la falsedad de documentos públicos en cuanto se refiere a la escritura publica no. 500 que contiene el derecho real traslaticio de dominio de una propiedad a favor del acusado y en su sentencia el juez sentenciador manifiesta que este documento es falso porque el testigo C. E. M. R. otorgante en este instrumento, manifiesta no haber vendido ningún terreno, no haber comparecido ante un notario, y no conocer ni haber firmado ningún instrumento público, situación que no fue promovida en el requerimiento fiscal. En el Auto de Apertura a Juicio, en la formalización de la acusación ni en la contestación del mismo, por lo que: estos conceptos de falsedad del instrumento y acción fraudulenta de su inscripción NO FUERON PRUEBAS EJECUTADAS DURANTE EL DEBATE Y LAS DEMAS PRUEBA QUE ESTABLECEN QUE EL ACUSADO NO TIENE NINGUNA RELACION CONTRACTUAL DEL PRESTAMO HIPOTECARIO NI DE HABER RECIBIDO UN PAGO DE PARTE DE LA EMPRESA COFISA NO FUERON APRECIADAS EN SU CONJUNTO NI DE ACUERDO A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, COMO LO HEMOS EXPLICADO EN FORMA ABUNDANTE EN LA CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR LA VIOLACION DEL ARTICULO 336 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, no valoro las pruebas con arreglo a la sana critica, pues actos que no han sido declarados nulos ni fraudulentos ni falsos los valoro en perjuicio del acusado sin existir prueba en eses sentido. Tampoco la sentencia es congruente como ya lo establecimos por haber acreditado otros hechos y otras circunstancias que no fueron establecidas en el proceso, y las que se declararon, como hechos probados, fueron calificados EN PERJUICIO DEL ACUSADO EN FORMA DISTINTA A LO QUE RESULTO DE LAS ACTUACIONES DE PRUEBA EJECUTADAS EN EL PROCESO Y DE LA FORMALIZACION DE LA ACUSACION, VIOLENTANDO EL ARTICULO 337 QUE ESTABLECE EL DEBIDO PROCESO EN EL CODIGO PROCESAL PENAL Y QUE EL JUEZ SENTENCIADOR VIOLO, AL HABER ESTABLECIDO QUE EL INSTRUMENTO NO. 500 ES FALSO SIN HABER NINGUNA PRUEBA QUE LO ESTABLEZCA Y QUE SU INCRIPCION EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ES FRAUDULENTA SIN HABER PRUEBAS EN ESES SENTIDO. En relación de los motivos de casación expresados en la casación por quebrantamiento de forma amplia y sustancial la violación de los artículos procesales que crean la forma en que deben de emitirse las sentencias absolutorias y condenatorias y hemos dejado claro que el juez sentenciador hizo en una sentencia condenatoria colmada de contaminación solutiva a favor de la parte acusadora y del Ministerio Fiscal. Pretendemos la aplicación del debido proceso, excluyendo los medios de prueba que no fueron establecidos en el debate, que se extingan las calificaciones del delito en contra del procesado por no existir los requisitos sustanciales que la ley penal y procesal establecen en este tipo de procedimientos. Por lo que el respeto a la constitución y a las normas sustantivas y procesales debe corregirse la violación a las garantías constitucionales en el debido proceso. Por lo que la sentencia de casación debe de casar la sentencia de fecha 10 de noviembre del año 2011 y absolver al acusado de todas las manifestaciones y hechos probados que ha establecido el juez sentenciador en violación a los artículos procesales que rigen el debido proceso. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO N. O. G. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCURRIDO EN VIOLACION DE LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN CONEXION CON LOS ARTICULOS 198, 202, 336, 337 Y 339 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y EL ARTÍCULO 272 NUMERALES 1 Y 2 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de casación, por haber prosperado el que fundara la Defensa en la vulneración de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR VIOLACION DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA POR LA VIOLACION DEL ARTICULO 86 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Precepto Autorizante.- artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo. En la segunda audiencia del juicio oral y público posterior a la fecha 20 de septiembre del 2011 que aparece a principios del vuelto de la pagina dos, presentamos recusación en contra del juez E. M. M., porque el día de la apertura del juicio oral y publico, lo vi y lo vio el acusado, la juez J. E. P., el juez A. A. N. R., la secretaria del tribunal Y. F. D., el fiscal, el acusador privado y las demás personas del publico CUANDO CON TODO Y TOGA BAJO DEL ESTRADO, LLEGO A LA SALA PUBLICA DEL TRIBUNAL Y SE SENTO A DIALOGAR AMENAMENTE DURANTE MAS DE CINCO MINUTOS CON UNA PERSONA QUE EN ESE MOMENTO NO SABIAMOS QUIEN ERA, POR LO QUE NOS PRESENTAMOS ANTE EL JUEZ PRESIDENTE DE LA SALA A. N. R. Y LE HICIMOS VER QUE EL JUEZ M. M. NO PODIA CON TOGA SENTARSE A PLATICAR EN EL LADO EN DONDE SE UBICAN LOS TESTIGOS DE LA FISCALIA, DENUNCIA QUE FUE ESCUCHADA POR LA J. P., POR LO QUE DE INMEDIATO LE LLAMARON LA ATENCION Y EL JUEZ M. M. REGRESO AL ESTRADO, SE ABRIO EL ESPACIO DE LOS INCIDENTES Y SIN SABER QUIEN ERA EL PERSONAJE CON EL QUE DIALOGO EL REDACTOR DE ESTA SENTENCIA M. M. NO PRESENTAMOS LA RECUSACION DE MERITO, AUN CUANDO YA SE ENCONTRABA DENUNCIADO EN OTRO EXPEDIENTE ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR SOLICITUD DE INVESTIGACION EN UN SUPUESTO DELITO DE COHECHO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA APERTUTRA A JUICIO NO TENIAMOS A LA MANO LA MISMA, ME REFIERO A LA DENUNCIA INTERPUESTA DEL JUEZ M. M. Y DE SU COMPAÑERA DE HOGAR J. A.. En la siguiente audiencia supimos que tanto el juez M. M. como su esposa J. A. eran catedráticos en la Universidad Tecnológica Hondureña UTH, Sociedad Mercantil en la que el presidente del Consejo de Administración es el señor R. D. V. V., el mismo que es Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Financiera S.A. COFISA, acusadora privada del acusado, cuyo Gerente General es el testigo J. S. G. M., quien es miembro de la Liga Nacional de Fútbol Hondureña y que se encarga de nombrar como delegado a los partidos en que juega el Equipo Deportivo Olimpia al juez E. M. M.. Aun cuando el juez M. M. conocía ya mi denuncia, ante el Ministerio Publico, en el expediente no. (5)-313-2007, su relación de trabajo académico y de su compañera de hogar, en la UTH, con el presidente del consejo de administración y con el gerente general de COFISA, no se excuso del conocimiento del asunto en violación abierta al artículo 84 del Código procesal Penal. 24 horas después de conocer estas relaciones del juez E. M. M. presentamos la recusación en base a lo que establece los incisos 3 y 4 del artículo 86 del Código Procesal Penal, sin embargo se nos declaró inadmisible la solicitud de reacusación en abierta violación a este precepto legal procesal que informa el debido proceso, presentado de inmediato la reposición de esa resolución que también nos fue declarada sin lugar. La recusación la presentamos hasta en ese momento pues hasta en horas de la noche de la primera audiencia nos dimos cuenta que el personaje con el que había dialogado el juez en la primera audiencia se trataba de J. S. G. M. gerente general de COFISA y eses mismo día nos dimos cuenta de que R. D. V. V. es el dueño donde trabajan como maestro el juez M. m. y su compañera de hogar y que es el mismo presidente del consejo de administración de COFISA empresa que acusa a N. O. G. C., por lo que manifestamos en la audiencia en la interposición del recurso de reposición que presentábamos la recusación PORQUE HASTA EN ESE MOMENTO NOS DABAMOS CUENTA DE ESTAS RELACIONES DEL JUEZ M. M. Y POR ESO INTERPONIAMOS LA RECUSACION EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTICULO 86”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO N. O. G. RGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCURRIDO EN VIOLACION DE LA GARANTÍA GENERICA DEL DEBIDO PROCESO CONSAGRADA EN EL ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EN CONEXIÓN CON EL ARTICULO 86 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de casación, al haber prosperado el que fundara la Defensa, en la vulneración de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362.1,2 y 3 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- Declarando sin lugar el recurso de casación por Infracción de ley sustantiva, en sus dos motivos; interpuesto por el Apoderado Defensor del acusado N. O. G. C., contra la sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diez (10) de noviembre de dos mil once (2011); II.- Declarando con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo, interpuesto por el Apoderado Defensor del acusado N. O. G. C., contra la sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diez (10) de noviembre de dos mil once (2011); III.- Declarando la nulidad de la sentencia antes relacionada y del debate en se pronunció; Y MANDA: I.- Que se repita el debate con jueces distintos a los que participaron en el anulado; II.- Que se remita copia certificada de este fallo junto con sus antecedentes al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-119-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Aran. “Derecho Penal. Parte General”. Segunda Edición, revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1995. Editorial Tirant lo Blanch. Págs. 454 y 455.
[1] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.
[2] Sobre esta cuestión véase la sentencia SP-459-2014, dictada por la Sala de lo Penal, el tres (3) de marzo 2015, en el que se juzga un delito de Falsificación de Documento Público autorizado por Notario, en su parte medular dice: “Esta Sala considera importante señalar, que para proceder criminalmente por el delito de falsificación de documentos, cuando en su confección y autorización interviene un Notario, no es requisito sine qua non y como una condición objetiva de procedibilidad, que previamente y por la vía civil recaiga sentencia definitiva firme en la que se declare la nulidad o invalidez del instrumento o documento cuestionado, conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que el tipo penal de falsificación, sea de documentos públicos o privados, no exige tal condición, a diferencia de lo que sucede con otras figuras penales como por ejemplo, la denuncia o acusación falsa, donde se requiere que previo a la interposición de la acción criminal se haya obtenido sobreseimiento de la causa o sentencia absolutoria firme a favor del acusado o denunciado falsamente (vid. art. 387 del Código Penal), en el caso de los delitos de quiebra fraudulenta y culposa, cuya persecución penal exige que previamente exista un pronunciamiento del Juez de lo Civil sobre la declaración de la quiebra (vid. arts. 233, 234 del Código Penal, 1418 y 1420 del Código de Comercio), o cuando para entablar la acción penal por calumnias o injurias cometidas en juicio se necesita la previa autorización del Juez que de él conociere (art. 167 del Código Penal).