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Sentencia CP-118-13 — Registro 5872

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de Robo de vehículo automotor terrestre en su grado de ejecución de tentativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: …3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[1]. En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica. Es éste último sistema de la Sana Crítica el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado anteriormente que “en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[2]. De este modo, “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[3]. Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011; 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social a través de procesos sensibles e intelectuales que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las Leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de identidad establece que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción manda que de las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En la valoración de la prueba, un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de Tercero Excluido: determina que entre dos proposiciones que se niegan entre sí, una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De éste se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. La Sala de lo Penal, ha analizado el registro de la declaración del señor J. R. B. G. (Folio 134) quien manifestó que “… andaba taxiando, andaba trabajando, un muchacho le hizo una parada… más adelante estaba el otro muchacho, paró y el otro muchacho se subió, le dijeron que era un asalto… y lo metieron al baúl... anduve aproximadamente en el baúl entre 25 a media hora…la policía lo saco del baúl”. Con dicha versión se acreditó no solo el despojo del vehículo, sino también el corto tiempo en que se efectuó la privación de la libertad, misma que iba encaminada a asegurar la acción por parte de los imputados es decir lograr perpetrar el robo del vehículo tipo taxi, no logrando el objetivo debido a la inmediata intervención policial, siendo rescatado el ofendido cuando se conducía aun en el baúl del vehículo, comportamiento realizado por los agresores que encaja con las reglas de la Psicología, ya que éstos tras apoderarse indebidamente del vehículo y para evitar ser delatados por el conductor del taxi, lo que ciertamente les impediría continuar con su plan, prefirieron asegurarlo en el baúl del vehículo, lugar en donde por una parte estaría siempre resguardado por los agresores y por otra donde no podría dar aviso a la policía, más el plan trazado contó con la afortunada intervención de los agentes policiales M. E. M. y D. A. S. A. (Folio 135) quienes procedieron a la liberación del ofendido, la captura de los sindicados y el decomiso de varias evidencias, entre ellas, el vehículo automotor propiedad del señor O. A. G. V. y del cual fue despojado el señor J. R. B. G.. Declaraciones que aunadas al contenido de la prueba documental consistente en Constancia de propiedad de vehículo extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (Folio No. 108), Actas de Registro Personal (Folios 111 y 112) y Acta de Decomiso (Folio 113) que evidencian el hallazgo y decomiso del vehículo automotor en poder de los ahora encausados. Por lo que la información que se extrae de la prueba testifical y documental referida y valorada por el Tribunal de Instancia, derivan en la participación de los señores C. N. F. M. y J. G. S. en el delito de Robo de Vehículo en su Grado de Ejecución de Tentativa. Consecuencia de lo anterior, la Sala de lo Penal es del criterio que la valoración de la prueba realizada por el A quo, es acorde con una correcta valoración descriptiva que da paso a la valoración intelectiva, realizada de manera ordenada, coherente y derivando la conclusión lógica de la responsabilidad penal de los acusados en los hechos que les fueron imputados. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. V.- DECISIÓN El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Apoderado Legal de los señores C. N. F. M. Y J. G. S., debe ser desestimado.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, en su condición de Coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,la siguiente SENTENCIA en los Recurso de Casación SP 118-2013 por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Apoderado Legal de los señores C. N. F. M. Y J. G. S., contra la Sentencia de fecha diecinueve de abril del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual condenó a los Señores C. N. F. M. Y J. G. S., como autores del delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR TERRESTRE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de J. R. B. G., a la pena de SEIS AÑOS OCHO MESES DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de la Condena y además, se le declara la Responsabilidad Civil de los condenados a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No procede a condenar en Costas Procesales, Personales ni Gastos ocasionados en el juicio. Se decretó el Comiso sobre dos armas de fuego comerciales. Son partes: El Abogado M. R. A. en su condición de Apoderado Legal de los señores C. N. F. M. Y J. G. S. como recurrente; el Abogado J. D. M. U. en su calidad de Representante del Ministerio Público y recurrido. II.- HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día veintitrés de diciembre del año dos mil nueve, antes de las doce del medio día el señor J. R. B. G. conducía un vehículo tipo taxi con placa AAH4862, marca CHEVROLET, tipo turismo, color blanco, serie 1Y15265V2415248, motor 4AL377889, año 1997, propiedad del señor O. A. G. V.; en una de las calles de la ciudad de la Ceiba Departamento de Atlántida, cuando de repente es interceptado por C. N. F. M. y J. G. S. M. quienes portando armas de fuego tipo pistola marca jennings, modelo Beyco 59, calibre 9MM, serie 1362, y arma de fuego tipo pistola marca Ceska, modelo YZOR, calibre 7.62x25mm, serie AZ1 881, abordan el referido taxi y momentos después proceden a quitarle un celular y una cartera a J. R. B. G. y lo introducen al baúl del referido vehículo, donde permaneció por espacio de veinticinco a treinta minutos. SEGUNDO: C. N. F. M. y J. G. S. M. se llevan el vehículo con rumbo a la comunidad de Yaruca de la ciudad de la Ceiba Departamento de Atlántida, donde los Agentes Policiales M. E., M. R. y D. A. S. A., proceden a detenerlos cuando aun conducían el referido vehículo, y proceden a sacar del baúl del carro al señor J. R. B. G.”. III.- RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA SIGUIENTE MANERA: “MOTIVO UNICO: Por haber incurrido el Sentenciador en Violación a las reglas de la sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral uno del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” Por su parte el artículo 336 de mismo cuerpo legal señala: “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados” (lo resaltado es nuestro). PRIMERO. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el ser condenado por puras sospechas, es decir sin contar con pruebas, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable Corte, que la fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, presentó un listado de pruebas, pero con ninguna de ellas se puede acreditar de forma directa la participación de nuestros representados C. N. F. M. Y J. G. S. M. en el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR TERRESTRE en su grado de Ejecución de Tentativa; las pruebas presentadas constituyen meras sospechas con las cuales no puede enervarse el Estado de Inocencia. SEGUNDO: Resulta Honorable Tribunal de Casación, que mis representados fueron condenados por el delito de Robo de Vehículo terrestre en su grado de ejecución de Tentativa sin existir prueba contundente de su participación y mucho menos indicios que nos lleven a la conclusión que, en efecto participaron en los hechos sometidos a juzgamiento. Según la declaración de hechos probados que emitió el Tribunal Sentenciador, estableció que mis representados el día veintitrés de año dos mil nueve, antes de las doce del medio día el Señor J. B. G. conducía un vehículo tipo Taxi con placa AAH4862, marca Chevrolet, Tipo Turismo, color blanco, serie 1YI5265V2415248, año 1997, propiedad del Señor O. A. G. V.; en una de las calles de la ciudad de La Ceiba, Departamento de La Atlántida, cuando de repente es interceptado por C. N. F. M. y J. G. S. M. quienes portando armas de fuego tipo pistola marca Jennings, modelo Beyco 59, calibre 9MM, serie 1362, y arma de fuego tipo pistola marca Ceska, modelo YZOR, calibre 7.62x25mm, serie AZ1881, ABORDAN EL REFERIDO Taxi y momentos después a quitarle celular y una cartera a J. R. B. G. y lo introducen al baúl del referido vehículo, donde permaneció por un espacio de veinticinco a treinta minutos. C. N. F. M. y J. G. S. M. se llevan el vehículo con rumbo a la comunidad de Yaruca de la ciudad de La Ceiba Departamento de Atlántida, donde los agentes policiales Marcial E. M, R. y D. A. S. Á., proceden a detenerlos cuando aún conducían el referido vehículo y proceden a sacar del baúl del carro al señor J. R. B. G., circunstancias que no fueron probadas por los testigos de cargo presentados por el ente fiscal lo cual no acredita la participación de mis encartados para que estos elementos según valoración aislada o por si sola para que puedan enervar el estado de Inocencia. Nuestro reclamo recae precisamente en lo que establece el Tribunal Sentenciador en el acápite VALORACION DE LA PRUEBA en su numeral primero; de la declaración manifestada por el ofendido J. R. B. G. dice: “Que de los hechos no sabe nada, que ha pasado mucho tiempo y no recuerda nada de ellos, que la denuncia la puso cuando los secuestraron cuando andaba taxiando, el andaba trabajando, un muchacho le hizo una parada y le dijo que si hacía un favor de ir a traerle una hermana que estaba enferma para traerla al hospital, mas adelante estaba el otro muchacho, paró y el otro muchacho se subió, le dijeron que era un asalto, lo llevaron a una parte largo, le dijeron que diera la vuelta, dio la vuelta y lo metieron al baúl, que la policía lo sacó del baúl, recuperó los bienes, la policía me los entregó después que los capturaron a ellos”. El Tribunal estima que la declaración del testigo es clara, coherente y bastante descriptiva, narrando cada detalle vivido ese día de los hechos, indicando como mediante engaño uno de los acusado le hace parada, mientras se encontraba conduciendo su vehículo tipo Taxi, en una de las calles de la ciudad de La Ceiba,… después lo despojan del vehículo y lo introducen dentro del baúl referido vehículo Llevándoselo a la comunidad de Yaruca, incidiendo en la libertad ambulatoria del ofendido, señor J. R. B., sin embargo el corto espacio de tiempo en que se efectuó la privación de la libertad fue entre veinticinco a treinta minutos, este aspecto no constituye por si una detención, sino unas circunstancias que puedan dar lugar a coacciones o amenazas que, en su caso constituyen también el medio comisivo de robo…” Evidentemente el sentenciador infringe las reglas de la lógica en su postulado de la derivación, porque el testigo J. R. B. en ningún momento reconoció a nuestros representados C. N. F. M. y J. G. S. M. como las personas que lo despojaron de su vehículo y lo sometieron a tales hechos ilícitos, no existe un reconocimiento en rueda que identifique a los imputados por el ofendido, es de hacer notar que en su declaración manifiesta no recordar nada sobre los hechos y después de manera sorprendente establece detalles que no incluyen la participación de mis representados, el Juez-aquo no puede referir estos razonamientos solamente mediante esta declaración; siguiendo con el análisis de la prueba presentamos la valoración que el Tribunal realiza a la declaración del policía M. E. M. R., donde manifiesta Que sobre los hechos no recuerda mucho, que solo recuerda cuando hicieron una captura de una persona que traían en el taxi, eso fue todo lo que hicieron, cree que hubo una persona que puso la denuncia andaba el taxi, no recuerda muy bien donde andaba la persona. El Juzgador según su valoración intelectiva señala categóricamente que el testigo quiso evadir su declaración, que el mismo falto a la verdad, por razones que efectivamente el Tribunal desconoce; analizada esta declaración como la única prueba periférica que puede corroborar lo dicho por el ofendido se aprecia su evidente contradicción en cada una de sus partes no puede ser valorado para condenar a mis patrocinados, la misma fue incoherente a los hechos supuestos que sucedieron. El Tribunal falta a su razonamiento en cuestionar los móviles del porque el agente no establece la supuesta verdad, el Tribunal asegura sin dar motivaciones específicas que el testigo quiere evadir su declaración. Simple y llanamente se desconoce la forma en sí de valorar la prueba evacuada, lo que no observan los sentenciadores en esta escueta valoración, son las reglas de la sana Crítica, específicamente la “Lógica” en su postulado de la “derivación” debido a que con la prueba evacuada en juicio el sentenciador no puede derivar de ella la certeza de culpabilidad de nuestros representados. Todas y cada una de estas pruebas, no acreditan de forma alguna que los señores C. N. F. M. Y J. G. S. M., hayan participado en los hechos por los cuales fueron condenados; al no contar con esas pruebas corroborativas y lo único que existe en su contra es la deposición de un ofendido y un testigo de la policía que no son específicos y claros en el juicio y que su dicho esta viciada de inconsistencias, esta declaración que por si sola no pueden enervar el Estado de Inocencia ya que constituye una mera sospecha. TERCERO: En conclusión Honorable Tribunal de Casación, las pruebas presentadas en el juicio oral y público son abundantes, pero ninguna es una prueba directa de la participación de nuestra representados C. N. F. M. Y J. G. S. M. en el delito de Robo de Vehículo Terrestre en su grado de ejecución de Tentativa, no se presentó reconocimiento en rueda para acreditar tales hechos o alguna prueba directa que acreditara que nuestros representados haya participado de manera alguna en los hechos a ellos condenados, lo que existen son meras sospechas que por si solas no desvirtúan el Estado de Inocencia de nuestros patrocinados. En consecuencia el sentenciador en los razonamientos antes referidos, violenta las reglas de la sana crítica, yerro éste que debe ser observado por el Tribunal Casacional, razón por lo cual es procedente anular el presente juicio y llevar a cabo un nuevo debate donde el nuevo sentenciador, si observe correctamente las reglas de la sana crítica, por lo que solicitamos que el presente recurso sea declarado con lugar. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante”. IV.- FUNDAMENTACION JURIDICA Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: …3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[1]. En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica. Es éste último sistema de la Sana Crítica el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado anteriormente que “en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[2]. De este modo, “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[3]. Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011; 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social a través de procesos sensibles e intelectuales que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las Leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de identidad establece que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción manda que de las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En la valoración de la prueba, un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de Tercero Excluido: determina que entre dos proposiciones que se niegan entre sí, una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De éste se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. La Sala de lo Penal, ha analizado el registro de la declaración del señor J. R. B. G. (Folio 134) quien manifestó que “… andaba taxiando, andaba trabajando, un muchacho le hizo una parada… más adelante estaba el otro muchacho, paró y el otro muchacho se subió, le dijeron que era un asalto… y lo metieron al baúl... anduve aproximadamente en el baúl entre 25 a media hora…la policía lo saco del baúl”. Con dicha versión se acreditó no solo el despojo del vehículo, sino también el corto tiempo en que se efectuó la privación de la libertad, misma que iba encaminada a asegurar la acción por parte de los imputados es decir lograr perpetrar el robo del vehículo tipo taxi, no logrando el objetivo debido a la inmediata intervención policial, siendo rescatado el ofendido cuando se conducía aun en el baúl del vehículo, comportamiento realizado por los agresores que encaja con las reglas de la Psicología, ya que éstos tras apoderarse indebidamente del vehículo y para evitar ser delatados por el conductor del taxi, lo que ciertamente les impediría continuar con su plan, prefirieron asegurarlo en el baúl del vehículo, lugar en donde por una parte estaría siempre resguardado por los agresores y por otra donde no podría dar aviso a la policía, más el plan trazado contó con la afortunada intervención de los agentes policiales M. E. M. y D. A. S. A. (Folio 135) quienes procedieron a la liberación del ofendido, la captura de los sindicados y el decomiso de varias evidencias, entre ellas, el vehículo automotor propiedad del señor O. A. G. V. y del cual fue despojado el señor J. R. B. G.. Declaraciones que aunadas al contenido de la prueba documental consistente en Constancia de propiedad de vehículo extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (Folio No. 108), Actas de Registro Personal (Folios 111 y 112) y Acta de Decomiso (Folio 113) que evidencian el hallazgo y decomiso del vehículo automotor en poder de los ahora encausados. Por lo que la información que se extrae de la prueba testifical y documental referida y valorada por el Tribunal de Instancia, derivan en la participación de los señores C. N. F. M. y J. G. S. en el delito de Robo de Vehículo en su Grado de Ejecución de Tentativa. Consecuencia de lo anterior, la Sala de lo Penal es del criterio que la valoración de la prueba realizada por el A quo, es acorde con una correcta valoración descriptiva que da paso a la valoración intelectiva, realizada de manera ordenada, coherente y derivando la conclusión lógica de la responsabilidad penal de los acusados en los hechos que les fueron imputados. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. V.- DECISIÓN El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Apoderado Legal de los señores C. N. F. M. Y J. G. S., debe ser desestimado. VI.- RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362. 3) del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Apoderado Legal de los señores C. N. F. M. Y J. G. S.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA PONENTE.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de Mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP118-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Fallo 194-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2001 y 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido el fallo 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011.

[2] Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011.

[3] Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011.