Sentencia CP-11-15 — Registro 5763
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada, contra la sentencia de primer instancia que la condena por dos delitos de abuso de autoridad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."Esta Sala considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. III. Precisados los límites en los que puede desenvolverse la función revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por infracción de ley se refiere, hemos constatado que producto del fallo condenatorio emitido por el A quo, fueron impuestas a la procesada, como penas principales la reclusión de tres (03) años por cada uno de los delitos de abuso de autoridad en concurso real e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena principal, es decir por cada uno de los delitos de abuso de autoridad. Asimismo, le fue impuesta la pena accesoria de Inhabilitación Especial, por el termino de tres (03) años por cada uno de los dos delitos de Abuso de Autoridad por los cuales fue condenada. Este Tribunal de Casación considera pertinente recordar que la pena de inhabilitación especial, como sanción privativa de derechos incluida en el catálogo general del articulo 38 del Código Penal puede imponerse como principal y como accesoria. Lo primero ocurre cuando el código la impone expresamente para determinados delitos y lo segundo, cuando sin imponerlas especialmente, declara en preceptos generales que determinadas penas van acompañadas de otras como accesorias (Art. 63 Código Penal). Partiendo de lo anterior, esta Sala considera que el Tribunal de sentencia al imponer al mismo tiempo la inhabilitación especial como pena principal y accesoria, infringió el principio “Non Bis In Idem”, que “consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado mas de una vez” (Vid. Muñoz Conde, Francisco: “Derecho Penal- Parte General”. 8ª Edición, Editorial Tirant Lo Blanch. Pág. 108). Ya que el Aquo no debió imponer la habilitación especial como pena accesoria, en observancia del principio de legalidad en tanto en cuanto que el 38 párrafo cuarto del Código Penal, establece que:“ La Inhabilitación … especial la impondrá como pena accesoria a la de reclusión, siempre que la ley no la imponga como pena principal en determinado delito”; supuesto que concurre en el caso bajo examen, dado que los tipos penales por los cuales fue condenada la encausada, asignan como pena principal la inhabilitación especial, conforme lo preceptuado en el articulo 349 del Código Penal, derivado de lo cual, resulta que el tribunal de instancia indebidamente aplicó lo establecido en la disposición general del articulo 63 del Código Penal que establece: “ La pena de reclusión que no excediere de cinco (05) años lleva como accesorias las de Inhabilitación especial e interdicción civil, dejando de observar lo previsto en el precitado articulo 38 del texto punitivo, siendo está la disposición aplicable al caso concreto. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo formulado por la Defensa de la procesada N. B. V. debe ser estimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala considera oportuno destacar, tal como lo hizo en las sentencias del 29 de septiembre de 2011 (Expediente de Casación No. 218.-2010) y 25 de noviembre de 2015 (Expediente de Casación No. 43.-2014), que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito; por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris. Por otro lado es importante señalar que no toda omisión de alguna circunstancia fáctica engendra el vicio procesal que estamos abordando, sino sólo de las que recaigan sobre extremos trascendentes para la calificación jurídica, no siendo necesario que los Juzgados y Tribunales recojan en sus sentencias todos y cada uno de los hechos que han quedado probados, sino solamente aquellos que tengan que servir de base o apoyo a los distintos pronunciamientos que el fallo debe contener, de modo que por la omisión de elementos, datos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdad de lo ocurrido, con la lógica consecuencia de que entonces se hace imposible determinar la existencia del delito, la participación concreta del acusado y la concurrencia de circunstancias modificativas[1]. Una lectura detenida de los hechos probados no revela que su redacción acuse la falta de claridad, ya que se narran las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron acontecimientos relevantes para realizar el ejercicio de subsunción, como son la fecha en que se requiriera judicialmente a la acusada para que diera cumplimiento a una sentencia dictada por un Juzgado de Letras del Trabajo competente, su renuencia a cumplir con dicho mandato y el lapso de tiempo que medió entre tal requerimiento hasta que finalmente se reintegró a la señora I. L. en un cargo equivalente al que ejercía cuando fuera despedida injustificadamente. Es cierto que en los hechos probados no consta fecha alguna en que se hubiera practicado un segundo requerimiento a la encausada ni tampoco la fecha precisa del mes de abril de 2009 en que se le asignó a la señora I. L. un cargo equivalente al que ostentaba al momento de su cancelación, pero no es menos cierto que aún en el caso hipotético de que se contara con esos datos, de igual modo se concluiría más allá de toda duda razonable que la imputada N. B. V. incurrió en el delito tipificado en el artículo 349 No. 3) del código penal. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo formulado por la Defensa de la encausada debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciséis, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO a la señora N. B. V., a la pena de SEIS (06) AÑOS DE RECLUSION por dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, (3 AÑOS CADA UNO)en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. -2) CONDENANDO a la señora N. B. V., a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL por el doble de tiempo de la pena principal y la privación del ejercicio del sufragio por el término de tres (03) años por cada delito por los cuales fue condenada, así como la INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal.3)NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.4) DECLARO la responsabilidad civil de la imputada N. B. V..-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley Y Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. E. S. C.en su condición de Apoderado Defensor de la acusada N. B. V..- INTERVIENEN: El Abogado J. E. S. C., actuando en su condición de Apoderado Defensor de la encausada N. B. V. y parte recurrente y la Abogada M. E. G. , en su calidad de Agente de Tribunales del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: La señora I. M. H. inició su relación de trabajo con la Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR) el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos, en el cargo de Gerente de Recursos Humanos, cargo en el cual fue cancelada de manera injustificada el uno (1) de Septiembre del año dos mil seis (2006) por la entonces Gerente General de dicha Empresa, señora M. L. R.. Asimismo la señora F. M. R. inició su relación laboral con la Empresa de Correos (HONDUCOR) el veintinueve (29) de Octubre del año dos mil tres (2003) en el cargo de Administradora de la Empresa en referencia, en la ciudad de Comayagua, Departamento del mismo nombre, siendo cancelada de su cargo de manera injustificada en fecha dieciséis (16) de Julio del año dos mil siete (2007). SEGUNDO: En virtud de su despido, las señoras I. M. H. y F. M. R. en forma individual agotaron las instancias administrativas y judiciales para lograr su reintegro a sus respectivos cargos, recayendo así las sentencias definitivas de fecha quince y veintidós de abril, ambas del año dos mil ocho, dictadas por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo mediante la cual se condenó a la empresa de Correos de Honduras a través de su Gerente General N. B. V. a reintegrar a la señora I. M. H. L. Y F. M. respectivamente, por lo menos en las mismas condiciones que tenían al momento de su despido y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que fueron reintegradas las señoras en referencia. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, la señora N. B. V. fue requerida en fecha siete (7) de Octubre del año dos mil ocho por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo a fin de dar cumplimiento al reintegro ordenado por dicha judicatura a favor de la señora I. M. H. L., a lo cual la señora N. indicó que la señora H. se reintegraría en otro puesto, pero no en el de Recursos Humanos. Posteriormente el diecisiete (17) de Octubre del año dos mil ocho (2008), la señora N. B. procedió a levantar un acta de reintegro en la que se indicaba que reintegraba a la señora I. M. H. en la Agencia Postal de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa, desconociendo así lo ordenado en la sentencia de fecha quince (15) de abril del año dos mil ocho, en cuanto a asegurar el respeto de las condiciones que ésta tenía hasta el momento de su despido, por lo que la señora I. M. H. se negó a aceptar el reintegro a sus labores bajo esas condiciones. Por tal razón en fecha veinte (29) de octubre del año dos mil ocho (2008) el Juzgado de Letras Primero del Trabajo ordenó que se requiriera nuevamente la señora N. B. para que ejecutara la sentencia proferida, siendo así como finalmente el mes de Abril del año dos mil nueve (2009), la señora I. M. H. fue asignada al puesto de Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Empresa HONDUCOR. CUARTO: En fecha veintiuno de julio del año dos mil ocho (2008) el Juzgado de Letras Primero del Trabajo ordenó requerir a la señora N. B. V. para que procediera a realizar el reintegro de la señora F. M. R.. Dicha resolución fue ejecutada en fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil ocho (2008) manifestando la señora N. B. que la señora M. no se reintegraría al mismo puesto porque no cumple con sus funciones y que se reintegraría a otras funciones el día veintiuno (21) de Agosto del año dos mil ocho (2008), por lo que el Juzgado de Letras Primero del Trabajo ordenó realizar un nuevo requerimiento a la señora N. B. el nueve de Septiembre del año dos mil ocho (2008), quien manifestó nuevamente que se reintegraría a la señora M. con el mismo salario pero no con las mismas condiciones. Finalmente la señora N. B. procedió al reintegro de la señora F. con el mismo salario pero con la función de Atención a la Ventanilla de la Agencia, funciones que se encuentran por debajo de las que ésta anteriormente desempeñaba como Administradora de la Empresa, desconociendo así la señora N. B. lo ordenado en la Sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil ocho (2008) en cuanto a asegurar el respeto de las condiciones que ésta tenía hasta el momento de su despido.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado J. E. S. C. en su condición de Apoderado Defensor de la señora N. B. V., es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-EL RECURRENTE A. J. E. S. C., ACTUANDO EN SU CONDICION DE APODERADO DEFENSOR DE LA SEÑORA N. B. V., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: “CASACION EN EL FONDO. PRIMER MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del artículo 63, en relación al 38 y preámbulo del artículo 349 del Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del artículo 360 del Código procesal penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las normas de orden sustantivo citados como infringidas, por su orden textualmente dicen: “Artículo 63. La pena de reclusión que no excediere de cinco años lleva como accesorias las de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. “Artículo 38. Las penas se dividen en principales y accesorias: Son penas principales: la reclusión, la prisión, la multa, la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial. Son penas accesorias: la interdicción civil y el comiso. La inhabilitación absoluta o la especial se impondrán como pena accesoria a la de reclusión, siempre que la ley no la imponga como pena principal en determinado delito.” Artículo 349. “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público…… que:”, Por su parte el Tribunal Sentenciador estableció en el pronunciamiento quinto de los Fundamentos Jurídicos de la sentencia: “Por otra parte, el artículo 63 y 64 del Código Penal establecen que cuando se imponga pena que no exceda de cinco años de reclusión, siempre deberá imponerse como pena accesoria la Inhabilitación Especial y la Interdicción Civil por el tiempo de la condena, así como también comprende el comiso y el pago de costas en los casos que sea aplicable. En tal sentido cabe pronunciarse separadamente sobre cada una de ellas: Como la imposición de la pena accesoria de Inhabilitación especial, implica para el penado, 1) La privación del cargo u ofició, derecho o ejercicio de la profesión sobre la cual recae; asimismo de un derecho de que estuviere en posesión el penado; 2) La incapacidad para obtener dicho cargo, oficio, derecho, profesión u otros análogos. En el presente caso al haberse acreditado la participación de la señora N. B. en dos casos de Abuso de Autoridad en razón de su cargo de Gerente General de la Empresa de Correos de Honduras es procedente privarla del ejercicio del cargo por el doble del tiempo que dure la pena de reclusión la cual se contempla como pena principal por la naturaleza del delito. Y como pena accesoria procede privarla del ejercicio del sufragio como derecho político de establecido en los artículos 37 numeral 1) y 40 numeral 3) de la Constitución de la República, por lo que ninguna actuación dirigida a ejercer este derecho podrá ser llevada a cabo por ésta.” Como consecuencia de lo anterior, en los pronunciamientos segundo y tercero de la parte dispositiva falló: “SEGUNDO: CONDENAR como en efecto CONDENAMOS a la señora N. B. V.a la pena de Inhabilitación Especial como pena principal establecida para este delito por el cual ha sido condenada por el doble del tiempo de la pena principal, es decir por seis años por cada uno de los delitos de abuso de autoridad por los que es condenada, es decir que dicha pena de privación del cargo de Gerente General tendrá una duración de DOCE (12) años de Inhabilitación especial. TERCERO: CONDENAR como en efecto CONDENAMOS a la señora N. B. V., como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL, consistente en la privación del ejercicio del sufragio por el término de TRES (3) años por cada uno de los dos delitos de Abuso de Autoridad por el cual ha sido condenada; e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional.” La aplicación indebida como forma de infracción de ley, es precisamente la aplicación por parte del sentenciador de leyes ajenas a la cuestión debatida, caracterizando en forma distinta de la propia y verdadera relación de derecho que se discute. La sentencia ha aplicado la Ley en forma indebida al sancionar los delitos de condena, aplicando el artículo 63 del Código Penal citado como infringido, pues bajo la interpretación que efectuó el sentenciador condena a mi defendida doblemente a la pena de inhabilitación especial, es decir, ha aplicado esta pena al mismo tiempo como principal y como accesoria, cuando en el pronunciamiento segundo de la parte dispositiva la condena a 12 años de inhabilitación especial para el cargo de Gerente General de HONDUCOR y al propio tiempo como pena accesoria de inhabilitación especial le impone la privación por 6 años del ejercicio del sufragio. En este contexto el artículo 349 citado, establece para los delitos de condena, la pena de reclusión y la de inhabilitación especial, y la norma citada en relación, es decir, el artículo 38 que legalmente clasifica las mismas, establece como regia general en su párrafo final que “la inhabilitación absoluta o la especial se impondrá como pena accesoria a la de reclusión, siempre que la ley no la imponga como pena principal en determinado delito” (el subrayado es nuestro). Siendo el caso de que el artículo 349 prevé la pena de inhabilitación especial como principal, se aplica la regla general del párrafo final del artículo 38 citado, aun sin desconocer la regla del artículo 63 del mismo Código Penal, que sin lugar a dudas no es aplicable en el presente caso, precisamente por la regla del artículo 38 que manda que esta pena de inhabilitación especial sólo se lo imponga como accesoria a la de reclusión siempre que la ley no la imponga como pena principal. Por otra parte la sanción de privación del derecho de sufragio de mi defendida es indefectiblemente exagerada y fuera del ámbito de protección de la norma que tipifica y sanciona el delito de abuso de autoridad, pues en este caso concreto, partiendo de los hechos probados de la sentencia, se debatió y condenó por abuso de autoridad conforme al suprarrelacionado 349.13 del Código Penal, donde concretamente se fijan dos penas para sancionar el supuesto de hecho considerado antijurídico (la reclusión y la inhabilitación especial(, ambas como penas principales, por eso se afirma jurídicamente hablando, que la doble aplicación de esta pena es gravosa y muy fuera del marco de protección del delito de abuso de autoridad sancionado. En el mismo sentido la doble aplicación de la pena de inhabilitación especial constituye un ne bis in idem, prohibido por nuestra carta fundamental en su artículo 95, que agrava la condena de mérito y priva de un derecho político fundamental a mi defendida. La interpretación pretendida en el presente motivo, es la que, en aplicación del párrafo final del artículo 38 del Código Penal, en relación al 349.13, se aplique únicamente la pena de inhabilitación especial a mi mandante como pena principal, declarando la inaplicabilidad del artículo 63 del mismo instrumento sustantivo por implicar una doble sanción que agrava la situación de mi defendida.” III.-EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU: “SEGUNDO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del artículo 349.3 en relación al párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las normas de orden sustantivo citadas como infringidas textualmente dicen:
“Artículo 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 3) Omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo”.
Artículo 13. “. . .El delito es doloso, cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan...”. Por su parte, la sentencia impugnada, establece en sus hechos probados como verdades incuestionables, lo siguiente: “SEGUNDO: En virtud de su despido, las señoras I. M. H. y F. M. R. en forma individual agotaron las instancias administrativas y judiciales para lograr su reintegro a sus respectivos cargos, recayendo así las sentencias definitivas de fecha quince y veintidós de abril, ambas del año dos mil ocho, dictadas por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo mediante la cual se condenó a la Empresa de Correos de Honduras a través de su Gerente General N. B. V. a reintegrar a las señoras I. M. H. L.z y F. M. respectivamente, por lo menos en las mismas condiciones que tenían al momento de su despido y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que fueron reintegradas las señoras en referencia”.
“TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, la señora N. B. V. fue requerida en fecha siete (07) de octubre del año dos mil ocho por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo a fin de dar cumplimiento al reintegro ordenado por dicha judicatura a favor de la señora I. M. H. L., a lo cual la señora N. indicó que la señora H. se reintegraría en otro puesto, pero no en el de Recursos Humanos. Posteriormente el diecisiete (17) de octubre del año dos mil ocho (2008), la señora N. B. procedió a levantar un acta de reintegro en la que se indicaba que reintegraba a la señora I. M. H. en la Agencia Postal de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa, desconociendo así lo ordenado en la sentencia de fecha quince (15) de abril del año 2008 en cuanto a ,asegurar el respeto de las condiciones que ésta tenía hasta el momento de su despido, por lo que la señora I. M. H. se negó a aceptar el reintegro a sus labores bajo esas condiciones. Por tal razón en fecha 29 de octubre del año 2008 el Juzgado de Letras Primero del Trabajo ordenó que se requiriera nuevamente la señora N. B. para que ejecutara la sentencia proferida, siendo así como finalmente el mes de abril del año dos mil nueve (2009) la señora I. M. H. fue asignada al puesto de Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Empresa HONDUCOR.” Que tal y como lo refiere el juzgador en estos hechos probados y en el apartado de Valoración de la Prueba (F. 25 de la sentencia), en el juicio quedó acreditado: Que la señora I. M. H. fue cancelada de manera injustificada del cargo de Gerente de Recursos Humanos de HONDUCOR, el uno de septiembre del año 2006 por la entonces Gerente General Mima Lizeth Rosales. Mediante sentencia definitiva de 15 de abril de 2008, se ordenó a HONDUCOR el reintegro de la señora I. M. H. L., por lo menos en las mismas condiciones que tenía antes del despido de que fue objeto. Que mi defendida N. B. V. fue requerida en 7 de octubre de 2008 por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo a fin de dar cumplimiento al reintegro ordenado, a lo cual mi defendida manifestó que la reintegraría a otro puesto de trabajo no en el de Recursos Humanos, naturalmente porque este ya estaba siendo ocupado por otro empleado. En 17 de octubre de 2008, mi defendida en su condición de Gerente de HONDUCOR, ordenó se levantara un acta de reintegro de la trabajadora I. M. H. L. en la Agencia Postal de la Colonia Kennedy, puesto de trabajo que la señora I. M. H. no aceptó. En 20 de octubre de 2008, en Juzgado ordenó se requiriera nuevamente a mi defendida N. B. para el reintegro de la señora M. I. H., por lo que en el mes de abril de 2009 fue asignada al puesto de Gerencia de Planificación de Desarrollo de HONDUCOR, respetándole sus derechos y condiciones de trabajo. La aplicación indebida de los preceptos de orden sustantivo citados, es decir, los artículos 349.3 y párrafo segundo del artículo 13 del Código Penal, se presenta cuando el sentenciador sostiene que en la ejecución de la sentencia laboral que ordenó el reintegro de la señora I. M. H., se realizó mediante un “retardo” injustificado y no de manera inmediata que califica como doloso en la fundamentación jurídica, y que por ello se afirma el elemento objetivo del tipo penal aplicado. Es bien cierto que medió desde el primer requerimiento un lapso de tiempo considerable cercano a los 6 meses para que se efectuara el reintegro, en las condiciones ordenadas por la sentencia y aceptadas por la trabajadora, pero fue probado en juicio, en primer lugar que el reintegro se ordenó por lo menos las mismas condiciones que tenia la trabajadora al momento del despido; en segundo lugar, que a la señora I. M. H. desde que se efectuó el primer requerimiento para el reintegro a mi defendida en 7 de octubre de 2008, se le pretendió colocar si bien en un cargo distinto, se le mantenía su sueldo y condiciones de trabajo, debido a que el de Gerente de Recursos Humanos estaba ya ocupado por otra empleada, pero ella rehusó ocuparlo y reintegrarse; en tercer lugar, que mi defendida tras el último requerimiento efectuado para el reintegro, que fue el 20 de octubre de 2008, procedió a asignarle a la señora I. M. H. el puesto de Gerente de Planificación y Desarrollo de HONDUCOR, manifestándole las mismas condiciones de trabajo que tenía en un cargo de jefatura, lo que fue aceptado por ella, no obstante que con posterioridad haya decidido retirarse de la empresa. Toda esta relación de hechos recogida en el cuadro fáctico de la sentencia impugnada nos demuestra que si bien hubo cierto retraso en el cumplimiento de la sentencia de reintegro, la misma (sentencia laboral) fue cumplida por mi mandante en la forma ordenada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo; esto es que la señora I. M. H., fue reintegrada en las misma condiciones que tenia al momento del despido, en el cargo de Gerente de Planificación y Desarrollo, reconociéndole legalmente los aumentos de salario a que tenía derecho. Si esto fue así honorables Magistrados, no puede sostenerse entonces que el retardo de que parte el sentenciador para condenar, sea injustificado y doloso, veamos: La tipicidad penal es parte sustancial de todo delito, que además, es una garantía al principio de legalidad, se divide en tipo objetivo y tipo subjetivo. Pues bien, este último, el tipo subjetivo, requiere la comprobación de que los efectos provocados por la acción u omisión ejecutada, sean imputables al sujeto (en este caso a mi defendida) a título de dolo, elemento éste que exige, a su vez, la concurrencia del conocimiento y voluntad. Recuérdese que es el tipo subjetivo, que viene a limitar los efectos de la casualidad ciega y en seria crisis. Respecto al elemento volitivo, para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario además querer realizarlos”[1]. Como se reconoce en el hecho probado Tercero, finalmente mi defendida reintegró a la señora I. M. H. al puesto de de Gerencia de Planificación y Desarrollo, en las condiciones ordenadas por la sentencia laboral, el consecuencia nunca quiso realizar los elementos típicos del delito impugnado, con lo que queda claro que no actuó dolosamente, puesto que si se hubiera propuesto realizar el delito hubiera llegado hasta las últimas consecuencias negando e reintegro de la trabajadora relacionada, pero todo lo contrario mantuvo el sueldo y le ofreció otros puestos de trabajo que ella no aceptó hasta que finalmente siempre cumpliendo la orden judicial fue reintegrada al puesto ya indicado, con reconocimiento de los aumentos de salario que le correspondían, en ese sentido, no se afirma el elemento volitivo del dolo para calificar el delito de abuso de autoridad imputado. En relación a este punto, el maestro J. M. P. M. cuando se desempeñó como Asesor del Ministerio Público, por encargo del Fiscal General de aquel momento, preparó precisamente por el alcance extensivo que se hacía del delito de Abuso de Autoridad, un documento denominado “Premisas Fundamentales”, donde hace un análisis científico del artículo 349 del Código Penal, y en su parte medular escribió: “…..De lo anterior se desprende que este delito puede configurarse por acción o por omisión. O sea, pues, que debe darse un comportamiento en el que claramente aparezca alguna de las hipótesis antes expuestas, es decir, que el sujeto activo dicte o ejecute cualquiera de las acciones señaladas, que sean contrarias a la constitución o a las leyes, o se abstenga de cumplir lo dispuesto en cualquiera de los dos ordenamientos, estando obligado a ello. Es importante señalar que si hasta ahí se llegara en el análisis para determinar si se ha cometido delito, los empleados y funcionarios estarían cometiendo ilícitos penales con suma frecuencia. Ejemplos: El juez que no dicte auto de prisión o sobreseimiento inmediatamente después de la audiencia inicial; el Fiscal que no solicita el sobreseimiento el día y hora para la celebración de la Audiencia Preliminar....; Los Magistrados de Segunda Instancia que confirman un auto de prisión y después la Corte Suprema de Justicia, lo considera violatorio del precepto constitucional y otorga amparo; Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que retengan un expediente arrastrado Ad-efectum videndi por más de setenta y dos horas; el policía que no le haga saber a un detenido sus derechos; en fin, los ejemplos serían incontable s y las cárceles serían insuficiente para colocar a tanto funcionario o empleado.” Abusivo”. Ahora bien, eso no podría suceder porque el tipo no se ha completado, puesto que la tipicidad no se agota con la presencia de los elementos señalados, es decir, que no basta que se produzcan hechos que se puedan subsumir en la previsión legal. ¿Qué es lo que falta? El tipo subjetivo, es decir que se establezca que se actuó con dolo, ó sea, hablando del abuso de autoridad con conocimiento del ámbito de correcto desempeño de las funciones y voluntad de no someterse al mismo. De culpa no cabe hablar porque no existe la figura culposa de este delito. Puede un funcionario dictar una resolución que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pero si no aparece que haya actuado con dolo, no cometería delito, por muy contraria que sea una resolución a la constitución o las Leyes, si no hay dolo, estaríamos frente a una conducta atípica y, por lo tanto, no punible.
Pero, además, vale la pena aclarar cuando una acción es contraria a la Constitución o las Leyes. La antijuricidad desde el punto de vista formal en cuanto al delito que estamos analizando, se produce cuando se da cualquiera de las hipótesis que arriba hemos expuesto. Desde el punto de vista material para que haya antijuridicidad es necesario que se produzca lesión del bien jurídico protegido. Con relación al delito de abuso de autoridad, ¿Cuál es ese bien jurídico? Muy sencillo, la administración pública, vale decir el correcto funcionamiento de la administración. Pero es necesario aclarar que con el delito que nos ocupa no se trata de proteger el correcto funcionamiento de la administración por sí sola, dado que ésta no es un fin en sí mismo, sino que un medio para lograr eficientemente el objetivo fundamental de la administración: la prestación de servicios a los ciudadanos. Es así que hablando de antijuridicidad material no basta con la lesión del bien jurídico “buen funcionamiento de la administración”, sino que como consecuencia de ello, para que haya delito, debe haber lesión materialmente determinable a otro bien jurídico; por ejemplo, con una conducta muy evidentemente abusiva se lesiona la propiedad de un ciudadano. Es interesante hacer un argumento semántico: si hablamos de abuso de autoridad, hay que entender, es lo lógico, que ese abuso se da de parte de la autoridad con relación a los ciudadanos; no se puede aceptar un abuso de autoridad en abstracto, sin sujeto pasivo; suena absurdo oír, por ejemplo: tal autoridad abusó, hasta ahí, sin decir en perjuicio de quien, y no puede ser en perjuicio de la Administración Pública como se acostumbraba a decir, pues esta es el bien jurídico y no puede ser el sujeto pasivo.
La lesión (desvalor de resultado) debe responder o poseer identidad o conexión con la acción ejecutada (desvalor de acción). La relación debe ser tal, que nos permita afirmar que ese desvalor de resultado es consecuencia del desvalor de la acción aisladamente, nos reconduce a la aplicación de un derecho penal de autor, no concordante con los sistemas penales denominados democráticos...”. El análisis del maestro Palacios Mejía, nos permite recordar la necesidad de acreditar el dolo y la lesión material de otro bien jurídico concreto y distinto a la Administración Pública, para afirmar el delito de Abuso de Autoridad, lo que no es posible, con relación al dolo por el conjunto de razonamientos ya expuestos en el presente Recurso, y respecto a la lesión de un bien jurídico concreto, tampoco se puede apreciar, en tanto que la señora M. I. H. fue reintegrada al puesto de Gerente de Planificación y Desarrollo de HONDUCOR, reconociéndole su sueldo anterior, estatus laboral y hasta los aumentos generales que se autorizaron en HONDUCOR cuando ella estaba fuera de la institución por efectos del despido de que fue objeto, pero injustamente hablando en abstracto, es decir, en términos generales, se hace ver un supuesto desconocimiento(incumplimiento) doloso de la sentencia laboral por parte de mi defendida, y que por ello se produjo perjuicio al bien jurídico protegido, que no fue ni puede ser determinado conforme a las exigencias de la ciencia jurídico penal para efectos de afirmar la antijuridicidad material del tipo de abuso de autoridad, en los términos que lo exige el artículo 2-C del Código Penal, que regula el principio de Lesividad[2](Nulla necesitas sine injuria), mismo que implica que si una conducta no produce la lesión de un bien jurídico o lo pone en peligro efectivo, no cubre la exigencia del principio de necesidad, y por ende la conducta no es punible, en el caso examinado la trabajadora demandante aunque con cierto retraso fue reintegrada respetándole su estatus y demás derechos, conforme lo disponía la sentencia laboral de mérito, por consiguiente, ante la ausencia de dolo y lesividad, no cabe más que absolver, en los términos que se ha dejado demostrado.” IV.-SIGUE MANIFESTANDO EL ABOGADO RECURRENTE EN SU: “CASACION EN LA FORMA. TERCER MOTIVO: Falta de claridad y precisión de los hechos probado de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.1 del Código Procesal Penal. Para efectos del presente motivo se cita como infringido el artículo 338, regla cuarta, numeral, en relación con el artículo 141 párrafo segundo y tercero del Código Procesal Penal, que textualmente dice: “Artículo 338: Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. “Artículo 141: …..Los autos y las sentencias tanto interlocutorias corno definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. Por su parte la sentencia impugnada en el hecho probado Tercero textualmente dice: “TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, la señora N. B. V. fue requerida en fecha siete (07) de octubre del año dos mil ocho por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo a fin de dar cumplimiento al reintegro ordenado por dicha judicatura a favor de la señora I. M. H. L., a lo cual la señora N. indicó que la señora H. se reintegraría en otro puesto, pero no en el de Recursos Humanos. Posteriormente el diecisiete (17) de octubre del año dos mil ocho (2008), la señora N. B. procedió a levantar un acta de reintegro en la que se indicaba que reintegraba a la señora I. M. H. en la Agencia Postal de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa, desconociendo así lo ordenado en la sentencia de fecha quince (15) de abril del año 2008 en cuanto a asegurar el respeto de las condiciones que ésta tenía hasta el momento de su despido, por lo que la señora I. M. H.se negó a aceptar el reintegro a sus labores bajo esas condiciones. Por tal razón en fecha 29 de octubre del año 2008 el Juzgado de Letras Primero del Trabajo ordenó que se requiriera nuevamente la señora N. B. para que ejecutara la sentencia proferida, siendo así como finalmente el mes de abril del año dos mil nueve (2009) la señora I. M. H. fue asignada al puesto de Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Empresa HONDUCOR.” De este hecho declarado probado por el sentenciador no quedan claros dos puntos de hecho muy importantes que fueron objeto de debate, que son: La fecha y hora en que el Juzgado ejecutó la orden de requerimiento a que se refiere la resolución de 29 de octubre de 2008, es decir, la fecha en que el Receptor del Juzgado requirió por segunda vez a mi defendida para el reintegro de Doña I. M. H., pues en el hecho probado sólo se declara que “por tal razón en fecha 29 de octubre del año dos mil ocho (2008) el Juzgado de Letras Primero del Trabajo ordenó que se requiriera nuevamente a la señora N. B.….“ Esta omisión es grave porque se condena a mi defendida por el supuesto incumplimiento de la sentencia laboral que ordenó el reintegro, sin establecer en forma precisa y terminante la fecha y la hora del segundo requerimiento en que se fundamenta para ponderar tal retardo calificado de injustificado. No se establece en la parte final de este hecho probado, con claridad y precisión la fecha y la hora en que la señora I. M. H. fue reintegrada y asignada al puesto de Gerencia de Planificación y Desarrollo de la empresa HONDUCOR; no obstante que con la prueba documental que obra a Folio 199/86[3] se acreditó debidamente este punto de hecho que igualmente es de trascendencia para litis, en tanto se condena a mi defendida por el retraso en el cumplimiento de la sentencia laboral que ordenó el reintegro. Este alto Tribunal de Justicia en reiteradas precedentes entre ellos, la Sentencia de Casación penal 172-94 ha establecido: “Que la declaración de hechos probados es la piedra angular de la sentencia en materia criminal, y debe ser clara y terminante, de manera tal que el Juzgador pueda, después, subsumir esos hechos en determinadas normas; y así el fallo sea un solo todo en el que aspectos fácticos y fundamentos jurídicos se conjuguen para constituir la base de sustentación de la parte resolutiva”. De acuerdo con el precepto penal de orden procesal citado como infringido, la sentencia penal debe contener la declaración de hechos probados en forma expresa y terminante, descritos con claridad, precisión y coherencia; pues bien en la sentencia objetada no se ha cumplido este requisito que es de forma y contenido de la sentencia de acuerdo al CPP y que constituye un presupuesto esencial para la validez como bien lo indican los párrafos segundo y tercero del artículo 141 citado en relación, las sentencias definitivas contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, que expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. Al no establecer el hecho probado censurado la fecha y hora del segundo requerimiento para el reintegro de I. M. H., efectuado a mi defendida cuando se desempeñaba como Gerente de HONDUCOR, y la fecha y hora en que ésta trabajadora fue reintegrada finalmente a su puesto de trabajo, estando ambos extremos debidamente acreditados, y tratándose la misma de una sentencia condenatoria por el delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 349.3 del Código Penal, utilizando como fundamento de que hubo un retraso injustificado en el cumplimiento del reintegro laboral ordenado, se afirman la falta de claridad, y precisión, de la fundamentación fáctica de la sentencia,[4] que naturalmente incide en la decisión de condena proferida, en tanto que para sostener el retraso injustificado que da lugar a la violación de los deberes del cargo que ostentaba mi mandante se hace preciso conocer con precisión ambas circunstancias ya citadas y que efectivamente se encuentran probadas en el presente proceso, en la forma que se ha dejado demostrada.” I. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA PROCESADA N. B. V. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 63, EN RELACIÓN CON LOS ARTICULOS 38 Y PREAMBULO DEL 349 DEL CODIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. I. El recurrente denuncia la aplicación indebida del artículo 63, en relación al 38 y preámbulo del artículo 349 del código penal vigente. En síntesis, el recurrente sostiene que la infracción se ha producido en tanto en cuanto que el Tribunal de instancia impuso a la encartada la pena de inhabilitación especial doblemente, es decir, como pena principal y al mismo tiempo como accesoria. Señala que artículo 349 del código penal que tipifica el delito de abuso de autoridad en sus diversas modalidades sanciona el mismo con las penas principales de reclusión e inhabilitación especial. Por otro lado cita que al tenor de lo previsto en el artículo 38 del mismo texto punitivo “la inhabilitación absoluta o la especial se impondrá como pena accesoria a la de reclusión, siempre que la ley no la imponga como pena principal en determinado delito”. II. Esta Sala considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. III. Precisados los límites en los que puede desenvolverse la función revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por infracción de ley se refiere, hemos constatado que producto del fallo condenatorio emitido por el A quo, fueron impuestas a la procesada, como penas principales la reclusión de tres (03) años por cada uno de los delitos de abuso de autoridad en concurso real e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena principal, es decir por cada uno de los delitos de abuso de autoridad. Asimismo, le fue impuesta la pena accesoria de Inhabilitación Especial, por el termino de tres (03) años por cada uno de los dos delitos de Abuso de Autoridad por los cuales fue condenada. Este Tribunal de Casación considera pertinente recordar que la pena de inhabilitación especial, como sanción privativa de derechos incluida en el catálogo general del articulo 38 del Código Penal puede imponerse como principal y como accesoria. Lo primero ocurre cuando el código la impone expresamente para determinados delitos y lo segundo, cuando sin imponerlas especialmente, declara en preceptos generales que determinadas penas van acompañadas de otras como accesorias (Art. 63 Código Penal). Partiendo de lo anterior, esta Sala considera que el Tribunal de sentencia al imponer al mismo tiempo la inhabilitación especial como pena principal y accesoria, infringió el principio “Non Bis In Idem”, que “consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado mas de una vez” (Vid. Muñoz Conde, Francisco: “Derecho Penal- Parte General”. 8ª Edición, Editorial Tirant Lo Blanch. Pág. 108). Ya que el Aquo no debió imponer la habilitación especial como pena accesoria, en observancia del principio de legalidad en tanto en cuanto que el 38 párrafo cuarto del Código Penal, establece que:“ La Inhabilitación … especial la impondrá como pena accesoria a la de reclusión, siempre que la ley no la imponga como pena principal en determinado delito”; supuesto que concurre en el caso bajo examen, dado que los tipos penales por los cuales fue condenada la encausada, asignan como pena principal la inhabilitación especial, conforme lo preceptuado en el articulo 349 del Código Penal, derivado de lo cual, resulta que el tribunal de instancia indebidamente aplicó lo establecido en la disposición general del articulo 63 del Código Penal que establece: “ La pena de reclusión que no excediere de cinco (05) años lleva como accesorias las de Inhabilitación especial e interdicción civil, dejando de observar lo previsto en el precitado articulo 38 del texto punitivo, siendo está la disposición aplicable al caso concreto. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo formulado por la Defensa de la procesada N. B. V. debe ser estimado. II. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU SEGUNDO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCARTADA N. B. V. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 349 No.3) EN RELACION AL ARTÍCULO 13 PARRAFO SEGUNDO DEL CODIGO PENAL.PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. I. El recurrente invoca como infringido por aplicación indebida, el artículo 349.3 en relación al párrafo segundo del artículo 13, ambos del Código Penal. El Censor considera que la infracción se produce, cuando el sentenciador sostiene de manera errónea que en la ejecución de la sentencia laboral que ordenó el reintegro de la señora I. M. H., se realizó con un “retardo” injustificado y no de manera inmediata por lo que su comportamiento fue doloso, basándose para sustentar tal afirmación en la circunstancia de que desde el primer requerimiento hasta el reintegro de la señora I. L. H. transcurrió un lapso de tiempo considerable, cercano a los 6 meses. El recurrente sostiene que en primer lugar fue probado en juicio, que el reintegro ordenado por el Juzgado de Letras del Trabajo se dispuso que lo fuera por lo menos en las mismas condiciones que tenia la trabajadora al momento del despido; en segundo lugar, que desde que se efectuó el primer requerimiento a la imputada en fecha 7 de octubre de 2008, ésta intento colocar a la empleada, si bien en un cargo distinto, con el mismo sueldo y condiciones de trabajo, debido a que el cargo de Gerente de Recursos Humanos estaba ocupado por otra persona, reintegro que la señora I. L. rehusó; y en tercer lugar, que tras ordenarse el último requerimiento judicial el 20 de octubre de 2008, se procedió a asignarle a la señora I. M. H.el puesto de Gerente de Planificación y Desarrollo de HONDUCOR, es decir, en las mismas condiciones de trabajo que tenía al momento de su despido, en el que desempeñaba un cargo de jefatura, lo que fue aceptado por ella, no obstante que con posterioridad haya decidido retirarse de la empresa. El Censor considera que toda esta relación de hechos recogida en el cuadro fáctico de la sentencia impugnada demuestra que si bien hubo cierto retraso en el cumplimiento de la sentencia de reintegro, la misma fue ejecutada por la encausada en la forma ordenada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán; de tal manera que la señora I. M. H., fue reintegrada en las misma condiciones que tenia al momento del despido, en el cargo de Gerente de Planificación y Desarrollo de HONDUCOR, reconociéndole legalmente los aumentos de salario a que tenía derecho; de ahí que a su juicio no puede sostenerse entonces que el retardo del que parte el sentenciador para condenar, sea injustificado y doloso. Asimismo sostiene que tampoco se puede apreciar la lesión de un bien jurídico concreto, en tanto que la señora M. I. H. fue reintegrada al puesto de Gerente de Planificación y Desarrollo de HONDUCOR, reconociéndole su sueldo anterior, estatus laboral y hasta los aumentos generales que se autorizaron en dicha institución cuando ella estaba fuera de la institución por efectos del despido de que fue objeto, pero injustamente hablando en abstracto, es decir, en términos generales, erróneamente se atribuye a la señora N. B. el incumplimiento doloso una sentencia laboral y con ello se tiene por acreditado un perjuicio inexistente para al bien jurídico protegido, que no fue ni puede ser determinado conforme a las exigencias de la ciencia jurídico penal para efectos de afirmar la antijuricidad material del tipo de abuso de autoridad, en los términos que lo exige el artículo 2-C del Código Penal, que regula el principio de Lesividad, por consiguiente, ante la ausencia de dolo y lesividad, no cabe más que absolver a la encausada. II. En el caso bajo examen se atribuye a la encartada N. B. V. el delito tipificado en el artículo 349 No. 3) del código penal que se describe como el comportamiento del funcionario o empleado público que omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, infracción que tiene correspondencia con el artículo 248 del código penal argentino que sanciona al funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. Para esta Sala resulta ilustrativo lo expuesto por el penalista argentino FONTAN BALESTRA al referirse a una de las modalidades de lo que genéricamente se conoce como abuso de autoridad, señalando que el comportamiento consiste en omitir, rehusar hacer o retardar algún acto propio de sus funciones, indicando que los verbos empleados para definir el hecho denotan claramente que se trata de un delito de omisión pura. En opinión del autor antes citado, la consumación tiene lugar con el acto omisivo, sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna. Cuando se trata del retardo y existe un término prescrito o fijado, el perfeccionamiento del delito coincide con el de la expiración de ese término. A falta de él, al finalizar el tiempo útil para que el acto produzca sus efectos normales, aun cuando el retardo no determine la invalidez del acto sucesivamente cumplido[5]. En similares términos se pronuncia el tratadista argentino CREUS, al expresar que el tipo analizado es un delito de “simple actividad” que se consuma con la omisión, el retardo o el rehusamiento..la omisión requiere, para que se dé la consumación, la no realización del acto funcional dentro del término legalmente determinado. Si la ley no fija plazo, la consumación se da cuando no se lo realiza dentro del “tiempo útil” para que el acto produzca sus efectos normales. El retardo por el contrario, implica la realización del acto, pero fuera del plazo legalmente determinado o aquel dentro del cual viene a ser útil. En este último caso se da igualmente el delito aunque el acto realizado no resulte nulo, pero tiene que resultar ineficiente para concretar la medida administrativa que él implica y producir sus efectos normales. El rehusamiento se consuma en principio con la negativa explícita a realizar el acto ante un requerimiento legalmente formulado; no importando esta forma del delito –sino la omisión o retardo- la llamada negativa implícita (no realizar el acto, realizarlo tarde, realizar un acto distinto del requerido y determinado por la ley que, por su naturaleza, impide la realización del acto requerido)[6] El penalista A. G. explica que en el ordenamiento jurídico español no está contemplado expresamente el retardo, dentro del delito de desobediencia al superior del artículo 410 del código penal español, (que sanciona una conducta muy similar a la descrita en el artículo 349 No. 1) del código penal hondureño) al castigar el comportamiento de los funcionarios o empleados públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. El autor antes referido añade que sin embargo, en otros ordenamientos que están construidos más al servicio de los ciudadanos que al de la misma Administración, sí se contempla un tipo autónomo de retardo, es el caso del artículo 328.1 del Código Rocco en Italia que preceptuaba lo siguiente: “El funcionario o encargado de un servicio público que indebidamente deniega, omite o retarda un acto de oficio o del servicio será castigado con la pena de reclusión de hasta un año o multa de hasta cuatrocientos mil liras”, precepto que posteriormente ha sido modificado en los siguientes términos: “Fuera de los casos previstos en el primer párrafo de éste artículo, el funcionario o encargado de un servicio público que en el plazo de treinta días desde que fuera requerido para ello, no realice el acto sin haber expuesto lo pertinente sobre las razones del retardo, será castigado con la pena de reclusión de hasta un año o multa de hasta dos millones de liras. El requerimiento deberá haber sido efectuado por escrito, comenzando a transcurrir el término de treinta días desde el momento de la recepción del requerimiento”. Sobre el problema del retardo, A. G. sigue explicando que éste se verifica cuando el funcionario público no realiza el acto debido en el plazo prescrito (cuando hay señalado un término temporal) o con la celeridad que exige un correcto funcionamiento de la Administración…[7] Así las cosas, del relato de hechos probados se desprende que la acusada N.B. V. en su condición de Gerente General y representante legal de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)[8] y por tanto en el ejercicio de su cargo como funcionaria pública, fue requerida en fecha 7 de octubre de 2008 para que en acatamiento de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 15 de abril de 2008, procediera al reintegro en su puesto de trabajo, a la señora I. M. L.H., al menos en las mismas condiciones que esta tenía al momento de su despido cuando fungía como Jefe de Recursos Humanos de HONDUCOR, lo cual constituye al mismo tiempo un mandato legal al tenor de lo prescrito por el artículo 113 párrafo segundo del Código del Trabajo, donde se reconoce el derecho del trabajador para demandar de su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. Del factum se desprende que ante el requerimiento formulado, la acusada expresó que reintegraría a la señora I. L., pero a otro puesto, dándose la circunstancia de que en fecha 17 de octubre de 2008 levantó un acta disponiendo el reintegro de la trabajadora a la Agencia Postal de la Colonia Kennedy, es decir en un cargo de inferior categoría desconociendo lo ordenado en la sentencia relacionada, que disponía que la reposición en el cargo se hiciera por lo menos en igualdad de condiciones de las que gozaba al momento de su cancelación[9], lo que generó la natural negativa de la empleada para asumir funciones en la Agencia Postal antes relacionada. Posteriormente y según lo narrado en los hechos probados, a instancia de la trabajadora, el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán ordenó que nuevamente se requiriese a la acusada para que hiciera efectivo el reintegro ordenado, y no fue sino hasta en el mes de abril de 2009 que a la señora I. L.le fue asignado el cargo de Gerente de Planificación y Desarrollo de HONDUCOR, es decir en un término aproximado de seis meses después a que se requiriera formalmente a la acusada N. B. para que cumpliera con la sentencia judicial. Esta Sala considera que del factum no se desprende algún motivo justificado para que la encartada N. B. V., en su condición de funcionaria y representante legal de HONDUCOR se viera impedida para cumplir en un plazo razonable el mandato judicial en virtud del cual se ordenaba el reintegro de la señora I.L. a un puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones al que ejercía cuando fuera despedida injustificadamente (Gerente de Recursos Humanos de HONDUCOR), como pudo haber sido la desaparición de la entidad que contrató los servicios de la trabajadora, la supresión del cargo que esta ostentaba al momento de su cancelación, etc… De esta manera, la Sala de lo Penal es del criterio que el comportamiento de la encausada N. B. V. descrita en el factum se subsume en el artículo 349 No. 3) del código penal que se describe como la conducta del funcionario público que retarde algún acto que deba ejecutar de acuerdo con los deberes de su cargo. Ciertamente como lo expone el Censor, no todo retardo o demora en la ejecución de un acto por parte de un funcionario público puede ser sancionado penalmente, sin embargo, en el caso bajo examen y a partir del relato de hechos probados se desprende que la acusada puso obstáculos y al mismo tiempo no realizó en un prolongado período de tiempo acciones dirigidas a cumplir con lo dispuesto en una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional competente, menoscabando así el correcto funcionamiento de la Administración Pública que demanda su sometimiento a la ley en sus relaciones con sus servidores[10], así como también la eficacia de la actividad jurisdiccional que la Constitución encomienda a los juzgados y tribunales de la República como encargados de ejecutar lo juzgado (vid. art. 304 del Texto Fundamental) al mismo tiempo que se afectó gravemente el derecho que le asistía a la señora I. L. para que en un plazo razonable se procediera a su reintegro a un puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones al que desempeñaba al momento de su despido injustificado[11], es decir a ocupar el mismo u otro equivalente, pero no de menor categoría. De este modo la conducta de la imputada N. B. V. si afectó gravemente los bienes jurídicos tutelados por la norma penal, por lo que su comportamiento no constituye un mero ilícito administrativo sino que merece el reproche penal previsto en el artículo 349 No. 3) del texto punitivo relacionado. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo formulado por la Defensa de la endilgada debe ser desestimado. III) RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCAUSADA N. B. V. ARGUYENDO QUE LA REDACCION DE HECHOS PROBADOS CONTENIDA EN LA SENTENCIA IMPUGNADA ACUSA FALTA DE CLARIDAD. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. I. El recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el Tribunal declara probados no es clara”. Alega el Censor que de los hechos declarados probados por el sentenciador no quedan claros dos puntos de hecho muy importantes que fueron objeto de debate: La fecha y hora en que el Juzgado ejecutó la orden de requerimiento a que se refiere la resolución del 29 de octubre de 2008, es decir, la fecha en que el Receptor del Juzgado requirió por segunda vez a su defendida para el reintegro de Doña I. M. H., pues en el hecho probado sólo se declara que “por tal razón en fecha 29 de octubre del año dos mil ocho (2008) el Juzgado de Letras Primero del Trabajo ordenó que se requiriera nuevamente a la señora N. B.….“ A juicio del Censor esta omisión es grave porque se condena a su defendida por el supuesto incumplimiento de la sentencia laboral que ordenó el reintegro, sin establecer en forma precisa y terminante la fecha y la hora del segundo requerimiento en que se fundamenta para ponderar el retardo calificado como injustificado. No se establece en la parte final de este hecho probado, con claridad y precisión la fecha y la hora en que la señora I. M. H. fue reintegrada y asignada al puesto de Gerencia de Planificación y Desarrollo de la empresa HONDUCOR. Derivado de lo cual, al no establecer el hecho probado censurado la fecha y hora del segundo requerimiento para el reintegro de I. M. H., efectuado a su defendida cuando se desempeñaba como Gerente de HONDUCOR, y la fecha y hora en que ésta trabajadora fue reintegrada finalmente a su puesto de trabajo, y tratándose de una sentencia condenatoria por el delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 349.3 del Código Penal, partiendo de que hubo un retraso injustificado en el cumplimiento del reintegro laboral ordenado; a criterio del Censor resulta manifiesta la falta de claridad y precisión en el relato de hechos probados. II. Esta Sala considera oportuno destacar, tal como lo hizo en las sentencias del 29 de septiembre de 2011 (Expediente de Casación No. 218.-2010) y 25 de noviembre de 2015 (Expediente de Casación No. 43.-2014), que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito; por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris. Por otro lado es importante señalar que no toda omisión de alguna circunstancia fáctica engendra el vicio procesal que estamos abordando, sino sólo de las que recaigan sobre extremos trascendentes para la calificación jurídica, no siendo necesario que los Juzgados y Tribunales recojan en sus sentencias todos y cada uno de los hechos que han quedado probados, sino solamente aquellos que tengan que servir de base o apoyo a los distintos pronunciamientos que el fallo debe contener, de modo que por la omisión de elementos, datos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdad de lo ocurrido, con la lógica consecuencia de que entonces se hace imposible determinar la existencia del delito, la participación concreta del acusado y la concurrencia de circunstancias modificativas[12]. Una lectura detenida de los hechos probados no revela que su redacción acuse la falta de claridad, ya que se narran las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron acontecimientos relevantes para realizar el ejercicio de subsunción, como son la fecha en que se requiriera judicialmente a la acusada para que diera cumplimiento a una sentencia dictada por un Juzgado de Letras del Trabajo competente, su renuencia a cumplir con dicho mandato y el lapso de tiempo que medió entre tal requerimiento hasta que finalmente se reintegró a la señora I. L. en un cargo equivalente al que ejercía cuando fuera despedida injustificadamente. Es cierto que en los hechos probados no consta fecha alguna en que se hubiera practicado un segundo requerimiento a la encausada ni tampoco la fecha precisa del mes de abril de 2009 en que se le asignó a la señora I. L. un cargo equivalente al que ostentaba al momento de su cancelación, pero no es menos cierto que aún en el caso hipotético de que se contara con esos datos, de igual modo se concluiría más allá de toda duda razonable que la imputada N. B. V. incurrió en el delito tipificado en el artículo 349 No. 3) del código penal. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo formulado por la Defensa de la encausada debe ser desestimado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 362 preámbulo y numeral 1) y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR, el recurso de casación por Infracción de Ley, por aplicación indebida en su primer motivo, interpuesto por la Defensa de la procesada N. B. V.. SEGUNDO: Casando PARCIALMENTE la sentencia condenatoria, modificándola de la siguiente manera: REVOCAR la PENA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL impuesta de manera ACCESORIA por la comisión de dos delitos de Abuso de Autoridad en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, manteniéndose incólume su imposición con carácter PRINCIPAL. TERCERO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo, interpuesto por la defensa de la imputada N. B. V.. CUARTO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Defensa de la encartada N. B. V.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho. Redactó EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-11-2015.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Así Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal Parte General, 5ta Edición, Tirand lo Blanch, Valencia, 202,Pag.271.
[2] Sobre este principio, Armijo Sancho, Gilberto/Llobet Rodríguez, Javier, y otros, en El Nuevo Proceso Penal y Constitución, Edit. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 1998, Pag. 382 escriben: “Otro de los aspectos que normalmente no se tratan es, quizá, el principio de lesividad. Este principio se desprende del axioma “nulla lex poenalis sine necesitate” e hizo exclamar a Beccaria, en su momento que: “todo acto de autoridad de hombre a hombre, que no se derive de la absoluta necesidad, es tiránico “. En doctrina, cuando se analiza este principio, suele tratarse desde una doble óptica. En primer lugar, se establece la regla de que no deben considerarse punibles las conductas que son indiferentes para el derecho penal y la convivencia en sociedad (prohibiciones mínimas necesarias). El segundo límite deriva de la consideración utilitarista de la necesidad penal como “tutela de derechos fundamentales”, no garantizables de otro modo. Se explícita en el principio de lesividad que constituye el fundamento axiológico del elemento sustancial del delito: la naturaleza lesiva del resultado o del peligro de la conducta, esto es de los efectos que produce. El inciso c) del artículo 22 del NCPP es un indicador de que el principio de lesividad puede ser un buen instrumento para reinterpretar y despenalizar desde la óptica de la defensa.”
[3] Se citan 2 folios distintos porque así está foliado el expediente y no se pudo identificar cual es la numeración correcta.
[4] “Vivas, Gustavo, y otros, en Manual de Derecho Procesal Hondureño, Tomo II, citando a Fernando De La Rúa, Pag. 417, se dice: “La motivación, a la vez que es un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico. Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el Juez apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los “considerandos” de la sentencia, Motivar es fundamentar, exponer los argumento fácticos y jurídicos que justifican la resolución. Continúa diciendo el autor que “El Tribunal de Juicio tiene el deber de suministrar las razones jurídicas de su fallo. Debe enunciar el porqué de su decisión. Debe, en una palabra fundamentar la sentencia y justificar la decisión jurisdiccional. Esto constituye la motivación”.
[5] Vid. FONTAN BALESTRA, CARLOS, en Derecho Penal, Parte Especial, 10ª edición, puesta al día por GUILLERMO A. LEDESMA, Editorial ABELEDO-PIERROT, Buenos Aires, 1985, págs. 832-833.
[6] Vid. CREUS, CARLOS, en Delitos contra la Administración Pública, Comentarios de los artículos 237 a 281, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, págs. 208-209.
[7] Vid. ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER, en Tratado de Derecho Penal Español, Parte Especial, III.- Delitos contra las Administraciones Públicas y de Justicia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 241-242.
[8] De conformidad al artículo 1 de su Ley Orgánica, HONDUCOR es una Institución Pública con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia funcional y administrativa, de duración indefinida, por su parte, al tenor de la redacción de los artículos 6 y 24 No. 1), al momento en que se produjeron los hechos, se desprende que el Director o Gerente General ejerce con la Junta Directiva la Administración superior de la Empresa y que la representación activa como pasiva de HONDUCOR ante los Tribunales y otras instancias le corresponde al Gerente General.
[9] En este sentido es oportuno señalar que de acuerdo al organigrama que como prueba documental fue evacuada en el juicio, la Gerencia de Recursos Humanos se encuentra en un rango superior a quienes prestan sus servicios en las Agencias Postales de HONDUCOR (vid. Folios No. 44 y 365 vuelto)
[10] Vid. art. 27 de la Ley Orgánica de HONDUCOR, donde se establece que el personal de la empresa estará regido por la legislación laboral aplicable a las entidades autónomas y el 323 párrafo primero de la Constitución de la República, donde se prevé que “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta, sujetos a la ley y jamás superiores a ella..”
[11] Es oportuno recordar que tal derecho es reconocido por el artículo 129 de la Constitución y 113 párrafo segundo del Código de Trabajo.
[12] Vid. en este sentido: LUZON CUESTA, JOSE MARIA, en El Recurso de Casación Penal, 2ª edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, pág. 141.