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Sentencia CP-103-13 — Registro 5871

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de malversación de caudales públicos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que a través del Recurso de Casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico; el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de Derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la Casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. II. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en Casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el Tribunal a quo, que se refiere al delito de Malversación de Caudales Públicos a efectos de determinar si tal y como lo argumenta el impetrante, han sido infringidas por aplicación indebida o si por el contrario es correcta su aplicación. En consecuencia, procede esta Sala a explicar su apreciación y a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) Ciertamente esta Sala de lo Penal ha venido sosteniendo reiteradamente (SP 182-09) que los hechos declarados probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto penal son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida la cual supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. 2) Realizado el parangón entre los hechos probados y el artículo 370 del Código Penal, que ha sido invocado por el impetrante como infringidos por aplicación indebida, se aprecia una notable incongruencia entre los hechos que fueron declarados probados en la sentencia recurrida y las normas sustantivas penales que han servido al juzgador de instancia para sustentar la condena del señor M. A. C. en tanto que la descripción de la intervención del imputado en el factum de la sentencia no corresponde con la descripción del tipo normativo contenido en el artículo 370 (Malversación de Caudales Públicos) del Código Penal y al no verse correspondidos estos hechos con el precepto penal, resulta incongruente totalmente dar cabida a lo dispuesto en el precepto penal y legal citado como infringido por aplicación indebida que textualmente dice: “Artículo 370. El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años si el valor de aquellos no excede de un mil (L. 1, 000.00) lempiras y de de seis (6) a doce (12) años si sobrepasa de dicha cantidad, mas inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión”. A criterio de esta Sala de Casación es oportuno establecer que en el tipo penal de Malversación de Caudales Públicos, el sujeto activo es la autoridad o funcionario público, pero el carácter de sujeto de este delito no lo da sólo el hecho de ser autoridad o funcionario público, sino la relación de estas personas con el objeto material del delito: los caudales y efectos públicos. Por caudal o efecto se entiende cualquier objeto o cosa mueble, dinero, efectos negociables, etc.; que tengan un valor económico apreciable. El carácter público se determina por la pertenencia de los bienes a la Administración Pública, pudiendo decirse que tal pertenencia comienza desde el momento en que existe un derecho expectante de la Administración a la entrega de los caudales, aunque aún no hayan ingresado formalmente en las arcas de la entidad…”[1]. Asimismo, el verbo rector del tipo penal, el verbo “apropiarse” equivale a “sustraer” y “sustraer” ha de entenderse en el sentido amplio de separar, extraer, quitar o despojar los caudales o efectos, apartándolos de su destino o desviándolos del servicio, para hacerlos propios. Concretamente se precisa la intención o ánimo de aprehensión, animus rem sibi habendi, con carácter definitivo. No en vano, “apropiar” tiene como una de sus acepciones en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de “tomar para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella”. Ahora bien, el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de delitos de apropiación. En particular, el delito de Malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos”[2]. 3) En el caso que nos ocupa, los hechos descritos en los hechos declarados probados son totalmente atípicos; pues el hecho probado establece que el procesado se desempeñaba como Administrador del Centro de Ventas de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)) y que fueron realizadas varias auditorias contables, arrojando un faltante de dinero por Lps. 132,402.03. Sin embargo, en el cuadro fáctico no se observa la descripción de la acción desplegada por el procesado tendiente a apropiarse de los bienes que se encontraban bajo su administración, del hecho declarado probado no se establece el dolo indispensable para configurar la participación del procesado, no concurriendo la autoría en sentido estricto ni en sentido amplio. Por lo tanto, cuando se aduce que una norma no es la que comprende la situación jurídica sustancial que fue materia de juzgamiento, se impone acudir a la aplicación indebida pues lo que en realidad se ha hecho por el juzgador ha sido activar la norma inadecuada o mala escogencia, pues la disposición seleccionada se entiende abstractamente en forma correcta pero los hechos deducidos del proceso no se corresponden con los de la hipótesis legal escogida”[3], resultando aplicados indebidamente los preceptos penales indicados por el casacionista, consecuentemente, procede el motivo de Casación invocado. V.- DECISIÓN El motivo formulado por la Defensa del encausado debe ser estimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, en su condición de Coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 103-2013 por el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus único motivo, interpuesta por la Defensora Pública L. E. C., quien a su vez sustituyó el Poder en el Abogado M. R. A., contra la Sentencia de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, mediante la cual condenó al Señor M. A. C., como autor del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, a la pena de SEIS AÑOS de reclusión más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta (Doce años) e Interdicción Civil por el tiempo de la Condena, además se declara la Responsabilidad Civil del condenado a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No procede a condenar en Costas Procesales, Personales ni Gastos ocasionados en el juicio. SON PARTES: La Abogada L. E. C. en su condición de Defensora Pública del Señor M. A. C. como Recurrente, y los Abogados J. A. B. A. y L. M. O. en su calidad de Representantes del Ministerio Público como recurridos. II.- HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Que en fecha doce de Septiembre de dos mil ocho (2008) El Señor M. A. C., fue nombrado en el cargo de Administrador del centro de venta de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) con sede en la ciudad de El Paraíso, departamento de El Paraíso. SEGUNDO: Que en la administración del señor M. A. C. del centro de ventas denominado popularmente Banasupro en la ciudad de El Paraíso, se efectuaron varias auditorías contables, de las cuales se emitieron tres informes, siendo el primero el número 119-2009 de fecha, que establece un faltante de CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS de lempira, un segundo informe con número 127-2009 que establece un faltante de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS de lempiras, y un tercer informe con número 140-2009 con un faltante de SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS de lempira, los cuales acumulan un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS de lempira, los cuales fueron certificados por la Licenciada N. D. B. G. EN SU CONDICION DE Auditora de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) en ese año dos mil nueve (2009)”. III.- RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, DE LA SIGUIENTE MANERA: “MOTIVO UNICO: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 370 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. PRIMERO: Admito que en los casos de recursos de casación por infracción de Ley, como el presente, por disposición legal del artículo 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, es legalmente posible revisar su encuadramiento a una determinada norma jurídica; siendo esta la pretensión del presente recurso de casación en el que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del legislador al regular el tipo penal de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS. SEGUNDO: En el caso de mérito, el Juzgador, luego de valorar la prueba evacuada en el juicio, declaró terminantemente probados, los HECHOS siguientes: “PRIMERO: Que en fecha doce de Septiembre de dos mil ocho (2008) El Señor M. A. C., fue nombrado en el cargo de Administrador del centro de venta de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) con sede en la ciudad de el Paraíso, departamento de El Paraíso.- SEGUNDO: Que en la administración del señor M. A. C. del centro de ventas denominado popularmente Banasupro en la ciudad de El Paraíso, se efectuaron varias auditorias contables, de las cuales se emitieron tres informes, siendo el primero el numero 119-2009 de fecha, que establece un faltante de CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CIENCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS de lempira, un segundo informe con número 127-2009 que establece un faltante de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS de lempiras, y un tercer informe con número 140-2009 con un faltante de SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS de lempira, los cuales acumulan un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS de lempira, los cuales fueron certificados por la Licenciada N. D. B. G. EN SU CONDICION DE Auditora de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) en ese año dos mil nueve (2009).” TERCERO: Los transcritos hechos probados fueron calificados por el Juzgador como infracción al artículo 370 del Código Penal (Reformado mediante Decreto No 191-96), norma que, en lo conducente, dispone lo siguiente: “Artículo 370.-El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años si el valor de aquellos no excede de un mil Lempiras (L. 1,000.00) y de seis (6) a doce (12) años si sobrepasa de dicha cantidad, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión…” CUARTO: El Juzgador consideró que la conducta del señor M. A. C. y narrada en los hechos probados del fallo impugnado, es constitutiva de un delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, según lo dispuesto en el artículo 370 del Código Penal, sin embargo, al analizar dicho cuadro fáctico, se patentiza que el actuar del señor M. A. C. no infringe lo dispuesto en la norma penal que acusamos de aplicada indebidamente, pues el delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS está constituido por el verbo nuclear típico de “apropiarse”, en ese sentido, el propio artículo 370 del Código Penal exige que la ejecución de una acción de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS se realice con ánimo de lucro, lo que supone la incorporación de los bienes sustraídos al patrimonio del infractor; apropiación que no se produce en el caso de mérito, porque si bien es cierto en el fáctum del fallo impugnado se describe la existencia de un faltante de dinero en las cuentas de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) de la ciudad de El Paraíso, que sumó la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L. 132,402.03), cuando el señor M. A. C. se desempeñaba como Administrador de la misma, pero la existencia del faltante de dinero por sí solo no es suficiente para concluir, de modo invariable, que dicha cantidad se la haya apropiado quien administraba la tienda de BANASUPRO, razón por la cual el Tribunal al condenar al imputado por un delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, sin que en el cuadro fáctico se describa acción alguna que, ejecutada por el señor M. A. C. haya dado como resultado la apropiación por parte de éste de las cantidades de dinero que, contablemente, se determinó faltan en las cuentas de la SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS, lo hace aplicando indebidamente lo dispuesto en el artículo 370 del Código Penal. QUINTO: La sentencia penal, por disposición expresa del artículo 338 del Código Procesal Penal, es un cuerpo sistemático por lo que su redacción debe respetar esos presupuestos normativos, distinguiendo, de manera clara, los aspectos fácticos de los jurídicos para permitir un apropiado control sobre ellos, por eso mismo, los elementos del tipo objetivos del delito, los grados de ejecución y los relativos a las circunstancias agravantes deben constar, en todo caso, en el apartado de hechos probados de la sentencia, sin que, válidamente, sea posible completarlos, en perjuicio del imputado, con el contenido de la fundamentación jurídica u otro apartado de la sentencia. SEXTO: Resulta, Honorables Magistrados, que al analizar la declaración de hechos probados del fallo impugnado, evidentemente se aprecia que en ellos no se describen actos de ejecución que de manera inequívoca configuren los elementos objetivos del tipo penal de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS, es decir la apropiación por parte del imputado de caudales que él administraba, según lo dispuesto en el artículo 370 del Código Penal, lo contrario sería establecer una presunción mediante la cual se determine que todo faltante encontrado en los caudales o bienes administrados, lo será por apropiación hecha por parte del administrador y ello no es legalmente posible; por lo que el Juzgador al calificar que la conducta atribuida al imputado y descrita en los hechos probados del fallo impugnado es constitutiva de un delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, sin que en ellos conste que el imputado se haya apropiado del dinero faltante en la Suplidora Nacional de Productos Básicos, incurre en aplicación indebida del artículo 370 del Código Penal. PRETENSION RECURSIVA La pretensión perseguida con el presente recurso de casación es que se analicen la acciones que en los hechos probados se le atribuyen al señor M. A. C., y una vez se compruebe que las mismas no son constitutivas del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS se le absuelva de toda responsabilidad penal.” IV.- FUNDAMENTACION JURIDICA I. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que a través del Recurso de Casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico; el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiera a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia (vid. Art. 360 párrafo primero del Código Procesal Penal). Al Tribunal de Casación le está vedado penetrar por ese cauce procesal a la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de Derecho es aplicada. En este sentido, la jurisprudencia ha sentado de manera reiterada como presupuesto de la Casación por infracción de ley, el principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia recurrida, estableciendo que el recurso de casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. II. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en Casación, confrontándolo con las normas penales sustantivas aplicadas por el Tribunal a quo, que se refiere al delito de Malversación de Caudales Públicos a efectos de determinar si tal y como lo argumenta el impetrante, han sido infringidas por aplicación indebida o si por el contrario es correcta su aplicación. En consecuencia, procede esta Sala a explicar su apreciación y a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) Ciertamente esta Sala de lo Penal ha venido sosteniendo reiteradamente (SP 182-09) que los hechos declarados probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto penal son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida la cual supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. 2) Realizado el parangón entre los hechos probados y el artículo 370 del Código Penal, que ha sido invocado por el impetrante como infringidos por aplicación indebida, se aprecia una notable incongruencia entre los hechos que fueron declarados probados en la sentencia recurrida y las normas sustantivas penales que han servido al juzgador de instancia para sustentar la condena del señor M. A. C. en tanto que la descripción de la intervención del imputado en el factum de la sentencia no corresponde con la descripción del tipo normativo contenido en el artículo 370 (Malversación de Caudales Públicos) del Código Penal y al no verse correspondidos estos hechos con el precepto penal, resulta incongruente totalmente dar cabida a lo dispuesto en el precepto penal y legal citado como infringido por aplicación indebida que textualmente dice: “Artículo 370. El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años si el valor de aquellos no excede de un mil (L. 1, 000.00) lempiras y de de seis (6) a doce (12) años si sobrepasa de dicha cantidad, mas inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión”. A criterio de esta Sala de Casación es oportuno establecer que en el tipo penal de Malversación de Caudales Públicos, el sujeto activo es la autoridad o funcionario público, pero el carácter de sujeto de este delito no lo da sólo el hecho de ser autoridad o funcionario público, sino la relación de estas personas con el objeto material del delito: los caudales y efectos públicos. Por caudal o efecto se entiende cualquier objeto o cosa mueble, dinero, efectos negociables, etc.; que tengan un valor económico apreciable. El carácter público se determina por la pertenencia de los bienes a la Administración Pública, pudiendo decirse que tal pertenencia comienza desde el momento en que existe un derecho expectante de la Administración a la entrega de los caudales, aunque aún no hayan ingresado formalmente en las arcas de la entidad…”[1]. Asimismo, el verbo rector del tipo penal, el verbo “apropiarse” equivale a “sustraer” y “sustraer” ha de entenderse en el sentido amplio de separar, extraer, quitar o despojar los caudales o efectos, apartándolos de su destino o desviándolos del servicio, para hacerlos propios. Concretamente se precisa la intención o ánimo de aprehensión, animus rem sibi habendi, con carácter definitivo. No en vano, “apropiar” tiene como una de sus acepciones en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de “tomar para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella”. Ahora bien, el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de delitos de apropiación. En particular, el delito de Malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos”[2]. 3) En el caso que nos ocupa, los hechos descritos en los hechos declarados probados son totalmente atípicos; pues el hecho probado establece que el procesado se desempeñaba como Administrador del Centro de Ventas de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)) y que fueron realizadas varias auditorias contables, arrojando un faltante de dinero por Lps. 132,402.03. Sin embargo, en el cuadro fáctico no se observa la descripción de la acción desplegada por el procesado tendiente a apropiarse de los bienes que se encontraban bajo su administración, del hecho declarado probado no se establece el dolo indispensable para configurar la participación del procesado, no concurriendo la autoría en sentido estricto ni en sentido amplio. Por lo tanto, cuando se aduce que una norma no es la que comprende la situación jurídica sustancial que fue materia de juzgamiento, se impone acudir a la aplicación indebida pues lo que en realidad se ha hecho por el juzgador ha sido activar la norma inadecuada o mala escogencia, pues la disposición seleccionada se entiende abstractamente en forma correcta pero los hechos deducidos del proceso no se corresponden con los de la hipótesis legal escogida”[3], resultando aplicados indebidamente los preceptos penales indicados por el casacionista, consecuentemente, procede el motivo de Casación invocado. V.- DECISIÓN El motivo formulado por la Defensa del encausado debe ser estimado. VI.-RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Apoderada Legal del Señor M. A. C. SEGUNDO: Casa la sentencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil doce dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso. TERCERO: ABSOLVER al señor M. A. C. por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUARTO: Dejar sin valor ni efecto la medida cautelar que venía afectando al procesado M. A. C., sin perjuicio de otros procesos pendientes. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA PONENTE.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de Mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-103-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] MUÑOZ CONDE, FRACISCO, Derecho Penal, Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 1033.

[2] DE DIEGO DIEZ, ALFREDO, Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen II, Ediciones San Miguel, Honduras, 2006, pág. 56.

[3] PABÓN GÓMEZ, GERMÁN, De la Casación y la Revisión Penal. Ediciones Doctrina y Ley. , Colombia 2003, págs. 224 y 225.