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Sentencia CP-90-14 — Registro 5455

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Estafa, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INFRINGIDO POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 240 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El recurrente funda su Recurso en infracción por aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal. Aduce que en el presente caso concurren los elementos del delito como ser: conducta engañosa, disposición patrimonial, perjuicio y provecho propio; ya que el bien inmueble que supuestamente le estaban vendiendo a su representado, estaba afectado por un gravamen sobre 3 bienes inmuebles (lotes de terreno) y para que fuese liberado, se debía pagar la deuda en su totalidad, o en su defecto contar con la correspondiente autorización donde constase que su representado era elegible para la institución (La Constancia Institución de Ahorro y Crédito). Tal información únicamente era conocida por la Querellada M. M. O., en tanto que ésta era la que mantenía una relación comercial con La Constancia. Señala que el ofendido ignoraba que la deuda recaía sobre tres lotes y no únicamente sobre el lote de terreno que a él le interesaba, asumiendo erróneamente que dicha señora actuaba de buena fe. II.- Esta Sala considera pertinente recordar que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso bajo examen, el Censor ha encauzado su reclamo de manera errónea, al denunciar la aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal que tipifica el delito de estafa; cuando se desprende que el Tribunal de instancia al dictar una sentencia absolutoria dejó de aplicar dicha norma sustantiva al considerar que con la prueba incorporada legalmente al proceso a partir de la cual el juzgador ha elaborado los hechos probados, no se desprende que en el comportamiento de los querellados concurran los elementos objetivos ni subjetivos del delito de estafa, tipificado como antes lo hemos dicho en el artículo 240 del Código Penal y sancionado en el artículo 241.3 del mismo texto punitivo. La Sala de lo Penal, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, ha realizado un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales resultan inalterables en Casación, confrontándolos con la norma penal sustantiva que el Censor considera infringida. Para la consumación del delito de estafa el artículo 240 del Código Penal exige elementos objetivos, que no son más que los momentos sucesivos necesarios para el perfeccionamiento del referido delito, siendo forzoso de conformidad al artículo citado, que el autor realice una acción engañosa o de engaño valiéndose de “nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociaciones o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño”.., se trata de una conducta desplegada para convencer sobre algo contrario a la verdad utilizando para ello cualquiera de los engaños enunciados en la norma penal, acción que debe inducir a la víctima a un error que genera en una relación causa-efecto una disposición patrimonial, en provecho propio o ajeno del autor. El elemento objetivo del “engaño”, debe consistir en una situación capaz de inducir a error a otra persona, puede darse a través de palabras o maquinaciones insidiosas que lleguen a constituir engaño bastante.- “El engaño es cualquier maquinación suficiente para producir un error en la persona de quien dependa la disposición patrimonial y, por tanto, puede referirse tanto al objeto motivo de la transacción como a cualidades del sujeto activo………debe ser bastante y debe atemperarse a las circunstancias del caso según parámetros objetivos y subjetivos”[1] El “error” debe surgir necesariamente de la actuación engañosa del sujeto activo, algunas veces puede ser exclusivo creador mediante la conducta exteriorizada o bien puede mantener y acrecentar el error que ya tenía la víctima. De acuerdo con el cuadro fáctico plasmado en el fallo, esta Sala no encuentra posible deducir que concurra el elemento objetivo normativo del “engaño”, ya que los mismos hechos probados describen una negociación donde los acusados dan en venta un bien inmueble al supuesto ofendido, tratándose de una venta a plazos en la cual con el último pago, los procesados se obligaban a pagar el saldo de una deuda total que tenían con la institución bancaria denominada “La Constancia”, condiciones estas, que fueron del conocimiento previo del Querellante y que en ningún momento fueron ocultadas mediante algún artificio o ardid, ya que el Querellante tuvo a su disposición la documentación respectiva al firmar dicha escritura de compraventa consintiendo voluntariamente la transacción comercial; de ahí que el comportamiento de los querellados descritos en la base fáctica de la sentencia impugnada no se subsume en los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo penal de estafa, en tanto que el elemento esencial de la estafa, esto es, el ardid o engaño de los acusados, no consta que se haya producido, anterior o simultáneo a la realización de la disposición patrimonial realizada por el querellante. Es en este sentido, que el Juzgador no ha tenido por probado que al momento en que el Querellante entregó a los encausados la cantidad de dinero acordada contractualmente, los ahora sindicados hayan tenido la intención de engañarle; de ahí que no procede continuar con el análisis de los demás elementos objetivos del tipo penal de estafa. Esta Sala es del criterio que la controversia que ahora nos ocupa debe resolverse en el ámbito del Derecho Privado habida cuenta que se dirima lo que corresponda por el incumplimiento alegado por ambas partes contratantes, respecto al Querellante en cuanto que acepta no haber pagado totalmente la cantidad adeudada aduciendo que la vivienda presentaba desperfectos no reparados por el vendedor en tanto que el Querellado sostiene el comprador ha incurrido en incumplimiento al no cancelar la deuda pendiente que permita satisfacer el crédito contraído con la institución bancaria, liberar el bien inmueble y extenderle a la parte Querellante su título de dominio sobre el bien inmueble en referencia; en conclusión, los hechos objeto de juzgamiento de carecen de relevancia en el ámbito penal, aunque sí la tengan en lo que concierne al Derecho Civil y Mercantil. Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo de casación planteado por la parte querellante ha de ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de abril de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló:1) ABSOLVIENDO a los señores M. M. G. Y G. A. B., del delito de ESTAFA, en perjuicio de R. S. A.. 2) NO CONDENO en costas. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. E. R. O., actuando en de su condición de Apoderado del Acusador Privado R. S. A..- INTERVIENEN: El Abogado J. E. R. O., actuando en su condición de Apoderado Judicial de la parte Querellante y recurrente, señor R. S. A., y el Abogado J. J. H. S., en su calidad de Apoderado Defensor de los Querellados recurridos, los señores M. M. G. O. Y G. A. B.. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: que en fecha veinticuatro de octubre del dos mil tres los señores M. G. O. y R. S. A. celebraron un contrato de compra venta de un lote de terreno ubicado en la urbanización La Granja, segunda etapa de este distrito Central, en una área de 348.256 metros cuadrados, equivalentes a 439.220 varas cuadradas, en la cual se encuentra construida una casa de habitación de dos plantas, con trescientos seis punto sesenta metros cuadrados de construcción, (306.60 Mt2), lote y mejoras dados en venta por la señora M. M. G. O. al señor R. S. A. por la cantidad de dos millones seiscientos ochenta y cinco mil lempiras pagando en ese mismo acto una prima de ochocientos cinco mil quinientos lempiras y quedando pendiente de pago la diferencia del monto pactado la cual se cancelaría mediante un primer pago del quince de noviembre del dos mil tres por la cantidad de seiscientos mil lempiras garantizado a través de una letra de cambio, y un segundo pago de un millón doscientos setenta y nueve mil quinientos lempiras pagadera el quince de enero del dos mil cuatro. SEGUNDO: El lote de terreno y casa dado en venta por la señora M. G. O. formaba parte de otro lote de mayor extensión equivalente a setecientos treinta y nueve punto cero cinco varas cuadradas, terreno que en su totalidad había sido dado en promesa de venta a la señora M. G. O. por parte de banco La Constancia en promesa de venta, situación que era conocida por el señor R. S. A. al momento de convenir la compra con la señora M. M., obligándose esta misma a la cancelación de la deuda con el banco la constancia una vez que se efectuara el pago de la casa objeto del contrato.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado J. E. R. O., actuando en su condición de Apoderado de la parte Querellante, es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO J. E. R. O., ACTUANDO EN SU CONDICION DE APODERADO DEFENSOR DEL SEÑOR R. S. A., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRACCION DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “CASACION POR VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: La Sentencia recurrida en su conjunto, a criterio de la parte Querellante vulnera Principios y Garantías Constitucionales, específicamente lo relacionado con el Debido Proceso.- Artículo 80, 90 de la Constitución de la República de Honduras PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 361 que establece que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Precepto Constitucional, será suficiente para fundamentarlo, la infracción del precepto Constitucional. EXPLICACION DEL MOTIVO. Es criterio de la parte Querellante que en el presente caso, la valoración de la prueba en su conjunto no fue la correcta, fue totalmente errónea, ello debido a que para los Juzgadores se dejaron manipular por un juego de palabras del apoderado de la parte Querellada y valoraron de forma errónea casi defensiva la prueba en común, relacionare de la forma más sucinta posible lo ocurrido:1) En primer lugar el presente expediente fue presentado en fecha 19 de Agosto de 2005 en la Secretaría del Tribunal de Sentencia, a la fecha ya han transcurrido más de ocho (8) años que mi representado y su señora esposa fueron Estafados por los Querellados y aun siguen con la incertidumbre de si se hará o no justicia en el presente caso, ellos entregaron más de dos millones de Lempiras (L 2,000,000.00) a los Querellados y a cambio lo único que han recibieron fue una Demanda Civil por la totalidad de un Letra de Cambio que en su mayoría ya fue pagada, esa Demanda provoco que a mi representado lo despidieran de una empresa transnacional mexicana llamada “Omnilife”, esa acción de hacer uso de una letra de cambio sabiendo que la misma ya había sido honrada en su mayoría constituye lo conocido como fraude de ley sustantivo, ya que instrumentalizan a los Tribunales de Justicia con posiciones supuestamente legales, pero en el fondo constituyen accionares ilegales que colindan con ilícitos penales. Todo esto fue constatado mediante la correspondiente Inspección que se realizo pero que los Juzgadores peculiarmente omitieron relacionar o darle la importancia debida. Los derechos Garantías de mi representado que fueron violentados es el comprendido en el artículo 90 Constitucional, ya que el Debido Proceso supone que los Juzgadores tutelan los derechos de los ciudadanos que presentan acciones al sentirse vulnerados por el accionar ilegal de otras personas; a mi representado le ENGAÑARON, lo sorprendieron mediante la firma de un Protocolo que contenía supuestamente una transacción que le permitiría a mi cliente el poder contar con su casa de habitación propia, eso no ocurrió jamás, por el contrario prácticamente ha perdido un poco mas de DOS MILLONES DE LEMPIRAS y lo único que recibió a cambio fue una Demanda Civil por parte de la Querellada que le provoco la pérdida de su puesto de trabajo en una empresa transnacional de origen Mexicano.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE R. S. A., ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA HA VULNERADO LA GARANTÍA GENERICA DEL DEBIDO PROCESO, CONSAGRADA EN EL ARTICULO 90 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El recurrente esgrime que la sentencia impugnada en su conjunto, vulnera principios y garantías Constitucionales, específicamente la del Debido Proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual los Juzgadores han de tutelar los derechos de los ciudadanos que presentan acciones al sentirse agraviados por las acciones ilegales cometidas por otras personas. El Censor considera que a su representado le engañaron, habiendo sido sorprendido mediante la firma de un Protocolo que contenía supuestamente una transacción que le permitiría adquirir su casa de habitación propia, lo que jamás ocurrió, ya que por el contrario prácticamente ha perdido un poco más de dos millones de Lempiras y lo único que recibió a cambio fue una demanda civil interpuesta por parte de la Querellada que le provocó la pérdida de su puesto de trabajo en una empresa transnacional de origen mexicano. Esta Sala considera pertinente recordar que el artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Esta Sala considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, tiene una íntima conexión con el derecho a la defensa que reconoce el artículo 82 párrafo primero de la Carta Magna. De este modo tal garantía se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. Como antes lo dijimos el Censor denuncia la violación de la garantía constitucional contenida en el artículo 90 párrafo primero de nuestro Texto Fundamental. Este Tribunal constata que el impugnante no explica el porqué considera violentada la garantía del debido proceso. La competencia objetiva del Tribunal de Casación es definida formalmente por la ley, pero materialmente por la parte impugnante, cuando en su recurso de casación fija los motivos de su censura y señala los aspectos a revisar, ello no acontece en el presente caso, ya que si bien el Censor indica como motivo la violación a la Garantía del Debido proceso, no logra explicar con claridad qué actuación judicial generó violación a las formalidades establecidas previamente por la ley para el desarrollo del juicio penal y con ello la posibilidad de que el Tribunal de Casación pudiera extender su competencia material en dicho análisis. En el presente caso el reclamo formulado por la parte Querellante es en cuanto al razonamiento externado por el Tribunal de Sentencia en la valoración de los medios de prueba evacuados en el desarrollo del debate, alegando que como consecuencia de esa errónea valoración se deriva el fallo absolutorio, alegatos más propios de instancia que no tienen relación con la garantía constitucional del Debido Proceso que considera vulnerada y que en todo caso ha debido plantear en esta sede por otro cauce como por ejemplo el que prevé el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal, esto es por la inobservancia de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba. Por lo anteriormente expuesto el presente motivo planteado por el Apoderado Judicial de la parte querellante, ha de ser desestimado. IV.-EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU RECURSO DE: “CASACION POR INFRACCION DE LEY, MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal, que a la letra dice: “Comete el delito de ESTAFA quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. La Doctrina ya nos establece que para que pueda subsumirse una conducta en el tipo penal denominado ESTAFA, es requisito que se cumplan con los siguientes elementos: CONDUCTA ENGAÑOSA: El Bien Inmueble que supuestamente le estaban vendiendo a mi representado, formaba parte de UN GRAVAMEN sobre 3 bienes inmuebles (lotes de terreno) y para que fuese liberado, se debía de pagar la deuda en su totalidad, o en su defecto contar con la correspondiente autorización en donde constase que mi representado era elegible para la institución (La Constancia Institución de Ahorro y Crédito).- Existía información que únicamente la Querellada sabia debido a que era ella la que mantenía la relación comercial con la institución La Constancia, mi representada ignoraba que la deuda era sobre tres lotes y no únicamente sobre el lote de terreno que a él le interesaba, recordemos que el secreto bancario en este sentido protegía a la Querellada y mi representada asumió que ella actuaba de buena fe. DISPOSICION PATRIMONIAL: Se mira reflejada en que mi representado y su señora esposa (también la madre del Querellante), de forma voluntaria procedieron a realizar la entrega de L 1, 950,000.00, mediante cheques y en efectivo a favor de la Querellada y cobrados por el Querellado, con la intención de honrar la totalidad de la deuda. PERJUICIO: Queda evidenciado con que los Querellados lograron engañar a mi representado y a su esposa para que les entregaran cerca de DOS MILLONES DE LEMPIRAS y no existe a la fecha ni la más remota intención de los Querellados de querer entregarle a mi representado lo pactado, sigue firme el GRAVAMEN ORIGINAL a favor de la institución ya relacionada. La disposición patrimonial realizada por el propio sujeto pasivo voluntariamente, fue la de emitir cheques a favor del esposo de la vendedora del inmueble, para tratar de ir saldando el monto de la totalidad de la venta, lo que ocurre es que el ERROR torna a dicha voluntad en una voluntad viciada. PROVECHO PROPIO: Este 4° elemento es evidente, tanto el Querellado y su señora esposa (Querellada), recibieron esa cantidad millonaria de dinero y ambos se lucraron en su condición de esposos de las cantidades con que estafaron a mi cliente. En la audiencia de juicio oral y público quedó plenamente establecido la concurrencia de todos y cada uno de los elementos del tipo penal antes relacionado y lastimosamente los Juzgadores tuvieron a bien el no valorar toda la prueba de cargo ofertada y evacuada. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INFRINGIDO POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 240 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El recurrente funda su Recurso en infracción por aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal. Aduce que en el presente caso concurren los elementos del delito como ser: conducta engañosa, disposición patrimonial, perjuicio y provecho propio; ya que el bien inmueble que supuestamente le estaban vendiendo a su representado, estaba afectado por un gravamen sobre 3 bienes inmuebles (lotes de terreno) y para que fuese liberado, se debía pagar la deuda en su totalidad, o en su defecto contar con la correspondiente autorización donde constase que su representado era elegible para la institución (La Constancia Institución de Ahorro y Crédito). Tal información únicamente era conocida por la Querellada M. M. O., en tanto que ésta era la que mantenía una relación comercial con La Constancia. Señala que el ofendido ignoraba que la deuda recaía sobre tres lotes y no únicamente sobre el lote de terreno que a él le interesaba, asumiendo erróneamente que dicha señora actuaba de buena fe. II.- Esta Sala considera pertinente recordar que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso bajo examen, el Censor ha encauzado su reclamo de manera errónea, al denunciar la aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal que tipifica el delito de estafa; cuando se desprende que el Tribunal de instancia al dictar una sentencia absolutoria dejó de aplicar dicha norma sustantiva al considerar que con la prueba incorporada legalmente al proceso a partir de la cual el juzgador ha elaborado los hechos probados, no se desprende que en el comportamiento de los querellados concurran los elementos objetivos ni subjetivos del delito de estafa, tipificado como antes lo hemos dicho en el artículo 240 del Código Penal y sancionado en el artículo 241.3 del mismo texto punitivo. La Sala de lo Penal, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, ha realizado un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales resultan inalterables en Casación, confrontándolos con la norma penal sustantiva que el Censor considera infringida. Para la consumación del delito de estafa el artículo 240 del Código Penal exige elementos objetivos, que no son más que los momentos sucesivos necesarios para el perfeccionamiento del referido delito, siendo forzoso de conformidad al artículo citado, que el autor realice una acción engañosa o de engaño valiéndose de “nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociaciones o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño”.., se trata de una conducta desplegada para convencer sobre algo contrario a la verdad utilizando para ello cualquiera de los engaños enunciados en la norma penal, acción que debe inducir a la víctima a un error que genera en una relación causa-efecto una disposición patrimonial, en provecho propio o ajeno del autor. El elemento objetivo del “engaño”, debe consistir en una situación capaz de inducir a error a otra persona, puede darse a través de palabras o maquinaciones insidiosas que lleguen a constituir engaño bastante.- “El engaño es cualquier maquinación suficiente para producir un error en la persona de quien dependa la disposición patrimonial y, por tanto, puede referirse tanto al objeto motivo de la transacción como a cualidades del sujeto activo………debe ser bastante y debe atemperarse a las circunstancias del caso según parámetros objetivos y subjetivos”[1] El “error” debe surgir necesariamente de la actuación engañosa del sujeto activo, algunas veces puede ser exclusivo creador mediante la conducta exteriorizada o bien puede mantener y acrecentar el error que ya tenía la víctima. De acuerdo con el cuadro fáctico plasmado en el fallo, esta Sala no encuentra posible deducir que concurra el elemento objetivo normativo del “engaño”, ya que los mismos hechos probados describen una negociación donde los acusados dan en venta un bien inmueble al supuesto ofendido, tratándose de una venta a plazos en la cual con el último pago, los procesados se obligaban a pagar el saldo de una deuda total que tenían con la institución bancaria denominada “La Constancia”, condiciones estas, que fueron del conocimiento previo del Querellante y que en ningún momento fueron ocultadas mediante algún artificio o ardid, ya que el Querellante tuvo a su disposición la documentación respectiva al firmar dicha escritura de compraventa consintiendo voluntariamente la transacción comercial; de ahí que el comportamiento de los querellados descritos en la base fáctica de la sentencia impugnada no se subsume en los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo penal de estafa, en tanto que el elemento esencial de la estafa, esto es, el ardid o engaño de los acusados, no consta que se haya producido, anterior o simultáneo a la realización de la disposición patrimonial realizada por el querellante. Es en este sentido, que el Juzgador no ha tenido por probado que al momento en que el Querellante entregó a los encausados la cantidad de dinero acordada contractualmente, los ahora sindicados hayan tenido la intención de engañarle; de ahí que no procede continuar con el análisis de los demás elementos objetivos del tipo penal de estafa. Esta Sala es del criterio que la controversia que ahora nos ocupa debe resolverse en el ámbito del Derecho Privado habida cuenta que se dirima lo que corresponda por el incumplimiento alegado por ambas partes contratantes, respecto al Querellante en cuanto que acepta no haber pagado totalmente la cantidad adeudada aduciendo que la vivienda presentaba desperfectos no reparados por el vendedor en tanto que el Querellado sostiene el comprador ha incurrido en incumplimiento al no cancelar la deuda pendiente que permita satisfacer el crédito contraído con la institución bancaria, liberar el bien inmueble y extenderle a la parte Querellante su título de dominio sobre el bien inmueble en referencia; en conclusión, los hechos objeto de juzgamiento de carecen de relevancia en el ámbito penal, aunque sí la tengan en lo que concierne al Derecho Civil y Mercantil. Por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo de casación planteado por la parte querellante ha de ser desestimado. V.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: La declaración de hechos probados contenida en la Sentencia que se recurre no es clara y terminante, y específicamente lo que titulan como VALORACION, en infracción de lo que dispone el artículo 338, regla cuarta, numeral 1, del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral uno, en la última parte del Código Procesal Penal en la parte que se lee así: “El recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes que la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados, no sea CLARA y TERMINANTE....” EXPLICACION DEL MOTIVO. La claridad de la declaración de hechos probados exige, en primer lugar, que el lenguaje se use con propiedad, vale decir dándole a cada termino el sentido correcto y en segundo lugar, que siendo una actuación procesal regida por la ley, las palabras sean empleadas en el sentido que corresponde al lenguaje jurídico, sin incluir, obviamente conceptos jurídicos que impliquen PREDETERMINACION DEL FALLO.- Por otra parte, para considerar que una declaración de hechos probados es CLARA, debe estar redactada en una forma tal que sea entendible con la simple lectura de ella, sin ningún esfuerzo y sin que tenga que consultarse otros pasajes de la Sentencia o del proceso todo; debe ser redactada pues, de manera que quien la lea comprenda de inmediato, con la mera lectura de la declaración y sin ninguna otra consulta, que fue lo que ocurrió en cuanto a los hechos que se pretenden relacionar en la declaración. Ahora, en cuanto a la calidad de TERMINANTE, que se exige también para la declaración de hechos probados, tenemos que es una categoría que se complementa con la conceptualización de CLARIDAD y se integra con la misma.- El significado de “TERMINANTE” según el Maestro Cabanellas en su diccionario de Derecho Usual, es el siguiente: “Claro, concluyente, definitivo. Se refiere con frecuencia a las disposiciones legales, contractuales o testamentarias, que no permitan interposición fuera de la literal ni tergiversación, dado su preciso texto.” De ese concepto, aplicado a la declaración de hechos probados, se desprende, corroborando lo que expuse con respecto a la claridad, que para entender una declaración de hechos probados, no puede salirse del texto de la misma, sin que quepa otra interpretación que la que resulte de sus propios términos. - Se impone entonces, que veamos ahora, si la declaración de hechos probados que se contiene en el fallo de que estoy recurriendo, reúne las calidades de CLARIDAD y de ser TERMINANTE que permita determinar de manera directa, con solo leerla, que fue lo que realmente acaeció, en una secuencia lógica.- Nada de eso es posible.- Es indiscutible que tal declaración no es CLARA, ni es TERMINANTE.- A manera de ilustración transcribo literalmente un párrafo de la Sentencia, misma que contiene una serie guiones, debe de entender que los Jueces pensaron que existía algún artículo que pretendían relacionar y que no encontraron y esta es la transcripción: “En cuanto al Acta Notarial, contenida en la escritura pública numero 105 de fecha 20 de Junio de 2005, elaborada por el Notario M. E. B. mediante la cual se establece lo manifestado por el Ingeniero R. E. I., respecto a los desperfectos de construcción que la vivienda presentaba al tenor de lo dispuesto en el artículo del Código de Notariado se tiene por acreditado única y exclusivamente la aseveración dada por el compareciente al Notario autorizante de la respectiva Acta Notarial”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE, ARGUYENDO QUE LA DECLARACIÓN DE HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA PROBADOS, NO ES CLARA NI TERMINANTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 NUMERAL PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El recurrente arguye que la declaración de hechos probados contenida en la sentencia impugnada no es clara ni terminante, lo que impide determinar de manera directa, es decir, con solo leerla, que fue lo que realmente acaeció, en una secuencia lógica. Esta Sala de considera pertinente recordar que el vicio procesal denunciado por el Censor se origina cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris”[2]. En el caso bajo examen, el relato fáctico es claro y terminante, al establecer que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil tres, los señores M. G. O. y R. S. A. celebraron un contrato de compraventa de un lote de terreno y sus mejoras por la cantidad de dos millones seiscientos ochenta y cinco mil lempiras, pagando en ese acto una cantidad de dinero en concepto de prima, quedando pendiente de pago un remanente del precio pactado; que dicho terreno forma parte de otro de mayor cabida dado en promesa de venta a la señora M. G. O. por parte del Banco “La Constancia”, situación que era conocida por el señor R. S. A. al momento de convenir la compra con la señora M. M. G., obligándose esta misma a la cancelación de la deuda y liberación del inmueble con el banco, una vez que se efectuara el pago total del precio convenido. A criterio de esta Sala, los hechos declarados probados por el A Quo, no son equívocos, tampoco son confusos o indeterminados, por el contrario, de ellos se deriva de forma clara, precisa y terminante que la acusada M. O. y la supuesta victima contrajeron obligaciones contractuales de compraventa de un inmueble respecto al cual, la querellada mantenía una deuda con una institución bancaria, situación que era de conocimiento del señor R. S. A.; razón por la cual, no existe confusión o falta de precisión en los hechos declarados probados, siendo los mismos claros y terminantes de tal manera que ha permitido a esta Sala realizar el proceso de subsunción sin dificultad alguna y concluir que no se desprende de los mismos la realización del delito de estafa que se ha venido atribuyendo a los querellados. VI. EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU: “SEGUNDO MOTIVO: EN LA SENTENCIA SE EXCLUYÓ O DEJÓ DE CONSIDERARSE PRUEBA DE DESCARGO DE VALOR DECISIVO, inaplicado así lo dispuesto en el artículo 110 del Código Procesal Penal, en la parte que literalmente dice: “ El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral segundo, parte ultima del Código Procesal Penal, según el texto que transcribo a continuación: “El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes… 2.- Que excluya o deje de considerar prueba de valor decisivo.” Para respaldar la procedencia de este SEGUNDO MOTIVO, transcribo de forma literal lo aseverado por los Juzgadores en su sentencia que es objeto de esta impugnación y que se lee así: “En cuanto a los demás medios probatorios aportados por la defensa el Tribunal no se pronuncia por no encontrarles relevancia probatoria para los fines del proceso más que la acreditación de la deuda que la Querellante tiene con la institución bancaria que le otorgo el préstamo y una demanda civil promovida por esta en contra del Querellante”. Resulta difícil de creer para esta parte Querellante que los Juzgadores le hayan restado total y completa importancia a ambos Medios de Prueba, era importante que los Juzgadores analizaran que los Querellados al parecer compraron financiados 3 Lotes de Terreno en la Urbanizadora Residencial La Granja, II etapa, Lote 07, Bloque C; Lote 5 y 6 del Bloque D, obviamente sobre estos tres bienes existe un gravamen a favor de la institución vendedora (La Constancia Institución de Ahorro y Crédito), la Querellada realizaba pagos sobre la deuda de manera GLOBAL, debiéndose entender que al estar en MORA, esta incluía a los tres (3) lotes. Mediante la inspección (audiencia de excepciones) comprobó que en ese momento la Querellada debía $108,000.00, repito esta es una deuda global de los 3 lotes. Ninguna transacción sobre esos 3 bienes inmuebles procedía si no se cuenta con una AUTORIZACION de La Constancia Institución de Ahorro y Crédito (ahora BANPAIS) y en el caso particular esta institución nunca ha autorizada a la Querellada para que pudiera traspasar su crédito, lo anterior debido a que ellos analizan si les conviene o no. Adicionalmente los Juzgadores se negaron a trasladarse al bien inmueble objeto de este proceso y así de esa forma constatar la situación real de la casa de habitación, situación que obedece a una muy mala construcción, no es producto del paso del tiempo, estas situaciones irregulares y no propias de una casa de habitación nueva fueron relacionadas en un Acta Notarial elaborada por el Abogado M. E. B. P., contando con la presencia de un profesional de la ingeniería de nombre R. E. I., en dicha Acta se establece con claridad todos y cada uno de los problemas de la casa y el Tribunal simple y sencillamente ignoro o paso por alto el valorar este medio de prueba.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL APODERADO LEGAL DE LA PARTE QUERELLANTE ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA EXCLUYO O DEJO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 NUMERAL 2) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que el Juzgador de instancia excluyó o dejó de considerar prueba de valor decisivo. Para respaldar la procedencia del motivo, transcribió de forma literal lo aseverado por los Juzgadores en la sentencia que es objeto de impugnación y que se lee así: “En cuanto a los demás medios probatorios aportados por la defensa el Tribunal no se pronuncia por no encontrarles relevancia probatoria para los fines del proceso más que la acreditación de la deuda que la Querellante tiene con la institución bancaria que le otorgó el préstamo y una demanda civil promovida por esta en contra del Querellante”, añadiendo que ha debido concederse crédito “a ambos medios de prueba”, entendiendo esta Sala que se refiere a las constancias bancarias que acreditan la deuda mantenida por la querellada M. G. O. con una institución bancaria y una demanda civil interpuesta contra el querellante. Por otro lado señala que el Tribunal no tomó en cuenta una inspección mediante la cual se verifico (audiencia de excepciones) que la querellada debía 108,000 dólares. Finalmente cuestiona que el Tribunal se haya negado a trasladarse al bien inmueble objeto de la compraventa para verificar que en esta se observaban evidencias de una mala construcción, las que fueron relacionadas en el acta notarial autorizada por el Notario M. B.. Un estudio detenido de los antecedentes revela que las constancias bancarias mediante las cuales se acredita las cantidades adeudadas por la querellada M. G. O. a la entidad de crédito denominada La Constancia, la inspección judicial realizada para constatar la interposición de una demanda ejecutiva de pago en contra del querellante R. S. A., así como también el acta notarial autorizada por el Notario M. B., si fueron valoradas por el Tribunal de enjuiciamiento, aunque de manera distinta a la pretendida por el Censor (vid. Folios No. 332 vuelto y 333), de ahí que no se aprecie respecto a tales medios de prueba que hayan sido excluidos ni mucho menos dejados de considerar. Si a juicio del impetrante, las conclusiones a las que llegó el Juzgador de instancia sobre el valor probatorio de las pruebas antes mencionadas son erróneas, no es a través de este motivo de casación que debió ser fustigada la sentencia, sino que debió plantear su reclamo a través de otro cauce procesal, como por ejemplo el que prevé el artículo 362 No. 3) párrafo final del Código Procesal Penal, esto es la eventual vulneración de las reglas de la sana crítica. Por otro lado se desprende del expediente bajo estudio que la inspección que se habría realizado por el Tribunal en la audiencia de excepciones, no fue admitida para ser evacuada en el debate, así como tampoco lo fue la que pretendía la parte querellante para que el Tribunal se constituyera en la vivienda objeto del contrato de compraventa entre las partes (vid. Folio 76), de ahí que no cabe entrar en el análisis de si fueron excluidas o dejadas de considerar por no formar parte del elenco de pruebas practicadas en el juicio oral y público; dicho sea de paso cabe señalar que la parte querellante no interpuso recurso alguno cuando en la audiencia de proposición de pruebas el Tribunal de enjuiciamiento rechazó la admisión de las inspecciones antes relacionadas, por lo que cabe entender que consintió con dicha negativa. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo de casación formulado por la parte querellante ha de ser desestimado. VII. EL ABOGADO RECURRENTE SIGUE MANIFESTANDO EN SU: “TERCER MOTIVO: QUE CAREZCA DE MOTIVACIÓN FÁCTICA O JURÍDICA, QUE DICHAS MOTIVACIONES SEAN INSUFICIENTES O CONTRADICTORIAS, O SI EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; en la parte que se lee así: “El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de alguno de alguno de los vicios siguientes: 1) QUE CAREZCA DE MOTIVACIONES FACTICAS o JURIDICAS... EXPOSICION DEL MOTIVO: En el fallo recurrido, al analizar la Valoración de la Prueba no se observo las reglas de la Sana Crítica, que son LA LOGICA, LA PSICOLOGIA y LAS MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA y la motivación es Insuficiente y Contradictoria entre otras cosas debido a que se establece lo siguiente:1) Que el Contrato de Compra Venta suscrito entre mi representado y la Querellada solo sirve para acreditar la relación contractual, se acreditan los pagos efectuados por mi representado en pago de la vivienda ubicada en la urbanizadora La Granja de Comayagüela, librados entre el 30 de Septiembre y el 20 de Agosto de 2004, dicen los Juzgadores que este documento no es CONTROVERTIDO y se tienen por ABSOLUTAMENTE CREIBLES de ser cierta esta aseveración desacertada del Tribunal entonces se tendría que tener por cierto que El Testimonio de la Escritura Pública de Compra Venta entre la Querellada y mi representado, nunca fue ni aun ha sido Registrada, lo anterior debido a que sobre ese bien Inmueble existe un Gravamen a favor de la Constancia institución de Ahorro y Crédito (Ahora BANPAIS), y para que se realice cualquier tipo de transacción si no se cuenta con el V° B° de dicha institución, no procede NINGUNA transacción inscribible.- Adicionalmente consta en la referida Escritura Pública que la Querellada se comprometía al saneamiento en caso de evicción.- También consta que supuestamente la casa de habitación contaba con todos los servicios básicos en perfecto estado, ello debido a que supuestamente la casa estaba nueva, efectivamente parece que si estaba nueva pero mal construida.- 2) El Tribunal en sus CONSIDERACIONES relacionadas con las declaraciones Testificales, expresan que los mismos fueron vertidos por los propios ofendidos de manera libre y espontánea sin ser controvertidos y por lo tanto aceptados por la parte Querellada, parece que no escucharon cuando ambos enfatizaron que han entregado más de dos millones de lempiras, que trataron de REVERSAR la transacción al presentarse todos los problemas en la casa de habitación objeto de este proceso, que la escritura nunca pudo ser inscrita y que a la fecha solo tienen seguro que los Querellantes están a punto de burlarse la Justicia hondureña.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE, ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA CARECE DE MOTIVACIONES FACTICAS O JURIDICAS, QUE DICHAS MOTIVACIONES SON INSUFICIENTES O CONTRADICTORIAS Y QUE EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 NUMERAL 3 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que la sentencia recurrida carece de motivaciones fácticas y jurídicas, así como también que es contradictoria, añadiendo que al valorar las pruebas el Tribunal de instancia no observó las reglas de la sana crítica, que son la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. El recurrente esgrime que el Testimonio de la escritura pública de la compraventa celebrada entre la querellada M. G. y su representado, no ha podido ser registrada, debido a que sobre ese bien inmueble pesa un gravamen a favor de La Constancia, institución de Ahorro y Crédito (Ahora Banpais), y para que se realice cualquier tipo de transacción se requiere el visto bueno de dicha institución. Sigue manifestando el Censor que adicionalmente consta en la referida escritura pública que la querellada se comprometió al saneamiento en caso de evicción. También consta que supuestamente la casa de habitación contaba con todos los servicios básicos en perfecto estado, ello debido a que supuestamente la casa estaba nueva, señalando que efectivamente parecía que si lo estaba sin embargo resultó que había sido mal construida. Asimismo, el Tribunal en sus consideraciones relacionadas con las declaraciones testificales, expresa que las mismas fueron vertidas por los propios ofendidos de manera libre y espontánea sin ser controvertidas y por lo tanto aceptados por la parte querellada, de ahí que aparentemente los Juzgadores no escucharon cuando ambos enfatizaron que han entregado más de dos millones de lempiras, que trataron de reversar la transacción al presentarse todos los problemas en la casa de habitación objeto de este proceso, que la escritura nunca pudo ser inscrita y que a la fecha solo tienen seguro que los Querellantes están a punto de burlarse de la justicia hondureña. Esta Sala considera que el Censor falta a la técnica casacional cuando expone varios motivos de manera conjunta soslayando la exigencia que por razones de orden y claridad en la exposición y planteamiento del recurso, prevé el artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal, donde se establece que “el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo”. No obstante lo anterior, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva y alcanzar la justicia como uno de los fines esenciales del Estado de Derecho en el que Honduras se ha constituido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de la República, esta Sala procede a resolver motivadamente los reclamos formulados por el Censor. Esta Sala considera oportuno recordar que la “motivación insuficiente” se da cuando en la sentencia no se explican de manera suficiente las circunstancias o razones tomadas en consideración para adoptar una determinada decisión o cuando habiendo valorado cierta prueba no se diga claramente cual fue la tomada en cuenta para fijar los hechos probados; en cambio se presenta el vicio de la “motivación contradictoria”, cuando en los fundamentos plasmados en la sentencia no se respeta el principio de coherencia, que informa el recto entendimiento humano, ya que el contenido de un fallo debe ser armónico y congruente en cada de sus partes, por lo que no le es permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro fáctico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o en la fundamentación jurídica. Para esta Sala es evidente que el recurrente cuestiona los razonamientos del A quo, por no compartir las conclusiones a las que arribó en la sentencia, pero no explica cuáles fueron las circunstancias o aspectos que no fueron exteriorizadas suficientemente por los sentenciadores y pudieran originar que la motivación no haya sido completa ó inexistente, limitándose a señalar deficiencias pero que conciernen a la valoración de la prueba que hizo el Tribunal; sin especificar además cual de las reglas de la sana crítica se han transgredido. A Folios No.331 y 332 de la sentencia recurrida se aprecia la valoración que hacen los sentenciadores respecto a la prueba testifical de cargo, expresándo las razones del por qué se les da credibilidad, en relación a que el querellante R. S. A. celebró un contrato de compraventa con la querellada M. G., sin que mediara ningún tipo de ardid ó astucia por parte de los procesados para lograr ese convencimiento, ya que aquel conocía el gravamen que pesaba sobre el predio, mismo que iba ser cancelado al momento que efectuara el pago de la totalidad de la deuda convenida, lo cual no ocurrió, arguyendo que la otra parte no reparó los desperfectos de construcción que presentaba la vivienda. También a (folios No. 332 vuelto, 333 frente y vuelto de la resolución recurrida), aparece la valoración de las pruebas documentales e Inspección Judicial; en relación a las primeras, el Tribunal razona que el Querellante conocía las condiciones en que adquiría el bien inmueble mediante compraventa a plazos y que en ningún momento fue ocultada mediante artificio o ardid, siendo que el supuesto afectado tuvo a su disposición la documentación respectiva al firmar dicha escritura consintiendo voluntariamente dicha transacción comercial; desprendiéndose de dichos razonamientos que el A quo si motivó de forma suficiente al valorar las pruebas evacuadas, sin que se evidencien serias contradicciones o falta de coherencia entre lo plasmado en el cuadro fáctico, lo afirmado en la valoración de las pruebas y lo motivado en la fundamentación jurídica, manifestándose claramente cual fue la prueba tomada en cuenta para fijar los hechos probados; por todo lo anteriormente expuesto debe declararse sin lugar el presente motivo formulado por la parte querellante. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 361, 362 preámbulo y numerales 1), 2), 3) y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por infracción de ley y quebrantamiento de forma, interpuesto por el APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE, contra la sentencia absolutoria dictada a favor de los QUERELLADOS M. M. G. y G. A. B. por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de abril de dos mil trece; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho. REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-90-2014.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid: QUERALT JIMENEZ, JOAN, en Derecho Penal Español, Parte Especial, 4° Edición, Atelier, Barcelona, 2002, Pág. 311.

[2] Vid. LUZON CUESTA, JOSE MARIA, en “El Recurso de Casación”. 2ª Edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, pág. 140.