Sentencia CP-90-12 — Registro 5091
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio en su grado de Tentativa, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 69 DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 27 NUMERALES 2) Y 6) DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que del relato fáctico se desprende que la conducta del imputado G. M. L., se subsume en el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, tipificado en el artículo 116 en relación al 15 del Código Penal. Señala que en la individualización de la pena, representante del Ministerio Público alegó la concurrencia de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 27 numerales 2, 6, 13 y 16 del Código Penal. Reprocha que en el numeral quinto, de la fundamentación jurídica, de la sentencia que se impugna, el A Quo haya desestimado la aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como ser: 1) Ejecutar el delito con alevosía; 2) Obrar con premeditación conocida astucia, fraude o disfraz; por lo que se le impuso una pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN. El Censor considera que si bien es cierto que la pena concreta impuesta al encausado se encuentra dentro del marco legal abstracto, el Juzgador dejó de aplicar las agravantes que concurren en el hecho, mismas que de haber sido apreciadas como era lo correcto habrían llevado a fijar una pena no menor a los DOCE (12) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN. El Fiscal estima que el imputado actuó con alevosía ya que ingresó a la oficina donde la ofendida se encontraba sentada y de espaldas a la puerta, la golpeó en la cabeza, ató sus manos y cubrió su boca y nariz con cinta adhesiva, lo que le dificultó la respiración, de lo que se colige que se estaba asegurando que la víctima quedara indefensa. Asimismo, alude a la concurrencia de la agravante del numeral 6 del Articulo 27 que refiere: Obrar con premeditación conocida, astucia, fraude o disfraz, hipótesis que ha quedado evidenciada cuando el juzgador da por probado que el imputado aprovechó que la señora E. R. se encontrara sola en su oficina, y que para cometer su acción delictiva, utilizó un disfraz, concretamente un pasamontañas para cubrir su rostro mientras atacaba a la ofendida. Esta Sala de lo Penal, reitera que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Por lo anterior, a la Sala de lo Penal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de instancia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. A criterio de esta Sala la pretensión del Ministerio Público en la audiencia de individualización de la pena para que se aprecie la circunstancia agravante de alevosía en el delito de tentativa de homicidio cometido por el procesado G. L., comporta aunque el representante del ente acusador no lo haya manifestado expresamente, una modificación en la calificación del delito, ya que concurriendo la alevosía en el caso de un homicidio consumado o tentado, esta figura resulta desplazada por el asesinato en atención al principio de especialidad (vid. Arts. 2-A No. 1 y 117 No. 1) del Código Penal). Así las cosas la pretensión del ente acusador se ha producido en un momento procesal en que por mandato del legislador, se considera que la Defensa ya no tiene la oportunidad para rebatir con eficacia dicha calificación. Esta Sala considera necesario insistir que los términos en los que se configura la exigencia de correlación entre acusación y sentencia, es una decisión de carácter legislativo, de tal manera que en algunos ordenamientos jurídicos la calificación jurídica del delito objeto de juzgamiento formulada por el ente acusador, genera algún grado de vinculación para el Tribunal al momento de que éste deba dictar su fallo, en tanto que en otros la libertad decisoria del Juzgador no se encuentra limitada más que a los hechos objeto de la acusación; así en el Derecho comparado podemos encontrar códigos procesales penales en los que la vinculación en el sentido antes apuntado es evidente, así por ejemplo: el artículo 374 del Código Penal peruano establece: “Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el Juez Penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al Fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el Juez Penal y, en su caso, propondrán la prueba necesaria que corresponda. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el Juez Penal suspenderá el Juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente. Por su parte, el artículo 397 prevé que: 1.-La sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado. En la condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su ampliatoria, salvo que el Juez Penal haya dado cumplimiento al numeral 1) del artículo 374. El Juez Penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación.. El artículo 359 del Código Procesal Penal de El Salvador prevé: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar penas más graves o distintas a las solicitadas. El imputado no podrá ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio, si previamente no fue advertido sobre la modificación posible de la calificación jurídica; la regla comprenderá también a los preceptos que se refieren sólo a la pena, cuando se pretenda aplicar una más grave a la solicitada. El artículo 400 del Código Penal Procesal Penal de Paraguay dice que: “ La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas. Sin embargo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa.El artículo 341 del Código Procesal Penal de Chile establece que “La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia. Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella. En otra línea se inscriben algunos códigos, en los cuales la calificación jurídica del delito realizada por el ente acusador no limita en general la que deba realizar el Juzgador al dictar su fallo, así tenemos que: El artículo 388 del Código Procesal Penal de Guatemala establece que: “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquélla de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. El artículo 157 del Código Procesal de Nicaragua establece que “la sentencia no podrá dar por probados otros hechos que los de la acusación, descritos en el auto de convocatoria a Juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación. Pero el juez podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta, aun cuando no haya sido advertida con anterioridad y aplicará la pena que corresponda”. El artículo 336 del Código Procesal Penal de la República Dominicana prevé que “La sentencia no puede tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en su ampliación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal puede dar al hecho una calificación jurídica diferente de la contenida en la acusación, o aplicar penas distintas de las solicitadas, pero nunca superiores”; el artículo 365 del Código Penal de Costa Rica, donde se establece que “La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y la querella y, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente de la acusación o querella, o aplicar penas más graves o distintas de las solicitadas”. De este modo y volviendo al caso que ahora nos ocupa, aún y cuando del relato de hechos probados se pudiera desprender la concurrencia de la alevosía como circunstancia cualificadora del asesinato, el Tribunal de Instancia por decisión expresa del legislador hondureño en el artículo 337 del Código Procesal Penal, no podía calificar el hecho de manera más gravosa de la que resultara de la formalización de la acusación, o en su caso de la ampliación de la misma en el debate cuando la hubiere, desprendiéndose de los antecedentes que el Ministerio Público mantuvo durante todo el transcurso del proceso la calificación de los hechos debatidos por las partes, como un delito de homicidio simple tipificado en el artículo 116 del Código Penal, y no es sino hasta que in extremis, y tras la conclusión del juicio oral y público propiamente dicho, (concretamente en la audiencia de individualización de la pena [5]) que sorpresivamente solicitó al Tribunal de Instancia que apreciara la circunstancia de alevosía misma que de concurrir daría lugar a una calificación jurídica más grave, como es la del asesinato aleve en el grado de ejecución de tentativa, tipificado en los artículos 117 No. 1) y 15 del texto punitivo antes relacionado. No obstante lo anterior y a los efectos de dar una respuesta debidamente motivada el Censor cabe hacer un análisis sobre la concurrencia de la alevosía en el caso que ahora nos ocupa. La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, se presenta cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida.- Es importante resaltar dos puntos: Primero que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; Segundo: Para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del Sujeto Activo de buscar y aprovecharse de esa situación.- Del concepto se derivan tres clases de alevosía: i) La Alevosía Proditoria, conocida también como aleve o traicionera, concurre en los casos donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor “sobre seguro” y “a traición”, por tanto adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde o se disfraza a la vista de su víctima, para poder acercarse a ella y así atacarle; ii) Alevosía Sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevista por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas de su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando que el acto imprevisto le dé la ventaja; y iii) Alevosía de Prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al avizorarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque.- Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa de la alevosía y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta.- Del factum se desprende que no concurre la circunstancia de alevosía, tomando en cuenta que el ataque propiamente dicho realizado con arma blanca por el autor no se despliega en el momento en ingresa al lugar donde la víctima se encuentra de de espaldas, sino que después cuando aquella realiza oposición y trata de liberarse del dominio de su agresor. En atención al principio de correlación entre la acusación y sentencia previsto en el artículo 337 del Código Procesal Penal por un lado, y la inexistencia de la agravante en el relato de hechos probados contenido en la sentencia impugnada por el otro, no es procedente esta pretensión formulada por la Representación del Ministerio Público. En lo que concierne a la agravante que consiste en la utilización de disfraz, contemplada en el artículo 27 No. 6) del Código Penal, esta Sala comparte el criterio de que el disfraz ha de ser entendido como el empleo de un medio apto para desfigurar el rostro o la apariencia externa de una persona. Su aplicación requiere que sea utilizado al tiempo de la comisión del delito, y con la finalidad de facilitar la realización del mismo dificultando la identificación del autor. Cuando el disfraz se utiliza no tanto para permitir o facilitar el delito como para evitar la identificación del autor del hecho ilícito, la agravante exige la concurrencia de tres requisitos: 1) objetivo, consistente en la utilización de un medio apto para cubrir o desfigurar el rostro o la apariencia habitual de una persona; 2) subjetivo o propósito de evitar la propia identificación para eludir sus responsabilidades; y 3) cronológico, porque ha de usarse al tiempo de la comisión del hecho delictivo, careciendo de aptitud a efectos agravatorios cuando se utilizara antes o después de tal momento. Procederá la apreciación de la agravante «cuando en abstracto, el medio empleado sea objetivamente válido para impedir la identificación. Es decir, el presupuesto de hecho para la aplicación de la agravación no requiere que efectivamente las personas presentes en el hecho puedan, no obstante la utilización de un dispositivo dirigido a impedir la identificación, reconocer el autor del hecho delictivo, sino que, como se ha dicho, basta que el dispositivo sea hábil, en abstracto, para impedir la identificación, aunque en el supuesto concreto no se alcance ese interés. De conformidad con los criterios expuestos, el motivo ha de ser estimado, tomando en cuenta que del factum se desprende que el imputado al momento de atentar contra la vida de la víctima utilizó un pasamontañas con el evidente propósito de impedir o evitar su identificación. Este Tribunal de Casación comparte las consideraciones del Juzgador de instancia al fijar la pena concreta, salvo en que a diferencia de éste, es del criterio que sí concurre la agravante de empleo de disfraz, por lo que procede imponer al encausado la pena de once años seis meses de reclusión..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de enero de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1)CONDENANDO al Señor J. M. L., a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de DE HOMICIDIO EN GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de E. M. R.. 2) CONDENANDO al Señor J. M. L., a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL y a trabajar por el tiempo que dure la pena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento.3) DECLARO la responsabilidad civil del condenado J. M. L..4)NO CONDENO a dicho procesado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada V. B., en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada D. E. R. C., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; y las Abogadas D. M. R. P. y A. R. P. P., en su condición de Defensoras Públicas del Acusado J. M. L., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal a partir de la valoración armónica y pormenorizada de la prueba practicada en el debate declara como probados los hechos que a continuación se detallan: Unico: En fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diez, aproximadamente a las diez de la mañana con quince minutos, vestido con un pantalón corto tipo jean, camisa azul, zapatos amarillos, cubierto el rostro con un pasa montaña y armado con un cuchillo, J. M. L. entra intempestivamente a la oficina de E. M. R., ubicada en el proyecte habitacional Look Out State (también identificada como lotificadora Owner), Oak Ridge, Santos Guardiola, Islas de La Bahía, quien se encuentra sentada en su escritorio, de espaldas a él; la golpea en la cabeza, ata sus manos y cubre su boca y nariz con cinta adhesiva, lo que le dificulta la respiración, por lo que la mujer intenta librarse del mismo, lucha contra su atacante y logra verle la cara subiéndole el pasa montañas a la altura de la frente, lo que provoca que su agresor intente matarla asestándole varias cuchilladas en cuello, tórax y abdomen, cuando llega a la escena el testigo “X”, al verse descubierto por éste J. M. L. interrumpe su acción, dejándole el cuchillo incrustado en el cuello a E. y todavía con el pasa montañas en su frente, sale en persecución del testigo, quien corre hacia un grupo de trabajadores que laboraban a varios metros de distancia de la oficina y a gritos los alerta de la situación, por lo que J. M. huye del lugar corriendo en dirección contraria, mientras E. recibe ayuda y es trasladada a una clínica, logrando asistencia médica oportuna.” CONSIDERANDO: I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la abogada V. B., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA RECURRENTE ABOGADA V. B., FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE:“ EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. UNICO MOTIVO: Infracción de Ley Sustantiva por falta de Aplicación del articulo 69 del Código Penal, en relación con el 27 numerales 2 y 6.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. PLANTEAMIENTO DEL RECURSO: Los preceptos penales que citan como infringidos prescriben: Artículo 69: “El juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica.” Artículo 27: “Son circunstancias agravantes: 1)…2) Ejecutar el delito con Alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución directa y especialmente asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido….3)..4)…5)…6) Obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz… Desarrolladas que fueron todas las pruebas en la audiencia de debate, el Juzgador concluyó del hecho único declarado probado en el fallo que ahora impugnamos, que la acción ilícita ejecutada por el imputado se subsume en el delito de Homicidio Simple en su Grado de Ejecución de Tentativa, tipificado en el artículo 116 en relación al 15 del Código Penal, razón por la cual procedió a condenar al acusado. Estructurando el A quo, el relato fáctico de la siguiente manera: “UNICO: En fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diez, aproximadamente a las diez de la mañana con quince minutos, vestido con un pantalón corto tipo Jean, camisa azul, zapatos amarillos, cubierto el rostro con un pasa montañas y armado con un cuchillo, J. M. L. entra intempestivamente a la oficina de E. M. R., ubicada en el proyecto habitacional Look Out State (también identificada como lotificadora Owner) Oak Ridge, Santos Guardiola, Islas de la Bahía, quien se encuentra sentada en su escritorio, de espaldas a él; la golpea en la cabeza, ata sus manos y cubre su boca y nariz con cinta adhesiva, lo que le dificulta la respiración, por lo que la mujer intenta librarse del mismo, lucha contra su atacante y logra verle la cara subiéndole el pasamontañas a la altura de la frente, lo que provoca que su agresor intente matarla asestándole varias cuchilladas en cuello, tórax y abdomen cuando llega a la escena el testigo “X” al verse descubierto por éste J. M. L. interrumpe su acción dejándole el cuchillo incrustado en el cuello a E. y todavía con el pasamontañas en su frente, sale en persecución del testigo, quien corre hacia un grupo de trabajadores que laboraban a varios metros de distancia de la oficina y a gritos los alerta de la situación, por lo que J. M. huye del lugar corriendo en dirección contraria, mientras E. recibe ayuda y es trasladada a una clínica, logrando asistencia médica oportuna”. Por su parte el representante del Ministerio Público al momento de evacuarse la audiencia de individualización de la pena, exhortó al Tribunal a efecto que tomase en cuenta para imponer la pena concreta al acusado, que de los hechos objeto de juzgamiento, se evidencia la concurrencia de circunstancias modificativas del delito que afectan su gravedad, como ser las estipuladas en el artículo 27 en sus numerales 2,6 13 y 16 del Código Penal. Al examinar el fallo que se cuestiona a través de esta vía recursiva, se infiere del numeral quinto, de la sección de la fundamentación jurídica, que el A quo no estimó la concurrencia de circunstancias modificativas del delito que lo afectan en su gravedad como ser: 1) Ejecutar el delito con alevosía; 2) Obrar con premeditación conocida astucia, fraude o disfraz 3) a pesar de desprenderse la concurrencia de las mismas del cuadro fáctico establecido por este. Asimismo, el Tribunal citó en el mismo apartado de la sentencia, que consideró al acusado, como primo- delincuente (por no contar con información que le refiera que posee antecedentes penales negativos ni se aprecia en el acusado ser una persona mayormente peligrosa) por cuanto al delito no ha afectado a la sociedad en su conjunto y la titularidad del bien jurídico puesto en riesgo es de naturaleza personal; en consecuencia le impone una pena concreta de diez (10) años de reclusión. Es precisamente la pena concreta impuesta al acusado, lo que genera nuestro reproche casacional, puesto que advertimos que evidentemente el A quo ha incurrido en una infracción de ley sustantiva, por falta de aplicación del artículo 69 del Código Penal, en relación con las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 27 numerales 2 y 6 del citado cuerpo normativo, ya que resulta evidente que el Tribunal al imponer la pena concreta antes referida, no consideró los aspectos que comprende el artículo 69 supraindicado, atinentes a la valoración de las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho, apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia. El a quo indudablemente impuso la pena establecida dentro del marco legal correspondiente al delito, es decir dentro del rango de diez (10) a quince (15) años de reclusión, de acuerdo a lo que establece el artículo 116 en relación al 15 del Código Penal; pues condenó al encausado a una pena concreta mínima de diez (10) años de reclusión. Sin embargo, estimamos que la pena concreta impuesta por el Juzgador, es contraria a derecho, pues si bien ésta se encuentra dentro del marco legal del delito inculpado; advertimos que el Juzgador no aplicó para efectos de imponer dicha pena concreta, las agravantes que concurrieron en el hecho; esto lo afirmamos, tomando como punto de partida la pena impuesta, pues la misma está por debajo del término medio de lo dispuesto en el marco legal, término medio que en el caso en concreto, sería de doce (12)años seis (6) meses de reclusión. Partiendo del relato fáctico, reiteramos que del mismo se desprende la presencia de la agravante contenida en el numeral 2) del articulo 27 del Código Penal que refiere: “Ejecutar el delito con alevosía” ya que se describe que el imputado G. M. L. utilizó los medios necesarios para asegurar su cometido (darle muerte a la señora E. R.) sin que implicara riesgo hacia su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer la ofendida, ya que ingresó a la oficina donde se encontraba sentada de espalda a la puerta, la golpea en la cabeza, ata sus manos y cubre su boca y nariz con cinta adhesiva, lo que le dificulta la respiración, circunstancias que permiten concluir que se estaba asegurando que ella quedara indefensa. De igual manera se ha detallado en el factum la concurrencia de la agravante comprendida en el numeral 6 del articulo supraindicado que refiere: Obrar con premeditación conocida, astucia, fraude o disfraz, hipótesis esta, que ha quedado evidenciada cuando el juzgador establece que el imputado aprovechó que la señora E. R. se encontrara sola en su oficina; asimismo que para cometer su acción delictiva, utilizó un disfraz al cubrir su rostro con un pasamontañas al momento de atacar a su víctima, con el objeto que fuera imposible su reconocimiento por parte de la misma.- Nuestra argumentación tiene su fundamento tanto en la doctrina, como en la Jurisprudencia Nacional emitida por la Corte Suprema de Justicia[1], la cual se ha pronunciado, que en los casos en los cuales no concurran circunstancias modificadoras de la responsabilidad, la pena concreta a imponer debe ser precisamente “el término medio de la pena abstracta”. En otras palabras, debe ser el término medio, el punto de partida en la determinación de la pena concreta, más aun cuando existen las agravantes ya mencionadas en el presente hecho. Considerando la posición antes señalada, es que afirmamos que el caso de mérito advertimos que el Tribunal de Sentencias de La Ceiba, al momento de imponer la pena concreta al acusado, no aplicó las circunstancias agravantes modificativas de esponsabilidad establecida en el articulo 27 numeral 2 y 6 relacionado con el artículo 6 del Código Penal, a pesar de que la concurrencia de las mismas se concluye de los hechos estimados y declarados probados. La Sala de lo Penal ha dejado plenamente establecido: “…..en el caso de existencia de las mismas (circunstancias agravantes y atenuantes), el Juzgador deberá ponderar en su caso entre el mínimo y el máximo, tomando en cuenta el grado de peligrosidad del imputado y los otros elementos establecidos legalmente, pudiendo ponderar según el caso entre el mínimo y el máximo del término medio”. Lo entre paréntesis es nuestro. Respecto al término que corresponde imponer por cada una de las circunstancias agravantes antes referidas, no se puede desconocer que nuestra ley penal sustantiva, deja un vacío al respecto y por ende le cede al Juez el libre arbitrio judicial de determinación de la pena; sin embargo, entendemos que éste arbitrio no puede tornarse en una decisión caprichosa, ya que el Juzgador no tiene más facultades que moverse dentro del marco legal, que siempre estará determinado por logicidad y equidad, que en el caso de la determinación de la pena se extrae del contexto normativo[2]. Ante ello, el Sentenciador al momento de imponer la pena concreta, debe aplicar las agravantes 2, y 6, del artículo 27 del Código Penal en relación a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, sin dar interpretaciones, ni aplicaciones distintas a las que se derivan del propio contenido de la norma. Corresponde al Tribunal de Sentencia la correcta aplicación de la Ley penal sustantiva[3], cuando frente a él es visible un voluntario o involuntario fraude de ley; ya que indiscutiblemente es esto último lo que concurre si aceptamos que la pena impuesta en éste caso en concreto es la correcta, pues con ello sin lugar a dudas se ha infringido un precepto de ley sustantiva; nuestro argumento tiene su base en que al respecto ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado[4]. Sobre la base de todo lo anterior, evidenciamos y explicamos la concurrencia de un vicio in iudicando, específicamente la infracción por la no aplicación de los artículos 69 del Código Penal, en relación con el 27 en su numeral 2 y 6 del citado cuerpo normativo, al efectuar el juzgador una incorrecta determinación de la pena concreta de reclusión en contra del acusado G. M. L., sin considerar las agravantes contenidas en los preceptos antes citados, que se desprenden de los hechos estimados y declarados probados por el mismo.; en consecuencia, estimamos que el presente motivo es de procedencia, en virtud que como se ha indicado, conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, el Tribunal debe imponer el término medio de la pena abstracta, cuando no existan circunstancias agravantes o atenuantes que modifiquen la responsabilidad del condenado; pero que en el caso de concurrir éstas, como en efecto sucede en el caso de mérito, debe entonces partir de ese término medio de la pena, para de ahí en adelante, hacer su estimación respecto a cada una de esas circunstancias modificativas y de la sumatoria de éstas, decidir la pena concreta a imponer. Por cuanto es esta Aplicación de las circunstancias agravantes supraindicadas la cual debéis estimar Vosotros Honorables Magistrados, al declarar con lugar el presente recurso y una vez que casen la sentencia impugnada; emitan un fallo de conformidad a derecho, aplicando las agravantes ya señaladas e imponiendo la pena partiendo de su término medio, de manera tal, que sirva de instrumento jurídico de apoyo, al igual que los antes citados, como base jurisprudencial al presente y a los demás Órganos Jurisdiccionales al momento de imponer la pena.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 69 DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 27 NUMERALES 2) Y 6) DEL MISMO TEXTO PUNITIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que del relato fáctico se desprende que la conducta del imputado G. M. L., se subsume en el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, tipificado en el artículo 116 en relación al 15 del Código Penal. Señala que en la individualización de la pena, representante del Ministerio Público alegó la concurrencia de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 27 numerales 2, 6, 13 y 16 del Código Penal. Reprocha que en el numeral quinto, de la fundamentación jurídica, de la sentencia que se impugna, el A Quo haya desestimado la aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como ser: 1) Ejecutar el delito con alevosía; 2) Obrar con premeditación conocida astucia, fraude o disfraz; por lo que se le impuso una pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN. El Censor considera que si bien es cierto que la pena concreta impuesta al encausado se encuentra dentro del marco legal abstracto, el Juzgador dejó de aplicar las agravantes que concurren en el hecho, mismas que de haber sido apreciadas como era lo correcto habrían llevado a fijar una pena no menor a los DOCE (12) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN. El Fiscal estima que el imputado actuó con alevosía ya que ingresó a la oficina donde la ofendida se encontraba sentada y de espaldas a la puerta, la golpeó en la cabeza, ató sus manos y cubrió su boca y nariz con cinta adhesiva, lo que le dificultó la respiración, de lo que se colige que se estaba asegurando que la víctima quedara indefensa. Asimismo, alude a la concurrencia de la agravante del numeral 6 del Articulo 27 que refiere: Obrar con premeditación conocida, astucia, fraude o disfraz, hipótesis que ha quedado evidenciada cuando el juzgador da por probado que el imputado aprovechó que la señora E. R. se encontrara sola en su oficina, y que para cometer su acción delictiva, utilizó un disfraz, concretamente un pasamontañas para cubrir su rostro mientras atacaba a la ofendida. Esta Sala de lo Penal, reitera que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Por lo anterior, a la Sala de lo Penal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de instancia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. A criterio de esta Sala la pretensión del Ministerio Público en la audiencia de individualización de la pena para que se aprecie la circunstancia agravante de alevosía en el delito de tentativa de homicidio cometido por el procesado G. L., comporta aunque el representante del ente acusador no lo haya manifestado expresamente, una modificación en la calificación del delito, ya que concurriendo la alevosía en el caso de un homicidio consumado o tentado, esta figura resulta desplazada por el asesinato en atención al principio de especialidad (vid. Arts. 2-A No. 1 y 117 No. 1) del Código Penal). Así las cosas la pretensión del ente acusador se ha producido en un momento procesal en que por mandato del legislador, se considera que la Defensa ya no tiene la oportunidad para rebatir con eficacia dicha calificación. Esta Sala considera necesario insistir que los términos en los que se configura la exigencia de correlación entre acusación y sentencia, es una decisión de carácter legislativo, de tal manera que en algunos ordenamientos jurídicos la calificación jurídica del delito objeto de juzgamiento formulada por el ente acusador, genera algún grado de vinculación para el Tribunal al momento de que éste deba dictar su fallo, en tanto que en otros la libertad decisoria del Juzgador no se encuentra limitada más que a los hechos objeto de la acusación; así en el Derecho comparado podemos encontrar códigos procesales penales en los que la vinculación en el sentido antes apuntado es evidente, así por ejemplo: el artículo 374 del Código Penal peruano establece: “Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el Juez Penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al Fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el Juez Penal y, en su caso, propondrán la prueba necesaria que corresponda. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el Juez Penal suspenderá el Juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente. Por su parte, el artículo 397 prevé que: 1.-La sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado. En la condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su ampliatoria, salvo que el Juez Penal haya dado cumplimiento al numeral 1) del artículo 374. El Juez Penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación.. El artículo 359 del Código Procesal Penal de El Salvador prevé: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar penas más graves o distintas a las solicitadas. El imputado no podrá ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio, si previamente no fue advertido sobre la modificación posible de la calificación jurídica; la regla comprenderá también a los preceptos que se refieren sólo a la pena, cuando se pretenda aplicar una más grave a la solicitada. El artículo 400 del Código Penal Procesal Penal de Paraguay dice que: “ La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas. Sin embargo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa.El artículo 341 del Código Procesal Penal de Chile establece que “La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia. Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella. En otra línea se inscriben algunos códigos, en los cuales la calificación jurídica del delito realizada por el ente acusador no limita en general la que deba realizar el Juzgador al dictar su fallo, así tenemos que: El artículo 388 del Código Procesal Penal de Guatemala establece que: “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquélla de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. El artículo 157 del Código Procesal de Nicaragua establece que “la sentencia no podrá dar por probados otros hechos que los de la acusación, descritos en el auto de convocatoria a Juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación. Pero el juez podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta, aun cuando no haya sido advertida con anterioridad y aplicará la pena que corresponda”. El artículo 336 del Código Procesal Penal de la República Dominicana prevé que “La sentencia no puede tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en su ampliación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal puede dar al hecho una calificación jurídica diferente de la contenida en la acusación, o aplicar penas distintas de las solicitadas, pero nunca superiores”; el artículo 365 del Código Penal de Costa Rica, donde se establece que “La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y la querella y, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente de la acusación o querella, o aplicar penas más graves o distintas de las solicitadas”. De este modo y volviendo al caso que ahora nos ocupa, aún y cuando del relato de hechos probados se pudiera desprender la concurrencia de la alevosía como circunstancia cualificadora del asesinato, el Tribunal de Instancia por decisión expresa del legislador hondureño en el artículo 337 del Código Procesal Penal, no podía calificar el hecho de manera más gravosa de la que resultara de la formalización de la acusación, o en su caso de la ampliación de la misma en el debate cuando la hubiere, desprendiéndose de los antecedentes que el Ministerio Público mantuvo durante todo el transcurso del proceso la calificación de los hechos debatidos por las partes, como un delito de homicidio simple tipificado en el artículo 116 del Código Penal, y no es sino hasta que in extremis, y tras la conclusión del juicio oral y público propiamente dicho, (concretamente en la audiencia de individualización de la pena[5]) que sorpresivamente solicitó al Tribunal de Instancia que apreciara la circunstancia de alevosía misma que de concurrir daría lugar a una calificación jurídica más grave, como es la del asesinato aleve en el grado de ejecución de tentativa, tipificado en los artículos 117 No. 1) y 15 del texto punitivo antes relacionado. No obstante lo anterior y a los efectos de dar una respuesta debidamente motivada el Censor cabe hacer un análisis sobre la concurrencia de la alevosía en el caso que ahora nos ocupa. La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, se presenta cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida.- Es importante resaltar dos puntos: Primero que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; Segundo: Para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del Sujeto Activo de buscar y aprovecharse de esa situación.- Del concepto se derivan tres clases de alevosía: i) La Alevosía Proditoria, conocida también como aleve o traicionera, concurre en los casos donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor “sobre seguro” y “a traición”, por tanto adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde o se disfraza a la vista de su víctima, para poder acercarse a ella y así atacarle; ii) Alevosía Sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevista por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas de su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando que el acto imprevisto le dé la ventaja; y iii) Alevosía de Prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al avizorarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque.- Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa de la alevosía y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta.- Del factum se desprende que no concurre la circunstancia de alevosía, tomando en cuenta que el ataque propiamente dicho realizado con arma blanca por el autor no se despliega en el momento en ingresa al lugar donde la víctima se encuentra de de espaldas, sino que después cuando aquella realiza oposición y trata de liberarse del dominio de su agresor. En atención al principio de correlación entre la acusación y sentencia previsto en el artículo 337 del Código Procesal Penal por un lado, y la inexistencia de la agravante en el relato de hechos probados contenido en la sentencia impugnada por el otro, no es procedente esta pretensión formulada por la Representación del Ministerio Público. En lo que concierne a la agravante que consiste en la utilización de disfraz, contemplada en el artículo 27 No. 6) del Código Penal, esta Sala comparte el criterio de que el disfraz ha de ser entendido como el empleo de un medio apto para desfigurar el rostro o la apariencia externa de una persona. Su aplicación requiere que sea utilizado al tiempo de la comisión del delito, y con la finalidad de facilitar la realización del mismo dificultando la identificación del autor. Cuando el disfraz se utiliza no tanto para permitir o facilitar el delito como para evitar la identificación del autor del hecho ilícito, la agravante exige la concurrencia de tres requisitos: 1) objetivo, consistente en la utilización de un medio apto para cubrir o desfigurar el rostro o la apariencia habitual de una persona; 2) subjetivo o propósito de evitar la propia identificación para eludir sus responsabilidades; y 3) cronológico, porque ha de usarse al tiempo de la comisión del hecho delictivo, careciendo de aptitud a efectos agravatorios cuando se utilizara antes o después de tal momento. Procederá la apreciación de la agravante «cuando en abstracto, el medio empleado sea objetivamente válido para impedir la identificación. Es decir, el presupuesto de hecho para la aplicación de la agravación no requiere que efectivamente las personas presentes en el hecho puedan, no obstante la utilización de un dispositivo dirigido a impedir la identificación, reconocer el autor del hecho delictivo, sino que, como se ha dicho, basta que el dispositivo sea hábil, en abstracto, para impedir la identificación, aunque en el supuesto concreto no se alcance ese interés. De conformidad con los criterios expuestos, el motivo ha de ser estimado, tomando en cuenta que del factum se desprende que el imputado al momento de atentar contra la vida de la víctima utilizó un pasamontañas con el evidente propósito de impedir o evitar su identificación. Este Tribunal de Casación comparte las consideraciones del Juzgador de instancia al fijar la pena concreta, salvo en que a diferencia de éste, es del criterio que sí concurre la agravante de empleo de disfraz, por lo que procede imponer al encausado la pena de once años seis meses de reclusión. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 2, 8, 14, y 360 del Código Procesal Penal y 69 en relación con el artículo 27 numerales 2) y 6) del Código Penal.- FALLA: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de casación por Infracción de Ley, en su único motivo, invocado por la representación del Ministerio Público; 2) Casa parcialmente la sentencia de fecha diez (10) de Enero de dos mil Doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual se condena al acusado G. M. L. o J. M. L., a la pena de DIEZ (10) de RECLUSION, como autor del delito de HOMICIDIO EN EL GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de E. M. R.; 3) A consecuencia de lo anterior, REFORMA la sentencia impugnada, únicamente en cuanto a la pena concreta impuesta al imputado de la manera siguiente: condena al acusado Señor G. M. L. o J. M. L., por el delito de HOMICIDIO EN EL GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de E. M. R., a sufrir la pena de ONCE AÑOS (11) SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, lo anterior, sin perjuicio de las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, y la responsabilidad civil proveniente de dicho delito, impuestas al acusado.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-90-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, en fecha once (11) de mayo del 2005, emite sentencia, en la cual resuelve un recurso de casación en el Exp No. CP-864-2004, en la cual dispone: “…..el sentenciador ha determinado que la pena abstracta para el delito de robo es de cinco a nueve años, pero en vista de ser robo agravado se le aumenta un tercio quedando la pena de seis años ocho meses a doce años, en reiteradas sentencias esta Sala ha determinado que en el caso de no existir circunstancias modificativas de la responsabilidad, es decir agravantes y atenuantes, la pena se aplica en término medio……..”
[3] Lo anterior viene a explicar que el principio acusatorio no es absoluto, ya que si bien es cierto, uno de los elementos que lo componen es la congruencia, y ésta rige la acusación respecto a la sentencia; no menos cierto es, que el papel del Juzgador va más allá de la simple formalidad del sistema, pues a éste le corresponde sobre todo ser leal para con la justicia, principio éste que está contemplado en el mismo Código Procesal Penal en el artículo 12, que establece: “Los Juzgados y demás tribunales en el proceso penal actuarán con absoluta lealtad a la justicia. Los Órganos Jurisdiccionales rechazarán fundadamente las pretensiones, incidentes y excepciones, que se formulen contradiciendo las reglas de la buena fe o con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley sustantiva o procesal”.
[4] La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, en fecha treinta (30) de agosto del 2006, emite sentencia, en la cual resuelve un recurso de casación en el Exp No. CP-236-2005, en la cual dispone: “…El artículo 337 del Código Procesal Penal que regula el principio de congruencia en fase de conclusiones libera al Tribunal Sentenciador de acceder a o no fundad y motivadamente a la petición de las partes, para que una vez evacuada la prueba y escuchados los alegatos finales, dicte la sentencia que en derecho corresponda. El Tribunal de Juicio no puede en manera alguna encontrarse sometido o vinculado a una petición absolutoria de la defensa o aún a la del ente acusador en fase de conclusiones, en tanto que de conformidad a los dispuesto en el artículo 337 del Código Procesal, lo actos procesales que fijan el objeto de juicio, compuesto por los hechos y sus circunstancias, su calificación jurídica provisional y los sujetos procesales, no son otros que ………En la fase de deliberación y sentencia corresponde al Tribunal de juicio, valorar la prueba legalmente incorporada, decidir sobre las peticiones de las partes, resolver la concurrencia o no de alguna causa de justificación o atenuación de la responsabilidad penal y dictar un juicio sobre la culpabilidad o no de la persona sometida a juicio. La función de Juzgar y ejecutar lo juzgado es una función legal y constitucional reservada al órgano jurisdiccional, por lo que …..en manera alguna se ha infringido el principio acusatorio del que deriva el de congruencia entre la acusación y la sentencia en tantos se ha pronunciado sobre el objeto procesal fijado y circunstanciado formal y oportunamente por el ente acusador”.
[5] Vid. la sentencia definitiva a folio No. 111, aunque cabe señalar que en el acta relativa a la audiencia de individualización de la pena, no consta expresamente que el Ministerio Público haya interesado la aplicación de la agravante de alevosía (vid. Folio No. 100).