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Sentencia CP-82-14 — Registro 6121

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por insolvencia punible y desobediencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Del relato fáctico contenido en la sentencia impugnada se desprende que en el presente caso, no se ha podido establecer más allá de toda duda razonable que el acusado A. H. A., tuviera conocimiento inmediato del fallo donde se le condenaba a la pena de reclusión de tres años con nueve meses y a las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación especial además de declararlo en la misma civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, asimismo de la evacuación de los medios de prueba validamente incorporados en juicio no se pudo establecer que el señor A. H. A., sabía con antelación de ese fallo y por ello donó sus bienes a su Esposa para no cumplir con sus obligaciones, pues en lo que se refiere al delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, regulado y sancionado en el Artículo 237 del Código Penal, se debe establecer que “El deudor que para sustraerse el pago de sus obligaciones, enajenare o gravare sus bienes sin notificarlo en forma auténtica a sus acreedores con quince días de antelación por lo menos u ocultare sus bienes o simulare enajenaciones o créditos, o se trasladare al extranjero sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas”, y en el caso de autos no se logro demostrar que la acción del Imputado haya conllevado a sustraer el derecho de crédito del acreedor, concretado en el derecho a la satisfacción que tiene, sobre el patrimonio del deudor, quien responde con sus bienes presentes y futuros en caso de incumplimiento de sus obligaciones las cuales sólo pueden derivarse de una obligación realmente existente, por lo que el tipo objetivo descansa en la existencia de una relación jurídica, obligación que debe ser preexistente a la comisión del delito, aunque no es necesario que esté vencida y que la acción debe realizarse para impedir la eficacia de un embargo o un procediendo similar ya iniciado o de previsible iniciación, enajenando bienes o disminución de cualquier forma de su patrimonio con la finalidad de burlar el orden jurídico establecido para la defensa de los intereses del acreedor; mientras que el elemento subjetivo está integrado por el dolo, es decir, la conciencia de que ese proceder perjudica a sus acreedores, al frustrar intencionalmente la satisfacción a que estos tienen derecho, aspectos que no se determinan en la conducta del Acusado. En relación al Delito de Desobediencia se hace precisar que esta Sala de lo Penal, observa que en el transcurso de la vista pública no se aportó prueba en el sentido que el Juez encargado de la ejecución de la pena, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 386 párrafo cuarto del Código Procesal Penal, le haya notificado al condenado las formas y modalidades del cumplimiento de las penas no privativas de libertad como son la inhabilitación absoluta y la interdicción civil; de igual manera, no se aportó prueba en el sentido que se haya cumplido con lo dispuesto en el Artículo 392 del mismo ordenamiento jurídico, respecto a los deberes de dicho juez en lo que corresponde a la interdicción civil, como ser comunicar la fecha de finalización de la condena, igualmente por los medios adecuados, al Registro Nacional de las Personas, al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil a todos los jueces relacionados con tal resolución y a los Notarios Públicos además de nombrar un guardador que habrá de representar al condenado en la administración de sus bienes, por lo que no se puede concluir que la conducta del justiciable estuviese orientada a contravenir la sentencia dictada en su contra. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala es del parecer que del relato fáctico se desprende que el comportamiento del Imputado no se subsume en los delitos de Desobediencia e Insolvencia Punible, por lo que esta Sala de lo Penal estima que el Juzgador de instancia ha interpretado en legal y debida forma las disposiciones penales de carácter sustantivo de reproche, por lo que desestima el motivo de casación invocado.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (02) días del mes de junio del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de junio del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Absolvió al señor A. H. A., del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE Y DESOBEDIENCIA, en perjuicio de la señora J. B. M., No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Asimismo no procedió la responsabilidad civil.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada L. I. M. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada M. E. G. en su condición de Fiscal del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRENTE y el Abogado J. L. L. M. en su condición de DEFENSOR PRIVADO del Imputado como RECURRIDO. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El trece de octubre del año dos mil seis, el Tribunal se Sentencia de Santa Rosa de Copán, dictó sentencia declarando la culpabilidad del señor A. H. A., por el delito de HOMICIDIO CULPOSO EN CONCURSO IDEAL, en perjuicio de tres personas, entre ellos, M. A. H. B., imponiéndole la pena de tres años con nueve meses de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, y a la vez se le declaró civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados por el delito en cuestión. SEGUNDO: La Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de fecha dieciséis de octubre del año dos mil siete, confirmó la sentencia antes relacionada, declarando sin lugar un recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado, la cual le fue notificada a las parte procesales el veintiuno de noviembre el mismo año. TERCERO: El treinta y uno de diciembre del año dos mil siete, el señor A. H. A., donó tres bienes inmuebles de su propiedad, a su esposa P. S. inscritos bajo los números 40, tomo 4371; 21 del tomo 5470 y 68 del tomo 4712, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, Cortés mediante instrumento público número 83, autorizado por el Notario Público K. A., el cual fue presentado en el Instituto de la Propiedad el tres de marzo de dos mil ocho y registrado el cuatro del mismo mes y año. CUARTO: El once de enero del año dos mil ocho el Abogado L. A. R. M., en su condición de apoderado legal de la señora J. B. M., madre el joven M. A. H. B., interpuso una demanda ordinaria de pago ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de esta ciudad, en concepto de indemnización de daños materiales y morales, en contra del señor A. H. A., por un monto total de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS. QUINTO: El doce de febrero del año dos mil ocho, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los inmuebles de la propiedad del señor A. H. A., inscrito bajo los números 40, tomo 4371; 21 de tomo 5470 y 68 del tomo 4712, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, Cortés y el cuatro de marzo del mismo año, se libró comunicación a esta institución para la inscripción de dicha medida precautoria, la que fue denegada pro que dichos bienes habían sido donados por el acusado a favor de su esposa P. S., e inscritos a favor de ésta en el registro correspondiente.” III.- La recurrente, Abogada L. I. M. M., formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “I. POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO PRIMERO: “Infracción por Falta de Aplicación del artículo 13 párrafo primero; en relación con el 349; 237 y 36 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto legal que se cita como infringido prescribe: Artículo 13 del Código Penal: El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo. El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso o constitutivo de delito….. Normas penales en relación Artículo 346 del Código Penal: “Quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años”. Artículo 237 del Código Penal: “Será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años si fuere comerciante y de dos (2) a cinco (5), sino lo fuere el deudor que para sustraerse el pago de sus obligaciones enajenare o gravare sus bienes sin notificarlo en forma auténtica a sus acreedores, con quince (15) días de antelación, por lo menos; u ocultare sus bienes, simulare enajenaciones o créditos….”Artículo 36 que señala: “Las disposiciones del artículo anterior no se aplicaran en el caso de que un solo hecho constituya dos (2)0 más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro…….”y, Artículo 54 que refiere: “La interdicción civil consiste en la suspensión de los derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes, pero el interdicto podrá disponer de los propios por testamento. En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probados los hechos siguientes: PRIMERO: El trece de octubre del año dos mil seis, el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan, dicto sentencia definitiva declarando la culpabilidad del señor A. H. A., por el delito de HOMICIDIO CULPOSO EN CONCURSO IDEAL, en perjuicio de tres personas entre ellos, M. A. H. B.., imponiéndole la pena de tres años con nueve meses de reclusión, más las penas accesoria de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, y a la vez se le declaró civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados por el delito en cuestión. SEGUNDO: La sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de fecha dieciséis de octubre del año dos mil siete, confirmo la sentencia antes relacionada declarando sin lugar un recurso de casación interpuesta por la defensa del acusado, la cual le fue notificada a las partes procesales el veintiuno de noviembre del mismo año. TERCERO: El treinta y uno de diciembre dos mil siete, el señor A. H. A., donó tres bienes inmuebles de su propiedad, a su esposa P. S., inscritos bajo los números 40, tomo 4371; 21 de tomo 5470 y 68 del tomo 4712, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, Cortés, mediante instrumento público número 83, autorizado por el Notario Público K. A., el cual fue presentado en el Instituto de la Propiedad el tres de marzo de dos mil ocho y registrado el cuatro del mismo mes y año. CUARTO: El once de enero del año dos mil ocho, el Abogado L. A. R. M., en su condición de Apoderado Legal de la Señora J. B.M., madre del joven M. A. H. B., interpuso una demanda ordinaria de pago ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de esta ciudad, en concepto de indemnización de daños materiales y morales, en contra del señor A. H. A., por un monto total de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS. QUINTO: El doce de febrero del año dos mil ocho, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, decreto de la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los inmuebles de la propiedad del señor A. H. A., inscrito bajo los número 40, tomo 4371; 21 de tomo 5470 y 68 del tomo 4712, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, Cortés y el cuatro de marzo del mismo año, se libró comunicación a esta Institución para la inscripción de dicha medida precautoria, la que fue denegada por que dichos bienes habían sido donados por el acusado a favor de su esposa P. S., e inscritos a favor de ésta en el registro correspondiente. Los hechos probados supra indicados, han dejado establecida la dinámica en que se han producido los ilícitos objeto de juzgamiento, así como que en la ejecución de los mismos participó la persona del imputado, quien el 31 de Diciembre del dos mil siete donó tres bienes inmuebles de su propiedad, a su esposa P. S., inscritos bajo los números 40, tomo 4371; 21 de tomo 5470 y 68 del tomo 4712, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, Cortés, mediante instrumento público número 83, autorizado por el Notario Público K. A., el cual fue presentado en el Instituto de la Propiedad el tres de marzo de dos mil ocho y registrado el cuatro del mismo mes y año, a pesar de conocer la existencia del fallo de dieciséis de octubre del dos mil siete dictado por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y a través de la cual se declara sin lugar el recurso de Casación interpuesto por su apoderado defensor, misma que le fue notificada a las partes procesales el 21 de Noviembre del mismo año, según se desprende del hecho probado segundo del cuadro fáctico. Como se logra evidenciar, la conducta del encausado se enmarca perfectamente en el tipo Penal de Desobediencia, pues concurren los elementos objetivos y subjetivos al haber realizado una transacción de donación de tres bi’ inmuebles a su esposa, a pesar de tener conocimiento que se encontraba firme la sentencia definitiva de carácter penal, donde se impone como sanción la interdicción civil, que prohíbe la administración de bienes, es decir, ha desobedecido abiertamente a la autoridad al incumplir la citada resolución judicial, colocándose con esta actuación en situación de insolvencia, en virtud que al donar los inmuebles en cuestión a su cónyuge, está imposibilitado para responder por la indemnización de Daños y Perjuicios a que fue condenado por la perpetración del delito de Homicidio Culposo en perjuicio de M. A, H, B,, cumpliéndose también los requisitos del ilícito de Insolvencia Punible, ya que ha enajenado bienes inmuebles de su propiedad a favor de su esposa, sin notificarlo a sus acreedores, que en el caso subjudice es la madre del ahora occiso, conociendo la existencia de un fallo definitivo firme, como lo ha referido el Tribunal en los hechos probados. En el caso objeto de estudio el fáctum narra, que el imputado fue condenado a la pena de interdicción civil a través de la sentencia firme de 16 de Octubre del 2007, la cual fue notificada a las partes procesales el 21 de Noviembre del 2007 (ver hecho probado segundo) en el caso del imputado a través de su apoderado defensor; de manera que el 31 de Diciembre del mismo año, que es la fecha en que se realiza la transacción de donación que describe el hecho probado tercero, ya tenía conocimiento de que existía la sanción de interdicción civil que le impedía ejercer actos de administración sobre sus bienes; atendiendo estas circunstancias, vemos que el enjuiciado actúo con Dolo de colocarse en Insolvencia Punible. Cabe señalar, que la pena accesoria de interdicción civil como lo expresa el artículo 54 precitado, implica la suspensión entre otros de los derechos de administración de bienes y se define como: “El Estado de una persona a la que judicialmente se ha declarado incapaz, por la privación de ejercer ciertos derechos, bien por razón de delito o por otra causa prevista en la ley”. En el apartado Segundo de la Fundamentación Jurídica de la Sentencia, encontramos que el Juzgador refiere: En el presente caso, no se ha podido establecer más allá de toda duda razonable que el acusado A, H, A,, tuviera conocimiento inmediato del fallo donde se le condenaba a la pena de reclusión de tres años con nueve meses y a las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación especial además de declararlo en La misma civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, ya que la Interdicción Civil como pena accesoria articulo 63 del Código Penal, suspende los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda y administración de bienes de estos últimos el procesado sólo puede disponer de los propios, por testamente durante el tiempo de la condena por lo que de la evacuación de los medios de prueba validamente incorporados en juicio no se pudo establecer que el señor A, H, A,, sabía con antelación de este fallo y por ello donó sus bienes a su esposa para no cumplir con sus obligaciones, pues en lo que se refiere al delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, regulado y sancionado en el artículo 237 del Código Penal, estableciéndonos “El deudor que para sustraerse el pago de sus obligaciones, enajenare o gravare sus bienes sin notificarlo en forma auténtica a sus acreedores con quince días de antelación por lo menos u ocultare sus bienes o simulare enajenaciones o créditos, o se trasladare al extranjero sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas”, donde común es el derecho de crédito del acreedor o acreedores, concretado en el derecho a la satisfacción que tienen, sobre el patrimonio del deudor, quien responde con sus bienes presentes y futuros en caso de incumplimiento de sus obligaciones las cuales sólo pueden derivarse de una obligación realmente existente su tipo objetivo descansa en la existencia de una relación jurídica obligación que debe ser preexistente a la comisión del delito, aunque no es necesario que esté vencida y que la acción debe realizarse para impedir la eficacia de un embargo o un procediendo similar ya iniciado o de previsible iniciación, enajenando bienes o disminución de cualquier forma de su patrimonio con la finalidad de burlar el orden jurídico establecido para la defensa de los intereses del acreedor; mientras que el elemento subjetivo está integrado por el dolo, es decir, la conciencia de que ese proceder perjudica a sus acreedores, al frustrar intencionalmente la satisfacción a que estos tienen derecho. En relación al delito de Desobediencia indican que se hace preciso tanto una acción positiva, no bastando el simple incumplimiento o ejecución. Pues en el transcurso de la vista pública no se aportó prueba en el sentido que el juez encargado de la ejecución de la pena, al tenor de lo dispuesto en el artículo 386 párrafo cuarto del Código Procesal Penal, le haya notificado al condenado las formas y modalidades del cumplimiento de las penas no privativas de libertad como son la inhabilitación absoluta y la interdicción civil; de igual manera, no se aportó prueba en el sentido que se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 392 del mismo ordenamiento jurídico, respecto a los deberes de dicho juez en lo que corresponde a la interdicción civil, como ser comunicar la fecha de finalización de la condena, igualmente por los medios adecuados, Al Registro Nacional de las Personas, al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil a todos los jueces relacionados con tal resolución y a los Notarios Públicos además de nombrar un guardador que habrá de representar al condenado en la administración de sus bienes”. Que al contraponer el contenido del fáctum con el razonamiento esbozado por el Juzgador en la Fundamentación Jurídica, vemos que no existe coherencia entre ambos, pues en el cuadro fáctico se describe que el acusado al momento que dispuso de sus bienes (31-12--2007) tenía conocimiento de la existencia de una fallo con carácter de firme, en virtud de haber sido notificada del mismo a través de su apoderado defensor el 21 de Noviembre del 2007, resultando evidente que ejecutó administración de sus bienes para situarse en condición de Insolvencia punible, o sea, que los hechos probados determinan que el resultado responde a la intención; por ende, si se describe el elemento subjetivo integrado por el Dolo y su actuar se subsume en el artículo 13 párrafo primero del Código Penal, puesto que, tiene conciencia de que ese proceder perjudica a sus acreedores, al frustrar intencionalmente la satisfacción a que estos tienen derecho; consecuentemente producto de esa falta de consideración de la norma precitada el sentenciador ha absuelto al imputado por el delito de DESOBEDIENCIA EN CONCURSO IDEAL CON INSOLVENCIA PUNIBLE, al concluir en la fundamentación jurídica, que sólo se presentan los elementos objetivos de los mismos. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO POR INTERMEDIO DE LA FISCAL ABOGADA L. I. M. M. ARGUMENTANDO FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL SEÑOR A. H. A. INCURRIO EN INFRACCION POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 13 PÁRRAFO PRIMERO; EN RELACIÓN CON EL 349; 237 Y 36 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- I. Argumenta la Recurrente que de los Hechos Probados que conforman la Sentencia se ha dejado establecida la dinámica en que se han producido los ilícitos objeto de juzgamiento, así como que en la ejecución de los mismos participó la persona del Imputado, quien el treinta y uno (31) de Diciembre del dos mil siete (2007) donó tres bienes inmuebles de su propiedad, a su esposa P. S., inscritos bajo los números 40, tomo 4371; 21 de tomo 5470 y 68 del tomo 4712, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, Cortés, mediante instrumento público número 83, autorizado por el Notario Público K. A., el cual fue presentado en el Instituto de la Propiedad el tres de marzo de dos mil ocho y registrado el cuatro del mismo mes y año, a pesar de conocer la existencia del fallo de dieciséis de octubre del dos mil siete dictado por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y a través de la cual se declara sin lugar el Recurso de Casación interpuesto por su Apoderado Defensor, misma que le fue notificada a las partes procesales el 21 de Noviembre del mismo año, según se desprende del hecho probado segundo del cuadro fáctico, por lo que se logra evidenciar, que la conducta del encausado se enmarca perfectamente en el tipo Penal de Desobediencia, pues concurren los elementos objetivos y subjetivos al haber realizado una transacción de donación de tres bienes inmuebles a su esposa, a pesar de tener conocimiento que se encontraba firme la sentencia definitiva de carácter penal, donde se impone como sanción la interdicción civil, que prohíbe la administración de bienes, es decir, ha desobedecido abiertamente a la autoridad al incumplir la citada resolución judicial, colocándose con esta actuación en situación de insolvencia, en virtud que al donar los inmuebles en cuestión a su cónyuge, está imposibilitado para responder por la indemnización de Daños y Perjuicios a que fue condenado por la perpetración del delito de Homicidio Culposo en perjuicio de M. A. H. B., cumpliéndose también los requisitos del ilícito de Insolvencia Punible, ya que ha enajenado bienes inmuebles de su propiedad a favor de su esposa, sin notificarlo a sus acreedores, que en el caso subjudice es la madre del ahora occiso, conociendo la existencia de un fallo definitivo firme, como lo ha referido el Tribunal en los hechos probados. II. Manifiesta la Recurrente que en el caso objeto de estudio el fáctum narra que el Imputado fue condenado a la pena de interdicción civil a través de la sentencia firme de 16 de Octubre del 2007, la cual fue notificada a las partes procesales el 21 de Noviembre del 2007 (ver hecho probado segundo) en el caso del Imputado a través de su Apoderado Defensor; de manera que el 31 de Diciembre del mismo año, que es la fecha en que se realiza la transacción de donación que describe el hecho probado tercero, ya tenía conocimiento de que existía la sanción de interdicción civil que le impedía ejercer actos de administración sobre sus bienes; atendiendo estas circunstancias, vemos que el enjuiciado actúo con Dolo de colocarse en Insolvencia Punible. III. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar, que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional Recurso de Apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de Casación por Infracción de Ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por la Recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El Artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la Sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la Ley Penal. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. IV. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Del relato fáctico contenido en la sentencia impugnada se desprende que en el presente caso, no se ha podido establecer más allá de toda duda razonable que el acusado A. H. A., tuviera conocimiento inmediato del fallo donde se le condenaba a la pena de reclusión de tres años con nueve meses y a las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación especial además de declararlo en la misma civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, asimismo de la evacuación de los medios de prueba validamente incorporados en juicio no se pudo establecer que el señor A. H. A., sabía con antelación de ese fallo y por ello donó sus bienes a su Esposa para no cumplir con sus obligaciones, pues en lo que se refiere al delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, regulado y sancionado en el Artículo 237 del Código Penal, se debe establecer que “El deudor que para sustraerse el pago de sus obligaciones, enajenare o gravare sus bienes sin notificarlo en forma auténtica a sus acreedores con quince días de antelación por lo menos u ocultare sus bienes o simulare enajenaciones o créditos, o se trasladare al extranjero sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas”, y en el caso de autos no se logro demostrar que la acción del Imputado haya conllevado a sustraer el derecho de crédito del acreedor, concretado en el derecho a la satisfacción que tiene, sobre el patrimonio del deudor, quien responde con sus bienes presentes y futuros en caso de incumplimiento de sus obligaciones las cuales sólo pueden derivarse de una obligación realmente existente, por lo que el tipo objetivo descansa en la existencia de una relación jurídica, obligación que debe ser preexistente a la comisión del delito, aunque no es necesario que esté vencida y que la acción debe realizarse para impedir la eficacia de un embargo o un procediendo similar ya iniciado o de previsible iniciación, enajenando bienes o disminución de cualquier forma de su patrimonio con la finalidad de burlar el orden jurídico establecido para la defensa de los intereses del acreedor; mientras que el elemento subjetivo está integrado por el dolo, es decir, la conciencia de que ese proceder perjudica a sus acreedores, al frustrar intencionalmente la satisfacción a que estos tienen derecho, aspectos que no se determinan en la conducta del Acusado. En relación al Delito de Desobediencia se hace precisar que esta Sala de lo Penal, observa que en el transcurso de la vista pública no se aportó prueba en el sentido que el Juez encargado de la ejecución de la pena, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 386 párrafo cuarto del Código Procesal Penal, le haya notificado al condenado las formas y modalidades del cumplimiento de las penas no privativas de libertad como son la inhabilitación absoluta y la interdicción civil; de igual manera, no se aportó prueba en el sentido que se haya cumplido con lo dispuesto en el Artículo 392 del mismo ordenamiento jurídico, respecto a los deberes de dicho juez en lo que corresponde a la interdicción civil, como ser comunicar la fecha de finalización de la condena, igualmente por los medios adecuados, al Registro Nacional de las Personas, al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil a todos los jueces relacionados con tal resolución y a los Notarios Públicos además de nombrar un guardador que habrá de representar al condenado en la administración de sus bienes, por lo que no se puede concluir que la conducta del justiciable estuviese orientada a contravenir la sentencia dictada en su contra. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala es del parecer que del relato fáctico se desprende que el comportamiento del Imputado no se subsume en los delitos de Desobediencia e Insolvencia Punible, por lo que esta Sala de lo Penal estima que el Juzgador de instancia ha interpretado en legal y debida forma las disposiciones penales de carácter sustantivo de reproche, por lo que desestima el motivo de casación invocado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal: FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su MOTIVO ÚNICO, presentado por el Ministerio Público. II.- Declarase firme y ejecutable la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha siete (07) de junio del año dos mil trece (2013), mediante la cual ABSUELVE al Señor A. H. A., por suponerlo responsable del Delito de Insolvencia Punible y Desobediencia, en perjuicio de J. B. M. y la ADMINISTRACION PUBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dos de junio del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-82-2014.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL