Sentencia CP-76-12 — Registro 5088
Resumen
En primer instancia se condenó al imputado por el delito de cómplice de homicidio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO INDEBIDAMENTE EL ARTÍCULO 116, EN RELACIÓN AL 33 DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360, PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que Tribuna de instancia ha aplicado indebidamente el artículo 116, en relación al 33 del Código Penal, por haber condenado al acusado J. J. A. Q. como cómplice de un delito de Homicidio en perjuicio de E. G. T. V. El recurrente considera en los hechos probados no se describe ninguna acción o cooperación que imputable al encartado J. J. A. Q. haya contribuido a la ejecución del hecho que realizara su hermano M., y que por lo tanto diera pie para que el A Quo le haya condenado por el delito de Homicidio en el grado de participación de complicidad. Señala que para que se pruebe la complicidad, deben concurrir tres requisitos: 1) No encontrarse en la situación del articulo anterior (Art. 32) es decir no ser autor; 2) Que el acusado coopere en la ejecución del hecho; y, 3) Que esta cooperación pueda ser con actos anteriores o simultáneos. Estima que en este caso lo único que realizó el acusado fue decirle a su hermano M. A.: “mata a esos perros”, pero que ello no constituye una acción, sino una simple expresión, irrelevante para la ejecución del hecho, por lo que considera que el Juzgador aplicó incorrectamente el artículo 33 del Código Penal, al calificar la acción del acusado como complicidad. Esta Sala considera pertinente recordar que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El artículo 31 del Código Penal establece que son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices. Por su parte, el artículo 33 del mismo texto punitivo dice que “son cómplices los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan con la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos.”. En la fundamentación jurídica de la sentencia, el Tribunal de instancia considera que el imputado J. J. A. Q. es responsable a título de cómplice del delito de homicidio consumado en perjuicio de quien en vida fuera, el joven E. G. T. V., ya que cuando su hermano M. A. A. Q. empezó a disparar en contra de un grupo de personas ya tenía la firme determinación de cometer el delito de homicidio manteniendo en todo momento el dominio del hecho, con lo cual la supuesta inducción que le atribuía el Ministerio Público resultó ineficaz y por lo tanto no es posible castigarle como inductor cuya pena el código penal hondureño equipara a la prevista para los autores. El Juzgador de instancia estima que no obstante lo anterior, el imputado J. J. A. Q. es merecedor de reproche penal ya que participó en el hecho dándole ánimos a M. A. Q. para que perpetrara un delito que ya estaba decidido a cometer, conducta que realizó a título de cómplice. La denominada complicidad síquica o intelectual que es la que se atribuye al imputado J. A. A. Q. es una categoría no exenta de polémica o controversia. En torno a este tema resulta ilustrativo lo expuesto por M. C. cuando explica que “..la conducta del cómplice, ha de ser peligrosa, de manera que, desde una perspectiva ex ante, represente un incremento relevante de las posibilidades de éxito del autor y, con ello, de las de puesta en peligro o lesión de un bien jurídico. Ello ocurrirá cuando, en el momento previo a la acción del cómplice, sea previsible que, con su aportación, la comisión del delito sea más rápida, más segura o más fácil, o el resultado lesivo más intenso que sin ella. Pero la mera peligrosidad de la acción no basta para apreciar complicidad pues será preciso, además que el riesgo de favorecer la comisión del delito por el autor se traduzca en una efectiva cooperación (no necesaria) a la realización del mismo. Así, una conducta, para ser considerada complicidad, deber ser de tal manera causal, que realmente haya acelerado, asegurado o facilitado la ejecución del hecho o intensificado el resultado del delito en la forma en que era previsible. Así, por ejemplo, aunque la conducta de quien entrega al autor de un robo una ganzúa para forzar la cerradura de una puerta puede calificarse como peligrosa, el sujeto no respondería sin embargo, como cómplice si finalmente la ganzúa no es utilizada en el robo (por ejemplo, porque el ladrón entra a robar a la casa por una ventana que se encontraba abierta).” El autor antes citado añade que “si se dan los requisitos mencionados cabe también la complicidad psíquica, que puede consistir en un asesoramiento técnico (por ejemplo, quien explica al autor la forma más fácil de pasar ilegalmente la droga por una aduana) o en un reforzamiento de la voluntad delictiva debilitada en el autor (por ejemplo, cuando es el apoyo moral de un sujeto el que termina por decidir al autor del delito a ejecutarlo)…”[1] Por su parte, LOPEZ BARJA DE QUIROGA, expresa que en contra de la teoría dominante que considera que es responsable quien alienta, confirma o incluso fortalece la idea ya existente en el autor del delito, por tratarse de una complicidad psíquica, esta figura es una vía poco clara para abarcar conductas que legalmente están excluidas de la normativa legal. Añade que “..si la decisión del autor principal ya está tomada y es firme, la conducta del “inductor” carece de relevancia y no puede hablarse de complicidad…”[2] En relación al mismo tema VELASQUEZ V. señala que “…la inducción tiene que ser eficaz pues sí de ella no se deriva, por lo menos, un comienzo de ejecución de una conducta punible será impune, habrá pues, una inducción pero no punible porque falta la nota en examen: su eficacia, su carácter determinante. No obstante….así la actuación del instigador no sea determinante para la producción del resultado bien puede suceder que los actos desplegados sean constitutivos de una eventual norma de complicidad síquica (intelectual), …que algunos consideran punible, aunque el asunto es muy discutido, pues se dificulta en extremo la prueba de la causalidad. Por ejemplo: “A” está decidido a matar a “B” y ya ha confeccionado un plan a estos efectos, pero “C” le despeja alguna dudas que tiene en torno a si realiza el hecho: si la muerte de “B” se produce, bien podría afirmarse que “C” – que no domina el hecho” – ha realizado actos propios de un cómplice porque ha contribuido a la realización de la conducta típica y antijurídica”…”[3] Una lectura detenida de los hechos probados revela que minutos después de que los individuos M. A. Q. y el ahora imputado J. J. A. Q. tuvieran un primer encuentro con un grupo de jóvenes, el primero de aquellos empezó a disparar contra dicho grupo tras lo cual el segundo le excitó a matarles, y que cuando los jóvenes integrantes del referido grupo escucharon los disparos empezaron a correr, resultando que uno de los disparos efectuados por M. A. alcanzó en la nuca al joven E. G. T. lo que le produjo la muerte. Visto desde una perspectiva ex ante, cuando a un individuo que por su propia iniciativa ha empezado a disparar con ánimo homicida en dirección a un grupo de personas otro le excita o exhorta para que les mate, tal conducta, es decir la del segundo individuo se presenta como una conducta peligrosa, sin embargo, como se desprende de los mismos hechos probados el señor M. A. ya albergaba la intención de causar la muerte en contra de quienes dirigía su acción iniciando los actos ejecutivos para alcanzar su objetivo y que trajeron como resultado la muerte del joven E. G. T.. De ahí surge la pregunta para ésta Sala de sí las expresiones vertidas por el encartado J. J. A. en una relación causa- efecto aceleraron, aseguraron, facilitaron o intensificaron el resultado del delito en la forma en que era previsible. Ante esa interrogante, este Tribunal de Casación considera que del relato de hechos probados no se desprenden elementos suficientes para concluir más allá de toda duda razonable que las expresiones vertidas por el imputado J. J. A. en el contexto antes apuntado hayan constituido un factor para agilizar, generar mayor seguridad o para que su hermano realizara con mayor comodidad el hecho punible objeto de juzgamiento como tampoco para incrementar la intención o ánimo homicida de quien por su propia iniciativa, según se desprende del factum ya había empezado a disparar a mansalva contra un grupo de jóvenes que trajo como consecuencia el resultado típico tantas veces mencionado. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara con lugar el primer motivo de casación planteado por la Defensa y con ello la absolución del encartado. IV.- Continúa manifestando la recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: Falta de Aplicación del artículo 2C del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal EXPLICACION DEL MOTIVO La norma penal que se invoca y que no fue aplicada por el sentenciador expresa: “Articulo 2C: No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal” Si leemos los hechos probados de la sentencia recurrida y que fueron transcritos en el primer motivo de este recurso, llegaremos a la conclusión que en el caso de nuestro representado J. J. A. Q., no existe por parte del imputado ninguna acción que haya lesionado o puesto en peligro ningún bien jurídico, y por ende se debió dictar con estas mismas probanzas, una Sentencia Absolutoria. La acción de nuestro patrocinado según los hechos probados, se limita a manifestarle al autor del hecho “que matara a esos perros” lo que en ningún momento se considera una acción y con ella no se pone en peligro ningún bien jurídico, por lo que la participación del imputado J. J. A. Q. no incidió de ninguna manera en el resultado del hecho, es decir en la muerte del ofendido E. G. T. V. Según las probanzas establecidas por los sentenciadores, el joven M. A. A., es quien tiene el DOMINIO DEL HECHO y no nuestro representado; según esta Teoría el autor del delito es la persona que consciente y dolosamente controla el desarrollo del hecho, que tiene el dominio o señorío sobre el curso del mismo, dominio que se manifiesta en lo subjetivo porque lo orienta a la lesión un bien jurídico y en lo objetivo, porque goza del poder de interrumpir en cuanto quiera el desarrollo del hecho; en el caso subjudice el joven M. A. es quien se considera autor del hecho pero en dicha ejecución no participa con una acción relevante nuestro patrocinado J. J. para considerarlo cómplice, ya que con su expresión o manifestación verbal no contribuyo en manera alguna a que el joven M. disparara contra la humanidad del ofendido; le haya expresado o no esas palabras, lo cierto es que el joven M. A. ya estaba dispuesto a hacerlo, al grado tal que si analizamos detenidamente los hechos, podremos descubrir que se da por probado que primero comienza M. a disparar, es decir comienza con su ejecución del hecho y es cuando se escuchan las palabras de nuestro representado, por lo que, las haya manifestado o no, igual el joven M. estaba dispuesto a ejecutarlo. La extensión de la complicidad resulta bastante reducida por la amplitud del campo de la autoría. La calidad de cómplice es subsidiaria a la de autor, ya que para serlo es requisito indispensable no ser autor.- Es necesario que el autor se haya servido efectivamente de la colaboración prestada, pues en caso contrario habría una pura tentativa de complicidad, que no es punible. En tal sentido consideramos que en el caso de nuestro representado J. J. A. Q., el Tribunal sentenciador dejo de aplicar el articulo 2C del Código Penal, conforme a los hechos probados, ya que en los mismo no se establece acción alguna con la que haya puesto en peligro efectivo ningún bien jurídico y por la cual debe condenársele. INTERPRETACIÒN PRETENDIDA Como recurrente pretendo con la interposición del presente recurso, que por no existir prefecta armonía entre los hechos probados con el tipo penal por el cual se condena a mi defendido J. J. A. Q., como cómplice del delito de Homicidio, solicitamos a ese Honorable Tribunal de Casación a través del presente recurso, aplicando el derecho en armonía con la Justicia, declare HA LUGAR el Recurso de merito y dicte la sentencia absolutoria que corresponda”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCURRIDO EN UNA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2C DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360, PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala declara con lugar el presente motivo, ya que la acción del imputado J. J. A. Q. es atípica y por ende irrelevante desde el punto de visto jurídico penal al no ha haber contribuido de manera eficaz a la lesión del bien jurídico que se produjo con la muerte de la víctima.."
Legislación citada
- Código Penal, art. 33 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de Septiembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor J. J. A. Q., conocido también como J. J. A. Q., a la pena de TRECE (13) AÑOS DE RECLUSIÓN, como cómplice del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de E. G. T. V.; asimismo, condena al señor J. J. A. Q., conocido también como J. J. A. Q., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada W. C. R., actuando en su condición de Defensora Pública del señor J. J. A. Q..- SON PARTES: El Abogado A. A. G., Defensor Público del señor J. J. A. Q., como parte recurrente; y la Abogada M. E. G., en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS: PRIMERO: El día tres de abril del año dos mil nueve, en horas de la madrugada, un grupo de jóvenes, entre los cuales se encontraba el joven E. G. T., que habían asistido a una boda que se celebraba en la Colonia Montes de Bendición, decidieron ir a buscar bebidas alcohólicas a la Colonia Arturo Quezada, ya que dichas bebidas se habían terminado en la referida fiesta. SEGUNDO: Fue así como al llegar a la Colonia Arturo Quezada, se encontraron con el señor J. J. A. Q., alias El C. y con su hermano M. A. A. Q., quienes procedieron a interrogarles sobre de dónde eran y cuál era el motivo por el que se encontraban en el lugar, luego de lo cual se alejaron del grupo de jóvenes, diciéndoles que se cuidaran. TERCERO: Pasados unos cinco a diez minutos, cuando el joven E. G. T. y sus acompañantes se encontraban en las cercanías del Mercadito Junior, ubicado en la colonia ya mencionada, los señores J. J. A. Q. y M. A. A. Q., regresaron al lugar, portando éste último un arma de fuego, y en tanto que M. A. empezó a disparar su arma de fuego, J. J. comenzó a gritarle a M. A. que matara a esos perros e hijos de p.., mismo momento en que los jóvenes empezaron a correr al escuchar los disparos, sin embargo, uno de los disparos producidos por el señor M. A. impactó en la parte posterior de la nuca del joven E. G. T., el cual le produjo la muerte”. III.- La recurrente, Abogada W. C. R.., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Aplicación indebida del artículo 116 en relación al 33 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma penal que se infringe y cuya aplicación es indebida relata: “Artículo 116.- Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.” Por su parte el Articulo 33 del mismo cuerpo legal establece: “Son cómplices los que, no hallándose comprendido en el Artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos.” El Tribunal Sentenciador, considero como hechos probados en la sentencia recurrida los siguientes: “PRIMERO: El día tres de abril del año dos mil nueve, en horas de la madrugada, un grupo de jóvenes, entre los cuales se encontraba el joven E. G. T., que habían asistido a una boda que se celebraba en la Colonia Montes de Bendición, decidieron ir a buscar bebidas alcohólicas a la Colonia Arturo Quezada, ya que dichas bebidas se habían terminado en la referida fiesta. SEGUNDO: Fue así como al llegar a la Colonia Arturo Quezada, se encontraron con el señor J. J. A. Q., alias El C. y con su hermano M. A. A. Q., quienes procedieron a interrogarles sobre de donde eran y cual era el motivo por el que se encontraban en el lugar, luego de lo cual se alejaron del grupo de jóvenes, diciéndoles que se cuidaran. TERCERO: Pasados unos cinco a diez minutos, cuando el joven E. G. T. y sus acompañantes se encontraban en las cercanía del Mercadito Júnior, ubicado en la colonia ya mencionada, los señor J. J. y M. A. A. Q., regresaron al lugar, portando este ultimo un arma de fuego y en tanto M. A. empezó a disparar su arma de fuego, J. J. procedió a gritarle a M. A. que matara a esos perros hijos de p.., mismo momento en que los jóvenes empezaron a correr al escuchar los disparos, sin embargo, uno de los disparos producidos por el señor M. A. impacto en la parte posterior de la nuca del joven E. G. T., el cual le produjo la muerte.” Según se plasman en el cuadro fáctico probatorio, estos no establecen de forma alguna, cual fue la acción o cooperación de nuestro representado J. J. A. Q. en la ejecución del hecho que realizara su hermano M., como para que los sentenciadores le hayan condenado por el delito de Homicidio en participación de complicidad. Claramente el artículo 33 del Código Penal establece, que se consideran cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior –artículo que hace referencia a los AUTORES- cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos; ante lo plasmado en esta norma penal, pudiéramos establecer que según dicho articulado, para que se pruebe una complicidad en un caso determinado, deben concurrir tres requisitos: 1) No encontrarse en la situación del articulo anterior (Art. 32) es decir no ser autor. 2) Que el acusado coopere en la ejecución del hecho y 3) Que esta cooperación pueda ser con actos anteriores o simultáneos. Si contraponemos estos requisitos con los hechos probados, podremos llegar a la conclusión que en los mismos, no se establece de manera alguna, cual fue esa cooperación que realizó nuestro patrocinado J. J. A. Q. en la ejecución del hecho, es decir en la muerte del ofendido E. G. T.; no puede, ni debe ser una cooperación irrelevante sino que tiene que ser de utilidad para el autor del delito, de forma tal que con su ayuda colabore en la ejecución del hecho. En el tercer requisito se nos habla que dicha cooperación tiene que ser con actos anteriores o simultáneos; entendiéndose por ACTO según la real academia de la Lengua “el ejercicio de la posibilidad de hacer, sinónimo de acción” en ese sentido, este tercer requisito no se incluye tampoco en los hechos probados, ya que el imputado no realiza ninguna acción que tienda a colaborar con el autor en la ejecución del hecho.- En el caso de nuestro representado J. J. A. Q., lo único que realizo fue expresarle a su hermano M. A. que “matara a esos perros”, pero esto no constituye una acción, sino que es una simple expresión totalmente irrelevante para la ejecución del hecho; en el caso de autos nuestro patrocinado fue condenado por haber expresado verbalmente esta frase, lo que por ningún punto constituye una acción; y lo que evidencia es que el Tribunal aplico incorrectamente la norma penal del 33, al catalogar su accionar como complicidad; ya que los hechos probados no encajan de ninguna manera con el articulo 33 del Código Penal. Importante es aclarar que el imputado M. A. A. Q. hermano de nuestro representado J. J., no es objeto de acusación en la presente causa, debido a que acepto un procedimiento abreviado ante el Juez de Instrucción, al declararse culpable de la muerte del joven E. G. T., por haber sido él, el que perpetro el hecho. El Jurista Español Manuel Estrella Ruiz, en el Manuel de Derecho Penal, Parte General del Código Penal Hondureño; establece en que consiste la COMPLICIDAD y nos dice: “Consiste la complicidad en la ayuda o auxilio al hecho de otro, anterior o simultanea, pero útil para la ejecución del plan del autor, contando como limites que no puede llegar al punto de incluir el acto ejecutivo “típico” pues tal caso constituiría un supuesto de co-ejecución. Y en segundo termino que la aportación ha de ser de alguna utilidad para el plan del autor, pues si es irrelevante no puede tenerse como auxilio a la ejecución” Tal como lo establece el Jurista Estrella Ruiz, en la complicidad es necesario que dicha cooperación sea relevante, es decir de importancia e incidencia en el hecho, pero el manifestar expresiones como: “mata a esos perros”; es totalmente irrelevante y no incide en la ejecución del hecho por parte del autor, ya que es éste el que tiene el dominio del hecho y decide ejecutarlo por cuenta propia sin ninguna colaboración de nuestro patrocinado J. J. A. En vista de lo anterior podemos concluir que los hechos probados no encajan de manera perfecta -en relación a nuestro imputado- J. J. A. Q.-, con el tipo penal de Homicidio Simple por complicidad, ya que requiere la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos como ser cooperar en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos a los realizados por su hermano M., y que al no plasmarse así por los sentenciadores incurren en aplicación grave de los articulo 116 en relación al 33 del Código Penal; por lo que solicitamos que este primer motivo sea declarado con lugar”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA APLICADO INDEBIDAMENTE EL ARTÍCULO 116, EN RELACIÓN AL 33 DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360, PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que Tribuna de instancia ha aplicado indebidamente el artículo 116, en relación al 33 del Código Penal, por haber condenado al acusado J. J. A. Q. como cómplice de un delito de Homicidio en perjuicio de E. G. T. V. El recurrente considera en los hechos probados no se describe ninguna acción o cooperación que imputable al encartado J. J. A. Q. haya contribuido a la ejecución del hecho que realizara su hermano M., y que por lo tanto diera pie para que el A Quo le haya condenado por el delito de Homicidio en el grado de participación de complicidad. Señala que para que se pruebe la complicidad, deben concurrir tres requisitos: 1) No encontrarse en la situación del articulo anterior (Art. 32) es decir no ser autor; 2) Que el acusado coopere en la ejecución del hecho; y, 3) Que esta cooperación pueda ser con actos anteriores o simultáneos. Estima que en este caso lo único que realizó el acusado fue decirle a su hermano M. A.: “mata a esos perros”, pero que ello no constituye una acción, sino una simple expresión, irrelevante para la ejecución del hecho, por lo que considera que el Juzgador aplicó incorrectamente el artículo 33 del Código Penal, al calificar la acción del acusado como complicidad. Esta Sala considera pertinente recordar que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El artículo 31 del Código Penal establece que son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices. Por su parte, el artículo 33 del mismo texto punitivo dice que “son cómplices los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan con la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos.”. En la fundamentación jurídica de la sentencia, el Tribunal de instancia considera que el imputado J. J. A. Q. es responsable a título de cómplice del delito de homicidio consumado en perjuicio de quien en vida fuera, el joven E. G. T. V., ya que cuando su hermano M. A. A. Q. empezó a disparar en contra de un grupo de personas ya tenía la firme determinación de cometer el delito de homicidio manteniendo en todo momento el dominio del hecho, con lo cual la supuesta inducción que le atribuía el Ministerio Público resultó ineficaz y por lo tanto no es posible castigarle como inductor cuya pena el código penal hondureño equipara a la prevista para los autores. El Juzgador de instancia estima que no obstante lo anterior, el imputado J. J. A. Q. es merecedor de reproche penal ya que participó en el hecho dándole ánimos a M. A. Q. para que perpetrara un delito que ya estaba decidido a cometer, conducta que realizó a título de cómplice. La denominada complicidad síquica o intelectual que es la que se atribuye al imputado J. A. A. Q. es una categoría no exenta de polémica o controversia. En torno a este tema resulta ilustrativo lo expuesto por M. C. cuando explica que “..la conducta del cómplice, ha de ser peligrosa, de manera que, desde una perspectiva ex ante, represente un incremento relevante de las posibilidades de éxito del autor y, con ello, de las de puesta en peligro o lesión de un bien jurídico. Ello ocurrirá cuando, en el momento previo a la acción del cómplice, sea previsible que, con su aportación, la comisión del delito sea más rápida, más segura o más fácil, o el resultado lesivo más intenso que sin ella. Pero la mera peligrosidad de la acción no basta para apreciar complicidad pues será preciso, además que el riesgo de favorecer la comisión del delito por el autor se traduzca en una efectiva cooperación (no necesaria) a la realización del mismo. Así, una conducta, para ser considerada complicidad, deber ser de tal manera causal, que realmente haya acelerado, asegurado o facilitado la ejecución del hecho o intensificado el resultado del delito en la forma en que era previsible. Así, por ejemplo, aunque la conducta de quien entrega al autor de un robo una ganzúa para forzar la cerradura de una puerta puede calificarse como peligrosa, el sujeto no respondería sin embargo, como cómplice si finalmente la ganzúa no es utilizada en el robo (por ejemplo, porque el ladrón entra a robar a la casa por una ventana que se encontraba abierta).” El autor antes citado añade que “si se dan los requisitos mencionados cabe también la complicidad psíquica, que puede consistir en un asesoramiento técnico (por ejemplo, quien explica al autor la forma más fácil de pasar ilegalmente la droga por una aduana) o en un reforzamiento de la voluntad delictiva debilitada en el autor (por ejemplo, cuando es el apoyo moral de un sujeto el que termina por decidir al autor del delito a ejecutarlo)…”[1] Por su parte, LOPEZ BARJA DE QUIROGA, expresa que en contra de la teoría dominante que considera que es responsable quien alienta, confirma o incluso fortalece la idea ya existente en el autor del delito, por tratarse de una complicidad psíquica, esta figura es una vía poco clara para abarcar conductas que legalmente están excluidas de la normativa legal. Añade que “..si la decisión del autor principal ya está tomada y es firme, la conducta del “inductor” carece de relevancia y no puede hablarse de complicidad…”[2] En relación al mismo tema VELASQUEZ V. señala que “…la inducción tiene que ser eficaz pues sí de ella no se deriva, por lo menos, un comienzo de ejecución de una conducta punible será impune, habrá pues, una inducción pero no punible porque falta la nota en examen: su eficacia, su carácter determinante. No obstante….así la actuación del instigador no sea determinante para la producción del resultado bien puede suceder que los actos desplegados sean constitutivos de una eventual norma de complicidad síquica (intelectual), …que algunos consideran punible, aunque el asunto es muy discutido, pues se dificulta en extremo la prueba de la causalidad. Por ejemplo: “A” está decidido a matar a “B” y ya ha confeccionado un plan a estos efectos, pero “C” le despeja alguna dudas que tiene en torno a si realiza el hecho: si la muerte de “B” se produce, bien podría afirmarse que “C” – que no domina el hecho” – ha realizado actos propios de un cómplice porque ha contribuido a la realización de la conducta típica y antijurídica”…”[3] Una lectura detenida de los hechos probados revela que minutos después de que los individuos M. A. Q. y el ahora imputado J. J. A. Q. tuvieran un primer encuentro con un grupo de jóvenes, el primero de aquellos empezó a disparar contra dicho grupo tras lo cual el segundo le excitó a matarles, y que cuando los jóvenes integrantes del referido grupo escucharon los disparos empezaron a correr, resultando que uno de los disparos efectuados por M. A. alcanzó en la nuca al joven E. G. T. lo que le produjo la muerte. Visto desde una perspectiva ex ante, cuando a un individuo que por su propia iniciativa ha empezado a disparar con ánimo homicida en dirección a un grupo de personas otro le excita o exhorta para que les mate, tal conducta, es decir la del segundo individuo se presenta como una conducta peligrosa, sin embargo, como se desprende de los mismos hechos probados el señor M. A. ya albergaba la intención de causar la muerte en contra de quienes dirigía su acción iniciando los actos ejecutivos para alcanzar su objetivo y que trajeron como resultado la muerte del joven E. G. T.. De ahí surge la pregunta para ésta Sala de sí las expresiones vertidas por el encartado J. J. A. en una relación causaefecto aceleraron, aseguraron, facilitaron o intensificaron el resultado del delito en la forma en que era previsible. Ante esa interrogante, este Tribunal de Casación considera que del relato de hechos probados no se desprenden elementos suficientes para concluir más allá de toda duda razonable que las expresiones vertidas por el imputado J. J. A. en el contexto antes apuntado hayan constituido un factor para agilizar, generar mayor seguridad o para que su hermano realizara con mayor comodidad el hecho punible objeto de juzgamiento como tampoco para incrementar la intención o ánimo homicida de quien por su propia iniciativa, según se desprende del factum ya había empezado a disparar a mansalva contra un grupo de jóvenes que trajo como consecuencia el resultado típico tantas veces mencionado. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara con lugar el primer motivo de casación planteado por la Defensa y con ello la absolución del encartado. IV.- Continúa manifestando la recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: Falta de Aplicación del artículo 2C del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal EXPLICACION DEL MOTIVO La norma penal que se invoca y que no fue aplicada por el sentenciador expresa: “Articulo 2C: No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal” Si leemos los hechos probados de la sentencia recurrida y que fueron transcritos en el primer motivo de este recurso, llegaremos a la conclusión que en el caso de nuestro representado J. J. A. Q., no existe por parte del imputado ninguna acción que haya lesionado o puesto en peligro ningún bien jurídico, y por ende se debió dictar con estas mismas probanzas, una Sentencia Absolutoria. La acción de nuestro patrocinado según los hechos probados, se limita a manifestarle al autor del hecho “que matara a esos perros” lo que en ningún momento se considera una acción y con ella no se pone en peligro ningún bien jurídico, por lo que la participación del imputado J. J. A. Q. no incidió de ninguna manera en el resultado del hecho, es decir en la muerte del ofendido E. G. T. V. Según las probanzas establecidas por los sentenciadores, el joven M. A. A., es quien tiene el DOMINIO DEL HECHO y no nuestro representado; según esta Teoría el autor del delito es la persona que consciente y dolosamente controla el desarrollo del hecho, que tiene el dominio o señorío sobre el curso del mismo, dominio que se manifiesta en lo subjetivo porque lo orienta a la lesión un bien jurídico y en lo objetivo, porque goza del poder de interrumpir en cuanto quiera el desarrollo del hecho; en el caso subjudice el joven M. A. es quien se considera autor del hecho pero en dicha ejecución no participa con una acción relevante nuestro patrocinado J. J. para considerarlo cómplice, ya que con su expresión o manifestación verbal no contribuyo en manera alguna a que el joven M. disparara contra la humanidad del ofendido; le haya expresado o no esas palabras, lo cierto es que el joven M. A. ya estaba dispuesto a hacerlo, al grado tal que si analizamos detenidamente los hechos, podremos descubrir que se da por probado que primero comienza M. a disparar, es decir comienza con su ejecución del hecho y es cuando se escuchan las palabras de nuestro representado, por lo que, las haya manifestado o no, igual el joven M. estaba dispuesto a ejecutarlo. La extensión de la complicidad resulta bastante reducida por la amplitud del campo de la autoría. La calidad de cómplice es subsidiaria a la de autor, ya que para serlo es requisito indispensable no ser autor.- Es necesario que el autor se haya servido efectivamente de la colaboración prestada, pues en caso contrario habría una pura tentativa de complicidad, que no es punible. En tal sentido consideramos que en el caso de nuestro representado J. J. A. Q., el Tribunal sentenciador dejo de aplicar el articulo 2C del Código Penal, conforme a los hechos probados, ya que en los mismo no se establece acción alguna con la que haya puesto en peligro efectivo ningún bien jurídico y por la cual debe condenársele. INTERPRETACIÒN PRETENDIDA Como recurrente pretendo con la interposición del presente recurso, que por no existir prefecta armonía entre los hechos probados con el tipo penal por el cual se condena a mi defendido J. J. A. Q., como cómplice del delito de Homicidio, solicitamos a ese Honorable Tribunal de Casación a través del presente recurso, aplicando el derecho en armonía con la Justicia, declare HA LUGAR el Recurso de merito y dicte la sentencia absolutoria que corresponda”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INCURRIDO EN UNA FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2C DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360, PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala declara con lugar el presente motivo, ya que la acción del imputado J. J. A. Q. es atípica y por ende irrelevante desde el punto de visto jurídico penal al no ha haber contribuido de manera eficaz a la lesión del bien jurídico que se produjo con la muerte de la víctima. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 360 del Código Procesal Penal.- FALLA:
- DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA, en sus dos motivos, invocado por el Apoderado defensor del acusado J. J. A. Q., contra la sentencia dictada en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil once (2011), por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; 2) CASANDO Y ANULANDO la sentencia condenatoria impugnada, absolviendo de responsabilidad criminal al encartado J. J. A. Q. por la participación que se le atribuía en la perpetración del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de quien en vida fuera el joven E. G. T. V.; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-76-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO /GARCIA ARAN, MERCEDES, en Derecho Penal, Parte General, 8ª Edición, revisada y puesta al día, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 446.-
[2] Vid. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, en Autoría y participación, Editorial AKAL S.A., Madrid, 1996, pág. 135-
[3] Vid. VELASQUEZ V., FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, COMLIBROS, Medellín, Colombia, pág. 917.