Sentencia CP-66-13 — Registro 5453
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Usurpación de Funciones y abuso de Autoridad, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO LA FALTA DE CONSIDERACIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- 1) Estableció el impetrante que el Sentenciador no consideró Prueba de Valor Decisivo para la Litis, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Consideró el Censor que el Sentenciador incurrió en el vicio cuestionado, pues al evacuarse el medio de prueba inspección ocular a la primera pieza de autos en el folio 154, en el cual aparece una nota firmada por el imputado, a su criterio ésta prueba no la desestima el Tribunal A-quo pero la considera inútil con el argumento que la misma no lleva implícita una acción ilícita, pero según el Recurrente obvió establecer que con ella se acreditaba la calidad de Funcionario Judicial; de igual consideró, que el Tribunal de Sentencia desestimó las declaraciones testificales de las señoras C. L. M. M., M. R. C., C. M. B. y E. S. O.; para el Reclamante dichas declaraciones apuntan a que el encartado envió a los promotores para que desintegraran las AECOS y para que nombraran y destituyeran a maestros. 2) Este motivo resulta de dos hipótesis, la Sentencia excluye indebidamente una Prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio refleja la Infracción de los Artículos: a) 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336, que señala que el tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán ejecutadas en su conjunto; y c) 338 sección cuarta, numeral 2, que manda al Órgano Jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las Pruebas practicadas durante el Juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las Pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en virtud de los Principios de Verdad Real, de Defensa y Contradicción, el Juez debe de servirse de las Pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso en que el Tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la Prueba y esa excursión es correcta, y aún si la Prueba ha sido valorada aunque lo fuera de forma desacertada, debiéndose en ambos supuestos rechazar el motivo[4]. 3) En cuanto a la Exclusión de Prueba Decisiva para la Litis, esta Sala comparte lo expuesto por el Jurista Español Angel Llorente Fernández de la Reguera, cuando explica que: “resulta operativo cuando en la Sentencia recurrida se excluya indebidamente una Prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo), o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella) siendo decisiva para decretar la Absolución o Condena del Imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los Hechos Probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una Prueba trascendental tienen obligada proyección en el Relato Histórico de la Sentencia combatida. Si la Exclusión de la Prueba ha tenido lugar en la Sentencia de forma correcta o si el Medio de Prueba ha sido valorado por el Tribunal de Instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un Recurso, amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las Reglas de la Sana Crítica[5]”. Concretamente el Recurrente reprocha que el Juzgador no ha valorado en toda su extensión el medio de prueba Inspección Ocular que corre agregada en la primera pieza de autos en el folio 154, en el cual aparece una nota firmada por el imputado, a su criterio ésta prueba no la desestima el Tribunal A-quo pero la considera inútil con el argumento que la misma no lleva implícita una acción ilícita, pero según el Recurrente obvió establecer que con ella se acreditaba la calidad de Funcionario Judicial; de igual consideró, que el Tribunal de Sentencia desestimó las declaraciones testificales de las señoras C. L. M. M., M. R. C., C. M. B. y E. S. O.. Al respecto esta Sala constata que en el numeral Segundo incisos a, b, c, d y numeral Cuarto de la valoración de la prueba (folio 590) el Juzgador de instancia hace referencia expresa y valora las declaraciones de los mencionados testigos de descargo, al mencionar los aspectos de sus declaraciones a los que el Tribunal de instancia consideró que no dieron aportes importantes para determinar la responsabilidad del acusado, pues se constituyen en testigos de referencia por tanto no les concede ningún valor a sus manifestaciones; asimismo, en el numeral cuarto del apartado Valoración Probatoria (folio 591), el Tribunal A Quo hace referencia expresa y valora la inspección ocular a la primera pieza del expediente judicial pues a folio 154 se ubica una nota extendida por el imputado V. R. L. I. de la cual el Juzgador expresó que la consideraba inútil para la averiguación de los hechos, por lo que esta Sala estima que no ha habido por parte del Juzgador exclusión de prueba de valor decisivo, sino que una ponderación razonada de dichas pruebas. En el primer Motivo de Casación se explicó ampliamente el porqué se debió acreditar la categoría de Funcionario Público del imputado, pues las pruebas alegadas por el Recurrente y que supuestamente no fueron consideradas por el Juez A-quo, no son los medios idóneos para corroborar la categoría especial del acusado. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima también el segundo motivo de casación invocado por el Recurrente. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, dicta Sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual falló: ABSOLVIENDO al Señor V. R. L. I., del delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2º.- NO CONDENÓ en costas. 3) NO LE DECLARÓ Responsabilidad Civil.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Abogado F. R. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Es Parte: La Abogada Y. M. en su calidad de Representante del Ministerio Público, como Recurrente. HECHOS PROBADOS ÚNICO: Que en fecha dieciséis de abril del año dos mil diez, la Licenciada Y. G., Coordinadora General de Proheco, envió un Memorando a los Coordinadores Departamentales de Proheco, donde les puso en conocimiento el contenido del decreto 4-2010, en la cual dicho decreto establece que quedan cancelados a partir del treinta de abril del año dos mil diez, todos los contratos de servicios profesionales que celebraron los “AECOS” con los maestros de “PROHECO”.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado F. R. F. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO F. R. F., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA de la manera siguiente: MOTIVO PRIMERO: “Adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica contradictoria”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La motivación para ser lógica debe responder a las leyes del entendimiento humano, con la especial característica de ser coherente, es decir, constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, debiendo para ello ser congruente, no contradictoria e inequívoca. El vicio que hoy se alega, se pone de manifiesto en la sentencia proferida, cuando en los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Juzgador se denota irrespeto a dicho principio de coherencia, al no existir correspondencia en el contenido de la sentencia que debe constituir un todo armónico, al haber entrado el juzgador en juicios irreconciliables, es decir contradictorios, entre lo relatado en los hechos probados y lo manifestado en los juicios de fundamentación jurídica. En virtud de lo anterior, procedemos a examinar lo esgrimido por el Juzgador al momento de emitir la sentencia de mérito, específicamente en el ordinal segundo de la fundamentación jurídica que refiere lo siguiente: “El artículo 292 del Código Penal, establece que, “Quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con una pena de dos (2) a tres (3) años de reclusión. El Ente acusador no logró traer a juicio el más mínimo probanza, para acreditar que el señor V. R. L. I., haya ejercido actos propios que únicamente le corresponden a una autoridad, ya que ni tan siquiera pudo acreditar que el acusado sea funcionario Público.” En el ordinal tercero de la fundamentación jurídica el Tribunal de Sentencia establece: “Ante la evidente carencia de prueba que determine la responsabilidad del acusado V. R. L. I., lo que viene a ser igual a mantenerse incólume el estado de inocencia del mismo, se hace patente entonces, la incertidumbre para los juzgadores, misma que genera duda razonable, pues no existe suficiente prueba que indique la forma cómo sucedieron los hechos sometidos a su juzgamiento. Es así, que en aplicación al “in dubio Pro Reo”, corresponde resolver a favor del imputado...” Si bien es cierto el Juzgador es completamente libre en las cuestiones jurídicas, es decir tiene el derecho y el deber de examinar el hecho, por sí mismo, según todos los puntos de vista jurídicos, nótese de la simple lectura de lo subrayado en negritas, que el Juzgador consideró que no se había probado ni tan siquiera la condición de funcionario Público del imputado V. R. L. I.. Si fuese cierta la aseveración hecha por este ente juzgador, el examen de los otros hechos para configurar los demás elementos de los tipos penales de ABUSO DE AUTORIDAD Y USURPACIÓN DE FUNCIONES sería irrelevante, puesto que aunque se probaran no constituirían delitos por la falta de ese elemento esencial. ¿Por qué hacemos argumentación? Porque es obvio que los delitos que lesionan la administración pública, tienen como condición sine quanon que el sujeto activo del delito ostente la condición especial de funcionario o empleado público, puesto que una persona particular no pudiera en caso alguno cometer estos delitos. Sin embargo, pese a lo aseverado por el ente acusador el Ministerio Público manifiesta que era un hecho notorio que el señor V. R. L. I. además de ser Coordinador Departamental de Lempira de PROHECO (cuestión que no fue discutida por la defensa puesto que ésta en su momento expresó que su representado en su condición de Coordinador de Proheco no cometió delito alguno y los testigos dejaron claro la condición de Coordinador Departamental que ostentaba el señor V. L. sin que esta haya sido objetada por la defensa. Cabe señalar que otra contradicción mayúscula lo constituye lo expresado por el Tribunal de Sentencia al determinar que las declaraciones de los testigos no las desestima, pero no se probó la participación de V. L.. Estas expresiones judiciales aceptan explícitamente lo expresado por los testigos), ostenta el cargo de Quinto Regidor Municipal por el Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, según declaración de elecciones por el Tribunal Supremo Electoral debidamente publicado en el Diario Oficial la Gaceta. En el ordinal séptimo de la valoración de la Prueba se establece “ También se evacuó el medio de Prueba inspección ocular a la primera pieza de autos en el folio 154, donde se constató lo siguiente: Que en fecha trece de junio del año dos mil diez, el señor V. L., le envió una nota al señor A. D., informándole que el día once de mismo mes había recibido una notificación de parte de la Fiscalía Especial de Las Etnias, para que le informara las razones por lo que algunas AECOS no habían hecho cambio de firmas en las cuentas de los bancos y que la de él era una de ellas y no se había hecho este trámite por falta de voluntad de su persona a pesar de que su comunidad lo había sustituido de su cargo. Esta Prueba si bien el tribunal no la desestima, pero la considera inútil en el sentido de que su contenido no lleva implícita una acción ilícita” Si leemos detenidamente esta nota que consta en el folio 154 del expediente judicial, nos daremos cuenta que hay una omisión deliberada del Tribunal de Sentencia de no mencionar en que condición envía la nota el señor V. L. I., y si se lee ese folio, es en condición de Coordinador Departamental de Proheco por el Departamento de Lempira. Esta omisión deliberada del Tribunal vulnera el derecho de defensa porque en la presentación del medio de prueba, la Fiscalía manifestó que pretendía probar no solo la intromisión del señor V. R. L. I. en la conformación de AECOS y en la contratación de Maestros sino su condición especial de funcionario Público, por ser Coordinador Departamental de Proheco por el Departamento de Lempira. Asimismo se logra determinar, que el razonamiento esgrimido por el Juzgador en el apartado de Fundamentación jurídica, específicamente en el ordinal segundo, resulta también contradictorio pues refiere a que no se ha probado que el señor V. R. L. sea funcionario Público o Coordinador de Proheco es decir, la existencia de insuficiencia probatoria que determine la responsabilidad del imputado, para luego expresar, Ante la evidente carencia de prueba que determine la responsabilidad del acusado V. R. L. I., lo que viene a ser igual a mantenerse incólume el estado de inocencia del mismo, se hace patente entonces, la incertidumbre para los juzgadores, misma que genera duda razonable, pues no existe suficiente prueba que indique la forma cómo sucedieron los hechos sometidos a su juzgamiento. Es así, que en aplicación al “in dubio Pro Reo”, corresponde resolver a favor del imputado. Las preguntas que se vuelven obligatorias para hacer patente esta ilógica sentencia, estos incongruentes juicios de valoración y este contradictorio fallo son: ¿Si no se ha probado que el señor V. L. I. es funcionario Público, por qué se discute su participación o no en los hechos, puesto que una persona particular no puede cometer ningún delito en contra de la administración Pública?. ¿Por qué el juzgador al expresar ante la evidente falta de prueba termina su juicio diciendo que se hace patente la incertidumbre para los juzgadores, y esta incertidumbre genera duda razonable y se aplica el in dubio Pro Reo? Sobre el particular debemos señalar, que la acreditación de cada una de éstas causales de absolución requiere de condiciones únicas y no simultaneas para considerar su concurrencia, es decir, su existencia deriva de diferentes premisas, por lo que el Juzgador debió únicamente inclinarse por una de ellas para la resolución del caso, conforme las probanzas del caso se lo vayan determinando; “al respecto nuestra doctrina y jurisprudencia penal han venido sosteniendo que el derecho a la presunción de inocencia, desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales”.[1] En virtud de lo anterior, el razonamiento del Juzgador resulta incoherente, considerando que una resolución motivada debe abarcar indefectiblemente la motivación jurídica en la que se razone sobre la calificación penal de los hechos conforme los hechos declarados como probados, su participación y demás circunstancias, y en el presente proceso es manifiesta la contradicción a la cual arribó el Juzgador, al no haber expuesto de una forma clara y terminante sin dejar lugar a dudas en el relato fáctico, que el imputado no es funcionario público y que resulta irrelevante el examen de los demás hechos que configuran los restantes elementos del tipo penal de Abuso de Autoridad y usurpación de Funciones, y al mismo tiempo señalar insuficiencia probatoria y una incertidumbre que los conduce a la duda razonable, sin embargo al haber invocado al mismo tiempo estas causales para dictar un fallo absolutorio, sin que los criterios plasmados en la sentencia por el Juzgador, deducidos de las probanzas allegadas al proceso, nos condujeran indefectiblemente a dicha conclusión, hace patente el vicio que ahora se reprocha. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” III.- CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO SEGUNDO: “Falta de consideración de prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Al evacuarse el medio de Prueba inspección ocular a la primera pieza de autos en el folio 154, donde se constató lo siguiente: “Que en fecha trece de junio del año dos mil diez, el señor V. L., le envió una nota al señor A. D., informándole que el día once de mismo mes había recibido una notificación de parte de la Fiscalía Especial de las Etnias, para que le informara las razones por lo que algunas AECOS no habían hecho cambio de firmas en las cuentas de los bancos y que la de él era una de ellas y no se había hecho este trámite por falta de voluntad de su persona a pesar de que su comunidad lo había sustituido de su cargo. Esta Prueba si bien el tribunal no la desestima, pero la considera inútil en el sentido de que su contenido no lleva implícita una acción ilícita” El Tribunal de forma llana expresa que esta nota no lleva implícita una acción ilícita, pero obvia de forma deliberada establecer que el señor V. L. I. actúa al enviar esta nota como Coordinador del Proheco en el Departamento de Lempira, por tanto, como funcionario público. Pero también al hacer este reclamo incide y ratifica las irregularidades de sus promotores y se deja entrever que los cambios en las AECOS y las destituciones de Maestros son ratificados por él. El juez acepta y no desestima la prueba, pero de forma deliberada obvia mencionar que si el señor V. envía esta nota lo hace en su condición de Coordinador Departamental de Proheco por Lempira, porque en caso contrario estaríamos ante un particular que invade las atribuciones de un funcionario Público, y así incurriría en Usurpación de Funciones. Además, el Tribunal no desestima las declaraciones testificales brindadas por C. L. M. M., M. R. C., C. M. B., E. S. O., y las considera inútiles, juicio que no cabe a la esencia misma de un medio probatorio que ha sido ya admitido. Estas pruebas apuntan a que el señor V. R. L. envió a los promotores sus subordinados para que desintegraran las AECQS y para que nombraran y se destituyeran maestros. C. L. M. M. abordó personalmente al señor V. L. y este le dijo como Coordinador de PROHECO que no quería saber nada del asunto. Esta actitud nos persuade acerca de la participación a nivel de inducción de V. L., puesto que si él era coordinador Departamental y teniendo un grado de superioridad jerárquica, tenía necesariamente que revisar las actuaciones de sus subordinados, al no revisarlas estas actuaciones irregulares fueron consentidas, ya que este tenía el dominio de las acciones. El Tribunal de Sentencia atribuye una determinada inocencia del señor V. a que no se probó que este haya estado directamente involucrado en los despidos, interpretación muy antojadiza y que no construye un contexto fenomenológico inexorable, que es un proceso de despidos al margen de la ley y cuya ilegalidad incluso fue declarada por la prueba de inspección en los juicios laborales. Estos juicios de valoración son extremadamente pobres sabiendo que en la administración pública, hay una serie de formas para eludir la responsabilidad en los actos. Sin embargo, cuando los actos irregulares son denunciados como es el caso de CARO L. M. M., que denunció esto al Coordinador V. R. L. I., y éste en vez de revisarlos, los consiente, es que existe una línea institucional de orientación aquel margen de la ley para actuar de determinada manera, eludiendo los contenidos obligatorios del Convenio 169 de la OIT.” IV.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA ADOLECE DE MOTIVACIÓN JURÍDICA CONTRADICTORIA. 1) Denunció el Recurrente que el Sentenciador incurrió en Motivación Jurídica Contradictoria, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el Censor que en la Fundamentación Jurídica de la Sentencia el Juez A-quo denotó irrespeto al Principio de Coherencia, pues no existe correspondencia entre los Hechos Probados y la Fundamentación Jurídica, lo que provocó que incurriera en juicios irreconciliables; por ejemplo en el numeral segundo refiere que el ente acusador no logró traer a juicio el mínimo de prueba para acreditar que el imputado V. R. L. I. ostente el cargo de Funcionario Público; y en el ordinal Tercero estableció que ante la carencia de prueba contra el imputado, se mantenía incólume el Estado de Inocencia, pues al no existir prueba suficiente de cómo ocurrieron los hechos genera duda razonable que debe ser fallada a favor del acusado. Expresó que es un hecho notorio que el imputado L. I. además de ostentar el cargo de Coordinador de PROHECO en el Departamento de Lempira, posee el cargo de quinto Regidor Municipal, pues así fue publicado por el Tribunal Supremo Electoral en el Diario Oficial la Gaceta; cuestión que no fue debatida por la defensa y que también confirmaron los testigos de cargo, por lo tanto ostenta la categoría de Funcionario Público. Otro punto que trae a discusión el impetrante es que corre agregada a folio 154 del expediente judicial, una nota que el señor V. L. le envió al señor A. D., en la que le informa que recibió una notificación de la Fiscalía de las Etnias para que informara el porqué algunos Aecos no habían hecho el cambio de firmas en las cuentas de ahorro; según el reclamante el Tribunal Sentenciador omitió deliberadamente establecer que dicho documento había sido presentado para establecer su categoría de Funcionario Público. 2) Al decir que la motivación de las Sentencias debe tener como requisito la Logicidad y de forma específica la Coherencia, se refiere a que deben guardar una debida relación y concordancia, resulta que la contradicción de esos argumentos resta esa cualidad, ya que implica la existencia de Juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurrirá cuando existiera una contradicción entre la Valoración Probatoria y los Hechos Probados, o entre estos y la Fundamentación Jurídica, o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica. Es natural que exista control Casacional sobre la contradicción en la motivación, puesto que ello resta seguridad a la decisión que se toma por el Juzgador, al fundamentarse en argumentos o Juicios excluyentes, por lo que se dudaría de lo acertado de la decisión[2]. 3) En vista de los argumentos del Recurrente consideramos oportuno establecer los Requisitos necesarios para la configuración del delito de Abuso de Autoridad: Son elementos objetivos del Tipo Penal: A).- Sujeto Activo: Se trata de un Tipo Penal de autor calificado ya que debe ser un Empleado o Funcionario Público en ejercicio de su cargo y obrando dentro de su propia competencia, entendiéndose como tales los señalados por el Artículo 393 del Código Penal, definiéndolo como a toda persona natural que, por disposición de la Ley o por nombramiento de Autoridad Competente, participe en el ejercicio de Funciones Públicas o desempeñe un Cargo o Empleo Público, incluidos los Alcaldes y Regidores Municipales; por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su Artículo I, señala que debe entenderse por Funcionario Público, Oficial Gubernamental o Servidor Público, cualquier Funcionario o Empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; B).- Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como titular de la Administración Pública; C).- Objeto Material del Delito: es la Administración Pública, como Bien Jurídico protegido, ejercido a través de órdenes, Sentencias, Providencias, Resoluciones, Acuerdos o Decretos, los cuales deben diferenciar si se trata de carácter general o de carácter particular: i) de Carácter General, cuando es la determinación de la voluntad del Estado con respecto a una situación universal (ordena, permite o prohíbe), por lo cual realiza una manifestación pública que crea una nueva situación jurídica vinculante a todos; ii) Es de Carácter Particular cuando es una determinación adoptada en un caso particular, emitida por el empleado o funcionario público a realizarse por él directamente o por otros empleados y funcionarios públicos sobre terceros o personalmente por esos mismos terceros, sin que sus efectos jurídicos se extiendan a otras personas (VID D., E. A., Derecho Penal Parte Especial Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, Pag 165); D).- Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es: 1) Dictar: que se refiere a la acción dolosa de ordenar, disponer, resolver o disponer; 2) Ejecutar: que implica dolosamente cumplir, concretar, materializar, hacer, elaborar o en definitiva, llevar a cabo el contenido de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto, plasmarlo en la realidad; y 3) Abstener: que ocurre cuando dolosamente no se hace o se omite la conducta exigida por la Ley, se realiza la conducta parcialmente, se realiza la conducta de manera distinta a lo ordenado o se realiza la conducta de manera inadecuada; E).- Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; en este caso puede ser de dos formas: a) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes con el fin de ir en contra de ella, donde el empleado o funcionario público se atribuye facultades o atribuciones que la Ley no le otorga o cuando la propia Ley se lo prohíbe; y b) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contemplados en la Constitución o en la ley de manera arbitraria, sobrepasando los límites establecidos en dichas disposiciones; F).- Penalidad: está fijada por el Legislador con una sanción de tres a seis años de reclusión e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión que individualizadamente imponga el Tribunal de Sentencia. Elemento subjetivo del Tipo Penal de Abuso de Autoridad es el dolo, donde el autor debe conocer la ilegalidad de la orden, Sentencia, Providencia, Resolución, Acuerdo o Decreto que se dicta o se ejecuta y debe tener la voluntad de dictarla o ejecutarla. En el supuesto omisivo el autor debe conocer la existencia de la Orden, Sentencia, Providencia, Resolución, Acuerdo o Decreto y debe tener la voluntad de oponerse a la Ley, de desconocerla[3]. 4) Observa esta Sala de lo Penal que el peticionario ha incurrido en una Inadecuada Técnica Recursiva, pues al inicio de su argumentación establece que la supuesta contradicción en la que incurre el Sentenciador, se efectúa entre los Hechos Probados y la Fundamentación Jurídica; pero al momento de desarrollar su impugnación hace referencia únicamente a juicios contrapuestos recaídos dentro de la fundamentación jurídica del fallo y será sobre éste último punto que este Tribunal de Casación responderá a los cuestionamientos del Recurrente. Este Tribunal de Alzada no observa que el Juez A-quo haya incurrido en una Motivación Jurídica contradictoria, pues si bien alega el impetrante que el Sentenciador estableció que no se probó que el imputado V. R. L. I. es Funcionario Público; cuando a su criterio existen suficientes pruebas -además de hechos notorios- que acreditan lo contrario, por ejemplo las declaraciones de los testigos y una nota agregada a Folio 154, pero debemos recordar que para la configuración del delito cuestionado se requiere que se acredite la calificación especial del Sujeto Activo, es decir su investidura como “Funcionario Público” con un agregado mas, la particularidad que se encuentre en el ejercicio de su cargo; y por lo tanto coincidimos con el Sentenciador en afirmar que el ente acusador durante el Juicio Oral no acreditó tal condición, pues no es el medio idóneo la declaración de testigos o una nota informal de fecha 13 de junio del 2010; pues recordemos que según los Hechos atribuidos al imputado, sus supuestos abusos ocurrieron entre los meses de abril y mayo del 2010, pero el Juicio Oral y Público se celebró en septiembre del 2012, por lo tanto era necesario establecer mediante la documentación necesaria que para las fechas en que infringió de su potestad, se encontraba activo como Funcionario Público; por tanto los argumento jurídicos del Sentenciador fueron totalmente coherentes y lógicos, en tal sentido es procedente desestimar el presente motivo de casación. V.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO LA FALTA DE CONSIDERACIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- 1) Estableció el impetrante que el Sentenciador no consideró Prueba de Valor Decisivo para la Litis, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Consideró el Censor que el Sentenciador incurrió en el vicio cuestionado, pues al evacuarse el medio de prueba inspección ocular a la primera pieza de autos en el folio 154, en el cual aparece una nota firmada por el imputado, a su criterio ésta prueba no la desestima el Tribunal A-quo pero la considera inútil con el argumento que la misma no lleva implícita una acción ilícita, pero según el Recurrente obvió establecer que con ella se acreditaba la calidad de Funcionario Judicial; de igual consideró, que el Tribunal de Sentencia desestimó las declaraciones testificales de las señoras C. L. M. M., M. R. C., C. M. B. y E. S. O.; para el Reclamante dichas declaraciones apuntan a que el encartado envió a los promotores para que desintegraran las AECOS y para que nombraran y destituyeran a maestros. 2) Este motivo resulta de dos hipótesis, la Sentencia excluye indebidamente una Prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio refleja la Infracción de los Artículos: a) 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336, que señala que el tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán ejecutadas en su conjunto; y c) 338 sección cuarta, numeral 2, que manda al Órgano Jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las Pruebas practicadas durante el Juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las Pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en virtud de los Principios de Verdad Real, de Defensa y Contradicción, el Juez debe de servirse de las Pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso en que el Tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la Prueba y esa excursión es correcta, y aún si la Prueba ha sido valorada aunque lo fuera de forma desacertada, debiéndose en ambos supuestos rechazar el motivo[4]. 3) En cuanto a la Exclusión de Prueba Decisiva para la Litis, esta Sala comparte lo expuesto por el Jurista Español Angel Llorente Fernández de la Reguera, cuando explica que: “resulta operativo cuando en la Sentencia recurrida se excluya indebidamente una Prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo), o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella) siendo decisiva para decretar la Absolución o Condena del Imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los Hechos Probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una Prueba trascendental tienen obligada proyección en el Relato Histórico de la Sentencia combatida. Si la Exclusión de la Prueba ha tenido lugar en la Sentencia de forma correcta o si el Medio de Prueba ha sido valorado por el Tribunal de Instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un Recurso, amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las Reglas de la Sana Crítica[5]”. Concretamente el Recurrente reprocha que el Juzgador no ha valorado en toda su extensión el medio de prueba Inspección Ocular que corre agregada en la primera pieza de autos en el folio 154, en el cual aparece una nota firmada por el imputado, a su criterio ésta prueba no la desestima el Tribunal A-quo pero la considera inútil con el argumento que la misma no lleva implícita una acción ilícita, pero según el Recurrente obvió establecer que con ella se acreditaba la calidad de Funcionario Judicial; de igual consideró, que el Tribunal de Sentencia desestimó las declaraciones testificales de las señoras C. L. M. M., M. R. C., C. M. B. y E. S. O.. Al respecto esta Sala constata que en el numeral Segundo incisos a, b, c, d y numeral Cuarto de la valoración de la prueba (folio 590) el Juzgador de instancia hace referencia expresa y valora las declaraciones de los mencionados testigos de descargo, al mencionar los aspectos de sus declaraciones a los que el Tribunal de instancia consideró que no dieron aportes importantes para determinar la responsabilidad del acusado, pues se constituyen en testigos de referencia por tanto no les concede ningún valor a sus manifestaciones; asimismo, en el numeral cuarto del apartado Valoración Probatoria (folio 591), el Tribunal A Quo hace referencia expresa y valora la inspección ocular a la primera pieza del expediente judicial pues a folio 154 se ubica una nota extendida por el imputado V. R. L. I. de la cual el Juzgador expresó que la consideraba inútil para la averiguación de los hechos, por lo que esta Sala estima que no ha habido por parte del Juzgador exclusión de prueba de valor decisivo, sino que una ponderación razonada de dichas pruebas. En el primer Motivo de Casación se explicó ampliamente el porqué se debió acreditar la categoría de Funcionario Público del imputado, pues las pruebas alegadas por el Recurrente y que supuestamente no fueron consideradas por el Juez A-quo, no son los medios idóneos para corroborar la categoría especial del acusado. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima también el segundo motivo de casación invocado por el Recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 200, 202, 338, 339, 359, 362.2.3 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus Dos Motivos interpuestos por el Abogado F. R. F. en su condición de Representante del Ministerio Público en la causa instruida contra el señor V. R. L. I..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- Redactó El Magistrado Zúniga Medrano. NOTIFÍQUESE. - MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero del dos mil dieciséis.- Certificación de la Sentencia de fecha veinte de octubre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P. 66=2013.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Estrella Ruiz, Manuel y Fortín, Manuel. Valoración de la Prueba. Presunción de Inocencia. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Corte Suprema de Justicia, Honduras.Pag.98”
[2] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, Septiembre del 2004. Página 599.
[3] VID Sentencia de Casación Penal N° 309-2008 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha veintisiete (27) de Junio del año dos mil trece (2013).
[4] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, Septiembre del 2004. Páginas 596 y 597.
[5] Los Recursos. Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Tomo 7. Página 120.