Sentencia CP-62-13 — Registro 5085
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Injurias, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso no es de recibo.- Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que la condición jurídica de Inocencia consagrada en el Artículo 89 de la Constitución de la República, establece una presunción “Juris Tantum”, misma que puede ser enervada con la producción de un mínimo de prueba de cargo, evacuada en un juicio legal seguido con todas las garantías. En el presente caso, el principio-derecho a la Presunción de Inocencia dispuesto en el Artículo 89 de nuestra ley fundamental a favor del Querellado, se ha desvanecido, por la actividad probatoria del Querellante, al incorporar al juicio prueba de cargo suficiente valorada y enlazada con indicios derivados de inferencias y razonamientos lógicos con el que formo su convicción el juzgador de instancia más allá de toda duda ha declarado probado que el ejecutor material del hecho sometido a juzgamiento fue el ahora querellado, tal como ha quedado demostrado de la valoración de los testimonios rendidos y del careo practicado entre querellante y querellado, sin existir prueba de descargo que contradijera la prueba de cargo, por todo ello, el acusado resulta penalmente responsable a título de autor de la acción desplegada, resultando evidente su participación, no cabe duda que ante el cúmulo de indicios aportados en juicio contra del Querellado, ya insertos en los hechos declarados probados derivados de la prueba directa e indiciaria, el Juzgador ha logrado enervar la presunción de inocencia que existía a su favor, y consecuentemente ha dictado un veredicto condenatorio. Por las razones anteriormente expuestas esta Sala de lo Penal considera que el Tribunal de Instancia no ha vulnerado el Principio Derecho a la Presunción de Inocencia, que consagra el Artículo 89 de la Constitución de la República, de ahí que el motivo formulado por la Defensa del encartado es declarado Sin Lugar.
.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- El impetrante viene invocando como motivo de casación la Infracción de Ley por Aplicación Indebida del Artículo 157 del Código Penal, señalando como Precepto Autorizante el Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal.- El argumento principal del recurrente consiste en afirmar que los Hechos Declarados Probados en la Sentencia, no contemplan el delito de INJURIAS, en virtud de que de dicho cuadro fáctico no se aprecian expresiones o acciones atribuidas al imputado orientadas a provocar la deshonra, descrédito o menosprecio del Querellante. II.- Esta Sala de lo Penal, ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida inalterable en Casación, confrontándolo con la Norma Penal Sustantiva aplicadas por el Tribunal A quo, a efecto de determinar si el precepto penal invocado ha sido indebidamente aplicado, tal y como lo afirma el Censor, o si por el contrario, su aplicación es correcta, siendo la finalidad del Recurso de Casación revisar si el Tribunal ha realizado una correcta aplicación del derecho, esta Sala de lo Penal reitera su criterio de que los Hechos Declarados Probados constituyen la base de la Sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y sólo cuando estos no armonizan cabe hablar de Aplicación indebida; la Aplicación Indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. III.- Los delitos de (Calumnia, Injuria y Difamación), tutelan justamente uno de los bienes jurídicos más preciados en el ámbito social –el honor- el cual como bien ha sostenido la doctrina resulta uno de los bienes más difíciles de aprehender desde el punto de vista jurídico- penal, pues, la existencia de un ataque al honor depende de múltiples factores; la sensibilidad, grado cultural, formación, tanto del sujeto activo como del pasivo, así como de las relaciones reciprocas entre ambos. Todas las formas de aparición del honor se conducen a la perspectiva de un concepto objetivo unitario: entendido como la fama o reputación social del cual es merecedor una persona dentro de la sociedad y que le es necesario para su desarrollo dentro de la misma.- Completado con un concepto subjetivo: que es la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia estimación en sociedad. Para sancionar punitivamente las acciones lesivas al honor la normativa penal establece una descripción típica dentro de la cual deben encuadrarse las conductas lesivas, los actos constitutivos de injurias son expresiones o acciones en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, tal como lo regla lo prescrito en el Artículo 157 del Código Penal. En tal sentido, resulta de importancia determinar si las acciones realizadas por el Querellado son susceptible de producir deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona; al respecto, debe señalarse que, no es suficiente la expresión en si, es necesario examinar si dicha expresión o acción es capaz de producir los efectos que la norma penaliza, no bastando que la expresión sea objetivamente injuriosa y el sujeto lo sepa, sino que se requiere ánimo especial de injuriar (animus injuriandi), intención específica constitutiva de un elemento subjetivo del injusto ajena al dolo, pues proviene de la propia naturaleza del delito, es decir, no basta con querer decir determinada frase que per se parezca contra la honra o en desprecio de determinada persona, se requiere que además se pretenda producir realmente deshonra o descrédito en la persona ofendida. La doctrina entiende que: “En la injuria es irrelevante que la imputación sea verdadera o falsa. La acción se configura con el conocimiento de la aptitud ofensiva de la imputación y la voluntad de proferirla o difundirla”. (Véase. Catucci G, Silvina, Libertad de Prensa Calumnias e Injurias Aspecto Constitucional Penal y Procesal, 2ª Edición, Ediart, Buenos Aires, 2004, Pág. 226). No se requiere necesariamente que se haya logrado el propósito del autor, suficiente es que las formas utilizadas hayan sido “idóneas” para alcanzar tales propósitos, en ese mismo sentido, Queralt Jiménez apunta: “En resumen; las injurias -y el resto de delitos contra el honor- se consuman cuando la acción típica del sujeto está en condiciones de surtir los efectos destructivos de la reputación. No se requiere para la consumación la efectiva destrucción del crédito moral del sujeto (agotamiento del delito), sino su puesta en peligro efectiva”. (Véase, Queralt Jiménez, Joan J. Derecho Penal Español. Parte Especial. 4ª Edición. Atelier. Barcelona 2002. Pág.203). Congruente con la doctrina citada, el Artículo 2C del Código Penal establece que: “No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal” (principio de lesividad), así tenemos que para determinar si la conducta del imputado claramente reflejada en los hechos declarados probados, lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido, fue suficiente para lesionarlo o para ponerlo en peligro al menos, para ello, habrá que tener en cuenta las circunstancias particulares del caso y la naturaleza del delito juzgado. IV.- Es oportuno señalar que en los hechos probados está proscrito emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse al tenor de lo dispuesto en el Artículo 338 Regla Cuarta número 1 del Código Procesal Penal.- Habiendo vedado el legislador que al realizarse la descripción de hechos probados se utilicen conceptos jurídicos que puedan predeterminar un fallo debiéndose relatar únicamente el relato fáctico del hecho acaecido, dejándose para la fundamentación jurídica los conceptos técnicos que establezcan la calificación jurídica de los hechos, pues se constituye el vicio de la predeterminación del fallo por la utilización en el fáctum de expresiones técnico jurídicas que definan y den nombre específico a la esencia del tipo aplicable al caso concreto, se debe realizar una descripción de hechos probados no sólo con significado jurídico, sino que permita que cualquier ciudadano común al leer los hechos probados deduzca con facilidad lo sucedido, un ciudadano que no tenga conocimientos jurídicos, no tiene por qué conocer la diferencia existente, verbigracia, entre calumnia e injuria, homicidio y asesinato, pero si entenderá el sentido de la acción cuando se describan los hechos probados con términos no jurídicos. V.- Precisamente, al examinar los hechos que declaró probados el Tribunal A quo, nos encontramos que el Querellado, realizo una conducta en clara alusión al Querellante, y si bien no menciona el nombre del Querellante en sus manifestaciones verbales, si imputa hechos de forma concreta y que recaen sobre persona en este caso fácilmente y con claridad determinable, al señalar al mismo, por lo que, no considera la Sala, la concurrencia de un caso de atipicidad tal y como lo deja ver el Recurrente, pues dentro del cuadro fáctico si quedó establecido que las aseveraciones expresadas por el Querellado, buscaban provocar la humillación publica del Querellante al vincularlo con actos de corrupción y delincuenciales, teniendo conciencia y voluntad el querellado de su actuar, y de dichas expresiones se desprende de manera clara la identificación de hacia quien iban dirigidas en este caso hacia la persona del Querellante. En consecuencia, éste Tribunal de Casación estima que la norma penal aplicada por el Tribunal de Instancia si regula o contiene el Hecho que fue Declarado Probado en la sentencia recurrida y, por tanto, la norma y hecho probado se corresponden en forma coherente, pues la descripción normativa y fáctica justamente evoca la conducta realizada por el querellado, apareciendo bien aplicado el precepto relativo a las injurias, siendo procedente declarar Sin Lugar el motivo de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Recurrente. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de Septiembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al Señor E. A. F. P., a la pena de UN (01) AÑO DE RECLUSION, por el delito de INJURIAS, en perjuicio de J. R. S. F., mas las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL; 2) NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, el Abogado J. C. C. L., actuando en su condición de Defensor Privado del señor E. A. F. P. SON PARTES: El Abogado J. C. C. L., actuando en su condición de Defensor Privado del señor E. A. F. P., como Parte Recurrente y el Abogado Y. P. P. en su condición de Apoderado Querellante en representación del señor J. R. S. M. como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando conjuntamente las pruebas legítimamente practicadas en juicio de acuerdo con los criterios de la sana crítica, este Tribunal, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: Que el día catorce de Abril del año dos mil doce, entre las once y once y treinta minutos de la mañana, frente a la alcaldía municipal de este municipio de Santa Bárbara, precisamente cuando transitaba el señor J. R. S. en su vehículo automotor, conducido por su motorista J. R. P. C., frente a dicha municipalidad cuando el querellado señor E. A. F. . señalo al hoy querellante J. R. S. M., y le manifestó “estos corruptos y delincuentes deberían estar en la cárcel.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado J. C. C. L., en su condición de Defensor Privado del encausado E. A. F. P.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-EL RECURRENTE ABOGADO J. C. C. L., EN SU CONDICION DE DEFENSOR PRIVADO, DEL ENCAUSADO E. A. F. P., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL E INFRACCION DE LEY DE LA SIGUIENTE MANERA: “PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: El Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado E. A. F. P., cometió infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 89, que literalmente establece: “TODA PERSONA ES INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA DECLARADO SU RESPONSABILIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE” vicio que lo hizo violentar lineamientos de la Ley Constitucional vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando se comete infracción del precepto constitucional, veamos: EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El motivo por Infracción de Precepto Constitucional, que proclamamos es el contentivo a LA PRESUNCION DE INOCENCIA, el cual lo relacionamos con el artículo 2 del Código Procesal Penal y 69 del propio Texto Constitucional, al amparo del artículo 361 de la Ley Procesal, en relación al delito de INJURIAS, por el cual fue condenado mi representado E. A. F. P., por cuanto el Tribunal de Sentencia de la de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, ha formulado un relato fáctico en base a enunciados donde indica auxiliarse de las reglas de la sana crítica contentivas de las máximas de la experiencia y de la lógica, de los cuales no existe corroboraciones inmediatas de la prueba evacuada en juicio que hagan verosímil esos enunciados; en consecuencia se contradicen con la multitud de extremos fundamentales en relación con su versión de los hechos, ya que no se encuentran corroboradas por ningún medio probatorio o indiciario, por lo que, de la prueba practicada no existe base razonable para dictarse un pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose el Principio de presunción de Inocencia. Previamente debemos recordar, que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas, en virtud de que el recurso de casación puede interponerse en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 69 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al Derecho a la Presunción de Inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del Derecho a la Presunción de Inocencia, se puede cuestionar no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que un Tribunal de Sentencia haya deducido de su contenido; Por tanto el acusado E. A. F. P., tiene abierta una vía que permite a la Sala de lo Penal hacer una la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba. Así pues, que no solo se debe comprobar que el Tribunal de Sentencia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar, para determinar sí existió por haberla realizado con observancia de la legalidad en su obtención y práctica en el juicio Oral y Público bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción, concentración y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedeció a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del Derecho fundamental a la Presunción de Inocencia, pues la Sala de lo Penal puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la Presunción de Inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción, concentración. Y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. En efecto, la valoración de la prueba una vez considerada como prueba regularmente obtenida bajo los principios que permiten su consideración como tal conforme a lo que establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, esto es por su práctica en condiciones de regularidad y bajo los principios de inmediación, oralidad, concentración y contradicción, se desarrolla en dos fases: 1) La percepción sensorial de la prueba; 2) Su estructura racional. La primera está regida por la inmediación, por la presencia del Tribunal de Sentencia ante el que se desarrolla la actividad probatoria atento, por tanto, a lo que en el juicio se ha dicho y al contenido de la inmediación, la seguridad que transmite la prueba e incluso, las reacciones que provoca en el caso de la prueba testifical su comparecencia y declaración. La segunda aparece como un proceso interno del juzgador por el que forma su convicción a través de lo percibido, incorporando a esa percepción los criterios del sentido común, la experiencia y la lógica que le llevan a la convicción. En este sentido, la jurisprudencia Hondureña ha establecido que: “…Esta Sala De Lo Penal observa que el control de casación por infracción de precepto Constitucional, consistente en infracción al derecho de defensa, debe limitarse a dos aspectos esenciales: a) Comprobar si las partes han tenido igualdad De oportunidades procesales para aportar medios de prueba, formular alegaciones e impugnar resoluciones que le son adversas; b) Con respecto a la prueba de reproche determinar si ésta ha sido legalmente obtenida e incorporada al juicio; y, b) Verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador…” (Sentencia de fecha quince de abril de dos mil ocho, recaída en el recurso de Casación No. 130—2007) “…Esta Sala de lo penal estima que efectivamente cuando se alega en casación, la violación del derecho de Presunción de Inocencia, el control del recurso debe consistir en: a) Una ponderación o juicio sobre la prueba, consistente en verificar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada al juicio; y, b) La verificaci6n de la racionalidad de las inferencias derivadas de la prueba directa o indirecta, a efecto de constatar la razonabilidad o arbitrariedad de éstas a la luz de las reglas de la sana crítica…” (Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación Penal registrada bajo el No. 164—07) “…Por otra parte Este Tribunal en reiteradas sentencias ha sentado pautas de jurisprudencia, en cuanto a la intangibilidad del cuadro fáctico filado por el juzgador de instancia. Los hechos probados se derivan de la valoración de la prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica. Corresponde únicamente al Tribunal de Casación, determinar el iter lógico del juzgador…” (Sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil seis, recaída en al recurso de Casación No. 1708=2004.) Consecuentemente debemos entender que el único límite a esa función verificadora de la racionalidad lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, (es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral, en el sentido de lo que la prueba dice y que es oído por el Tribunal de Sentencia, y cómo las circunstancias que rodean su evacuación y constatación afirman o niegan los hechos incriminatorios, sin embargo esa limitación no impide que la Sala de lo Penal se vea limitada para, “Verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador”, o que es lo mismo, establecer si la racionalidad de la motivación del Tribunal De Sentencia en cuanto a la valoración de la prueba, surge de inferencias lógicas, de las máximas de la experiencia o del sentido común; en definitiva, corresponde a la Sala de lo Penal, en cuanto al ámbito del control (en relación a las pruebas determinar si la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia al imputado E. A. F. P., se ha alcanzado conforme a los procedimientos que garantizan un Debido Proceso, o por el contrario se ha alcanzado mediante la vulneración del Derecho a la Presunción de Inocencia, siendo este el caso que nos ocupa, donde se pide un reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por los jueces de Sentencia donde por unanimidad condenan a mi representado, reexamen que deberá hacerse desde los aspectos, de que, las motivaciones que se le hacen, son insuficientes, y que la prueba que sirve de pilar para el fallo condenatorio no fue debidamente razonada y motivada; todo se pide a la Sala de lo Penal, en garantía de la efectividad del recurso de casación invocado, mediante el cual la Sala de lo Penal es garante para verificar la razonabilidad de la argumentación del Tribunal de Sentencia a fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y sentido común. DEMOSTRACION IDONEA DEL VICIO DENUNCIADO: En este motivo, de casación, formalizado por vulneración de la presunción constitucional de inocencia, el recurrente plantea la falta de racionalidad del juicio de inferencia construido por el Tribunal de Sentencia por unanimidad para condenar a E. A. F. P., estimando el recurrente que existen alternativas más favorables respecto a la conclusión de su autoría a la cual concluyó el Tribunal de Sentencia, ya que esta resolución judicial se deriva de juicios o razonamientos ilógicos, que inclusive no pueden encuadrarse dentro de los raciocinios inherentes a las máximas de la experiencia, que dicen alcanzar los juzgadores al momento de valorar dichas pruebas conjuntamente con el resto de pruebas evacuadas en juicio oral y público para darle credibilidad a las declaraciones testifícales de los señores J. R. S. M., J. W. F. y J. R. P. C., quien rindieron tres (3) versiones diferentes al Tribunal Sentenciador de cómo ocurrieron los supuestos hechos constitutivos del delito de injurias. Declaración anteriores que no acreditaban la supuesta modalidad de cómo había acontecido los hechos, mas bien cada uno de ellos procedió a dar versiones diferentes en sus declaraciones y no fueron contestes, coherentes en sus dichos, para poder enervar el Estado de Inocencia de mi representado, y es por ello que se dejó claramente probado su inocencia en juicio. Extremos que en la sentencia dictada por unanimidad no fueron tomados en consideración para dar un fallo absolutorio, sino que las narraciones de la deposición y respectiva valoración transcritas en la misma fueron mutilados con el propósito de orientar una sentencia condenatoria, Lo que revelaría, sin justificarían que su decisión es errónea, por existir, otra solución que no consideró lógicamente en el ejercicio de la tarea valorativa que le es propia, en consecuencia, se acreditaría la equivocación evidente, al darles el mayor crédito a esta deposición testifical de los señores J. R. S. M., J. W. F. y J. R. P. C.. En definitiva, no se trata únicamente la declaración a la que se alude pudieran dar pié, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad, su fuerza probatoria, por ser inconsistente, incoherente y contradictoria permite que sean desvirtuadas por si solas con meros fundamentos ilógicos, y que su consistencia probatoria por si solo pueda destruirse y al no encontrar pruebas análogas o pruebas que demuestran más allá de la duda razonable su credibilidad jurídica, ya que si no es bajo este escenario legal, pueda que se produzca una argumentación insalvable entre el contenido de estas pruebas testifícales de carácter fehaciente (sostenida por el tribunal), y las afirmaciones fácticas y jurídicas a las que llega la Sentencia condenatoria por unanimidad recurrida, de modo tal que se haga evidente el error de éstas, es decir, la irracionalidad de la motivación de los juicios y las inferencias ilógicas alcanzadas por el juzgador, que no pueden apoyarse en otras pruebas, de la misma fuerza acreditativa, que desvirtúen válidamente la eficacia de las declaraciones. Por eso digo, que la convicción judicial obtenida debe estar a salvo de la existencia de cualquier duda razonable, y tiene que basarse en la fuerza inculpatoria que se derive de los elementos probatorios en sí, esta convicción debe estar asentada sobre un juicio de racionalidad, de tal naturaleza que no deje hueco para conclusiones de signo diferente, que asimismo puedan estar firmemente basadas sobre una valoración acomodada a las reglas del criterio humano. El enlace preciso y directo que se viene exigiendo para dar viabilidad probatoria a los elementos indiciarios o presunciones, nos tendría que llevar a una conclusión firme y sólida que no admitiese la posibilidad de verificación casacional en virtud de que la motivación del Tribunal de Sentencia no refleja en su lugar a dudas, la equivocación del Tribunal de Sentencia en la confección de esa narración condenatoria. Tal infracción constitucional, en este caso, sin duda sería grave y evidente. Y por ello, se contempla en la Ley Procesal y Constitucional, a pesar de constituir una verdadera excepción en un régimen, como el de la Casación, en el que se parte de que, en principio, todo lo relativo a la concreta función de valorar el diferente peso acreditativo del material probatorio disponible corresponde, en exclusiva, a los jueces de sentencia. Pero como anteriormente lo he manifestado, precisamente por esa excepcionalidad del motivo, la jurisprudencia hondureña, permite: “…Verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador…” y, Por ello, para que el vicio se demuestre, tiene que ser de tal magnitud que evidencie la irracionalidad a la que arriba el Tribunal de Sentencia en su fallo judicial, en este orden de ideas, si nos remitimos a la declaración de los testigos J. R. S. M., J. W. F. y J. R. P. C., no reúne todas las garantías para ser considerado lícito. y válido, fueron contradictorios, incoherentes, ilógicos, ante su deposición ante el tribunal de sentencia, teniendo signos de decaimiento y falsedad, con un claro interés como deponentes más que decir la verdad de cómo habían acontecido los hechos imputados, falsearon los mismos para su provecho y favorecer a una persona que tiene influencias por ser hijo de un diputado del departamento; consecuentemente, el juicio que exponga el Tribunal para darle validez a las deposiciones de los testigos, ha de referirse a extremos esenciales, que no pongan en duda la verdadera trascendencia del contenido de la narración en sus dichos, es decir, que cualquiera que sea el pronunciamiento alcanzado por los jueces de sentencia, debe ser de total certeza, que equivale a decir, que no sea parcial, dudoso o probable, ni carente de sustento fáctico y jurídico, ya que darles credibilidad a dichos testimonios, y darles una consistencia probatoria, sin respaldarse en una fundamentación o motivación sólida y que Además no ha de venir, a su vez, enfrentada ese razonamiento, a él resultando, de otros medios de prueba también disponibles por los juzgadores, que J. R. S. M., y le manifestó “éstos corruptos y delincuentes deberían estar en la cárcel”. Fundamentación Jurídica: “QUINTO: A efecto de individualizar la pena, se toma como fundamento lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, este Tribunal considera proporcionado imponer a E. A. F. P., por el delito de INJURIA una pena de UN AÑO DE RECLUSION, pena contemplada en el artículo 157 del Código Penal y según lo dispuesto en el artículo 62 del mismo cuerpo de ley, esta pena lleva consigo la inhabilitación especial e interdicción civil como penas accesorias, durante el tiempo de duración del cumplimiento de la pena. Parte Resolutiva: “PRIMERO: Condenamos al señor E. A. F. P., de generales previamente establecidas, como autor responsable del delito de INJURIAS en perjuicio del señor J. R. S. M., a la pena de UN AÑO DE RECLUSION, mas las accesorias de interdicción civil e inhabilitación especial, consistente en el no ejercicios de los derechos políticos de elegir y ser electo a cargos públicos, pena que deberá cumplir en el centro penal de esta ciudad, previo al descuento del tiempo que haya permanecido en efectiva prisión, así mismo se le condena a trabajar y realizar labores dentro del centro penitenciario de conformidad con la ley que regula dicho sistema. PRIMERO: Tal como puede inferirse el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, condena a mi representado a la pena de UN AÑO DE RECLUSION, fijando el tipo penal o figura penal como INJURIA, calificación que reprochamos, ya que el actuar de mi representado fue de buena fe y al estar platicando con otras personas que ya efectivamente le habían adelantado que iba ser querellado, y que al momento en que supuestamente ocurrió el hecho el estaba dentro de la Municipalidad, Por lo que, es incorrecto, calificar los hechos imputables como INJURIA en los términos que se pronuncian los Jueces de Sentencia, puesto que implica que la conducta desplegada por el hechor de proferir una ofensa en perjuicio de una persona determinada y en una forma dolosa, situación que no ocurre en el caso de marras. En estos términos se pronuncia el legislador, ya que al darse lectura al artículo 157 del Código Penal, se observa sin mayor razonamiento otras alternativas más favorables, derivadas de una infracción a precepto constitucional. Es así que la defensa invocó el artículo 157 del Código Penal vigente en vista que como CAUSA PARA SU ABSOLUCION, ya que no se configura su enunciado. RECLAMACIONES HECHAS PAPA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción de Precepto Constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, SE ANULE la Sentencia recurrida y se dicte en su lugar una Sentencia Absolutoria.” III.- CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. “MOTIVO DE CASACION: Violación de La Ley Penal por APLICACION INDEBIDA del artículo 157, del Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 36O párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso que nos ocupa y al abocarnos al contexto de la fundamentación Jurídica de la sentencia recurrida y estando obligados a respetar por disposición legal la santidad e integridad de la sentencia, encontramos que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, califica jurídicamente los Hechos Probados y fundamentación jurídica de la siguiente manera: Hechos Probados: “UNICO”: Que el día catorce de abril del año dos mil doce, entre las once y once treinta minutos de la mañana, frente a la Alcaldía Municipal de este Municipio de Santa Bárbara, precisamente cuando transitaba el señor J. R. S. en su vehículo automotor, conducido por su motorista J. R. P. C., frente a dicha municipalidad cuando el querellado E. A. F. P., señaló al hoy querellante esfuerzo alguno, que la conducta que severamente castiga el Estado de Honduras, tiene que construirse desde la perspectiva subjetiva y objetiva del tipo penal “como un acto donde se profiera una expresión o un acta de deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”, consecuentemente, la conducta de mi representado, a la cual se refiere el legislador en el Artículo 137 del Código Penal, no debe radicarse o interpretarse, como querella, donde simplemente el imputado ha hecho un comentario que deba implicar un animus doloso de deshonrar, desacreditar o menospreciar a otra persona, ya que al no referirse a persona determinada no constituye delito como en el caso de marras. SEGUNDO: Solo véase Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, que a la sentencia recurrida se le denuncia, de aplicación indebida, ya que, no se establece en los hechos probados de la sentencia recurrida, ningún razonamiento que explique alguna circunstancia, prueba o indicio (por lo menos se haga patente en grado de presunción a dolo directo o indirecto) que mi representado, haya ejecutado una acción de deshonra, descrédito o menosprecio en contra de persona determinada, los Jueces de Sentencia, no indican en la sentencia recurrida elementos objetivos y subjetivos del tipo penal (sin predeterminar el fallo), que sirvan para configurar la existencia del tipo penal sancionado, por ejemplo; no se refieren en nada, a si hubo un animo de mi representado en verter comentario alguno en contra del supuesto querellado y que lo haya hecho de una forma dolosa en querer menospreciar, o deshonrar, ya que estos extremos hubieran servido para establecer por lo menos por la vía de presunción, la existencia del delito sancionado en el Artículo 157 del Código Penal; y es que, cuando el legislador se refiere a algún. tipo de ofensa1 implica que el imputado tiene que tener orientada su conducta delictiva para deshonrar, desacreditar o menospreciar a una persona y causarle con eso un mal irremediable ante la sociedad y obtener con ello un provecho propio el querellante; Por lo que, si analizamos los hechos probados de la sentencia recurrida, los Jueces de Sentencia indebidamente a la conversación que tenía mi representado con otras personas ajenas al querellante, sancionado en el artículo 157 del Código Penal; aplicación que consideramos indebida, en vista que se viola la ley de forma directa, al aplicar una norma diferente a los hechos probados planteados en la sentencia o como lo afirma la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia: “…CUANDO SE ALEGA COMO VICIO DE LA SENTENCIA “APLICACIÓN INDEBIDA”, ESTA SALA PENAL HA ESTABLECIDO “QUE ESTA SE ORIGINA CUANDO EL JUZGADOR, EN EL MOMENTO DE APLICAR LA LEY, APLICA UNA PROPOSICION JURIDICA QUE NO CORRESPONDE A LA SITUACION FACTICA QUE SE HA PLANTEADO…” sentencia de fecha 12/2/2008, recaída en el Recurso de Casación Penal N. 190=2007. En otras palabras, si se aplica una norma diferente a los hechos probados se comete además de la infracción de ley citada, una grave trasgresión al principio de legalidad, ya que los Jueces de Sentencia infringen lo establecido en el Artículo 11 del Código Penal, donde establece que: “Las autoridades judiciales no podrán crear ningún tipo de figuras delictivas” como acontece en el caso que nos ocupa, donde un conversación que se puede dar a diario en las afueras de la municipalidad pueda constituir un descrédito o una deshonra para una persona, que en este caso por el solo hecho de ser hijo de un diputado del departamento, cree que esa conversación esta dirigida hacia el, y no existe prueba directa de tal circunstancia, se le pretende imponer una norma penal muy diferente a la así consignada en los hechos probados. TERCERO: En el presente caso el agente acusador el querellante ha sustentado su tesis acusatoria en la existencia del delito de INJURIAS, tipificado en el Artículo 157 del Código Penal vigente que a la letra dice: “Será penado por injuria con reclusión de uno (1) a dos (2) años quien profiera expresión o ejecute acción de deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”. Es prudente, entonces detenerse, analizar si la acción atribuible al acusado, es subsumible en los presupuestos establecidos para su realización dolos a o culposa; tomado como punto de partida que la definición de delito, reconocida por nuestro ordenamiento penal es “delito, es toda acción u omisión, típica, antijurídica, culpable y punible. Esto indiscutiblemente se pone de manifiesto en la regla 13 de nuestro Código Penal, al establecer que el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión, y que necesariamente debe ser doloso o culposo, determinando que el delito es doloso cuando el resultado responde a la intensión que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o esta obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito y culposo cuando es el resultado de una imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, reglamento, ordenes, resoluciones o deberes atendiendo a las circunstancias y la situación personal del delincuente y será punible, el delito culposo solo en aquellos casos en que estén expresamente determinados, por la ley. En primer momento del análisis, habrá de descartarse la culpa, tomado como base que no está taxativamente tipificada la Injuria, en nuestro Código Penal. En tal razón, debemos partir de que se trata de un delito de carácter doloso y entonces proceder al análisis del dolo.
Habiéndose admitido la satisfacción plena de una acción, que se integra en los elementos objetivos del tipo y en el hecho por él realizado, es de capital importancia ejecutar un análisis de los elementos subjetivos del tipo como circunstancias, “sine qua non”, para derivar en la culpabilidad del acusado por la acción realizada, en el caso concreto. Este elemento subjetivo, se identifica de manera general, a través de un elemento cognitivo y un elemento volitivo, a fin de configurar el dolo del sujeto activo en función de la acción por él realizada. El elemento cognitivo implica necesariamente el efectivo conocimiento de la norma de prohibición y el elemento volitivo, en la voluntad de realizar la acción, a pesar de tener ese conocimiento de restricción. A estos, hay que añadir un tercer elemento, la intencionalidad del autor para poder determinar la imputación subjetiva a fin de obtener un resultado. En el delito objeto de análisis, solo es punible la comisión dolosa, siendo necesario el conocimiento de que los efectos proceden de la comisión de un delito contra el Honor de las personas. Se puede concluir según la teoría seguida por nuestro Código, que el actuar dolosamente trae aparejada la tipicidad por cuanto el agente ha querido el resultado, dicho en otras palabras cuando el autor ha tenido la intensión de lesionar determinados bienes jurídicos tutelados por nuestra ley penal, conociendo y que riendo el resultado, por tanto teniendo conciencia de los elementos objetivos de la conducta prohibida. En el caso de autos, los medios de prueba evacuados en juicio, no nos permiten inferir que el señor E. A. F. P., al conversar con otras personas supiese con exactitud que él en dicha conversación se dirigía a una persona determinada que en ese momento se dio por aludida de su conversación. Por otra parte, cabe considerar entonces, en toda su extensi6n, que además de conocer los elementos de la situación típica, es necesario que exista el querer, es decir que el actor de forma voluntaria realice la acción a sabiendas y mediando la aceptación del resultado querido para obtener un beneficio o una finalidad de menospreciar, desacreditar a otra, lo que no se probó durante el debate, por lo cual, al valorar la prueba en su conjunto, y a la luz de la aplicación de la sana crítica, no es posible apreciar a lo largo del proceso la antijuricidad y la culpabilidad del acusado, y en consecuencia, la imposición de la sanción penal. CUARTO: El artículo 339 del Código Penal, dice que no habiendo pruebas suficientes para condenar al imputado, el Tribunal dictará sentencia absolutoria; y, ante la imposibilidad del órgano obligado a probar la culpabilidad del acusado, mismo que no fue capaz de crear el mínimo de certeza con relación a sus pretensiones y siendo que no se acreditó a mi criterio la existencia, del dolo por parte del acusado y por tanto no se trata de un hecho típico imputable a su persona, por lo cual no es posible condenar al señor E. A. P. P., como responsable del delito de INJURIA, en perjuicio de J. R. S. M., por lo que debió emitirse sentencia absolutoria”. INTEPPRETACION QUE SE PRETENDE: No obstante que no se está de de acuerdo con la condena impuesta ya que debió ser una sentencia absolutoria, pero que para alegar este Motivo De Casación Por Infracción De Ley debo obligadamente por cuestión procedimental, respetar la integridad y santidad de la sentencia recurrida; me permito en consecuencia establecer la interpretación que conforme a la ley debe regular el artículo 157 del Código Penal: veamos: Por lo que el hecho psicológico que infieren los jueces de sentencia, es difícil que pueda ser acreditado por prueba directa en contra de mi representado, debiendo los jueces de sentencia no suponer en grado de duda, sino de certeza a través de una serie de pruebas e indicios, de cómo y cuándo se dio las ofensas y en contra de quien y si efectivamente iba dirigida una conversación hacia una persona que transitaba en su vehículo, y como y cuando esas circunstancias fueron dirigidas a lesionar su Honor, por lo que, al ser evidentes e inverosímiles las explicaciones aportadas por los jueces de sentencia en los hechos probados y la norma aplicada para subsumirlos, no se justifica que una platica de dos personas profesionales valla encaminada a ofender el honor de otra que increíblemente habiendo sonido ambiente mas el ruido del motor del vehículo asegura que esa conversación iba dirigida hacia él, cuando en esos precisos momentos a mi representado ya se le advertía de una posible querella en su contra solo por que esta persona ostenta ser hijo de un diputado del departamento, y que nuestra carta magna ya establece que en Honduras no hay clases privilegiadas, y con esta sentencia se esta privilegiando a una persona que con su prueba fue incoherente, ilógica, e inverosímil, y que no se probó que la conducta de mi representado haya sido ejecutada a título de dolo, para lesionar el honor de un privilegiado del Municipio de Santa Bárbara, por ser hijo de un diputado, al tenor de lo establecido en el artículo 157 del código penal vigente, siendo desproporcionado el fallo dictado, ya que no corresponde con el valor real, de los hechos probados que se estima en la sentencia condenatorio. En el caso que nos ocupa, existe una absoluta ausencia de prueba sobre la participación de mi representado en el delito, por lo que procede un fallo absolutorio a su favor, lo que es posible si se considera probado la insuficiencia en los hechos probados sobre la concurrencia de los elementos del delito, que siendo así, no hacen posible mantener el fallo condenatorio, el cual debe ser revocado y dictar una sentencia absolutoria en su favor.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NORMA CONSTITUCIONAL INFRINGIDA: ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. I. El Abogado J. C. C. L., plantea que con la sentencia emitida se ha violentado el Artículo 89 de la Constitución de la República, que establece el Principio de Inocencia, como consecuencia de haber formulado un cuadro fáctico en base a enunciados donde indica auxiliarse de las Reglas de la Sana Crítica contentivas de las Máximas de la Experiencia y de la Lógica, de los cuales no existe corroboraciones inmediatas de la prueba evacuada en juicio que hagan verosímil esos enunciados, por lo que, de la prueba practicada no existe base razonable para dictarse pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose el Principio de Presunción de Inocencia. II. El Derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su Artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una Regla de Juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del Acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantía. En este punto el Principio de Inocencia se articula con el Derecho de Defensa por cuanto solo cuando se ha podido ejercer plenamente el ejercicio a la defensa es que la sentencia condenatoria que de cómo resultante el proceso penal no se convertirá en un manifiesto en contra del Principio de Inocencia.- El Derecho de Defensa es “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09). PROCEDENCIA DEL RECURSO.- El Recurso no es de recibo.- Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que la condición jurídica de Inocencia consagrada en el Artículo 89 de la Constitución de la República, establece una presunción “Juris Tantum”, misma que puede ser enervada con la producción de un mínimo de prueba de cargo, evacuada en un juicio legal seguido con todas las garantías. En el presente caso, el principio-derecho a la Presunción de Inocencia dispuesto en el Artículo 89 de nuestra ley fundamental a favor del Querellado, se ha desvanecido, por la actividad probatoria del Querellante, al incorporar al juicio prueba de cargo suficiente valorada y enlazada con indicios derivados de inferencias y razonamientos lógicos con el que formo su convicción el juzgador de instancia más allá de toda duda ha declarado probado que el ejecutor material del hecho sometido a juzgamiento fue el ahora querellado, tal como ha quedado demostrado de la valoración de los testimonios rendidos y del careo practicado entre querellante y querellado, sin existir prueba de descargo que contradijera la prueba de cargo, por todo ello, el acusado resulta penalmente responsable a título de autor de la acción desplegada, resultando evidente su participación, no cabe duda que ante el cúmulo de indicios aportados en juicio contra del Querellado, ya insertos en los hechos declarados probados derivados de la prueba directa e indiciaria, el Juzgador ha logrado enervar la presunción de inocencia que existía a su favor, y consecuentemente ha dictado un veredicto condenatorio. Por las razones anteriormente expuestas esta Sala de lo Penal considera que el Tribunal de Instancia no ha vulnerado el Principio Derecho a la Presunción de Inocencia, que consagra el Artículo 89 de la Constitución de la República, de ahí que el motivo formulado por la Defensa del encartado es declarado Sin Lugar. DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.- El impetrante viene invocando como motivo de casación la Infracción de Ley por Aplicación Indebida del Artículo 157 del Código Penal, señalando como Precepto Autorizante el Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal.- El argumento principal del recurrente consiste en afirmar que los Hechos Declarados Probados en la Sentencia, no contemplan el delito de INJURIAS, en virtud de que de dicho cuadro fáctico no se aprecian expresiones o acciones atribuidas al imputado orientadas a provocar la deshonra, descrédito o menosprecio del Querellante. II.- Esta Sala de lo Penal, ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida inalterable en Casación, confrontándolo con la Norma Penal Sustantiva aplicadas por el Tribunal A quo, a efecto de determinar si el precepto penal invocado ha sido indebidamente aplicado, tal y como lo afirma el Censor, o si por el contrario, su aplicación es correcta, siendo la finalidad del Recurso de Casación revisar si el Tribunal ha realizado una correcta aplicación del derecho, esta Sala de lo Penal reitera su criterio de que los Hechos Declarados Probados constituyen la base de la Sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y sólo cuando estos no armonizan cabe hablar de Aplicación indebida; la Aplicación Indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. III.- Los delitos de (Calumnia, Injuria y Difamación), tutelan justamente uno de los bienes jurídicos más preciados en el ámbito social –el honor- el cual como bien ha sostenido la doctrina resulta uno de los bienes más difíciles de aprehender desde el punto de vista jurídico- penal, pues, la existencia de un ataque al honor depende de múltiples factores; la sensibilidad, grado cultural, formación, tanto del sujeto activo como del pasivo, así como de las relaciones reciprocas entre ambos. Todas las formas de aparición del honor se conducen a la perspectiva de un concepto objetivo unitario: entendido como la fama o reputación social del cual es merecedor una persona dentro de la sociedad y que le es necesario para su desarrollo dentro de la misma.- Completado con un concepto subjetivo: que es la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia estimación en sociedad. Para sancionar punitivamente las acciones lesivas al honor la normativa penal establece una descripción típica dentro de la cual deben encuadrarse las conductas lesivas, los actos constitutivos de injurias son expresiones o acciones en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, tal como lo regla lo prescrito en el Artículo 157 del Código Penal. En tal sentido, resulta de importancia determinar si las acciones realizadas por el Querellado son susceptible de producir deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona; al respecto, debe señalarse que, no es suficiente la expresión en si, es necesario examinar si dicha expresión o acción es capaz de producir los efectos que la norma penaliza, no bastando que la expresión sea objetivamente injuriosa y el sujeto lo sepa, sino que se requiere ánimo especial de injuriar (animus injuriandi), intención específica constitutiva de un elemento subjetivo del injusto ajena al dolo, pues proviene de la propia naturaleza del delito, es decir, no basta con querer decir determinada frase que per se parezca contra la honra o en desprecio de determinada persona, se requiere que además se pretenda producir realmente deshonra o descrédito en la persona ofendida. La doctrina entiende que: “En la injuria es irrelevante que la imputación sea verdadera o falsa. La acción se configura con el conocimiento de la aptitud ofensiva de la imputación y la voluntad de proferirla o difundirla”. (Véase. Catucci G, Silvina, Libertad de Prensa Calumnias e Injurias Aspecto Constitucional Penal y Procesal, 2ª Edición, Ediart, Buenos Aires, 2004, Pág. 226). No se requiere necesariamente que se haya logrado el propósito del autor, suficiente es que las formas utilizadas hayan sido “idóneas” para alcanzar tales propósitos, en ese mismo sentido, Queralt Jiménez apunta: “En resumen; las injurias -y el resto de delitos contra el honor- se consuman cuando la acción típica del sujeto está en condiciones de surtir los efectos destructivos de la reputación. No se requiere para la consumación la efectiva destrucción del crédito moral del sujeto (agotamiento del delito), sino su puesta en peligro efectiva”. (Véase, Queralt Jiménez, Joan J. Derecho Penal Español. Parte Especial. 4ª Edición. Atelier. Barcelona 2002. Pág.203). Congruente con la doctrina citada, el Artículo 2C del Código Penal establece que: “No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal” (principio de lesividad), así tenemos que para determinar si la conducta del imputado claramente reflejada en los hechos declarados probados, lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido, fue suficiente para lesionarlo o para ponerlo en peligro al menos, para ello, habrá que tener en cuenta las circunstancias particulares del caso y la naturaleza del delito juzgado. IV.- Es oportuno señalar que en los hechos probados está proscrito emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse al tenor de lo dispuesto en el Artículo 338 Regla Cuarta número 1 del Código Procesal Penal.- Habiendo vedado el legislador que al realizarse la descripción de hechos probados se utilicen conceptos jurídicos que puedan predeterminar un fallo debiéndose relatar únicamente el relato fáctico del hecho acaecido, dejándose para la fundamentación jurídica los conceptos técnicos que establezcan la calificación jurídica de los hechos, pues se constituye el vicio de la predeterminación del fallo por la utilización en el fáctum de expresiones técnico jurídicas que definan y den nombre específico a la esencia del tipo aplicable al caso concreto, se debe realizar una descripción de hechos probados no sólo con significado jurídico, sino que permita que cualquier ciudadano común al leer los hechos probados deduzca con facilidad lo sucedido, un ciudadano que no tenga conocimientos jurídicos, no tiene por qué conocer la diferencia existente, verbigracia, entre calumnia e injuria, homicidio y asesinato, pero si entenderá el sentido de la acción cuando se describan los hechos probados con términos no jurídicos. V.- Precisamente, al examinar los hechos que declaró probados el Tribunal A quo, nos encontramos que el Querellado, realizo una conducta en clara alusión al Querellante, y si bien no menciona el nombre del Querellante en sus manifestaciones verbales, si imputa hechos de forma concreta y que recaen sobre persona en este caso fácilmente y con claridad determinable, al señalar al mismo, por lo que, no considera la Sala, la concurrencia de un caso de atipicidad tal y como lo deja ver el Recurrente, pues dentro del cuadro fáctico si quedó establecido que las aseveraciones expresadas por el Querellado, buscaban provocar la humillación publica del Querellante al vincularlo con actos de corrupción y delincuenciales, teniendo conciencia y voluntad el querellado de su actuar, y de dichas expresiones se desprende de manera clara la identificación de hacia quien iban dirigidas en este caso hacia la persona del Querellante. En consecuencia, éste Tribunal de Casación estima que la norma penal aplicada por el Tribunal de Instancia si regula o contiene el Hecho que fue Declarado Probado en la sentencia recurrida y, por tanto, la norma y hecho probado se corresponden en forma coherente, pues la descripción normativa y fáctica justamente evoca la conducta realizada por el querellado, apareciendo bien aplicado el precepto relativo a las injurias, siendo procedente declarar Sin Lugar el motivo de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Recurrente. POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361, 363, 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su ÚNICO MOTIVO.- SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su ÚNICO MOTIVO, ambos motivos interpuestos por el Abogado J. C. C. L. en su condición de Apoderado Defensor del encausado E. A. F. P..- TERCERO: Declarando firme y ejecutable la sentencia de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil doce (2012 ) dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha catorce de enero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-62-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL