Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-55-12 — Registro 5084

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia de primer instancia que lo condena por el delito de falsificación de documentos por uso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala considera pertinente recordar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar unapregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso bajo examen se ha dictado sentencia condenatoria en contra del imputado S. O. S. R., con fundamento, entre otras disposiciones legales, en el artículo 289 del Código Penal donde se establece que “quien, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte, será sancionado como si fuere autor de la falsedad”. El Tribunal de instancia considera que el encartado es responsable criminalmente, en tanto en cuanto que habiendo recibido dinero en efectivo para pagos de premios a jugadores de fútbol integrantes de selecciones nacionales de nuestro país, por el orden de los 25,000, 22,000, 20,000 y 7,000 dólares americanos, hizo uso de recibos falsos para generar la apariencia de que tales sumas de dinero habían sido entregadas, las dos primeras a el jugador A. G. y las dos últimas al jugador I. G. No es un hecho discutido por las partes, conforme a los resultados que arroja el dictamen del Departamento de Documentología del Ministerio Público que no fue posible asociar las firmas que calzan los recibos cuestionados con las características de la escritura de los mencionados jugadores (vid. Folios No. 266-270), por lo cual el Juzgador concluye que los mismos son falsos. Lo que discrepa la Defensa es cuanto a las imputaciones que se le hacen al acusado de haber utilizado recibos falsos para liquidar o lo que es lo mismo justificar la debida entrega de varias cantidades de dinero que habría recibido para pagar premios a jugadores pertenecientes a selecciones nacionales de fútbol, de tal manera que la Defensasostiene que si bien aparecen notas de débito que autorizaban el retiro de sumas de dinero por el encartado S. O. S. R., éste no entregó dichas sumas, dado que esa función correspondía a algunos directivos de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) y que consecuentemente no se ha probado como tampoco existen razones para que dicho acusado haya utilizado los mencionados recibos. El Tribunal de instancia basándose en un informe rendido por el perito J. E. R. S., en su condición de Auditor Auxiliar de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos del Ministerio Público tuvo por acreditado que “..a nombre del procesado S. O. R., se libraron varias notas de débito, por diferentes valores en dólares, por lo tanto él estaba obligado a liquidar, para tal fin en las liquidaciones que presentó, hizo uso de los recibos cuestionados..”, sin embargo en dicho informe que a su vez se funda en una serie de documentos que corren incorporados de folios No. 82 a 259 del Expediente, se expresa que en fecha 8 de mayo de 2000 se autorizó debitar la cantidad de 20,000.00 dólares para cubrir parte de los premios por la clasificación de la selección nacional de fútbol a las Olimpiadas de Sidney a celebrarse en ese mismo año, a favor del señor H. C., erogación que para justificar su entrega se habría utilizado un recibo por esa misma suma en el que falsamente se consigna que fue suscrito por el jugador I. G.. (vid. Folios No. 89 y 215). Si se sigue el razonamiento del Tribunal de que el interesado en confeccionar los cuatro recibos falsos, entre los que se incluye el último mencionado, era el imputado S. O. R., hasta este momento procesal no existe una explicación lógica para arribar a esa conclusión en tanto que partiendo del mismo informe se desprende que esa suma no fue recibida por el encartado sino que por otra persona, la que siguiendo las pautas de valoración de la prueba antes apuntadas y expuestas por elJuzgador de instancia, sería la que debería liquidar esos valores. Por otro lado el Tribunal no explica claramente de que pruebas infiere, ya sea directa o indiciariamente que el procesado S. O. R. S. fue la persona, -no que confeccionó o elaboró dichos recibos- , lo que no es objeto de discusión entre las partes, sino que presentó ante una autoridad o de otro modo hizo circular los cuatro (4) recibos tachados de falsos para justificar el destino de los fondos en dólares que habría recibido y cuya entrega no se realizó conforme a lo consignado en los mismos. Finalmente tampoco el Tribunal ha explicado en que elementos probatorios se ha fundado para estimar que conforme a la hipótesis acusatoria formulada por la Representación del Ministerio Público los recibos cuya falsedad se ha demostrado, tengan la naturaleza de documentos públicos. En este sentido podemos afirmar que el Juzgador de instancia ha inobservado el principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente y con ello inobservado las reglas de la sana crítica. Por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso interpuesto por la Defensa del encartado ha de ser declarado con lugar.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil quince; por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de julio de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1)CONDENANDO al Señor S. O. S. R., a la pena de SEIS (6) AÑOS de reclusión, por el delito de DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS POR USO, en perjuicio de LA FE PUBLICA. 2) CONDENANDO al Señor S. O. S. R., a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.3) DECLARO la responsabilidad civil del condenado S. O. S. R..4)NO CONDENO a dicho procesado al pago de costas procesales personales. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada I. C. Z., en su condición de Defensora Pública del Señor S. O. S. R.. SON PARTES: Los Abogados A. A. G. y M. R. A., Defensores Públicos del acusado S. O. S. R., como parte recurrente; y la Abogada I. A. F., en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En sesión ordinaria celebrada en fecha veintinueve de Junio de mil novecientos noventa y nueve, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), ratificó la nominación del señor S. O. S. R., como Coordinador del Proyecto Honduras 2002, a partir del 1º. de Julio del 1999. En dicha sesión se plasmaron las funciones de dicho coordinador, entre las cuales no figuraba la de realizar ningún tipo de pago, a jugadores de la selección nacional de Honduras. SEGUNDO: Durante su gestión, el señor S. R., realizo liquidaciones de dinero, utilizando para ello dos recibos de fecha 30 de Marzo del 2000 y 20 de Julio del 2000, por valor de veinticinco mil dólares y veintidós mil dólares respectivamente, moneda de Estados Unidos de América, documentos en los que aparece la firma del señor A. G., valores estos a distribuir entre los miembros de la selección nacional de conformidad al acuerdo de premios y bonificaciones. En igual forma, el señor S. O. S. R., con idéntico propósito de realizar liquidaciones, hizo uso de dos recibos de fecha 28 de Abril del 2000 y 11 de Mayo del 2000, por las cantidades de veinte mil dólares y siete mil dólares respectivamente, moneda de Estados Unidos de América, donde aparece la firma del señor M. I. G., valores a distribuir igualitaria entre los integrantes de la selección Sub-23. TERCERO: Según Dictamen del Laboratorio de documentología, de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, las firmas que aparecen en los recibos anteriores, no es posible asociar su confección a los señores A. G. y M. I. G..” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada I. C. Z., en su condición de Defensora Pública del Señor S. O. S. R., es admisible en tanto reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.

II.- LA RECURRENTE ABOGADA I. C. Z., DEFENSORA PUBLICA DEL SEÑOR S. O. S. R., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE:“ EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Por haberse violentado las reglas de la sana crítica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en los artículos 202 en relación con los artículos 336 y 338 regla 4 número 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se encuentra comprendido en El artículo 362 No.2 y 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en la sentencia recurrida, el Tribunal excluye valorar conforme a las reglas de la san critica de forma armónica y conjunta la prueba producida en el debate tal como lo advierte este artículo, si bien el sistema de valoración de la prueba mediante las reglas de la sana critica no establece limites al juzgador para formar su convicción y por ello puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objetivo del juicio basado en el principio de libertad probatoria, pero al examinar la prueba si debe de indicar las razones que lo conducen a dedicarse por la que lo convence, esa obligación a que está sujeto el juzgador debe ajustarse necesariamente a juicios racionales es decir al correcto entendimiento humano, de esa manera es controlable en casación el proceso lógico seguido por aquél en su razonamiento específicamente el empleado para explicar el porque se ha decidido por determinada prueba para fundar su convicción y de esa manera el Tribunal de Casación poder verificar la correcta aplicación de las reglas de la san critica racional, verificando si en la fundamentación se han observado las normas de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia común, siendo esta precisamente la omisión en la que incurrió el Tribunal en la sentencia recurrida. En este caso que nos ocupa precisa referirnos a las reglas de la lógica y de la experiencia, por ser estas las más inobservadas por el tribunal de sentencia y sobre la cual esta orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, esta última ha resultado ignorada por el Tribunal de Sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de un razonamiento proveniente de elementos CONGRUENTES, VERDADEROS Y SUFICIENTES. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el Tribunal de sentencia para condenar al mismo no provienen de elementos verdaderos, ni suficientes, como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la responsabilidad por “Falsificación de documentos Públicos por Uso” por parte de mi defendido. PRIMERO: Es así que en el apartado valoración de la prueba numeral primero, el Tribunal expresa: “Es indudable que en el caso que nos ocupa, la prueba evacuada no es abundante, pero que puede calificarse que la misma es de mucha utilidad, para acreditar los extremos por la parte acusadora”, y esto lo dice el Tribunal porque existe únicamente un testigo de cargo como ser el jugador M. I. G., quién manifestó en juicio que nunca recibió de parte del imputado S. O. S. R., que los premios eran entregados en forma individual a cada uno de los jugadores, que jamás recibió la suma de veinte mil dólares, para repartir entre los jugadores de la selección. Asimismo de la declaración de dicho testigo resultan ciertas incoherencias como ser el hecho cuando la defensa pública le preguntó de la relación y de los nexos personales con mi representado S. O. S. R., manifestando ante dicha pregunta que era la misma que sostenía con cualquier otro Federativo, manifestando también que al señor S. O. lo había conocido hasta en la Fenafuth donde trabajaba, situación esta que no es verdad y que denota estar mintiendo en vista que en ese entonces en la Fenafuth habían dos directivos del club Motagua, es decir el señor P. A. Z. y el señor S. O. S., con los cuales el señor I. G. y por razones de trabajo tenia una relación muy especial, es decir que el señor S. O. S. antes de ser federativo, previa negociación especial con dirigentes del Real Maya gestionó personalmente la incorporación de I. G. al Motagua de Segunda División bajo la Dirección de O. S..- Dicho lo anterior en cuanto a este testigo queremos dejar claro que el señor S. O. S. en ningún momento entregó o pagó dinero alguno a M. I. G. ni a ningún otro jugador porque el mismo no tenía esa función como Coordinador del Proyecto Honduras 2002, pero si podía retirar dinero de los bancos y entregarlo, previo recibo de recepción al Presidente, Vicepresidente o al Tesorero para que ellos pagaran y liquidaran, independientemente que las notas de debito hayan estado a nombre de S. O. s., hecho este que en más de una oportunidad se realizó y por lo cual nunca se presentó requerimiento Fiscal alguno, reiterando que este fue el caso de las notas de debito del caso sub judice, en vista que quien efectuó los pagos fue el señor L. F. G. Presidente en ese entonces de FENAFUTH, aclarando que con esas liquidaciones efectuadas por el señor L. F. G. se otorgó Sobreseimiento por el delito de Malversación de Caudales Públicos promovido paralelamente por el Ministerio Público contra el señor L. F. G. SEGUNDO: En cuanto a la prueba Pericial compareció el señor J. E. R. S. en su condición de Auditor auxiliar de la Unidad de Análisis y seguimiento de casos del Ministerio Público, quién ratificó el informe rendido contentivo de la denuncia No.045-2002, manifestando que existía una nota de debito por veintidós mil dólares ($22.000.00) hecho por S. O. S., apareciendo en la liquidación varios recibos firmados por I. G. y A. G. por diversas cantidades, por lo que el trabajo consistió en determinar si dichos recibos eran reales y que la documentación la había obtenido del tribunal Superior de cuentas y del Secretario Ejecutivo J. G., que las notas de debito estaban firmadas por la persona que retiro el dinero.- El perito respondió a las inquietudes del Juzgador manifestando que la nota de debito es librada bajo un nombre, en este caso a favor de S. O. S. y corresponde a esta persona hacer la respectiva liquidación, son ellos los que tienen que explicar como debían liquidar, ¿Cómo liquidaron? no lo sabe.Sobre este particular esta defensa no comparte el criterio esbozado por el tribunal sentenciador al darle valor probatorio al dictamen de dicho perito, porque si lo hacemos bajo ese concepto podríamos decir que si así fuera deberían de estar procesados al menos la mayoría de personas que trabajan o han trabajado en la Fenafuth, ya que han retirado dinero de bancos y estos lo entregan previo recibo a quienes tienen facultades para pagarlo; por lo que al margen de lo anterior, se establece que el argumento del señor R. S. sobre el particular, además de evidenciar suma ignorancia, viola las normas de la contabilidad PCGA, aprobadas en mar de Plata en 1965 de las cuales Honduras no solo es suscriptor sino también usuario legal de las mismas. Por otra parte se presentó en juicio oral y público como prueba de descargo la declaración del testigo propuesto por la Defensa Pública señor J. R. E. A. quién manifestó que era la administración de la FENAFUTH identificando al Presidente, vicepresidente y tesorero los que hacían los pagos a los jugadores de la selección nacional y que el acusado S. O. S. R. únicamente era el encargado de dirigir el proyecto Honduras 2002, pero que no realizaba pagos, tal como lo afirmó el imputado S. O. S. R. al momento de rendir su declaración como tal. El Tribunal sentenciador en cuanto a la declaración rendida por el señor J. R. E. A., arguyo que resultaba ser una inocentada lo manifestado por este en vista de encontrarse probado que a nombre del imputado existían notas de debito de parte de FENAFUTH así como los recibos cuestionados, donde se hacia constar que los señores A. G. y M. I. G. recibieron dinero por parte del procesado S. O. S. R., firmas que resultan ser falsas, no confeccionadas por los jugadores mencionados, además que el testigo M. I. G. declaró que nunca recibió dinero por parte del acusado. Por lo que esta defensa no comparte el criterio esbozado por el tribunal sentenciador en vista que el testigo J. R. e. A. solamente vino a ratificar las normas de pago de FENAFUTH, las cuales recaían en otras personas y no en atribución de S. O. S. R., por lo que al haberse desempeñado este testigo como conserje del proyecto no era atribución de este saber porque habían notas de debito a nombre del señor S. O. S. porque al igual existían varias notas de debito a nombre del Director Ejecutivo de FENAFUTH, del Contador General de FENAFUTH, del Gerente de Selecciones, de Conserjes de Fenafuth, etc., para pago de jugadores y que eran liquidadas por dirigentes u otras personas, y no por eso pensar que si esas notas de debito estaban a nombre de mi representado es que este las había liquidado, mucho menos saber que las firmas que calzaban dichos documentos eran falsos, aclarando en el caso que para ese tiempo mi representado hubiera estado trabajando en FENAFUTH, en vista que el mismo había renunciado el 31 de enero de 2002. Por otra parte el Tribunal sentenciador manifestó en cuanto a la declaración del imputado S. O. S. R. que esta no constituía un medio de prueba en si mismo, sino que el ejercicio legítimo del derecho de defensa material, por lo que la misma era creíble en cuanto fuera congruente con el elenco probatorio evacuado durante la audiencia de debate, desprendiéndose que era necesario contrastar lo expresado por el imputado S. O. S. R. con la carga probatoria de la parte acusadora para determinar si la presunción de inocencia se mantenía ilesa, o por el contrario la misma era destruida por dichos medios de prueba.- En este sentido Honorables Magistrados nos hacemos la pregunta ¿Qué prueba presentó el Ministerio Público que nos demuestre fehacientemente que el acusado S. O. S. R. haya usado esos documentos si el mismo ya había renunciado de la Fenafuth EL 31 de enero de 2002?, se acuso y se emitió sentencia condenatoria contra mi representado en su condición de Coordinador del Proyecto Honduras 2002 de FENAFUTH sin haberse previamente revisado e investigado el sistema contable del proyecto Honduras 2002 dado que el mismo tenia carácter de desconcentrado; en tal sentido, es coherente una sentencia no condenatoria, por un cargo que no ha sido probado fehacientemente, ha habido un perjuicio social como aduce el Tribunal de sentencias en este caso y no el Ministerio Público cuando las notas de debito pertinentes han sido debidamente liquidadas y por las cuales el Juez instructor de lo Penal otorgó sobreseimiento, es así que los Tribunales y el Ministerio Público saben que dichos documentos falsos se asentaron después del 2 de marzo de 2002, constituyendo prueba contundente la declaración Jurada del señor S. O. S. R. brindada en la Contraloría General de la República en esa fecha en la cual no se pregunto al respecto. TERCERO: Por otra parte Honorables magistrados consta en documentos fehacientes que anexaré al presente recurso de casación, para por una parte demostrar haberse desvanecido el delito de Malversación de Caudales Públicos, y por otro que nunca liquide dinero alguno para que se haya condenado a mi representado por el delito de Falsificación de Documentos Públicos por Uso, siendo procedente iniciar a fondo una investigación para certificar con que propósitos don L. F. G. o quien haya sido utilizó esos recibos para liquidar los dineros recibidos procedentes de dichas notas de debito, ¿Qué se oculto o se ha tratado de ocultar en la FENAFUTH? y todo esto aprovechando la renuncia del señor S. O. S. R. y consecuentemente su ausencia definitiva para usar esos recibos falsos y montar una enorme campaña por los medios de comunicación enlodando su nombre y paralelamente fabricar pruebas en su contra, es así que nos hacemos la pregunta ¿Porqué razón en la declaración voluntaria ante el Ministerio Público de fecha 30 de marzo de 2004, no se le preguntó al señor S. O. S. por las liquidaciones de las notas de debito objeto del presente caso, si ya el Tribunal Superior de Cuentas había informado al respecto?, dicho lo anterior nos hacemos otra pregunta ¿Porqué la falta de objetividad e insistencia del Ministerio Público de querer ver que el delito de Uso de Documentos Públicos por el que se ha condenado a mi representado es un hecho totalmente desvinculado del delito de Malversación de Caudales Públicos por el que se dio un Sobreseimiento, cuando se trata de las misma notas de debito y cuyos recursos fueron manejados por don L. F. G.?; asimismo nos preguntamos porqué el Ministerio Público y el tribunal Superior de Cuentas desconocieron el Dictamen de Auditoria emitido por KPM (Antes Peat Marwick) en la auditoria al proyecto Honduras 2002 solicitada por la FIFA, dictamen este que indica que los recursos del proyecto hasta diciembre de 2001 fueron manejados correctamente? Por lo que nos preguntamos ¿porque se quiere acusar gente inocente sin capacidad económica, con conducta intachable y sin influencia política tal y como lo sabe el Ministerio Público y el tribunal de Sentencias?. Cabe señalar, que de acuerdo a los estatutos de la FENAFUTH, ningún empleado puede entregar documentación a instituciones que las requieren, salvo resolución de tribunal competente, en ese sentido únicamente la Secretaría General de FENAFUTH por ser el órgano de comunicación oficial tiene las facultades para tal fin, lo anterior se manifiesta en virtud de que pruebas documentales aportadas por el Ministerio Público fueron suministradas por el señor J. G. (empleado de FENAFUTH) con cargo de Director Ejecutivo y L. S. con cargo de contador General de FENAFUTH quienes no tenían las atribuciones de proporcionar documentos en este caso al Ministerio Público, sino únicamente la Secretaria General de FENAFUTH, dichas argumentaciones no pudieron ser desconocidas por parte del Ministerio Público o de los Jueces Sentenciadores.Por ultimo queremos señalar que la resolución del sentenciador de condenar al imputado a una pena concreta de SEIS AÑOS de reclusión por el delito de ”FALSIFICACION DE DOCUMENTOS POR USO” obedece a un mal análisis o juicio de valor, incurriendo en clara omisión, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica y de la experiencia, por consiguiente la defensa estima que el fallo no esta en armonía con lo que revelan las pruebas aportadas en juicio, en consecuencia con fundamento en esas consideraciones la defensa no esta de acuerdo con la sentencia de mérito por lo que debe de declararse nula la misma. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL HIERRO.Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex–ante.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO S. O. S. R. ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala considera pertinente recordar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso bajo examen se ha dictado sentencia condenatoria en contra del imputado S. O. S. R., con fundamento, entre otras disposiciones legales, en el artículo 289 del Código Penal donde se establece que “quien, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte, será sancionado como si fuere autor de la falsedad”. El Tribunal de instancia considera que el encartado es responsable criminalmente, en tanto en cuanto que habiendo recibido dinero en efectivo para pagos de premios a jugadores de fútbol integrantes de selecciones nacionales de nuestro país, por el orden de los 25,000, 22,000, 20,000 y 7,000 dólares americanos, hizo uso de recibos falsos para generar la apariencia de que tales sumas de dinero habían sido entregadas, las dos primeras a el jugador A. G. y las dos últimas al jugador I. G. No es un hecho discutido por las partes, conforme a los resultados que arroja el dictamen del Departamento de Documentología del Ministerio Público que no fue posible asociar las firmas que calzan los recibos cuestionados con las características de la escritura de los mencionados jugadores (vid. Folios No. 266-270), por lo cual el Juzgador concluye que los mismos son falsos. Lo que discrepa la Defensa es cuanto a las imputaciones que se le hacen al acusado de haber utilizado recibos falsos para liquidar o lo que es lo mismo justificar la debida entrega de varias cantidades de dinero que habría recibido para pagar premios a jugadores pertenecientes a selecciones nacionales de fútbol, de tal manera que la Defensa sostiene que si bien aparecen notas de débito que autorizaban el retiro de sumas de dinero por el encartado S. O. S. R., éste no entregó dichas sumas, dado que esa función correspondía a algunos directivos de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) y que consecuentemente no se ha probado como tampoco existen razones para que dicho acusado haya utilizado los mencionados recibos. El Tribunal de instancia basándose en un informe rendido por el perito J. E. R. S., en su condición de Auditor Auxiliar de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos del Ministerio Público tuvo por acreditado que “..a nombre del procesado S. O. R., se libraron varias notas de débito, por diferentes valores en dólares, por lo tanto él estaba obligado a liquidar, para tal fin en las liquidaciones que presentó, hizo uso de los recibos cuestionados..”, sin embargo en dicho informe que a su vez se funda en una serie de documentos que corren incorporados de folios No. 82 a 259 del Expediente, se expresa que en fecha 8 de mayo de 2000 se autorizó debitar la cantidad de 20,000.00 dólares para cubrir parte de los premios por la clasificación de la selección nacional de fútbol a las Olimpiadas de Sidney a celebrarse en ese mismo año, a favor del señor H. C., erogación que para justificar su entrega se habría utilizado un recibo por esa misma suma en el que falsamente se consigna que fue suscrito por el jugador I. G.. (vid. Folios No. 89 y 215). Si se sigue el razonamiento del Tribunal de que el interesado en confeccionar los cuatro recibos falsos, entre los que se incluye el último mencionado, era el imputado S. O. R., hasta este momento procesal no existe una explicación lógica para arribar a esa conclusión en tanto que partiendo del mismo informe se desprende que esa suma no fue recibida por el encartado sino que por otra persona, la que siguiendo las pautas de valoración de la prueba antes apuntadas y expuestas por el Juzgador de instancia, sería la que debería liquidar esos valores. Por otro lado el Tribunal no explica claramente de que pruebas infiere, ya sea directa o indiciariamente que el procesado S. O. R. S. fue la persona, -no que confeccionó o elaboró dichos recibos- , lo que no es objeto de discusión entre las partes, sino que presentó ante una autoridad o de otro modo hizo circular los cuatro (4) recibos tachados de falsos para justificar el destino de los fondos en dólares que habría recibido y cuya entrega no se realizó conforme a lo consignado en los mismos. Finalmente tampoco el Tribunal ha explicado en que elementos probatorios se ha fundado para estimar que conforme a la hipótesis acusatoria formulada por la Representación del Ministerio Público los recibos cuya falsedad se ha demostrado, tengan la naturaleza de documentos públicos. En este sentido podemos afirmar que el Juzgador de instancia ha inobservado el principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente y con ello inobservado las reglas de la sana crítica. Por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso interpuesto por la Defensa del encartado ha de ser declarado con lugar. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.- DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su motivo único, interpuesto por el Apoderado Defensor del Acusado S. O. S. R., contra la sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha veinte de julio del año dos mil once.- II.- Declarando la sentencia referida y del debate en que se pronunció.- Y MANDA: 1) Que se repita el debate, con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.

  • FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-55-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL