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Sentencia CP-49-12 — Registro 5082

Resumen

En primer instancia se absolvió a los imputados por el delito de robo de vehículo terrestre, se dcelara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Por lo anterior, a la Sala de lo Penal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de instancia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. La Representación del Ministerio Público estima que del relato fáctico se desprende que el encartado E. R. M. G. cometió el delito de “encubrimiento de robo” que se describe en el artículo 218-D del Código Penal como la acción de quien oculte o por cualquier otro acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado. Una lectura detenida de los hechos probados revela que en ellos se consignó que agentes policiales fueron notificados de un “supuesto” robo de un vehículo tipo taxi mismo que posteriormente era conducido por el encartado. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua al referirse a dicho vocablo entre otros significados lo considera sinónimo de suposición o hipótesis. Por otra parte en una de sus acepciones define a la hipótesis como “lo que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella”. Si tomamos en cuenta tales definiciones y que en la motivación intelectiva de la prueba el Juzgador de instancia expresa que “..falta información de que como llegó el vehículo a manos del acusado porque la tesis del acusador es que el mismo se obtuvo mediante intimidación y eso no se confirma ya que no vino el supuesto conductor del vehículo, tampoco se brindó información acerca de la existencia de la supuesta arma con la que supone la acusación el acusado utiliza para obtener sus propósitos; en síntesis si bien se acredita que el acusado estaba en posesión de un objeto ajeno, no se determinó como se obtuvo, porque igual pudo habérselo prestado…”, entendemos que el Tribunal A Quo no dio por acreditado que el vehículo conducido por el imputado al momento de su detención había sido robado previamente, de ahí que no concurriendo ese elemento del tipo penal cuyo castigo pretende el ente acusador, debe declararse sin lugar el presente motivo de casación. Otra cosa es verificar sí la en la valoración de los medios probatorios el Tribunal de instancia observó o no las reglas de la sana crítica al dictar un fallo absolutorio, cuestión que escapa al control casacional en tanto que no ha sido alegada en esta sede...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, , dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló:1) ABSOLVIENDO al Señor E. R. M. G., del delito de ROBO DE VEHICULO TERRESTRE, en perjuicio de J. L. L. C. Y V. M. M.. 2). NO CONDENO en costas al Ministerio Público.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley la Abogada L. P. M., en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público. INTERVIENE: La Abogada M. E. G., en representación del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS PRIMERO: “El día Sábado seis de Septiembre del dos mil ocho, en horas de la madrugada los policías N. R., S. E. G. M. y P. P. P. recibieron una llamada de la Central de comunicaciones de la Jefatura de la policía Nacional Preventiva de la Ceiba Departamento de Atlántida; en la que les notificaba un supuesto hecho de Robo de un vehículo, tipo taxi, color blanco, con registro numero 0305, suscitado en el barrio Ingles de la misma ciudad de La Ceiba.- Por lo que los agentes policiales se trasladaron en dirección hacia dicho sector, logrando interceptar a eso de la una con diez minutos de la mañana del mismo día, en la primera avenida cerca de la agencia principal de Banco Atlántida, el vehículo marca Chevrolet, modelo Prizm, tipo turismo, color blanco, año dos 2001, placa AAH4239 propiedad de J. L. L. C.; tal vehículo era conducido en ese momento por E. R. M. G., quien fue detenido y puesto a la orden de las autoridades competentes, procediendo al decomiso del vehículo antes mencionado el cual fue devuelto a su propietario el señor J. L. L. C.. C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Abogada L. P. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LA RECURRENTE ABOGADA L. P. M., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE:” EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION.- MOTIVO UNICO: Infracción, por falta de aplicación del artículo 218-D del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO:De la prueba desarrollada en el debate el Juzgador estimó en la sentencia que ahora censuramos, que se acreditaron los hechos siguientes:“PRIMERO: El día sábado seis de septiembre del dos mil ocho, en horas de la madrugada los p. N. R., S. E. N. M. y P. Pablo P., recibieron una llamada de la Central de Comunicaciones de la Jefatura de la Policía Nacional Preventiva de la Ceiba, departamento de Atlántida; en la que les notificaban un supuesto hecho de robo de un vehículo, tipo taxi, color blanco, con registro número 0305, suscitado en el barrio Inglés de la misma ciudad de la Ceiba.- Por lo que los agentes policiales se trasladaron en dirección hacia dicho sector, logrando interceptar a eso de una con diez minutos de la mañana del mismo día, en la primera avenida cerca de la agencia principal de Banco Atlántida, el vehículo marca Chevrolet, modelo Prizm, tipo turismo, color blanco, año 2001, placa AAH4239 propiedad de J. L. L. C.; tal vehículo era conducido en ese momento por E. R. M. G., quien fue detenido y puesto a la orden de las autoridades competentes, procediendo al decomiso del vehículo antes mencionado el cual fue devuelto a su propietario el señor J. L. L. C.”. (Lo en negrita y subrayado es nuestro). De éste cuadro fáctico se constata que para el Juzgador quedó plenamente acreditado que los policías procedieron a interceptar el vehículo conducido E. R. M. G. y asimismo a ejecutar la detención de este, porque de la Central de Comunicaciones de la Policía recibieron aviso que dicho vehiculo había sido robado ese mismo día. Sin embargo razona el A quo, en la sección de la valoración de la prueba de la sentencia sub judice, que no se logró acreditar la existencia del delito Robo de Vehículo, por el cual el Ministerio Público ha venido sosteniendo la acusación, en consecuencia tampoco se probó la participación del acusado en el mencionado hecho, porque la controversia radica en que fue lo que paso en el momento en que el acusado aborda el vehículo y toma el control del mismo como dice la acusación, pues dicha situación únicamente es referida por el propietario del vehículo J. L. L. C. propietario del vehículo, quien de manera referencial manifestó que el supuesto chofer de su taxi llegó faltando ese mismo día quince para las doce y le dijo: “jefe me acaban de robar el taxi por la chicharronera del Barrio Alvarado”. Partiendo de lo anterior debemos admitir que si bien es cierto de la prueba evacuada en el juicio, no se logró acreditar que el procesado haya tenido participación directa en el delito de Robo de Vehículo, pero no menos cierto es, que efectivamente si existió una denuncia del robo del vehículo descrito en el factum del fallo y que ese mismo vehículo es el que le fue decomisado al acusado al momento de su detención; conducta esta que se enmarca perfectamente en el delito de Encubrimiento de Robo de Vehículo; por cuanto el encausado ni en el momento de su detención, ni mucho menos en el debate explicó el porque de la tenencia del vehículo en relación, máxime cuando existía la denuncia mencionada, es decir el no justificó la legal posesión del vehículo que se le decomiso.En tal sentido, nuestra norma procesal penal si bien es cierto prohíbe al Juzgador la non reformatio in pejus, misma que por analogía también es aplicable en el sentido que el Tribunal de Sentencia no puede emitir su resolución en un sentido más gravoso al acusado que lo pretendido por las partes ante el mismo órgano jurisdiccional; por otro lado si puede perfectamente el a quo resolver la cuestión debatida en un sentido más leve a la pretensión acusadora, aunque ésta siempre sea en contra del acusado. Lo anterior ya ha sido contemplado en nuestra jurisprudencia nacional emitida por la Sala de lo Penal, y para aplicarlo por analogía a nuestro caso concreto referimos como cita el fallo emitido en fecha 13 de diciembre del 2005 recaído en el recurso de casación con orden de ingreso en la Corte Suprema de Justicia bajo el No. 70-05 en el cual estima ese Alto Tribunal “………que no existe infracción al principio procesal de congruencia entre la acusación y las pretensiones de las partes, pues el Tribunal al calificar el hecho punible del acusado……., con fundamento en la prueba recibida en juicio y valorada adecuadamente, con respecto a su víctima……., lo ha hecho de forma más favorable al acusado. Lo importante es que al resolver el sentenciador no modifique el hecho punible, los sujetos procesales, y que al momento de realizar el proceso de subsunción en sentencia definitiva no lo haga a un tipo más gravoso que el pretendido por el ente acusador, como resulta del caso de autos….”. Por lo antes señalado, de los hechos declarados probados en la sentencia sub judice, se infiere que el acusado cometió el delito de encubrimiento; por lo que el Sentenciador al haberlos absuelto de toda responsabilidad ha incurrido en el vicio in iudicando precitado, inferencia que deviene del contenido mismo del factum pues la conducta del encausado, descrita en el relato fáctico conforma los elementos del tipo penal descrito en el artículo 218-D que prescribe:“Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado…….”. Es así que aplicado los hechos probados al tipo penal de Encubrimiento de Robo de Vehículo, los mismos se ajustan entre sí; y es precisamente esta inobservancia por parte del juzgador al momento de resolver, sobre lo cual va dirigido nuestro reproche casacional, el cual debe ser corregido por Vuestra Honorable Sala en la sentencia que resuelva el presente recurso; ya que como se viene explicando, claramente se desprende que se cumplen los elementos del artículo 218-D del Código Penal vigente el cual se ha dejado de aplicar y por ende se ha infringido dicha norma penal sustantiva.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA DEJADO DE APLICAR EL ARTICULO 218-D DEL CODIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360, PARRAFO PRIMERO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que del cuadro fáctico se desprende que varios policías procedieron a interceptar el vehículo conducido por el acusado E. R. M. G. y a la detención de este último, en cumplimiento del aviso de robo de dicho automotor, enviado ese mismo día por la Central de Comunicaciones de la Policía. El Censor señala que en la valoración de la prueba el A Quo considera que no se logró acreditar el ROBO DE VEHÍCULO al ignorarse cómo el acusado obtuvo la posesión del mismo, situación que únicamente es mencionada por el propietario éste, el señor J. L. L. C., quien manifestó que el supuesto chofer del taxi llegó ese mismo día faltando quince minutos para las doce y le dijo: “jefe me acaban de robar el taxi por la chicharronera del Barrio Alvarado”. El Fiscal recurrente admite que con la prueba evacuada en juicio no se acredita que el acusado haya participado directamente en el delito de Robo de Vehículo, pero considera que al menos ha quedado probado que se presentó una denuncia del robo del automotor en mención, y que dicho vehículo le fue incautado al imputado al momento de su detención, en consecuencia estima que la conducta de este se subsume en un delito de ENCUBRIMIENTO DE ROBO DE VEHÍCULO, porque el encartado no explicó al momento de su aprehensión ni en el debate, el porqué de la tenencia del vehículo, cuando existía la denuncia mencionada, es decir que no justificó la posesión legal del vehículo que le fuera incautado. Considera que en este caso no tiene aplicación el principio de NON REFORMATIO IN PEJUS, ya que el Tribunal de instancia ha podido dictar una sentencia en base a otra calificación teniendo en cuenta que para el delito del artículo 218-D del Código Penal que se describe como la conducta de “quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado…….” se prevé una penalidad de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, es decir, inferior a la pena que la ley prevé para el delito de robo de vehículo (art. 218 párrafo segundo: de 10 a 15 años de reclusión) y por el cual venía siendo acusado, por lo ANTERIOR EL RECURRENTE concluye que el A Quo incurrió en infracción de la ley penal sustantiva por falta de aplicación. Esta Sala reitera que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Por lo anterior, a la Sala de lo Penal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de instancia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. La Representación del Ministerio Público estima que del relato fáctico se desprende que el encartado E. R. M. G. cometió el delito de “encubrimiento de robo” que se describe en el artículo 218-D del Código Penal como la acción de quien oculte o por cualquier otro acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado. Una lectura detenida de los hechos probados revela que en ellos se consignó que agentes policiales fueron notificados de un “supuesto” robo de un vehículo tipo taxi mismo que posteriormente era conducido por el encartado. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua al referirse a dicho vocablo entre otros significados lo considera sinónimo de suposición o hipótesis. Por otra parte en una de sus acepciones define a la hipótesis como “lo que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella”. Si tomamos en cuenta tales definiciones y que en la motivación intelectiva de la prueba el Juzgador de instancia expresa que “..falta información de que como llegó el vehículo a manos del acusado porque la tesis del acusador es que el mismo se obtuvo mediante intimidación y eso no se confirma ya que no vino el supuesto conductor del vehículo, tampoco se brindó información acerca de la existencia de la supuesta arma con la que supone la acusación el acusado utiliza para obtener sus propósitos; en síntesis si bien se acredita que el acusado estaba en posesión de un objeto ajeno, no se determinó como se obtuvo, porque igual pudo habérselo prestado…”, entendemos que el Tribunal A Quo no dio por acreditado que el vehículo conducido por el imputado al momento de su detención había sido robado previamente, de ahí que no concurriendo ese elemento del tipo penal cuyo castigo pretende el ente acusador, debe declararse sin lugar el presente motivo de casación. Otra cosa es verificar sí la en la valoración de los medios probatorios el Tribunal de instancia observó o no las reglas de la sana crítica al dictar un fallo absolutorio, cuestión que escapa al control casacional en tanto que no ha sido alegada en esta sede. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA, en su único motivo, invocado por la Representación del Ministerio Público, contra la sentencia absolutoria dictada en fecha treinta (30) de Julio de dos mil diez (2010), por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-49-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL