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Sentencia CP-464-12 — Registro 5790

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Secuestro, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- Dista la Sala Penal del criterio del Recurrente, en cuanto a la Violación de las Reglas de la Sana Crítica, ello en virtud de que las Reglas de la Sana Crítica, aseguran que el Juzgador no llegue a juicios de valor en forma arbitraria, antojadiza o subjetiva, sino que las conclusiones sean tomando en consideración la Lógica, la Psicológica y la Experiencia Común, a fin de evitar la arbitrariedad y el error, lo cual puede suceder cuando se rechazan indebidamente elementos probatorios, como al darles a las pruebas recibidas un contenido inexacto o al dejar de darles el verdadero, o al otorgarles un valor probatorio del que razonablemente carecen o negarles el que razonablemente tienen, lesionando así los principios de la Sana Crítica propios para una correcta determinación de los hechos en el caso concreto, pero cuando la valoración del Tribunal no lleva un grave error de razonamiento que derive en conclusiones absurdas, no puede deducirse que se lesionaron las Reglas de la Sana Crítica, como no lo es tampoco la propia interpretación subjetiva que de la prueba hace el Recurrente y que resulta contraria al criterio del Tribunal Sentenciador cuando ha interpretado toda la prueba de manera integral en relación a lo producido dentro del proceso. En el caso examiné, la Sala no aprecia vulneración a las Reglas de la Sana Crítica en la valoración probatoria, pues sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba, los medios de prueba determinan la existencia de prueba directa culpatoria en contra del Acusado W. A. S. G., así pues, en primer término, fue mencionado por la Testigo S. V. DE Q., Madre del Ofendido J. Q. V., como la persona que la llamaba y quien les solicitaba dinero. Asimismo, la Señora M. Q. V., hermana del Señor J. Q. V., refiere que recibió llamadas del ahora procesado, quien le confió que el tenía el pasaporte de J. Q. V., los referidos testimonios aunados a las declaraciones rendidas por los Agentes de Policía, A. E. V. y S. J. S. E., proporcionaron indicios y certeza a los Juzgadores que vinculan al ahora acusado directamente en la participación del ilícito que se le imputa. Para este Alto Tribunal se vuelve infundada la queja del Recurrente, cuando señala que el Tribunal sentenciador no da razón suficiente de porqué le resta credibilidad al testimonio libre, espontáneo, claro y preciso rendido por su Representado W. A. S. G., ante este particular, se razona que los Juzgadores, llevaron a cabo una ponderación armónica e integral entre las pruebas de cargo y descargo para extraer inferencias lógicas, resultando claro que de la prueba testimonial rendida por el Acusado no se obtiene derivación suficiente y coherente que conlleve a su exculpación, por el contrario, el Tribunal señala que la misma no resulta creíble, al advertir contradicción en la relación de los hechos y fechas, resultando ilógicas, por ende, al llevar a cabo su valoración el Sentenciador, respetó el Principio de Razón Suficiente en las conclusiones derivadas de la prueba y en la sucesión de la valoración que de las mismas se deduce.- En consecuencia de lo anterior, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso por Quebrantamiento de Forma presentado por la Defensa en este ÙNICO MOTIVO..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO. Antes de entrar en el análisis del motivo invocado por el Censor es oportuno recordar que por la complejidad de su ejecución, el delito de secuestro suele mencionarse como delito prototípico de las bandas criminales [1], ya que comporta normalmente un reparto o distribución de roles entre un grupo de individuos; así, por ejemplo, algunos aportarán información sobre las posibilidades económicas de la víctima o de su familia, otros sobre los itinerarios seguidos por esta que faciliten su intercepción, algunos ejecutarán la detención y traslado del ofendido hasta un determinado lugar, otros se encargarán de la vigilancia del secuestrado, de su alimentación, de la negociación para obtener el pago, de la recepción del rescate, etc; de ahí que una de las condiciones indispensables para la debida coordinación entre ellas es que se establezcan relaciones de estrecha confianza y cooperación, so riesgo de que el plan delictivo sea fácilmente desbaratado. De los hechos declarados probados se desprende que la conducta del acusado se subsume en la modalidad básica del delito secuestro, tipificada y sancionada en el Artículo 192 del Código Penal, con una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida. El Juzgador da por acreditado que el Acusado W. A. S. G., participó directa y materialmente en los actos de privación de la libertad y retención del Joven J. Q. V., de nacionalidad Colombiana. Es de recordar que el delito de secuestro resulta consumado aún y cuando la victima haya sido liberada por las autoridades en poder de sus captores, y estos no hayan logrado obtener el precio o recompensa solicitado a familiares a cambio de su liberación. Es decir que para la consumación y castigo del delito de secuestro, como delito consumado, basta que se haya probado que el acusado ha realizado alguno de los verbos rectores del tipo penal, siguientes: sustracción, retención, desplazamiento, ocultamiento o privación de la libertad de una o más personas, habiendo mediado violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, con la finalidad de obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio, aunque no se haya logrado obtener el provecho o ventaja solicitada. Se acreditó que el acusado realizó llamadas telefónicas a los familiares de la persona secuestrada para solicitarles dinero a cambio de la libertad del Señor J- Q. V., no es menos cierto que del factum elaborado en virtud de las pruebas evacuadas en juicio se desprende indudablemente que el encartado contribuyó esencialmente a solicitar y retirar ciertas cantidades configurándose el elemento subjetivo o la finalidad de obtener una contraprestación económica por su liberación, aunado a ello que al momento de la detención del Imputado, se le detiene en posesión del pasaporte del Señor J. Q. V. y el número de celular con que se comunicaba con los familiares del Señor J. Q. V.. V. En lo relacionado al cuestionamiento puntual que hace el Censor en cuanto a la Aplicación Indebida del numeral 2, del Artículo 192, del Código Penal, esta Sala quiere expresar que la proporcionalidad de la pena exige que haya una adecuación entre la conducta delictiva y el daño social causado con ella, habidas las circunstancias que la agraven o la atenúen, lo que supone de suyo que la proporcionalidad traza los límites de la pena y la medida concreta de la misma, asunto que corresponde establecer al legislador e individualizar al juez dentro de los límites mínimos y máximos señalados por aquel, analizadas las circunstancias concretas de modo, de tiempo y de lugar, así como las particulares en que se sitúe el agente del delito, todo lo cual constituye el amplio campo donde se desarrolla la dosimetría penal, de esta suerte, aparece entonces claro que, cumplida por el legislador la función de determinar los delitos y las penas de manera general, impersonal, abstracta y objetiva, lo que al juez corresponde, en el caso concreto, es analizar si el acto cometido por una persona determinada reúne los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para concluir luego en la responsabilidad del sindicado y, en consecuencia, imponerle la pena correspondiente conforme a las previsiones y con los requisitos señalados por la ley, lo que significa que sólo con el cumplimiento a plenitud de las garantías constitucionales al debido proceso puede llegarse a la imposición de una pena, pues, conforme al Artículo 90 y 95 de la Constitución de la República, a nadie puede juzgarse sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formalidades legales. En el caso particular, esta Sala, no encuentra que el Tribunal A-Quo, haya aplicado indebidamente la norma que él Recurrente señala como infringida, ya que el Sentenciador, aparte de considerar las atenuantes y agravantes, así como la peligrosidad y la extensión de los males producidos por el delito, reflexionó también el conocimiento sobre la suerte de la persona del Señor J. Q. V., procediendo a establecer la pena dentro del marco regulado por el propio Legislador, como producto de la declaración de responsabilidad, y como consecuencia jurídica, de la actividad desplegada por el Imputado, por lo que la pena impuesta no debe de entenderse como una potestad discrecional y absoluta del juzgador, sino que ha sido impuesta por una facultad reglada, pues es la propia ley la que señala de manera estricta los presupuestos que han de aparecer probados para motivar la decisión que en la sentencia se adopte, lo que ha sucedido en este caso, por parte del Tribunal Sentenciador, luego del análisis particular del caso sometido a su juzgamiento sobre la necesidad o no de la pena, dadas las circunstancias particulares y concretas. Por las razones anteriormente expuestas se hace procedente Declarar Sin Lugar el motivo que por Infracción de Ley formulado la Defensa del Imputado W. A. S. G..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO. Antes de entrar en el análisis del motivo invocado por el Censor es oportuno recordar que por la complejidad de su ejecución, el delito de secuestro suele mencionarse como delito prototípico de las bandas criminales [1], ya que comporta normalmente un reparto o distribución de roles entre un grupo de individuos; así, por ejemplo, algunos aportarán información sobre las posibilidades económicas de la víctima o de su familia, otros sobre los itinerarios seguidos por esta que faciliten su intercepción, algunos ejecutarán la detención y traslado del ofendido hasta un determinado lugar, otros se encargarán de la vigilancia del secuestrado, de su alimentación, de la negociación para obtener el pago, de la recepción del rescate, etc; de ahí que una de las condiciones indispensables para la debida coordinación entre ellas es que se establezcan relaciones de estrecha confianza y cooperación, so riesgo de que el plan delictivo sea fácilmente desbaratado. De los hechos declarados probados se desprende que la conducta del acusado se subsume en la modalidad básica del delito secuestro, tipificada y sancionada en el Artículo 192 del Código Penal, con una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida. El Juzgador da por acreditado que el Acusado W. A. S. G., participó directa y materialmente en los actos de privación de la libertad y retención del Joven J. Q. V., de nacionalidad Colombiana. Es de recordar que el delito de secuestro resulta consumado aún y cuando la victima haya sido liberada por las autoridades en poder de sus captores, y estos no hayan logrado obtener el precio o recompensa solicitado a familiares a cambio de su liberación. Es decir que para la consumación y castigo del delito de secuestro, como delito consumado, basta que se haya probado que el acusado ha realizado alguno de los verbos rectores del tipo penal, siguientes: sustracción, retención, desplazamiento, ocultamiento o privación de la libertad de una o más personas, habiendo mediado violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, con la finalidad de obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio, aunque no se haya logrado obtener el provecho o ventaja solicitada. Se acreditó que el acusado realizó llamadas telefónicas a los familiares de la persona secuestrada para solicitarles dinero a cambio de la libertad del Señor J- Q. V., no es menos cierto que del factum elaborado en virtud de las pruebas evacuadas en juicio se desprende indudablemente que el encartado contribuyó esencialmente a solicitar y retirar ciertas cantidades configurándose el elemento subjetivo o la finalidad de obtener una contraprestación económica por su liberación, aunado a ello que al momento de la detención del Imputado, se le detiene en posesión del pasaporte del Señor J. Q. V. y el número de celular con que se comunicaba con los familiares del Señor J. Q. V.. V. En lo relacionado al cuestionamiento puntual que hace el Censor en cuanto a la Aplicación Indebida del numeral 2, del Artículo 192, del Código Penal, esta Sala quiere expresar que la proporcionalidad de la pena exige que haya una adecuación entre la conducta delictiva y el daño social causado con ella, habidas las circunstancias que la agraven o la atenúen, lo que supone de suyo que la proporcionalidad traza los límites de la pena y la medida concreta de la misma, asunto que corresponde establecer al legislador e individualizar al juez dentro de los límites mínimos y máximos señalados por aquel, analizadas las circunstancias concretas de modo, de tiempo y de lugar, así como las particulares en que se sitúe el agente del delito, todo lo cual constituye el amplio campo donde se desarrolla la dosimetría penal, de esta suerte, aparece entonces claro que, cumplida por el legislador la función de determinar los delitos y las penas de manera general, impersonal, abstracta y objetiva, lo que al juez corresponde, en el caso concreto, es analizar si el acto cometido por una persona determinada reúne los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para concluir luego en la responsabilidad del sindicado y, en consecuencia, imponerle la pena correspondiente conforme a las previsiones y con los requisitos señalados por la ley, lo que significa que sólo con el cumplimiento a plenitud de las garantías constitucionales al debido proceso puede llegarse a la imposición de una pena, pues, conforme al Artículo 90 y 95 de la Constitución de la República, a nadie puede juzgarse sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formalidades legales. En el caso particular, esta Sala, no encuentra que el Tribunal A-Quo, haya aplicado indebidamente la norma que él Recurrente señala como infringida, ya que el Sentenciador, aparte de considerar las atenuantes y agravantes, así como la peligrosidad y la extensión de los males producidos por el delito, reflexionó también el conocimiento sobre la suerte de la persona del Señor J. Q. V., procediendo a establecer la pena dentro del marco regulado por el propio Legislador, como producto de la declaración de responsabilidad, y como consecuencia jurídica, de la actividad desplegada por el Imputado, por lo que la pena impuesta no debe de entenderse como una potestad discrecional y absoluta del juzgador, sino que ha sido impuesta por una facultad reglada, pues es la propia ley la que señala de manera estricta los presupuestos que han de aparecer probados para motivar la decisión que en la sentencia se adopte, lo que ha sucedido en este caso, por parte del Tribunal Sentenciador, luego del análisis particular del caso sometido a su juzgamiento sobre la necesidad o no de la pena, dadas las circunstancias particulares y concretas. Por las razones anteriormente expuestas se hace procedente Declarar Sin Lugar el motivo que por Infracción de Ley formulado la Defensa del Imputado W. A. S. G..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “S.P.464-12 EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de Septiembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al Señor W. A. S. G., a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de J. Q. V., mas las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- 2) NO CONDENO al encausado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, el Abogado C. D. P., actuando en su condición de Defensor Privado del señor W. A. S. G.. SON PARTES: El Abogado C. D. P., actuando en su condición de Defensor Privado del Señor W. A. S. G., como Parte Recurrente; y la Abogada M. E. G., en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público como parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en juicio de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha primero de noviembre del dos mil diez, el Joven J. Q. V., de nacionalidad Colombiana, arribó en la Ciudad de San Pedro Sula, con procedencia de Cali, Colombia, quien en fechas inmediatamente posteriores desapareció desconociendo sus familiares su ubicación. SEGUNDO: En el momento que el señor J. Q. desaparece, los señores W. A. S. G. y R. C., se comunicaron a través del número celular 98287949 con la familia del joven Q. V. en Colombia, exigiéndole a la señora A. L. Q. V. y S. V. de Q. a cambio de su liberación la cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000.00), razón por la que las señoras S. y A. Q. realizaron varios giros de dinero desde Colombia, uno de ellos en fecha veintidós de Diciembre del dos mil diez, para ser cobrado en las oficinas de Western Unión por el señor W. A. S. G., por la cantidad de dos mil sesenta y nueve dólares con cinco centavos ($2,069.05). TERCERO: El día once de enero de dos mil once, mientras se conducía en su vehículo tipo taxi, fue arrestado el señor W. A. S. G. por Agentes de la Policía Nacional, decomisándosele el pasaporte del señor J. Q., así como varios billetes de origen colombiano y un teléfono celular con el número 98287949 que portaba.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado C. D. P., en su condición de Defensor Privado del encausado W. A. S. G.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO C. D. P., EN SU CONDICION DE DEFENSOR PRIVADO, DEL ENCAUSADO W. A. S. G., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCION DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado W. A. S. G., cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al NO OBSERVAR LA REGLA DE LA SANA CRITICA DE LA LEY FUNDAMENTAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: En el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, veamos: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica” PRECEPTO INFRINGIDO: Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro).- Por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Artículo 338 del Código Penal que expresa: “Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:… Segunda:… Tercera:… Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1), 2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, ¡igualmente declarados probados. (Lo recalcado es mío). EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Honorables Magistrados, como es de su conocimiento, quien pretenda invocar un Motivo de Quebranto de Forma por haberse inobservado las reglas de la sana crítica, deberá indicar claramente el Motivo establecido en la ley Procesal, el Vicio que cometió el Juez o que permitió que se formara en su actividad de valoración de cada una de las pruebas, que regla de la sana crítica que fue inobservada en cada una de ellas y por una vía de demostración idónea, la Incidencia que ha tenido ese vicio en la decisión judicial, que afecta en definitiva, el interés de las parte recurrente; consecuentemente, corresponde a la Sala Penal una vez planteado el recurso, realizar un juicio técnico de derecho a la sentencia definitiva promulgada por un Tribunal de Sentencia, sometiéndola a un examen especial, que implica determinar, si está demostrado o no, el motivo y vicio denunciado; ajustándose a las exigencias moldeadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal. En el caso que nos ocupa somos del criterio que se ha vulnerado EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE, como principio lógico de la LOGICA misma que está constituida por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Entendiéndose por DERIVACION el que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado sino un punto de partida para otros. A su vez de LA LEY DE DERIVACION, se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en juicio se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad. Por lo que, para acreditar el Motivo de casación invocado, nos remitiremos al contenido textual de los extractos de la sentencia donde se puede analizar no solo el vicio denunciado, sino su incidencia en el fallo condenatorio arbitrario e inhumano dictado en contra de mi poderdante W. A. S. G., ya que a sabiendas el Tribunal de Sentencia no da razón suficiente del porque le resta credibilidad al testimonio libre espontáneo claro y preciso de mi representado, cuando de dicho testimonio mi representado determina claramente que actos realizó no vinculados a ningún delito sino a su actividad diaria y sustento la cual es su trabajo como taxista, y si por si eso fuera poco el tribunal de sentencias deduce que mi representado es autor de la comisión del delito que se le imputa cuando la prueba allegada al proceso, se refieren a que los hechos son circunstanciales difusos que fueron cometidos por otras personas y no vinculan en lo absoluto al acto delictual dichas aseveraciones son decisivas porque cambiaran completamente el fallo dictado; Veamos que nos dice el Tribunal de sentencia de San Pedro Sula, Cortés en el apartado SEPTIMO de la VALORACION DE LA PRUEBA, pagina 8: “…SEGUNDO: el acusado W. A. S. G. libre y espontáneamente rindió declaración en juicio manifestando que a R. lo conoció por una cliente de taxi llamada “E.” que era novia de este señor quien lo llamaba para que le llevara comida a él en ese tiempo el señor compró un vehículo por lo que ya no lo llamaba que sí no solo para que le comprara comida refiere el acusado que en el mes de noviembre recibió una llamada de R. para que lo llevara al aeropuerto en taxi, sin embargo el señor R. iba en el vehículo con la muchacha mientras que él iba en el taxi guiándole al aeropuerto al llegar el señor que esperaban los llevó de regreso al apartamento y al pagarle el viaje se marchó, refiere el acusado que en fecha 20 de noviembre del 2010, recibió llamada de R. algo nervioso diciéndole que lo acababan de secuestrar pero que el logró escapar pidiéndole que lo fuera a traer, al llegar al apartamento dijo que unos policías se habían llevado a su amigo y que no sabían que hacer pidiéndole lo trasladara a otro apartamento, posteriormente llevó a E. en el taxi a dicho apartamento y le manifestó que aún no sabía nada de su amigo el 219 de noviembre del mismo año dice recibir llamada de E. solicitándole el favor que le preste la cedula de identidad para ir a reclamar un dinero avisándole cuando habían realizado el depósito para ir a redamarlo al cajero, refiere el acusado que posteriormente fue solicitado sus servicios por un sujeto quien le informa que en el asiento había un pasaporte y un teléfono celular y al observar que era del amigo de R. llamó a este quien le indicó que iba en un bus por lo que le pidió que se lo guardara por mientras el regresaba, pero en esos momentos recibió una llamada al celular que había encontrado en su taxi y eran las señoras de Colombia preguntando por el muchacho y al llamar a “E. y R.” estos no le respondían, pero luego fue detenido por los agentes de la Policía quienes le decomisaron los objetos. VALORACION DEL TRIBUNAL: La versión por el acusado W. A. S., no resulta creíble para el tribunal, al advertir contradicción en la relación de los hechos y fechas manifestados, resultando ilógicas sus explicaciones respecto a la razón por la cual cobra personalmente uno de los giros enviados desde Colombia y del porque se encontraba el poder por tanto del pasaporte de la víctima como del teléfono celular con el número del cual los familiares de J. Q. manifestaron haber recibido varias llamadas exigiéndoles el dinero a cambio de la liberación de su pariente, sin lograr dicha versión, encontrar sustento alguno durante el juicio con medio de prueba alguno por el contrario al admitir y dar por cierto tener relación directa con el nombre R., a quien los testigos S. V. Q., M. Q. V. y M. O. c., acreditan ser el amigo a quien el ofendido vino a visitar a Honduras señalando además como unas de las personas que les pidió dinero para obtener la liberación de su amigo J. ser plenamente identificado el acusado como el otro sujeto que les llamó mediante el número telefónico 98287949, exigiendo el dinero haber reclamado personalmente uno de los giros, ser encontrado en poder de un celular número 98287949, con el cual según las ofendidas acreditan les habían llamado así como el pasaporte y la tarjetas de vacunas del joven J., no hace más que crear plena certeza y sin lugar a dudas de su participación de los hechos que se le acusan. Por otra parte resulta suspicaz el relato del acusado cuando refiere haber ido en su taxi y R. en su carro en compañía de su novia hasta el aeropuerto a traer a j. con el único supuesto de que el acusado les enseñara el camino de dicho lugar ya que sí iba en compañía de E. “la novia” ésta pudo haber hecho el recorrido sin poder haber utilizado dos vehículos, percibiéndose esta acción en todo caso como un primer contacto del agresor con su víctima es decir para conocer indirectamente su objetivo expuesto y debidamente valorado queda enervado el estado de inocencia del señor W. A. L.. Cuando nos referimos a que existe una grave infracción a la Ley fundamental de la Lógica de derivación específicamente al principio lógico de Razón Suficiente, este concurre en el caso que nos ocupa cuando el Tribunal de sentencia no da Razón Suficiente ni deriva su razonamiento lógico de los siguientes extremos: COMO MEDIO DE PRUEBA: Aportado esta la declaración del ciudadano W. A. S. G., quien el tribunal manifestó haber depuesto su testimonio en forma libre, espontánea. MEDIO DE PRUEBA EN LA NARRACION DE LOS HECHOS Y CIRCUSTANCIAS: determinó los siguientes hechos 1).- en primer lugar que es taxista.- 2).- que por la naturaleza de su trabajo conoció a una joven de nombre E. quien a su vez le recomendó una cliente de nombre “R.”, 3).- que a este señor R. de nacionalidad extranjera quedó como cliente y que le hacía carreras y mandados en su taxi como trasladarlo a diferentes lugares y compra de comida y mandados.- y que en cierta ocasión el señor R. compró un vehículo automotor pero no conocía como llegar al aeropuerto, que le pidió que le guiara como llegar al lugar y que así lo hizo, que el señor R. iba en compañía de su novia E. y que los guió al aeropuerto le pagaron su carrera y después se fue. 4).- que el señor R. en cierta ocasión Le llamó y le dijo que habían tratado se secuestrarlo y que si lo podría ir a traer lo cual hizo y le manifestó que a la víctima la habían secuestrado unos policías lo llevó a su casa y le pagó la carrera.- 5).- que posteriormente su amiga E. le solicitó le prestara su tarjeta de identidad, porque la de ella no la encontraba y que la de su novio R. no la utilizaba por el problema que había y tenía temor que le hicieran algo, la tarjeta era para reclamar un giro que los familiares de R. le mandaban para que se moviera en Honduras porque tenían miedo que algo le pase a él también, el accedió procedió ir al banco y les fue a dejar el dinero y por eso le dieron 400 lempiras desconociendo la intenciones o hechos de E. y R.. 6).- que posteriormente a los hechos el señor R. procede a solicitarle nuevamente los servicios pidiéndole que lo lleve a la terminar de buses de la ciudad a efecto de que iba ir de viaje a lo cual accede W. y lo traslada, una vez se bajó le canceló su carrera y como es común seguidamente procede a montar a otro pasajero en el taxi y este al ingresar al mismo le dice que hay unos papeles y un teléfono, él se percata que son de R. y luego llama a R. y le dice que dejó los documentos en dicho taxi, y este le contesta y le dice que se los guarde y que se los entregue cuando el vuelva, 7.- en el interrogatorio el señor W. narra que el señor R. lo llama de los teléfonos con terminaciones 0691, y un tigo 98287949, y que esos teléfonos son del señor R. y que los dejó olvidados en el taxi el día que lo fue a dejar a la Terminal de buses y que le fueron decomisados el día que lo detuvieron.- Valoración del Tribunal de Sentencia: La versión por el acusado W. A. S., no resulta creíble para el tribunal, al advertir contradicción en la relación de los hechos y fechas manifestados, resultando ilógicas sus explicaciones respecto a la razón por la cual cobra personalmente uno de los giros enviados desde Colombia y del porque se encontraba el poder por tanto del pasaporte de la víctima como del teléfono celular con el número del cual los familiares de J. Q. manifestaron haber recibido varías llamadas exigiéndoles el dinero a cambio de la liberación de su pariente, sin lograr dicha versión, encontrar sustento alguno durante el juicio con medio de prueba alguno por el contrario al admitir y dar por cierto tener relación directa con el nombre R. a quien los testigos S. V. Q., M. Q. V. y M. O. c., acreditan ser el amigo a quien el ofendido vino a visitar a Honduras señalando además como unas de las personas que les pidió dinero para obtener la liberación de su amigo J. ser plenamente identificado el acusado como el otro sujeto que les llamó mediante el número telefónico 98287949, exigiendo el dinero haber reclamado personalmente uno de los giros, ser encontrado en poder de un celular número 98287949, con el cual según las ofendidas acreditan les habían llamado así como el pasaporte y la tarjetas de vacunas del joven J., no hace más que crear plena certeza y sin lugar a dudas de su participación de los hechos que se le acusan. (Lo subrayado es nuestro). PRINCIPIO DE DERIVACION: En virtud del principio de inmediación. RAZON SUFICIENTE: Por otra parte resulta suspicaz el relato del acusado cuando refiere haber ido en su taxi y R. en su carro en compan7a de su novia hasta el aeropuerto a traer a J. con el único supuesto de que el acusado les enseñara el camino de dicho lugar ya que sí iba en compañía de E. “la novia” esta pudo haber hecho el recorrido sin poder haber utilizado dos vehículos, percibiéndose esta acción en todo caso como un primer contacto del agresor con su víctima, es decir para conocer indirectamente su objetivo expuesto y debidamente valorado queda enervado el estado de inocencia del señor W. A. L.. Si analizamos con detenimiento y cuidado los razonamientos expuestos por el Tribunal de Sentencia observaremos que estos Jueces no explican los siguientes extremos: 1).- El testimonio del señor W. A. S. G., que tuvo conocimiento de los hechos en forma espontánea y no voluntaria, como habíamos dicho mi representado es un taxista y por experiencia humana estos tienen clientes a quienes en forma asidua prestan sus servicios existiendo una relación contractual de prestación de servicios a cambio de una remuneración entre mi representado como taxista y el señor R. como cliente, en el caso concreto el señor R. que por cierto reconocen los familiares testigos la señora S. V., M. Q. V., de la supuesta víctima como amigo de su familiar. Por lo que su existencia es REAL Y EVIDENTE y no una ficción por que no se contradicen los medios de prueba testifícales en lo que respecta a la existencia a R. amigo del señor J. Q., siendo ciertos los dichos de mi representado en lo que establece en su testimonio al referir al señor R.. Que posteriormente la fiscalía lo individualizó como R. C.. 2).- Que en esa relación contractual y la confianza que se genera al realizar varias carreras de taxi el señor R. en una ocasión solicitó los servicios de mi cliente y este manifiesta haberlo visto golpeado y raspado y que le pidió que lo auxiliara y lo llevara a su apartamento allí es donde le confiesa el señor R. del supuesto secuestro de su amigo el señor Q., no obstante, no existe en todo el debate, extremos que se contradigan con lo aseverado por mi representado W. por el contrario el tribunal de sentencias en su valoración numero CUARTA: da credibilidad al testimonio del ciudadano M. C. quien es el guardia de seguridad del apartamento donde vive R.y este refiere: 1. Que R. vive en el apartamento 2. Que a R. lo vio justamente con una persona de raza negra (características del J. Q.) 3. Que lo vio golpeado y raspado A R. y que a su vez le manifestó haber sido sujeto de una agresión física posible secuestro. 4. Que reconoce que a mi representado como el taxista que le hacía los mandados y que nunca miró algo sospechoso o conducta inadecuada.- A todo lo anterior el tribunal de sentencia le da valor probatorio no obstante a pesar de que dicho testimonio no se contradice con la declaración de mi representado al mismo no le da CREBILIDAD siendo contradictorio por aspectos de la lógica y razón suficiente. Pues en vez de tomarse como un aspecto de cargo debió tenerse como descargo al acreditar que mi representado NO ESTABA MINTIENDO en sus aseveraciones y conste que este elemento de prueba reproducido en el debate de juicio oral y público no fue contradicho con otro medio de prueba de igual o mejor valoración. III).- Otro aspecto importante de determinar es el hecho que el tribunal de sentencias valora que el teléfono 98287949, fue supuestamente decomisado a mi representado y que el mismo lo utilizaba para hacer las supuestas llamadas al extranjero, al concatenar estos dichos del tribunal de sentencias el mismo se contradice pues no obra en el expediente de mérito que dicho celular haya sido decomisado a mí representado NO EXISTE ACTA DE DECOMISO, ni REGISTRO PERSONAL al mismo que asevere tal argumento, la fiscalía del Ministerio Público presentó como medio de prueba pericial UN VACIADO DE LLAMADAS DE LA EMPRESA CLARO, DIGICEL, TIGO, los cuales arrojaron como elemento fundamental que MI REPRESENTADO NO TENIA NINGUN VINCULO CON DICHOS CELULARES es más, el perito admitir su inexpertica en el debate de juicio oral, al extremo que el Tribunal de sentencias admitió. EN SU VALORACION DEL NUMERAL SEXTO: estos medios probatorios consistentes en un sin número de vaciados telefónicos y distintos informes en la generalidad NO RESULTAN UTILES AL JUICIO PARA ARROJAR UN INDICIO ALGUNO SOBRE LA CAUSA QUE SE INVESTIGA. Ya Que únicamente se limitan a establecer números telefónicos que de acuerdo a la práctica NO LOGRAN IDENTIFICAR EN PRIMER LUGAR QUIEN ES EL PROPIETARIO DE CADA UNO DE ELLOS. QUE RELACION EXISTE EN CADA UNA DE LAS LLAMADAS REFLEJADAS ENTRE LOS OFENDIDOS E IMPUTADOS Y EN LA CAUSA DE MERITO NO SE LOGRO IDENTIFICAR SI QUIERA CUALES NUMEROS TELEFONICOS CORRESPONDEN A NUMERO COLOMBIANOS. Como entonces el tribunal de sentencia al no poder determinar con prueba científica más allá de la duda razonable llegar a la convicción que mi representado llamó para solicitar dinero a las supuestas víctimas, quedando las aseveraciones del tribunal de sentencia en meras argumentaciones que lo llevan a valorar en forma errónea la prueba y afectan a un ciudadano inocente en los hechos imputados injustamente. Forzando un fallo condenatorio sin tener un elemento científico probatorio que encuadre a mi representado en el hecho imputado. IV).- El tribunal de sentencia falla a la razón suficiente al establecer temerariamente que el hecho de que mi representado le haya ido a enseñar la ruta del aeropuerto al señor R. que iba con su novia de nombre E., es que es culpable, TEMERARIAMENTE INFIERE que el motivo era conocer a su futura víctima, de esto tenemos que decir que esos argumentos en los cuales descansa la sentencia condenatoria injusta NO TIENEN NOMBRE: pues no se puede razonablemente inferir sin ningún medio de prueba que mi representado haya tenido esas intenciones, a parte la testigo E. no fue traída a juicio por lo tanto se desconoce su nacionalidad. si era de esta ciudad o no, si conocía como llegar al aeropuerto o no, si era de San Pedro Sula o no, por lo que el hecho que un taxista sea contratado para mostrar o guiar a otro vehículo a un lugar determinado no ES NADA EXTRAÑO, cuando no mas cuando el único medio de prueba aportado por la declaración de mi representado manifestó que a él le pagaron por guiarlos al aeropuerto por que no sabían como llegar que lo hizo y luego le pagaron y se retiró del lugar, por lo tanto EL TRIBUNAL DE SENTENCIAS FALLA con argumentos temerarios pues no hay pruebas tal como lo exige el artículo 336, 337 CPP sobre los medios de prueba a valorar.- la pregunta a hacerse por parte de la defensa ¿ DE DONDE SACA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA TAL ARGUMENTO, QUE ELEMENTO PROBATORIO LO SUSTENTA? la respuesta es única NINGUNO, por lo tanto esta sentencia adolece de vicios debiéndose decretar recurrible. Como ha quedado establecido en el artículo 202 del código Procesal Penal se dispone que todo Tribunal de Sentencia al momento de valorar la Prueba deberá extraer sus conclusiones con la única obligación de manifestar el porqué de esas conclusiones o que es lo mismo, la Razón Suficiente que lo hace derivar lógicamente a esa conclusión; en el presente caso como lo hemos manifestado, no solo basta que los Jueces de Sentencia argumenten que arriban a su conclusión mediante el Principio de Inmediación, para tachar el testimonio de mi representado, acusándolo de “suspicaz”, cuando su testimonio ha sido veraz y libremente dado tal como dice el tribunal que mi representado lo vertió. Sin embargo en el transcurso del debate se evacuó la prueba anticipada de los testimonios de la señora S. V. DE Q., quien es la madre de la supuesta víctima y la declaración de la ciudadana M. Q. V., supuesta hermana, quienes en sus deposiciones manifiestan temerariamente pretenden involucrar a mi representado, si vemos detenidamente las deposiciones de estas testigos manifiestan concretamente que mi representado les llamaba por teléfono a Colombia, y que ellas llamaban desde Colombia a Honduras.- Refieren que llamaban a un numero 98287949, al contrastar estas argumentaciones las mismas deben ir respaldadas de medios de prueba científicos que puedan inferir y fortalecer sus testimonios, sin embargo obra en la sentencia de mérito en la VALORACION SEXTA estos medios probatorios consistentes en un sin número de vaciados telefónicos y distintos informes en la generalidad NO RESULTAN UTILES AL JUICIO PARA ARROJAR UN INDICIO ALGUNO SOBRE LA CAUSA QUE SE INVESTIGA. Ya que únicamente se limitan a establecer números telefónicos que de acuerdo a la práctica NO LOGRAN IDENTIFICAR EN PRIMER LUGAR QUIEN ES EL PROPIETARIO DE CADA UNO DE ELLOS. QUE RELACION EXISTE EN CADA UNA DE LAS LLAMADAS REFLEJADAS ENTRE LOS OFENDIDOS E IMPUTADOS Y EN LA CAUSA DE MER1TO NO SE LOGRO IDENTIFICAR SI QUIERA CUALES NUMEROS TELEFONICOS CORRESPONDEN A NUMEROS COLOMBIANOS. Esto se refiere a que ninguno de los argumentos de estas testigos puede ser confirmado por medio de prueba independiente u científico que establezca dichos argumentos, cuanto no más cuando el mismo tribunal de sentencias en lo que respecta a la los famosos giros de la empresa WESTER UNION el tribunal expresa: RELACION AL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL CONSITENTE EN LAS 8 COPIAS DE RECIBOS LAS MISMAS POR SER SIMPLES COPIAS NO ADQUIEREN EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PUBLICO QUE PUEDA ADQUIRIR FUERZA PROBATORIA YA QUE SOLO SE PUEDE TOMAR COMO TAL EL ORIGINAL O QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR NOTARIO PUBLICO. Y estando debidamente acreditado las razones motivos por los cuales mi representado en su defensa material determinó en su declaración, estas testigos no fueron traídas a juicio para que justificaran los motivos o razones de su deposiciones la fiscalía como es su costumbre las ofertó como prueba anticipada precisamente para que fueran confrontadas ante un tribunal de sentencia tal como así lo establece el artículo 330 párrafo primero del Código Procesal Penal que literalmente dice: “…una vez identificados los testigos, serán juramentados, advertidos de las consecuencias legales de sus actos si faltan a la verdad e interrogados sobre sus antecedentes sus relaciones con las partes y demás circunstancias que sean convenientes conocer para valorar su testimonio…”. En una prueba anticipada por experiencia hay facilidades para deponer pues es un solo juez el que toma esas declaraciones, otra cosa es el debate de juicio oral y público donde un tribunal colegiado puede observar todos los signos de sus deposiciones no se hizo obviamente afectando la defensa de mis representados. A su vez tampoco infieren en sus conclusiones los Jueces de Sentencias del caso en contra de mi representado, que señales, sensaciones, percibieron de estos testigos al momentos de rendir su declaración es decir, si estaban nerviosos, callaron en algunas preguntas, si titubearon para dar respuesta a las interrogantes planteadas, si palidecieron, si sudaron, sus movimientos tanto de rostro como corporales, todo ello para valorar la actitud persona del testigo mediante el Principio de Inmediación, ya que si analizamos el contenido de la valoración que hace el Tribunal de Sentencia no dan Razón Suficiente si acontecieron alguno de estos extremos; obviamente por que valoraron fueron papeles en resumidas cuentas, tampoco se les puede valorar si tenían algún interés directo o indirecto contra el imputado, tal como lo establece el artículo (Artículo 236 del Código Procesal Penal). De aquí resulta conveniente citar al Jurista Cafferata Nores quien establece que en relación a la sinceridad de los Testimonios deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: a. Interés del deponente en el asunto, por conveniencia, precio o remuneración. b. Relaciones de familia, odio, ira, afecto, también recomienda investigar sobre la conducta o hábitos con respecto a su sinceridad o franqueza, c. Análisis de la declaración fue este un relato dubitativo o no, y siguiendo a A., dice; determinar si la declaración fue producidas por un discurso premeditado, la mentira vertida dan alguna parte de la declaración del testigo lo convierte en un potencial mentiroso (Mendax In uno, Mendax in totum): el que miente en una parte será mentiroso en el todo, (tomado del libro cuadernos de estudio judiciales R. A. M., valoración de la prueba, presunción de inocencia, indubio pro reo. Pág. 17 y 18). II) La supuesta Razón Suficiente que infiere el Tribunal para tachar o descartar la credibilidad del TESTIMONIO DE MI REPRESENTADO EN SU DEFENSA MATERIAL no son suficientes, coherentes, ni derivadas de un razonamiento lógico, ya que si mi representado explicó como conoció y percibió los hechos controvertidos, como estaban los documentos del señor J. Q. en el taxi, como conoció al señor R., y todas las incidencias de su participación como taxista nada más, si por eso y DECIR LA VERDAD MI REPRESENTADO sea condenado por un delito, y que las eventualidades de lo que le pasó o no al señor J. Q., son situaciones ajenas a mi representado por lo que no se le puede tachar de mentirosos, mucho menos de “suspicaz”, cuando por el contrario en forma espontánea les brindó su testimonio; si pretendemos imputar responsabilidad a mi representado en los hechos existen miles de probabilidades por ejemplo: 1.- Mi representado es taxista y es objetivamente veraz que tenga clientes y que se establezcan confianza con los mismos, no por eso lo hace culpable. 2.- Mi representado confió en su cliente de nombre R. y su novia E. ya que esta última con astucia le solicitó hacer un retiro de un giro que engañado mi representado le manifestaron que era para el señor R. ampliamente conocido es más este extremo nunca fue controvertido por otros testigos o medios de prueba y como se puede percibir no solo mi representado fue víctima sino que hubieron otras personas le libraron giros que perfectamente podemos inferir también fueron engañados, pues la experiencia nos dice que en este tipo de delitos los delincuentes nunca dejan rastro de ser identificados prueba de ello el famoso R. el cual es identificado por los testigos de cargo propuestos por la fiscalía, acordémonos que en la prueba evacuada la mismas familiares de la supuesta víctima le pedía dinero para el supuesto rescate del señor Q., perfectamente este en su artilugio engañó a mi representado a reclamar el retiro del giro remitido véase lo que mi representado dijo “procedí a hacerle el favor de reclamar el dinero y se los lleve y me dieron 400 lempiras por el favor” estos dichos fueron expresados por W. y que a él le habían hecho entender que E. no tenía tarjeta de identidad y que R. tenía miedo por lo que había acontecido, pero que de eso a el tribunal de sentencias determine que mi representado sea culpable del delito de secuestro es una total y absoluta falta a la valoración de la prueba, por eso se comete el vicio denunciado en este motivo de casación por quebrantamiento de forma, porque las razones expuestas por el Tribunal de sentencia son insuficientes, inconsistentes e incoherentes con los hechos sometidos a juzgamientos y las circunstancias antes expuestas. A su vez si se Incluye hipotéticamente esta prueba, cambiaría el resultado de la sentencia pues los juzgadores podrían haber arribado a otra conclusión, es decir, absolver al imputado por duda razonable, siendo en consecuencia un error esencial, requisito necesario para poder ser apreciado en el recurso de casación. 3. otro aspecto importante es que de los verbos rectores del tipo penal nunca se acredito cual fue el acto individualizante del delito de secuestro conforme al artículo 192 numeral 2, si este ejecuto el delito, si realizó actos de intimidación, si privó de la libertad a la persona, NO APARACE NINGUNA EVIDENCIA NI DIRECTA NI CIRCUSTANCIAL QUE PUEDA GENERAR UN INDICIO DE PARTICIPACION EN EL DELITO POR EL CUAL SE LE CONDENO, volviendo mas que injusta la sentencia proferida. Para acreditar la Jurisprudencia que esta Sala de lo Penal ha establecido en la vida jurídica de los hondureños, cuando acontece el vicio a la regla de la sana crítica de la lógica de derivación específicamente al principio lógico de razón suficiente, me permito citar en base lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, la siguiente sentencia de casación emitida: “…ESTA SALA DE LO PENAL, estima que en el presente caso el Juzgador de instancia, ha vertido razones insuficientes e inconsistentes para no otorgar valor probatorio y credibilidad a los testigos de cargo y a la prueba documental en mención….” (Sentencia de fecha quince de abril del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación Penal registrado bajo el No. 15=07) “…3. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el Código Procesal Penal hondureño establece el principio de libre valoración de la prueba según lo establecen los artículos 202 y 336 de dicho texto legal. El primero de estos preceptos señala que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, y que el órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El segundo, establece que el tribunal, para resolver el caso, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Pues bien, el sistema de libre valoración de las pruebas por parte de los órganos jurisdiccionales requiere de un control efectivo a las facultades otorgadas a estos, mismo que es incorporado por la misma ley para evitar la arbitrariedad de las resoluciones judiciales. De esta manera el artículo 338 numeral 3) del mismo texto obliga a los jueces y tribunales a expresar de manera razonada y razonable el valor otorgado a cada una de las pruebas que han servido para declarar los hechos probados de un fallo. El texto en cuestión señala lo siguiente: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados”.- Como ya hemos dicho anteriormente, los jueces y tribunales gozan de la libertad para encontrar la verdad mediante cualquier medio de prueba legalmente practicado en el juicio, haciendo una valoración razonada y razonable. Pero esta valoración no puede estar divorciada de reglas básicas. El Código Procesal Penal señala que los jueces se encuentran limitados en la valoración con la sana crítica, y ello para evitar la arbitrariedad de las resoluciones judiciales. LA LIBRE VALORACION DE LA PRUEBA no significa que el órgano jurisdiccional pueda hacer una valoración arbitraria, ilógica, irracional o irrazonable, por el contrario, debe hacer su juicio histórico fundándose en la razón, las pautas normales del comportamiento humano y el manejo de las máximas de la experiencia…” (Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil cinco, recaída en el recurso de Casación No. 2474= 2004). RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el segundo Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen.” III.- CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. “MOTIVO DE CASACION: Violación por APLICACION INDEBIDA DE APLICACION del artículo 192 numeral 2, del Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso que nos ocupa y al abocarnos al contexto de la fundamentación Jurídica de la sentencia recurrida y estando obligados a respetar por disposición legal la santidad e integridad de la sentencia, encontramos que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, califica jurídicamente los Hechos, de la siguiente manera: El tribunal de sentencia en su FUNDAMENTACION JURIDICA ESTABLECE: EN SU NUMERAL PRIMERO: En el caso que nos ocupa y sobre la base de la prueba evacuada en el juicio oral y público, tal y como lo manifestó en sus conclusiones finales la representante del Ministerio Público, queda plenamente demostrada la concurrencia de cada uno de los elementos del tipo penal de secuestro, establecido en el artículo 192 del código penal que establece” será sancionado con la pena de reclusión de 20 años a privación de la libertad de por vida aun cuando no consiguiere su propósito quien con violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas con cualquiera de los propósitos siguientes, A.- obtener a cambio de la libertad de las personas secuestradas dinero bienes títulos u otra utilidad o beneficio, obligar a alguien dejar o hacer algo C) publicitarios o políticos”. Habiendo establecido que el hecho es típico pues se ajusta perfectamente a la norma penal, (ARTICULO 192 NUMERAL 2 DEL CODIGO PENAL), debe decirse de manera terminante que el mismo es antijurídico, la conducta asumida por el imputado no se encuentra cubierta por ninguna causa que excluya la antijuridicidad y por ende que excluya la responsabilidad penal ha quedado demostrado plenamente que el imputado actuó con la intención de provocar el daño mismo que quedó consumado y aun sin tampoco se evidencia alguna causa de inimputabilidad que les asista. DESARROLLO DEL MOTIVO: El tribunal de sentencia aplica indebidamente la ley al establecer en la misma la normativa del artículo 192 numeral 2 del código penal vigente. A la luz de este artículo 192. Del código penal el delito de Secuestro. “Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, título u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos. De concurrir algunas de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de:

  1. Cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida si se ocasionaré o diere la lugar a la muerte del secuestrado; 2) Treinta (30) años de reclusión a privación de libertad de por vida si el secuestrado, o cualquier otra persona muriere con motivo del proceso de rescate. En el caso de marras y tal como lo establece las pruebas durante todo el proceso del debate de juicio oral y público NO SE ACREDITO QUE LA PERSONA JAIR QUINTERO VALENCIA, HAYA MUERTO A CONSECUENCIA DE LOS HECHOS IMPUTADOS O QUE HAYA FALLECIDO HASTA ESTE DIA, mucho menos que OTRA PERSONA HAYA FALLECIDO A consecuencia de los mismos es en vista de lo cual que existe una aplicación indebida del artículo 192 numeral 2 ya que no se cumple con estos verbos rectores que se exige en este tipo, pues el mismo tribunal de sentencia admite en su fundamentación que NO SE SABE EL PARADERO DEL SEÑOR Q.. Por lo que la defensa considera que no debió aplicarse este artículo 192 numeral 2 del código penal al no cumplirse con el verbo rector de LA MUERTE DE LA PERSONA. Pues de las investigaciones del caso solo se determina que la persona ha desaparecido, y que no se conoce su paradero no obstante si observamos los hechos no se determina durante el proceso algún indicio, evidencia probable de fallecimiento, la pregunta que se hace la defensa es que tal si esta persona está viva si aparece y que su mal llamado secuestro no es más que una ocultación personal de la misma y no un secuestro y esto se dice porque este ciudadano ya tenía varios procesos por delitos A NIVEL INTERNACIONAL de drogas según sentencia de la sala tercera de la corte suprema de justicia de san José Costa Rica en el expediente número 04-015906- 0042PE, RES:2006-00712 de fecha 07 de agosto del 2006, en Costa Rica y era buscado por la Policía Internacional mediante oficio F-32/1-2011,datos fácilmente verificables en internet. (se adjuntan documentos). Por lo que tenía suficientes motivos para ocultarse y no como el ciudadano ejemplar que se presentó por parte de la fiscalía del Ministerio Público pudiendo estar injustamente recluido mi representado W. A. S. G.. Para determinar la muerte de una persona nuestra legislación establece en el Código Civil Hondureño dos tipos de muerte. 1.- la muerte natural: de la persona que el fin de existencia misma en forma física esta se determina bajo el artículo 337 del Código Civil. “Toda defunción que ocurra en territorio hondureño, debe inscribirse en el Registro del estado civil”. 2.- la muerte presunta: la misma según nuestra legislación deberá establecerse mediante un mecanismo procesal establecido en nuestra normativa civil en el Artículo 344. En caso de muerte de una persona cuyo cadáver no ha sido posible encontrarse, la autoridad de policía formará expediente acerca de este hecho, y de las circunstancias de edad, profesión, domicilio, nacionalidad y las demás que pueda obtener, y lo enviará al Registrador del Estado Civil respectivo, para que lo custodie y haga la inscripción correspondiente en vista de los datos. Artículo 354, La sentencia ejecutoria en que se declare la muerte presunta de una persona, deberá ser inscrita, expresándose: El nombre y apellido, edad, estado, profesión y domicilio del presunto muerto. La sentencia que declara la muerte por presunción, su fecha y copia de la parte resolutiva. Esto en relación con el artículo 83 y 85 en la cual se establece que la presunción de muerte deberá declararse en término de 10 años habiendo esquinencia del Ministerio Público. Otro aspecto importante, que se puede extraer de esta definición es que se asume que los hechos han sido determinados previamente, para lo cual se deberá haber valorado conjuntamente los medios probatorios. De esta manera resulta como paso previo que en forma antelada se hayan establecido los hechos o se haya identificado el caso para proceder a la elección de la norma legal pertinente. Hay aplicación indebida cuando se actúa una norma impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso. El Juez ha errado en la elección de la norma, ha errado en el proceso de establecer la relación de semejanza o de diferencia que existe entre el caso particular concreto, jurídicamente calificado y la hipótesis de la norma”. Por lo que con propiedad esta defensa considera que el tribunal de sentencia asume hechos y da por cierto que el ciudadano J. Q. está muerto y esto se deduce por la invocación que refiere al manifestar que se cumplen perfectamente el artículo 192 numeral 2 del código penal, (VER FUNDAMENTACION JURIDICA NUMERAL PRIMERO). Sin embargo no tiene un elemento probatorio razonable o documento fehaciente como sentencia judicial que decrete la muerte presunta y que respalde su fallo condenatorio bajo la modalidad 192.-n2 CP. INTERPRETACION QUE SE PRETENDE: No obstante que no se está de acuerdo con la condena impuesta ya debió ser absolutoria, pero que para alegar este Motivo De Casación Por Infracción De Ley debo obligadamente por cuestión procedimental, respetar la integridad y santidad de la sentencia recurrida y en vista de que la misma se comete el error in Iudicando al aplicar indebidamente la norma penal, siendo desfavorable a mi representado, resulta indiscutible que ese fallo violó de manera directa la norma sustantiva contenida en el artículo 192 numeral 2 del Código Penal, por haber aplicado esta norma sin cumplir con los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de secuestro. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por INFRACCION DE LEY expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO W. A. S. G., POR NO OBSERVAR LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362, NUMERAL 3, DEL CODIGO PROCESAL PENAL. I.- El Recurrente encara la sentencia de la instancia exponiendo la existencia de vicios in procedendo que explica en este motivo, señalando que los juzgadores en la sentencia impugnada violentaron las Reglas de la Sana Crítica al momento de hacer la valoración probatoria, vulnerando EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE, como principio lógico de la LOGICA, misma que está constituida por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación; y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Señala el Recurrente que el vicio se estructura en virtud de que el Tribunal de Sentencia no da razón suficiente de porqué le resta credibilidad al testimonio libre espontáneo claro y preciso rendido por su Defendido el Señor W. A. S. G., si del mismo se puede determinar claramente que los actos realizados no son vinculantes a ningún delito, sino a su actividad diaria y sustento, la cual es su trabajo como taxista; asimismo, señala el Censor que el Tribunal de Sentencias deduce que su Representado es Autor de la comisión del delito que se le imputa cuando de la prueba allegada al proceso, se infiere que fueron cometidos por otras personas y no vinculan a su Representado en lo absoluto al acto delictivo por el que fue condenado. II.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- Dista la Sala Penal del criterio del Recurrente, en cuanto a la Violación de las Reglas de la Sana Crítica, ello en virtud de que las Reglas de la Sana Crítica, aseguran que el Juzgador no llegue a juicios de valor en forma arbitraria, antojadiza o subjetiva, sino que las conclusiones sean tomando en consideración la Lógica, la Psicológica y la Experiencia Común, a fin de evitar la arbitrariedad y el error, lo cual puede suceder cuando se rechazan indebidamente elementos probatorios, como al darles a las pruebas recibidas un contenido inexacto o al dejar de darles el verdadero, o al otorgarles un valor probatorio del que razonablemente carecen o negarles el que razonablemente tienen, lesionando así los principios de la Sana Crítica propios para una correcta determinación de los hechos en el caso concreto, pero cuando la valoración del Tribunal no lleva un grave error de razonamiento que derive en conclusiones absurdas, no puede deducirse que se lesionaron las Reglas de la Sana Crítica, como no lo es tampoco la propia interpretación subjetiva que de la prueba hace el Recurrente y que resulta contraria al criterio del Tribunal Sentenciador cuando ha interpretado toda la prueba de manera integral en relación a lo producido dentro del proceso. En el caso examiné, la Sala no aprecia vulneración a las Reglas de la Sana Crítica en la valoración probatoria, pues sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba, los medios de prueba determinan la existencia de prueba directa culpatoria en contra del Acusado W. A. S. G., así pues, en primer término, fue mencionado por la Testigo S. V. DE Q., Madre del Ofendido J. Q. V., como la persona que la llamaba y quien les solicitaba dinero. Asimismo, la Señora M. Q. V., hermana del Señor J. Q. V., refiere que recibió llamadas del ahora procesado, quien le confió que el tenía el pasaporte de J. Q. V., los referidos testimonios aunados a las declaraciones rendidas por los Agentes de Policía, A. E. V. y S. J. S. E., proporcionaron indicios y certeza a los Juzgadores que vinculan al ahora acusado directamente en la participación del ilícito que se le imputa. Para este Alto Tribunal se vuelve infundada la queja del Recurrente, cuando señala que el Tribunal sentenciador no da razón suficiente de porqué le resta credibilidad al testimonio libre, espontáneo, claro y preciso rendido por su Representado W. A. S. G., ante este particular, se razona que los Juzgadores, llevaron a cabo una ponderación armónica e integral entre las pruebas de cargo y descargo para extraer inferencias lógicas, resultando claro que de la prueba testimonial rendida por el Acusado no se obtiene derivación suficiente y coherente que conlleve a su exculpación, por el contrario, el Tribunal señala que la misma no resulta creíble, al advertir contradicción en la relación de los hechos y fechas, resultando ilógicas, por ende, al llevar a cabo su valoración el Sentenciador, respetó el Principio de Razón Suficiente en las conclusiones derivadas de la prueba y en la sucesión de la valoración que de las mismas se deduce.- En consecuencia de lo anterior, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso por Quebrantamiento de Forma presentado por la Defensa en este ÙNICO MOTIVO. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO W. A. S. G., DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 192, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. I. Argumenta el Recurrente que durante todo el debate del juicio oral y público, no se acreditó que J. Q. V., haya muerto a consecuencia de los hechos imputados o que haya fallecido hasta este día, mucho menos que otra persona haya fallecido a consecuencia de los mismos, en consecuencia, existe una aplicación indebida del Artículo 192, numeral 2, ya que no se cumplen los verbos rectores que se exige en este tipo, pues el mismo Tribunal de Sentencia admite en su fundamentación que “NO SE SABE EL PARADERO DEL SEÑOR Q.. Considera el Censor que no debió aplicarse el Artículo 192, numeral 2, del Código Penal, al no cumplirse con el verbo rector de LA MUERTE DE LA PERSONA, ya que de las investigaciones del caso sólo se determina que la persona ha desaparecido, que no se conoce su paradero y de los hechos no se determina, durante el proceso, algún indicio o evidencia probable del fallecimiento del Ofendido, por lo que el Censor considera que el Tribunal de Sentencia asume hechos y da por cierto que el Ciudadano J. Q. V., está muerto; y esto se deduce por la invocación que refiere al manifestar que se cumplen perfectamente los requisitos del Artículo 192, numeral 2, del Código Penal. Sin embargo, no tiene un elemento probatorio razonable o documento fehaciente como sentencia judicial que decrete la muerte presunta y que respalde su fallo condenatorio bajo la modalidad del numeral 2, del referido Artículo 192 del Código Penal. II. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar que, por medio del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional Recurso de Apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como el jurídico, el de Casación por Infracción de Ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el Recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la Aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Instancia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El Artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la Ley Penal. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. III. El Artículo 192, numeral 2, del Código Penal dispone que: “Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o mas personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) , b) c) …. De concurrir algunas de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de: 1)… 2) Treinta (30) años de reclusión a privación de libertad de por vida si el secuestrado, o cualquier otra persona, muriere con motivo del proceso de rescate. En el presente caso, el A Quo declara probados los hechos siguientes: “PRIMERO: En fecha primero de noviembre del dos mil diez, el Joven J. Q. V., de nacionalidad Colombiana, arribó en la Ciudad de San Pedro Sula, con procedencia de Cali, Colombia, quien en fechas inmediatamente posteriores desapareció desconociendo sus familiares su ubicación. SEGUNDO: En el momento que el señor J. Q. desaparece, los señores W. A. S. G. y R. C., se comunicaron a través del número celular 98287949 con la familia del joven Q. V. en Colombia, exigiéndole a la señora A. L. Q. V. y S. V. de Q. a cambio de su liberación la cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000.00), razón por la que las señoras S. y A. Q. realizaron varios giros de dinero desde Colombia, uno de ellos en fecha veintidós de Diciembre del dos mil diez, para ser cobrado en las oficinas de Western Unión por el señor W. A. S. G., por la cantidad de dos mil sesenta y nueve dólares con cinco centavos ($2,069.05). TERCERO: El día once de enero de dos mil once, mientras se conducía en su vehículo tipo taxi, fue arrestado el señor W. A. S. G. por Agentes de la Policía Nacional, decomisándosele el pasaporte del señor J. Q., así como varios billetes de origen colombiano y un teléfono celular con el número 98287949 que portaba.” IV. DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO. Antes de entrar en el análisis del motivo invocado por el Censor es oportuno recordar que por la complejidad de su ejecución, el delito de secuestro suele mencionarse como delito prototípico de las bandas criminales[1], ya que comporta normalmente un reparto o distribución de roles entre un grupo de individuos; así, por ejemplo, algunos aportarán información sobre las posibilidades económicas de la víctima o de su familia, otros sobre los itinerarios seguidos por esta que faciliten su intercepción, algunos ejecutarán la detención y traslado del ofendido hasta un determinado lugar, otros se encargarán de la vigilancia del secuestrado, de su alimentación, de la negociación para obtener el pago, de la recepción del rescate, etc; de ahí que una de las condiciones indispensables para la debida coordinación entre ellas es que se establezcan relaciones de estrecha confianza y cooperación, so riesgo de que el plan delictivo sea fácilmente desbaratado. De los hechos declarados probados se desprende que la conducta del acusado se subsume en la modalidad básica del delito secuestro, tipificada y sancionada en el Artículo 192 del Código Penal, con una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida. El Juzgador da por acreditado que el Acusado W. A. S. G., participó directa y materialmente en los actos de privación de la libertad y retención del Joven J. Q. V., de nacionalidad Colombiana. Es de recordar que el delito de secuestro resulta consumado aún y cuando la victima haya sido liberada por las autoridades en poder de sus captores, y estos no hayan logrado obtener el precio o recompensa solicitado a familiares a cambio de su liberación. Es decir que para la consumación y castigo del delito de secuestro, como delito consumado, basta que se haya probado que el acusado ha realizado alguno de los verbos rectores del tipo penal, siguientes: sustracción, retención, desplazamiento, ocultamiento o privación de la libertad de una o más personas, habiendo mediado violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, con la finalidad de obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio, aunque no se haya logrado obtener el provecho o ventaja solicitada. Se acreditó que el acusado realizó llamadas telefónicas a los familiares de la persona secuestrada para solicitarles dinero a cambio de la libertad del Señor J- Q. V., no es menos cierto que del factum elaborado en virtud de las pruebas evacuadas en juicio se desprende indudablemente que el encartado contribuyó esencialmente a solicitar y retirar ciertas cantidades configurándose el elemento subjetivo o la finalidad de obtener una contraprestación económica por su liberación, aunado a ello que al momento de la detención del Imputado, se le detiene en posesión del pasaporte del Señor J. Q. V. y el número de celular con que se comunicaba con los familiares del Señor J. Q. V.. V. En lo relacionado al cuestionamiento puntual que hace el Censor en cuanto a la Aplicación Indebida del numeral 2, del Artículo 192, del Código Penal, esta Sala quiere expresar que la proporcionalidad de la pena exige que haya una adecuación entre la conducta delictiva y el daño social causado con ella, habidas las circunstancias que la agraven o la atenúen, lo que supone de suyo que la proporcionalidad traza los límites de la pena y la medida concreta de la misma, asunto que corresponde establecer al legislador e individualizar al juez dentro de los límites mínimos y máximos señalados por aquel, analizadas las circunstancias concretas de modo, de tiempo y de lugar, así como las particulares en que se sitúe el agente del delito, todo lo cual constituye el amplio campo donde se desarrolla la dosimetría penal, de esta suerte, aparece entonces claro que, cumplida por el legislador la función de determinar los delitos y las penas de manera general, impersonal, abstracta y objetiva, lo que al juez corresponde, en el caso concreto, es analizar si el acto cometido por una persona determinada reúne los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para concluir luego en la responsabilidad del sindicado y, en consecuencia, imponerle la pena correspondiente conforme a las previsiones y con los requisitos señalados por la ley, lo que significa que sólo con el cumplimiento a plenitud de las garantías constitucionales al debido proceso puede llegarse a la imposición de una pena, pues, conforme al Artículo 90 y 95 de la Constitución de la República, a nadie puede juzgarse sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formalidades legales. En el caso particular, esta Sala, no encuentra que el Tribunal A-Quo, haya aplicado indebidamente la norma que él Recurrente señala como infringida, ya que el Sentenciador, aparte de considerar las atenuantes y agravantes, así como la peligrosidad y la extensión de los males producidos por el delito, reflexionó también el conocimiento sobre la suerte de la persona del Señor J. Q. V., procediendo a establecer la pena dentro del marco regulado por el propio Legislador, como producto de la declaración de responsabilidad, y como consecuencia jurídica, de la actividad desplegada por el Imputado, por lo que la pena impuesta no debe de entenderse como una potestad discrecional y absoluta del juzgador, sino que ha sido impuesta por una facultad reglada, pues es la propia ley la que señala de manera estricta los presupuestos que han de aparecer probados para motivar la decisión que en la sentencia se adopte, lo que ha sucedido en este caso, por parte del Tribunal Sentenciador, luego del análisis particular del caso sometido a su juzgamiento sobre la necesidad o no de la pena, dadas las circunstancias particulares y concretas. Por las razones anteriormente expuestas se hace procedente Declarar Sin Lugar el motivo que por Infracción de Ley formulado la Defensa del Imputado W. A. S. G.. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360. 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal: FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su MOTIVO ÚNICO, invocado por el Abogado C. D. P., actuando en su condición de Defensor Privado del Señor W. A. S. G.. II.- Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su MOTIVO ÚNICO, invocado por el Abogado C. D. P., actuando en su condición de Defensor Privado del Señor W. A. S. G.. III.- Declarase firme la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de Septiembre del año dos mil doce, mediante la cual se condena al Señor W. A. S. G., como autor de un delito consumado de secuestro, en perjuicio del Señor J. Q. V..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO. NOTIFÍQUESE.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero del dos mil dieciséis.- Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.464=2012.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. LANDROVE DIAZ, GERARDO, en Detenciones Ilegales y Secuestros, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 117.