Sentencia CP-459-14 — Registro 5789
Resumen
Se absolvió al imputado en primer instancia por el delito de falsificación de documentos públicos al dejar supeditada la jurisdicción penal al previo pronunciamiento de la jurisdicción civil.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Es el caso que el tribunal sentenciador solamente estructura dos párrafos para declarar probados los hechos reconstruidos en el juicio. Es en el primer párrafo del factum que el Tribunal de Sentencia menciona al Notario F. O. A., pero sin atribuirle conducta alguna, que luego deba ser calificada como relevante o irrelevante penalmente. Para una mayor comprensión transcribo a continuación el párrafo de la declaración de hechos probados en la que se menciona al acusado. PRIMERO: Haciendo uso de un poder autorizado por el Notario F. O. A., mediante instrumento público número veintidós, en fecha doce de octubre de 2004, el señor A. E. B. L., comparece en esa misma data ante la Notaría de C. R., vendiendo al señor S. M. O. una casa de habitación ubicada en el lugar denominado Hato de En medio de este Distrito Central, propiedad de la señora C. M. R., quien aparece como la otorgante del Poder referido, y pareja del señor B. L. en ese entonces. 60. Como podrá apreciar la honorable Sala de Casación, el hecho probado está referido a la conducta activa de los señores A. E. B. L. y Santos M. O., quienes ante la Notaria C. R. formalizaron una compra-venta de la casa de habitación propiedad de C. M. R.. No se describe en el factum ninguna conducta activa del señor Notario en cuestión, porque el tribunal de juicio lo excluyó de la recreación de los hechos históricos, al no haber valorado las dos pruebas torales que demuestran la falsificación del instrumento por él elaborado, es decir, el testimonio de la señora C. M. R. y el dictamen pericial de grafística de la perita M. C. B. A.. 61. Es el caso entonces, que al no encontrarse descrita la participación del mencionado acusado en la declaración de hechos probados, no tiene correspondencia la fundamentación jurídica a la que se recurre para justificar la absolución del Notario, con los hechos probados, volviéndose en consecuencia la motivación expresada totalmente contradictoria. El hecho de entender que para la procedencia de la jurisdicción penal en este caso, como método o camino para el descubrimiento de la verdad, debió haberse recurrido previamente a la jurisdicción civil en busca de un pronunciamiento sobre la nulidad e invalidez del instrumento público, resulta contradictorio, toda vez que la jurisdicción penal no depende del previo pronunciamiento de la civil para la configuración de un delitos de falsificación de documentos públicos, mediante una falsedad material o ideológica de las que se establecen en el artículo 284 del Código Penal. 62. Contradictoria resulta esta motivación de carácter jurídico, pues no está justificando ninguna conducta declarada probada antes en el factum del fallo que se trata de justificar. En todo caso, el tribunal de juicio si quería exculpar al señor Notario por entender que su conducta no es penalmente relevante, debió incluir su conducta en la declaración de hechos probados. De esta manera, existiría una completa correspondencia entre la fundamentación jurídica y los hechos que se tratan de justificar, independientemente que se tenga o no razón en ello. La inexistencia de una declaración de hechos probados, depende ciertamente de que el tribunal así lo considere, a partir de valoración de las pruebas. En ese caso motivación o fundamentación jurídica tendría que versar sobre aspectos de otro carácter, no sobre la falta de relevancia penal de una conducta no declarada antes. 63. Como el anterior, este vicio denunciado supone una causa que da lugar a la nulidad de absoluta de la sentencia, por lo que, estimando este motivo del r la Sala de lo Penal debe casarla, mandando hacer una nueva sustanciación del debate, en el cual se dicte nueva sentencia en la que se corrija el error señalado, dictándose el fallo conforme a derecho..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo de dos mil quince, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha uno de Agosto de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO: al Señor F. O. A., del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA.- 2)ABSOLVIENDO al señor C. A. M. R., de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y ESTAFA, en perjuicio de LA FE PULICA Y C. M. R..- 3) NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Y. M. M. L., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público; y el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado F. A. A. O., en su condición de Apoderado Legal de la señora C. M. R., quien actúa en su carácter de Acusador Privado.- SON PARTES: La Abogada Y. M. M. L., Agente de Tribunales del Ministerio Público, y el Abogado F. A. A. O., Apoderado Legal de la señora C. M. R., Acusador Privado, ambos como partes recurrentes; y, la Abogada I. C. Z., actuando en su condición de Defensora Pública del imputado F. O. A., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Haciendo uso de un poder autorizado por el Notario F. O. A., mediante instrumento público número veintidós, en fecha doce de octubre del 2004, el señor A. E. B. L., comparece en esa misma data ante la Notaría de C. R., vendiendo al señor S. M. O. una casa de habitación ubicada en el lugar denominado Hato de Enmedio de este Distrito Central, propiedad de la señora C. M. R., quien aparece como la otorgante del poder referido, y pareja del señor B. L. en ese entonces. SEGUNDO: Enterado de la venta de la casa de la señora C. M. R., su tío el señor C. A. M. R., junto con el señor S. M. O. R., comparecen en fecha nueve de septiembre del 2005, ante el Notario J. J. B. H., y mediante instrumento público número sesenta y seis, formalizan una compraventa, y es de esta forma que el señor M. R., en su condición de Gerente General de la empresa “Comercial Mercantil, S. de R. L. de C. V.”,(COMER) adquiere dicha vivienda, diciéndole a su sobrina que le devolvería dicha propiedad, la que posteriormente hipotecó a favor del Banco de Occidente, S. A, obteniendo a cambio una línea de crédito.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada Y. M. M. L., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; y por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado F. A. A. O., en su condición de Apoderado Defensor de la señora C. M. R., quien actúa en su carácter de Acusador Privado, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.-LA RECURRENTE ABOGADA Y. M. M. L., EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICION DE MOTIVOS. PRIMER UNICO: Que al haber dictado sentencia absolutoria a favor de los señores F. O. A. y C. A. M. R.; no se observó, por parte de el sentenciador, en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Invocamos que en la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha primero (1) de Agosto del 2014, respecto a los imputados F. O. A. y C. A. M. R., lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; vulnerando la regla lógica de Derivación, específicamente la razón suficiente, de acuerdo a lo señalado en el apartado tercero de la fundamentación jurídica, en la manera que a continuación desarrollamos: “…Vemos entonces que la posición de la Sala Constitucional es clara en este aspecto, que para que la jurisdicción penal conozca de un delito de falsificación de documentos, donde entre en juego la función del notariado, es preciso que previo la jurisdicción civil se haya pronunciado sobre el carácter ilícito llevado a cabo por determinado notario público, cuestión que no sucede en el caso examine, pues la parte acusadora, ni siquiera ha hecho mención a esta circunstancia, sino que únicamente ha esbozado su planteamiento de carácter punitivo, solicitando un fallo condenatorio en contra del Notario F. O. A., por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, por… suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido y como consecuencia de esto, solicitó en igual forma un fallo condenatorio contra el procesado C. A. M. R. por delito de falsificación de Documentos Públicos, ya que teniendo conocimiento que la señora C. M. R. no había firmado una escritura de poder… a sabiendas hizo uso de este documento falso… Pues en ningún momento la jurisdicción civil se ha pronunciado sobre dicho documento, por lo tanto no procede el conocimiento de la jurisdicción penal.” Ante esta premisa, no podemos obviar que el A quo se aleja de las normas de recto entendimiento humano en la valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que el proceso debió conocerse previamente por el órgano jurisdiccional civil.”; sin embargo; al Juzgador nuestra Norma Penal Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Vale la pena destacar que para el Sentenciador la prueba de cargo no resultó congruente para lograr la certeza de que los acusados F. O. A. y C. A. M. R., tengan responsabilidad penal en los hechos, en tanto que a su criterio la jurisdicción civil debió pronunciarse sobre el instrumento que dio origen al presente proceso incoado a los señores O. A. y M. R., circunstancia que no es compartida por el ente acusador, ya que si bien es cierto la jurisprudencia citada por el sentenciador y que le sirvió de fundamento para emitir un fallo favorable a los acusados, es una fuente material del Derecho, no menos cierto es que la primera fuente material es la Ley, y en tal sentido el artículo 1 del Código civil establece lo siguiente: “La Ley es una declaración de voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda prohíbe o permite”; por lo que en orden de prioridad el primer fundamento a aplicar para tomar una decisión debió haber sido el establecido en la norma jurídica; que en el caso concreto encuentra su origen en el artículo 105 del Código Penal, el cual prescribe que: “Todo aquel que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente”; por ende al autorizar el Notario el instrumento público número 22, de fecha 12 de octubre del año 2004, sin la comparecencia de la señora C. M. y teniendo conocimiento el señor C. M. R. que ésta no firmó dicho instrumento compró al señor S. M. O. la vivienda de la cual había sido propietaria la señora M., el que a su vez compró al señor A. L. de buena fe a través del instrumento cuestionado; incurrieron en responsabilidad de conformidad a lo prescrito en el artículo 284 numeral 2 y 289 del Código Penal; en consecuencia el conocimiento sobre la nulidad o los efectos de dicho documento es competencia de un órgano jurisdiccional Civil, en razón de los perjuicios ocasionados. Para afianzar lo expresado anteriormente y no obstante a referirse a jurisdicción contenciosa administrativa, pero teniendo aplicación por analogía; la Sala de Lo Penal, a través de Sentencia CP 36-2008, de fecha 26 de agosto del año 2009, a expresado lo siguiente: “…En este tipo de casos el agotamiento de la vía administrativa o contenciosa administrativa, no constituye una condición de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal pública dirigida a la persecución de los delitos de USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS y…” Es preciso apreciar que de la declaración vertida en juicio por la señora C. M. R. en su condición de ofendida, quien manifestó tener su domicilio en la Colonia Miraflores de esta ciudad y en el año mil novecientos noventa y nueve (1999), adquirió su casa por compra hecha al señor R. R. R.; y a finales del año dos mil tres (2003) inició una relación con el señor A. E. B. L. y luego tuvo problemas económicos y de salud, por lo que decide montar un negocio y sacar un préstamo, pero al hacer la solicitud de gravamen en el Instituto de la Propiedad, se llevó la sorpresa de que sobre su casa pesaba un gravamen; su casa había sido vendida por el señor A. B. L., mediante un Poder expedido por el Notario F. O. A., a quien no conocía y luego su tío el señor C. A. M. en el supuesto afán de ayudar a la víctima le compra dicha vivienda al señor S. M. O., quien comprara la misma de buena fe al señor B. L. por medio del instrumento número 22 y objeto del presente proceso; el referido instrumento fue objeto de cotejamiento por la Perito de documentología M. c. B. A., el que fue ratificado en Debate y en el cual se estableció como conclusión que no es posible asociar la confección de la firma cuestionada, con una autoría por parte de C. M., por ende el dicho de la ofendida es reforzado por la prueba pericial, no quedando duda de que el señor F. O. A. autorizó el referido documento sin la comparecencia de ésta, además de que al ser preguntado por el Fiscal en Juicio, el señor F. O. A. dijo haber visto el número de identidad y que no pertenecía a la ofendida; asimismo que el señor C. A. M. conociendo tal falsedad hizo uso de dicho documento. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que los acusados F. O. A. supuso en la realización del Poder expedido a favor del señor A. B. Laitano, la intervención de la señora C. M. R., por lo que se acreditó sin lugar a dudas, su participación en el delito de Falsificación de Documentos Públicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 284 numeral 2 del Código Penal y el señor C. A. M. R. conociendo esa circunstancia compró la vivienda que había sido propiedad de la señora C. M., teniendo una participación a de conformidad a lo que establece el artículo 289 del Código Penal. En consecuencia el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa él articulo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA NO HA OBSERVADO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal: “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso que ahora nos ocupa se atribuye a los imputados F. O. A. y C. A. M. R. la comisión de los delitos de falsificación de documentos públicos y uso de documento público falso, respectivamente, y en el caso del segundo además el delito de estafa. Esta Sala considera importante señalar, que para proceder criminalmente por el delito de falsificación de documentos, cuando en su confección y autorización interviene un Notario, no es requisito sine qua non y como una condición objetiva de procedibilidad[2], que previamente y por la vía civil recaiga sentencia definitiva firme en la que se declare la nulidad o invalidez del instrumento o documento cuestionado, conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que el tipo penal de falsificación, sea de documentos públicos o privados, no exige tal condición, a diferencia de lo que sucede con otras figuras penales como por ejemplo, la denuncia o acusación falsa, donde se requiere que previo a la interposición de la acción criminal se haya obtenido sobreseimiento de la causa o sentencia absolutoria firme a favor del acusado o denunciado falsamente (vid. art. 387 del Código Penal), en el caso de los delitos de quiebra fraudulenta y culposa, cuya persecución penal exige que previamente exista un pronunciamiento del Juez de lo Civil sobre la declaración de la quiebra (vid. arts. 233, 234 del Código Penal, 1418 y 1420 del Código de Comercio), o cuando para entablar la acción penal por calumnias o injurias cometidas en juicio se necesita la previa autorización del Juez que de él conociere (art. 167 del Código Penal) .Dicho en otras palabras, no existe ninguna disposición legal que prevea una condición de procedibilidad en los términos en que se expresan algunos fallos dictados hace varios años por la Sala de lo Constitucional; de otro modo ello daría pie a reconocer un privilegio al margen de la ley en virtud del cual la persecución penal en contra de un Notario y otras personas acusadas en un mismo proceso por la comisión de un delito de falsificación de documentos públicos, se vería grave e injustificadamente obstaculizada, lo que no se acompasa con el principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 60 párrafo segundo de la Constitución de la República donde se establece que “en Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley”, ni tampoco con las garantías del ejercicio responsable de la función notarial como lo exige el artículo 3 del Código de Notariado donde se expresa que “la función notarial es aquella función de interés público y social que el Estado delega en las personas autorizadas en la forma establecida por la Constitución y las leyes, para ser ejercida con plena responsabilidad… De este modo, la Sala de lo Penal no comparte los criterios que sobre el tema que ahora nos ocupa fueron asumidos en sentencias que hace varios años dictara la Sala de lo Constitucional, teniendo en cuenta que la misma Ley Sobre Justicia Constitucional le permite a ésta apartarse de su propia doctrina legal razonando la innovación (vid. Art. 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional), de lo cual se colige que no menos puede predicarse de las facultades que tiene la Sala de lo Penal para adoptar un criterio distinto por constituirse en el más alto Tribunal en materia de Casación Penal y por tanto de la justicia penal en nuestro país. Como antes lo expusimos, la observancia del principio de derivación exige que la valoración de las pruebas aportadas al debate sea coherente, de tal manera que las afirmaciones, deducciones y conclusiones a las que arribe el Tribunal deben guardar adecuada correlación entre ellas. En el caso objeto de estudio esta Sala considera que el razonamiento del Tribunal de instancia al dictar la sentencia que ahora se impugna, no resulta coherente, ya que: a)por un lado y de manera muy escueta afirma que pese a que los resultados del dictamen del Departamento de Documentología del Ministerio Público indican que la firma del documento cuestionado y que habría autorizado el acusado F. O. A. no puede asociarse con los rasgos de la escritura de la ofendida C. M. R., expresa sus dudas de tal manera que no puede descartar que efectivamente si suscribió el poder que posteriormente fuera utilizado para vender un inmueble de su propiedad, habida cuenta que la señora M. R. manifestó que se encontraba muy mal de salud en la época en que se otorgara dicho poder y se vendiera su casa, apoyándose el A Quo en lo expresado por la perito M. C. B., cuando señaló en términos muy generales que la edad y la enfermedad son factores que pueden incidir para modificar la escritura, y en el testimonio de la Abogada A. L. C. G. (vid. Folios NO. 477, 478 vuelto y 479), b) mientras que por otro lado expresa que el sentido del fallo no ha sido determinado por el resultado de las pruebas evacuadas en el juicio oral y público sino por cuestiones de orden doctrinal y jurisprudencial (vid. Folio No. 477 vuelto, cuarto párrafo), remitiéndose para explicar dicho argumento a la fundamentación jurídica de la sentencia, en la que apoyándose en algunos fallos de la Sala de lo Constitucional, dictados hace varios años, puntualiza que en ningún momento la jurisdicción civil se ha pronunciado sobre la nulidad o invalidez del documento cuestionado y que por tanto “no procede el conocimiento de la jurisdicción penal” (vid. Folio No. 481). De este modo, el Tribunal de instancia no ha realizado una valoración armónica y debidamente razonada de la prueba evacuada en el debate y que le condujo a emitir un veredicto absolutorio, pues como antes lo señalamos, por un lado y de manera muy escueta resta credibilidad al testimonio de la ofendida C. M. R., en tanto que por el otro más adelante expresa contradictoriamente que el sentido del fallo no viene determinado por el resultado de las pruebas aportadas al juicio sino que por el criterio de que previo al ejercicio de la acción penal por la presunta comisión de un delito de falsificación de documentos públicos autorizado por Notario es menester que exista un pronunciamiento previo de la jurisdicción civil declarando la nulidad o invalidez del documento cuestionado, y que en el caso de autos “no procede el conocimiento de la jurisdicción penal”, así las cosas ambos criterios son excluyentes, o la jurisdicción penal tiene plena competencia para entrar a juzgar la comisión de un delito de falsificación de documentos públicos atribuible a un Notario y por el que también se juzga a otras personas que no tienen tal condición; o carece de ella, en tanto que se requiere un pronunciamiento previo de la jurisdicción civil que declare la invalidez o nulidad del documento. A modo de conclusión podemos afirmar que la prueba evacuada en el juicio no ha sido adecuadamente valorada por el Juzgador, mediante razonamientos lógicos y suficientes para pretender formar un estatuto de verdad, ni ha hecho uso de inferencias lógicas derivadas de las pruebas aportadas al juicio; de ahí que el presente motivo formulado por la Representación del Ministerio Público debe ser declarado con lugar. III.- EL RECURRENTE ABOGADO F. A. A. O., EN SU CONDICION DE APODERADO DE LA SEÑORA C. M. R. QUIEN ACTUA COMO ACUSADORA PRIVADA, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. “UNICO MOTIVO. Infracción por inobservancia del artículo 240 del Código Penal que describe el delito de Estafa, que es la norma sustantiva aplicable al caso. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del Código Procesal Penal, que sirve de cauce procesal para este motivo, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Como lo tiene reafirmado esa Sala de Casación Penal, el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad revisar, por parte del tribunal de casación, la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia que se impugna y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En ese orden de ideas, a la Sala de lo Penal, tratándose del recurso de casación por infracción de ley, sólo le corresponde actuar contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia[3]. 2. Es el caso pues, que la sentencia que ahora impugno, por esta vía, es violatoria por inobservancia del artículo 240 del Código Penal, norma que describe el delito de Estafa en su tipo básico. Al realizar el proceso de subsunción, es decir el análisis jurídico de los hechos probados para encuadrarlos en una norma penal de carácter sustantivo para la resolución del caso, nos damos cuenta, y así lo comprobará la honorable Sala de Casación, que el tribunal sentenciador no observó el artículo 240 del Código Penal que describe el delito de Estafa, estando obligado a hacerlo pues del relato fáctico aparece descrita la conducta del señor C. A. M. R., misma que lo hace incurrir en el delito en cuestión en perjuicio de la señora C. M. R.. Para comprobar lo anterior, empezaré con transcribir a continuación, de forma literal, la declaración de hechos probados del tribunal sentenciador, a saber: PRIMERO: Haciendo uso de un poder autorizado por el Notario F. O. A., mediante instrumento público número veintidós, en fecha doce de octubre de 2004, el señor A. E. B. L., comparece en esa misma data ante la Notaría de C. R., vendiendo al señor S. M. O. una casa de habitación ubicada en el lugar denominado Hato de En medio de este Distrito Central, propiedad de la señora C. M. R., quien aparece como la otorgante del Poder referido, y pareja del señor B. L. en ese entonces. SEGUNDO: Enterado de la venta de la señora C. M. R., su tío el señor C. A. M. R., junto con el señor S. M. O. R., comparecen en fecha nueve de septiembre del 2005, ante el Notario J. J. B. H., y mediante instrumento público número sesenta y seis, formalizan una compraventa, y es de esta forma que el señor M. R., en su condición de Gerente General de la empresa “Comercial Mercantil, S. de R.L. de C.V.”, (COMER) adquiere dicha vivienda, diciéndole a su sobrina que le devolvería dicha propiedad, la que posteriormente hipotecó a favor del Banco de Occidente, S.A, obteniendo a cambio una línea de crédito. 3. Antes del análisis del factum de la sentencia, es preciso recordar que la declaración de hechos probados constituye el cimiento o piedra angular de toda sentencia penal. En ellos el tribunal juzgador redefine un hecho histórico que es el objeto del juicio penal. En dicho cuadro fáctico el Tribunal de Sentencia describe una verdad real e histórica, estimando de manera clara y terminante los eventos que estimó probados, conforme a los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. Como lo ha dicho la doctrina jurisprudencial de esa Sala, condensada en la sentencia de 9 de diciembre de 2013[4], que resuelve el recurso de casación n°. 223-2012,
Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el tribunal de sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, deriva la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. 4. De esa verdad incuestionable se derivarán las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de la ley penal sustantiva invocada por la parte acusadora. Por eso, la jurisprudencia de esa honorable Sala, para los efectos del recurso de casación por infracción de ley, ha dicho que los hechos probados, en tanto son verdades incuestionables, deben ser respetados por su carácter de intangibilidad, pues de ellos se derivarán las consecuencias jurídicas para el justiciable. 5. Partiendo de la anterior declaración de hechos probados, continuaré con la transcripción de la descripción típica del delito de Estafa, previsto en el artículo 240 del Código Penal, según el cual, Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. 6. Honorable Corporación, de acuerdo a la descripción típica del antes citado artículo 240 del Código Penal, nuestro delito de estafa constituye una defraudación mediante engaño, que no ataca simplemente a la tenencia de las cosas, sino la complejidad del patrimonio. La estafa, como delito, puede describirse entonces, como todo hecho por medio del cual una persona toma, a raíz de un error provocado por la acción del agente, una disposición patrimonial perjudicial, que dicho agente pretende convertir en beneficio propio o ajeno. El agente activo despliega una acción engañosa que induce a error a una persona (sujeto pasivo), quien, en virtud del mismo, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. La conducta punible será pues, defraudar por medio de ardid o engaño. 7. Pero para el debido encuadramiento de las acciones enjuiciadas en un caso particular, es necesario determinar ciertos aspectos que se constituyen como los elementos objetivos del delito. Apoyado en alguna doctrina[5], elementos esenciales del delito de estafa son los siguientes. 8. Detrimento patrimonial. La defraudación constituye un ataque a la propiedad o patrimonio que se configura en detrimento patrimonial, que puede abarcar cualquiera de los elementos que integran el concepto de propiedad en el Derecho Penal; puede ser la tenencia o posesión valiosa, el domino, o el lucro que se espera de una actividad propia. Los objetos en el delito de estafa son múltiples, pero ellos están referidos a valores que conforman la completividad del patrimonio atacado en el momento de la conducta estafatoria. 9. El ardid y el engaño. El medio para lograr la disposición patrimonial perjudicial es el fraude, el cual está integrado por cualquier acción, dirigida al sujeto a quien se pretende engañar, tendiente a simular hechos falsos, disimular los verdaderos o falsear de cualquier modo la verdad. El fraude puede, estar integrado por ardides o por engaños, en el sentido de la Ley. La diferencia entre ambos conceptos atiende a la forma de perpetrar la acción engañosa que constituye el fraude. El ardid indica la utilización de maniobras o artificios destinados a engañar. Para el engaño basta la afirmación o la negación contraria a la verdad. Sobre la naturaleza del engaño, capaz para inducir a otro a error, la doctrina y la jurisprudencia establecen que éste debe tener el carácter de bastante, es decir, debe tener la virtualidad suficiente para que un ciudadano medio, puede verse inducido en error. 10. La doctrina de esa honorable Sala de lo Penal[6], respecto al engaño, ha dicho que, El “engaño” debe consistir en una situación capaz de inducir a error a otra persona, puede darse a través de palabras o maquinaciones insidiosas que lleguen a constituir engaño suficiente. La exigencia de que el engaño sea bastante implica que no cualquier engaño resultara típico, sino tiene cierto grado de “idoneidad”, excluyéndose el engaño burdo que no tenga verosimilitud suficiente para afirmar que la víctima fue inducida al error, aspectos que deberá analizarse en cada caso concreto para determinar la concurrencia de la acción engañosa. 11. La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de España, desde hace mucho tiempo, viene sosteniendo en relación a la idoneidad del engaño que éste tiene que ser bastante[7]. Pues bien para determinar esa idoneidad, debe valorarse “intuitu persona”, teniendo en cuenta la personalidad del sujeto pasivo, en cuanto puede ser más sugestionable por su incultura, edad, déficit intelectual, etc. En resumen, la idoneidad del engaño, a los efectos de determinar la necesidad de protección penal, debe efectuarse atendiendo tanto a módulos objetivos como a las condiciones personales del sujeto afectado. 12. La inducción a error del sujeto pasivo. Las acciones engañosas del sujeto activo tienen que haber causado un error en el sujeto pasivo a quien se dirige la acción. El error en el sujeto pasivo es de suma importancia, pues éste es que le disponer de la totalidad o parte de su patrimonio a favor del sujeto activo, el error
es consecuencia del engaño bastante desplegado por el sujeto activo. 13. La disposición patrimonial. La persona engañada a consecuencia del error en que incurre, debe realizar una disposición patrimonial perjudicial para él. En otras palabras, creyendo que está haciendo lo correcto entrega una cosa o la prestación de un servicio a favor del sujeto engañador. Pero es importante tener en cuenta que la estafa no es un delito típico de apoderamiento como el hurto o el robo, entre otros; en la estafa el sujeto pasivo, a consecuencia del error, al que es inducido, realiza voluntariamente, aunque con la voluntad viciada, la disposición patrimonial, perjudicial para él. En otras palabras, como se ha dicho, el sujeto pasivo realiza parte del tipo. 14. La relación de causalidad entre el error y la disposición patrimonial. Para que el delito de estafa pueda configurarse, es necesario que entre el error producido en el sujeto pasivo y la disposición patrimonial perjudicial, se de una relación de causalidad, es decir, tiene que ser el error en que incurre la víctima a raíz de la conducta del agente, lo que determine la disposición patrimonial de aquella (la víctima). 15. Pues bien, siguiendo una consolidada doctrina del Tribunal Supremo de España, y nuestra propia jurisprudencia penal, siendo exponentes, entre otras, la sentencias citadas, se puede concluir entonces que la estafa del artículo 240 de nuestro Código Penal exige: a) Que haya una verdadera acción engañosa precedente o concurrente, que viene a constituir su “ratio essendi”, realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero (ánimo de lucro). b) Que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo. c) Que en virtud de dicho error ese sujeto realice un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que cause un perjuicio a él mismo o a un tercero. d) Que exista una relación de causalidad entre el engaño de una parte y el acto dispositivo y correlativo perjuicio de otro. 17. Honorable Sala Suprema, respetando la declaración de hechos probados precedente, se puede afirmar, con contundencia, que de ellos se puede extraer los elementos objetivos del delito de estafa por el cual se acusó al señor C. A. M. R., es decir, esos hechos probados los podemos subsumir o adecuar a lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal. Pues bien, siguiendo la anterior doctrina jurisprudencial de la Sala, en el factum se encuentra descrita la acción engañosa precedente o concurrente del señor M. R., que viene a inducir a error a la señora C. M. Conforme al cuadro fáctico, enterado el señor C. A. M. R. que se había producido anteriormente la venta de la casa de su sobrina C. M., realiza la compra de dicho inmueble al señor S. M. O. R. el día nueve de septiembre de 2005 mediante instrumento número sesenta y seis (66) ante los oficios del Notario J. J. B. H. (lo resaltado en cursiva es de mi redacción). 18. La acción desplegada por el acusado M. R., consistente en comprar la casa de la señora C. M., que en ese momento se encontraba bajo dominio de otra persona, prometiéndole a ésta (su sobrina), que se la devolvería posteriormente, constituye el verdadero ardid típico del delito de estafa, logrando de esta manera engañar a su sobrina con la promesa de devolverle la propiedad, suscitando en ésta la confianza suficiente de que dicho hecho prometido sucedería, pues quien lo hacía no era otra persona más que su pariente más cercano, es decir su tío paterno. Conforme a este acto prometedor de parte de una persona muy cercana en lo familiar, se viene a producir la inducción de error en la señora C. M., quien confiada en la palabra de una persona en quien lógicamente, y con toda naturalidad, debía confiar, realiza una acción omisiva permitiendo que su pariente cercano se haga de la propiedad dominical del inmueble, manteniéndose pendiente de su devolución algún día, cosa que nunca ocurre, mientras tanto el señor M. R. realiza con dicha propiedad un acto de disposición de carácter mercantil que le viene a favorecer, consistente en darla en garantía al obtener una línea de crédito del Banco de Occidente S.A. 19. Podrá apreciar la honorable Sala de Casación Penal, que la acción típica necesaria para la configuración del delito de estafa se encuentra descrita en el cuadro fáctico, es decir defraudar a otro mediante ardid o engaño. Como ya se dijo antes, conforme a la doctrina dominante, el ardid está integrado por cualquier acción, dirigida al sujeto a quien se pretende engañar, tendiente a simular hechos falsos, disimular los verdaderos o falsear de cualquier modo la verdad. En este caso, la conducta del acusado M. R., descrita en el cuadro fáctico, consistente en prometerle a su sobrina C. devolverle la propiedad que le compraba a otro, como mero trámite, se adecua perfectamente a la descripción típica del artículo 240 del Código Penal, que me permití transcribir supra, pues supone una clara utilización de “influencia” o “abuso de confianza” sobre la señora C. M., quien resulta en definitiva engañada por el error a que es inducida por su propio pariente cercano. 20. Ese engaño, en definitiva, de que fue objeto la señora C. M. tiene la calidad de bastante que requiere la doctrina y la jurisprudencia ya citada. En efecto, la promesa de devolver la propiedad no venía de una persona desconocida para la víctima, sino de un pariente muy cercano y con solvencia económica, en quien podía confiar sin lugar a dudas. Dadas las circunstancias personales de los sujetos, quien hace la promesa y quien debe atender a la misma, son personas conocidas entre sí. En un ambiente promedio de nuestra cultura, una persona del entorno familiar que promete algo, logra producir en la otra un grado de confianza suficiente a modo de que ésta pueda realizar a favor de aquella una prestación de índole patrimonial. Lo anterior es así, pues la experiencia nos indica que debemos confiar en nuestros parientes cercanos, especialmente cuando de los tíos se trata, máxime si estos son mayores en edad, pues inspiran en los sobrinos confianza que otras personas, incluso más que otros parientes también. 21. Siguiendo con el análisis de los elementos fácticos requeridos por el del Código Penal, que se considera no observado por el Tribunal de acción engañosa del señor C. A. M. R., claramente encaminada a la obtención de una prestación patrimonial a su favor, pero desfavorable para la señora C. M., veamos. Conforme al relato fáctico del fallo, y es de esta forma que el señor M. R., en su condición de Gerente General de la empresa “Comercial Mercantil, S. de R.L. de C.V.” (COMER) adquiere dicha vivienda, (…)la que posteriormente hipotecó a favor del Banco de Occidente, S. A. obteniendo una línea de crédito, es claro pues que el señor C. M. R. obtuvo para si una disposición patrimonial perjudicial para la señora C. M., quien no pudo recuperar su casa, pues además de haber sido adquirida por el acusado, bajo la promesa de devolverla después, la hipotecó a favor de un banco conocido, obteniendo un verdadero lucro. 22. En cuanto al requisito o condición para la existencia del delito de estafa, de que como consecuencia del error a que es inducido el sujeto pasivo, este realice un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que cause un perjuicio a él mismo o a un tercero, se encuentra claramente descrito en el factum del fallo. Pues bien, cuando el honorable Tribunal de Sentencia sostiene como una verdad, que el señor M. R. le dice a su sobrina C. que le devolvería la propiedad que estaba adquiriendo mediante compra realizada a otra persona, y confiando la víctima en la palabra de su pariente, no hace otra cosa más que esperar el cumplimiento de lo prometido, es cuando se produce el acto de disposición o desplazamiento patrimonial de parte de C. a favor del señor M. R., causando un perjuicio para la primera. 23. Si se toma en cuenta que es una verdad incuestionable que el señor M. R. le prometió a C. M. devolver la propiedad, y también como una verdad incuestionable que esta promesa no se produce, más bien el señor M. R. logra una línea de crédito, dando en garantía hipotecaria dicha propiedad, la víctima ha dispuesto de su patrimonio a favor del sujeto que la engaña, pues al haberle hecho dicha promesa de naturaleza económica éste último estaba aceptando que la propiedad le pertenecía a su sobrina C. M.. Pero como la promesa de devolver la propiedad nunca se cumplió por parte del señor M. R., la señora C. resultó gravemente perjudicada en su patrimonio. 24. Finalmente, siguiendo la doctrina jurisprudencial ya citada, de que debe existir una relación de causalidad entre el engaño de una parte y el acto dispositivo y correlativo perjuicio de la otra, es preciso decir que del mismo cuadro fáctico, respetado en este análisis, se puede deducir dicha relación causal. En efecto, el acto de disposición patrimonial y el correlativo perjuicio para la señora C. M., que antes se ha señalado, no pudo existir sin que se hubiese producido por parte del señor M. R. aquellas acciones o conductas engañosas. En otras palabras, la promesa del señor C. A. M. R. de devolverle la propiedad a su sobrina C., viene a crear un ambiente de tranquilidad en ésta, que no emprende ninguna acción para recuperar la propiedad de otra manera en aquel momento, sino esperar el cumplimiento de la promesa. De esta manera, el acto prometedor del ahora acusado tiene íntima relación con el resultado final de no poder disponer la señora C. M. de su patrimonio, y con el incremento patrimonial suscitado en el acusado. 25. En Conclusión, honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el delito de Estafa, previsto por el artículo 240 del Código penal, se encuentra descrito en la declaración de hechos probados, que en este caso es una verdad incuestionable. Los elementos objetivos y subjetivos del tipo, en la forma como los he perfilado se encuentran cometidos por el señor C. A. M. R., por ende, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa al concluir en la parte resolutiva del fallo que el acusado en cuestión no ha cometido el delito de Estafa, por el que fue acusado por la señora C. M. R., no observó el artículo 240 del Código Penal en toda su dimensión, produciendo de esta manera una infracción o violación a una ley penal de carácter sustantivo, la que sirvió para resolver el caso, en la forma ya dicha. APLICACIÓN PRETENDIDA. 26. Al haberse configurado, de manera palmaria y diáfana, los elementos objetivos del tipo penal invocado, previstos en el artículo 240 del Código Penal, puede decirse entonces que se ha cometido un delito de Estafa por el señor C. A. M. R., pero al no haberse condenado a éste por dicho delito, es evidente que el tribunal sentenciador ha infringido, por inobservancia, la norma que contiene la infracción penal pretendida. Procede en consecuencia, con la estimación de este motivo de casación, que la Sala de lo Penal declare la existencia de dicha infracción penal, en esa virtud, como tribunal de instancia, respetando el factum del tribunal sentenciador condene al señor C. a. M. R. como autor de un delito de Estafa en perjuicio de la propiedad de la señora C. M. R., con los demás pronunciamientos que corresponda.” RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL APODERADO DE LA ACUSADORA PRIVADA ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INFRINGIDO EL ARTICULO 240 DEL CODIGO PENAL, QUE TIPIFICA EL DELITO DE ESTAFA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Al haber prosperado el recurso que por quebrantamiento de forma interpusiera la Representación del Ministerio Público, esta Sala no considera pertinente pronunciarse sobre el presente motivo, que por infracción de ley, ha formulado el Apoderado de la Acusación Privada. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. “PRIMER MOTIVO: Adolecer la sentencia recurrida de una insuficiente motivación fáctica, ya que no se hizo una valoración racional, coherente y lógica de la declaración de la testigo-víctima C. M. R., brindada en la audiencia del debate. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El antes expresado precepto dispone: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: …“3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o…” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. 27. Conforme a lo que dispone el inciso 2) de la regla cuarta del artículo 338 Código Procesal Penal, al momento de redactar la sentencia penal, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. El artículo 362 del Código Procesal Penal, establece que podrá interponerse recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias (…). 28. La fundamentación analítica o intelectiva, sin lugar a dudas, es una cuestión sumamente importante en el razonamiento judicial al momento de la estructuración de la sentencia penal. Se trata de un procedimiento de valoración de las pruebas que se han practicado en el debate oral. Por medio de este razonamiento se trata de responder el porqué de la decisión adoptada por el tribunal sentenciador. Igualmente se trata de responder por qué se toman como válidos determinados elementos de prueba o, por qué se desechan otros. La fundamentación analítica o intelectiva se refiere específicamente a la valoración de las pruebas, según lo referido en el artículo 338 del Código Procesal Penal, en relación directa con el artículo 202 del mismo texto que dispone que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica y que el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. 29. Como se puede apreciar, la normativa insiste en que el razonamiento utilizado por el juzgador no sea arbitrario, sino, por el contrario, sometido a una serie de reglas de interpretación o de apreciación, es decir a las reglas de la sana crítica. Entonces, no existe una libertad absoluta en la valoración probatoria, lo cual supone un freno o control de la arbitrariedad, y a la vez una garantía para las partes en el procedimiento. La sana crítica se caracteriza porque el juez debe, además de valorar las pruebas, explicar el método y las reglas que tuvo en cuenta para arribar a la convicción. Dentro de las reglas de la sana crítica se encuentran, entre otras, las de la lógica. La lógica formal supone un razonamiento que nos debe llevar a una conclusión, también lógica. Se presenta ese razonamiento en la forma de un silogismo, compuesto de tres términos o conceptos básicos, articulados para formar dos proposiciones de las que necesariamente se debe derivar una nueva proposición que es la conclusión. Esta última no está comprendida en las anteriores pues se trata de un conocimiento nuevo. En el silogismo se articulan como proposiciones, una premisa mayor (general), una premisa menor (particular), y una conclusión. Como regla de valoración, la lógica se encuentra sometida al cumplimiento de ciertas reglas, mismas que deben ser observadas por el juzgador. 30. Esa honorable Sala de Casación, al referirse al vicio de falta de motivaciones fácticas o jurídicas de la sentencia penal, con ilustrado criterio de jurista internacionales, ha dicho, inter alia, que. Esta Sala de lo Penal considera importante aludir a lo que explica el argentino FERNANDO DE LA RUA, en su obra titulada: “El Recurso Casación”, sobre la temática de la falta de motivación, donde expresa que: “Es la ausencia de una exposición de los motivos, que justifiquen la convicción del Juez, en cuanto al hecho a las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese hecho, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a la cuestión” Habrá también falta de motivación cuando “esa exposición de motivos exista, y no obstante sea ilegítima, por estar constituida por pruebas inadmisibles, o nulas, o cuando no consista en una exposición lógicamente razonada de los fundamentos, o cuando de otra manera viole la reglas jurídicas que determinan su forma y contenido. La falta de motivación no puede consistir simplemente, en que el Juzgador no consigne por escrito las razones que lo determinan a declarar una concreta voluntad de la ley material que aplica, sino también en no razonar sobre los elementos introducidos en el proceso, de acuerdo con el sistema impuesto por la ley procesal, esto es en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia. El mismo jurista refiere que “Debe distinguirse, la falta de motivación, de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces”. Agrega que “la ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con nulidad cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta, o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial…”. 31. Pues bien honorable Sala Suprema, la doctrina expuesta es aplicable al caso concreto, como lo argumento a continuación. La sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, que ahora impugno por esta vía, adolece del vicio de falta de fundamentación analítica o intelectiva de una prueba esencial para la resolución del caso, esto es, la declaración de la testigo-víctima C. M. R., brindada en el acto de la vista pública, bajo las garantías de la inmediación, contradicción y publicidad, entre otras. 32. Como se podrá apreciar, la sentencia mediante la cual se absolvió de toda responsabilidad penal a los acusados, en el apartado correspondiente a la valoración de las pruebas practicadas en el debate recoge, de manera condensada, el testimonio ofrecido por la señora C. M. en su calidad de testigo de los hechos, haciendo una narración descriptiva de la declaración testimonial, tal como fue expresada en la vista pública. Según dicha descripción la testigo manifestó, de manera contundente, que ella en ningún momento compareció ante el Notario F. O. A. para otorgar el día doce de octubre de 2004 el instrumento número veintidós (22) de poder de administración a favor del señor A. E. B. L. Agregó la señora C. M. R. en su declaración testimonial otros aspectos, como que su número de identidad no se corresponde con el número de identidad consignado en la mencionada escritura que ella no otorgó. La testigo fue interroga por el Fiscal, el abogado de la acusación privada y la defensa de los acusados siendo conteste en el hecho de afirmar que ella no compareció ante los oficios del Notario que autorizó la escritura de realizar actos de riguroso dominio. Manifestó además a las partes y al tribunal que ella, algún tiempo estuvo padeciendo de una enfermedad por la que tuvo que pasar por tratamiento de quimioterapia. 33. Resulta que el tribunal sentenciador, no hizo una valoración coherente, sino más bien irracional del testimonio ofrecido por la testigo, lo que lo llevó a estructurar unos hechos probados alejados de la verdad. En efecto, en el apartado denominado “valoración conjunta prueba de cargo”, (transcribo tal como aparece en la sentencia) el tribunal de sentencia que conoció del juicio, no llega a concederle valor probatorio, arguyendo más bien tener dudas, derivadas de algunos hechos relacionados con la testigo. Veamos la transcripción de la valoración probatoria del tribunal sentenciador. En primer lugar tenemos el testimonio rendido por la señora C. M. R., una declaración amplia, contentiva de varios detalles y pormenores, en donde hizo saber al tribunal que en relación al acusado F. O. A., que ella en ningún momento compareció ante dicho Notario a otorgar un poder a favor de su pareja sentimental, A. E. B. L., ya fallecido. En igual forma la testigo narró la participación del acusado C. A. M. R., su tío, a quien ella le informó que en ningún momento había otorgado ese poder, y pese a esto, dicho pariente compró dicha propiedad, diciéndole que se la iba a devolver, cuestión que a esta fecha no hizo, sino más bien la hipotecó a favor de una institución bancaria, sacando provecho propio de esta transacción. Por su parte el dictamen pericial, ratificado en la audiencia de debate por la perito forense M. B. A., refuerza, en parte, la versión ofrecida por la ofendida, ya que la perito afirmó que entre la firma encontrada en el instrumento público número 22 del 12 de octubre de 2004, y el muestrario de firmas hecho por la señora C. M. R., se encuentran características diferentes. Pero a preguntas de la defensa, y es lo que pone en duda a este Tribunal, la perito respondió que hay situaciones que influyen que la misma varíe, cuales son: la edad y una enfermedad, y la señora C. M. R., manifestó que durante este periodo de tiempo, es decir, en que apareció ese poder y se vendió su casa, ella estuvo muy mal de salud, por lo tanto nace la incertidumbre en cuanto a la plena veracidad del testimonio brindado por dicha ofendida. En este punto, dicho extremo es retomado en la valoración de la prueba de la parte defensora. 34. Como se podrá apreciar, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa al realizar la valoración de la declaración de la señora C. M. R., no lo hizo racionalmente y con la debida coherencia como lo demanda la normativa ya expuesta, irrespetando el principio o ley fundamental de razón suficiente. Siguiendo a De La Rúa, conforme a esta ley, para que todo juicio sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o se con la pretensión de que sea verdad. Pues bien, para restarle valor probatorio a la declaración de la testigo-víctima C. M. R., el tribunal recurre al argumento de que, al ser preguntada por la defensa de los acusados, la perito que rindió dictamen concluyendo que la firma puesta en el protocolo no se corresponde con la de la señora C. M., aquella dijo que hay situaciones que la firma varíe, entre ellas la edad y una enfermedad, concluyendo que la señora C. manifestó que durante el tiempo en que pudo autorizarse la escritura de poder, estuvo mal de salud, por lo tanto, aduce el tribunal, nace la incertidumbre en cuanto a la plena veracidad del testimonio brindado por dicha ofendida. 35. Más adelante, el Tribunal de Sentencia al valorar la declaración de una Notaria que compareció como testigo, retorna la valoración del testimonio de la señora C. M., diciendo lo siguiente: Por último tenemos la declaración de una Notaria quien dijo que ella fue la persona que escribió el documento de poder, que por la mañana llegaron a su bufete dos personas del sexo masculino buscando los servicios del Notario F. O. A., a quien ella permitía que hiciera algunos trabajos en su despacho, que cuando se les preguntó por la persona que iba a firmar respondieron que se encontraba hospitalizada, y por la tarde llegaron las mismas dos personas acompañadas de una mujer, que fue la persona que firmó la escritura. Nuevamente se hace necesario relacionar esta declaración con el dictamen pericial calígrafo, ya que la perito forense declaró que la edad y la aparición de alguna enfermedad, son factores que hacen variar la firma, extremo que se debe relacionar con lo declarado por la propia señora C. M. R., quien aseveró que durante ese período de tiempo ella estuvo bastante mal de salud, incluso recibió tratamiento de quimioterapia, que su situación económica no era muy buena, aspectos que crean incertidumbre en el ánimo sentenciador en cuanto a la plena veracidad de lo declarado por la mencionada ofendida. 36. Es evidente que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa no realizó una valoración coherente de las pruebas practicadas en el debate llegando a la irracionalidad en dicha valoración. Pues bien, conforme a la ley o principio de razón suficiente a que antes me referí, no existe ninguna explicación del tribunal acerca de las razones suficientes que le llevaron a tener como ciertos esos hechos que le llevaron a dudar del testimonio ofrecido por la señora C.. Veamos primero el razonamiento del tribunal en relación a lo derivado de la respuesta que la perito da a la pregunta de la defensa, es decir, que una enfermedad o la edad pudiese hacer variar un afirma, y como la señora C. dijo que por la fecha de la elaboración de la escritura cuestionada se encontraba enferma, entonces al tribunal le asalta la duda si lo dicho por ella es verdad. Verdaderamente la valoración del tribunal se vuelve arbitraria por lo irracional del razonamiento utilizado. No existe ninguna razón para que un tribunal, o por lo menos el tribunal no lo explica, deseche un testimonio basándose en el hecho de que el declarante haya estado padeciendo de una enfermedad en algún momento, para que tiempo después no sea creíble. 37. La declaración de la testigo C. M. el tribunal la califica como amplia pormenorizada, además se encuentra reforzada o respaldada en un dato objetivo como es el dictamen científico de la perito en grafística, que asegura con contundencia que la firma puesta en un documento supuesto no se puede asociar con la firma verdadera de la testigo. Pues bien, es aquí en donde el principio de razón suficiente es violentado por el tribunal al momento de la valoración del testimonio, y lo es en dos vías. Por una parte, para que se afirme con contundencia que la testigo no esté diciendo la verdad se requiere de la concurrencia de una serie de factores de carácter exógeno y endógeno que concurran para invalidar el testimonio. El tribunal no ha encontrado ninguno de esos factores, solamente se apoya en el hecho de que la testigo padeció de una enfermedad en algún tiempo, aspecto que en manera alguna puede ser una razón suficiente en este caso para desvalorar el testimonio. Por otra parte, de acuerdo a una valoración coherente y racional del testimonio de la víctima, tomando en consideración que el mismo se encuentra respaldado por un dato objetivo muy fuerte como es la pericia de la perita en grafística, sí que existe razón suficiente para darle plena validez a dicho testimonio, pues de dicha declaración no puede derivarse otra conclusión más que efectivamente la víctima en aquella ocasión no compareció ante el Notario y firmar el espurio instrumento. 38. El tribunal sentenciador, no solamente violenta las reglas de valoración ya dichas, en relación a estos aspectos ya señalados, también lo hace cuando valora el testimonio de la Notaria A. L. C. G. que declaró en la vista pública. El tribunal recoge en parte lo declarado por esta persona; según su dicho ella fue la persona que redacto el documento cuestionado, aduce que llegaron dos personas del sexo masculino, y que se les preguntó por la otra persona que debía firmar la escritura, contestando que estaba hospitalizada, pero que más tarde llegaron las mismas personas acompañadas de una mujer que fue quien firmó la escritura. De acuerdo a este relato, lo lógico que se puede pensar es que la persona que llegó a firmar la escritura no es la persona que estaba hospitalizada, pues no es posible que una persona bajo esas circunstancias abandone fácilmente el hospital para ir a firmar una escritura, cuando la experiencia nos dice que en estos casos el Notario es el llamado a comparecer al hospital para escuchar al otorgante y en ese lugar se firma el instrumento. Entonces el tribunal razona mal y se equivoca otra vez, no existen razones suficientes para que de lo afirmado por esta testigo Notaria A. L. C. G., se deriven consecuencias lógicas para desestimar el testimonio de la señora C. M. R.. 39. En conclusión honorable Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al dictar la sentencia que absuelve a los acusados incurrió en el vicio de falta de motivación en el razonamiento utilizado para la valoración de las pruebas, pues no ha explicado debidamente de dónde se derivan sus conclusiones acerca de la desestimación del testimonio de la señora C. M. R., como tampoco explicó las razones suficientes para darle credibilidad a la testigo Notaria quien, según lo dicho en la valoración, le llevó a dudar del testimonio de C.. Por ende, procede que con la estimación de este motivo de casación, se proceda a la nulidad de la sentencia y del juicio en la cual se dictó, para proceda conforme a derecho.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA ACUSACION PRIVADA, ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA, CONTIENE UNA MOTIVACIÓN FÁCTICA INSUFICIENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia concretamente sobre el presente motivo planteado por el acusador privado, por haber prosperado el recurso de casación por Quebrantamiento de forma, interpuesto por la representación del Ministerio Público. “SEGUNDO MOTIVO: Adolecer la sentencia recurrida del vicio de casación de falta de observación de la reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El antes expresado precepto dispone: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: …“3. Que… o si en la valoración de las prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. 40. Conforme a lo que dispone el inciso 2) de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, al momento de redactar la sentencia penal, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. 41. Honorable Sala de Casación Penal, este motivo de casación que ahora se explica tiene íntima relación con el anterior que he explicado, nada más que en este se enfatiza el hecho de que la equivocación del juzgador se deriva, no solamente del hecho de no haber explicado debidamente el razonamiento utilizado para la valoración de las pruebas, sino de la violación de las reglas de la sana crítica que deben guiarle para la valoración de las pruebas que tuvo en cuenta para declarar los hechos probados. Pues bien, de acuerdo a lo dispuesto desde el artículo 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal, los tribunales de sentencia para resolver el caso deben tener en cuenta solamente las pruebas practicadas en el debate, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. 42. De conformidad al principio de verdad real que inspira el método probatorio en el sistema procesal penal hondureño, el sistema de libre valoración basado en la sana crítica no puede erigirse como un sistema absoluto, libre de toda regla de valoración, pues ello supondría regresar a la arbitrariedad del viejo sistema inquisitivo. Pues bien, las reglas a que está sometido el juzgador en este sistema de enjuiciamiento penal son los de la lógica, las máximas de la experiencia, y la psicología del juzgador. Sobre las reglas de la lógica, que es lo que en esta parte nos interesa explicar, un razonamiento que nos debe llevar a una conclusión, también lógica, alejada de toda irracionalidad, por eso se articulan una serie de principios o reglas del recto entendimiento humano. 43. Como método utilizado para el razonamiento judicial, la lógica se sometida al cumplimiento de ciertas reglas, mismas que deben ser observadas por el juzgador. En opinión de DE LA RUA[8], al referirse al término reglas lógicas, dice: Las leyes del pensamiento son leyes a priori, independientemente de la experiencia, se presentan a nuestro raciocinio como necesarias, evidentes e indiscutibles cuando analizamos nuestros propios. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. 44. Pues bien, una de las leyes de la lógica del pensamiento que debe gobernar el quehacer de los jueces en el momento, nada fácil, de valorar las pruebas es la ley o regla de la derivación, según la cual, cada pensamiento debe provenir de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un juicio o razonamiento que no es derivado, sino el punto de partida de todos. Consecuencia de esta ley lógica, es la regla o principio de razón suficiente. Según esta regla, para que todo juicio sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o se niega. Pues bien, mi tarea aquí al cuestionar el razonamiento del Juzgador de instancia, es decirle a esa Honorable Corte Suprema como se entiende que se debe derivar una conclusión lógica y cómo se explica que existe una razón suficiente para ello. 45. Veamos pues cómo es que el tribunal de sentencia se ha equivocado en la valoración de una prueba de vital importancia para la resolución del caso planteado, cuyo error ha implicado la no reconstrucción del hecho histórico llevado a juicio. Resulta que una de las pruebas esenciales para la determinación de un delito de falsedad documental, además de una prueba personal como un testimonio, lo es una pericia sobre el objeto material de la falsedad de la cual se extraiga la verdad de haberse producido una falsedad de tipo material. Es el caso que en la investigación preliminar de los hechos que fueron llevados a juicio, el Ministerio Público ordenó la pericia de la firma puesta en el protocolo del Notario F. O. A. al momento del otorgamiento de un instrumento fechado el día 12 de octubre de 2002, y que lleva el número correlativo veintidós (22), pues según la fe pública notarial, mientras no se prueba lo contrario mediante un dato objetivo, la firma sería de la persona que se dice ha comparecido al otorgamiento. Es así que se practica, por la perita M. C. B. A., una pericia que fue explicada en la vista pública y que se encuentra debidamente documentada en el expediente. 46. Conforme a la pericia rendida por la perita en cuestión y que fue ratificada en el acto de la vista pública, al comparar la firma visible entre los renglones 18, l9 y 20 del folio número treinta y dos (32) del instrumento número veintidós (22) de doce de octubre del año dos mil dos, del protocolo del Notario F. O. A., con un muestrario de escritura de C. M. R., tomado en el laboratorio de documentología el día 30 de julio de 2009, mismo que consta de seis (6) folios, se concluyó en lo siguiente: NO SE PUEDE ASOCIAR LA CONFECCIÓN DE LA FIRMA CUESTIONADA CON UNA AUTORÍA POR PARTE DE C. M. R.. Esta pericia fue debidamente explicada y ratificada por la perito en el acto de la vista pública. El tribunal en la sentencia que ahora se impugna por esta vía, hace relación de las condiciones personales y profesionales de la perito en cuestión, y relaciona las respuestas a las preguntas formuladas por las partes. Relaciona en la parte final de la relación de la pericia lo siguiente: A lo interrogado por la Defensora Pública contestó que la edad y la enfermedad son factores que puede modificar la escritura. 47. El tribunal sentenciador al valorar el medio de prueba pericial, al que hago referencia, lo hace de manera irracional llegando a conclusiones ilógicas, pues viola la regla o principio de derivación. En realidad, el tribunal sentenciador no valora la pericia, cometiendo un grave error pues es la prueba de importancia capital para llegar a la verdad real en este caso. Como se podrá apreciar, en unas escasas líneas solamente hace una relación descriptiva del medio de prueba, sin hacer valoración alguna. Es en la valoración del testimonio de la señora C. M. R. y de la testigo Notaria A. L. C. G., que se refiere al hecho de que la perita al ser preguntada por la Defensora Pública, respondió que hay situaciones que influyen que la firma varíe, entre ellas la enfermedad y la edad, razonando equivocadamente, que como la señora C. M. R. estuvo enferma alrededor de la fecha del otorgamiento de la escritura, nace la incertidumbre en cuanto a la plena veracidad del testimonio brindado por dicha ofendida. 48. Podrá apreciar entonces la honorable Corte que no existe una valoración completa de la pericia, pero no la estima en sentido positivo para declarar la verdad que se quiere descubrir en cuanto a la autoría de la firma puesta en el instrumento público cuestionado. Pues bien, es mi opinión que la pericia rendida por la señora M. C. B. A., en tanto no ha sido cuestionada por ninguna prueba objetiva, científicamente confiable, y sin existir motivaciones de carácter espurio que hiciesen desconfiar al juzgador, resulta ser objetivamente confiable, por haber sido realizada mediante un método científico que no fue cuestionado. En conclusión la firma puesta en el protocolo del Notario acusado, no es la firma de la señora C. M. R.., por ende, dicha señora no compareció a la Notaria del señor Notario F. O. A. a otorgar el instrumento cuestionado, siendo en consecuencia un documento falso. Y es que, de acuerdo a la regla o principio lógico de derivación, como una de las reglas de la sana crítica, de la pericia en cuestión solamente puede derivarse una sola consecuencia, y es que la firma puesta en el protocolo del Notario no fue hecha por la señora C. M. R., sino por otra persona que la suplantó. Consecuencia de dicha derivación es la absoluta falsificación de dicho instrumento público. 49. Honorable Sala de Casación Penal, el tribunal de sentencia conocedor de esta causa ha violado también la ley de derivación en su manifestación de suficiente, pues del dictamen pericial que apreció incorrectamente, no pudo derivar razonablemente y con suficiencia que, la señora C. M. R. no compareció ante el Notario O. A., arriba referenciado, entonces alguien distinto a ella fingió su firma, y al haber autorizado el mismo Notario el instrumento número veintidós (22) en fecha 22 de octubre de 2002, sin la comparecencia de la persona que se dice haber comparecido, es el autor de dicha falsificación. 50. Siguiendo con la violación a la regla o principio de razón suficiente, he de decir que el tribunal sentenciador ha incurrido en violación a dicho principio al valorar este medio de prueba pericial de manera conjunta con la declaración de testigovíctima C. M. R., derivando en conclusiones irracionales, como que debido a la afirmación de la perito de que una enfermedad y la edad pueden variar la escritura, y que al haber padecido 1a señora C. c. enfermedad, entra en duda en relación a la autoría de la firma cuestionada. Para llegar este extremo de certeza, el tribunal tuvo que derivar sus conclusiones de pruebas objetivas, para que exista una razón suficiente para arribar a dicho razonamiento. Nótese que la perita le dice el tribunal que una enfermedad y la edad pueden hacer variar los rasgos escriturales, pero no se profundiza en qué tipo de enfermedades y que edad puede ser la causa de ello. 51. Por lo anterior, un razonamiento coherente nos indica, que para llegar a la conclusión a que arribó el tribunal, necesitaba la comprobación de dos extremos: la certeza de que C. M. R. padeció en esa fecha una enfermedad que le impedía usar sus manos para tomar con firmeza un bolígrafo para escribir, como una parálisis total o parcial de sus miembros superiores, o una enfermedad que le ocasiones trastornos en sus movimientos corporales como el Parkinson, enfermedades conocidas por todos. Nada de eso tuvo como probado el tribunal, simplemente la afirmación de la testigo-víctima de que estuvo enferma en cierto tiempo de su vida. En cuanto a la edad, es claro que la señora C. por la fecha en que ocurrieron los hechos cursaba apenas la cuarta década de su vida, por lo que este factor no podía influir en lo absoluto en cuanto al cambio de sus rasgos escriturales. En consecuencia no existen razones suficientes para que el tribunal sentenciador haya arribado a esas conclusiones irracionales, por ende, se reitera, el tribunal sentenciador violó las reglas del recto entendimiento, en su manifestación de derivación y de razón suficiente. 52. Igual que el anterior, este vicio de la sentencia supone una causa que da lugar a la nulidad de absoluta de la misma, por lo que, estimando este motivo del recurso, la Sala de lo Penal debe casar la sentencia recurrida, mandando hacer una nueva sustanciación del debate, en el cual se dicte nueva sentencia en la que se corrija el error señalado.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA ACUSACION PRIVADA, ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL A QUO NO HA OBSERVADO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia concretamente sobre el presente motivo formulado por el acusador privado, por haber prosperado el recurso de casación por Quebrantamiento de forma, interpuesto por la representación del Ministerio Público. “TERCER MOTIVO: Adolecer la sentencia recurrida de una motivación jurídica contradictoria, en vista que hace apreciaciones de carácter jurídico sobre aspectos de derecho sin conexión con la declaración de hechos probados. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación también se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El antes expresado precepto dispone: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: …“3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o …” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. 53. Conforme a lo que dispone el inciso 2) de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, al momento de redactar la sentencia penal, se consignarán, de forma clara y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; (…). 54. Honorable Sala de Casación Penal, este motivo de casación se estructura sobre la base de una insuficiente fundamentación jurídica del fallo, a la vez contradictoria, violentando lo dispuesto en el antes invocado artículo 338 del Código Procesal Penal. Es el caso pues, que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, para justificar el fallo absolutorio a favor del acusado F. O. A., recurre a ciertos razonamientos de carácter jurídico, con los que se pretender dejar vacío de contenido el artículo 284 del Código Penal, supeditando el ejercicio de la jurisdicción penal al previo pronunciamiento de la jurisdicción civil, en aquellos casos en que se alegue la falsedad de un instrumento público notarial. Lo anterior podría ser correcto si este razonamiento encontrara una correspondencia con la declaración de hechos probados estimada por el tribunal sentenciador, pues justamente la fundamentación jurídica del fallo sirve para darle sentido y alcance a ese cuadro fáctico, dotándolo de relevancia jurídica- penal o, por el contrario, desestimando dicha relevancia jurídica. 55. La norma adjetiva que se considera infringida dispone que el tribunal de sentencia deba consignar, de forma clara y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados. Lo anterior quiere decir que el tribunal de sentencia debe fundamentar jurídicamente su sentencia de una manera armónica y coherente, de forma que exista racionalidad en la fundamentación. Armonía y coherencia en la fundamentación jurídica del fallo existe cuando el sentenciador justifica debidamente los hechos que ha declarado probados, pues de esa manera le explica a los destinatarios de la sentencia, cuales son las consecuencias jurídicas que de aquellos se derivan. Esto tiene que ser así, pues la motivación o fundamentación es una obligación juzgador. Obligación que se deriva de lo dispuesto en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, entre otros. 56. La motivación, en palabras de MAIER[9], es la exposición de las razones de de derecho que justifican una decisión judicial. Sostiene este autor, que exteriorizar el porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el tribunal afirma para arribar a una solución del caso. Conforme a lo dicho, la motivación importa explicar el curso o hilo de pensamiento del juzgador, mediante la utilización de un razonamiento lógico y congruente, en el cual encuentra apoyo la decisión adoptada. Es la motivación, en palabras sencillas, las explicaciones del juzgador a las partes, a los demás tribunales y a la sociedad en general, en relación a una decisión adoptada. 57. Pues bien, el vicio de la sentencia que ahora se denuncia, se manifiesta por el hecho de que parte de la fundamentación jurídica no tiene correspondencia con la declaración de hechos probados del fallo. El tribunal de sentencia declara la libre absolución del acusado F. O. A., sobre la base de que la jurisdicción penal, para el enjuiciamiento de la conducta de un Notario a quien se le atribuye responsabilidad penal por la falsificación de un instrumento público, depende del previo pronunciamiento de que la jurisdicción civil haya declarado la nulidad del instrumento en cuestión. Efectivamente, el tribunal sentenciador, después de transcribir algunos considerandos de sentencias proferidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en materia de amparo se ha pronunciado en relación a la nulidad de los instrumentos públicos notariales y su relevancia penal, termina concluyendo, Vemos entonces que la posición de la Sala Constitucional es clara en este aspecto, que para que la jurisdicción penal conozca de un delito de falsificación de documentos, donde entre en juego la función del notariado, es preciso, que previo la jurisdicción civil se haya pronunciado sobre el carácter ilícito llevado a cabo por determinado notario público, cuestión que no sucede en el caso examine, pues la parte acusadora, ni siquiera ha hecho mención a esta circunstancia, sino que únicamente ha esbozado su planteamiento de carácter punitivo, solicitando un fallo condenatorio en contra del Notario F. O. A.a, por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, (…). 58. Aparte de que la referida doctrina jurisprudencial, a que alude el tribunal de sentencia, es sumamente discutible, pues no enjuicia casos iguales, refiriéndose alguna sentencia de las citadas a la nulidad de los instrumentos y otros a la falsedad, asuntos totalmente distintos, también dicha doctrina no se encuentra actualizada, recogiendo pronunciamientos que datan de más de una década, pronunciados antes de la vigencia del vigente Código del Notariado, lo relevante para este alegato, es que la fundamentación jurídica que las reconoce se encuentra desvinculada absolutamente con la declaración de hechos probados de la sentencia cuyo fallo se trata de justificar. 59. Es el caso que el tribunal sentenciador solamente estructura dos párrafos para declarar probados los hechos reconstruidos en el juicio. Es en el primer párrafo del factum que el Tribunal de Sentencia menciona al Notario F. O. A., pero sin atribuirle conducta alguna, que luego deba ser calificada como relevante o irrelevante penalmente. Para una mayor comprensión transcribo a continuación el párrafo de la declaración de hechos probados en la que se menciona al acusado. PRIMERO: Haciendo uso de un poder autorizado por el Notario F. O. A., mediante instrumento público número veintidós, en fecha doce de octubre de 2004, el señor A. E. B. L., comparece en esa misma data ante la Notaría de C. R., vendiendo al señor S. M. O. una casa de habitación ubicada en el lugar denominado Hato de En medio de este Distrito Central, propiedad de la señora C. M. R., quien aparece como la otorgante del Poder referido, y pareja del señor B. L. en ese entonces. 60. Como podrá apreciar la honorable Sala de Casación, el hecho probado está referido a la conducta activa de los señores A. E. B. L. y Santos M. O., quienes ante la Notaria C. R. formalizaron una compra-venta de la casa de habitación propiedad de C. M. R.. No se describe en el factum ninguna conducta activa del señor Notario en cuestión, porque el tribunal de juicio lo excluyó de la recreación de los hechos históricos, al no haber valorado las dos pruebas torales que demuestran la falsificación del instrumento por él elaborado, es decir, el testimonio de la señora C. M. R. y el dictamen pericial de grafística de la perita M. C. B. A.. 61. Es el caso entonces, que al no encontrarse descrita la participación del mencionado acusado en la declaración de hechos probados, no tiene correspondencia la fundamentación jurídica a la que se recurre para justificar la absolución del Notario, con los hechos probados, volviéndose en consecuencia la motivación expresada totalmente contradictoria. El hecho de entender que para la procedencia de la jurisdicción penal en este caso, como método o camino para el descubrimiento de la verdad, debió haberse recurrido previamente a la jurisdicción civil en busca de un pronunciamiento sobre la nulidad e invalidez del instrumento público, resulta contradictorio, toda vez que la jurisdicción penal no depende del previo pronunciamiento de la civil para la configuración de un delitos de falsificación de documentos públicos, mediante una falsedad material o ideológica de las que se establecen en el artículo 284 del Código Penal. 62. Contradictoria resulta esta motivación de carácter jurídico, pues no está justificando ninguna conducta declarada probada antes en elfactum del fallo que se trata de justificar. En todo caso, el tribunal de juicio si quería exculpar al señor Notario por entender que su conducta no es penalmente relevante, debió incluir su conducta en la declaración de hechos probados. De esta manera, existiría una completa correspondencia entre la fundamentación jurídica y los hechos que se tratan de justificar, independientemente que se tenga o no razón en ello. La inexistencia de una declaración de hechos probados, depende ciertamente de que el tribunal así lo considere, a partir de valoración de las pruebas. En ese caso motivación o fundamentación jurídica tendría que versar sobre aspectos de otro carácter, no sobre la falta de relevancia penal de una conducta no declarada antes. 63. Como el anterior, este vicio denunciado supone una causa que da lugar a la nulidad de absoluta de la sentencia, por lo que, estimando este motivo del r la Sala de lo Penal debe casarla, mandando hacer una nueva sustanciación del debate, en el cual se dicte nueva sentencia en la que se corrija el error señalado, dictándose el fallo conforme a derecho. RECLAMO INTENTADO PARA LA SUBSANACIÓN DE LOS VICIOS DE LA SENTENCIA. Como los vicios señalados anteriormente, y que han dado lugar a interponer recurso de casación en la forma, se han producido en el mismo momento del dictado de la sentencia, es decir, este acto procesal que se impugna, no ha sido posible su reclamación más que por este medio de impugnación.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA ACUSACION PRIVADA, ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA CONTIENE UNA MOTIVACIÓN JURÍDICA CONTRADICTORIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia concretamente sobre el presente motivo planteado por el acusador privado, por haber prosperado el recurso de casación por Quebrantamiento de forma, interpuesto por la representación del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su único motivo, interpuesto por la Representación del Ministerio Público y casa la sentencia. 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha uno de Agosto de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, D.epartamento de Francisco Morazán, y del debate en que se pronunció.- Y MANDA: 1) Que se repita el debate, con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.
FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-459-2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.
[2] Vid. BUSTO RAMIREZ, JUAN J. / HORMAZABAL MALAREE, HERNAN, en Lecciones de Derecho Penal, Editorial Trotta, Madrid, 2006, pág. 362, cuando explican que las condiciones objetivas de procedibilidad “se trata de casos que no condicionan la reacción penal sino que su persecución..”, en el mismo sentido: MUÑOZ CONDE, FRANCISCO / GARCIA ARAN, MERCEDES, Derecho Penal, Parte General, 8ª edición, revisada y puesta al día, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 401, expresan que: “...condicionan, no la existencia del delito, sino su persecución procesal, es decir, la apertura de un procedimiento penal. Se trata de obstáculos procesales que, en el fondo, tienen la misma función que las condiciones objetivas de penalidad…”
[3] Sentencia de 3 de diciembre de 2010, Recurso de Casación n° 336-08, sentencia de 17 de mayo de 2012, Recurso de casación n° SP- 131-2009, Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Base de datos de jurisprudencia Penal. DVD.
[4] Esta sentencia no se encuentra incluida en la base de datos de jurisprudencia penal, 2009-2013, en formato DVD del DEDIJ, pero se encuentra en el expediente formado para conocer el recurso de casación 223-2012, obrando original en los archivos de la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[5] Véanse entre otros: CREUS, Carlos; Derecho Penal. Parte especial, editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1991; MUÑOS CONDE, Francisco; Derecho Penal. Parte especial, Undécima edición, Tirand lo blanch. Valencia (España) 1996.
[6] Véanse, entre otras, Sentencia de 3 de noviembre de 2011. Casación Penal S.P. N° 90-2009. Base de datos de jurisprudencia penal 2009-2013, Formato DVD.
[7] Pueden verse, entre otras, la sentencia número 410/2014 de 21 de mayo de 2014. Base de datos de jurisprudencia, CENDOJ, www.poderjudicial.es
[8] DE LA RUA, Fernando; El recurso de casación; Victor P. de Zavalía editor,; Buenos Aires, Argentina, 1968, págs. 175-176
[9] MAIER, julio B.J. DERECHO PROCESAL PENAL. Fundamentos. Tomo I, editores de puerto S. de R.L. Argentina, 1996, pág. 482.