Sentencia CP-443-12 — Registro 5787
Resumen
Se condenó en primer instancia a las imputadas por el delito de complice de homicidio simple.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...RECURSO DE INFRACCION DE LEY EN SU PRIMER MOTIVO MEDIANTE LA CUAL SE SEÑALA LA INTERPRETACION ERRONEA DEL ARTICULO 33 DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, INVOCANDO COMO PRECEPTO AUTORIZANTE EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional Recurso de Apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de Casación por Infracción de Ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los Hechos Declarados Probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el Recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El Artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la Ley Penal. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de Hechos Probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- I. Retornando al caso que ahora nos ocupa, esta Sala observa que el Recurrente no cuestiona y censura los Hechos declarados probados por el Juzgador de Instancia, sino lo que constata es que el Censor fustiga y señala que “no existe ninguna prueba relacionada en el juicio que hayan declarado que mis defendidas fueron las personas que le dieron el arma (cuchillo) al señor J. B. G. M., como esta Honorable Corte puede constatar las declaraciones de los testigos de cargo, que fueron presentados en la audiencia de juicio oral y público, que son B. M. M. R., C. R. M., y R. M. M. R., todas las testigos declararon que ellas miraron cuando el señor J. B. G. M., sacó el cuchillo de la cintura o sea de la parte de tras de su cuerpo y fue donde le colocó la herida, dando con ésta declaración que mis defendidas no cooperaron en nada en la ejecución del hecho porque el propio imputado señor J. B. G. M., el andaba oculto el puñal, en consecuencia existe interpretación errónea de parte del tribunal sentenciador del artículo 33, porque no consta con pruebas suficientes para haber el Tribunal condenado a mis defendidas por el delito de cómplice de homicidio en perjuicio del causante J. L. A. M., que mas bien se considera que en base al Artículo 337, Segundo Párrafo del Código Procesal Penal, debió mas bien el Tribunal considerar el hecho enjuiciado como constitutivo de falta todo en virtud de las declaraciones de las testigos de cargo, no señalan concretamente que mis defendidas hayan cooperado de manera directa en el acto o anterior en lo referente al arma que utilizo el señor J. B. G. M., mas bien las testigos de cargo ya mencionadas ratifican que el señor J. B. G. M., andaba el cuchillo (puñal) de manera oculto de su cuerpo en la espalda, él se lo sacó y fue donde le causó la herida al señor J. L. A. M.”, por lo que no ha explicado el motivo de casación por Infracción de Ley sustantiva en la forma debida, sino que ha llevado el señalamiento de dicha infracción como si se tratara de un Recurso por Quebrantamiento de Forma establecido en el Código Procesal Penal, por lo que es evidente que se ha equivocado radicalmente de camino recursivo que debió andar en este campo. El motivo, no encuentra acogida en la normativa procedimental penal aplicable al caso, dado que la Casación es un Recurso Extraordinario, y cada recurso tiene sus propias características, de manera que, al hacer invocación de aspectos pertenecientes dos tipos de casación existentes en el sistema penal da como resultado que no exista guía alguna para que los Jueces Superiores puedan entender cual es en sí el núcleo del reclamo y la pretensión que se persigue, por ello es ineluctable declarar Sin Lugar este Primer Motivo del Recurso de Casación planteado como Infracción de Ley..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...VIII. RECURSO DE INFRACCION DE LEY EN SU SEGUNDO MOTIVO MEDIANTE LA CUAL SE SEÑALA LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 33 DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, INVOCANDO COMO PRECEPTO AUTORIZANTE EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A quo, a efecto de determinar si el precepto penal invocado ha sido indebidamente aplicado, tal y como lo afirma el Censor, o si por el contrario, su aplicación es correcta, en consecuencia, procede esta Sala a explicar su apreciación y a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) El Impetrante realiza el abordaje de su recurso a partir de que “por tales consideraciones y análisis se constata que el Tribunal sentenciador aplicó indebidamente el artículo 33, del código penal, en virtud que no consta en el juicio oral y público ni en las investigaciones de la etapa preparatoria, de la etapa intermedia del juicio oral y público, ni en la denuncia ni cuando se presento el requerimiento fiscal, ni en la investigación preliminar ni en la audiencia inicial ,ni en la formalización de la acusación , ni en la contestación de cargo ni en el auto de apertura a juicio se menciono el delito de cómplice de homicidio en perjuicio del señor J. L. A. M., por tal razón señalo en este motivo de casación que el Tribunal Sentenciador aplicó indebidamente el artículo 33, del Código Penal, con relación al artículo 37 del Código Procesal Penal, si el Tribunal sentenciador hubiera aplicado correctamente la ley sustantiva y la ley secundaria el resultado hubiera sido que el juzgador no hubiera condenado a mis representadas por le delito de complicidad en un homicidio en perjuicio del señor J. L. A. M. mas bien hubiera quedado únicamente con el fallo que se absolvieron de toda responsabilidad penal por el delito de homicidio simple , en consecuencia la sentencia emitida por los jueces de la sala primera del Tribunal de Sentencias en fecha 26 de junio del año 2012, a violentado la norma penal por haberla aplicado de manera indebida.” DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- I. Esta Sala observa que los alegatos del Recurrente en este Motivo no guardan logicidad y congruencia, pues en el primer motivo de Infracción de Ley señala que el Artículo 33 del Código Penal fue interpretado erróneamente por el Tribunal de Sentencia, ello supone entonces que para el Censor si debió de aplicarse dicho precepto legal pero en un sentido destinto; en tanto en este segundo motivo el Censor aduce que el Artículo 33 precitado, no debió ser aplicado, lo que evidencia que dichas argumentaciones son excluyentes entre sí, ya que es imposible que sobre una misma disposición legal puedan invocarse dos formas de Infracción de Ley. Asimismo esta Sala observa que el Recurrente incurre en el error señalado en el estudio del prime motivo, agravando su situación ya que el argumento medular del motivo gira alrededor de la denuncia, del requerimiento fiscal, de la investigación preliminar, de la audiencia inicial, de la formalización de la acusación, de la apertura a juicio el juicio oral y público, de la etapa intermedia del juicio oral y público, aspectos impropios de ser abordado en un motivo por Infracción de Ley. II. Asimismo esta Sala, quiere dejar sentado que la inaplicabilidad de la norma penal sustantiva que se ataca solo podría tener cabida si se confronta con los hechos probados aisladamente o suprimiendo aquellas verdades fácticas que configuran el ilícito por el que se juzgó a las Imputadas y no como parte de un todo; al verificar la confrontación de la norma penal con los Hechos Probados completos, se aprecia sin lugar a dudas la correlación entre los hechos probados y el Artículo 33 del Código Penal, estimando esta Sala que los Hechos Probados ciertamente reúnen los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo penal por el que se juzgó. Esta Sala reitera que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. Un estudio exhaustivo del precepto invocado como infringido parangonándolo con los hechos declarados probados, no denota error de subsunción alguno; no se colige en forma alguna que el tribunal de instancia erró en la diagnosis al aplicar a los hechos probados un precepto penal sustantivo que ciertamente le es atribuible, por ello no procede el Segundo Motivo por Infracción de Ley invocado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) dias del mes de junio de dos mil quince (2015) por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1)CONDENANDO a las señoras B. K. H. H. Y R. E. H. H., a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de COMPLICES DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de J. L. A. M..2) CONDENANDO a las señoras B. K. H. H. Y R. E.H. H., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.3) DECLARO la responsabilidad civil de las señoras B. K. H. H. Y R. E. H. H.. 4) NO CONDENO a dichas procesadas en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional el Abogado J. E. R. P., en su condición de Apoderado Defensor de las señoras B. K. H. H. Y R. E. H. H.. SON PARTES: El Abogado J. E. R. P. en su condición de Apoderado Defensor de las señoras B. C. H. H. y R. E. H. E., como Parte Recurrente y la Abogada D. R. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día veinticinco de Diciembre del año dos mil diez entre las doce y una de la madrugada, el señor J. L. A. M. había tomado bebidas alcohólicas y se encontraba en su vecindario sita en la Colonia Australia de Comayagüela, cuando a la hora antes indicada se dirigió hacia la casa de habitación de su vecina B. K. H., con el fin de que le vendieran cervezas ya que en dicha vivienda funcionaba un pequeño negocio, y donde la señora B. K. H. se encontraba con sus hermanas, entre ellas la señora R. E. H., su compañero de hogar y su hijo de ambos de nombre J. J. G. H., departiendo todos con motivo de la celebración navideña de esa fecha. SEGUNDO: Al serle negada la venta de la bebida solicitada, el señor J. L. A. M. se retiró por unos minutos, momento en el cual cerraron dicho negocio, no obstante, el señor J. L. A. M. regresó nuevamente a tocar la puerta, y después de insistir y golpear la misma, salió de la vivienda el compañero de hogar de B. K. H. portando una barra de metal para agredirlo. En ese momento también salieron de la vivienda la señora B. K. H. y su hermana señora R. E. H., produciéndose en ese momento una fuerte desavenencia entre el compañero de hogar de B. K. H. y el señor J. L. A. M., quien fue seguido por el individuo mencionado con una barra de metal y acto seguido las señoras B. K. Y R. E., ambas de apellido H., le manifestaban al compañero de hogar de B. K. H., que matara al señor J. L. A. M. diciendo: “comételo, que si no te lo comes nos lo vamos a comer nosotras” todo lo cual terminó cuando el compañero de hogar de B. K. H. con un arma blanca nominado como cuchillo o puñal infirió al señor J. L. A. M. una herida en el costado derecho de su cuerpo, que le laceró el pulmón, causándole una hemotorax que le produjo la muerte instantes después a consecuencia de la herida recibida. “ C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado J. E. R. P., en su condición de Apoderado Legal de las señoras B. K. H. H. Y R. E. H. H., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.” II.-EL RECURRENTE ABOGADO J. E. R. P., ACTUANDO EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LAS SEÑORAS B. K. H. H. Y R. E. H. H., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO; Por violación al derecho constitucional de defensa. PRECEPTO AUTORIZANTE; El Presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL UNICO MOTIVO. La norma constitucional que se invoca como infringida son los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica que dice el artículo 82 “el derecho de defensa es inviolable los habitantes de la republica tiene libre acceso a los tribunales para ejercer en la forma que señalan las leyes, y el artículo 90 párrafo primero dice así ” nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece de igual forma en relación la artículo 14, del Código Procesal Penal, prescribe el derecho de defensa es inviolable. El imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba, y a i8 penal estarán obligados hacer valer con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también las que lo eximan de ellas, la extingan o atenúen. Así mismo relacionado con los artículos 319, párrafo cuarto, y 337, del Código Procesal Penal que expresa el artículo 319, párrafo cuarto, inmediatamente declarara abierto el debate, y después concederá la palabra por su orden al Fiscal y al acusador privado o en su caso y al defensor para que expongan oralmente y en forma breve y sumaria las posiciones planteadas en la formalización de la acusación y en la contestación de cargo y el artículo 337, dice así; congruencia de la sentencia con la acusación.- La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos, y en el auto de apertura a juicio, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado, en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicada. Si el Tribunal considera que el hecho enjuiciado en constitutivo de falta podrá apreciarlo así; en su sentencia, sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso. De lo anterior se desprende que es una obligación del estado y especialmente de los Tribunales que imparten justicia en un proceso penal, no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarles a las personas, que enfrentan un juicio y que este debe de ser justo, y apegado a derecho, en virtud que la sentencia emitida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán al dictar la sentencia donde se condena a mis defendidas señoras B. C. H. H. y R. E. H. E., por el delito de cómplices en un delito de homicidio, dicha sentencia es gravosa en contra de mis representadas en virtud que el artículo 33, párrafo segundo del Código Penal, reza de la manera siguiente; Si las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave, que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar podía ser hasta falta, tal como lo señala el Artículo 397 párrafo segundo, del Código Penal, que dice así; “quien de palabra, en el ímpetu de la ira amenazare a otro con causarle un mal que constituye delito y por sus actos posteriores demuestre que no persiste en la idea que significo con su amenaza”; en el presente juicio existe indefensión en virtud que consta en el expediente judicial el escrito de requerimiento fiscal que obra en los folios 2, 3, y 4, donde consta que el Ministerio Público presentó su requerimiento fiscal calificando el delito por homicidio simple en perjuicio de J. L. A. M., y en los folios 45 , 46 , 47, y 48 del mismo expediente judicial obra el acta de declaración de imputado, donde el agente del Ministerio Público ratifica el delito de homicidio simple, y que para la Fiscalía dicho delito fue cometido por B. C. H. H. y R. E. H. E. en perjuicio de J. L. A. M.; y en los folios 49, 50, 51, 52, 53, obra el acta de audiencia inicial donde consta que el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal por el delito de homicidio simple en perjuicio de J. L. A. M., y así la señora Juez de Letras Penal L. M. N. C., dictó el auto de prisión contra R. E. H. E. y B. C. H. H. por el delito de homicidio simple en perjuicio de J. L. M. N., como autoras del mismo y así mismo obra en el expediente judicial en los folios 105, 106, 107, la audiencia preliminar de fecha 25 de mayo del año 2011, donde la Agente Fiscal del Ministerio Público, K. S. E. U., formalizó la acusación en contra de mis defendidas por el delito de homicidio simple a título de autoras, en perjuicio de J. L. A. M., obra también el auto de fecha 26 de mayo del año 2011, donde obra el auto que es la apertura a juicio, por la señora Juez S. M. M. V., donde consta en el auto motivado que la causa la estaba remitiendo al Tribunal de Sentencias por el delito de homicidio simple en base a los artículos 32 y 116 del Código Penal, y así mismo consta que en fecha 29 y 30 de mayo del año 2012 que se desarrolló el juicio oral y público en la sala de audiencia del Tribunal de Sentencias de la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, donde la abogada K. S. E. U. formalizó acusación en contra de las señoras B. C. H. H. y R. E. H. E., por el delito de homicidio simple a titulo de autoras directas en perjuicio del causante J. L. A. M., y así consta que la defensa de las encausadas contesto la acusación en base a la calificación del delito de homicidio simple a título de autoras directas así también se desarrolló todo el juicio en base aún homicidio simple, el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, en la sala Primera absolvió a mis defendidas por el delito de homicidio simple a titulo de autoras directas en perjuicio del señor J. L. A. M., pero las condena a una pena de 10 años por el delito de complicidad en homicidio del señor J. L. A. M., dejando así en completa indefensión a las señora B. C. H. H. y R. E. H. E., porque el Ministerio Público no presentó requerimiento fiscal por el delito de complicidad en homicidio ni formalizó la acusación en la audiencia preliminar ni formalizó acusación en el juicio oral y público por dicho delito ni la defensa tubo conocimiento para presentar defensa por esa calificación de dicho delito, ni se presentaron pruebas para demostrar la no participación de mis defendidas por dicho delito complicidad de Homicidio en consecuencia la sala primera del tribunal de sentencias de Tegucigalpa integrada por los jueces J. D. A. E., J. M. D. F., y E. C. B., consideró que se excedieron al condenar a mi defendidas por el delito de complicidad de homicidio en virtud que con ello han perjudicado a mis defendidas, lo que debemos de comprender en base a la jurisprudencia penal, en que si el Ministerio Público en un delito contra la vida presenta la acusación por parricidio y se demuestra que entre el autor y el causante no existía parentesco entre ellos como ser esposo esposa, padres o hijos o hijos y padres, podría sentenciar entonces por el delito de asesinato, o dado el caso también que el Ministerio Público presente la acusación por el delito de asesinato y verificado las atenuantes y agravantes podría el Tribunal sentenciar por el delito de homicidio simple, también un delito de homicidio simple formalizado por el Ministerio Público podría quedar por una sentencia condenatoria por un homicidio pre intencionado o por un delito de homicidio culposo, también cuando una madre da muerte a su hijo dentro de los 3 días de nacido, que ella cometió el delito de parricidio pero la Ley Especial Penal tipifica que si es parricidio esta dentro de los 3 días de nacido el niño, la madre debe ser condenada no por el delito de parricidio sino por el delito de infanticidio, lo mismo es cuando una mujer o un hombre da muerte a su conyugue que hay jurisprudencia que ha sido acusada la persona por asesinato y por parricidio, pero el Tribunal al sentenciar va a dar una sentencia únicamente y sería por parricidio pero en el presente juicio Honorables Magistrados no existe jurisprudencia ni existe congruencia de la sentencia con la acusación porque el delito de complicidad no solo se da en un delito de homicidio sino que se da en varios concursos de leyes y de delitos, y la complicidad que esta tipificado el delito en el artículo 33 del Código Penal, el Tribunal tiene que considerar las atenuantes, las agravantes y las eximentes, aun puede tipificar como faltas, y en este caso la defensa no tubo la oportunidad de probar la inocencia sobre esta calificación del delito de complicidad en un homicidio, por tal razón a existido indefensión en el presente caso al condenar a la señoras R. E. H. E. y B. C. H. H., por el delito de complicidad en un homicidio en perjuicio del señor J. L. A. M. y los artículos 321, 322 y 323 de la Constitución de la República que rezan así; que los servidores públicos no tienen mas facultades que las que expresamente les concede la ley todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad esto significa que un Juez o Tribunal tiene que dar sus fallos en base a lo que la ley les concede y no excederse ni salirse de lo que la ley no les autoriza en el presente caso el Tribunal de Sentencias se excedió al condenar a mis defendidas por un delito que nunca le fue señalado en el juicio y ni se presentó requerimiento ni formalización de acusación en la audiencia preliminar ni en el juicio oral y público por tal razón la Honorable Corte Suprema de Justicia le pido que debe de dar con lugar la admisión a este motivo de casación y anular la sentencia recurrida casando la misma y emitiendo un fallo donde se debe de absolver a mis defendidas. III.- EL ABOGADO RECURRENTE J. E. R. P. PROCEDIO A FORMALIZAR SU:”MOTIVO UNICO: Por Quebrantamiento de Forma. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. La norma de derecho procesal penal infringida son los artículos 319, párrafo cuarto, 362, preámbulo numerales 1, 2, 5, y 6 del Código Procesal Penal.- el artículo 319 párrafo cuarto, que reza así; “inmediatamente, declarara abierto el debate, y después concederá la palabra por su orden al Fiscal y al acusador privado en su caso y al defensor para que exponga oralmente y en forma breve y sumaria las posiciones planteadas en la formalización de la acusación y en la contestación de cargo; y que el artículo 362 preámbulo numerales 1, 2, 5 y 6 dicen así” el recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes;.- párrafo uno.- Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados , que tal declaración no sea clara y determinante o que se a contradictoria, .- párrafo 2.- que se base de medios u elementos probatorios no incorporados legalmente en le juicio, o incorporados por su lectura, en violación de las normas contenidas en el título IV del Libro segundo de este código, o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo, párrafo 5.- la inobservancia de las reglas establecidas en el presente código, para la realización del juicio oral y público, párrafo 6.- la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337, de este mismo ordenamiento jurídico, que señala que la sentencia debe de ser congruente con la acusación y que no podrá dar por acreditado otros hechos y otras circunstancias que no sean las descritas en la formalización de la acusación en la contestación de cargos, y en el auto de apertura a juicio, o en su caso en la ampliación de la acusación, y en la contestación de esta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado, en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas, en este caso que presento este motivo de casación como se puede constatar que la agente Fiscal del Ministerio Público en base al artículo 319, párrafo cuarto del Código Procesal Penal, ella formalizó la acusación en contra de mis defendidas por el delito de homicidio simple de manera directa y a título de autor en perjuicio del señor J. L. A. M., de la misma manera, no consta en el juicio que el agente del Ministerio Público haya ampliado o modificado la calificación del delito, en consecuencia el artículo 337 del mismo ordenamiento jurídico señala que la sentencia dictada por el tribunal debe de tener los requisito siguientes: 1.- no podrá dar por acreditado otros hechos u otras circunstancias que sean distintas a la formalización de la acusación y a la contestación de cargos, 2.- que la sentencia debe de ser congruente con el auto de apertura a juicio o en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta.- 3.- El tribunal no debe de calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones indicada, la sentencia recurrida en casación no es congruente, en virtud que la formalización de la acusación del agente del Ministerio Público fue por homicidio simple a título de autor en contra de mis defendidas en perjuicio de J. L. A. M., también el Ministerio Público no amplió la acusación, ni pidió calificación del delito de manera distinta, en consecuencia el Tribunal de Sentencias con el hecho de calificar los hechos como complicidad en un delito de homicidio en perjuicio de J. L. A. M., con ello a perjudicado a mis defendidas porque con dicha clasificación a dejado indefensa a ellas, porque el tribunal se a excedido con el hecho de calificar otros hechos y valorar las pruebas distintas las que no se aportaron en el juicio, también el párrafo 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal, al tipificar que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probado , que tal declaración no sea clara, y terminante o que sea contradictorio, si bien es cierto existe que el tribunal de sentencias hizo la declaración de los hechos pero no son claros los hechos que para ellos son probados, en virtud que los hechos probados por el Tribunal de Sentencias son contradictorios al calificar un delito distinto a la formalización de la acusación por parte del ministerio publico y la contestación de la defensa, lo mismo lo que señala el párrafo 2.- del mismo artículo 362 del Código Procesal Penal, que la sentencia recurrida en casación por quebrantamiento de forma, no se baso en medios o elemento probatorios, llevados al juicio, sino que valoró la prueba de manera errónea no como señala el artículo 202 del mismo ordenamiento jurídico que el tribunal debe de valorar la prueba incorporadas al juicio con arreglo a sana crítica, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba lo que se puede constatar que el tribunal de sentencias no valoro la prueba en su conjunto ni como el principio de la sana crítica, con el hecho que emite un fallo condenatorio distinto a la formalización de la acusación y contestación de la misma y en el párrafo 5 del artículo 362 del mismo Código Procesal Penal, se establece claramente que el tribunal sentenciador no observó las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y publico que lo explico así; cuando se inicio la audiencia del juicio oral y público la Agente Fiscal del Ministerio Público Karla Selena Enríquez Umaña sumarialmente explicó formalizando la acusación y calificando el delito por homicidio consumado directo y a título de autor que se señalo a mis defendidas y que el homicidio fue en perjuicio del señor J. L. A. M. en consecuencia el tribunal sentenciador no observó lo establecido en el artículo 319, párrafo cuarto, 302, 337, 338, del Código Procesal Penal, con emitir un fallo distinto al juicio, y el párrafo seis, del artículo 362 del mismo Código Procesal Penal, se señala con toda claridad la violación que existe por parte del tribunal sentenciador en la sentencia que emitió en fecha 26 de junio del año 2012, no tiene congruencia con las pretensiones de las partes en virtud que el Ministerio Público aportó las pruebas y formalizó la acusación en base al homicidio simple, a título de autor en contra de mis defendidas, y la defensa aporto las pruebas en base a la contestación de la acusación y para sustentar el principio de inocencia a favor de mis poderdantes en consecuencia en el presente fallo recurrido en casación o señalado específicamente en que consiste el Quebrantamiento de Forma que lo explico de manera precisa, así.- 1.- la sentencia recurrida en casación por Quebrantamiento de Forma, no es congruente con las pretensiones de las partes en virtud, que la Fiscalía formalizó la acusación por el delito de homicidio simple, y a título de autor, la defensa contestó los cargos en base a la calificación del delito de homicidio simple, 2.- que el agente fiscal solicitó sentencia condenatoria por el delito de homicidio y la defensa solicitó que se dictara una sentencia absolutorio. 3.- Que la sentencia recurrida en casación no tiene congruencia con los hechos calificados por la Fiscalía, 4.- Que la sentencia está dictada con hechos distintos no probados en el juicio, 5.- Que los hechos distintos calificados por el tribunal de sentencias resultaron en perjuicio de las imputadas, en consecuencia está de manera muy claro que la sentencia recurrida en casación a existido quebrantamiento de forma en el proceso del mismo, a la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Penal consideró que debe de ser admitido éste motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma y que se le dé la admisión correspondiente y así fuera que se anule la sentencia recurrida en casación para que se repita nuevamente el juicio.” IV.- EL ABOGADO RECURRENTE J. E. R. P. PROCEDIO A FORMALIZAR SU: “MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO PRIMERO: Este primer motivo de casación por infracción de ley es por interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en l Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. La ley sustantiva violentada por existir interpretación errónea en el artículo 33, del Código Penal, en virtud que el Tribunal sentenciador al emitir el fallo en fecha 26 de junio del año 2012, y condenar a las señoras B. C. H. H. y R. E. H. E., por el delito de cómplice en un homicidio en perjuicio del señor J. L. A. M., interpretaron los jueces de sentencia de la Sala Primera de la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán, erróneamente el artículo 33, del Código Penal vigente que dice así; “ son cómplices los que no hallándose comprendido en el artículo anterior cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos si las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar si no en un acto menos graves que el cometido por el autor, la pena será aplicable al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar, si analizamos el artículo 32, del Código Penal Vigente mis defendidas no están comprendidas en dicho artículo por eso el mismo tribunal las absolvió del delito de homicidio simple y que con relación a ello si analizamos el artículo 33 del código penal, nos demuestra entonces que mis defendidas no cooperaron en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos, porque no existe ninguna prueba relacionada en el juicio que hayan declarado que mis defendidas fueron las personas que le dieron el arma (cuchillo) al señor J. B. G. M., como esta Honorable Corte puede constatar las declaraciones de los testigos de cargo, que fueron presentados en la audiencia de juicio oral y público, que son B. M. M. R., C. R. M., y R. M. M. R., todas las testigos declararon que ellas miraron cuando el señor J. B. G. M., sacó el cuchillo de la cintura o sea de la parte de tras de su cuerpo y fue donde le colocó la herida, dando con ésta declaración que mis defendidas no cooperaron en nada en la ejecución del hecho porque el propio imputado señor J. B. G. M., el andaba oculto el puñal, en consecuencia existe interpretación errónea de parte del tribunal sentenciador del artículo 33, porque no consta con pruebas suficientes para haber el Tribunal condenado a mis defendidas por el delito de cómplice de homicidio en perjuicio del causante J. L. A. M., que mas bien se considera que en base al Artículo 337, Segundo Párrafo del Código Procesal Penal, debió mas bien el Tribunal considerar el hecho enjuiciado como constitutivo de falta todo en virtud de las declaraciones de las testigos de cargo, no señalan concretamente que mis defendidas hayan cooperado de manera directa en el acto o anterior en lo referente al arma que utilizo el señor J. B. G. M., mas bien las testigos de cargo ya mencionadas ratifican que el señor J. B. G. M., andaba el cuchillo (puñal) de manera oculto de su cuerpo en la espalda, él se lo sacó y fue donde le causó la herida al señor J. L. A. M., y que la misma le causó la muerte en consecuencia el tribunal sentenciador si hubiera interpretado correctamente el artículo 33 del código penal con relación al artículo 337, Segundo Párrafo del Código Procesal Penal, en la sentencia hubieran apreciado que lo dichos por las testigo de cargo en contra de mis defendidas lo que podía existir era faltas, sin perder el tribunal su competencia para el enjuiciamiento del caso, y que consideró que conforme a la prueba aportada en el juicio el Tribunal debió pronunciarse en una sentencia absolutorio tal como lo hizo por el delito de homicidio simple, y no pronunciarse con una sentencia por cómplice en un homicidio sin existir la prueba de los hechos interpretando así la ley de manera errónea que es el caso del artículo 33 del Código Penal Vigente si el Tribunal hubiera interpretado la ley sustantiva de manera correcta el resultado del juicio en el fallo hubiera sido distinto, como ser que se hubiera pronunciado por faltas no por delito.” IV.- EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU:”MOTIVO SEGUNDO: Este segundo motivo de casación por infracción de ley es por aplicaron indebida. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. El Tribunal de Sentencias de la Sala Primera de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán ,aplico indebidamente el artículo 33, del Código Penal Vigente con relación al artículo 337 párrafo primero del Código Procesal Penal, que lo explico así; el tribunal sentenciador al emitir el fallo en fecha 26 de junio del año 2012, donde condena a mis defendidas a una pena de 10 años de reclusión por el delito de cómplice de un delito de homicidio en perjuicio del señor J. L. A. M. y que el juicio se inició mediante requerimiento Fiscal presentado en fecha 25 de diciembre del año 2010, como consta en los folios 2, 3, y 4 del expediente judicial donde el Ministerio Público a través de su Agente Fiscal, presentó el requerimiento calificando el delito de homicidio simple, en base a los artículos 32 y 116 del Código Penal, y que en la audiencia de imputado el Ministerio Público a través de su Agente Fiscal sostuvo en ese momento el requerimiento calificando el delito de homicidio simple, tal como consta en los folios 45, 46, 47, y 48, del expediente que contiene los autos del juicio, y en los folios 49, 50, 51, 52, 53, obra el acta de audiencia inicial donde el Ministerio Público ratificó su requerimiento fiscal en fecha 30 de diciembre del año 2010, calificando siempre el delito de homicidio simple que para él fue cometido dicho delito por las señoras B. C. H. H. y R. E. H. E. en perjuicio del señor J. L. A. M. y así mismo consta en el folio 53, el auto de prisión en contra de mis defendidas que la señora Juez L. M. N. C. decreto el auto de prisión en contra de mis defendidas por el delito de homicidio simple en perjuicio de J. L. M. N., consta en los folios 105, 106, 107, la audiencia preliminar y el auto de apertura a juicio, donde consta que la señora Fiscal del Ministerio Público K. S. E. U., formalizó la acusación por el delito de homicidio simple, por inducción en contra de mis defendidas por considerarlas de haber cometido el delito a título de autor y haberle causado la muerte al señor J. L. A. M., y así el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 26 de de mayo del año 2011, emitió el auto de apertura a juicio, y que obra en los folios 106 y 107, del expediente judicial, y que en fecha 29 y 30 de mayo del año 2012 que se celebró el juicio oral y público en la Sala Primera del Tribunal de sentencias de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán , la Agente Fiscal del Ministerio Público K. S. E. U. formalizó la acusación por considerarles a mis defendidas como autoras del delito de homicidio simple en perjuicio del señor J. L. A. M., por tales consideraciones y análisis se constata que el Tribunal sentenciador aplicó indebidamente el artículo 33, del código penal, en virtud que no consta en el juicio oral y público ni en las investigaciones de la etapa preparatoria, de la etapa intermedia del juicio oral y público, ni en la denuncia ni cuando se presento el requerimiento fiscal, ni en la investigación preliminar ni en la audiencia inicial ,ni en la formalización de la acusación , ni en la contestación de cargo ni en el auto de apertura a juicio se menciono el delito de cómplice de homicidio en perjuicio del señor J. L. A. M., por tal razón señalo en este motivo de casación que el Tribunal Sentenciador aplicó indebidamente el artículo 33, del Código Penal, con relación al artículo 37 del Código Procesal Penal, si el Tribunal sentenciador hubiera aplicado correctamente la ley sustantiva y la ley secundaria el resultado hubiera sido que el juzgador no hubiera condenado a mis representadas por le delito de complicidad en un homicidio en perjuicio del señor J. L. A. M. mas bien hubiera quedado únicamente con el fallo que se absolvieron de toda responsabilidad penal por el delito de homicidio simple , en consecuencia la sentencia emitida por los jueces de la sala primera del Tribunal de Sentencias en fecha 26 de junio del año 2012, a violentado la norma penal por haberla aplicado de manera indebida.” V. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. E. R. P., DEFENSOR PRIVADO DE LAS ACUSADAS B. C. H. H. y R. E. H.E..- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMAS INFRINGIDAS: 82 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- DENUNCIA: VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA. I. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la Ley Procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios), la esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II. El Censor acude a la instancia casacional a efecto de denunciar que el Tribunal de Sentencia ha vulnerado el Principio del Debido Proceso y el Derecho de Defensa al aceptar la ampliación de la acusación hecha por el Ministerio Público en la etapa de conclusiones, momento en que la defensa no tiene oportunidad de proponer medio de prueba alguno con el fin de desvirtuar la acusación. III. Conforme a lo planteado por el Censor el Principio del Debido Proceso y el Derecho de Defensa fueron afectados debido al irrespeto del Tribunal por el Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia; es pues que corresponde, para una mejor motivación, desarrollar los típicos señalados.- 1).- PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO: Habiéndose señalado al Debido Proceso Penal como el principio violentado, es conveniente indicar que éste se encuentra regulado por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley. Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el Derecho de Acceso a los Tribunales, a la Justicia Gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad.- 2).- PRINCIPIO DE DEFENSA: El Censor también aqueja el irrespeto al Derecho de Defensa, del que esta Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09). Además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. Pero además el derecho de defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, teniendo el derecho de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indico, en equilibrio proporcionado al derecho de defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso, por lo que el derecho de defensa también es un derecho de la parte acusadora en su participación en el proceso.- 3).- PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE ACUSACIÓN Y SENTENCIA: Indica el Censor que la violación al Debido Proceso y al Derecho de Defensa es consecuencia de no haber observado el Principio de Congruencia entre Acusación y Sentencia.- El Proceso Penal vigente se basa en el Principio Acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que Juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de Defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa. El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al merito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de fecha 11 días de agosto del año 2009 contenida en el Expediente 322-2007).- El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: a) Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el Derecho de Defensa del Imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; b) Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el ius puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación.- En resumen el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal. El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo. (Ver Sentencia de fecha veinte días del mes de junio de dos mil doce en expediente 308-2009 y de fecha dieciocho días del mes de octubre de dos mil doce, en expediente 065-2010).- Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el Principio de Congruencia, no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que: a) El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; b) En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; y c) El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de menos gravedad o incluso una falta.- Ahora bien, COMO REGLA GENERAL el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal).- COMO EXCEPCIÓN el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio y con la ampliación de la acusación, en los casos siguientes: a) HECHOS FIJADOS EN EL AUTO DE APERTURA A JUICIO: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio.- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio indubio pro accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material. Es muy importante resaltar que el Juez de la Etapa Intermedia no le corresponde examina la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal). En caso de que la acusación no supere el examen del Juez de la etapa intermedia, éste dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación. En una afectación parcial (sea porque se dicto sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio.- b).- AMPLIACIÓN DE LA ACUSACIÓN: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: i) Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y ii) Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere: i) Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y ii) Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación.- Señala el precepto legal que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación, en sentido positivo: i) La corrección de errores materiales; ii) La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y, en sentido negativo, iii) La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; En estos casos dispone el Código de Rito que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa.- La sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate, en caso de que ésta se ajuste a lo dispuesto en el Artículo 321 del Código Procesal Penal.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Habiendo examinado la foliada judicial es conclusión de la Sala de lo Penal que no ha existido violación al Principio de Congruencia entre acusación y Sentencia y por tanto tampoco irrespeto de las Garantías Constitucionales del Debido Proceso y Derecho de Defensa. La Sentencia que ahora se impugna es el desenlace de un proceso penal que fue resuelto en audiencia de debate, iniciado bajo un Requerimiento Fiscal de fecha 25 de Diciembre del 2012, presentado en contra de las acusadas B. K. H. H. Y R. E. H. H. y otros, por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de J. L. A. M., , al que se le asigno el número 0801-2010-42571, por parte del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa (F. 1); en fecha 25 de mayo del 2011, en la audiencia preliminar, el Ministerio Público formalizo cargos criminales en contra de las acusadas por el Delito de Homicidio Simple (F. 105), dictándose posteriormente el auto de apertura a juicio, en donde se ordena la celebración de la etapa de juicio por el mismo delito, ello conllevo a que en fecha 09 de mayo del dos mil doce se celebrase la audiencia de proposición de medios de prueba por el Tribunal de Sentencia, donde las partes propusieron la prueba que tuvieron a bien con miras a la audiencia de debate a celebrarse por el Delito de Homicidio Simple (F. 155), (F. 42).- 2).- Como consecuencia del referido proceso penal, en la audiencia de debate los Juzgadores tuvieron en cuenta la acusación interpuesta, de la que la Defensa Privada estaba enterada y de las que había propuesto la prueba que consideraba pertinente en las correspondientes audiencias de proposición, así pues que el pronunciamiento del Tribunal de Instancia sobre la responsabilidad penal de las acusadas en su grado de complicidad en el Delito de Homicidio es congruente con la acusación formulada y no implica violación al Derecho de Defensa o al del Debido Proceso, por lo que a criterio de esta Sala, el reclamo formulado mediante el recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte Defensora de realizar actos procesales en descargo a las imputaciones formuladas contra las acusadas, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal, en una condición desventajosa en relación a su contraparte, como consecuencia de una situación material o por disposición de una ley, sin que el Tribunal procurase balancear dichas diferencias, a efecto de colocar a los litigantes en un mismo plano de oportunidad frente al proceso; Por el contrario, el reclamo formulado por la Defensa en éste motivo es en cuanto al razonamiento externado por el Tribunal de Sentencia en cuanto a la calificación del delito, alegando que como consecuencia de esa errónea calificación se deriva el fallo condenatorio, alegato que no tiene relación con la garantía constitucional de inviolabilidad del derecho de defensa o del derivado principio de igualdad de las partes ante la Ley y que se denuncia ha sido inobservado y que es propio de otro tipo de motivo de casación, incurriendo la Impugnante en una formulación deficiente del recurso. Por otro lado, se encuentra huérfano de fundamentación el motivo de casación de Infracción de Precepto Constitucional al no señalar la impugnante espacio para explicar el porqué considera violentada la garantía del debido proceso. La competencia objetiva del Tribunal de Casación es definida formalmente por la ley, pero materialmente por la parte impugnante, cuando en su recurso de casación fija los motivos de su censura y señala los aspectos legales a revisar, ello no acontece en el presente caso, ya que si bien el Censor indica en su primer motivo la violación a la Garantía del Debido proceso, no logra explicar con claridad qué actuación judicial generó violación a las formalidades establecidas previamente por la ley para el desarrollo del juicio penal y con ello la posibilidad de que el Tribunal de Casación pudiera extender su competencia material en dicho análisis. Por lo anterior el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional debe de ser declarado SIN LUGAR en su Único Motivo. VI. DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. I.- Determina el Censor que el Tribunal de Sentencia ha infringido los Artículos 319, párrafo cuarto, 362, preámbulo numerales 1, 2, 5, y 6 del Código Procesal Penal, y que con tal infracción en consecuencia el presente fallo recurrido en casación contiene los siguientes vicios: “1) Falta de declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y determinante o que se a contradictoria, .- 2.- Medios u elementos probatorios no incorporados legalmente en le juicio, o incorporados por su lectura, en violación de las normas contenidas en el título IV del Libro segundo de este código, o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3- Inobservancia de las reglas establecidas en el presente código, para la realización del juicio oral y público. 4.- La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337, de este mismo ordenamiento jurídico.” II. Señala el Recurrente que los vicios antes señalados conllevaron al Tribunal a dictar: a) Una sentencia no congruente con las pretensiones de las partes en virtud, que la Fiscalía formalizó la acusación por el Delito de Homicidio Simple, la defensa contestó los cargos en base a la calificación del Delito de Homicidio Simple. b) Una sentencia que no tiene congruencia con los hechos calificados por la Fiscalía, c) Una sentencia está dictada con hechos distintos no probados en el juicio, por lo que manifiesta el Censor que tales hechos distintos calificados por el Tribunal de Sentencias resultaron en perjuicio de sus representadas, en consecuencia la sentencia recurrida en casación se ve viciada por Quebrantamiento de Forma en el proceso de la misma. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- I. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. Esta Sala de lo Penal, observa que el Censor incurre en un nuevo error en el planteamiento al carecer el Motivo planteado de precisión debido a que se observa que el Impetrante por una parte señala como motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, la violación del Artículo 362 del Código Procesal Penal, pero es el caso que el Censor invoca tal disposición infringida de una forma general y omite indicar de forma clara y precisa, la hipótesis del precepto autorizante, que invoca como motivo de casación, defecto que dificulta a esta Sala el pronunciamiento sobre el contenido del recurso. Asimismo Esta Sala de lo Penal, resuelve en base a las consideraciones siguientes:
- El “Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio es recogido en nuestro ordenamiento jurídico en el Artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo”… y “En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende; y tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. 2) El Principio de Debida Técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Expuesto lo anterior, esta Sala de lo Penal, observa que el impetrante ha faltado a la claridad y precisión en el planteamiento del recurso y si bien ha intentado una explicación de su motivo para la Sala de lo Penal se vuelve difícil deshilvanar la idea del recurso presentado por el Censor, en el cual hace acopio a cuatro hipótesis de Quebrantamiento de Forma de la sentencia recurrida, dejando al final en plena oscuridad a este Tribunal de cuál es el sentido del recurso, pues su alegato recursivo lejos de concretar el sentido de la infracción el Censor establece una discordancia de ideas que el Tribunal de Casación no llega a determinar los argumentos expuestos por el Recurrente.- La Sala de lo Penal ha señalado en numerosas ocasiones que impera en todo recurso el Principio de Tutela Judicial Efectiva contenido en el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por ello aspectos de forma no deben de imperar sobre los aspectos de fondo, con ello ha señalado que aún cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma ello no significara el rechazo ad portas del conocimiento del recurso siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el alegato central y la pretensión del Recurrente. Sin embargo en el caso que nos ocupa el planteamiento supera lo que se podría considerarse errores de forma en el planteamiento, ya que los aspectos señalados dan como resultado que no exista guía alguna para que los Jueces Superiores puedan entender cual es en sí el núcleo del reclamo y la pretensión que se persigue, por ello es ineluctable declarar sin lugar el motivo único del recurso de casación planteado como Quebrantamiento de Forma. VII. RECURSO DE INFRACCION DE LEY EN SU PRIMER MOTIVO MEDIANTE LA CUAL SE SEÑALA LA INTERPRETACION ERRONEA DEL ARTICULO 33 DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, INVOCANDO COMO PRECEPTO AUTORIZANTE EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional Recurso de Apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de Casación por Infracción de Ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los Hechos Declarados Probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el Recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El Artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la Ley Penal. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de Hechos Probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- I. Retornando al caso que ahora nos ocupa, esta Sala observa que el Recurrente no cuestiona y censura los Hechos declarados probados por el Juzgador de Instancia, sino lo que constata es que el Censor fustiga y señala que “no existe ninguna prueba relacionada en el juicio que hayan declarado que mis defendidas fueron las personas que le dieron el arma (cuchillo) al señor J. B. G. M., como esta Honorable Corte puede constatar las declaraciones de los testigos de cargo, que fueron presentados en la audiencia de juicio oral y público, que son B. M. M. R., C. R. M., y R. M. M. R., todas las testigos declararon que ellas miraron cuando el señor J. B. G. M., sacó el cuchillo de la cintura o sea de la parte de tras de su cuerpo y fue donde le colocó la herida, dando con ésta declaración que mis defendidas no cooperaron en nada en la ejecución del hecho porque el propio imputado señor J. B. G. M., el andaba oculto el puñal, en consecuencia existe interpretación errónea de parte del tribunal sentenciador del artículo 33, porque no consta con pruebas suficientes para haber el Tribunal condenado a mis defendidas por el delito de cómplice de homicidio en perjuicio del causante J. L. A. M., que mas bien se considera que en base al Artículo 337, Segundo Párrafo del Código Procesal Penal, debió mas bien el Tribunal considerar el hecho enjuiciado como constitutivo de falta todo en virtud de las declaraciones de las testigos de cargo, no señalan concretamente que mis defendidas hayan cooperado de manera directa en el acto o anterior en lo referente al arma que utilizo el señor J. B. G. M., mas bien las testigos de cargo ya mencionadas ratifican que el señor J. B. G. M., andaba el cuchillo (puñal) de manera oculto de su cuerpo en la espalda, él se lo sacó y fue donde le causó la herida al señor J. L. A. M.”, por lo que no ha explicado el motivo de casación por Infracción de Ley sustantiva en la forma debida, sino que ha llevado el señalamiento de dicha infracción como si se tratara de un Recurso por Quebrantamiento de Forma establecido en el Código Procesal Penal, por lo que es evidente que se ha equivocado radicalmente de camino recursivo que debió andar en este campo. El motivo, no encuentra acogida en la normativa procedimental penal aplicable al caso, dado que la Casación es un Recurso Extraordinario, y cada recurso tiene sus propias características, de manera que, al hacer invocación de aspectos pertenecientes dos tipos de casación existentes en el sistema penal da como resultado que no exista guía alguna para que los Jueces Superiores puedan entender cual es en sí el núcleo del reclamo y la pretensión que se persigue, por ello es ineluctable declarar Sin Lugar este Primer Motivo del Recurso de Casación planteado como Infracción de Ley. VIII. RECURSO DE INFRACCION DE LEY EN SU SEGUNDO MOTIVO MEDIANTE LA CUAL SE SEÑALA LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 33 DEL CODIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, INVOCANDO COMO PRECEPTO AUTORIZANTE EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A quo, a efecto de determinar si el precepto penal invocado ha sido indebidamente aplicado, tal y como lo afirma el Censor, o si por el contrario, su aplicación es correcta, en consecuencia, procede esta Sala a explicar su apreciación y a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) El Impetrante realiza el abordaje de su recurso a partir de que “por tales consideraciones y análisis se constata que el Tribunal sentenciador aplicó indebidamente el artículo 33, del código penal, en virtud que no consta en el juicio oral y público ni en las investigaciones de la etapa preparatoria, de la etapa intermedia del juicio oral y público, ni en la denuncia ni cuando se presento el requerimiento fiscal, ni en la investigación preliminar ni en la audiencia inicial ,ni en la formalización de la acusación , ni en la contestación de cargo ni en el auto de apertura a juicio se menciono el delito de cómplice de homicidio en perjuicio del señor J. L. A. M., por tal razón señalo en este motivo de casación que el Tribunal Sentenciador aplicó indebidamente el artículo 33, del Código Penal, con relación al artículo 37 del Código Procesal Penal, si el Tribunal sentenciador hubiera aplicado correctamente la ley sustantiva y la ley secundaria el resultado hubiera sido que el juzgador no hubiera condenado a mis representadas por le delito de complicidad en un homicidio en perjuicio del señor J. L. A. M. mas bien hubiera quedado únicamente con el fallo que se absolvieron de toda responsabilidad penal por el delito de homicidio simple , en consecuencia la sentencia emitida por los jueces de la sala primera del Tribunal de Sentencias en fecha 26 de junio del año 2012, a violentado la norma penal por haberla aplicado de manera indebida.” DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- I. Esta Sala observa que los alegatos del Recurrente en este Motivo no guardan logicidad y congruencia, pues en el primer motivo de Infracción de Ley señala que el Artículo 33 del Código Penal fue interpretado erróneamente por el Tribunal de Sentencia, ello supone entonces que para el Censor si debió de aplicarse dicho precepto legal pero en un sentido destinto; en tanto en este segundo motivo el Censor aduce que el Artículo 33 precitado, no debió ser aplicado, lo que evidencia que dichas argumentaciones son excluyentes entre sí, ya que es imposible que sobre una misma disposición legal puedan invocarse dos formas de Infracción de Ley. Asimismo esta Sala observa que el Recurrente incurre en el error señalado en el estudio del prime motivo, agravando su situación ya que el argumento medular del motivo gira alrededor de la denuncia, del requerimiento fiscal, de la investigación preliminar, de la audiencia inicial, de la formalización de la acusación, de la apertura a juicio el juicio oral y público, de la etapa intermedia del juicio oral y público, aspectos impropios de ser abordado en un motivo por Infracción de Ley. II. Asimismo esta Sala, quiere dejar sentado que la inaplicabilidad de la norma penal sustantiva que se ataca solo podría tener cabida si se confronta con los hechos probados aisladamente o suprimiendo aquellas verdades fácticas que configuran el ilícito por el que se juzgó a las Imputadas y no como parte de un todo; al verificar la confrontación de la norma penal con los Hechos Probados completos, se aprecia sin lugar a dudas la correlación entre los hechos probados y el Artículo 33 del Código Penal, estimando esta Sala que los Hechos Probados ciertamente reúnen los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo penal por el que se juzgó. Esta Sala reitera que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. Un estudio exhaustivo del precepto invocado como infringido parangonándolo con los hechos declarados probados, no denota error de subsunción alguno; no se colige en forma alguna que el tribunal de instancia erró en la diagnosis al aplicar a los hechos probados un precepto penal sustantivo que ciertamente le es atribuible, por ello no procede el Segundo Motivo por Infracción de Ley invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la Republica de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la Republica; 1 y 80 numero 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 362 preámbulo y números 1) y 3), 363 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. TERCERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus Dos Motivos, recursos interpuestos por el Abogado J. E. R. P. en su condición de Apoderado Defensor de las señoras B. C. H. H. y R. E. H. E..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de junio del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-443-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”